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  1. Con penas de hasta 30 años por reclutamiento forzado, protegemos a la niñez, jóvenes y grupos vulnerables: Mejía Berdeja

    Esta conducta ilícita lacera a familias enteras, se agravó durante la administración de Felipe Calderón.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El dictamen, que recibió 419 votos a favor y ninguno en contra en el pleno de San Lázaro, incorpora un capítulo específico sobre reclutamiento forzado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y busca cerrar vacíos jurídicos frente a la captación de personas para incorporarlas a estructuras delictivas.

    Mejía Berdeja, quien impulsó dicha modificación legal desde 2025, sostuvo que este cambio legal representa un avance para proteger especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes pueden ser captados mediante engaños, amenazas, intimidación, extorsión, violencia o falsas ofertas laborales difundidas incluso por medios digitales.

    El planteamiento del legislador federal por Coahuila busca que la legislación responda a los distintos mecanismos utilizados por organizaciones criminales para atraer o incorporar personas a sus actividades; y así combatir esta grave conducta ilícita que lacera a familias enteras, que se agravó durante la administración de Felipe Calderón, que declaró una “guerra” contra los grupos delincuenciales y ocasionó una espiral de violencia sin precedentes en nuestro país.

    Durante los trabajos de la Comisión de Justicia, Ricardo “El Tigre” Mejía se refirió al avance del dictamen que incorpora disposiciones específicas sobre esta conducta y contempla penas de prisión para quienes incurrieran en los supuestos establecidos por la reforma.

    El diputado advirtió sobre la necesidad de atender las nuevas modalidades de captación, en las que las redes sociales, las plataformas digitales y las ofertas laborales engañosas pueden servir como primer contacto entre los reclutadores y sus posibles víctimas.

    La preocupación, explicó el diputado federal coahuilense, radica en que el acercamiento no siempre ocurre mediante amenazas directas desde el inicio. En algunos casos, las personas pueden ser atraídas con promesas de empleo, ingresos o supuestas oportunidades que después derivan en coacción, violencia y participación forzada en actividades criminales.

    Uno de los puntos centrales de la reforma, detalló Ricardo “El Tigre” Mejía, consiste en considerar como reclutamiento forzado la incorporación de niñas, niños y adolescentes en los supuestos previstos por el nuevo marco legal, independientemente del mecanismo utilizado para captarlos.

    “Las sanciones generales aprobadas van de 10 a 20 años de prisión. Cuando concurran circunstancias agravantes, como intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las penas pueden alcanzar hasta 30 años, conforme a los supuestos establecidos en el texto aprobado”, detalló.

    La modificación contempla, además, agravantes relacionadas con víctimas indígenas, afroamericanas o migrantes, así como con la participación de funcionarios públicos o personas que hayan pertenecido a corporaciones de seguridad o a las Fuerzas Armadas.

    Para Mejía Berdeja, la protección de la infancia y la juventud debe ocupar un lugar prioritario en la respuesta institucional, ante el riesgo de que las organizaciones criminales aprovechen condiciones de vulnerabilidad económica y social para captar nuevos integrantes.

    Mejía Berdeja advirtió que la aplicación efectiva de las nuevas disposiciones también requerirá investigación, prevención, atención a las víctimas y coordinación entre las autoridades responsables, pero reconoció que este avance constituye un paso en la discusión de herramientas jurídicas específicas para perseguir el reclutamiento de personas por organizaciones criminales.

    La iniciativa promovida por Ricardo Mejía Berdeja desde 2025 forma parte de ese proceso legislativo. El objetivo planteado por el diputado es que la captación de personas para incorporarlas a grupos delictivos tenga consecuencias penales específicas y que niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una protección reforzada frente a esas prácticas ilícitas. –sn–

    Sociedad Noticias

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  2. Expertos de la ONU alertan sobre riesgos del cambio climático y la inteligencia artificial para los derechos humanos

    Expertos de Naciones Unidas advierten sobre los efectos del cambio climático y la inteligencia artificial en los derechos humanos, con riesgos para menores, migrantes, pueblos indígenas y comunidades vulnerables.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    El cambio climático y la inteligencia artificial (IA) plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos humanos, particularmente por sus efectos en menores de edad, pueblos indígenas, migrantes, personas detenidas y comunidades expuestas a la discriminación, advirtieron especialistas de Naciones Unidas durante un encuentro académico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

    Los expertos señalaron que ambos fenómenos requieren respuestas jurídicas e institucionales que permitan prevenir violaciones, reducir desigualdades y garantizar que las decisiones públicas y el desarrollo tecnológico respeten los derechos fundamentales.

    Las advertencias se formularon durante las primeras sesiones del Curso de Formación en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, donde siete especialistas que encabezan o integran comités de Naciones Unidas analizaron los desafíos de la emergencia climática y las nuevas tecnologías.

    Cambio climático, una amenaza para los grupos vulnerables

    El cambio climático no representa únicamente un problema ambiental o económico: también puede agravar las desigualdades y comprometer derechos como la salud, la alimentación, el acceso al agua, la vivienda y un medio ambiente sano.

    Edgar Corzo Sosa, investigador del IIJ e integrante del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Migrantes y sus Familias de la ONU, advirtió que las proyecciones internacionales apuntan a un aumento de los países expuestos a riesgos climáticos extremos.

    Durante su intervención, citó una previsión de Naciones Unidas según la cual la cifra pasaría de tres países a 65 para 2040. El dato coincide con las proyecciones del informe de 2024 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que también advierte sobre la exposición de poblaciones desplazadas a peligros climáticos.

    Por su parte, Mary Beloff, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, subrayó la necesidad de proteger el derecho de la infancia a vivir en un medio ambiente sano.

    La especialista explicó que la participación de menores en actividades de monitoreo y análisis de los efectos climáticos puede contribuir a formular políticas públicas que contemplen la mitigación, el desplazamiento de comunidades y la transformación energética.

    Pueblos indígenas, migrantes y personas detenidas, entre los grupos expuestos

    Bayram Gün Kut, presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, advirtió que los efectos del cambio climático pueden recaer de manera desproporcionada sobre pueblos indígenas, minorías étnicas y comunidades que enfrentan discriminación estructural.

    El especialista planteó que las políticas climáticas deben evaluarse también desde la perspectiva de la igualdad, para evitar que las medidas adoptadas profundicen las desventajas de los grupos históricamente discriminados.

    A su vez, María Luisa Romero, presidenta del Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU, explicó que la prevención de violaciones a los derechos humanos implica identificar riesgos antes de que se conviertan en daños concretos.

    En el caso de las personas privadas de la libertad, señaló que las altas temperaturas, el frío extremo, la ventilación insuficiente, la falta de agua y las deficiencias en el acceso a alimentos pueden agravar las condiciones de detención.

    Por ello, las evaluaciones preventivas deben considerar las condiciones materiales de las prisiones y la existencia de protocolos para responder a emergencias ambientales.

    Defensores ambientales y desplazamiento climático

    La protección de quienes defienden el medio ambiente también formó parte de la discusión.

    Claude Heller, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, señaló que los activistas ambientales enfrentan persecución y violencia en distintos países. Advirtió, además, que las personas desplazadas por fenómenos naturales pueden quedar expuestas a malos tratos y otras violaciones de sus derechos.

    En tanto, Carmen Rosa Villa Quintana, vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, relacionó los desplazamientos asociados al cambio climático con los riesgos que enfrentan los defensores ambientales, algunos de los cuales son víctimas de desaparición y asesinato.

    Prasad Kariyawasam, presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de Personas Migrantes y sus Familias de la ONU, apuntó que quienes abandonan sus países debido a fenómenos naturales pueden quedar desprotegidos en los lugares de destino.

    Estas situaciones plantean retos para los Estados, que deben considerar las necesidades de las personas desplazadas y garantizar el respeto de sus derechos, independientemente de su origen o situación migratoria.

    Inteligencia artificial, alertan sobre sesgos y violencia digital

    La inteligencia artificial también requiere mayor análisis desde los mecanismos internacionales de derechos humanos, coincidieron los participantes.

    Uno de los riesgos señalados es la reproducción de sesgos en los algoritmos, que pueden favorecer determinadas características culturales o demográficas y perjudicar a otros grupos mediante resultados discriminatorios.

    Los especialistas también advirtieron sobre el posible uso de estas tecnologías para facilitar la captación de menores, ocultar la identidad de responsables de delitos y promover formas de violencia contra niñas y mujeres.

    Otro motivo de preocupación es la concentración de poder en grandes empresas tecnológicas, cuyos sistemas y plataformas pueden influir en la información que recibe la población y en la percepción de los procesos democráticos.

    Ante estos desafíos, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer la regulación de la inteligencia artificial, promover entornos digitales equitativos y establecer medidas que protejan los derechos humanos, la privacidad y la integridad de las personas.

    El debate se desarrolla en un contexto internacional en el que las instituciones jurídicas buscan responder a los efectos de las nuevas tecnologías sin perder de vista la responsabilidad de los Estados y de las empresas. –sn–

    Tortuga

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  3. Tragedia en Peshawar: colapsa el techo de una escuela privada; al menos 33 niños y una profesora muertos y 50 heridos. Detenido el director; investigación por negligencia. aidoo.news/noticia/r1vek5

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  4. Bukavu (este de la RDC): al menos 24 escolares temidos muertos tras una estampida al huir de un incendio que arrasó dos escuelas; podría haber más víctimas. aidoo.news/noticia/WzMQ90

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  5. Colectivos de familias y asociaciones de barrio reclaman una respuesta humanitaria urgente para evitar el hacinamiento de la infancia en las zonas de frontera.

    🔗 Leer en Público: publico.es/sociedad/migracion/

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  6. Reproducción asistida plantea dilema sobre el derecho a la identidad y origen genético

    Las técnicas de reproducción asistida abren un debate bioético y jurídico sobre el derecho a la identidad de quienes nacen mediante donación de gametos y el anonimato de los donantes.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                         

    Las técnicas de reproducción humana asistida han ampliado las posibilidades para formar una familia, pero cuando interviene la donación de óvulos o espermatozoides también generan un dilema sobre el derecho a la identidad y el acceso al origen genético de quien nace mediante estos procedimientos.

    La discusión enfrenta dos intereses: la autonomía y el proyecto familiar de los adultos que recurren a la reproducción asistida, frente al derecho de la persona nacida a conocer información sobre sus orígenes biológicos y genéticos. Así lo planteó Paula Luciana Altamirano, profesora de la Universidad Siglo 21, Argentina.

    La especialista expuso el problema durante la conferencia “Derecho a la identidad de la infancia concebida por las técnicas de reproducción humana asistida”, organizada por el Programa Universitario de Bioética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dentro del ciclo de Cátedras Extraordinarias de Bioética.

    El derecho a conocer los orígenes

    Altamirano señaló que la persona nacida mediante una técnica de reproducción humana asistida con donación de gametos no intervino en las decisiones que hicieron posible su nacimiento, por lo que su situación debe ocupar un lugar central dentro de la discusión bioética.

    El debate adquiere una dimensión jurídica particular en Argentina, donde la legislación distingue entre el derecho de acceso a determinada información y el derecho a la identidad. El régimen vigente permite obtener datos médicos del donante cuando resulten relevantes para la salud y contempla la posibilidad de revelar su identidad bajo determinadas circunstancias y mediante intervención judicial.

    La propia investigación de Altamirano sobre el tema señala que el Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015, incorporó la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida y colocó en tensión el derecho a la identidad de la persona nacida y el anonimato del donante.

    Información genética también puede tener implicaciones médicas

    El acceso a los antecedentes biológicos no responde únicamente a una inquietud personal sobre el origen familiar. La información genética puede adquirir relevancia cuando existe una enfermedad hereditaria o algún antecedente médico que requiera ser conocido para prevenir, diagnosticar o atender un padecimiento.

    Por ello, la discusión también alcanza la conservación y protección de los datos de quienes donan gametos. En un estudio publicado en 2026, Altamirano y Débora Pamela Arce advirtieron sobre los riesgos derivados de que la información de los donantes permanezca dispersa entre distintos centros de fertilidad y plantearon la necesidad de mejorar su almacenamiento, seguridad y trazabilidad.

    La investigación propone analizar mecanismos que permitan proteger los datos genéticos sin perder de vista el derecho de las personas nacidas mediante estas técnicas a acceder a información relevante sobre sus orígenes.

    Filiación genética y filiación jurídica

    Para Altamirano, uno de los puntos centrales consiste en distinguir entre la filiación genética, vinculada con quien aportó el gameto, y la filiación jurídica, sustentada en la voluntad procreacional de quienes decidieron formar una familia mediante reproducción asistida.

    Ese cruce plantea el desafío de establecer reglas que protejan el proyecto familiar y la autonomía reproductiva, pero que también consideren los derechos de la persona nacida mediante estas técnicas.

    La especialista no cuestionó el desarrollo de la reproducción asistida. Su planteamiento se orientó a discutir cómo deben utilizarse y regularse estas tecnologías para evitar que los intereses de quienes toman las decisiones adultas desplacen los derechos de quienes nacen como resultado de ellas. –sn–

    Pies de bebé

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  7. La niñez que cruza fronteras requiere protección integral y derechos, no persecución política ni estigmatización en los medios. ¡Protección y acogida digna ya! 👧🏽⚖️
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  8. Detrás de las risas grabadas: la urgencia de proteger a la infancia en los sets de televisión

    Una mirada crítica a la explotación infantil en la industria del entretenimiento a partir del caso de Jennette McCurdy

    El estreno de series de televisión juveniles a principios de los años 2000 parecía una época dorada de diversión familiar, pero detrás de los colores llamativos y los chistes con risas grabadas se escondía una realidad profundamente oscura para los pequeños protagonistas. La publicación del libro autobiográfico de la escritora y exactriz Jennette McCurdy en agosto de 2022 descorrió por completo el telón de los abusos emocionales, la manipulación psicológica y la explotación laboral extrema que vivió durante su estancia en canales infantiles como Nickelodeon, específicamente en producciones masivas como iCarly y Sam y Cat. Su testimonio no es un hecho aislado, sino el reflejo de una estructura industrial que históricamente ha visto a los niños creadores de contenido como mercancías generadoras de dinero antes que como seres humanos en pleno desarrollo. Analizar a detalle estos comportamientos dentro de los sets de grabación nos obliga a revisar de forma urgente cómo los adultos a cargo sabotean las etapas naturales de la niñez y la adolescencia. En el caso de McCurdy, las presiones no solo provenían de directores o productores que ejercían un control abusivo sobre su agenda y sus actuaciones, sino también de su propio núcleo familiar, donde su madre proyectaba sus frustraciones financieras y personales a costa de la salud de su hija, llevándola a desarrollar trastornos alimenticios graves como la anorexia y la bulimia desde los 11 años. Las jornadas laborales extensas que rebasaban los límites permitidos, el aislamiento social de amigos de su edad y la obligación de sonreír ante las cámaras mientras cargaban con el peso económico de familias enteras y contratos millonarios demuestran que las leyes de protección actuales son insuficientes o se ignoran de forma sistemática por la ambición corporativa. Para evitar que estas tragedias sigan repitiéndose en el cine, las series o cualquier programa actual, es imperativo que el público, los medios de comunicación y las autoridades mantengan una observación minuciosa sobre las dinámicas de trabajo infantiles. Debemos aprender a leer las señales de alerta, que van desde cambios drásticos en la conducta de los menores hasta la hipersexualización de sus personajes en pantalla, un recurso común empleado por productores abusivos para elevar los niveles de audiencia. La industria del entretenimiento no puede seguir operando bajo la premisa de que el éxito justifica la destrucción emocional de un individuo, y nos toca a todos exigir sindicatos más estrictos, supervisión psicológica independiente dentro de las filmaciones y una legislación penal que castigue con severidad a quienes vean en la infancia un negocio económico.

    — A. Eldritch, Periodista, Locutor, podcaster y bloger del fediverso

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  9. 🗳️ ■ Rego cifra en 1.478 menores migrantes identificados en Ceuta y llama a "arrimar el hombro" ante "asunto de país" ■ "Impedir que los voluntarios de Cruz Roja puedan repartir comida no es defender Ceuta[…]
    huffingtonpost.es/politica/reg

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  10. Jorge García Ramírez cumple 87 días en huelga de hambre frente al Congreso de Sonora

    Jorge García Ramírez cumple 87 días en huelga de hambre frente al Congreso de Sonora. COVAFAM exige garantizar la educación inicial y atender las demandas de centros y maestras en la entidad.

    Por Wendy Rojas | Corresponsal                                                                               

    Jorge García Ramírez, abogado de 81 años y representante legal de Conservando los Valores de Familia (Covafam), cumple este sábado 15 de agosto 87 días en huelga de hambre frente al Congreso del Estado de Sonora, como parte de una protesta que exige acciones para garantizar la educación inicial en la entidad.

    La movilización plantea, entre otras demandas, la armonización del marco jurídico estatal y la generación de condiciones para que la educación inicial sea reconocida y atendida como un derecho de la niñez. La Ley General de Educación establece que este nivel forma parte de la educación básica y que el Estado debe generar progresivamente las condiciones para su prestación universal.

    El movimiento también reclama atención a las condiciones jurídicas, institucionales y presupuestales de los centros vinculados con la educación inicial. La organización ha mantenido desde abril una protesta frente al Poder Legislativo sonorense, mientras que el conflicto ha generado pronunciamientos de autoridades, organizaciones profesionales y participantes del movimiento.

    Documentarán 87 días de protesta

    Ante la prolongación de la huelga de hambre, se prevé la integración de un acta circunstancial para dejar constancia documental de los hechos relacionados con la protesta.

    El procedimiento contempla registrar la fecha de inicio y continuidad del ayuno, el lugar donde se desarrolla, las causas y demandas planteadas, testimonios de personas que hayan participado o presenciado los acontecimientos, así como documentos y evidencias relacionados con las distintas etapas de la movilización.

    También podrán incorporarse documentos médicos que sean presentados formalmente y antecedentes relacionados con la trayectoria profesional de Jorge García Ramírez, siempre que correspondan al objeto de la documentación.

    El acta no tendrá como finalidad sustituir las funciones de las autoridades ni emitir diagnósticos médicos, certificaciones profesionales o resoluciones sobre las controversias planteadas.

    La salud de Jorge García Ramírez, uno de los puntos centrales

    La condición física de Jorge García Ramírez constituye uno de los elementos que se pretende documentar debido a la duración de la huelga de hambre.

    El expediente podrá incorporar, cuando sean entregados para ese propósito, estudios clínicos, análisis de laboratorio, estudios de sangre, muestras de orina, radiografías, electrocardiogramas y otros documentos médicos relacionados con las valoraciones practicadas durante la protesta.

    La interpretación de esos estudios corresponderá exclusivamente a profesionales de la salud.

    La documentación buscará establecer qué estudios fueron realizados, cuándo se practicaron y qué documentos fueron exhibidos, sin sustituir una valoración médica. El manejo de cualquier información clínica deberá observar las disposiciones aplicables en materia de privacidad y protección de datos personales.

    COVAFAM exige un sistema de educación inicial

    Covafam sostiene que su protesta forma parte de una demanda más amplia para establecer condiciones jurídicas e institucionales que permitan garantizar la educación inicial en Sonora.

    El planteamiento tiene como antecedente solicitudes presentadas ante el Congreso estatal para crear un Sistema Estatal de Educación Inicial y un instituto especializado en esta materia. Documentos legislativos muestran que solicitudes relacionadas con estos planteamientos fueron turnadas a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Sonora.

    La legislación federal establece que la educación inicial es un derecho de la niñez. El artículo 37 de la Ley General de Educación señala que la educación básica comprende los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, mientras que el artículo 38 establece que el Estado generará progresivamente las condiciones para la prestación universal de la educación inicial.

    La misma legislación asigna a la autoridad educativa federal la facultad de determinar los principios rectores y objetivos de la educación inicial, con la participación de autoridades estatales y otros actores relacionados con el sector educativo.

    El conflicto también ha generado movilizaciones

    La protesta de Covafam ha derivado en distintas movilizaciones en Hermosillo. En julio, integrantes de la organización participaron en manifestaciones y bloqueos de vialidades; dos educadoras fueron detenidas por presunta obstrucción de las vías de comunicación y posteriormente quedaron en libertad.

    El movimiento también ha registrado diferencias públicas con el Congreso de Sonora respecto de las condiciones que deben cumplir los centros de educación inicial. Covafam ha sostenido que sus establecimientos cumplen con medidas de Protección Civil, mientras que autoridades legislativas han formulado señalamientos sobre requisitos para acceder a recursos públicos.

    En julio, la organización también informó que mantenía 25 centros en Sonora y reclamó un marco normativo específico para los servicios de educación inicial.

    Participación de organizaciones de abogados

    La situación de Jorge García Ramírez también ha recibido atención de organizaciones de profesionales del Derecho.

    Entre quienes han participado en acciones de acompañamiento se encuentran Juan Francisco Alcaraz García, presidente de la Federación de Abogados del Estado de Sonora (FAES), así como integrantes del Consejo de Abogados del Estado de Sonora y representantes de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam).

    La Federación ha expresado preocupación por la integridad del abogado y de las maestras que participan en la protesta, además de solicitar medidas de protección para las personas involucradas en la movilización.

    Asimismo, Jonathan Rivas Contreras ha sido identificado públicamente entre los profesionales del Derecho reconocidos por organizaciones de la abogacía sonorense durante 2026. –sn–

    Sociedad Noticias

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  11. Marchan en Tamaulipas para exigir justicia por Dafne, menor que murió tras asistir a un curso de verano en una academia militarizada

    Marchan en Tamaulipas para exigir justicia por Dafne, menor que murió tras asistir a un curso de verano en una academia militarizada. La familia demanda una investigación exhaustiva y transparente.

    Por Martín García | Reportero                                      

    Decenas de personas participaron en una marcha en Tamaulipas para exigir el esclarecimiento de la muerte de Dafne, una menor que falleció después de asistir a un curso de verano organizado por una academia militarizada, caso que ha provocado una amplia movilización social y llamados a investigar posibles responsabilidades.

    Con consignas de «Justicia para Dafne» y portando pancartas, familiares, amigos y ciudadanos recorrieron las calles para pedir que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y determinen las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la adolescente.

    La movilización refleja la creciente preocupación de la comunidad por las condiciones en las que operan este tipo de cursos y por la necesidad de garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades recreativas y de formación.

    Familia exige una investigación a fondo

    Durante la manifestación, los familiares reiteraron su petición para que las autoridades esclarezcan los hechos y, en caso de acreditarse alguna conducta ilícita, se sancione a los responsables conforme a la ley.

    Los participantes también solicitaron que la investigación sea transparente y que se informe oportunamente sobre los avances del caso.

    Caso genera atención pública

    La muerte de Dafne ha generado reacciones en redes sociales y entre diversos sectores de la sociedad, donde usuarios han expresado solidaridad con la familia y han pedido revisar los protocolos de seguridad y supervisión en los cursos de verano organizados por instituciones privadas.

    El caso también abrió el debate sobre las condiciones en las que operan las academias con formación de tipo militarizado y los mecanismos de vigilancia que deben cumplir cuando ofrecen actividades dirigidas a menores de edad.

    Autoridades mantienen abiertas las investigaciones

    Hasta el momento, las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento y establecer si existieron omisiones o responsabilidades por parte de personas o instituciones involucradas.

    La familia de Dafne insistió en que continuará con las movilizaciones hasta obtener el esclarecimiento de los hechos y acceso a la justicia. –sn–

    Dafne

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  12. SCJN garantiza derecho de menores a viajar al resolver disputa por patria potestad

    La SCJN fortaleció el interés superior de la niñez al establecer que la patria potestad no puede limitar injustificadamente el desarrollo y la movilidad de niñas y menores.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que refuerza el principio del interés superior de la niñez al establecer que la patria potestad no puede ejercerse como un mecanismo para restringir, sin justificación, el desarrollo y la movilidad de niñas, niños y adolescentes.

    El criterio del máximo tribunal surgió de un litigio familiar en el que se discutía la posibilidad de que una menor viajara al extranjero. En su análisis, la Corte concluyó que las decisiones relacionadas con los hijos deben privilegiar sus derechos y bienestar por encima de los desacuerdos entre los padres.

    La resolución representa un precedente en materia de derecho familiar al colocar en el centro de las decisiones judiciales los derechos de la infancia, en lugar de los intereses particulares de los adultos involucrados.

    El interés superior de la niñez prevalece

    La SCJN determinó que los conflictos derivados del ejercicio de la patria potestad deben resolverse con base en el interés superior de la niñez, principio reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales suscritos por México.

    Bajo este criterio, impedir que una niña o un menor viaje o tenga acceso a experiencias que favorezcan su desarrollo personal únicamente por diferencias entre quienes ejercen la patria potestad puede resultar contrario a sus derechos, cuando no exista un riesgo acreditado para su integridad o bienestar.

    La decisión reafirma que la patria potestad implica derechos, pero también obligaciones orientadas a proteger el desarrollo integral de los menores.

    Un precedente para el derecho familiar

    Especialistas consideran que este criterio fortalece la interpretación de los tribunales familiares al recordar que las controversias entre los padres no deben convertirse en un obstáculo para el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

    La resolución también reconoce que el desarrollo integral de los menores puede incluir oportunidades educativas, culturales y sociales fuera de su lugar de residencia, siempre que estas se encuentren debidamente justificadas y garanticen su protección.

    Con ello, la Corte consolida una interpretación que prioriza los derechos de la infancia sobre visiones patrimonialistas de la patria potestad.

    Derechos por encima del conflicto

    El fallo del máximo tribunal establece que el objetivo de las resoluciones judiciales en materia familiar no consiste en favorecer a uno de los progenitores, sino en garantizar que las decisiones respondan al bienestar de los menores.

    Este precedente podría orientar futuros litigios relacionados con autorizaciones de viaje, cambios de residencia y otras decisiones familiares en las que exista desacuerdo entre quienes ejercen la patria potestad.

    La resolución reafirma que la protección de niñas, niños y adolescentes exige analizar cada caso desde la perspectiva de sus derechos, privilegiando siempre su desarrollo integral y su interés superior. –sn–

    Avion de Arajet

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  13. Mundial podría disparar casos de trata infantil: académico de la UNAM

    Podría aumentar la trata en México en el contexto mundialista.

    SN Redacción | UNAM                                                      

    La escandalosa cifra de 20 mil niñas y niños que ya han sufrido algún tipo de trata en México podría aumentar drásticamente dentro del contexto mundialista; esto debido a la llegada masiva de turistas, consideró Noemi Monroy Enriquez, secretaria académica del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH).

    De los tres países de la sede conjunta, México es el que tiene más riesgo de enfrentar la mercantilización de los cuerpos, por el hecho de que nuestra nación ya ocupa el primer lugar en abuso infantil, de acuerdo con datos citados por el Senado de la República y atribuidos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, advirtió la especialista en derecho deportivo.

    Al explicar por qué una competencia deportiva global facilita la explotación, señaló que se trata de un contexto de demanda masiva, en el que internacionalmente se espera a más de 500 millones de personas en tránsito y donde las delegaciones de los países participantes están integradas por equipos de hasta 200 personas.

    Este flujo de visitantes desborda a las autoridades que concentran sus esfuerzos en la seguridad pública y se olvidan de las poblaciones vulnerables, creando un entorno de impunidad, añadió.

    Otro de los factores que influyen es el anonimato. Monroy Enriquez comentó en entrevista que muchas personas piensan que, durante el Mundial, están en un espacio en el que no aplican las reglas por ser extranjeros, o bien, tienen una sensación de impunidad y la creencia de que pueden esconder ciertos comportamientos como explotar sexualmente los cuerpos de infancias, adolescencias o mujeres. “Se habla de que México es un paraíso para muchas personas con poderío económico, que vienen a nuestra nación para utilizar sexualmente a otros y vulnerar todos sus derechos”.

    La gran mayoría de quienes acuden a estas competencias deportivas son hombres con alto poder adquisitivo. Esto fomenta un patrón de masculinización hegemónica en el que se celebra el ejercicio del poder, donde todo parece ser objeto de consumo y se ejerce la virilidad, incluso vulnerando los derechos de otras personas. “Es el espacio perfecto para que se puedan cometer estos atropellos” expresó.

    En medio de todos estos desafíos, Noemi Monroy Enriquez dijo que el Mundial 2026 es un parteaguas, pues es el primero que tiene un plan o un protocolo de atención a los derechos humanos. Esto, a raíz de que organizaciones Internacionales como UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU se reunieron con las naciones anfitrionas para señalar las preocupaciones y crear un marco de prevención.

    Entre otras medidas, destacan las campañas “Mundial Sin Trata” que se implementará en las inmediaciones de los estadios y contará con un cuerpo policial específico para detectar y actuar ante situaciones de trata; asimismo, a través de la denominada “Tarjeta Azul” se proporcionó capacitación al personal de hoteles y de transporte terrestre y aéreo para que detecten señales de riesgo y las reporten ante las autoridades.

    La especialista del PUDH agregó que algo novedoso es que gracias a la cooperación internacional, ahora quienes cometan abusos no sólo serán sancionados en el país sede, sino que al regresar a sus naciones de origen podrían enfrentar nuevos cargos. Además, apuntó que quienes cometan delitos durante el Mundial, podrían enfrentar consecuencias como que se les impida acudir a otros certámenes deportivos.

    Además, Monroy Enriquez subrayó la importancia de, una vez terminada la justa, hacer una evaluación transparente que permita –a través de indicadores como el número de denuncias de violencia sexual– determinar si las medidas y protocolos fueron eficaces.

    Finalmente la universitaria hizo un llamado a los aficionados para que, si en algún momento han ejercido violencia de cualquier tipo, al participar en un encuentro deportivo, como gritos misóginos, homofóbicos o racistas cambien su conducta para “no seguir abonando a las violencias”, concluyó. –sn–

    Ilustrración | UNAM

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  14. Impacto patrocinio de Coca-Cola en la percepción de salud rumbo al Mundial de futbol

    Diversos estudios han demostrado que la publicidad vinculada al deporte influye en el reconocimiento de marca, las preferencias, la intención de compra y el consumo de niños y adolescentes.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    Dentro del marco de la campaña Copa-Cola, el Poder del Consumidor, en colaboración con el O´Neill Institute de la Universidad de Georgetown, presentaron en conferencia internacional, el documento “La ciencia del sportwashing: cómo el marketing en el deporte afecta la salud de niñas, niños y adolescentes en la Copa Mundial”, realizado por investigadoras de la Universidad de Nueva York (NYU), sobre el patrocinio de Coca-Cola en la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como los resultados preliminares de una encuesta aplicada a estudiantes en México sobre la percepción de este tipo de estrategias de marketing.

    La encuesta encontró que los adolescentes mexicanos de entre 14 y 17 años que vieron anuncios de refrescos regulares de una marca genérica, combinados con el logotipo de la FIFA, utilizaron una proporción significativamente mayor de palabras asociadas con la salud en comparación con quienes vieron anuncios de una marca genérica sin el logotipo. Además, reportaron sentirse significativamente más cercanos emocionalmente a una marca reconocida, como Coca-Cola, frente a una marca genérica de refrescos.

    La Copa del Mundo es uno de los mayores eventos mediáticos del planeta. De acuerdo con los datos de la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), durante el mundial de Qatar en 2022 se estimó que alrededor de 2.2 millones de personas vieron, al menos, 20 minutos o más de este evento, mientras que el partido final de la copa tuvo más de 1,500 millones de espectadores.

    Sin embargo, el verdadero negocio del mundial son los patrocinios. En 2024, la FIFA informó que el 63% de sus ingresos fueron por derechos de marketing, lo que subraya la importancia central de la publicidad y el patrocinio para su modelo de negocios.iii Dentro de este tipo de patrocinios se encuentra uno muy cuestionable: el de las bebidas azucaradas. Aunque no se tienen datos certeros, documentos de medios de comunicación y prensa especializada han estimado que el valor de los contratos entre FIFA y Coca-Cola es de alrededor de 400 millones de dólares.

    Esta relación simbiótica resulta muy problemática. Mientras que la FIFA, y particularmente la Copa Mundial, representan uno de los eventos deportivos más vistos por el mundo, uno de sus principales patrocinadores es una empresa cuyo producto es completamente opuesto al deporte. Se trata de un patrocinio del producto con mayor impacto en la salud de la población nacional. En México, uno de cada

    tres casos nuevos de diabetes se debe al consumo de este tipo de bebidas; en el caso de enfermedades cardiovasculares, representa uno de cada siete. En cifras concretas, se estima que el consumo de bebidas bebidas azucaradas se relaciona con 169,425 casos nuevos de diabetes al año y con 60,850 de enfermedades cardiovasculares. En México, uno de cada seis adulto sufre diabetes, y esta enfermedad, junto con las cardiovasculares, es la principal causa de muerte.–sn–

    Botellas coca cola

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  15. Congreso capitalino impulsa reforma por pensión alimenticia

    Por vacios legales se evaden obligaciones alimentarias 

    Por Luis Muñoz | Reportero                                                      

    El Estado no puede permanecer omiso frente a quienes evaden sus obligaciones alimentarias aprovechando los vacios legales, un problema que afecta directamente a miles de niñas, niños y familias.

    Para solucionar esta problemática, en el Congreso de la Ciudad de México se impulsa una reforma para proteger a la niñez de esta ciudad capital.

    El diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso, presentó ante el Pleno el dictamen a la iniciativa suscrita por la diputada de Morena, Ana Luisa Buendía García, que propone reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la Ley del ISSSTE, en materia de garantía de pensión alimenticia.

    En su mensaje, el legislador dijo que “cuando una pensión no llega, no es un trámite el que falla; es la vida diaria de una niña o un niño la que se ve afectada”.

    Por ello precisó que la iniciativa plantea que, en casos excepcionales y bajo control judicial, se pueda acceder de manera proporcional a los recursos de las cuentas individuales para el retiro cuando exista incumplimiento de pensiones alimenticias. 

    “No puede haber un derecho patrimonial futuro por encima de un derecho fundamental presente. No puede protegerse el ahorro mientras se desprotege a la niñez”, sostuvo.

    Destacó, además, que la propuesta busca armonizar el derecho al ahorro con el interés superior de la infancia y fortalecer la justicia para las mujeres que, en la mayoría de los casos, asumen solas las tareas de cuidado.

    El dictamen fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y enviado a la Cámara de Diputados federal para continuar con el proceso legislativo correspondiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y cierren espacios a la evasión de responsabilidades. –sn–

    Congreso CDMX

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  16. Padres de familia exigen castigo para los responsables y señalan la negligencia de las autoridades educativas en el estado. El caso del Colegio Carrusel Magone pone bajo la lupa la seguridad en las instituciones privadas y la respuesta de la SEP poblana. 🏛️ #DerechosDeLaInfancia #SEP

    zurl.co/pBBvh

  17. SCJN valida videograbación protectora en juicios de custodia

    La SCJN avaló videograbar entrevistas infantiles bajo reglas estrictas de protección.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la videograbación de entrevistas psicológicas a menores en juicios de guarda y custodia fue constitucionalmente válida. El Pleno resolvió el asunto por unanimidad. La decisión se adoptó bajo criterios orientados a proteger derechos fundamentales de la infancia.

    El criterio derivó de un proyecto elaborado por la ministra Loretta Ortiz. La Corte estableció que el uso de tecnología buscó evitar la revictimización de menores. La medida impidió que niñas, niños y adolescentes repitieran declaraciones durante procesos judiciales.

    El máximo tribunal fijó un estándar denominado Videograbación Protectora. Dicho estándar integró cinco requisitos obligatorios. Su cumplimiento condicionó la validez constitucional de la medida.

    Estándar de protección

    El primer requisito exigió una justificación técnica individualizada. Esta debía ser elaborada por especialistas en psicología infantil. La Corte precisó que no podían emplearse criterios generales.

    El segundo requisito estableció que el menor debía ser informado conforme a su edad. También ordenó escuchar su opinión durante el procedimiento. Este paso se vinculó con el derecho a ser escuchado.

    El tercer requisito dispuso que la entrevista se realizara en un entorno protector. La Corte mencionó espacios como la Cámara de Gesell. El objetivo fue reducir afectaciones emocionales.

    Confidencialidad estricta

    El cuarto requisito se centró en la confidencialidad del material videograbado. El resguardo quedó a cargo exclusivo del juzgado. Se prohibieron copias, difusión o usos ajenos al proceso.

    El estándar también ordenó la destrucción o anonimización del material. Esta acción debía realizarse al concluir el procedimiento judicial. La Corte buscó prevenir usos indebidos posteriores. –sn–

    Niños jugando

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  18. Elizabeth Mateos propone 70 años de prisión a quien asesine a un menor de edad

    Elizabeth Mateos presentó una iniciativa; hasta 70 años de prisión a quien asesine a un menor de edad.


    Por Luis Muñoz | Reportero                                                       

    La diputada Elizabeth Mateos Hernández presentó en el Congreso capitalino una iniciativa para proteger a la niñez de la violencia y en ese sentido afirmó que su propuesta refleja el espíritu humanista al colocar en el centro del interés de la Cuarta Transformación a los más vulnerables, retomando el principio de: “primero los pobres, primero los niños, primero los más vulnerables”.

    Es su intervención  dijo que “la justicia también puede ser un abrazo”.

    Durante la sesión de este miércoles, la legisladora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 126 y se adiciona el Capítulo I Bis, denominado “De los delitos contra niñas, niños y adolescentes”, así como los artículos 129 Bis, 129 Ter y 129 Quater del Código Penal para el Distrito Federal.

    Recordó que “hace poco más de un año compartí el dolor que a todos nos estremeció: el caso Crucito, un pequeño de seis años asesinado por quien debía protegerlo. De ese dolor nació una ley, la Ley Crucito, que impulsamos y que hoy ya forma parte de nuestro Código Penal para castigar con mayor severidad a quienes priven de la vida a un hijastro o hermanastro”.

    Esa fue, destacó, una promesa cumplida, pero también el inicio de un compromiso mayor: “no descansar hasta que ningún niño o niña deje de ser víctima de la violencia”.

    Visiblemente consternada, la diputada Mateos Hernández expresó su indignación por los recientes casos de maltrato infantil, como el de Mario, “un infante de tan solo tres años que fue abandonado en su casa en Iztapalapa, entre comida echada a perder y cucarachas, mientras sus padres se iban de fiesta”.

    Lamentablemente no todos y todas entienden que ser padre o madre es el regalo más grande que da la vida. Y yo, como madre, lo digo con el corazón en la mano, todo lo que hago, cada iniciativa, cada propuesta, también va por mi hijo, y por todos los niños y niñas que sufren en silencio”.

    Desde la tribuna del Congreso explicó que con esta iniciativa lo que se busca es fortalecer el marco jurídico de la ciudad de México a través de un nuevo Capítulo I Bis en el Código Penal, para que se sancione de manera más severa a quienes cometan delitos infames contra niñas, niños y adolescentes. 

    Con la iniciativa, las penas serán de 50 años de prisión para quien maltrate y hasta 70 años para quien asesine a una niña, un niño o un adolescente.

    Estas personas que dañan a seres indefensos no merecen gozar de libertad; quien asesina no merece la compasión de la ley, afirmó la diputada, quien aclaró que esta propuesta “no busca venganza, sino justicia con sentido humano”. Además, añadió, con esta reforma se tipifican de manera autónoma los delitos contra menores, para evitar que sigan clasificándose como simples casos de violencia familiar u homicidio común.

    La diputada Elizabeth Mateos subrayó que la iniciativa está en armonía con la Ley General de los Derechos de niñas, niños y Adolescentes y con el Sistema Nacional de Protección Integral (SIPINNA), destacando que “las niñas, niños y adolescentes son una prioridad nacional, y el Estado tiene la obligación de protegerlos conforme al principio del interés superior de la niñez.

    En su intervención, la diputada también compartió cifras alarmantes: según datos de la REDIM, en México dos menores son asesinados al día, en tanto que el INEGI reporta que seis de cada diez niñas y niños han sufrido algún tipo de violencia dentro del hogar. 

    También reveló que, aquí en la CDMX, la fiscalía general de Justicia abrió más de 22 mil carpetas por violencia familiar en 2023, y muchas de esas víctimas fueron precisamente menores de edad. Detrás de cada cifra hay un pequeño que no entiende por qué el amor duele”.

    Por ello, subrayó que esta iniciativa envía un mensaje claro: la niñez se respeta, se cuida y se defiende. Destacó los avances en la Ciudad de México en Bienestar infantil como el DIF, las Utopías, los Pilares y la Fiscalía especializada en delitos contra menores, pero reconoció que “faltaba el respaldo penal y hoy lo estamos construyendo”. –sn–

    Elizabeth Mateos Hernández

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  19. SNDIF presenta Modelo Nacional de Cuidados Alternativos

    El SNDIF presentó un modelo clave para fortalecer el derecho de niñas, niños y adolescentes.


    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

    Durante el Primer Congreso Nacional para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el SNDIF presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos, basado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La iniciativa busca orientar las políticas públicas en favor de la infancia.

    El evento se llevó a cabo en el Universum, Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con la participación de autoridades, especialistas y representantes de organismos nacionales e internacionales.

    La procuradora federal Fabiola María Salas Ambriz convocó a los procuradores estatales y municipales a aplicar el modelo en beneficio del derecho a vivir en familia y comunidad, priorizando el interés superior de la niñez.

    Impulso al derecho familiar

    Salas Ambriz subrayó que el modelo debía entenderse no como un documento técnico, sino como una herramienta práctica para transformar la cultura de los cuidados parentales en México. Expresó que su implementación representaría un cambio estructural en la atención a la infancia.

    Afirmó que el objetivo principal es fortalecer la participación de las niñas, niños y adolescentes en las decisiones que afectan su bienestar, promoviendo acciones concretas de protección integral.

    “Desde el SNDIF y la Procuraduría Federal, asumimos el compromiso de impulsar políticas que coloquen a la niñez en el centro de las decisiones”, enfatizó la funcionaria durante su intervención.

    Prevención de la institucionalización

    La procuradora resaltó la urgencia de evitar la institucionalización de menores en centros asistenciales, debido a los efectos negativos que produce en su desarrollo emocional y social. Explicó que estos entornos limitan los vínculos afectivos y aumentan el riesgo de violencia.

    Indicó que la estrategia busca promover medidas preventivas para reducir las separaciones familiares permanentes y fomentar la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.

    “Debemos fortalecer los apoyos familiares y comunitarios para evitar rupturas innecesarias y garantizar una vida digna”, expuso Salas Ambriz, al recalcar la importancia del acompañamiento institucional.

    Hacia políticas integrales

    Por su parte, Luis Peña Cruz, encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, explicó que el modelo marcará la pauta para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas vinculadas.

    Precisó que el documento establece lineamientos para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, incluso fuera del núcleo de origen, siempre que se asegure su atención plena y segura.

    “Este modelo permitirá avanzar hacia un sistema nacional más humano y efectivo en materia de protección infantil”, expresó el funcionario durante su intervención ante los asistentes.

    Implementación gradual del modelo

    Peña Cruz señaló que la aplicación del modelo requerirá coordinación estrecha entre las procuradurías estatales y municipales, así como con las instancias del SNDIF y organismos aliados. Añadió que su implementación demandará tiempo y compromiso institucional.

    Detalló que el proceso incluirá la capacitación del personal encargado de los sistemas de protección y la armonización normativa en las entidades federativas.

    El funcionario precisó que el modelo constituye una base técnica y operativa que orientará las decisiones de los órganos encargados de proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el país. –sn–

    Sociedad Noticias

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  20. Caravanas de Coca-Cola manipulan el consumo infantil en Navidad: El Poder del Consumidor

    Estudios alertan sobre riesgos para la salud y manipulación emocional infantil.


    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

    Las Caravanas Navideñas de Coca-Cola regresan a México como un espectáculo itinerante de luces, música y personajes festivos. Sin embargo, tres estudios académicos concluyeron que este evento funcionó como una estrategia de persuasión comercial dirigida a la niñez, asociando la magia navideña con el consumo de refrescos, así lo afirmó la organización «El Poder del Cosumidor«.

    Los análisis, realizados por instituciones nacionales e internacionales, señalaron que la campaña utilizó símbolos tradicionales de la Navidad para reforzar vínculos emocionales con el público infantil, lo que incrementó el deseo de consumo y normalizó la ingesta cotidiana de bebidas azucaradas.

    Riesgos para la salud infantil

    Diversas investigaciones científicas documentaron los riesgos del consumo habitual de refrescos en menores de edad. De acuerdo con los datos citados, niñas y niños que ingirieron una lata de 355 mililitros al día aumentaron en 60% su probabilidad de obesidad y 26% su riesgo de padecer diabetes tipo 2.

    Los expertos advirtieron que dichas condiciones derivaron en otros padecimientos metabólicos y cardiovasculares, afectando la calidad de vida desde edades tempranas y elevando los costos públicos en materia de salud.

    El consumo de bebidas azucaradas se mantuvo como uno de los principales factores asociados a la epidemia de obesidad infantil en México, un país que ocupa los primeros lugares mundiales en incidencia de sobrepeso en menores.

    Responsabilidad de las empresas

    La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF establecieron que las empresas tienen la obligación de respetar los derechos de la infancia a la salud y a una alimentación adecuada.

    Estos organismos internacionales también señalaron que las estrategias de mercadotecnia basadas en la emoción, la fantasía y la pertenencia social violaron el principio del interés superior de la niñez, reconocido por tratados internacionales en materia de derechos humanos.

    En el caso de Coca-Cola, los especialistas identificaron una explotación de símbolos culturales y afectivos, lo que consolidó un patrón de marketing dirigido específicamente a menores de edad bajo la apariencia de entretenimiento familiar.

    Llamado a autoridades mexicanas

    Con base en los hallazgos, las organizaciones civiles y académicas solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

    El objetivo de la petición fue cancelar y retirar cualquier apoyo institucional o patrocinio público relacionado con las caravanas, a fin de proteger la salud y los derechos de la niñez mexicana.

    También se exhortó al gobierno federal a revisar los mecanismos de regulación de la publicidad dirigida a menores, considerando el impacto comprobado de la mercadotecnia emocional sobre el comportamiento alimentario infantil. –sn–

    Navidad Coca Cola

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  21. ¡Gran avance en derechos humanos! 🛡️ La SCJN blinda el derecho de niños y adolescentes en proceso para ser refugiados. ¡Un paso fundamental para su protección y bienestar en México! #SCJN #DerechosDeLaInfancia #Refugiados #ProtecciónLegal

    Más aquí: zurl.co/LPatG

  22. SCJN declara imprescriptible el abuso sexual infantil

    Sentencia contra Luis de Llano favorece a Sasha Sokol. Precedente histórico para víctimas.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el abuso sexual infantil no prescribe en la vía civil. La resolución se originó tras negar el amparo solicitado por Luis de Llano Macedo, quien enfrentó una demanda por parte de Sasha Sokol, caso que acompañó la diputada federal Fabiola Alanís.

    La decisión validó en definitiva la sentencia civil que responsabilizó al productor por el abuso cometido cuando la cantante era menor. Este fallo sienta jurisprudencia en México y abre la puerta a que otras víctimas accedan a justicia años después.

    El caso adquirió relevancia al tratarse de una figura pública y por el impacto que puede tener en la interpretación judicial. La sentencia ordenó una reparación integral que incluye una disculpa pública, medidas de no repetición y compensación económica.

    De acuerdo con la resolución, los efectos del abuso sexual en la infancia persisten durante décadas, por lo que el acceso a la justicia no debe limitarse por el paso del tiempo.

    Diputada acompañó el proceso

    La diputada Fabiola Alanís acompañó a Sasha Sokol durante el litigio y subrayó su relevancia legal y social. Recordó que la violencia sexual infantil representa la segunda forma más frecuente de agresión contra mujeres en México.

    Según datos de la ENADID del INEGI, una de cada diez mujeres adultas sufrió abuso sexual durante la niñez. Esto representa más de seis millones de víctimas que, en muchos casos, no denunciaron por miedo o falta de respaldo institucional.

    Fabiola Alanís señaló que este fallo permite avanzar en una cruzada nacional contra la violencia sexual infantil. Consideró urgente visibilizar el fenómeno y dotar de herramientas jurídicas a quienes han permanecido en silencio.

    La diputada, quien encabezó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), también brindó respaldo a otras víctimas de abuso sexual durante su gestión.

    Sanciones contra Luis de Llano

    Además de la reparación económica, que Sasha Sokol anunció será destinada a organizaciones de atención a víctimas, la sentencia contempla otras medidas. El productor deberá ofrecer una disculpa pública y abstenerse de hacer declaraciones sobre el caso.

    También se le impuso la obligación de tomar un curso especializado en prevención del abuso infantil. Estas medidas buscan no solo resarcir a la víctima, sino establecer pautas claras sobre responsabilidad y prevención.

    El fallo de la SCJN deja en claro que las agresiones sexuales cometidas en la infancia no deben quedar impunes. La Corte interpretó que el derecho a la reparación prevalece sobre el paso del tiempo.

    La resolución representa un punto de inflexión para miles de personas que vivieron abusos durante la niñez. Con este precedente, podrán acudir ante los tribunales incluso si los hechos ocurrieron hace décadas.

    Justicia sin plazo de caducidad

    Expertos en derecho y organizaciones defensoras de la niñez calificaron como histórica esta sentencia. Reconocieron que por años el sistema jurídico mexicano desestimó el impacto prolongado del abuso sexual en la infancia.

    La figura de la imprescriptibilidad civil permite que las víctimas sean escuchadas sin limitaciones de tiempo. Esta interpretación ya había sido aceptada en otras jurisdicciones del país, pero no contaba con respaldo de la Corte.

    La SCJN reconoció el carácter permanente del daño causado por la violencia sexual infantil. La sentencia respondió al interés superior de la niñez, consagrado en tratados internacionales firmados por México.

    La decisión también podría influir en reformas legislativas futuras para armonizar la legislación civil con estándares internacionales. Organizaciones civiles anticiparon que buscarán que este fallo se convierta en norma general. –sn–

    Fabiola Alanís

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  23. ¿#Trabajoinfantil en nuestra cesta de la compra?

    Algunas reflexiones y propuestas en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

    Porque a veces, realidades contra las que nos posicionamos firmemente, están mucho más cerca de nuestro día a día de lo que pensamos.

    setemmadrid.org/blogs/ponle-ca

    #ComercioJusto #DerechosHumanos #DerechosdelaInfancia

  24. Preocupante aumento del 50% en casos de maltrato y abuso infantil en Honduras, según autoridades. Más de 3,500 casos de vulneración de derechos, afectando principalmente a niñas.
    #NoticiasPreocupantes #DerechosdelaInfancia
    tinyurl.com/2bypy9fa

  25. El Día Mundial de la Infancia, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. El objetivo es recordar que los niños-as son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo.
    #DíaDeLaInfancia
    #DerechosdelaInfancia

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