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Morena eligió a Beatriz Mojica como coordinadora de la Transformación en Guerrero. La decisión la coloca como la principal figura del partido rumbo a la gubernatura de 2027. #Guerrero

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Morena elige a Beatriz Mojica como coordinadora en Guerrero rumbo a 2027

Morena eligió a Beatriz Mojica como coordinadora de la Transformación en Guerrero, con lo que se perfila como la principal carta del partido para competir por la gubernatura en 2027.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Beatriz Mojica Morga fue elegida este lunes como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Guerrero, una posición que la coloca como la principal figura del partido rumbo a la elección de gobernador de 2027.

La designación fue presentada por la dirigencia nacional de Morena durante un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Con esta decisión concluye la etapa interna en Guerrero, entidad que concentró uno de los grupos más numerosos de aspirantes a la coordinación estatal. Entre los perfiles que participaron estuvieron Esthela Damián Peralta, Abelina López Rodríguez, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Karen Castrejón Trujillo y Javier Saldaña Almazán, entre otros.

Beatriz Mojica encabeza el proyecto de Morena en Guerrero

La coordinación estatal representa la principal posición política dentro del proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la competencia por la gubernatura en 2027.

Aunque el nombramiento no constituye jurídicamente una candidatura, la designación coloca a Mojica en una posición de ventaja para convertirse posteriormente en la abanderada del partido, de acuerdo con la ruta interna establecida por Morena.

Mojica llegó al proceso después de solicitar licencia como senadora para participar en la definición interna de Morena. En junio informó su intención de competir por la gubernatura y posteriormente participó en el proceso para determinar a la persona que encabezaría la coordinación estatal.

Una definición con impacto rumbo a 2027

La decisión adquiere relevancia porque Guerrero será uno de los estados que renovarán gubernatura en las elecciones de 2027. Morena había previsto definir las coordinaciones estatales mediante procesos internos y encuestas, antes de avanzar hacia la selección formal de candidaturas.

Mojica cuenta con experiencia legislativa y política en Guerrero. Fue diputada federal, diputada local y senadora por la entidad. Antes de incorporarse a Morena desarrolló buena parte de su trayectoria en el Partido de la Revolución Democrática, organización a la que renunció en 2019.

La definición también reconfigura el escenario interno de Morena en Guerrero, donde distintos grupos políticos habían expresado su interés por encabezar el proyecto del partido para 2027. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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Ángel Aguirre ya enfrentaba señalamientos por Ayotzinapa; en 2023 acusó al Ejército de ocultarle información

Ángel Aguirre Rivero aseguró en 2023 que un mando militar le informó que los 43 normalistas de Ayotzinapa estaban en la escuela y que su desaparición era una invención. Hoy enfrenta un proceso por el caso.

Por Martín García | Reportero                                                                

El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero aseguró en septiembre de 2023 que el entonces comandante de la Novena Región Militar, Martín Cordero Luqueño, le informó dos días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que los estudiantes se encontraban en la Escuela Normal Rural y que los hechos de Iguala eran una invención.

La declaración cobra nueva relevancia tras la detención de Aguirre el 6 de agosto de 2026 por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con el caso Ayotzinapa. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ordenado ocultar o destruir material videográfico considerado relevante para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Actualmente, Aguirre se encuentra sujeto a prisión preventiva y enfrenta un proceso por delitos relacionados con la investigación del caso. Su defensa ha rechazado las acusaciones y el exmandatario había negado previamente cualquier participación en la destrucción de videos.

¿Qué dijo Aguirre sobre el Ejército y los 43 normalistas?

En declaraciones realizadas el 17 de septiembre de 2023, después de un homenaje al exgobernador Alejandro Cervantes Delgado, Aguirre sostuvo que el Ejército no le proporcionó información oportuna sobre los acontecimientos de Iguala.

Según su versión, Cordero Luqueño le comunicó dos días después de los ataques que los estudiantes estaban en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla, y que la desaparición reportada en Iguala era una supuesta invención.

Aguirre calificó esa información como falsa y cuestionó que el gobernador no hubiera recibido información en tiempo real sobre los acontecimientos, pese a que, según afirmó, el Ejército tenía control del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) de Iguala.

La acusación de Aguirre coincide parcialmente con señalamientos contenidos en informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En su informe sobre el caso, el grupo documentó que elementos de inteligencia militar tuvieron acceso a información transmitida en tiempo real sobre los ataques y señaló inconsistencias en versiones proporcionadas por integrantes del Ejército.

Aguirre cuestionó la actuación militar

El entonces gobernador también afirmó que las autoridades estatales estuvieron marginadas de la investigación y que no tuvieron acceso completo al expediente.

En aquella entrevista sostuvo que las madres y los padres de los 43 estudiantes tenían razones para exigir una investigación de fondo sobre la actuación del Ejército. También manifestó su disposición para continuar colaborando con la investigación y recordó que había comparecido en varias ocasiones ante la Fiscalía especial encargada del caso.

Aguirre señaló además a Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como uno de los funcionarios que, según su versión, pretendió involucrarlo a él y al exprocurador estatal Iñaki Blanco Cabrera con la delincuencia organizada.

El exgobernador había dejado el cargo en octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El caso Ayotzinapa y la información del C4

La participación del Ejército y el acceso de autoridades militares a información generada durante los ataques se mantiene como uno de los puntos controvertidos de la investigación.

El GIEI documentó que integrantes del Ejército tuvieron acceso a información del C4 y que existían registros sobre los ataques a los estudiantes. El organismo también señaló inconsistencias en declaraciones de militares sobre sus movimientos y conocimiento de los hechos.

La investigación federal también ha seguido otras líneas relacionadas con material videográfico de las cámaras de seguridad de Iguala. En 2026, la FGR retomó esa evidencia como parte de las indagatorias que derivaron en la detención de Aguirre.

Sin embargo, existen versiones encontradas sobre el destino y manejo de algunos de esos videos. Una investigación publicada este domingo señala que documentos de la entonces Procuraduría General de la República registran copias de material videográfico desde 2014, lo que plantea interrogantes sobre la versión actual de la Fiscalía respecto del supuesto ocultamiento de las grabaciones.

¿Qué ha ocurrido con el caso Ayotzinapa?

La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala continúa sin una explicación judicial definitiva sobre el paradero de todos los jóvenes.

Durante los últimos años se han incorporado nuevas declaraciones, documentos, archivos militares, información telefónica y evidencia proveniente de investigaciones realizadas en México y Estados Unidos. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la unidad especial de la FGR han mantenido distintas líneas de investigación.

En este contexto, las declaraciones que Aguirre realizó en 2023 adquieren una nueva dimensión: quien entonces acusaba al Ejército de haberle ocultado información ahora enfrenta una investigación federal en la que la Fiscalía sostiene que, durante su gobierno, se habría ordenado ocultar evidencia relacionada con los hechos.

La acusación, no obstante, deberá ser acreditada ante un juez y Aguirre conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial. –sn–

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