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SCJN ordena a Azucena Cisneros a garantizar abasto de agua potable a los habitantes de Ecatepec
La Suprema Corte reconoció el interés legítimo de habitantes de la Quinta Zona de Ecatepec para reclamar el derecho humano al agua y ordenó medidas inmediatas y estructurales para garantizar el suministro.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este lunes que habitantes de diversas colonias de la Quinta Zona de Ecatepec de Morelos, estado de México, pueden reclamar judicialmente las omisiones de autoridades federales, estatales y municipales que afectan su derecho humano al agua. La resolución obliga a la titular del municipio, Azucena Cisneros, a implementar medidas para atender el desabasto y garantizar el suministro de agua potable.
El criterio permitirá que las personas acrediten su interés legítimo mediante su manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que habitan en las colonias afectadas, acompañada de elementos indiciarios y contextuales. La Corte consideró desproporcionado exigir comprobantes formales de domicilio o una relación contractual con el organismo operador del agua en una zona con pobreza, rezago social y asentamientos irregulares.
Los asuntos derivan de amparos promovidos por habitantes de la Quinta Zona que denunciaron deficiencias en el suministro de agua por la red pública, distribución inequitativa, falta de reparación de fugas, tomas clandestinas y problemas de infraestructura hidráulica. Uno de los expedientes corresponde a 688 habitantes de 38 colonias.
La Corte reconoce el agua como un derecho exigible
El Pleno estableció que el derecho humano al agua es autónomo e interdependiente de otros derechos y genera obligaciones concretas para las autoridades. Su garantía debe observar los principios de accesibilidad y progresividad, por lo que las deficiencias en el suministro pueden ser reclamadas mediante el juicio de amparo.
La resolución adquiere relevancia por las condiciones sociales de la Quinta Zona de Ecatepec. El proyecto analizado por la Corte señala que el municipio está considerado Zona de Atención Prioritaria y que la región presenta condiciones de pobreza, marginación y asentamientos irregulares, factores que deben tomarse en cuenta al evaluar el interés legítimo de quienes reclaman el servicio.
La Corte consideró que imponer a los habitantes de esa zona la obligación de presentar documentación formal de residencia o contratos con el organismo operador constituiría una carga probatoria desproporcionada frente a las características de la población afectada.
Autoridades deberán garantizar el suministro
Entre las medidas ordenadas se encuentra garantizar el suministro suficiente de agua potable para uso personal y doméstico, preferentemente mediante la red hidráulica. Cuando esto no sea materialmente posible, las autoridades deberán recurrir a pipas u otros mecanismos idóneos para asegurar el abastecimiento mínimo establecido por la resolución.
El expediente también contempla la obligación de establecer mecanismos verificables para acreditar la cantidad y calidad del agua entregada. La Corte ha señalado que la distribución mediante pipas no basta por sí misma para demostrar el cumplimiento de una sentencia si las autoridades no acreditan objetivamente cuánto líquido fue suministrado y bajo qué condiciones sanitarias.
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El antecedente judicial resulta relevante porque habitantes de la Quinta Zona ya habían obtenido resoluciones que ordenaban garantizar un mínimo de agua. En expedientes previos se había establecido como referencia un suministro de 100 litros diarios por persona, mientras que los nuevos asuntos buscan que las medidas atiendan también las causas estructurales del desabasto.
Ecatepec deberá atender el problema de infraestructura
La resolución no se limita al abastecimiento mediante pipas. La Corte ordenó implementar un programa de infraestructura hidráulica para corregir las deficiencias estructurales que afectan el suministro en la zona.
Para ello, las autoridades municipales, estatales y federales deberán coordinar acciones técnicas, administrativas y presupuestales destinadas a fortalecer la infraestructura y avanzar hacia un acceso al agua que sea sostenible.
El proyecto del amparo en revisión 13/2026 planteó, entre otras medidas, elaborar un programa de infraestructura hidráulica con diagnóstico, cronograma de reparaciones, instalación de medidores y, cuando resulte necesario, justificar la perforación de nuevos pozos, además de vincular recursos presupuestales para atender las Zonas de Atención Prioritaria. –sn–
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Clara Brugada pide blindar a jueces de presiones económicas y políticas
Clara Brugada llamó a fortalecer los tribunales de disciplina judicial para proteger la independencia de jueces y magistrados frente a presiones económicas, políticas y criminales.
Por Fausto Hernández | Reportero
Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno capitalina, afirmó que la independencia judicial requiere mecanismos capaces de impedir que intereses económicos, políticos o personales influyan en las resoluciones de jueces y magistrados.
Durante el Primer Encuentro de Tribunales de Disciplina Judicial de las Entidades Federativas, realizado en ciudad de México, sostuvo que los nuevos órganos disciplinarios deben proteger la función judicial, pero también impedir la impunidad, la corrupción y los privilegios dentro de los tribunales.
Brugada Molina planteó que la justicia debe responder a la Constitución, las leyes y los derechos de la población, sin quedar subordinada a gobiernos, grupos económicos o intereses particulares.
Tribunales de disciplina, entre independencia y rendición de cuentas
Ante ministros, magistrados y jueces, la mandataria capitalina señaló que los tribunales de disciplina judicial tienen la responsabilidad de proteger a quienes imparten justicia frente a presiones económicas, políticas o criminales.
Al mismo tiempo, advirtió que la independencia judicial no debe utilizarse como argumento para impedir la rendición de cuentas.
“La toga no sea símbolo de privilegio, sino de autoridad moral”, planteó Brugada, al considerar que el nuevo modelo disciplinario debe encontrar un equilibrio entre autonomía judicial y responsabilidad institucional.
La reforma constitucional en materia judicial incorporó el Tribunal de Disciplina Judicial como órgano encargado de la disciplina del personal del Poder Judicial de la Federación.
Brugada defiende nueva relación entre justicia y sociedad
La jefe de Gobierno sostuvo que la elección popular de integrantes del Poder Judicial representa un cambio de fondo en la relación entre las instituciones de justicia y la sociedad.
Afirmó que la transformación judicial debe fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones para que las decisiones jurisdiccionales se adopten con independencia, certeza jurídica y responsabilidad.
Brugada también recordó que los procesos de democratización en México han ampliado los mecanismos de participación ciudadana y planteó que esa evolución debe reflejarse en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La funcionaria señaló que ciudad de México ha participado históricamente en procesos de transformación política y social, por lo que consideró relevante que la capital fuera sede del encuentro nacional.
Poder Judicial busca coordinación nacional
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, realizó la declaratoria inaugural del encuentro y agradeció a Brugada la organización del evento.
Aguilar Ortiz ocupa actualmente la presidencia de la SCJN, de acuerdo con el directorio oficial del máximo tribunal. –sn–
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Rocío García cuestiona a la SCJN por avance del amparo de firma «Acciona»; «no puedo limpiarle los zapatos», afirma
Rocío García Ramírez cuestionó a la SCJN porque el amparo promovido por «Acciona» ya fue admitido, mientras su revisión por discriminación laboral aún espera admisión.
Por Martín García | Reportero
Rocío García Ramírez cuestionó públicamente a los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque, según denunció, la revisión promovida por empresa Acciona ya fue admitida y turnada a la ponencia de la ministra Lenia Batres, mientras su propio recurso todavía no ha sido admitido.
«No puedo limpiarle los zapatados @HugoAguilarOrti, presidente de la @SCJN. Estoy Muriendo de cáncer por haber sifo discriminada por @Acciona», dijo la abogada en un mensaje por redes sociales.
La abogada, quien desde hace años mantiene un litigio relacionado con una acusación de discriminación laboral por cáncer, pidió al ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz (el de los zapzatos lustrados), una explicación sobre la diferencia en el avance de ambos asuntos. Aguilar Ortiz ocupa actualmente la Presidencia de la SCJN.
García Ramírez señaló que el expediente de Acciona, identificado como Amparo Directo 4355/2026, ya habría sido admitido y turnado, mientras que el Amparo Directo 4616/2026, promovido por ella, continúa sin admisión, de acuerdo con su denuncia pública difundida en X.
https://twitter.com/RocioGarciaRam/status/2090479540426477668?s=20
Un litigio que comenzó hace más de una década
El conflicto laboral entre García Ramírez y Acciona tiene antecedentes que se remontan a 2012 y 2013. Una sentencia de la propia Suprema Corte documentó que la entonces trabajadora reclamó su reinstalación y otras prestaciones después de denunciar un trato discriminatorio relacionado con su condición de salud.
En el Amparo Directo en Revisión 3708/2016, la Segunda Sala de la Corte registró que García Ramírez había demandado a Acciona Energía Eólica México por despido injustificado y alegó violaciones al derecho a la no discriminación en el empleo. El expediente también documentó que la empresa negó que el despido obedeciera a su enfermedad y expuso otros argumentos relacionados con la relación laboral.
La resolución de 2017 constituye un antecedente central del caso. La Segunda Sala determinó revocar la sentencia recurrida y resolvió la materia de revisión en los términos establecidos en su ejecutoria.
https://twitter.com/RocioGarciaRam/status/1624857147342262278?s=20
Años después, medios de comunicación volvieron a documentar la disputa. En 2022, Excélsior reportó que García Ramírez había alcanzado un acuerdo con la empresa y que posteriormente Acciona le reclamó el pago relacionado con ese convenio, mientras la litigante continuaba exponiendo públicamente su versión del conflicto.
García Ramírez pide igualdad en el trámite
En su publicación más reciente, García Ramírez sostuvo que no solicita un trato preferencial, sino igualdad en el trámite de los asuntos.
“¿Cómo puede avanzar primero el asunto de la empresa @ACCIONA cuando yo, víctima de discriminación por padecer cáncer, sigo esperando que admitan mi revisión?”, cuestionó en X.
La diferencia que plantea la litigante deberá contrastarse con los registros oficiales de la Corte, pues la admisión y el turno de un expediente son actos procesales que requieren revisar directamente las constancias correspondientes. La SCJN dispone de sistemas públicos para consultar sentencias y datos de expedientes judiciales.
La Corte explica que el juicio de amparo es un mecanismo jurisdiccional para proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, por lo que el trámite de los asuntos forma parte de los mecanismos mediante los cuales el Poder Judicial analiza posibles afectaciones a esos derechos.
El caso vuelve a colocar en el debate público la situación de García Ramírez, cuyo litigio con Acciona se ha prolongado durante años y ha involucrado temas de discriminación laboral, enfermedad y derechos humanos. Su denuncia actual se centra específicamente en la diferencia que, afirma, existe en el avance procesal de los recursos identificados con los números 4355/2026 y 4616/2026. –sn–
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Juez declara inconstitucional la reforma judicial de 2024
El juez Agustín Archundia Ortiz declaró inconstitucionales diversos aspectos de la reforma judicial de 2024 dentro del amparo 491/2025-I-B. La sentencia cuestiona el procedimiento legislativo, la independencia judicial, salarios, fideicomisos y la inimpugnabilidad de reformas constitucionales.
Por Martín García | Reportero
La reforma judicial de 2024 fue declarada inconstitucional en diversos aspectos por Agustín Archundia Ortiz, juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, dentro del juicio de amparo 491/2025-I-B, al considerar que el decreto vulneró principios constitucionales, derechos humanos e independencia judicial, además de presentar deficiencias en el procedimiento legislativo.
La sentencia, firmada el 31 de julio de 2026, constituye el primer fallo de esta naturaleza reportado contra la reforma constitucional que modificó de manera profunda la estructura del Poder Judicial y estableció la elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros. El documento supera las 170 páginas y desarrolla los argumentos con los que el juzgador sostiene que el Poder Reformador de la Constitución tiene límites.
El amparo no tiene efectos generales. La protección fue concedida únicamente a quienes promovieron el juicio: la magistrada en funciones Mercedes Verónica Sánchez Miguez, el magistrado retirado Manuel Ernesto Saloma Vera y Aidée Sánchez Arévalo. Por tanto, la sentencia no elimina la reforma judicial ni implica, por sí misma, la suspensión de las elecciones o de los cargos de quienes resultaron electos.
El argumento central: la Constitución también tendría límites
Uno de los aspectos de mayor trascendencia jurídica consiste en que Archundia Ortiz sostiene que una reforma constitucional puede ser sometida a control judicial cuando vulnera principios fundamentales de la Constitución de 1917 o derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
El juez distingue entre el poder constituyente originario, que creó la Constitución, y el Poder Reformador, integrado conforme al artículo 135 constitucional para modificarla.
Desde esa perspectiva, la sentencia sostiene que el Poder Reformador no tendría una facultad ilimitada para alterar principios esenciales de la Carta Magna.
El razonamiento coloca en el centro una pregunta que trasciende el propio juicio: ¿puede una mayoría constitucional modificar cualquier principio de la Constitución mediante el procedimiento previsto para reformarla?
La respuesta del juzgador es negativa cuando la modificación afecta principios que considera fundamentales.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros
El fallo cuestiona directamente uno de los pilares de la reforma: sustituir el modelo de carrera judicial y designación institucional por la elección mediante voto popular.
Archundia Ortiz sostiene que el modelo adoptado en 2024 retoma parcialmente una fórmula que ya había sido utilizada en el siglo XIX y que, a juicio del Constituyente de 1917, no ofrecía las condiciones adecuadas para garantizar la independencia de los juzgadores.
Según la sentencia, la elección popular puede introducir incentivos políticos en una función que debe resolver controversias con base en la Constitución y las leyes.
El juzgador considera que la eliminación de la carrera judicial y su sustitución por mecanismos de elección, insaculación o designaciones vinculadas a cuotas políticas debilita los criterios de experiencia, preparación técnica y mérito que anteriormente sustentaban el acceso a los cargos judiciales.
Independencia judicial, uno de los puntos centrales
La independencia judicial ocupa otro de los ejes principales de la resolución.
El argumento parte de que un juez debe tener condiciones institucionales que le permitan resolver un asunto sin depender de presiones políticas, electorales o de la opinión de las mayorías.
El fallo advierte que someter a los juzgadores a procesos electorales puede generar incentivos distintos a los estrictamente jurídicos, particularmente cuando una persona que ocupa un cargo judicial necesita competir por el respaldo ciudadano.
Para el juez, esa transformación puede afectar la autonomía necesaria para que los tribunales funcionen como contrapeso frente a los otros poderes.
La sentencia también relaciona la independencia judicial con las obligaciones internacionales asumidas por México, al considerar que un sistema jurisdiccional sujeto a presiones políticas puede tener consecuencias sobre la protección de derechos y la seguridad jurídica.
La carrera judicial queda bajo cuestionamiento
La resolución también aborda la desaparición del modelo tradicional de carrera judicial.
Durante décadas, el acceso a cargos dentro del Poder Judicial Federal estuvo vinculado con mecanismos de capacitación, concursos, experiencia profesional y ascensos.
La reforma de 2024 sustituyó ese esquema para los principales cargos jurisdiccionales por un sistema de elección popular.
El juez considera que ese cambio no constituye únicamente una modificación administrativa, sino una transformación que puede afectar las garantías institucionales de independencia y profesionalización.
En ese sentido, el fallo sostiene que el conocimiento técnico y la experiencia acumulada constituyen elementos relevantes para proteger a las personas frente a decisiones arbitrarias.
Salarios y derechos económicos de los juzgadores
Otro apartado de la sentencia analiza los cambios en las condiciones económicas del personal judicial.
El fallo cuestiona las disposiciones relacionadas con la reducción de remuneraciones y con la eliminación de determinadas prestaciones, entre ellas la pensión complementaria de los juzgadores.
El argumento se relaciona con la garantía de independencia judicial: las condiciones económicas de quienes imparten justicia no serían únicamente un asunto laboral, sino también un elemento de protección institucional.
La sentencia sostiene que modificaciones que reduzcan de manera injustificada las condiciones económicas de los juzgadores pueden afectar las garantías que permiten ejercer la función judicial con autonomía.
El retiro de juzgadores también es cuestionado
La sentencia analiza además la situación de jueces y magistrados que fueron separados de sus cargos como consecuencia del proceso derivado de la reforma.
El fallo considera problemático el retiro forzoso de juzgadores que fueron seleccionados mediante insaculación para participar en el proceso electoral, así como de quienes no participaron o no obtuvieron el respaldo suficiente en la elección.
Archundia Ortiz vincula esta situación con el principio de inamovilidad judicial.
La idea central consiste en que la estabilidad en el cargo constituye una garantía para que los juzgadores puedan resolver asuntos sin temor a perder su puesto como consecuencia de sus decisiones.
Fideicomisos: otro frente de la controversia
La sentencia también cuestiona los efectos de la reforma sobre los fideicomisos del Poder Judicial.
La reforma constitucional estableció disposiciones relacionadas con la extinción de fondos y fideicomisos judiciales y con el destino de sus recursos.
El fallo incorpora esta cuestión dentro de su análisis sobre las afectaciones producidas por la reforma y las condiciones institucionales del Poder Judicial.
Este punto adquiere relevancia porque los fideicomisos habían sido utilizados para financiar determinadas prestaciones y obligaciones relacionadas con infraestructura, retiro y otros compromisos institucionales.
La propia Constitución incorporó posteriormente restricciones sobre la creación y permanencia de fideicomisos judiciales; la Suprema Corte ha documentado que la reforma constitucional estableció la prohibición correspondiente y la obligación de extinguir aquellos que no estuvieran previstos en la ley.
El procedimiento legislativo también fue cuestionado
La sentencia no se limita al contenido de la reforma.
Uno de sus argumentos más relevantes está relacionado con la forma en que fue aprobada.
El juez cuestionó que existiera certeza suficiente sobre el quórum de la Cámara de Diputados durante la sesión del 3 de septiembre de 2024, cuando el dictamen de la reforma fue aprobado en una sede alterna debido al bloqueo del recinto de San Lázaro.
De acuerdo con la resolución reportada, el entonces presidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, se negó a realizar una verificación del quórum pese a solicitudes formuladas durante la sesión.
La sentencia considera que esa circunstancia genera una duda relevante sobre la regularidad del procedimiento mediante el cual la Cámara de Diputados aprobó la reforma.
El argumento es importante porque el juez no solamente cuestiona el contenido de la reforma, sino también si el órgano legislativo cumplió las reglas constitucionales necesarias para aprobarla.
¿Por qué fue importante la sesión del 3 de septiembre?
La reforma judicial fue aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2024, en un contexto de protestas de trabajadores del Poder Judicial que impedían el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro.
La sesión fue trasladada al Deportivo Magdalena Mixhuca, en Cdmx.
Al no encontrarse disponible el sistema habitual de registro electrónico de asistencia, la acreditación del quórum adquirió particular importancia dentro de los argumentos posteriormente planteados en los juicios de amparo.
La sentencia de Archundia Ortiz considera que esa situación no puede ser tratada como un aspecto menor, porque la existencia de quórum constituye una condición indispensable para que un órgano legislativo pueda sesionar y votar válidamente.
El problema de la reforma de octubre de 2024
Uno de los aspectos más complejos del fallo es la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024, que estableció la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.
El decreto modificó el artículo 107 y añadió un párrafo al artículo 105.
El texto vigente establece expresamente que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales y que tampoco serán procedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuyo objeto sea controvertir esas modificaciones.
Además, el segundo transitorio dispuso que los asuntos que ya estuvieran en trámite debían resolverse conforme a las nuevas disposiciones.
Archundia rechaza aplicar esa prohibición de forma retroactiva
Precisamente ahí aparece otro de los argumentos jurídicos de mayor importancia.
La sentencia rechaza aplicar de manera retroactiva la reforma de octubre de 2024 para impedir el análisis del juicio.
El razonamiento del juez permite mantener abierta la posibilidad de revisar la reforma judicial y sus efectos a partir de los derechos reclamados por los promoventes.
El tema no es menor. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado criterios recientes sobre los límites de esa prohibición.
En abril de 2026, una jurisprudencia de Plenos Regionales estableció que no procede desechar de plano un amparo cuando se reclama el decreto de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales por presuntas violaciones al procedimiento legislativo, debido a que esa cuestión requiere un análisis más profundo.
Otro precedente de la SCJN señala que, cuando se cuestiona el contenido material de una reforma constitucional, existe una causal de improcedencia; sin embargo, distingue esa situación de los reclamos relacionados con posibles vicios del procedimiento legislativo.
Este contexto explica por qué el argumento desarrollado en el amparo 491/2025-I-B tiene relevancia más allá de las tres personas protegidas.
El fallo no cancela la reforma judicial
La sentencia debe interpretarse con precisión.
Aunque el juez declara inconstitucionales distintos aspectos de la reforma, el fallo no elimina la reforma judicial para todo el país.
El principio de relatividad del amparo implica que la protección concedida se limita a quienes promovieron el juicio.
El propio artículo 107 constitucional establece que las sentencias de amparo sólo deben ocuparse de las personas quejosas que lo solicitaron y que, tratándose de normas generales, las sentencias no tendrán efectos generales.
Por ello, mientras el asunto no quede firme, la reforma continúa formando parte del orden constitucional y sus efectos generales no han sido suspendidos por esta resolución.
¿Quiénes quedaron protegidos?
Los beneficiarios directos de la sentencia son:
Mercedes Verónica Sánchez Miguez, magistrada en funciones;
Manuel Ernesto Saloma Vera, magistrado retirado;
y Aidée Sánchez Arévalo.
El fallo busca impedir que la reforma sea aplicada en perjuicio de esas tres personas en los términos determinados por la resolución.
Esto significa que otros jueces, magistrados, ministros o trabajadores del Poder Judicial no quedan automáticamente protegidos por esta sentencia.
El caso todavía puede cambiar
La resolución de Archundia Ortiz no representa la última palabra.
El fallo puede ser impugnado y revisado por un tribunal colegiado. Además, por la relevancia constitucional del asunto, el expediente podría eventualmente llegar a la SCJN.
La revisión deberá resolver, entre otros aspectos, si un órgano jurisdiccional federal puede analizar materialmente una reforma constitucional y bajo qué circunstancias puede examinar los límites del Poder Reformador.
También deberá determinar si los argumentos sobre el procedimiento legislativo, la independencia judicial, los derechos laborales y la inamovilidad justifican mantener la protección concedida.
Una disputa sobre los límites del Poder Reformador
El caso coloca nuevamente en el centro del debate mexicano la relación entre Constitución, Congreso y Poder Judicial.
La Constitución establece un procedimiento específico para modificar su texto. El problema que plantea esta sentencia es si el cumplimiento formal de ese procedimiento basta para permitir cualquier modificación o si existen principios que no pueden ser eliminados, incluso mediante una reforma constitucional.
Archundia Ortiz sostiene que existen límites.
La posición contraria, que previsiblemente será planteada durante la revisión, tendrá que determinar hasta dónde puede llegar el control judicial sobre decisiones adoptadas mediante el procedimiento de reforma constitucional.
El impacto sobre la reforma judicial
La importancia del amparo 491/2025-I-B no radica solamente en sus efectos sobre tres personas.
El precedente abre una discusión sobre el modelo completo de transformación del Poder Judicial: elección popular, carrera judicial, estabilidad de los juzgadores, remuneraciones, retiro, fideicomisos e independencia.
También plantea una controversia sobre la capacidad de los tribunales para revisar reformas constitucionales, particularmente después de que el Congreso modificó los artículos 105 y 107 para establecer su inimpugnabilidad.
En términos prácticos, la sentencia no detiene por sí misma el funcionamiento del nuevo modelo judicial, pero sí introduce un precedente que deberá ser examinado por instancias superiores.
La siguiente batalla será en los tribunales
El futuro del fallo dependerá ahora de los recursos que se presenten y de la interpretación que hagan los órganos revisores.
Si la sentencia fuera revocada, la protección concedida desaparecería y se fortalecería el criterio de que las reformas constitucionales no pueden ser revisadas mediante amparo en los términos planteados.
Si fuera confirmada, el debate sobre los límites del Poder Reformador adquiriría una nueva dimensión y podría llegar a la SCJN.
Por ello, el expediente 491/2025-I-B representa algo más que una controversia individual: es un caso que pone a prueba los límites del control constitucional en México y la relación entre el poder de reforma de la Constitución y las garantías de independencia judicial. –sn–
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Suprema Corte atrae amparo de socio de Aguakan
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, vinculado con Aguakan, contra una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero. El caso será analizado por el máximo tribunal.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer un amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, empresario vinculado con Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), Aguakan, quien busca dejar sin efecto una orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta participación en un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión de ejercer la facultad de atracción fue propuesta por el ministro Irving Espinosa Betanzo y sometida a votación del Pleno este miércoles. Con ello, el máximo tribunal asumirá el conocimiento del asunto y posteriormente deberá analizar los planteamientos jurídicos relacionados con la orden de captura y la protección solicitada mediante el juicio de amparo.
La atracción no significa que Ballesteros Franco haya obtenido el amparo ni que la orden de aprehensión haya sido anulada. La decisión únicamente determina que la SCJN considera procedente conocer directamente del asunto por su relevancia jurídica.
¿Qué busca Ballesteros Franco con el amparo?
El empresario pretende obtener protección de la justicia federal frente a una orden de aprehensión que, según la información del caso, fue librada por una autoridad judicial dentro de una investigación por presunto lavado de dinero.
El juicio de amparo constituye un mecanismo para revisar si los actos de autoridad respetan los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.
Por ello, el análisis de la Corte no implica determinar directamente la responsabilidad penal del empresario. La cuestión central será establecer si la orden de aprehensión y los actos reclamados cumplen con los requisitos constitucionales y legales aplicables.
Mientras no exista una sentencia definitiva que determine lo contrario, Ballesteros Franco conserva su derecho a la presunción de inocencia.
¿Por qué la Corte decidió atraer el caso?
La facultad de atracción permite a la SCJN conocer directamente asuntos que originalmente corresponden a otros órganos jurisdiccionales cuando considera que tienen características especiales por su interés o trascendencia.
En este caso, la intervención del máximo tribunal permitirá que los ministros estudien los argumentos planteados en el juicio de amparo y establezcan, en su caso, criterios jurídicos sobre los alcances de la protección constitucional frente a una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero.
La determinación de atraer el expediente no equivale a una resolución sobre el fondo.
El siguiente paso será la integración y análisis del asunto por la Corte antes de que se presente un proyecto de sentencia para su eventual discusión.
El caso está relacionado con Aguakan
Ballesteros Franco ha tenido una relación empresarial de larga duración con Desarrollos Hidráulicos de Cancún, empresa concesionaria de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios del norte de Quintana Roo.
Documentos corporativos muestran que durante años ocupó la presidencia del Consejo de Administración de DHC. Un prospecto presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señala que Ballesteros Franco ingresó a la compañía desde su constitución y ejerció la presidencia del consejo.
La estructura corporativa de DHC también ha experimentado cambios recientes. Un reporte de HR Ratings señala que en julio de 2025 fueron removidos del Consejo de Administración Jorge Eduardo Ballesteros Franco y Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, entre otros integrantes.
Estos antecedentes son relevantes para entender la dimensión empresarial del litigio, aunque el amparo que ahora conocerá la Corte corresponde a un asunto penal y debe distinguirse del conflicto administrativo relacionado con la concesión de Aguakan.
Aguakan mantiene otro frente judicial
La empresa DHC, conocida comercialmente como Aguakan, enfrenta desde hace varios años una disputa con autoridades de Quintana Roo por la continuidad de su concesión para prestar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el Decreto 195, relacionado con la revocación de la ampliación de la concesión. A partir de entonces se multiplicaron los litigios y recursos judiciales promovidos por la empresa y sus representantes.
Ese conflicto es independiente del procedimiento penal relacionado con Ballesteros Franco.
La distinción es importante porque la atracción del amparo por parte de la SCJN no significa que el máximo tribunal haya resuelto la controversia sobre la concesión de Aguakan.
Un litigio que ya había generado otros amparos
La disputa judicial alrededor de los directivos vinculados con Aguakan no comenzó con el actual procedimiento ante la SCJN.
En años recientes, otros representantes de la compañía también recurrieron al juicio de amparo para combatir actos relacionados con investigaciones y órdenes de aprehensión.
En particular, Paul Andrew Rangel Merkley, director general de Aguakan, promovió recursos de protección federal después de que autoridades intentaran ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Otros directivos también recurrieron a tribunales federales.
Estos antecedentes muestran que la estrategia jurídica de los directivos ha incluido el uso de mecanismos constitucionales para enfrentar actuaciones de autoridades ministeriales y judiciales.
El caso llegó desde tribunales federales de Quintana Roo
La información disponible sobre la atracción refiere que el asunto está relacionado con recursos derivados del amparo en revisión 194/2026 y del incidente en revisión 57/2026, correspondientes a órganos jurisdiccionales del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Quintana Roo.
El ministro Irving Espinosa Betanzo hizo suya la solicitud para que la Corte ejerciera la facultad de atracción.
Esto significa que el expediente llega al máximo tribunal después de haber pasado por las instancias federales competentes para conocer inicialmente el litigio.
¿Qué tendrá que revisar la Suprema Corte?
La Corte deberá estudiar los argumentos jurídicos planteados por Ballesteros Franco y las autoridades involucradas.
Entre los puntos relevantes estarán las condiciones bajo las cuales fue emitida la orden de aprehensión, los argumentos utilizados para combatirla y las resoluciones dictadas previamente dentro del juicio de amparo.
El análisis podría generar criterios sobre los estándares constitucionales aplicables a las órdenes de captura cuando éstas derivan de investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Sin embargo, la atracción por sí misma no anticipa cuál será la decisión final.
Presunto lavado de dinero no equivale a responsabilidad penal
El delito atribuido en la investigación debe mantenerse en el terreno de la presunción mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Una orden de aprehensión constituye una determinación judicial para permitir la comparecencia de una persona ante la autoridad competente; no equivale a una sentencia condenatoria.
Por ello, cualquier referencia a Ballesteros Franco como responsable de lavado de dinero sería jurídicamente incorrecta mientras el proceso no concluya con una sentencia firme.
La intervención de la SCJN se concentrará en los aspectos constitucionales del amparo y no sustituye el proceso penal correspondiente.
¿Qué es la facultad de atracción?
La facultad de atracción es una herramienta constitucional que permite a la Suprema Corte conocer determinados asuntos que originalmente corresponden a tribunales inferiores.
Su utilización busca que el máximo tribunal establezca criterios sobre casos que, por su relevancia jurídica o trascendencia, ameriten una resolución directa de la Corte.
La decisión de atraer un expediente tampoco significa que los ministros compartan necesariamente los argumentos de quien promovió el recurso.
La Corte asume el conocimiento para estudiar el asunto y posteriormente resolverlo conforme a los argumentos de las partes, las constancias del expediente y el marco constitucional aplicable.
La resolución todavía está pendiente
La decisión adoptada este miércoles representa apenas el inicio de la intervención directa de la SCJN en el caso.
El máximo tribunal deberá recibir y analizar el expediente, determinar los puntos jurídicos que serán materia de estudio y, posteriormente, discutir el proyecto de resolución que corresponda.
Por ahora, la situación jurídica de Ballesteros Franco no puede darse por resuelta.
Tampoco puede afirmarse que la orden de aprehensión haya quedado cancelada por el simple hecho de que la Corte aceptó atraer el asunto.
Un expediente con impacto empresarial y penal
La relevancia del caso radica en que converge una disputa penal con una estructura empresarial vinculada durante décadas con la prestación de servicios de agua en Quintana Roo.
Ballesteros Franco fue durante años presidente del Consejo de Administración de DHC y también mantiene una trayectoria empresarial relacionada con Grupo Mexicano de Desarrollo. Una semblanza empresarial lo identifica como presidente de los consejos de administración de Grupo Mexicano de Desarrollo y DHC.
Al mismo tiempo, la concesión de Aguakan constituye uno de los litigios empresariales y administrativos más relevantes de Quintana Roo por la dimensión económica y social del servicio involucrado.
La atracción del amparo, sin embargo, debe analizarse exclusivamente desde el punto de vista jurídico: la Corte tendrá que determinar si la protección constitucional solicitada frente a la orden de aprehensión es procedente.
La Corte tendrá la última palabra en el amparo
Con la atracción, el litigio deja temporalmente el ámbito de los tribunales federales del circuito para ser analizado directamente por la Suprema Corte.
El siguiente capítulo será la revisión del expediente y la elaboración del proyecto de resolución.
Hasta entonces, permanecen abiertas tanto la controversia constitucional sobre la orden de aprehensión como la investigación penal que le dio origen.
La decisión final de los ministros permitirá establecer si el acto reclamado cumple con los requisitos constitucionales o si, por el contrario, debe concederse la protección federal solicitada por Ballesteros Franco. –sn–
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Pueblos indígenas en la Cdmx exigen vivienda, justicia y trabajo
Comunidades indígenas y afromexicanas residentes en Cdmx plantearon fortalecer sus derechos en la futura legislación general, con propuestas sobre vivienda, justicia, trabajo, derechos lingüísticos, intérpretes y protección para mujeres.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
A casi 30 años de distancia de que la capital del país fuera gobernado por políticos de izquierda, el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que viven en contextos urbanos continúa como una de las principales demandas, así se planteó durante la asamblea del Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México, donde 229 participantes propusieron medidas específicas sobre vivienda, justicia, trabajo, derechos lingüísticos y protección para mujeres.
Las propuestas buscan que la eventual legislación general no se concentre únicamente en comunidades asentadas en territorios rurales, sino que considere las condiciones particulares que enfrentan quienes migraron o residen en ciudades y mantienen vínculos con sus pueblos, lenguas, tradiciones y formas de organización.
Durante el encuentro se instalaron seis mesas de trabajo para discutir vivienda, acceso a la justicia, derechos laborales, derechos de las mujeres, derechos lingüísticos y disponibilidad de intérpretes en instituciones públicas.
Vivienda digna y sin discriminación
Uno de los principales planteamientos fue garantizar el acceso a una vivienda digna sin discriminación para las comunidades indígenas y afromexicanas que habitan en la capital.
La demanda parte de una realidad urbana en la que pertenecer a una comunidad indígena no desaparece por vivir en una ciudad. Las políticas públicas, por tanto, deben considerar las condiciones culturales y sociales de esta población al diseñar programas de vivienda, servicios y desarrollo urbano.
Mujeres de grupos indígenas marcha en la CdmxEn la ciudad de México (Cdmx), la Constitución local reconoce a los pueblos y barrios originarios y a las comunidades indígenas residentes como sujetos de derechos, incluidos la libre determinación, participación política, comunicación, cultura, educación, salud, acceso a la justicia, tierra, territorio y trabajo.
El desafío consiste en que ese reconocimiento jurídico se traduzca en políticas públicas accesibles para quienes viven en zonas urbanas.
Justicia con intérpretes y defensa especializada
La segunda demanda central se relacionó con el acceso a la justicia. Los participantes plantearon que las personas indígenas deben contar con intérpretes y defensores con conocimientos de su lengua y cultura cuando intervengan ante instituciones de procuración o impartición de justicia.
No se trata solamente de traducir palabras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el acceso a la justicia de las personas indígenas debe considerar sus costumbres y especificidades culturales, además de garantizar asistencia de intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura.
La Corte también ha sostenido que, cuando una persona indígena participa en un procedimiento, las autoridades tienen la obligación de garantizar efectivamente ese derecho. Incluso, cuando existen indicios fundados de pertenencia a una comunidad indígena, las autoridades deben adoptar una actitud activa para determinar si corresponden las garantías constitucionales específicas.
Por ello, la disponibilidad de intérpretes no es sólo una demanda administrativa: forma parte de las garantías para ejercer una defensa adecuada.
Derechos lingüísticos llegan al centro del debate
Los derechos lingüísticos ocuparon otra de las mesas de trabajo. La preocupación tiene una dimensión práctica: una persona que no domina suficientemente el español puede enfrentar obstáculos para realizar trámites, presentar denuncias, comprender resoluciones o defender sus derechos ante una autoridad.
La SCJN ha señalado que las instituciones públicas deben garantizar los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas y que no basta con establecer que una solicitud en una lengua indígena será atendida “preferentemente” en esa lengua cuando la protección constitucional exige mecanismos efectivos de traducción.
La demanda planteada en la asamblea busca llevar ese principio a la operación cotidiana de las instituciones públicas, particularmente en una ciudad donde conviven personas provenientes de distintos pueblos y regiones del país.
Trabajo y reconocimiento de actividades económicas
Los participantes también propusieron reconocer las actividades laborales y económicas desarrolladas por integrantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas en distintos sectores.
El planteamiento pretende evitar que las formas de trabajo vinculadas con prácticas culturales, comercio, producción artesanal u otras actividades queden fuera de las políticas de protección laboral y desarrollo económico.
La Constitución de Cdmx reconoce el derecho al trabajo y establece derechos específicos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Entre ellos se encuentra la protección de condiciones laborales dignas.
El reto planteado por las comunidades consiste en que ese reconocimiento sea efectivo también para quienes desarrollan actividades económicas en mercados, espacios públicos, establecimientos, servicios y otros sectores de la economía urbana.
Mujeres indígenas piden una vida libre de violencia
La situación de las mujeres indígenas también fue incorporada como uno de los ejes de discusión.
La propuesta busca garantizar una vida libre de violencia y una participación plena de las mujeres en las decisiones que afectan a sus comunidades.
El planteamiento incorpora dos dimensiones: la protección frente a la violencia y el reconocimiento de su capacidad para participar en procesos de organización y toma de decisiones.
Taller infantil | Fotografía Axel Hernández | @SociedadN_La discusión resulta particularmente relevante porque las mujeres indígenas pueden enfrentar simultáneamente obstáculos relacionados con género, discriminación, origen étnico, lengua y condiciones socioeconómicas.
El objetivo planteado durante la asamblea es que esas circunstancias sean consideradas de manera integral en las políticas públicas y en la legislación.
Seis mesas para construir propuestas
La asamblea organizó seis espacios de discusión para ordenar las demandas de los participantes.
Los temas fueron:
- Vivienda.
- Justicia.
- Trabajo.
- Derechos de las mujeres.
- Derechos lingüísticos.
- Intérpretes en instituciones públicas.
La estructura permitió concentrar las propuestas en áreas donde las comunidades identifican mayores obstáculos para ejercer sus derechos en contextos urbanos.
El ejercicio se inscribe además en una discusión nacional más amplia sobre la legislación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
¿Qué se discute en la nueva legislación general?
La discusión nacional busca establecer un marco jurídico para reconocer y proteger derechos individuales y colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados plantea que la Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas tenga como finalidad garantizar derechos individuales y colectivos y reconocer a estos pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
congreso camara diputadosEntre sus objetivos aparecen la libre determinación, la autonomía, la participación en la vida pública, la protección de la identidad cultural y el establecimiento de una relación entre el Estado y las comunidades basada en justicia, democracia, interculturalidad, respeto de los derechos humanos y no discriminación.
En febrero de 2026 también se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta orientada a fortalecer el reconocimiento jurídico, político y cultural de los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos colectivos de derecho.
Por ello, las demandas formuladas desde Cdmx forman parte de una discusión legislativa más amplia sobre cómo garantizar derechos en condiciones de igualdad.
El desafío de llevar derechos a las ciudades
Uno de los principales retos es superar la idea de que los derechos indígenas corresponden únicamente a comunidades rurales o territorios tradicionales.
Las comunidades indígenas residentes en las ciudades mantienen identidades, lenguas, vínculos comunitarios y prácticas culturales que requieren reconocimiento institucional.
La propia Constitución de Cdmx distingue entre pueblos y barrios originarios históricamente asentados en el territorio y comunidades indígenas residentes provenientes de otras regiones del país que se han establecido en la capital y reproducen total o parcialmente sus instituciones y tradiciones.
Esta distinción resulta relevante para diseñar políticas públicas que atiendan tanto a quienes forman parte de pueblos originarios de la capital como a quienes llegaron desde otras regiones del país.
La justicia intercultural como obligación institucional
La discusión sobre intérpretes y defensores especializados se relaciona con un concepto más amplio: la justicia intercultural.
La SCJN ha desarrollado criterios que obligan a las autoridades judiciales a considerar las particularidades culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para garantizar un acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.
La Corte también ha señalado que la perspectiva intercultural requiere comprender las formas de vida y sistemas normativos de los pueblos cuando éstos intervienen en controversias judiciales.
Esto implica que el acceso a la justicia no puede medirse únicamente por la existencia de tribunales. También debe evaluarse si las personas pueden comprender el procedimiento, comunicarse con las autoridades y ejercer una defensa adecuada.
Cdmx ya tiene un marco de derechos
Las propuestas de la asamblea no parten de cero. La Constitución capitalina reconoce derechos específicos para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, mientras que la legislación local establece obligaciones relacionadas con participación, cultura, educación, salud, justicia, territorio y trabajo.
Además, durante 2026 se han realizado ejercicios de participación de pueblos y comunidades indígenas, residentes y afromexicanas para incorporar sus propuestas en instrumentos de planeación de largo plazo de la ciudad. En uno de estos foros se plantearon demandas sobre visibilización de personas afromexicanas, presupuesto para proyectos indígenas, estadísticas demográficas y reconocimiento de pueblos originarios.
El debate actual, por tanto, combina dos niveles: el cumplimiento de los derechos ya reconocidos y la construcción de nuevas reglas en el ámbito federal.
Una agenda que busca pasar del reconocimiento a la aplicación
Las 229 personas participantes plantearon una agenda que va más allá del reconocimiento formal de derechos.
Vivienda, trabajo, justicia, lengua, participación de las mujeres e intérpretes son ámbitos cotidianos en los que una norma puede tener efectos concretos sobre la vida de las comunidades.
El desafío para las autoridades será convertir las propuestas en mecanismos verificables, presupuesto, personal capacitado, servicios accesibles y procedimientos que permitan reclamar derechos cuando éstos sean vulnerados.
La discusión sobre la futura legislación general también deberá considerar las diferencias entre pueblos originarios, comunidades indígenas residentes y población afromexicana, así como las condiciones particulares que enfrentan en las ciudades. –sn–
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:tx: - 🗣️"Si quieren seguro médico privado, que lo paguen con su salario": Sheinbaum criticó que la SCJN busque revivir esta prestación con erario público y sugirió atenderse en el ISSSTE.
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Sheinbaum reprocha a la Corte regreso de seguro médico con recursos públicos
Claudia Sheinbaum cuestionó a la Suprema Corte por contemplar un seguro de gastos médicos para su personal dentro del presupuesto de 2027 y pidió evitar privilegios con recursos públicos.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum reprochó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la previsión de recursos públicos para restituir un seguro de gastos médicos mayores y pidió eliminar privilegios dentro del máximo tribunal.
La mandataria cuestionó que el proyecto presupuestal de la Corte para 2027 contempla recursos para contratar un seguro de gastos médicos para su personal, mientras sus trabajadores cuentan con servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La Corte ha precisado que la prestación no contempla a ministros.
La controversia ocurre después de que el Pleno de la SCJN aprobó solicitar 6 mil 104.5 millones de pesos para 2027. La institución sostiene que el incremento busca atender necesidades operativas y que ocho de cada 10 pesos adicionales se destinarían a sueldos y prestaciones previstas en la ley.
“No a los privilegios”, reclama la presidente
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó que funcionarios con salarios elevados reciban además una póliza financiada con dinero público.
“Algo pasa cuando entra ahí a ese edificio, se transforman, ha de estar embrujado, los espíritus del pasado”, expresó la presidente, al referirse a los privilegios que, a su juicio, persisten en la Corte.
Sheinbaum sostuvo que quienes quieran contratar un seguro privado pueden hacerlo con sus propios ingresos.
“Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante”, afirmó, pero insistió en que el erario no debería cubrir esa prestación.
La presidente también señaló que los servidores públicos pueden utilizar los servicios médicos institucionales y llamó a los integrantes del Poder Judicial a mantener una relación más cercana con las condiciones de vida de la población.
Corte solicita 6 mil 104 millones de pesos para 2027
La Suprema Corte aprobó en sesión privada un anteproyecto de presupuesto por 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos para 2027. La cifra representa 17.2 por ciento más respecto del monto autorizado para 2026, según la comparación difundida por la ministra Lenia Batres Guadarrama.
La propia Corte ha manejado una comparación distinta y señaló que los 6 mil 104.5 millones representan un incremento de 12.7 por ciento respecto del presupuesto que actualmente ejerce. La diferencia responde a la base utilizada para calcular el aumento.
El anteproyecto contempla una previsión para contratar un seguro de gastos médicos para el personal de la institución, con excepción de las ministras y los ministros, de acuerdo con la información difundida por la Corte. La contratación quedaría sujeta a disponibilidad presupuestal y a la aprobación del paquete económico.
Lenia Batres rechaza aumento y seguro
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó contra el planteamiento presupuestal y envió un oficio al Órgano de Administración Judicial para solicitar que se elimine la previsión del seguro médico.
Batres argumentó que el regreso de esa prestación contradice los principios de austeridad y sostuvo que el personal de mando ya cuenta con cobertura del ISSSTE. También planteó que quienes deseen contratar una póliza privada puedan pagarla con sus propios ingresos.
La discusión generó además un enfrentamiento entre Batres y otros integrantes de la Corte. La ministra acusó una “animadversión insana” después de que uno de sus proyectos fuera rechazado por el Pleno, aunque el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, negó que conociera previamente el oficio relacionado con el presupuesto.
Sheinbaum pide recordar la austeridad de Juárez
La presidente pidió a los integrantes del Poder Judicial recuperar criterios de austeridad y acercarse a las condiciones económicas de la mayoría de la población.
“Hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes”, afirmó, antes de invocar la figura de Benito Juárez y la llamada austeridad republicana.
El debate sobre el presupuesto de la Corte todavía deberá continuar dentro del proceso presupuestario de 2027. La propuesta no representa por sí misma una autorización definitiva del gasto, pues deberá incorporarse al proceso federal correspondiente y quedar sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados. –sn–
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La SCJN invalidó los requisitos de tener un “modo honesto de vivir” y un título universitario con cinco años de antigüedad para dirigir el área de atención a personas indígenas y afromexicanas de Baja California Sur.
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SCJN avala transferir Afores no reclamados al Fondo de Pensiones para el Bienestar; recursos podrán pasar al gobierno
La Suprema Corte avaló la constitucionalidad de transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar recursos de cuentas Afore no reclamadas a partir de los 70 años para trabajadores del IMSS y 75 para ISSSTE.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de las disposiciones que permiten transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar recursos de cuentas de ahorro para el retiro que permanezcan sin reclamar, bajo los supuestos establecidos por la legislación para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
La resolución corresponde a la acción de inconstitucionalidad 116/2024, promovida por legisladores de oposición contra las reformas que dieron origen al fondo. Con la decisión, queda vigente el mecanismo que permite transferir recursos cuando se cumplen las condiciones previstas por la ley.
https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/2087662913955754440?s=20
El esquema contempla que las cuentas vinculadas con trabajadores del IMSS puedan ser transferidas al fondo cuando sus titulares cumplen 70 años, mientras que para trabajadores del ISSSTE el límite es de 75 años, siempre bajo las condiciones legales aplicables. El IMSS confirma actualmente ambos supuestos en la información oficial sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
¿Qué decidió la Suprema Corte sobre las Afores?
La controversia llegó al máximo tribunal después de que legisladores cuestionaron las reformas que permiten utilizar recursos de cuentas individuales no reclamadas como una de las fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El expediente 116/2024 fue admitido en junio de 2024 y quedó a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien elaboró el proyecto que posteriormente fue sometido al Pleno de la Corte.
La legislación establece que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y las instituciones correspondientes deben transferir determinados recursos al fondo cuando se cumplen los supuestos de edad y falta de reclamación previstos en las normas. El diseño también contempla mecanismos para que trabajadores y beneficiarios puedan solicitar posteriormente la devolución de los recursos en los casos establecidos por la legislación.
¿Los trabajadores pierden definitivamente su ahorro?
No se trata, jurídicamente, de una eliminación automática del derecho de los trabajadores o sus beneficiarios sobre los recursos. La legislación contempla mecanismos para solicitar la devolución de los recursos transferidos, además de establecer que los trabajadores pueden acudir ante las instituciones correspondientes para ejercer sus derechos.
El punto central de la controversia fue precisamente si el traslado de recursos de cuentas no reclamadas al Fondo de Pensiones para el Bienestar se ajustaba a la Constitución. La SCJN resolvió ahora sobre la impugnación presentada contra las reformas.
¿Para qué sirve el Fondo de Pensiones para el Bienestar?
El Fondo de Pensiones para el Bienestar fue creado para complementar las pensiones de determinados trabajadores bajo el régimen de cuentas individuales, con el propósito de mejorar el monto de retiro conforme a las condiciones previstas por la reforma.
El Instituto Mexicano del Seguro Social señala que el fondo contempla un complemento para pensionados bajo el régimen de la Ley de 1997 que cumplan los requisitos correspondientes y cuya pensión se encuentre por debajo del último salario cotizado, con el límite establecido para el programa.
La reforma generó desde 2024 una disputa política y jurídica. Legisladores de oposición argumentaron que el traslado de recursos de las Afores afectaba el derecho de propiedad sobre los ahorros de los trabajadores, mientras que el gobierno federal defendió el mecanismo como una vía para fortalecer las pensiones.
Con la resolución de la SCJN, el mecanismo cuestionado en la acción de inconstitucionalidad 116/2024 mantiene su vigencia. La decisión coloca nuevamente en el centro del debate el destino de los recursos no reclamados de las cuentas individuales y las garantías para que trabajadores y beneficiarios puedan ejercer sus derechos sobre esos ahorros. –sn–
María Estela Ríos González – SCJN¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Liz Sánchez afirma que reforma sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión
La senadora Liz Sánchez aseguró que la propuesta del Ejecutivo sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión, garantiza información transparente y refuerza la protección de las audiencias sin imponer censura.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La senadora Liz Sánchez, del Partido del Trabajo (PT), defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal para fortalecer los derechos de las audiencias y sostuvo que la iniciativa busca garantizar el acceso de la población a información clara, transparente y diferenciada, sin afectar la libertad de expresión ni la independencia editorial de los medios de comunicación.
Durante su participación en tribuna en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora rechazó que la discusión sobre los derechos de las audiencias represente un mecanismo de censura y afirmó que el propósito es consolidar las libertades democráticas y el derecho de la ciudadanía a recibir información que le permita formar un criterio propio.
El debate ocurre en el contexto de la consulta pública sobre los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, tema que ha generado posturas encontradas entre legisladores, especialistas y representantes de medios de comunicación.
«La libertad de expresión es una conquista del pueblo»
En su intervención, Liz Sánchez sostuvo que la defensa de la libertad de expresión forma parte de los principios que, dijo, han acompañado al movimiento de la Cuarta Transformación.
«La libertad de expresión es una conquista del pueblo que no debemos olvidar. Para quienes formamos parte de este movimiento, defenderla no es una postura de ocasión; es una convicción nacida en las plazas públicas, las luchas sociales y la voz de quienes fueron ignorados o silenciados por el viejo régimen», expresó.
La legisladora añadió que su bancada no busca medios sometidos ni periodistas silenciados, sino un entorno de libertad, pluralidad y crítica. –sn–
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Liz Sánchez afirma que reforma sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión
La senadora Liz Sánchez aseguró que la propuesta del Ejecutivo sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión, garantiza información transparente y refuerza la protección de las audiencias sin imponer censura.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La senadora Liz Sánchez, del Partido del Trabajo (PT), defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal para fortalecer los derechos de las audiencias y sostuvo que la iniciativa busca garantizar el acceso de la población a información clara, transparente y diferenciada, sin afectar la libertad de expresión ni la independencia editorial de los medios de comunicación.
Durante su participación en tribuna en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora rechazó que la discusión sobre los derechos de las audiencias represente un mecanismo de censura y afirmó que el propósito es consolidar las libertades democráticas y el derecho de la ciudadanía a recibir información que le permita formar un criterio propio.
El debate ocurre en el contexto de la consulta pública sobre los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, tema que ha generado posturas encontradas entre legisladores, especialistas y representantes de medios de comunicación.
«La libertad de expresión es una conquista del pueblo»
En su intervención, Liz Sánchez sostuvo que la defensa de la libertad de expresión forma parte de los principios que, dijo, han acompañado al movimiento de la Cuarta Transformación.
«La libertad de expresión es una conquista del pueblo que no debemos olvidar. Para quienes formamos parte de este movimiento, defenderla no es una postura de ocasión; es una convicción nacida en las plazas públicas, las luchas sociales y la voz de quienes fueron ignorados o silenciados por el viejo régimen», expresó.
La legisladora añadió que su bancada no busca medios sometidos ni periodistas silenciados, sino un entorno de libertad, pluralidad y crítica. –sn–
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Prisión preventiva oficiosa permanece pese a fallos internacionales contra México
La prisión preventiva oficiosa continúa vigente en México pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan su compatibilidad con estándares internacionales. La medida permanece en el artículo 19 de la Constitución desde la reforma penal de 2008.
Por Martín García | Reportero
La prisión preventiva oficiosa continúa formando parte del sistema de justicia penal mexicano pese a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a diversos intentos desde el Poder Judicial de la Federación para limitar su aplicación, al considerar que la medida vulnera estándares internacionales de derechos humanos.
La figura fue incorporada al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2008 como parte de la reforma constitucional que transformó el sistema de justicia penal durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces, su permanencia ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles.
El principal cuestionamiento radica en que la prisión preventiva oficiosa obliga al juez a ordenar el encarcelamiento de una persona imputada cuando el delito que se le atribuye forma parte del catálogo previsto en la Constitución, sin que el Ministerio Público deba acreditar previamente la necesidad de imponer esa medida cautelar.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que implica que una persona permanezca privada de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal, sin que exista todavía una sentencia condenatoria.
A diferencia de la prisión preventiva justificada, en la que el Ministerio Público debe demostrar ante un juez que existen riesgos como la fuga del imputado, la afectación a la investigación o el peligro para la víctima o los testigos, la modalidad oficiosa se aplica de manera obligatoria cuando se trata de alguno de los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional.
Entre esos ilícitos se encuentran, entre otros, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, violación, trata de personas, corrupción en determinados supuestos, delitos cometidos con medios violentos, desaparición forzada y diversos ilícitos relacionados con hidrocarburos, armas y seguridad nacional.
Corte IDH cuestiona su aplicación
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias en las que determinó que la prisión preventiva oficiosa resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al considerar que elimina el análisis individual que debe realizar un juez sobre la necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la medida cautelar.
El tribunal internacional ha sostenido que la privación automática de la libertad antes de una sentencia puede afectar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad personal.
En cumplimiento de esas resoluciones, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano adecuar su marco jurídico para armonizarlo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
https://sociedad-noticias.com/2025/09/18/los-derechos-humanos-sostienen-la-democracia/
Debate constitucional en México
El tema ha llegado en diversas ocasiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ministros han debatido el alcance de las sentencias internacionales y la posibilidad de inaplicar la prisión preventiva oficiosa frente al texto expreso de la Constitución.
Sin embargo, la mayoría de los criterios judiciales han concluido que la Suprema Corte no puede dejar sin efectos una disposición constitucional vigente, por lo que cualquier modificación de fondo requiere una reforma aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales.
Mientras tanto, la figura continúa aplicándose en los casos previstos por el artículo 19 constitucional, lo que mantiene abierto el debate entre quienes consideran que constituye una herramienta para combatir delitos de alto impacto y quienes sostienen que su aplicación automática vulnera derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. –sn–
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Protocolo de Estambul, qué es, quién lo realiza, cuánto cuesta y por qué México enfrenta un déficit de especialistas
El Protocolo de Estambul es el principal estándar internacional para documentar casos de tortura y malos tratos. En México es una prueba clave en investigaciones penales y de derechos humanos, pero enfrenta un déficit de especialistas, retrasos y limitaciones que afectan el acceso a la justicia.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Protocolo de Estambul se ha convertido en una de las pruebas periciales más importantes para investigar denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Su aplicación puede ser determinante en procesos penales, investigaciones de derechos humanos e incluso en la liberación de personas que aseguran haber obtenido confesiones bajo coerción.
Aunque México adoptó este estándar internacional hace más de dos décadas, especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que el país enfrenta un déficit de médicos, psicólogos y peritos certificados para aplicarlo, lo que provoca largas esperas y dificulta el acceso a la justicia.
¿Qué es el Protocolo de Estambul?
El Protocolo de Estambul es el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, elaborado bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU).
Fue presentado en 1999 y es reconocido internacionalmente como la guía técnica para documentar de manera científica y objetiva posibles actos de tortura.
Su finalidad es que las investigaciones cuenten con evidencia médica, psicológica y legal que permita determinar si una persona fue víctima de violencia durante una detención, interrogatorio o cualquier otra actuación de autoridades.
No determina por sí solo la responsabilidad penal de una persona, pero constituye un elemento probatorio de gran relevancia para jueces y fiscales.
¿Para qué sirve?
El protocolo tiene diversos objetivos:
- Documentar lesiones físicas y psicológicas compatibles con tortura.
- Determinar si existe relación entre las lesiones y los hechos denunciados.
- Fortalecer investigaciones penales.
- Proteger los derechos humanos de las víctimas.
- Evitar la impunidad.
- Apoyar procesos nacionales e internacionales.
En México suele solicitarse cuando una persona denuncia haber sido golpeada, asfixiada, amenazada, sometida a descargas eléctricas, violencia sexual o cualquier otro método de tortura durante una detención.
También puede utilizarse para investigar desapariciones forzadas, abusos policiales o presuntas violaciones cometidas por autoridades.
¿Quién realiza el Protocolo de Estambul?
La evaluación debe ser practicada por profesionales especializados.
Generalmente participan:
- Médicos forenses.
- Psicólogos especializados en trauma.
- Psiquiatras, cuando el caso lo requiere.
- Peritos en medicina legal.
- Expertos en derechos humanos.
Las entrevistas suelen extenderse durante varias horas e incluso pueden requerir varias sesiones.
El objetivo es realizar una valoración integral que incluya:
- Exploración física.
- Evaluación psicológica.
- Historia clínica.
- Entrevistas detalladas.
- Revisión documental.
- Estudios complementarios cuando sean necesarios.
El resultado se integra en un dictamen pericial que puede superar las 100 páginas en casos complejos.
¿Quién puede solicitarlo?
En México el Protocolo de Estambul puede ser solicitado por diversas autoridades.
Entre ellas se encuentran:
- El Ministerio Público.
- Fiscales especializados.
- Jueces.
- Comisiones de derechos humanos.
- Mecanismos internacionales.
- La propia víctima o su defensa, mediante petición a la autoridad competente.
También puede ordenarse durante un juicio cuando existen indicios de que una confesión pudo obtenerse mediante tortura.
¿Tiene costo?
Cuando forma parte de una investigación oficial, la práctica del Protocolo de Estambul es gratuita para la víctima, ya que debe ser cubierta por las instituciones públicas.
Sin embargo, también existen peritos independientes y organizaciones especializadas que pueden elaborar dictámenes particulares.
En esos casos sí existe un costo, que puede variar desde varios miles hasta decenas de miles de pesos, dependiendo de la complejidad del estudio y del número de especialistas que participen.
En muchos litigios de alto impacto se presentan tanto dictámenes oficiales como independientes.
¿Qué instituciones lo aplican en México?
Las principales instituciones son:
- Fiscalía General de la República (FGR).
- Fiscalías estatales.
- Servicios Médicos Forenses.
- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en algunos casos.
- Instituciones periciales del Poder Judicial.
Además, organizaciones civiles y organismos internacionales pueden participar como observadores o presentar peritajes independientes.
México enfrenta un déficit de especialistas
Uno de los principales problemas es la escasez de personal capacitado.
Diversos organismos nacionales e internacionales han señalado que México no cuenta con suficientes médicos forenses, psicólogos clínicos y peritos certificados para atender la demanda.
Como consecuencia:
- Los estudios pueden tardar meses.
- En algunos estados existen listas de espera prolongadas.
- Muchas investigaciones avanzan sin el dictamen.
- Algunas víctimas desisten debido a la demora.
Especialistas advierten que la falta de personal también afecta la calidad de las investigaciones, especialmente en entidades con altos índices de violencia.
¿Por qué es una prueba tan importante?
En numerosos casos el Protocolo de Estambul ha permitido demostrar que personas procesadas penalmente presentaban lesiones compatibles con actos de tortura.
Estos dictámenes han servido para:
- Excluir confesiones obtenidas bajo coacción.
- Ordenar nuevas investigaciones.
- Procesar a servidores públicos.
- Reparar el daño a víctimas.
- Fortalecer casos ante organismos internacionales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido en diversos criterios que toda denuncia de tortura debe investigarse de manera inmediata, imparcial y con pruebas científicas, entre ellas las evaluaciones basadas en el Protocolo de Estambul.
Persisten desafíos
Organizaciones de derechos humanos consideran que, aunque el Protocolo de Estambul representa uno de los instrumentos más sólidos para combatir la tortura, su eficacia depende de que las evaluaciones se practiquen con oportunidad, independencia y personal especializado.
El fortalecimiento de los servicios periciales, la capacitación continua y el incremento del número de especialistas son algunos de los principales retos para garantizar investigaciones eficaces y el acceso a la justicia de las víctimas. –sn–
Protocolo de estambul | Ilustración UNAM¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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:tx: - 🔍@Claudiashein afirmó que hay "nuevas investigaciones" sobre el caso Ayotzinapa, pero pidió esperar para informar primero a las familias.
Esto tras acusaciones de los padres contra la SCJN por presuntamente dilatar la justicia.
#Ayotzinapa #Sheinbaum #SCJN
https://grupoanimal.mx/politica/sheinbaum-esperar-investigacion-ayotzinapa-corte?utm_medium=social&utm_campaign=sheinbaum-esperar-investigacion-ayotzinapa-corte&utm_source=twitter#Pajaropolitico #Periodismo #BonitoBot #Bot #RSSBot #X #Twitter
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Mario Marín y Lydia Cacho, el caso que sigue abierto
Mario Marín permanece en el Altiplano mientras un tribunal ordenó revisar la revocación de su prisión domiciliaria. Así comenzó el caso Lydia Cacho y esta es la relación del exgobernador con el proceso.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El caso de Mario Marín Torres y la periodista Lydia Cacho Ribeiro volvió este 28 de julio de 2026 al centro de la agenda nacional, después de que un Tribunal Colegiado de Apelación evalúa conceder un amparo al exgobernador de Puebla para que se emita una nueva resolución sobre la revocación de la prisión domiciliaria que había obtenido en 2024. El fallo no significa su liberación: el Gabinete de Seguridad informó que Marín permanece en el penal federal del Altiplano.
La resolución judicial obliga al tribunal de apelación con sede en Cancún a revisar nuevamente si Marín puede continuar su proceso bajo prisión domiciliaria. Mientras esa determinación no cause ejecutoria, el exmandatario permanece interno y sujeto al proceso penal por el presunto delito de tortura contra Cacho.
Pero detrás de la noticia judicial hay una historia que comenzó hace más de dos décadas: una investigación periodística, una detención ocurrida en 2005, una llamada telefónica entre el entonces gobernador poblano y un empresario, una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una orden de aprehensión emitida en 2019 y la captura de Marín en 2021.
El expediente se convirtió en uno de los casos más conocidos de México sobre libertad de expresión, abuso de poder y violencia contra periodistas.
¿Quién es Mario Marín?
Mario Marín Torres fue gobernador de Puebla de 2005 a 2011 y militó durante décadas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su carrera política se desarrolló principalmente en Puebla y lo llevó a ocupar cargos dentro de la administración estatal antes de alcanzar la gubernatura.
Marín llegó al poder en 2005. Su administración quedó marcada desde ese mismo año por el caso Lydia Cacho, que posteriormente eclipsó buena parte de su trayectoria pública.
El nombre del exgobernador quedó asociado a la expresión “góber precioso”, surgida después de la difusión de una conversación telefónica con el empresario Kamel Nacif Borge. La grabación se convirtió en una pieza central del escándalo político que rodeó al entonces mandatario.
La controversia, sin embargo, no terminó en un conflicto político. Con el paso de los años, el expediente evolucionó hacia una investigación penal por la presunta tortura de la periodista.
¿Quién es Lydia Cacho?
Lydia Cacho es periodista, escritora y defensora de derechos humanos. Su trabajo de investigación se ha concentrado en temas relacionados con violencia contra mujeres y menores, explotación sexual y redes de poder.
En 2005 publicó Los demonios del Edén, investigación periodística en la que abordó una presunta red de explotación sexual infantil y mencionó, entre otros personajes, a los empresarios Kamel Nacif Borge y Jean Succar Kuri.
La publicación desencadenó una cadena de acontecimientos que terminó involucrando a autoridades de Quintana Roo y Puebla.
El episodio que transformó el caso en un asunto nacional ocurrió cuando Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla.
¿Por qué detuvieron a Lydia Cacho?
Cacho fue detenida en diciembre de 2005 por acusaciones relacionadas con difamación y calumnia derivadas de lo publicado en su libro. Después de su detención en Cancún, fue trasladada a Puebla.
El traslado adquirió una dimensión mucho mayor cuando la periodista denunció haber sido víctima de amenazas, agresiones y tortura.
A partir de entonces, el caso dejó de limitarse a la disputa judicial derivada de un libro y comenzó a ser investigado como un posible abuso de poder y una violación de derechos fundamentales.
La participación de autoridades poblanas fue particularmente relevante porque Puebla era entonces gobernado por Mario Marín.
¿Qué relación tiene Mario Marín con Lydia Cacho?
La relación de Mario Marín con el caso se encuentra en el centro de la acusación penal que enfrenta actualmente.
La investigación federal sostuvo que Kamel Nacif habría solicitado la intervención de Marín contra Cacho después de que la periodista publicara información que afectaba al empresario. La acusación retomada por autoridades federales señaló a Marín como presunto autor intelectual y cabeza de una estructura de poder que habría sido utilizada para favorecer a Nacif.
Esa es la razón por la que el caso no se limita a la detención de una periodista.
La investigación buscó determinar si desde el poder político se utilizaron instituciones públicas para actuar contra Cacho a raíz de su trabajo periodístico.
La acusación, sin embargo, debe diferenciarse de una sentencia: Mario Marín continúa sujeto a un proceso penal y su responsabilidad definitiva debe ser determinada por la autoridad judicial.
La llamada que convirtió el caso en escándalo nacional
Uno de los elementos más conocidos del caso fue la conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif.
Después de que se difundiera la grabación, la relación entre el empresario y el entonces gobernador se convirtió en un asunto de interés nacional.
El contenido de la conversación fue interpretado como evidencia de la cercanía entre ambos y alimentó las denuncias de Cacho sobre la existencia de una operación para castigarla por sus investigaciones.
El episodio también dio origen al sobrenombre de “góber precioso”, que desde entonces acompañó la imagen pública de Marín.
La Suprema Corte intervino
La dimensión del caso llevó al Congreso de la Unión a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En abril de 2006, el máximo tribunal determinó ejercer su facultad de investigación respecto de las presuntas violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho derivadas de su detención a finales de 2005.
La Corte posteriormente creó una segunda comisión investigadora para determinar si Mario Marín había tenido injerencia en las presuntas violaciones a los derechos de la periodista mediante la actuación de autoridades de la Procuraduría de Justicia de Puebla, autoridades carcelarias y el juez que conoció el caso.
En enero de 2007, la SCJN explicó que la investigación debía centrarse en determinar si existió un posible concierto entre autoridades de Puebla para violar los derechos fundamentales de Cacho.
La intervención de la Corte fue un momento decisivo porque elevó el caso de una controversia política y judicial local a una discusión nacional sobre derechos fundamentales.
¿La Suprema Corte declaró culpable a Mario Marín?
No. Este punto es fundamental para entender correctamente la historia.
La investigación realizada por la SCJN no equivalía a una sentencia penal. En septiembre de 2006, el Pleno de la Corte desechó por mayoría un proyecto relacionado con las presuntas violaciones a las garantías individuales de Cacho porque consideró insuficiente la investigación realizada hasta entonces y ordenó elaborar un nuevo proyecto.
Posteriormente, la Corte continuó examinando el expediente y en 2007 analizó el informe de una segunda comisión investigadora.
Por eso, la intervención de la SCJN y el proceso penal posterior contra Marín son etapas diferentes.
La responsabilidad penal que actualmente se encuentra en discusión corresponde al proceso judicial iniciado años después.
La orden de aprehensión llegó en 2019
Después de años de investigaciones, el caso dio un giro en abril de 2019. Un tribunal federal de Quintana Roo ordenó la aprehensión de Mario Marín y Kamel Nacif por el delito de tortura contra Lydia Cacho. También se giraron órdenes contra otros funcionarios vinculados con la detención de la periodista.
Marín no fue detenido inmediatamente.
Durante casi dos años permaneció prófugo hasta que finalmente fue localizado en Acapulco, Guerrero.
Infografía del caso Lydia Cacho | Sociedad Noticias¿Cuándo detuvieron a Mario Marín?
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Mario Marín el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero.
La captura se realizó mediante una orden de aprehensión relacionada con el delito de tortura en agravio de Lydia Cacho. Ese mismo día fue trasladado al penal federal del Altiplano, en el estado de México.
La detención ocurrió más de 15 años después de la detención de Cacho.
Con ello, una investigación que durante años había tenido principalmente consecuencias políticas pasó al terreno de la justicia penal.
¿Por qué está preso Mario Marín?
Marín enfrenta un proceso por el presunto delito de tortura contra Lydia Cacho.
La acusación federal sostiene que el entonces gobernador de Puebla habría intervenido para que la periodista fuera detenida y trasladada a Puebla después de las publicaciones que involucraban a Kamel Nacif.
En 2021, autoridades federales retomaron la acusación según la cual Nacif habría instigado al entonces gobernador para actuar contra Cacho y que Marín habría utilizado una estructura de poder para favorecer al empresario.
El expediente, por tanto, no acusa simplemente a Marín de haber sido gobernador cuando ocurrió la detención.
La cuestión central es determinar qué papel tuvo presuntamente en la operación que terminó con la detención, traslado y tortura de la periodista.
¿Cuánto tiempo ha estado preso?
Marín fue detenido en febrero de 2021 y trasladado al Altiplano. En agosto de 2024 obtuvo prisión domiciliaria por resolución judicial, pero posteriormente un tribunal federal revocó esa medida y regresó al penal.
En abril de 2025 volvió al Altiplano, donde permanecía hasta la resolución conocida este 28 de julio de 2026.
La nueva decisión judicial no significa que haya quedado libre.
El tribunal que concedió el amparo determinó que debe emitirse una nueva resolución sobre la revocación de la prisión domiciliaria y señaló que la prisión preventiva había superado el plazo constitucional de dos años sin sentencia, sin que se hubiera presentado una justificación reforzada para mantenerla.
¿Mario Marín ya salió del Altiplano?
No. Esta es la precisión más importante de la actualización del 28 de julio.
Un Tribunal Colegiado concedió un amparo para que se revise nuevamente la decisión que había revocado su prisión domiciliaria, pero el fallo no ordenó su liberación inmediata. El Gabinete de Seguridad informó que Marín permanece interno en el Altiplano y que su situación jurídica no ha cambiado.
El tribunal deberá emitir una nueva resolución y determinar si el exgobernador puede o no continuar el proceso bajo prisión domiciliaria.
Por eso, titulares como “Mario Marín queda libre” serían incorrectos.
¿Qué tiene que ver Kamel Nacif?
Kamel Nacif Borge es una de las figuras fundamentales para entender el caso.
El empresario fue señalado por Lydia Cacho en Los demonios del Edén. De acuerdo con la acusación federal retomada por autoridades, Nacif habría pedido a Mario Marín actuar contra la periodista.
La relación entre ambos adquirió especial relevancia por la conversación telefónica que se hizo pública en 2006.
La investigación penal buscó determinar si aquella relación política y empresarial se tradujo en una intervención concreta de las instituciones públicas para castigar a Cacho.
De ahí que el expediente haya terminado involucrando no solo a Marín, sino también a otros funcionarios que participaron en la detención y traslado de la periodista.
¿Por qué el caso Lydia Cacho es tan importante?
El caso se convirtió en un referente de la discusión sobre libertad de expresión en México porque involucra una pregunta que rebasa a sus protagonistas:
¿Puede el poder político utilizar las instituciones del Estado para castigar a una periodista por investigar y publicar información incómoda?
La intervención de la Suprema Corte en 2006 y 2007 muestra la dimensión que alcanzó la controversia. El máximo tribunal investigó específicamente si autoridades poblanas habían participado en violaciones a los derechos fundamentales de Cacho.
Años después, la investigación penal derivó en órdenes de aprehensión y finalmente en la captura de Marín.
El caso representa, por ello, una intersección entre periodismo de investigación, libertad de expresión, violencia contra periodistas, poder político y responsabilidad penal.
Una historia que comenzó en 2005 y todavía no termina
La línea del tiempo permite entender la dimensión del expediente:
2005: Lydia Cacho publica Los demonios del Edén, es detenida en Cancún y trasladada a Puebla.
2006: la SCJN acepta investigar las presuntas violaciones a sus derechos fundamentales.
2007: la Corte crea una segunda comisión para investigar la posible participación de Mario Marín y autoridades poblanas.
2019: un tribunal federal de Quintana Roo ordena la aprehensión de Marín y Kamel Nacif por el delito de tortura.
2021: Marín es detenido en Acapulco y trasladado al Altiplano.
2024: obtiene prisión domiciliaria, pero posteriormente la medida es revocada.
2025: regresa al Altiplano.
28 de julio de 2026: un Tribunal Colegiado concede un amparo para que se revise la revocación de la prisión domiciliaria, pero Marín permanece en el Altiplano mientras se emite una nueva resolución.
¿Qué sigue en el caso Mario Marín-Lydia Cacho?
El siguiente paso corresponde al tribunal de apelación con sede en Cancún, que deberá emitir una nueva resolución sobre la medida cautelar.
El punto jurídico central será determinar si existen razones suficientes para que Marín continúe privado de la libertad en el Altiplano o si puede enfrentar el resto del proceso bajo una medida menos restrictiva, como la prisión domiciliaria.
Mientras eso ocurre, el proceso penal por el presunto delito de tortura continúa.
Y esa es la diferencia entre la noticia de este 28 de julio y una eventual sentencia: el amparo modifica el escenario de la medida cautelar, pero no resuelve la responsabilidad penal de Mario Marín.
Después de más de 20 años, el caso Lydia Cacho permanece abierto.
La historia comenzó con una investigación periodística sobre una presunta red de explotación sexual infantil, siguió con la detención y traslado de la periodista, involucró al entonces gobernador de Puebla y llegó hasta la Suprema Corte. Más tarde se convirtió en un proceso penal que llevó a Marín a prisión y que ahora vuelve a ser objeto de revisión judicial. La decisión definitiva sobre su responsabilidad todavía está pendiente. –sn–
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Congreso de Cdmx alista periodo extraordinario; analizará reforma judicial y debate sobre aborto
El Congreso de la Ciudad de México prepara un periodo extraordinario para analizar la armonización del Poder Judicial y discutir la posible eliminación del delito de aborto del Código Penal local.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El Congreso de la Ciudad de México prepara un periodo extraordinario de sesiones para finales de julio o los primeros días de agosto con el objetivo de desahogar diversas reformas pendientes, entre ellas la armonización del marco legal relacionado con el Poder Judicial de la capital.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, informó que la agenda incluirá dictámenes que actualmente son analizados en comisiones, además de abrir la posibilidad de retomar la discusión sobre la eliminación del delito de aborto del Código Penal de la Ciudad de México.
El periodo extraordinario busca atender asuntos legislativos que quedaron pendientes del periodo ordinario y avanzar en la adecuación de normas derivadas de reformas aprobadas a nivel nacional.
Reforma judicial, entre los temas prioritarios
Uno de los principales asuntos que analizarán los diputados será la armonización de las leyes locales con las disposiciones relativas al Poder Judicial de la Ciudad de México.
Este proceso legislativo tiene como finalidad adecuar la legislación capitalina a las reformas correspondientes, con el propósito de actualizar el funcionamiento y la organización del sistema judicial local.
Además, los legisladores prevén discutir otros dictámenes que continúan en análisis dentro de las comisiones del Congreso.
Abren la puerta al debate sobre el aborto
Durante el anuncio del posible periodo extraordinario, Xóchitl Bravo Espinosa señaló que también existe la posibilidad de retomar la discusión sobre la eliminación del delito de aborto del Código Penal local.
La legisladora indicó que el tema podría formar parte de la agenda si las condiciones legislativas lo permiten y una vez que concluyan los trabajos de las comisiones encargadas de elaborar los dictámenes correspondientes.
La eventual discusión se desarrollaría en el contexto de las reformas que distintas entidades del país han impulsado para modificar sus códigos penales y adecuarlos a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos reproductivos.
Definirán la fecha en los próximos días
La coordinación parlamentaria de Morena indicó que la fecha definitiva del periodo extraordinario será acordada en los próximos días, una vez que se confirme el avance de los dictámenes pendientes.
Los legisladores prevén que la sesión extraordinaria se lleve a cabo antes del inicio del siguiente periodo ordinario, con el objetivo de resolver los asuntos considerados prioritarios para la agenda legislativa de la capital. –sn–
Congreso CDMX¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Opinión | Jorge Santa Cruz | «Estamos fregados»: empleada de una farmacia del IMSS
El creciente desabasto de medicamentos contrasta con la credencialización del Servicio Universal de Salud, que promete mucho con muy poco.
Por Jorge Santa Cruz
Son las 08:30 de la mañana. Los pacientes de una de las clínicas familiares del IMSS en la ciudad de México forman dos filas frente a la farmacia. Una es para los medicamentos ordinarios; la otra, para los controlados.
La farmacia abrió 30 minutos antes, lo cual quiere decir que sus inventarios deberían de estar casi completos.
Farmacia del IMSSEn las caras de las personas formadas se advierte la incertidumbre. Una mujer, como de 58 años, comenta en voz alta: «Tengo insuficiencia renal y llevo tres meses sin que me surtan mi medicamento, que es carísimo. Cuando puedo, lo compro; cuando no, me tengo que aguantar». Sus improvisados escuchas solo atinan a mover negativamente sus cabezas y a esbozar una mueca de reproche al IMSS.
Las dos filas avanzan rápidamente porque los pacientes se quedan con sus recetas.
—No nos ha llegado.
—¿Cuándo la podrían tener?
—Venga lunes o martes de la próxima semana, a ver si ya…
—Veo que a muchos los regresan con las manos vacías.
—Sí: estamos fregados. Y para colmo, nos tocan los regaños de la gente que se enoja.
Los que se encuentran en la parte de atrás de la fila no necesitan escuchar para enterarse de lo que sucede. Basta que vean cómo las empleadas mueven sus cabezas de un lado a otro; y cómo los pacientes reciben nuevamente sus recetas. La mayoría ya no protesta. Sabe que el problema viene de «arriba», de «muy arriba».
Sacaron del cuadro básico de medicamentos productos tan básicos como el captopril, que se prescribe para casos de hipertensión. Otros, como la metformina (para la diabetes) y el bezafibrato (para reducir los niveles de triglicéridos) simple y sencillamente no se encuentran en sus respectivos estantes.
Farmacia del IMSSLlegar a la ventanilla de la farmacia de la clínica con una receta de duloxetina (que es una medicina controlada) equivale también a recibir una negativa: «No nos ha llegado». La duloxetina está indicada, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión mayor, la ansiedad generalizada, la fibromialgia, el dolor crónico musculoesquelético y el dolor por neuropatía diabética.
Cada receta lleva un ingrediente invisible para el IMSS, para el ISSSTE, para el ISSFAM, para los servicios médicos de Pemex, para la Secretaría de Salud, para el IMSS Bienestar: la esperanza de los pacientes de mejorar su salud y calidad de vida.
El trámite es rápido. Lo paradójico es que a pocos metros de la farmacia están los módulos de Credencialización del Servicio Universal de Salud (otra forma que tiene el régimen para hacerse con los datos biométricos de la población).
A la población le ofrecen un Servicio Universal de Salud que carece de medicamentos, de médicos especialistas y de apartos suficientes. El régimen sigue en campaña. Eso, y mentir, es lo que sabe hacer.
Bien lo dijo la chica que amablemente dialogó con uno de los pacientes: «estamos fregados».
* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1
Columna anterior: Peligroso paroxismo patriotero
(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).
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La SCJN realiza conversatorio “Identidades de género y sus desafíos jurídicos”
La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el conversatorio “Identidades de género y sus desafíos jurídicos” para reflexionar sobre el reconocimiento de las personas no binarias.
Por Lizbeth Álvarez Martínez | Reportera
Con el propósito de reflexionar sobre el reconocimiento de las identidades de género no binarias y los retos que enfrentan los marcos jurídicos e institucionales para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizó el conversatorio “Identidades de género y sus desafíos jurídicos”.
La actividad reunió distintas perspectivas para analizar las barreras que persisten en materia de inclusión y no discriminación, así como la transformacción necesarias en los sistemas de justicia para responder a la diversidad de experiencias y contextos presentes en el país.
Al dar la bienvenida a nombre del ministro-presidente Hugo Aguilar Ortiz, Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, dijo que desde el pasado mes de junio se han realizado este tipo de encuentros que no han quedado solo en discursos, ya que “existen resoluciones importantes de la Corte para la comunidad sexogenérica que seguimos impulsando a través de las áreas auxiliares que realizan una labor jurisdiccional”.
Consideró que uno de los grandes desafíos en nuestro país es hacer frente a la discriminación, porque “tenemos las normas, podemos tener criterios jurisdiccionales, pero debemos trabajar en la concientización para el respeto a los derechos de todas las personas”.
Por su parte Fernando Vargas Olvera, de la dirección general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte (CECSJ), señaló que el alto tribunal ha elaborado los «Cuadernos de Jurisprudencia sobre la diversidad sexual, igualdad y no discriminación en género, en materia laboral y libre desarrollo de la personalidad», entre otros.
Agregó que, desde el CECSJ, “se plantea un respeto a las disidencias y diversidades sexogenéricas; agendas que consideramos son de primera necesidad ante un contexto que sigue marcado aún por la desigualdad”.
En el Auditorio «José María Iglesias» del edificio sede de la SCJN, Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y activista social zapoteca muxe, celebró que desde el máximo tribunal se realicen estos trabajos de reflexión y análisis.
Al hablar del contexto histórico de la diversidad sexual desde los años noventa a la fecha, así como de los desafíos que se tienen con la comunidad LGBTIQ+, aseveró que se deben reforzar las luchas contra todo tipo de discriminación, así como evidenciar y actuar contra el clasismo y racismo.
Gómez Regalado afirmó que, desde la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se contó con un marco legal muy importante que cobijó a muchas poblaciones. “Pocos países tienen este tipo de marcos legales que nos permite avanzar. Es una base que no podemos negociar. Lo logramos, costó mucho esfuerzo llegar ahí y eso nos empuja a seguir trabajando. Ese blindaje legal nos robustece y nos arropa”, concluyó.
Con este conversatorio, moderado por Gema Tabares Merino, investigadora jurisprudencial, la SCJN ratifica su compromiso por difundir y visibilizar estas identidades desde una perspectiva interseccional, aportando herramientas para promover el pluralismo jurídico y saldar una deuda histórica de reconocimiento y protección legal para las personas disidentes y pertenecientes a la diversidad sexogenérica. –sn–
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La dinastía Batres Guadarrama, los que han construido una de las familias más influyentes de la izquierda mexicana
Los Batres Guadarrama se consolidaron como una de las familias con mayor presencia en la política mexicana. Cuatro hermanos ocupan o han ocupado cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tras una trayectoria ligada a la izquierda y al movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La familia Batres Guadarrama se ha convertido en uno de los grupos con mayor presencia dentro de la izquierda mexicana. A lo largo de más de tres décadas, cuatro de sus integrantes han ocupado cargos de relevancia en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos públicos y estructuras partidistas.
Su ascenso político comenzó en los movimientos de izquierda de finales de los años ochenta y se fortaleció con el crecimiento del proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, primero en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente en Morena.
Actualmente, la familia mantiene presencia en instituciones clave del Estado mexicano, situación que ha generado tanto reconocimiento por su trayectoria política como cuestionamientos por la concentración de cargos públicos.
¿Quiénes integran la familia Batres Guadarrama?
Los hermanos Batres Guadarrama son hijos del historiador Martí Batres Guadarrama y de Guadalupe Guadarrama, ambos vinculados a movimientos sociales y de izquierda.
Los cuatro hermanos que han desarrollado carreras políticas son:
- Martí Batres Guadarrama
- Lenia Batres Guadarrama
- Valentina Batres Guadarrama
- Javier Batres Guadarrama
Cada uno ha seguido una ruta distinta dentro del servicio público y la actividad política.
Familia BatresMartí Batres, el más conocido de la familia
Martí Batres Guadarrama nació en 1967 y comenzó su carrera política en organizaciones estudiantiles y de izquierda.
Militó en el PRD, donde fue dirigente en la Ciudad de México y diputado federal.
Su cercanía con Andrés Manuel López Obrador se consolidó cuando éste gobernó la entonces Ciudad de México entre 2000 y 2005.
Posteriormente acompañó a López Obrador en la creación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del cual fue uno de sus fundadores y primer presidente nacional entre 2012 y 2015.
A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos:
- diputado federal;
- diputado local;
- senador;
- presidente del Senado de la República;
- secretario de Gobierno de la Ciudad de México;
- jefe de Gobierno de la Ciudad de México de manera sustituta tras la salida de Claudia Sheinbaum Pardo para competir por la Presidencia.
¿Cuál es su cargo actualmente?
Actualmente, Martí Batres Guadarrama es director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), nombrado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo al inicio de su administración.
Desde esa posición encabeza el proceso de modernización del instituto, una de las áreas prioritarias del gobierno federal.
Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte
Lenia Batres Guadarrama es abogada por la Universidad Humanitas y cuenta con una larga trayectoria en temas legislativos, administración pública y políticas urbanas.
Durante años colaboró en gobiernos de izquierda de la Ciudad de México y también fue asesora legislativa.
Lenia BatresEn diciembre de 2023 fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la falta de consenso en el Senado para elegir a una integrante de la terna enviada por el Ejecutivo.
Su llegada al máximo tribunal generó un amplio debate político debido a su cercanía con Morena y a su relación familiar con otros servidores públicos.
Como ministra ha impulsado una visión orientada a la austeridad judicial y ha respaldado diversas posiciones defendidas por el movimiento de la Cuarta Transformación.
En fechas recientes ha generado discusión pública por plantear, a título personal, la posibilidad de debatir un impuesto a las herencias, propuesta de la que posteriormente se deslindó el gobierno federal.
Valentina Batres y su trayectoria en la Ciudad de México
Valentina Batres Guadarrama ha desarrollado principalmente su carrera política en la capital del país.
Fue diputada local en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y posteriormente en el Congreso de la Ciudad de México.
Valentina batresHa participado en temas relacionados con desarrollo urbano, vivienda, presupuesto y políticas sociales.
También ha ocupado responsabilidades dentro de Morena y mantiene una presencia constante en la política capitalina.
Javier Batres
El menos mediático de los hermanos es Javier Batres Guadarrama, quien igualmente ha desempeñado funciones en la administración pública y organismos relacionados con políticas sociales y de vivienda.
Aunque su exposición nacional ha sido menor, también ha formado parte de gobiernos emanados de la izquierda mexicana.
Su cercanía con López Obrador
La relación política entre los Batres Guadarrama y Andrés Manuel López Obrador comenzó durante la consolidación de la izquierda electoral en la década de los noventa.
Cuando López Obrador asumió la dirigencia nacional del PRD y posteriormente la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, varios integrantes de la familia participaron en distintas áreas del movimiento.
Andrés Manuel López ObradorLa alianza se fortaleció con la fundación de Morena en 2011, donde Martí Batres desempeñó un papel fundamental en la organización territorial y la construcción del partido.
Tras el triunfo presidencial de López Obrador en 2018, distintos integrantes de la familia asumieron nuevas responsabilidades públicas.
Una familia con presencia en tres poderes
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la familia ha llegado a tener representación simultánea en distintos ámbitos del Estado.
En diferentes momentos han ocupado responsabilidades en:
- Poder Ejecutivo;
- Poder Legislativo;
- Poder Judicial;
- gobiernos de la Ciudad de México;
- organismos descentralizados.
Esta presencia ha provocado críticas de sectores de oposición, que señalan una excesiva concentración de espacios públicos, mientras que sus simpatizantes sostienen que los cargos han sido obtenidos mediante procedimientos legales y con base en la trayectoria política de cada integrante.
Debate sobre las familias en la política
La participación de familias completas en la vida pública no es exclusiva de Morena ni de la izquierda mexicana.
A lo largo de la historia reciente del país han existido diversos grupos familiares con presencia simultánea en distintos niveles de gobierno, tanto en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el PRD y otras fuerzas políticas.
En el caso de los Batres Guadarrama, su influencia se explica por una combinación de militancia política de largo plazo, participación en movimientos sociales y cercanía con el proyecto político que llevó a López Obrador a la Presidencia.
Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, la familia mantiene presencia en instituciones estratégicas, particularmente a través del ISSSTE y de la Suprema Corte, por lo que continúa siendo uno de los grupos políticos más visibles del país. –sn–
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Ecatepec, sin recursos para garantizar agua potable a su población: Azucena Cisneros
El Ayuntamiento de Ecatepec pidió a la SCJN modificar el proyecto de resolución de un amparo por agua potable al considerar que cumplir todas las medidas requeriría una inversión superior a 6 mil millones de pesos.
Por Martín García | Reportero
Cumplir en su totalidad con el proyecto de resolución de un amparo relacionado con el suministro de agua potable en Ecatepec requeriría una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, por lo que el gobierno municipal de Azucena Cisneros Coss solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar las medidas propuestas al considerar que su ejecución resulta financieramente inviable.
En un escrito dirigido al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la presidente Azucena Cisneros Coss expuso que el municipio ya implementó acciones para mejorar el abasto de agua, particularmente en la Quinta Zona, donde viven los 688 habitantes que promovieron el amparo en revisión 13/2026 y que actualmente reciben el servicio mediante la red hidráulica y el suministro con pipas.
La administración municipal sostuvo que ha realizado obras para ampliar la distribución de agua potable y que mantiene un programa de inversión para atender el rezago histórico de infraestructura hidráulica que enfrenta el municipio.
Gobierno municipal argumenta inviabilidad financiera
De acuerdo con el documento enviado a la SCJN, una de las principales obligaciones contempladas en el proyecto de resolución es la instalación de medidores en la Quinta Zona, donde habitan alrededor de 681 mil 973 personas.
El Ayuntamiento estimó que sustituir la totalidad de los medidores representaría una inversión cercana a 2 mil millones de pesos.
A ello se sumarían otros 4 mil millones de pesos para modernizar la infraestructura hidráulica y cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que establece los parámetros de calidad del agua para consumo humano.
La administración municipal señaló que esa inversión supera ampliamente su capacidad presupuestaria, ya que equivaldría a más del 400 por ciento del presupuesto anual destinado a obra pública.
Solicitan modificar el proyecto de resolución
En el escrito, la presidente municipal pidió al ministro presidente de la SCJN considerar la suspensión o modificación del proyecto, debido a la complejidad técnica, económica y material para cumplir de manera inmediata con todos los efectos del amparo.
Como alternativa, solicitó que se elimine del proyecto la obligación relacionada con el cumplimiento inmediato de la NOM-127-SSA1-2021 o, en caso de aprobarse en sus términos, que se otorgue un plazo de 12 meses para atender las disposiciones judiciales.
Ecatepec asegura avances en el suministro de agua
El gobierno municipal afirmó que algunas de las medidas contempladas en el proyecto ya se encuentran en ejecución.
Entre ellas mencionó el suministro diario de 100 litros de agua a las personas promoventes del amparo mediante pipas, así como el fortalecimiento del abastecimiento a través de la red hidráulica en distintos puntos del municipio.
También informó que mantiene trabajos de rehabilitación de pozos, reparación de fugas, modernización de redes principales de distribución, combate a la extracción ilegal de agua y la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc.
Asimismo, indicó que durante este año iniciarán nuevas obras en la Quinta Zona para reducir la escasez que históricamente ha afectado a esa región.
https://twitter.com/SociedadN_/status/1733218447881052178?s=20
Señalan rezago acumulado en infraestructura hidráulica
La administración municipal atribuyó parte de la problemática a la falta de mantenimiento de redes, pozos e infraestructura hidráulica durante administraciones anteriores.
Entre los factores que, según el Ayuntamiento, han contribuido al rezago destacan el deterioro de las redes de distribución con más de tres décadas de antigüedad, las fugas, la dependencia del suministro mediante pipas y la extracción ilegal de agua.
La SCJN mantiene en análisis el amparo en revisión 13/2026, cuyo proyecto de resolución definirá los alcances de las obligaciones que deberá cumplir el gobierno municipal para garantizar el acceso al agua potable de los promoventes. –sn–
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:tx: - La SCJN reconoció el autogobierno de la comunidad de La Candelaria, Chiapas, pero también la obligó a rendir cuentas del gasto público y a erradicar prácticas como el matrimonio infantil. El fallo, emitido por unanimidad, ya es jurisprudencia obligatoria en todo el país
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:tx: - La SCJN reconoció el autogobierno de la comunidad de La Candelaria, Chiapas, pero también la obligó a rendir cuentas del gasto público y a erradicar prácticas como el matrimonio infantil. El fallo, emitido por unanimidad, ya es jurisprudencia obligatoria en todo el país
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SCJN impide suspensiones contra declaración patrimonial de agentes aduaneros
La SCJN determinó que los agentes aduaneros no podrán obtener suspensiones provisionales para evitar presentar su declaración patrimonial conforme a la Ley Aduanera.
Por Martín García | Reportero
Los agentes aduaneros ya no podrán frenar mediante suspensiones provisionales la obligación de presentar su declaración patrimonial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio que impide conceder esa medida cautelar en los juicios promovidos contra la disposición prevista en la Ley Aduanera.
La determinación fortalece la aplicación de la reforma publicada el 19 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual incorporó nuevas obligaciones de transparencia para quienes ejercen funciones aduaneras en el país.
Con este criterio, los agentes aduaneros deberán cumplir con la presentación anual de su información patrimonial mientras se resuelven de fondo los procesos legales que, en su caso, hayan promovido.
Reforma obliga a declarar patrimonio y posibles conflictos de interés
La modificación a la fracción XII del artículo 160 de la Ley Aduanera establece que los agentes aduaneros deberán presentar cada año su declaración patrimonial, incluyendo información sobre su patrimonio, el de su pareja y el de sus dependientes económicos.
La disposición fija como fecha límite para cumplir con esta obligación los primeros diez días de marzo del año siguiente al ejercicio correspondiente.
Criterio limita el otorgamiento de medidas cautelares
Con el criterio emitido por la SCJN, los juzgados ya no podrán conceder suspensiones provisionales que permitan a los agentes aduaneros dejar de cumplir temporalmente con esta obligación mientras se desarrolla el juicio constitucional.
La decisión no resuelve el fondo de los asuntos promovidos contra la reforma, pero sí impide que la obligación quede sin efecto durante la tramitación de los procedimientos judiciales.
Buscan fortalecer la transparencia en las aduanas
La reforma forma parte de las medidas orientadas a reforzar los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia en las actividades aduaneras.
La obligación de presentar declaraciones patrimoniales busca facilitar la supervisión de la evolución patrimonial de los agentes aduaneros y fortalecer la vigilancia sobre posibles conflictos de interés en una actividad considerada estratégica para el comercio exterior y la recaudación fiscal. –sn–
Aduana¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Denuncian por abuso de autoridad a la alcaldesa Azucena Cisneros
Cinco vecinos de Ecatepec denunciaron a la alcaldesa Azucena Cisneros por presunto abuso de autoridad y pidieron a la SCJN revisar dos amparos relacionados con el suministro de agua potable.
Por Martín García | Reportero
Cinco habitantes de Ecatepec denunciaron por presunto abuso de autoridad a la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, al asegurar que fueron inducidos a firmar documentos con los que supuestamente desistían de los amparos que obligan al Ayuntamiento a garantizarles el suministro permanente de agua potable.
Los inconformes sostienen que fueron engañados para suscribir esos documentos, lo que, afirman, puso en riesgo los recursos legales mediante los cuales buscan que el gobierno municipal cumpla con el abastecimiento de agua limpia a través de la red hidráulica.
Ante esta situación, el caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar la revisión de dos juicios de amparo relacionados con el presunto incumplimiento de las resoluciones judiciales.
Piden a la SCJN revisar dos expedientes
La diputada local Miriam Silva informó que los promoventes solicitaron la intervención del máximo tribunal del país debido a que, según argumentan, el Ayuntamiento no ha acatado las sentencias que ordenan proporcionar de manera permanente agua potable a los quejosos.
De acuerdo con la legisladora, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, recibió la solicitud de revisión correspondiente al amparo 13/2026, mientras que la ministra Lenia Batres Guadarrama atrajo el expediente relacionado con el amparo 14/2026.
Denuncia por presunto abuso de autoridad
Además del procedimiento constitucional, los vecinos presentaron una denuncia por presunto abuso de autoridad en contra de la alcaldesa, al considerar que existieron irregularidades en la obtención de las firmas relacionadas con los desistimientos.
Los promoventes buscan que continúe vigente la protección judicial obtenida mediante los amparos y que el Ayuntamiento cumpla con el suministro de agua potable conforme a las resoluciones emitidas por los tribunales.
https://twitter.com/SociedadN_/status/1733218447881052178?s=20
Ayuntamiento no ha fijado postura
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Ecatepec no ha informado públicamente una postura sobre las acusaciones formuladas por los habitantes ni sobre la denuncia presentada en contra de la presidenta municipal.
El análisis de los expedientes por parte de la SCJN permitirá determinar si procede revisar las resoluciones relacionadas con los amparos promovidos por los vecinos para garantizar el acceso al agua potable. –sn–
Azucena Cisneros¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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SCJN garantiza derecho de menores a viajar al resolver disputa por patria potestad
La SCJN fortaleció el interés superior de la niñez al establecer que la patria potestad no puede limitar injustificadamente el desarrollo y la movilidad de niñas y menores.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que refuerza el principio del interés superior de la niñez al establecer que la patria potestad no puede ejercerse como un mecanismo para restringir, sin justificación, el desarrollo y la movilidad de niñas, niños y adolescentes.
El criterio del máximo tribunal surgió de un litigio familiar en el que se discutía la posibilidad de que una menor viajara al extranjero. En su análisis, la Corte concluyó que las decisiones relacionadas con los hijos deben privilegiar sus derechos y bienestar por encima de los desacuerdos entre los padres.
La resolución representa un precedente en materia de derecho familiar al colocar en el centro de las decisiones judiciales los derechos de la infancia, en lugar de los intereses particulares de los adultos involucrados.
El interés superior de la niñez prevalece
La SCJN determinó que los conflictos derivados del ejercicio de la patria potestad deben resolverse con base en el interés superior de la niñez, principio reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México.
Bajo este criterio, impedir que una niña o un menor viaje o tenga acceso a experiencias que favorezcan su desarrollo personal únicamente por diferencias entre quienes ejercen la patria potestad puede resultar contrario a sus derechos, cuando no exista un riesgo acreditado para su integridad o bienestar.
La decisión reafirma que la patria potestad implica derechos, pero también obligaciones orientadas a proteger el desarrollo integral de los menores.
Un precedente para el derecho familiar
Especialistas consideran que este criterio fortalece la interpretación de los tribunales familiares al recordar que las controversias entre los padres no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La resolución también reconoce que el desarrollo integral de los menores puede incluir oportunidades educativas, culturales y sociales fuera de su lugar de residencia, siempre que estas se encuentren debidamente justificadas y garanticen su protección.
Con ello, la Corte consolida una interpretación que prioriza los derechos de la infancia sobre visiones patrimonialistas de la patria potestad.
Derechos por encima del conflicto
El fallo del máximo tribunal establece que el objetivo de las resoluciones judiciales en materia familiar no consiste en favorecer a uno de los progenitores, sino en garantizar que las decisiones respondan al bienestar de los menores.
Este precedente podría orientar futuros litigios relacionados con autorizaciones de viaje, cambios de residencia y otras decisiones familiares en las que exista desacuerdo entre quienes ejercen la patria potestad.
La resolución reafirma que la protección de niñas, niños y adolescentes exige analizar cada caso desde la perspectiva de sus derechos, privilegiando siempre su desarrollo integral y su interés superior. –sn–
Avion de Arajet¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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SCJN inicia receso con más de 800 casos pendientes y 63 asuntos urgentes
La SCJN iniciará su receso de 2026 con más de 800 expedientes pendientes y deberá resolver 63 asuntos prioritarios sobre prisión preventiva e IVA en aduanas antes de que concluya el año.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el próximo miércoles su primer periodo de receso de 2026 con una carga superior a 800 expedientes pendientes de resolución, entre ellos 63 asuntos considerados prioritarios debido a que sus plazos constitucionales concluyen antes de finalizar el año.
Al reanudar actividades el próximo 3 de agosto, el máximo tribunal del país enfrentará un periodo de alta actividad para emitir sentencias en casos tributarios y penales que permanecen sin resolución, algunos de ellos heredados de la integración anterior del pleno.
La acumulación de expedientes ocurre cuando la actual conformación de la Corte está próxima a cumplir un año en funciones, mientras diversos litigios de alto impacto económico y constitucional continúan a la espera de un criterio definitivo.
Prisión preventiva e IVA, entre los casos más relevantes
Entre los asuntos que deberá resolver la SCJN destacan expedientes iniciados desde 2023 relacionados con la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, tema que ha generado un amplio debate jurídico sobre su compatibilidad con los derechos humanos y los estándares internacionales.
Otro de los casos de mayor relevancia corresponde al denominado doble cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones aduaneras.
Este expediente permanece pendiente desde 2024 y su resolución podría tener implicaciones fiscales por más de 44 mil millones de pesos, al definir el criterio que deberán seguir las autoridades tributarias y los tribunales en controversias similares.
Contrarreloj para cumplir plazos constitucionales
La Corte deberá organizar sus sesiones a partir de agosto para atender los expedientes cuyo plazo legal vence durante el segundo semestre del año, con el propósito de evitar mayores rezagos en la resolución de asuntos de trascendencia nacional.
Además de los efectos jurídicos para las partes involucradas, las resoluciones pendientes contribuirán a fijar precedentes obligatorios en materias como justicia penal, derechos fundamentales, política tributaria y seguridad jurídica.
Las decisiones que adopte el máximo tribunal también podrían incidir en futuros litigios promovidos por particulares, empresas y autoridades fiscales, especialmente en los casos relacionados con la interpretación de disposiciones constitucionales.
Receso no suspende labores administrativas
Aunque el pleno de la SCJN entrará en receso, el Poder Judicial mantiene diversas actividades administrativas y de atención institucional durante este periodo, mientras se prepara la agenda jurisdiccional para el inicio del siguiente ciclo de sesiones.
El regreso de los ministros el 3 de agosto marcará el inicio de una etapa clave para desahogar asuntos acumulados y emitir resoluciones en casos que han permanecido pendientes durante varios meses. –sn–
Pleno de la SCJN¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Rubén Moreira rechaza gravar herencias, Afores e indemnizaciones laborales
Rubén Moreira rechazó gravar herencias, Afores e indemnizaciones laborales y criticó el planteamiento de abrir el debate sobre un impuesto a las herencias.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, manifestó su rechazo a cualquier propuesta que busque gravar las herencias, las indemnizaciones laborales o los recursos acumulados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), al considerar que representan el patrimonio construido por millones de familias mexicanas.
Durante el programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador sostuvo que este tipo de planteamientos partirían de la idea de considerar esos bienes como una «riqueza no merecida», con el propósito de justificar nuevos impuestos para incrementar la recaudación del Estado.
Critica declaraciones de Lenia Batres
Moreira Valdez cuestionó las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, quien planteó la posibilidad de abrir el debate sobre un impuesto a las herencias.
El diputado afirmó que una medida de ese tipo afectaría principalmente a las familias trabajadoras y a la clase media, al tratarse de bienes obtenidos tras años de ahorro y esfuerzo.
Asimismo, señaló que las Afores y las indemnizaciones laborales corresponden a recursos generados por los propios trabajadores, por lo que consideró que establecer nuevos gravámenes sobre esos conceptos sería una medida injusta.
Advierte sobre posibles iniciativas
El legislador sostuvo que las declaraciones de la ministra no deben interpretarse como una opinión aislada, al considerar que podría impulsarse una iniciativa en ese sentido desde el ámbito legislativo.
Explicó que el patrimonio familiar suele construirse con el trabajo de varios integrantes del hogar y con años de ahorro para adquirir una vivienda o un terreno que posteriormente se hereda a las siguientes generaciones.
Especialistas cuestionan un posible impuesto
Durante el mismo programa, el abogado Miguel Ángel Sulub señaló que los grandes patrimonios suelen transmitirse mediante mecanismos legales como fideicomisos, por lo que un impuesto a las herencias podría recaer principalmente sobre familias de ingresos medios y bajos.
Por su parte, el economista Mario Di Costanzo consideró que gravar las herencias podría generar dificultades para quienes reciben una vivienda o un terreno y no cuentan con recursos suficientes para cubrir un nuevo impuesto.
Hasta el momento, no existe una iniciativa aprobada en el Congreso de la Unión para establecer un impuesto federal a las herencias, ni modificaciones legales que contemplen gravámenes sobre las Afores o las indemnizaciones laborales. –sn–
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¿El delito de peculado prescribe en México?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el delito de peculado no puede ser imprescriptible e invalidó una disposición del Código Penal de Colima que permitía perseguirlo sin límite de tiempo.
Por Martín García | Reportero
El pasado 9 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por una mayoría de seis votos contra tres, que el delito de peculado sí puede prescribir, al declarar inconstitucional una disposición del Código Penal del Estado de Colima que establecía que ese ilícito podía perseguirse de manera indefinida.
La resolución precisa que la imprescriptibilidad no puede extenderse al delito de peculado, ya que esa figura jurídica está reservada para conductas de excepcional gravedad reconocidas por el derecho internacional, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
El fallo deriva de un juicio de amparo promovido por dos exfuncionarias del municipio de Villa de Álvarez, Colima, quienes impugnaron la constitucionalidad del artículo que hacía imprescriptible ese delito en la entidad.
¿Qué es el delito de peculado?
El peculado es un delito cometido por servidores públicos que consiste en apropiarse, utilizar, desviar o permitir el uso indebido de recursos públicos, dinero, bienes o cualquier patrimonio que les haya sido confiado con motivo de su cargo.
La legislación penal también contempla diversas modalidades de este ilícito, entre ellas el denominado peculado por omisión, cuando un servidor público incumple obligaciones legales relacionadas con la administración o resguardo de recursos públicos, favoreciendo su uso indebido.
El delito forma parte de los ilícitos relacionados con hechos de corrupción y puede ser sancionado con penas de prisión, multas, reparación del daño e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la legislación aplicable y de las circunstancias del caso.
La Corte descarta que sea un delito imprescriptible
Durante la discusión, la mayoría de los ministros sostuvo que la imprescriptibilidad únicamente procede para delitos considerados de extrema gravedad por el derecho internacional, por lo que mantener esa condición para el peculado vulnera el principio de seguridad jurídica.
La SCJN también subrayó que los delitos relacionados con corrupción deben investigarse y sancionarse, pero dentro de los plazos de prescripción establecidos en la legislación penal.
El peculado sigue siendo un delito
La resolución no elimina el delito de peculado ni impide que las autoridades continúen investigando y sancionando actos de corrupción.
Lo que determinó el Máximo Tribunal es que el peculado deberá sujetarse a las reglas generales de prescripción previstas en la legislación penal correspondiente, cuyos plazos varían de acuerdo con la pena establecida y las particularidades de cada proceso.
Por ello, la decisión no significa que todos los casos de peculado queden automáticamente prescritos, sino que cada expediente deberá analizarse conforme a las normas aplicables y las actuaciones realizadas por las autoridades.
Amparo benefició a dos exfuncionarias de Colima
La resolución tuvo su origen en un amparo promovido por dos exfuncionarias del municipio de Villa de Álvarez, quienes cuestionaron la constitucionalidad del artículo que permitía perseguir el delito de peculado sin límite de tiempo.
La SCJN les concedió el amparo respecto de esa disposición, al invalidar la imprescriptibilidad del delito en Colima. No obstante, mantuvo vigente la tipificación del peculado por omisión, por lo que esa conducta continúa siendo sancionable conforme a la legislación penal. –sn–
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Opinión | Jorge Santa Cruz | Peligroso paroxismo patriotero
México actúa en el mundo como enemigo de los Estados Unidos.
Por Jorge Santa Cruz
La negativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de renovar el tratado comercial suscrito en 2020 por México, Estados Unidos y Canadá ─diseñado, por cierto al gusto del republicano─ era absolutamente previsible porque el gobierno mexicano interviene todos los días en la política interna estadounidense.
A Trump se le niega la extradición de presuntos narcopolíticos mexicanos; se le exigen pruebas de que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha financiado procesos electorales y se le acusa de proteger al Cártel de Sinaloa; se le desafía en reuniones con enemigos declarados de Estados Unidos; se recibe a criminales en las embajadas mexicanas y, por si faltara algo, se habla de intervención y de invasión.
La ocupante de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, soltó en su conferencia matutina de este lunes (06.07.2026), que su gobierno dará a conocer la información de cómo fue sacado del país el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada.
Ismael «El Mayo» ZambadaLo hará, según dijo, para que se esclaresca el asunto y se respete la soberanía nacional, ya la colaboración no puede justificar la invasión y el intervencionismo:
“No puede justificar la invasión, la injerencia. No lo puede justificar, porque, como lo he dicho siempre, la cooperación, la colaboración con Estados Unidos y todas sus instituciones par el tema de seguridad, esa seguimos avanzando; pero es cooperación sin subordinación, es colaboración, sin injerencismo. Y eso le ha quedado claro a todos”.
Sheinbaum anticipó que mañana se presentará “lo que se dijo en su momento y lo que se dice ahora. ¿Quién mintió?”. Veremos cómo le responden desde Washington.
En ese torbellino populista, irresponsable y patriotero lo único que falta es que el maximato le declare la guerra a los Estados Unidos.
* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1
Columna anterior: Frenado, por ahora, el impuesto a las herencias
(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).
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Geovanna Bañuelos exige al Issstezac restituir aguinaldos a pensionados
La senadora Geovanna Bañuelos solicitó al Issstezac cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restituir los aguinaldos retenidos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La senadora Geovanna Bañuelos, urgió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) a cumplir de manera inmediata con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir la parte retenida de los aguinaldos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 a las personas jubiladas y pensionadas afectadas por la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas de 2024.
Mediante la cual se modificó el artículo 74 para establecer que las personas pensionadas del Issstezac tendrían derecho a un aguinaldo anual equivalente a 30 días de pensión, en lugar de los 60 días que recibían con anterioridad.
Al fundamentar un punto de acuerdo la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que la resolución emitida por la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 establece que las personas que ya cotizaban al Issstezac antes de la reforma publicada en agosto de 2024 deben conservar el derecho a recibir un aguinaldo equivalente a 60 días de pensión, por lo que cualquier reducción aplicada a este grupo vulnera derechos previamente adquiridos.
“Las reformas legales pueden ordenar hacia el futuro la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero las instituciones públicas deben respetar los derechos generados por las personas trabajadoras durante su vida laboral”, enfatizó la legisladora por Zacatecas.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se señala que el recorte aplicado al aguinaldo afectó a cerca de 6 mil 500 personas jubiladas y pensionadas, generando un adeudo superior a 220 millones de pesos.
“Por ello, resulta indispensable que el Issstezac adopte las medidas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para restituir la parte retenida del aguinaldo a las personas afectadas”, señaló la legisladora.
Geovanna Bañuelos destacó que a pesar de que la sentencia de la Corte ya fue emitida, las personas afectadas aún no han recibido la restitución de los recursos retenidos, prolongando una afectación económica injustificada. –sn–
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Puebla perfila rechazar la reforma sobre identidad de género para menores
El Congreso de Puebla no ha aprobado la reforma, mientras continúa el debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la iniciativa.
Por Gabriela Díaz | Reportera
A pesar del mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, el Congreso del Estado de Puebla se encamina a rechazar la iniciativa de reforma al Código Civil que busca garantizar el reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida para niñas, niños y adolescentes trans, sin límite de edad.
De concretarse esta decisión, partidos que se identifican como progresistas y de izquierda, entre ellos Morena y el Partido del Trabajo (PT), junto con PAN, PVEM, PRI y Nueva Alianza, coincidirían en no cumplir con la resolución del máximo tribunal del país.
Posible desacato al mandato de la SCJN
De acuerdo con el planteamiento difundido, la decisión legislativa también coincidiría con el llamado realizado por la Arquidiócesis de Puebla, por lo que se prevé que el Congreso incumpla la sentencia emitida por la SCJN, situación que, según los promoventes de la iniciativa, podría constituir un desacato histórico del Poder Legislativo poblano.
La Acción de Inconstitucionalidad 73/2021 establece criterios relacionados con el reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida, cuya implementación corresponde al Congreso estatal mediante las reformas legales respectivas.
Reforma busca reconocimiento para menores trans
La iniciativa propone modificar el Código Civil del estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes trans puedan acceder al reconocimiento administrativo de su identidad de género autopercibida, sin establecer un límite de edad.
El proyecto forma parte del proceso de armonización legislativa derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual instruyó al Congreso poblano adecuar su marco normativo conforme a los criterios constitucionales.
Hasta el momento, el Congreso del Estado de Puebla no ha aprobado la reforma, mientras continúa el debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la iniciativa y las implicaciones jurídicas de la sentencia emitida por la SCJN. –sn–
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Para ver los atajos del teclado, presiona el signo de interrogación
Ver atajos de tecladoSe publicará el jue., 4 jun. 2026 a la/s 5:35 p. m.
La #SCJN invalidó el requisito de cinco años de #concubinato para acceder a una pensión por viudez del #IMSS.@SCJN @Tu_IMSS #PeriodismoParaTi #SociedadNo
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Más de 30 organizaciones urgieron a la Suprema Corte a revisar una regla de la Comar que cancela solicitudes de refugio por faltas administrativas.
Advierten que personas que huyen de violencia y persecución pueden terminar detenidas o deportadas sin que su caso sea analizado.
Los solicitantes que no cumplen con las formalidades, corren riesgos de detención o “los deportan hacia su muerte”
#Migración #Refugio #COMAR #SCJN #DerechosHumanos #Asilo #México
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✒️ #Opinión | "Tres Doritos después, las corren de la SCJN". Arturo Sandoval analiza con estilo crítico y directo los giros políticos que terminaron desbancando a figuras clave dentro de la Suprema Corte. ¡Una columna imperdible! ⚖️💥 #ArturoSandoval #SCJN #PolíticaMx #Lectura
https://zurl.co/PBL93 -
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La ministra Yasmín Esquivel afirmó que los municipios son clave para impulsar el bienestar y la justicia social, al encabezar la toma de protesta del nuevo buró ejecutivo de la CONAMM para el periodo 2026-2027.
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La ministra Yasmín Esquivel afirmó que la autoridad en la función jurisdiccional se construye con estudio y preparación constante. La ministra visitó a participantes del Curso de Formación de Secretarios del Poder Judicial 2026.
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La SCJN reconoció al Acervo Histórico Fondo del Tesoro de la UAQ por su trabajo en la conservación y difusión de la memoria histórica de Querétaro. El espacio resguarda más de 5,000 volúmenes históricos y funciona como área formativa para estudiantes.
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⚖️📚 IEEQ y SCJN fortalecen el análisis electoral en Querétaro
Se inauguró el Ciclo de análisis jurídico-electoral con especialistas, magistrados y académicos 👩⚖️👨⚖️
Buscan reforzar la preparación rumbo a los próximos procesos electorales 🗳️
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Más información aquí 👇
https://amanecerqro.com/ieeq-y-scjn-impulsan-analisis-del-proceso-electoral-en-queretaro/
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How Digital Searches Shape Public Perception of Mexico's Supreme Court
📰 Original title: La nueva justicia en Google: por qué la SCJN ya también se disputa en el buscador
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👥 Usuarios: It's not clickbait ✅View full AI summary: https://killbait.com/en/how-digital-searches-shape-public-perception-of-mexicos-supreme-court/?redirpost=1799d5a7-4374-4d85-8b84-c6d7862ce987
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Falta de inclusión en la SCJN ⚖️
Martha García y Catalina Torres denuncian la ausencia de intérprete de señas en una reunión clave en la Suprema Corte, lo que resultó en la exclusión de un compañero sordo. Un hecho que evidencia las barreras de comunicación que aún persisten en las altas instituciones de justicia. 🏛️ #Inclusión #SCJN
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