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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas
La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.
Así operaba la presunta red de huachicol fiscal
Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).
La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.
El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.
Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.
La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.
La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.
Empresas legales y triangulación financiera
Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.
La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.
La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.
Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.
Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval
Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.
En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.
También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.
La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.
La investigación se extiende a cinco entidades
La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.
El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.
La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.
FGR advierte que las investigaciones continuarán
Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.
La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.
En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–
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SAT detecta subdeclaración de 83 millones de litros de diésel en Portacelis, empresa ligada a Amílcar Olán: MMCI
Empresa ligada a Amílcar Olán omitió declarar más de 80 millones de litros de diésel
Por Raúl Olmos | MCCI
Un análisis cruzado entre la declaratoria de perjuicio del SAT y los propios registros de importación de Portacelis Gas and Oil –ligada a Amílcar Olán, amigo y colaborador de Andy y Gonzalo López Beltrán– muestra que la empresa declaró en aduana el equivalente al 7% del combustible que, según la autoridad, realmente introdujo al país por ferrotanques
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) documentó que Portacelis Gas and Oil, la empresa importadora de diésel ligada al amigo y colaborador de Andy y Gonzalo López Beltrán, subdeclaró el equivalente a más de 83 millones de litros de combustible que importó por ferrotanques entre febrero y junio de 2025.
La empresa declaró en aduanas el ingreso de 6.6 millones de litros vía férrea a través de las aduanas de Nuevo Laredo y Matamoros, pero en realidad habrían entrado al país alrededor de 90 millones de litros. Lo declarado formalmente representaría apenas el 7% del volumen real estimado.
De acuerdo con la declaratoria de perjuicio que el SAT entregó a la Fiscalía General de la República (FGR), en la que pidió ejercer acción penal, el mecanismo de Portacelis consistía en declarar ante la aduana un volumen de combustible menor al que realmente ingresaba al país, con lo que omitió el pago de 834 millones de pesos en derechos e impuestos, según reveló el periódico Reforma el pasado sábado 29 de agosto.
Los registros de comercio exterior de la propia empresa muestran la dimensión del hueco. Entre febrero y julio de 2025, Portacelis reportó formalmente la importación de 13 millones 654 mil litros de diésel, en 150 operaciones, por las aduanas de Matamoros, Nuevo Laredo y Veracruz, principalmente a través de otros dos proveedores texanos, Brownsville GTR y MG Energy, esta última también ligada a una red investigada por su conexión con “los señores de los trenes”, señalados por contrabando de combustible.
De esas operaciones, 141 correspondieron a embarques por ferrotanque entre el 9 de febrero y el 28 de junio de 2025 –el periodo que revisó el SAT–, con un volumen declarado de 6 millones 683 mil litros de diésel y un valor de 72.5 millones de pesos.
Tomando como referencia la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para diésel vigente en 2025 (que era de 7.09 pesos por litro) más el IVA correspondiente, esos 834 millones de pesos omitidos equivalen a un volumen adicional de alrededor de 83 millones de litros de diésel que Portacelis habría introducido al país por ferrotanques sin declarar. La estimación considera como referencia un valor promedio del combustible de importación de alrededor de 11.5 pesos por litro entre febrero y junio de 2025, periodo en el que se realizaron las operaciones.
Es decir, frente a los 6.68 millones de litros que reportó formalmente a la aduana, la empresa habría introducido en realidad cerca de 90 millones de litros en ese mismo lapso de cinco meses.
La cifra rebasa por mucho el límite que la Secretaría de Energía (Sener) le había fijado a la empresa. El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que Andrés Manuel López Obrador dejara la Presidencia, la Sener le otorgó un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel. El volumen que, según esta estimación, Portacelis habría introducido realmente por ferrotanques rebasa en 73% ese límite autorizado.
Tribunal confirma sanción por ocultamiento de volúmenes
La subdeclaración es también el trasfondo de otro procedimiento contra la empresa, mediante el cual el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló el sello digital de Portacelis Gas and Oil porque la empresa no le reportó los controles volumétricos de los hidrocarburos que importaba, para contrastarlo con lo que declaraba.
Sin sello digital, una empresa no puede emitir facturas y, por lo tanto, tampoco puede vender legalmente el combustible que trae de Estados Unidos. Un tribunal federal confirmó a inicios de febrero que la cancelación del SAT fue legal.
La omisión no es un simple descuido administrativo. Es la misma falla que está en el centro de las acusaciones públicas contra Portacelis: que declaraba en aduana un volumen de diésel menor al que realmente transportaban sus trenes y buques, para pagar impuestos sobre una fracción de lo importado. Esa práctica –subdeclarar el volumen real para reducir la carga fiscal– es una de las formas en que opera el huachicol fiscal.
La sentencia del caso, dictada el 15 de enero de 2026 por la Sala Regional en Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y firme desde el 5 de marzo, no había sido reportada hasta ahora.
Cómo funciona el mecanismo que Portacelis incumplió
El artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación obliga a quienes importan, transportan, almacenan o comercializan hidrocarburos y petrolíferos a enviar mensualmente al SAT reportes de sus controles volumétricos, que es un registro detallado de cuánto combustible manejan en cada etapa de la cadena.
El propósito de esa obligación, según la jurisprudencia citada en la propia sentencia, es evitar que los contribuyentes reporten un volumen distinto al que realmente mueven, y así incorporar esos datos a su contabilidad de forma verificable.
Cuando el SAT detecta que un contribuyente no envía esos reportes, el artículo 17-H Bis del mismo Código lo faculta para restringir de forma temporal el uso del sello digital y, si la irregularidad no se corrige, cancelarlo de manera definitiva. Es exactamente lo que ocurrió con Portacelis.
Portacelis y el vínculo con Amílcar Olán
Portacelis Gas and Oil fue fundada el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco. En el acta constitutiva aparece como administrador único Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador de confianza de Amílcar Olán Aparicio, amigo desde sus tiempos de estudiante de Andrés Manuel López Beltrán y colaborador de su hermano Gonzalo, según ha quedado en evidencia en grabaciones difundidas por Latinus y por MCCI.
El contador de Amílcar ha participado, además, en al menos otras dos sociedades que han obtenido contratos por más de 834 millones de pesos para abastecer medicinas, de los cuales 490 fueron con fondos del extinto INSABI y 344 millones del IMSS, con sobreprecios de hasta mil por ciento, según ha logrado documentar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el sexenio de López Obrador, la Secretaría de Energía le otorgó a Portacelis un permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. Fue hasta cinco meses después, en febrero de 2025, cuando la empresa empezó a realizar sus primeras operaciones de importación de combustible.
MCCI reveló el pasado 27 de julio de 2026 que el primer proveedor de diésel de Portacelis fue Ikon Midstream LLC, firma de Houston que está en el centro del mayor escándalo de huachicol fiscal documentado por la Fiscalía General de la República, y cuyas oficinas fueron cateadas por agentes federales estadounidenses en abril de 2026.
El expediente que el SAT ganó
El litigio documentado en esta nota es distinto del que ya había sido reportado por N+ sobre la suspensión del padrón de importadores.
El 26 de agosto de 2025, Portacelis demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) la restricción de su sello digital por parte del SAT, por la falta de reportes de controles volumétricos.
La empresa argumentó ante el tribunal que el SAT carecía de competencia para restringirle el certificado, y que no precisó bajo cuál supuesto legal se le consideraba obligada a enviar esos reportes.
La propia Portacelis reconoció en el transcurso del litigio que importaba diésel y que apenas estaba tramitando la licencia del software requerido para llevar los controles volumétricos; lo anterior, a pesar de que para entonces ya había realizado ciento de operaciones de importación del combustible por ferrotanques y buques.
La Sala Regional en Tabasco usó ese reconocimiento en su contra, declaró infundados los argumentos de Portacelis y confirmó la validez de las dos resoluciones del SAT.
Se apoyó, entre otros criterios, en jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida apenas en junio de 2025, que establece que restringir un sello digital no es una sanción sino una medida cautelar, y que su cancelación no afecta derechos sustantivos como la libertad de comercio.
Una consulta directa al Sistema de Recuperación de Certificados del SAT muestra que Portacelis ha tenido tres Certificados de Sello Digital desde su constitución, y que los tres fueron revocados el mismo día, el 27 de junio de 2025, por la causal del artículo 17-H Bis, la misma que confirmó el TFJA.
La empresa obtuvo una nueva firma electrónica (FIEL) el 17 de junio de 2026, vigente hasta 2030, lo que le permite realizar trámites y firmar documentos ante el SAT. Pero a diferencia de la FIEL, no aparece registrado ningún Certificado de Sello Digital activo a su nombre. Sin ese certificado, la empresa no puede timbrar comprobantes fiscales digitales (CFDI); es decir, no tiene forma legal de vender el combustible que importa.
El litigio por el sello digital es un procedimiento distinto de la suspensión de Portacelis del padrón de importadores, realizada el 1 de agosto de 2025. Aunque de fondo ambas suspensiones fueron por diferencias entre el volumen de diésel que la empresa declaraba en los pedimentos aduanales y el que realmente transportaban sus ferrotanques y buques, según las guías de embarque.
La huella del contador de Amílcar en los certificados
Cada certificado de firma electrónica (FIEL) que ha tenido Portacelis lleva asociada la CURP de la persona física que la tramitó. El análisis de los nueve certificados históricos de la empresa muestra que esa identidad cambió una sola vez, el 20 de enero de 2025.
Los certificados emitidos entre septiembre y diciembre de 2024 están vinculados a la CURP que corresponde a Juan Carlos de la Cruz Murillo, el contador de Amílcar Olán.
Un certificado está asociado además al correo [email protected], una dirección que remite a una empresa tabasqueña del giro de materiales de construcción y azulejos, propiedad de Amílcar Olán, para quien De la Cruz Murillo trabajaba desde 2018.
A partir del 20 de enero de 2025, todos los certificados posteriores quedaron vinculados a una CURP distinta, que corresponde a un joven residente en la Ranchería Ixtacomitán, localidad rural perteneciente al municipio tabasqueño de Centro. –sn–
Amílcar OlánConuslta el reportaje compleo en MCCI
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El Economista: #Marlaska y #Bruselas dicen que el #espacio #Schengen "no corre peligro" mientras #Italia se refuerza con 500 agentes de #aduanas
Sinô, mo mejor es que Italia salga del.espacio de Schegen... eso resolvería el problema.. 😅
www.eleconomista.es/economia/not...
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