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  1. Suprema Corte atrae caso de María Elena Ríos por ataque con ácido

    La Suprema Corte revisará cinco amparos del caso de María Elena Ríos para determinar si fue legal anular el juicio oral que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal y a otros dos acusados en 2024.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraerá cinco amparos relacionados con el caso de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019, para revisar la legalidad de la anulación del juicio oral que absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal y a otros dos acusados en agosto de 2024.

    La decisión, aprobada por siete votos contra uno durante la sesión del Pleno de este lunes 19 de octubre, coloca nuevamente el proceso penal bajo el análisis del máximo tribunal del país. El asunto plantea cuestiones sobre el debido proceso, la validez de las resoluciones judiciales y el acceso a la justicia para las víctimas de violencia de género.

    La solicitud fue impulsada por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, después de que una petición anterior para atraer el caso fuera rechazada en mayo de 2026.

    ¿Qué revisará la Suprema Corte en el caso de María Elena Ríos?

    El punto central consiste en determinar si fue legal que un juez sustituto dejara sin efectos la absolución y ordenara reponer el juicio oral, luego de que el juzgador que había presenciado las audiencias fuera suspendido antes de concluir formalmente el procedimiento.

    La discusión jurídica involucra el principio de inmediación, que establece que el juzgador debe tener contacto directo con las pruebas y las actuaciones presentadas durante el juicio. La Corte analizará los alcances de este principio y las atribuciones de un juez sustituto ante las circunstancias que rodearon el caso.

    El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó que el asunto requiere examinar las consecuencias jurídicas de sustituir al juzgador después de la audiencia de juicio oral y determinar si esa circunstancia justificaba anular el procedimiento.

    La intervención de la SCJN no significa que los acusados hayan sido declarados culpables ni inocentes. El tribunal deberá estudiar los amparos y elaborar un proyecto de resolución para someterlo a discusión y votación del Pleno.

    ¿Por qué la Corte decidió atraer el caso?

    Durante la sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf argumentó que el caso tiene especial relevancia por la gravedad de la agresión y sus implicaciones para la impartición de justicia.

    La ministra sostuvo que la intervención del máximo tribunal puede contribuir a precisar las reglas aplicables cuando un juez es sustituido después de presenciar un juicio oral, así como las condiciones necesarias para garantizar el debido proceso y el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de violencia de género.

    La decisión se produjo después de que la solicitud presentada en mayo de 2026 no alcanzara los votos necesarios para que la Corte conociera directamente del asunto.

    El ataque con ácido contra María Elena Ríos

    María Elena Ríos fue atacada el 9 de septiembre de 2019 en su domicilio, en Oaxaca. La agresión con ácido sulfúrico le provocó quemaduras graves y lesiones que pusieron en riesgo su vida.

    La saxofonista señaló a su expareja, Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como presunto autor intelectual del ataque.

    Vera Carrizal fue vinculado a proceso en 2020 por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa. En agosto de 2024, él y otros dos acusados fueron absueltos en un juicio oral; posteriormente, esa determinación fue anulada, lo que abrió una nueva disputa judicial sobre la validez del procedimiento. –sn–

    Sociedad Noticias

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  2. Opinión | Jorge Santa Cruz | Patton tuvo razón

    Las advertencias del general estadounidense George S. Patton sobre la expansión soviética vuelven al debate ante los preparativos militares de Alemania frente a un posible ataque ruso.

    Por Jorge Santa Cruz                                   

    La capitulación incondicional de Alemania que puso fin a la Segunda Guerra Mundial se firmó en la madrugada del 8 de mayo de 1945, en la sede del mando soviético en Karlshorst, Berlín.

    Horas más tarde, el comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos, George S. Patton Jr, hacía ver a sus superiores que sería un grave error dejar viva a la Unión Soviética, jefaturada en ese entonces por José Stalin.

    Aquel 8 de mayo de 1945, Patton le propuso al general Joseph T. MacNarney, vicecomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, rearmar a las divisiones alemanas que habían capitulado para que expulsaran al Ejército Rojo de Europa central. El subsecretario de guerra de Estados Unidos, Robert P. Patterson, atestiguó el diálogo entre Patton y MacNarney.

    —¿Qué le diría yo a la opinión pública de los Estados Unidos si se diera la guerra con la Unión Soviética? —inquirió MacNarney a Patton con voz severa.

    —Diles la verdad: que tarde o temprano tendremos que luchar contra ellos. Si lo hacemos ahora, que tenemos un ejército fuerte e intacto y a los alemanes de nuestro lado, será mucho más fácil —respondió Patton.

    MacNarney y Patterson respondieron con un rotundo no y tomaron nota de la postura de Patton.

    Pasaron las semanas y el 21 de julio de 1945, mientras los aliados discutían en Potsdam el reparto de Alemania y de Europa, el general Patton (gobernador militar de Baviera, en ese momento) le escribía a su esposa Beatrice una carta en la que reprobaba la complicidad de su gobierno, presidido por Harry Salomon Truman, con el comunismo soviético:

    Yo me sorprendo de lo que dirían los muertos cuando supieran que, por primera vez en siglos, nosotros hemos abierto la Europa central y occidental a las fuerzas de Gengis Kahn. Yo me pregunto cómo se sentirían ellos al saber que no habrá paz en nuestros tiempos y que los americanos, aun los no nacidos todavía, tendrán que pelear con los soviéticos mañana, o diez, quince o vente años a partir de mañana.

    Patton estaba consciente de que la destrucción del pueblo alemán —ordenada por Truman y Churchill para complacer a Stalin— solo podía beneficiar a la revolución mundial marxista-leninista. Por eso, le escribió a su esposa Beatrice en otra parte del referido texto lo siguiente:

    Hemos destruido lo que podría haber sido una buena raza y estamos a punto de reemplazarla con salvajes mongoles y a toda Europa, con el comunismo.

    Menos de un mes después, Patton visualizó en toda su magnitud la traición a Occidente. El 18 de agosto de 1945, pocos días después de los bombardeos atómicos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el general le compartió a su esposa una legítima preocupación:

    Rusia sabe lo que quiere: la dominación mundial, y está trazando sus planes en consecuencia. Nosotros, por el contrario […], no sabemos lo que queremos y no obtenemos nada como resultado.

    El 22 de septiembre de aquel 1945, Patton decidió cimbrar las estructuras políticas y militares de los Estados Unidos al decir que los alemanes tenían que afiliarse al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán como los estadounidenses tenían que hacerlo al Partido Demócrata o al Partido Republicano.

    Ese mismo día, envío otra reveladora carta a su esposa Beatrice que, en su parte medular, recalcaba lo siguiente:

    Lo único que no pude decir entonces, y que aún no puedo decir, es que mi interés principal en restablecer el orden en Alemania era evitar que Alemania se volviera comunista. Me temo que nuestra insensata y completamente absurda política […] provocará que se unan a los rusos y, con ello, se asegure un Estado comunista en toda Europa Occidental.

    Poco faltó para que ello ocurriera. A Stalin le entregaron media Alemania y la parte oriental de Europa. La denuncia de Patton le costó el cargo de gobernador militar de Baviera, su confinamiento en un puesto militar burocrático y… la muerte debido a un extraño accidente automovilístico en diciembre de 1945.

    Las décadas han pasado. La Unión Soviética dejó de existir con ese nombre en diciembre de 1991 y, después de un periodo de frivolidad que consolidó a las mafias rusas, tomó el poder un exagente de la policía política soviética, la KGB, de nombre Vladimir Putin, cuya carrera se había consolidado en la Alemania comunista.

    Han pasado 81 años desde las advertencias de Patton, las cuales, sin embargo, están absolutamente vigentes. La periodista de cadena alemana Deutsche Welle (DW), Nina Werkhäuser, confirmó el pasado 30 de septiembre que Alemania tiene un plan secreto para enfrentar un posible ataque ruso.

    Werkhäuser inició su reportaje de la siguiente manera:

    Un barrio residencial de Hamburgo a medianoche. Las calles están tranquilas y desiertas. De repente, surge un estruendo: varios helicópteros sobrevuelan el cielo nocturno y las luces azules iluminan la oscuridad.

    Una larga caravana de vehículos recorre las calles. Sobre los vehículos blindados de la Bundeswehr , el ejército alemán, hay soldados con ametralladoras. Para los vecinos, una escena inusual, tal vez incluso aterradora, en esta localidad, por lo demás tan pacífica.

    Se trata del operativo Red Storm Charlie, cuyo propósito principal es verificar qué tan bien preparados están las fuerzas armadas unificadas de Alemania (Bundeswehr), la policía y lasorganizaciones civiles involucradas en la respuesta a un eventual ataque ruso:

    En el puerto de Hamburgo, el más grande de Alemania, desembarcan tropas de la OTAN, representadas durante el ejercicio por soldados de la Bundeswehr. Posteriormente, se desplazan a través de la ciudad hanseática hacia el este. Actos de sabotaje y manifestaciones, que también forman parte del escenario, obstaculizan el avance. Con alrededor de 1.700 participantes, entre ellos 500 soldados, este ejercicio (del 24 al 26 de septiembre de 2026) es el más grande de este tipo hasta la fecha.

    Este ejercicio militar defensivo, contra lo que pudiera pensarse, no se llevó a cabo solo por Alemania para Alemania, sino para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Regresamos al reportaje de DW:

    «Red Storm Charlie» forma parte de un plan secreto: el Plan de Operaciones Alemania. Con este documento, la Bundeswehr se prepara para un posible ataque de Rusia contra el territorio de la OTAN. El Plan de Operaciones Alemania se integra en los planes de defensa más amplios de la OTAN.

    En un escenario de guerra o crisis, no solo la ciudad portuaria de Hamburgo, sino toda Alemania desempeñaría un papel especial: el de un centro logístico para cientos de miles de soldados de la OTAN, armas y equipo pesado. «Se trata de un proyecto muy detallado y de alto secreto, que establece exactamente dónde deberían desembarcar los aliados de la OTAN en Alemania, en particular en qué puertos, y qué rutas serían necesarias para el tránsito a través de Alemania», explica a DW la experta en seguridad Aylin Matlé, de la Sociedad Alemana de Política Externa (DGAP).

    Son las consecuencias de la traición de la camarilla masónica jefaturada en 1945 por Truman y Churchill, con la aquiesencia del comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, Dwight David Eisenhower.

    Como se puede apreciar a simple vista, Patton tuvo razón, con la agravante de que la Europa de hoy renunció a su identidad cristiana y a sus valores occidentales. Europa lo es de nombre, no de esencia.

    El jurista mexicano Oscar Méndez Oceguera lo explicó así en los albores de este año (2 de enero de 2026) en Periodismo Sin Compromisos:

    Europa no atraviesa una crisis coyuntural ni una suma de disfunciones sectoriales. Europa atraviesa una rebelión ontológica. Lo que en 2026 se manifiesta como fragilidad estratégica, colapso demográfico, hipertrofia normativa, dependencia militar, fatiga económica, fragmentación cultural y agotamiento espiritual no son fenómenos autónomos, sino síntomas convergentes de una misma causa: la ruptura consciente y prolongada con el orden objetivo del ser, con la ley natural y con la jerarquía real de los fines que durante siglos dieron forma inteligible a la vida europea y a su orden político, jurídico y social.

    Es absolutamente válida, pues, la hipótesis de que la reingeniería social impuesta por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial es una causal importante de la actual crisis europea; otra, es que esos vencedores permitieron que la Unión Soviética se constituyera en una potencia mundial.

    Cuando la Unión Soviética desapareció en 1991, las potencias occidentales le dieron tiempo otra vez para que se rearmara.

    Hoy, lo previsible y lógico es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consume el abandono de Europa para beneplácito de Putin.

    * Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

    Columna anterior: «Estamos fregados»: empleada de una farmacia del IMSS

    (El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

    El periodista Jorge Santa Cruz

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  3. Sheinbaum niega dar instrucciones a la Suprema Corte; antecedentes incluyen llamados a revisar a jueces

    Claudia Sheinbaum negó intervenir en las decisiones de la Suprema Corte. Sus llamados sobre prestaciones de ministros, revisión de juzgadores y litigios fiscales forman parte de los antecedentes del debate sobre la autonomía judicial.

    Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

    La presidente Claudia Sheinbaum Pardo negó dar instrucciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y afirmó que hacerlo sería ilegal, al rechazar que su administración intervenga en las decisiones del máximo tribunal del país.

    “No, pero no le doy instrucciones yo a la Corte. Pues estaría muy mal, sería ilegal”, respondió durante su conferencia matutina, en la que defendió la autonomía del Poder Judicial y sostuvo que la coordinación entre poderes no implica controlar sus resoluciones.

    Sin embargo, sus declaraciones se producen en un contexto de pronunciamientos públicos sobre las prestaciones de los ministros, la actuación de jueces y la revisión de resoluciones judiciales, asuntos que mantienen abierto el debate sobre los límites entre la posición política del Ejecutivo y la independencia de los órganos jurisdiccionales.

    Sheinbaum pide reducir prestaciones de ministros

    El 8 de septiembre de 2026, Sheinbaum planteó que los integrantes de la nueva SCJN todavía podrían reducir algunas de sus prestaciones, entre ellas los beneficios relacionados con la telefonía celular.

    Durante esa conferencia, presentó una comparación entre las percepciones y prestaciones de los ministros anteriores y los actuales, que incluyó salarios, seguros, vehículos y gastos de telefonía.

    “Teléfonos celulares, había varios, un equipo por Ministro. Todavía le podrían bajar un poquito, eh. Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”, expresó.

    La mandataria ha sostenido que la reducción de privilegios y el principio de austeridad deben orientar el uso de recursos públicos en las instituciones del Estado.

    El 19 de agosto también cuestionó la posibilidad de que los ministros recuperaran seguros de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto público.

    “No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios”, afirmó, al plantear que los funcionarios podían recurrir a las instituciones públicas de salud o cubrir sus pólizas privadas con recursos propios.

    Los llamados al Tribunal de Disciplina Judicial

    Otro antecedente corresponde a las solicitudes públicas de la presidente para que el Tribunal de Disciplina Judicial, creado a partir de la reforma judicial de 2024, revise la actuación de juzgadores ante posibles irregularidades.

    El 16 de julio, Sheinbaum pidió a ese órgano revisar un caso relacionado con el desempeño de un juez.

    “Y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez”, manifestó.

    Seis días después, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sostuvo que el tribunal debía intervenir ante posibles irregularidades en la concesión de suspensiones relacionadas con asuntos de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

    “Claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, señaló la funcionaria, quien también reconoció que desconocía si existían investigaciones abiertas sobre los casos mencionados.

    Estos pronunciamientos se refieren a la revisión de conductas judiciales por el órgano competente. Por sí mismos, no acreditan que el Ejecutivo haya impartido instrucciones a la SCJN sobre el sentido de sus sentencias. –sn–

    Pleno de la SCJN

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  4. Marchas y concentraciones en Cdmx: 12 movilizaciones podrían afectar vialidades este lunes 12 de octubre

    Consulta las marchas, concentraciones y protestas previstas en Cdmx este lunes 12 de octubre, con horarios, ubicaciones, demandas y posibles afectaciones viales en varias alcaldías.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    Las marchas y concentraciones previstas para este lunes 12 de octubre podrían generar afectaciones viales en distintas zonas de la Cdmx, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Gustavo A. Madero. Entre las movilizaciones figuran protestas sindicales, exigencias de justicia, demandas de pueblos indígenas y actividades relacionadas con derechos humanos.

    La movilización con mayor asistencia estimada es la del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuyos integrantes tienen previsto salir a las 08:00 horas de su sede en la colonia Tabacalera rumbo al Zócalo capitalino. El contingente contempla alrededor de 2 mil 500 participantes.

    También se prevén concentraciones ante la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Cámara de Diputados, además de actividades en juzgados, instalaciones de la Fiscalía capitalina y otros puntos de la ciudad.

    Marchas en Cdmx: horarios, rutas y demandas

    08:00 horas | Sindicato Mexicano de Electricistas

    La movilización partirá de Antonio Caso número 45, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo capitalino.

    Los participantes exigirán la reinserción laboral de trabajadores del SME y el respeto a los derechos adquiridos de los jubilados de Luz y Fuerza del Centro. Se estima una asistencia de 2 mil 500 personas, con la posibilidad de que se incorporen otras organizaciones sociales y sindicales.

    11:00 horas | Unidad Nacional Independiente en Resistencia

    Integrantes de esta organización tienen previsto salir del Ángel de la Independencia rumbo a la sede de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez.

    Con un aforo estimado de 800 personas, demandarán el cumplimiento de acuerdos de su Mesa Nacional de Trabajo, la presentación con vida de personas desaparecidas, justicia por integrantes asesinados y condiciones de seguridad y autonomía para el pueblo triqui. También exigirán la liberación de quienes consideran presos políticos o injustamente encarcelados.

    Concentraciones frente a la SCJN y la Cámara de Diputados

    10:00 horas | Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

    La organización realizará una conferencia política en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

    La actividad se desarrollará en el contexto del primer aniversario del movimiento y del Día de la Resistencia Indígena. Entre los asuntos previstos están la criminalización de la protesta social, la desaparición forzada, el intervencionismo y la lucha por el socialismo.

    Se calcula la asistencia de 40 personas.

    11:00 horas | Asamblea Popular Resistencia Atlitic

    Integrantes de la Asamblea Popular Resistencia Atlitic A. C. se concentrarán frente a la Cámara de Diputados, en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

    Manifestarán su rechazo al proceso de consulta y al contenido de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La organización argumenta que existen insuficiencias en el diálogo y posibles riesgos para la autonomía territorial.

    El aforo previsto es de 60 personas. No se descarta la incorporación de otras organizaciones indígenas y afromexicanas ni afectaciones a la circulación.

    Protestas por justicia y derechos humanos

    11:45 horas | Colectiva Las Tonantzin

    La colectiva tiene programada una concentración en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Dr. Lavista número 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

    Además, durante el día prevé actividades en los Juzgados Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en Jaime Nunó número 155, colonia Chalma de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero.

    Las participantes exigirán justicia para mujeres víctimas de violencia y que los presuntos responsables sean juzgados conforme a la ley. Se estima una asistencia de 35 personas.

    18:30 horas | Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes

    Integrantes de esta organización acudirán a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Grupos de Atención Prioritaria, ubicada en Dr. Liceaga número 93, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

    El grupo denunciará presuntos actos de violencia y odio relacionados con la diversidad, que afirma ocurrieron durante una protesta realizada el 9 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc.

    También exigirá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar los hechos y evitar que queden impunes. El aforo estimado es de 80 personas.

    Jornada indígena y actividades culturales

    16:00 horas | Movimiento Indígena de la Ciudad de México

    La organización realizará la jornada político-cultural “¡Nunca más una ciudad sin los pueblos indígenas!”, en la calle Fray Pedro de Gante, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

    La actividad busca reivindicar los derechos y la presencia de los pueblos indígenas en la capital, en el contexto de la conmemoración de más de 500 años de resistencia indígena.

    Se prevé la participación de aproximadamente 60 personas, con posible incorporación de otras organizaciones, entre ellas el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas-Movimiento Nacional.

    Plataforma 4:20 realizará actividades en tres alcaldías

    12:00 horas | Jornada itinerante de derechos cannábicos

    La Plataforma 4:20 tiene programadas actividades simultáneas en tres puntos de la capital:

    • Cuauhtémoc: Monumento a la Madre, en el cruce de avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín.
    • Benito Juárez: avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.
    • Gustavo A. Madero: avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

    Las actividades contemplan recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis.

    El aforo conjunto estimado es de 45 personas.

    Otras concentraciones previstas para este lunes

    17:00 horas | Protesta por el impuesto predial en Benito Juárez

    Vecinos de la alcaldía Benito Juárez se reunirán en el Teatro María Tereza Montoya, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas número 912, colonia Segunda del Periodista.

    La protesta será contra el aumento del costo del impuesto predial. Se calcula una participación de 30 personas.

    17:00 horas | Demanda de docentes en Milpa Alta

    Padres de familia y estudiantes del Instituto de Educación Media Superior, plantel Milpa Alta “Emiliano Zapata”, iniciarán una mesa de trabajo con autoridades en las instalaciones del plantel, ubicado en Temixco número 151, colonia Santa Ana Tlacotenco.

    El grupo solicitará que se complete la plantilla docente. La asistencia estimada es de 20 personas.

    ¿Qué vialidades podrían registrar afectaciones?

    Las movilizaciones pueden ocasionar interrupciones temporales, reducción de carriles y complicaciones para el transporte público y privado, especialmente en las zonas cercanas a los puntos de reunión y en los trayectos de las marchas.

    Las áreas donde conviene prever posibles retrasos son:

    • Centro Histórico y Zócalo: por la marcha del SME, la conferencia política y las actividades de organizaciones indígenas.
    • Paseo de la Reforma: por la salida de la Unidad Nacional Independiente en Resistencia desde el Ángel de la Independencia.
    • Colonia Doctores: por las concentraciones en juzgados y en instalaciones de la Fiscalía capitalina.
    • Venustiano Carranza: por la protesta frente a la Cámara de Diputados.
    • Benito Juárez y Gustavo A. Madero: por las actividades itinerantes de la Plataforma 4:20 y las concentraciones programadas en esas demarcaciones.

    Las rutas, los horarios y la asistencia pueden cambiar durante el día. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, considerar vías alternas y consultar los reportes de tránsito de las autoridades. –sn–

    Pintas en manifestacion

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  5. Detienen en Metepec a cinco personas por presunta extorsión y suplantación de funcionarios

    Cinco personas fueron detenidas en Metepec, Estado de México, por su probable participación en una red de extorsión que presuntamente suplantaba a funcionarios para obtener dinero, empleos y contratos.

    Por Martín García | Reportero                                      

    Cinco personas, entre ellas un exfuncionario de Michoacán, su esposa, dos de sus hijos y un escolta, fueron detenidas en Metepec, estado de México, por su probable participación en delitos de extorsión y en investigaciones relacionadas con la presunta suplantación de funcionarios públicos.

    La detención fue realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los detenidos fueron identificados como Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”.

    https://twitter.com/SociedadN_/status/2108205324922429724?s=20

    De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría utilizado identidades de funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el gobierno del Estado de México para contactar a políticos, servidores públicos y empresarios y solicitarles dinero, favores laborales o contratación de servicios.

    Así operaba la presunta red de extorsión

    Las investigaciones de la FGJEM permitieron establecer que los integrantes del grupo buscaban generar confianza mediante información obtenida de sus propias víctimas.

    El contacto se realizaba mediante llamadas telefónicas o mensajes enviados a números personales que, según la investigación, habrían obtenido a través de una red de relaciones construida durante años en el servicio público.

    Una vez establecida la comunicación, los implicados presuntamente obtenían datos personales y confidenciales, así como información relacionada con dependencias, funcionarios, actividades políticas y operaciones económicas.

    Con esos datos, posteriormente podían hacerse pasar por personas con cargos públicos o utilizar nombres de funcionarios para dar credibilidad a sus solicitudes.

    Uno de los mecanismos identificados consistía en presentarse como secretarios particulares de políticos o funcionarios de alto nivel. Bajo ese argumento, solicitaban información de contacto para supuestamente establecer una comunicación posterior con el funcionario.

    En una segunda etapa, la víctima recibía una llamada o mensaje de quien supuestamente ocupaba un cargo de alto nivel. La solicitud podía consistir en entregar dinero para una operación política, agilizar pagos, incorporar a una persona a una estructura administrativa o contratar servicios de determinada persona física o empresa.

    Exfuncionario de Michoacán, entre los detenidos

    Luis “N” habría ocupado los cargos de Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, además de desempeñar otras funciones dentro de administraciones públicas de distintos niveles de gobierno.

    Según la información proporcionada por las autoridades, esa trayectoria le habría permitido conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el gobierno federal.

    Las autoridades también señalaron que Luis “N” cuenta con antecedentes por el delito de peculado y que fue inhabilitado en Michoacán.

    La investigación sostiene que el inmueble utilizado como centro de operaciones se encontraba dentro del fraccionamiento La Providencia, en Metepec.

    Presunta suplantación de funcionarios

    La investigación apunta a que la información obtenida mediante los contactos personales habría sido utilizada para hacerse pasar por funcionarios o personas cercanas a ellos.

    La estrategia buscaba aprovechar la confianza que generan los nombres y cargos públicos para solicitar recursos económicos, favorecer contrataciones o intervenir en decisiones administrativas.

    Las autoridades atribuyen a los detenidos una probable participación en este esquema, aunque su situación jurídica deberá ser determinada por la autoridad judicial correspondiente.

    La SSPC y la FGJEM mantienen las investigaciones para establecer el alcance de la red, identificar a otras posibles víctimas y determinar si existen más personas relacionadas con las operaciones atribuidas al grupo. –sn–

    Sociedad Noticias

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  6. Ministro Arístides Guerrero incorpora a enfermera a su ponencia

    El ministro Arístides Guerrero García incorporó a Johana Karina Patiño Vázquez como oficial de servicios en su ponencia de la SCJN. La trabajadora, licenciada en Enfermería, ingresó en octubre de 2025, tras el accidente automovilístico del ministro.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Rodrigo Guerrero García, tiene en su ponencia a Johana Karina Patiño Vázquez, licenciada en Enfermería, quien ocupa desde octubre de 2025 una plaza de oficial de servicios dentro del máximo tribunal.

    La incorporación de Patiño Vázquez fue reportada por el diario digital LatinUs, que señaló que la trabajadora de la salud auxilia al ministro en su proceso de rehabilitación tras el accidente automovilístico que sufrió en agosto de 2025.

    La información disponible en los registros oficiales de la SCJN confirma que Patiño Vázquez forma parte de la ponencia de Guerrero García y ocupa la plaza 5342, con el puesto de oficial de servicios. La estructura ocupacional publicada por la Corte con corte al 31 de octubre de 2025 ya la incluía en esa posición.

    Ingresó a la Corte en octubre de 2025

    De acuerdo con la información difundida por Latinus, Patiño Vázquez es licenciada en Enfermería por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y anteriormente trabajó en el Hospital Ángeles Metropolitano, donde Guerrero García recibió atención médica después del accidente.

    El accidente ocurrió el 22 de agosto de 2025, cuando Guerrero García circulaba por calles de la Cdmx. El entonces ministro electo sufrió fracturas en las costillas y la nariz y posteriormente inició un proceso de rehabilitación.

    Durante su toma de protesta ante el Senado, Guerrero García acudió en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno. En las primeras sesiones de la nueva integración de la Corte participó de manera virtual.

    Su incorporación presencial a las sesiones del Pleno ocurrió el 14 de octubre de 2025, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.

    La plaza aparece en registros oficiales

    Los documentos de transparencia de la SCJN permiten confirmar que Patiño Vázquez pertenece a la estructura de la ponencia de Guerrero García.

    En el directorio público de la Corte aparece actualmente como Oficial de Servicios adscrita a la ponencia del ministro.

    La documentación oficial, sin embargo, identifica el cargo y la adscripción laboral, pero no establece en su descripción funcional que la plaza tenga como objetivo brindar atención de enfermería al ministro.

    La información sobre su participación en la rehabilitación de Guerrero García corresponde al reporte periodístico de Latinus, que atribuye esos datos a información obtenida durante su investigación. –sn–

    Arístides Rodrigo Guerrero García

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  7. Mario Vázquez cuestiona a la SCJN por invalidar sanciones electorales contra intervención del crimen en Chihuahua

    El senador Mario Vázquez cuestionó la resolución de la SCJN que invalidó disposiciones electorales de Chihuahua relacionadas con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El senador Mario Vázquez Robles cuestionó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó disposiciones de la legislación electoral de Chihuahua relacionadas con sanciones a candidaturas beneficiadas por actos de delincuencia organizada.

    La decisión del máximo tribunal dejó sin efecto, entre otras medidas, la pérdida de registro o cancelación de candidaturas vinculadas con actos de violencia, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida que incidieran en un proceso electoral. La Corte consideró que esas sanciones no permitían individualizar adecuadamente la responsabilidad y vulneraban el principio de proporcionalidad.

    Vázquez sostuvo que Chihuahua buscaba establecer mecanismos para evitar que recursos, violencia o intervención del crimen organizado influyeran en los resultados electorales. El senador afirmó que el estado deberá mantener la defensa de sus procesos democráticos y de la voluntad ciudadana.

    Mario Vázquez defiende reforma electoral de Chihuahua

    El legislador por Chihuahua cuestionó que, en lugar de replicar medidas de protección electoral en otras entidades, se haya recurrido ante la SCJN para impugnar la reforma aprobada por el Congreso estatal.

    Las acciones de inconstitucionalidad contra las modificaciones electorales fueron promovidas, entre otros actores, por Morena, además de una minoría legislativa del Congreso de Chihuahua y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El asunto fue resuelto por la SCJN mediante las acciones de inconstitucionalidad 96/2026 y sus acumuladas 97/2026, 99/2026 y 103/2026.

    Vázquez afirmó que el debate debe centrarse en la necesidad de preservar elecciones libres de interferencias criminales y en la responsabilidad que corresponda a quienes participen directamente en conductas ilícitas.

    ¿Qué resolvió la Suprema Corte?

    La SCJN invalidó las disposiciones que establecían determinadas sanciones para candidaturas o personas beneficiadas por actos de delincuencia. De acuerdo con la resolución reportada, el Pleno consideró que el beneficio obtenido por una candidatura a consecuencia de actos realizados por terceros no puede generar por sí mismo responsabilidad administrativa sin una base de imputación personal.

    El fallo también abordó otros aspectos de la reforma electoral de Chihuahua. Entre ellos, ordenó armonizar la legislación estatal con la Constitución federal respecto de la causal de nulidad relacionada con actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

    Ante la resolución, Vázquez sostuvo que Chihuahua debe continuar defendiendo sus procesos electorales y afirmó que la determinación judicial no modifica, desde su perspectiva, la exigencia de contar con elecciones limpias. –sn–

    Sociedad Noticias

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  8. La Luz del Mundo; historia, poder político y escándalos

    La Luz del Mundo surgió en Guadalajara y construyó una organización religiosa con presencia internacional. Su historia está marcada por el liderazgo de la familia Joaquín, su influencia política y los procesos judiciales contra Naasón Joaquín García.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Iglesia del Dios Vivo Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo, es una organización religiosa de origen mexicano fundada en Guadalajara, Jalisco, en 1926 por Eusebio Joaquín González, conocido como Aarón.

    La agrupación surgió durante un periodo de fuertes tensiones entre el Estado mexicano y la Iglesia católica. La Guerra Cristera había evidenciado el conflicto entre las instituciones religiosas y el gobierno federal, mientras que distintos movimientos protestantes y evangélicos ampliaban su presencia en el país.

    Eusebio Joaquín González comenzó a predicar una doctrina cristiana restauracionista. Según la propia organización, recibió una revelación divina que lo llevó a fundar una nueva comunidad religiosa. Sus seguidores sostienen que la iglesia recuperó la doctrina original del cristianismo y que sus dirigentes poseen una autoridad espiritual especial.

    Eusebio Joaquín González

    Con el paso de las décadas, La Luz del Mundo dejó de ser una congregación concentrada en Guadalajara y desarrolló una estructura internacional. La organización afirma tener presencia en decenas de países y millones de seguidores, aunque las cifras de membresía han sido cuestionadas y no existe un padrón independiente que permita verificar plenamente sus estimaciones.

    De Aarón Joaquín a Samuel Joaquín

    Eusebio Joaquín González dirigió la iglesia hasta su muerte, en 1964. Después asumió el liderazgo su hijo, Samuel Joaquín Flores, quien encabezó la organización durante casi 50 años.

    Samuel Joaquín consolidó la expansión internacional de La Luz del Mundo y convirtió a Guadalajara en el principal centro de operaciones de la agrupación. Bajo su dirección se construyó la colonia Hermosa Provincia, ubicada al oriente de la ciudad, concebida como una comunidad religiosa con identidad propia.

    El complejo religioso cuenta con el templo conocido como el Templo Mayor, uno de los edificios más representativos de la organización. Cada agosto, miles de fieles se congregan en Guadalajara para celebrar la llamada Santa Convocación, considerada la principal festividad anual de La Luz del Mundo.

    La muerte de Samuel Joaquín, el 8 de diciembre de 2014, abrió paso a una nueva etapa. Su hijo, Naasón Joaquín García, fue presentado como el tercer apóstol de la iglesia y asumió la dirección mundial de la organización.

    Naasón Joaquín y la crisis internacional

    El liderazgo de Naasón Joaquín García marcó uno de los periodos más controvertidos en la historia de La Luz del Mundo.

    En junio de 2019, autoridades de California, Estados Unidos, detuvieron al dirigente religioso bajo acusaciones relacionadas con abuso sexual de menores, tráfico de personas y producción de material de abuso sexual infantil. La investigación involucró también a otras personas cercanas a la estructura de la iglesia.

    Eusebio Joaquín González

    Naasón Joaquín se declaró inocente inicialmente. En 2022, sin embargo, se declaró culpable en California de un cargo relacionado con abuso sexual de una menor. Fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión.

    El caso provocó una ruptura en la imagen pública de la organización. Durante décadas, La Luz del Mundo había construido una narrativa de disciplina moral, crecimiento social y defensa de la libertad religiosa. El proceso penal contra su máximo dirigente colocó a la agrupación bajo escrutinio internacional.

    La iglesia ha sostenido que el caso judicial no representa a todos sus integrantes y que sus actividades religiosas continúan. No obstante, la figura de Naasón Joaquín permanece en el centro de las controversias sobre la concentración del poder espiritual y la relación entre autoridad religiosa, obediencia y comunidad.

    Una estructura religiosa con fuerte identidad interna

    La Luz del Mundo sostiene una interpretación propia del cristianismo. Reconoce la Biblia como fundamento doctrinal, pero otorga un papel central a la figura del apóstol, considerado por sus fieles como el enviado de Dios para conducir a la iglesia.

    La organización mantiene una estructura jerárquica. Las congregaciones locales dependen de ministros y supervisores que responden a niveles superiores de dirección. La autoridad espiritual del dirigente principal ocupa un lugar central en la vida religiosa de sus miembros.

    Entre sus prácticas se encuentran cultos diarios, reuniones de oración, celebraciones religiosas y normas de conducta que regulan aspectos de la vida cotidiana. La comunidad promueve la participación de sus integrantes en actividades educativas, laborales, asistenciales y de evangelización.

    Uno de sus rasgos más visibles es la concentración comunitaria en determinados espacios urbanos. Hermosa Provincia, en Guadalajara, representa el principal ejemplo de esta organización territorial, aunque existen otras colonias y comunidades vinculadas con la iglesia en México y otros países.

    La relación con la política mexicana

    La historia de La Luz del Mundo también está relacionada con la política mexicana. La organización ha buscado defender la libertad religiosa, ampliar su reconocimiento institucional y mantener relaciones con autoridades de distintos niveles.

    Durante el siglo XX, su crecimiento coincidió con la consolidación del sistema político mexicano y con la apertura gradual del Estado hacia organizaciones religiosas no católicas.

    La iglesia ha tenido presencia pública mediante actos religiosos, actividades sociales y encuentros con funcionarios. Su capacidad de movilización ha convertido a sus comunidades en un actor político de interés, particularmente en Jalisco y otras entidades donde mantiene una presencia significativa.

    La luz del mundo | Infografia Sociedad Noticias

    Sin embargo, debe distinguirse entre la existencia de relaciones institucionales o políticas y la pertenencia formal de la organización a un partido político. La Luz del Mundo no es un partido y su estructura religiosa no equivale, por sí misma, a una organización electoral.

    El episodio del Partido Encuentro Social

    Uno de los antecedentes más importantes de la relación entre La Luz del Mundo y la política partidista ocurrió con el Partido Encuentro Social (PES), organización que participó en las elecciones federales de 2018 aliada con Morena y el Partido del Trabajo.

    Partido Encuentro Social (PES),

    El PES fue identificado públicamente con sectores de iglesias evangélicas y con dirigentes vinculados a organizaciones religiosas. Su participación en la coalición que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia generó debates sobre la influencia de grupos religiosos en la política mexicana.

    No obstante, la relación entre el PES y La Luz del Mundo no debe presentarse automáticamente como una alianza orgánica o una subordinación partidista de toda la iglesia. El partido tenía una estructura política propia y sus dirigentes no representaban necesariamente a la totalidad de las congregaciones de La Luz del Mundo.

    La polémica surgió porque algunos actores políticos vinculados con el PES tuvieron relación pública con integrantes de la iglesia. Además, la capacidad de movilización de las comunidades religiosas fue observada como un posible factor electoral.

    Naasón Joaquín y el entorno de Morena

    La llegada de Morena al poder federal en 2018 abrió nuevos espacios de discusión sobre las relaciones entre organizaciones religiosas, legisladores y gobiernos.

    Durante los primeros años del gobierno de López Obrador, distintos integrantes de La Luz del Mundo aparecieron en actividades públicas, reuniones políticas y eventos institucionales. La organización buscó mantener interlocución con autoridades y representantes populares, como lo han hecho históricamente diversos grupos religiosos.

    Uno de los episodios más cuestionados ocurrió en mayo de 2019, cuando Naasón Joaquín fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes durante un acto organizado por integrantes de su entorno. El evento provocó críticas por el uso de un recinto cultural público para una actividad relacionada con un líder religioso.

    La controversia aumentó semanas después, cuando Naasón Joaquín fue detenido en Estados Unidos. El caso obligó a legisladores, funcionarios y dirigentes políticos a deslindarse o explicar sus vínculos con el dirigente religioso.

    La relación política con Morena debe analizarse con precisión: existen acercamientos, fotografías, reuniones y vínculos individuales de funcionarios o legisladores, pero ello no demuestra que Morena, como partido, sea una organización subordinada a La Luz del Mundo.

    Representación en el Congreso de la Unión

    La presencia de integrantes de La Luz del Mundo en la política mexicana ha sido más visible en el ámbito legislativo que en la dirección formal de los partidos.

    A lo largo de distintas legislaturas han existido diputados y senadores vinculados públicamente con comunidades evangélicas o con organizaciones religiosas. Sin embargo, no todos los legisladores de confesión evangélica pertenecen a La Luz del Mundo.

    La identificación de representantes específicos requiere revisar cada legislatura, su filiación partidista, antecedentes públicos y declaraciones formales. No existe evidencia suficiente para afirmar que la iglesia controle una bancada propia en la Cámara de Diputados o en el Senado.

    El interés político de la organización radica, sobre todo, en su capacidad de movilización, sus redes comunitarias y su interlocución con autoridades. Estos factores pueden tener importancia electoral sin traducirse necesariamente en una representación institucional directa.

    La Suprema Corte y la libertad religiosa

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido un espacio relevante para el debate sobre libertad religiosa, separación entre iglesias y Estado, derechos humanos y límites de la participación religiosa en asuntos públicos.

    La Luz del Mundo, como asociación religiosa reconocida por las autoridades mexicanas, está protegida por el marco constitucional de libertad de creencias y culto. El artículo 24 de la Constitución reconoce el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, conciencia y religión.

    Al mismo tiempo, el artículo 130 establece la separación entre el Estado y las iglesias, así como restricciones para la participación de ministros de culto en actividades políticas y electorales.

    Es importante no confundir la presencia de asuntos relacionados con libertad religiosa ante la SCJN con la existencia de ministros o representantes de La Luz del Mundo dentro de la Corte. Los ministros de la Suprema Corte no son representantes de organizaciones religiosas y su función constitucional exige independencia frente a cualquier iglesia o partido.

    Los políticos vinculados con La Luz del Mundo

    La relación entre La Luz del Mundo y la política mexicana adquirió mayor visibilidad durante la última década, particularmente a través de legisladores, funcionarios y dirigentes vinculados con Morena, así como de organizaciones civiles y profesionales cercanas a la congregación.

    Entre los nombres mencionados públicamente se encuentra Emmanuel Reyes Carmona, político identificado con Morena y diputado federal durante la LXV Legislatura. Reyes Carmona ha mantenido una relación pública con integrantes de La Luz del Mundo y fue identificado como uno de los legisladores vinculados con la estructura política de la iglesia. Posteriormente ocupó la presidencia de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y fue registrado como suplente del senador Marcelo Ebrard.

    Emmanuel Reyes Carmona

    También aparecen Hamlet García Almaguer y Favio Castellanos Polanco, ambos vinculados con Morena y exdiputados federales. Castellanos Polanco, abogado originario de Jalisco, ha sido identificado públicamente como integrante de La Luz del Mundo. Su trayectoria incluye cargos en la administración pública de Guadalajara y Jalisco antes de llegar al Congreso de la Unión.

    Otro nombre relevante es Israel Zamora Guzmán, entonces senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien tuvo participación en las gestiones relacionadas con el homenaje a Naasón Joaquín García realizado en el Palacio de Bellas Artes en mayo de 2019. La organización del acto también involucró a integrantes de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM), considerada una estructura de interlocución política y profesional cercana a la iglesia.

    Israel Zamora Guzmán

    En el ámbito federal, también fueron señalados por su presencia en aquel acto funcionarios y políticos como Martí Batres Guadarrama, entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado; Sergio Mayer Bretón, diputado federal; Julio Menchaca Salazar, entonces senador por Morena y posteriormente gobernador de Hidalgo; y Félix Salgado Macedonio, senador por Guerrero. La asistencia o presencia de estos personajes no demuestra que fueran miembros de La Luz del Mundo, pero sí evidencia la capacidad de la organización para establecer relaciones con figuras relevantes de la política nacional.

    El caso de Bellas Artes se convirtió en un punto de inflexión. El homenaje fue presentado como una actividad cultural, aunque posteriormente se cuestionó su verdadero carácter religioso y la utilización de un recinto público para celebrar al dirigente de una asociación religiosa. Una semana después del acto, Naasón Joaquín fue detenido en California.

    Humanismo Mexicano y la estructura política de la iglesia

    La relación entre La Luz del Mundo y la política también se expresó mediante Humanismo Mexicano, organización política que obtuvo registro como agrupación política nacional. Diversos integrantes de esta estructura han sido relacionados públicamente con la iglesia y con la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México.

    La existencia de estos vínculos ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que la congregación construya una representación política propia mediante organizaciones civiles, asociaciones profesionales y militantes incorporados a partidos como Morena.

    Sin embargo, debe establecerse una diferencia entre la influencia política de una organización religiosa y el control formal de un partido. No existe evidencia para afirmar que Morena, como institución partidista, pertenezca a La Luz del Mundo o se encuentre subordinado a ella.

    Lo que sí puede documentarse es la presencia de personas vinculadas con la iglesia en espacios legislativos, partidistas y de gobierno, así como la cercanía pública de algunos dirigentes políticos con el entorno de Naasón Joaquín.

    Aspirantes vinculados con el Poder Judicial

    La influencia de La Luz del Mundo también alcanzó el proceso de elección judicial de 2025. Investigaciones periodísticas identificaron a candidatos relacionados con la congregación o con su estructura de apoyo.

    Entre los nombres señalados se encuentran Job Daniel Wong, exministro religioso; Madián Sinaí Menchaca, identificada como hija de Naasón Joaquín García; Cinthia Teniente, entonces presidenta municipal vinculada públicamente con integrantes de la organización; y Betzabeth Almazán, quien manifestó públicamente su respaldo al dirigente religioso.

    Pleno de la SCJN

    Estos casos generaron preocupación entre víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en laicidad, debido a la posibilidad de que personas cercanas a una organización religiosa con procesos judiciales pendientes accedieran a cargos dentro del Poder Judicial.

    La discusión no se centró únicamente en la libertad religiosa de los candidatos, sino en los requisitos constitucionales de independencia, buena reputación, imparcialidad y separación entre las instituciones del Estado y las organizaciones religiosas.

    Una red política más amplia que una sola bancada

    La presencia de integrantes de La Luz del Mundo en la política mexicana no se limita a una legislatura o a un partido. La organización ha construido redes de participación mediante asociaciones profesionales, comunidades locales, dirigentes sociales y relaciones personales con funcionarios.

    El interés periodístico radica en identificar cómo una organización religiosa fundada en Guadalajara logró establecer relaciones con actores de distintos niveles del poder público y cómo esas relaciones continuaron incluso después de la detención y condena de Naasón Joaquín García.

    El debate sobre su influencia social

    La Luz del Mundo ha construido una importante red de actividades comunitarias. Sus integrantes participan en programas de educación, asistencia, evangelización, música y organización social.

    La iglesia también ha desarrollado instituciones educativas y espacios de formación vinculados con su comunidad. En Guadalajara, su presencia forma parte de la vida urbana y política de la zona oriente de la ciudad.

    Sus críticos, sin embargo, cuestionan la concentración de autoridad en la figura del apóstol y la disciplina interna que caracteriza a la organización. Diversos testimonios de exintegrantes han descrito dinámicas de obediencia, control comunitario y presión religiosa.

    El proceso contra Naasón Joaquín dio una dimensión internacional a esas críticas, particularmente por la gravedad de los delitos admitidos ante autoridades estadounidenses.

    Escándalos y controversias principales

    La historia reciente de La Luz del Mundo está marcada por varios episodios:

    • El proceso penal contra Naasón Joaquín García. Es el escándalo más grave y documentado de la etapa contemporánea de la organización. La condena en Estados Unidos modificó la percepción pública sobre su liderazgo.
    • El homenaje en Bellas Artes. El acto de mayo de 2019 generó críticas por la utilización de un recinto cultural público para una celebración vinculada con el dirigente religioso.
    • La relación con políticos. Fotografías y encuentros entre integrantes de la iglesia y funcionarios provocaron cuestionamientos sobre la cercanía entre religión y poder público.
    • Las acusaciones de exintegrantes. Antiguos miembros han denunciado prácticas de control y abusos dentro de la estructura religiosa. La naturaleza y alcance de estas denuncias deben revisarse caso por caso.
    • La sucesión del liderazgo. La centralización de la autoridad en una familia ha generado debates sobre la continuidad de la iglesia y la concentración del poder espiritual.

    ¿Cuál es su objetivo?

    La Luz del Mundo sostiene que su objetivo principal es predicar el evangelio de Jesucristo, formar comunidades religiosas y preparar a sus integrantes para una vida basada en principios cristianos.

    En términos institucionales, la organización busca conservar su identidad doctrinal, ampliar su presencia internacional, mantener sus comunidades y defender su reconocimiento como asociación religiosa.

    Desde una perspectiva política, su interés consiste en preservar la libertad de culto y mantener interlocución con las autoridades. Como ocurre con otras organizaciones religiosas, esa relación puede incluir actividades sociales, participación comunitaria y acercamientos con representantes populares.

    El problema surge cuando la influencia religiosa se mezcla con el poder político sin transparencia suficiente. En México, la Constitución permite la libertad de creencias, pero también establece límites claros para evitar que las iglesias controlen las instituciones del Estado.

    Una organización entre la fe y el poder

    La Luz del Mundo representa uno de los casos más singulares de la historia religiosa contemporánea de México. Nació en Guadalajara hace un siglo, construyó una estructura internacional y convirtió la figura de sus dirigentes en el centro de una comunidad con fuerte identidad colectiva.

    Su crecimiento también estuvo acompañado por una relación constante con el poder político. La organización ha mantenido presencia pública, interlocución institucional y capacidad de movilización, particularmente en Jalisco.

    La detención y condena de Naasón Joaquín García modificaron definitivamente el debate sobre la iglesia. A partir de entonces, su historia ya no puede analizarse únicamente como la expansión de un movimiento religioso, sino también como un caso de concentración de autoridad, vínculos políticos y responsabilidad institucional.

    El futuro de La Luz del Mundo dependerá de su capacidad para preservar su estructura religiosa sin quedar atrapada en las controversias de su liderazgo. En una sociedad democrática, la libertad religiosa protege la existencia de las iglesias, pero no las coloca por encima de la ley ni de la rendición de cuentas. –sn–

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  9. Sindicalistas de SLP llevan segunda petición a CIDH por presuntas violaciones

    El SITTGE informó que la CIDH registró la petición P-2231-26 por presuntas violaciones a la libertad sindical, debido proceso y acceso a la justicia en San Luis Potosí.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    Sindicalistas del gobierno de San Luis Potosí informaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró una segunda petición relacionada con presuntas violaciones a la libertad sindical, asociación laboral, debido proceso y acceso a la justicia.

    La petición fue presentada el 24 de agosto por Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del SITTGE, y quedó identificada, según el sindicato, con el número P-2231-26. La organización atribuye las presuntas irregularidades a autoridades federales y estatales, incluido el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

    José Luis Juárez Villalpando señaló que la nueva petición involucra actuaciones atribuidas al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, a juzgados de Distrito y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

    De acuerdo con el sindicato, los hechos denunciados vulnerarían derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos del Sistema Interamericano, por lo que solicitó la intervención de la CIDH.

    La petición entra a una nueva etapa internacional

    El registro de una petición por la CIDH forma parte de la tramitación inicial y no equivale, por sí mismo, a una determinación definitiva sobre su admisibilidad o sobre la responsabilidad del Estado. El reglamento de la Comisión establece que las peticiones son registradas al recibirse y posteriormente se desarrolla el procedimiento de admisibilidad.

    Los sindicalistas sostienen que el expediente puede derivar en medidas de protección para Francisca Reséndiz Lara si la Comisión determina que existen circunstancias de gravedad y urgencia que ameriten su intervención.

    La nueva petición se suma a otra presentada por el sindicato el 8 de junio de 2022, identificada como P-1059-22, relacionada con presuntas agresiones y actos de hostigamiento contra Reséndiz Lara y trabajadores del organismo gremial. Esa petición fue reportada en 2022 como admitida por la CIDH. –sn–

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  10. Suprema Corte elimina copias adicionales para recibir documentos con nuevo sistema digital

    La Suprema Corte puso en operación el SIRAJ, sistema que genera acuses digitales con folio, fecha, hora y código QR para facilitar la recepción y seguimiento de documentos.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en operación el Sistema Integral de Recepción Automatizada Judicial (SIRAJ), una plataforma que elimina la necesidad de entregar una copia adicional al presentar documentos, promociones o solicitudes para obtener una constancia de recepción. El sistema genera un acuse digital con folio, fecha, hora y código QR.

    La nueva herramienta comenzó a funcionar el 1 de septiembre de 2026 y permite consultar mediante el código QR la información disponible sobre el ingreso de la documentación. Para quienes realizan trámites ante la Corte, el cambio representa la eliminación de un paso físico en el proceso de recepción.

    El SIRAJ concentra en una sola plataforma el registro, control y seguimiento de los documentos recibidos. La SCJN señaló que el esquema busca reducir tiempos de gestión administrativa, mejorar la coordinación entre las áreas responsables y fortalecer la trazabilidad de cada documento desde su ingreso.

    ¿Cómo funciona el nuevo sistema de la Suprema Corte?

    Al entregar una promoción, solicitud o documento, el SIRAJ genera automáticamente una constancia electrónica con un folio, además de registrar la fecha y hora exactas de recepción. El acuse incorpora un código QR que puede escanearse o fotografiarse para consultar posteriormente la información disponible relacionada con la presentación.

    El nuevo procedimiento sustituye parte de los controles físicos que se utilizaban para acreditar la recepción de documentos, entre ellos la presentación de copias adicionales para obtener una constancia. La Corte busca con ello simplificar la atención y reducir procesos administrativos asociados con el registro documental.

    La relevancia del cambio también está en la trazabilidad. La información queda integrada en una plataforma para facilitar el control y seguimiento de los documentos, lo que permite a las áreas responsables contar con un registro digital desde el momento de la recepción.

    Atención para personas sin acceso a internet

    La digitalización del proceso no eliminará los mecanismos de atención para quienes no tengan acceso a internet o enfrenten dificultades para utilizar teléfonos celulares u otros dispositivos.

    La SCJN informó que mantendrá apoyo para esas personas, con atención particular a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, a fin de evitar que el uso de herramientas digitales se convierta en una barrera para realizar trámites ante el Máximo Tribunal.

    La implementación del SIRAJ forma parte de la estrategia de modernización y justicia digital de la Suprema Corte. El nuevo modelo se incorpora a uno de los procesos administrativos de mayor contacto entre el Tribunal y quienes presentan documentación en su sede. –sn–

    Pleno de la SCJN

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  11. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | 60 MDP de prerrogativas del PRD-Cdmx, “en el aire”

    *El TECDMX revocó resoluciones del IECM que le daban la razón a Lobo Román y su grupo en relación al Partido del Sol Azteca. *Exhortan a la SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales a quienes adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad.*Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”. 

    Por Luis Muñoz  

    Lo que se vio a media semana confirma el dicho nunca mejor aplicado: “Que del plato a la boca se cae la sopa”. 

    Cuando el diputado federal Víctor Hugo Lobo Román y su grupo ya sentían suyas las prerrogativas estimadas en 60millones de pesos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México los paró en seco. Una vez más le dio la razón a quien legítimamente la tiene: la parte promovente encabezada por la diputada Nora Arias Contreras, reconocida como la verdadera dirigente del PRD Ciudad de México.

    La persistencia de Lobo Román deja entrever que la principal motivación de esta lucha por apoderarse del PRD capitalino son los 60 millones de pesos que le corresponden al partido del Sol Azteca, aunque hay versiones que señalan que se trata de un acumulado de aproximadamente 81.8 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes a los años 2025 y 2026. 

    Pero sean 80 o 60 millones, es lo de menos. El tema es ¿Por qué tendrían que dárselos a alguien que ni siquiera es ya perredista sino morenista? 

    ¿Por qué el IECM falla a favor de este grupo?

    Porque, aunque menguadas, Víctor Hugo Lobo Román tiene influencias y hace uso de ellas sin reparo.

    Aunque a veces en este tinglado se menciona a Jesús Zambrano, no tiene caso hablar de este personaje que está más quemado que un muñeco de Judas en Semana Santa.

    Por él y Jesús Ortega, conocidos como “Los Chuchos”, el PRD a nivel nacional dejó de existir al perder su registro, pues no alcanzó el 3 % mínimo de la votación válida emitida en las elecciones federales del 2 de junio de 2024.

    ¿Por qué ese desplome?

    La razón: A una severa pérdida de respaldo ciudadano y el desplazamiento de su base electoral histórica. Gran parte de los simpatizantes tradicionales del PRD migraron hacia nuevos movimientos políticos consolidados en los años previos, debilitando su base principal.

    En consecuencia, el partido obtuvo apenas alrededor del 1.86 % de la votación válida emitida para la presidencia y cifras similares en el Congreso, l % requerido por el entonces Instituto Nacional Electoral (INE).

    REVOCA EL TECDMX RESOLUCIONES DEL IECDM

    Ahora, la semana que concluyó, hubo un revés para Lobo Román y su grupo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM) revocó las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral (IECM) en favor del grupo del legislador en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino.

    Además exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al mismo.

    Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández, cuestionaron su desempeño político.

    Se menciona a Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

    De entre ellas resalta Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman integrantes del Tribunal Electoral.

    De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

    Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

    Además, pidieron al Instituto Electoral tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.

    INCENTIVOS FISCALES AMBIENTALES: PABLO TREJO 

    El diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales dirigidos a personas físicas y morales que adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad, la cual fue aprobada.

    Durante su intervención en Tribuna, el legislador sostuvo que la capital del país posee una memoria histórica profundamente ligada a su origen lacustre, pero advirtió que la acelerada transformación urbana, la presión sobre los acuíferos y la sobreexplotación de los recursos naturales exigen una transición inmediata hacia un modelo de resiliencia hídrica, ambiental y climática sostenida.

    En ese sentido, subrayó que la política pública ambiental local debe evolucionar y superar los esquemas puramente punitivos o de inspección y vigilancia. Señaló que la construcción de una ciudad sustentable requiere migrar con firmeza hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el fomento económico, en el que los instrumentos hacendarios sirvan para impulsar la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad.

    CAMBIO CLIMÁTICO NO SE PUEDE IGNORAR

    El Congreso de la Ciudad de México fue sede del Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”, en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas, el cual contó con el apoyo de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García. Este encuentro de diálogo fue impulsado por la Red de Legisladores Estatales para el Cambio Climático (RELECC) y las organizaciones Política y Legislación Ambiental (POLEA) e IDEA-Iniciativa Climática de México. 

    En su intervención, Espinosa de los Monteros aseveró que el cambio climático es una realidad que no se puede ignorar ni postergar su solución, porque está transformando las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta, y afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos y a las comunidades más vulnerables. 

    “Es un verdadero honor participar en este encuentro para abordar un tema que representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para construir un futuro más sostenible, más equitativo y socialmente responsable”, subrayó la legisladora de MORENA. 

    Detalló que el incremento de la temperatura; las sequías prolongadas; las lluvias extremas; las inundaciones; los incendios forestales; las pérdidas de la biodiversidad, y la creciente presión sobre el agua y los recursos naturales, son manifestaciones de una crisis climática que urge respuestas inmediatas. 

    También aseveró que el cambio climático va más allá de una responsabilidad ambiental porque representa un desafío social, económico, energético y de justicia. Eso obliga a los gobiernos y congresos estatales a replantear políticas públicas en la materia, así como fortalecer las herramientas jurídicas y financieras que permitan construir comunidades más resilientes y un futuro sostenible. 

    Admitió que “desde los congresos locales tenemos una responsabilidad fundamental: crear las condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales para que la transición energética sea accesible para todas y todos. La legislación subnacional tiene una enorme capacidad para transformar la realidad cotidiana”, recalcó. Precisó que estos órganos deben explorar fondos estatales y municipales para la transición energética; esquemas de financiamiento verde; incentivos fiscales; alianzas público-privadas; mecanismos de inversión social; programas de financiamiento para pequeñas empresas y, particularmente, instrumentos que permitan que las familias de menores ingresos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías energéticas. 

    “La energía limpia debe ser también una energía accesible. Una transición justa debe garantizar que los beneficios económicos y ambientales lleguen a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó.

    Como parte de las actividades, participaron tres expertos en la materia: Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora especializada en cambio climático, transición energética y justicia climática; Rodolfo Godínez, catedrático de la UNAM, y Gabriela de la Torre Ríos, representante de C40 Cities, red global climática que acompaña a las ciudades para tener planes de acción climática. 

    También Andrés Ávila, Secretario de la RELECC y la diputada María Isabel Ortiz, quien coordinó dicho foro, En su presentación, Ana Sofía Tamborrel afirmó que la injusticia climática refleja una triple desigualdad, pues las personas más pobres son las más vulnerables, ya que tienen menor capacidad de adaptación y resiliencia, en contraste con los más ricos, quienes son responsables de la emisión de gases invernadero. 

    “En México, 10% de la población emite casi tres por ciento de gases de efecto invernadero versus los más ricos que emiten casi el 30%”.

    *Periodista: [email protected]

    Columna anterior: La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx

    Sala de casa

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  12. SCJN ordena a Azucena Cisneros a garantizar abasto de agua potable a los habitantes de Ecatepec

    La Suprema Corte reconoció el interés legítimo de habitantes de la Quinta Zona de Ecatepec para reclamar el derecho humano al agua y ordenó medidas inmediatas y estructurales para garantizar el suministro.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este lunes que habitantes de diversas colonias de la Quinta Zona de Ecatepec de Morelos, estado de México, pueden reclamar judicialmente las omisiones de autoridades federales, estatales y municipales que afectan su derecho humano al agua. La resolución obliga a la titular del municipio, Azucena Cisneros, a implementar medidas para atender el desabasto y garantizar el suministro de agua potable.

    https://sociedad-noticias.com/2024/02/19/denuncian-a-la-diputada-azucena-cisneros-por-desvio-de-recursos/

    El criterio permitirá que las personas acrediten su interés legítimo mediante su manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que habitan en las colonias afectadas, acompañada de elementos indiciarios y contextuales. La Corte consideró desproporcionado exigir comprobantes formales de domicilio o una relación contractual con el organismo operador del agua en una zona con pobreza, rezago social y asentamientos irregulares.

    Los asuntos derivan de amparos promovidos por habitantes de la Quinta Zona que denunciaron deficiencias en el suministro de agua por la red pública, distribución inequitativa, falta de reparación de fugas, tomas clandestinas y problemas de infraestructura hidráulica. Uno de los expedientes corresponde a 688 habitantes de 38 colonias.

    La Corte reconoce el agua como un derecho exigible

    El Pleno estableció que el derecho humano al agua es autónomo e interdependiente de otros derechos y genera obligaciones concretas para las autoridades. Su garantía debe observar los principios de accesibilidad y progresividad, por lo que las deficiencias en el suministro pueden ser reclamadas mediante el juicio de amparo.

    https://sociedad-noticias.com/2023/12/08/la-diputada-azucena-cisneros-es-vinculada-con-lider-criminal-en-un-video/

    La resolución adquiere relevancia por las condiciones sociales de la Quinta Zona de Ecatepec. El proyecto analizado por la Corte señala que el municipio está considerado Zona de Atención Prioritaria y que la región presenta condiciones de pobreza, marginación y asentamientos irregulares, factores que deben tomarse en cuenta al evaluar el interés legítimo de quienes reclaman el servicio.

    La Corte consideró que imponer a los habitantes de esa zona la obligación de presentar documentación formal de residencia o contratos con el organismo operador constituiría una carga probatoria desproporcionada frente a las características de la población afectada.

    Autoridades deberán garantizar el suministro

    Entre las medidas ordenadas se encuentra garantizar el suministro suficiente de agua potable para uso personal y doméstico, preferentemente mediante la red hidráulica. Cuando esto no sea materialmente posible, las autoridades deberán recurrir a pipas u otros mecanismos idóneos para asegurar el abastecimiento mínimo establecido por la resolución.

    El expediente también contempla la obligación de establecer mecanismos verificables para acreditar la cantidad y calidad del agua entregada. La Corte ha señalado que la distribución mediante pipas no basta por sí misma para demostrar el cumplimiento de una sentencia si las autoridades no acreditan objetivamente cuánto líquido fue suministrado y bajo qué condiciones sanitarias.

    https://twitter.com/SociedadN_/status/1733218447881052178?s=20

    El antecedente judicial resulta relevante porque habitantes de la Quinta Zona ya habían obtenido resoluciones que ordenaban garantizar un mínimo de agua. En expedientes previos se había establecido como referencia un suministro de 100 litros diarios por persona, mientras que los nuevos asuntos buscan que las medidas atiendan también las causas estructurales del desabasto.

    Ecatepec deberá atender el problema de infraestructura

    La resolución no se limita al abastecimiento mediante pipas. La Corte ordenó implementar un programa de infraestructura hidráulica para corregir las deficiencias estructurales que afectan el suministro en la zona.

    Para ello, las autoridades municipales, estatales y federales deberán coordinar acciones técnicas, administrativas y presupuestales destinadas a fortalecer la infraestructura y avanzar hacia un acceso al agua que sea sostenible.

    El proyecto del amparo en revisión 13/2026 planteó, entre otras medidas, elaborar un programa de infraestructura hidráulica con diagnóstico, cronograma de reparaciones, instalación de medidores y, cuando resulte necesario, justificar la perforación de nuevos pozos, además de vincular recursos presupuestales para atender las Zonas de Atención Prioritaria. –sn–

    Azucena Cisneros

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  13. Juez declara inconstitucional la reforma judicial de 2024

    El juez Agustín Archundia Ortiz declaró inconstitucionales diversos aspectos de la reforma judicial de 2024 dentro del amparo 491/2025-I-B. La sentencia cuestiona el procedimiento legislativo, la independencia judicial, salarios, fideicomisos y la inimpugnabilidad de reformas constitucionales.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La reforma judicial de 2024 fue declarada inconstitucional en diversos aspectos por Agustín Archundia Ortiz, juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, dentro del juicio de amparo 491/2025-I-B, al considerar que el decreto vulneró principios constitucionales, derechos humanos e independencia judicial, además de presentar deficiencias en el procedimiento legislativo.

    La sentencia, firmada el 31 de julio de 2026, constituye el primer fallo de esta naturaleza reportado contra la reforma constitucional que modificó de manera profunda la estructura del Poder Judicial y estableció la elección mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros. El documento supera las 170 páginas y desarrolla los argumentos con los que el juzgador sostiene que el Poder Reformador de la Constitución tiene límites.

    El amparo no tiene efectos generales. La protección fue concedida únicamente a quienes promovieron el juicio: la magistrada en funciones Mercedes Verónica Sánchez Miguez, el magistrado retirado Manuel Ernesto Saloma Vera y Aidée Sánchez Arévalo. Por tanto, la sentencia no elimina la reforma judicial ni implica, por sí misma, la suspensión de las elecciones o de los cargos de quienes resultaron electos.

    El argumento central: la Constitución también tendría límites

    Uno de los aspectos de mayor trascendencia jurídica consiste en que Archundia Ortiz sostiene que una reforma constitucional puede ser sometida a control judicial cuando vulnera principios fundamentales de la Constitución de 1917 o derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.

    El juez distingue entre el poder constituyente originario, que creó la Constitución, y el Poder Reformador, integrado conforme al artículo 135 constitucional para modificarla.

    Desde esa perspectiva, la sentencia sostiene que el Poder Reformador no tendría una facultad ilimitada para alterar principios esenciales de la Carta Magna.

    El razonamiento coloca en el centro una pregunta que trasciende el propio juicio: ¿puede una mayoría constitucional modificar cualquier principio de la Constitución mediante el procedimiento previsto para reformarla?

    La respuesta del juzgador es negativa cuando la modificación afecta principios que considera fundamentales.

    La elección popular de jueces, magistrados y ministros

    El fallo cuestiona directamente uno de los pilares de la reforma: sustituir el modelo de carrera judicial y designación institucional por la elección mediante voto popular.

    Archundia Ortiz sostiene que el modelo adoptado en 2024 retoma parcialmente una fórmula que ya había sido utilizada en el siglo XIX y que, a juicio del Constituyente de 1917, no ofrecía las condiciones adecuadas para garantizar la independencia de los juzgadores.

    Según la sentencia, la elección popular puede introducir incentivos políticos en una función que debe resolver controversias con base en la Constitución y las leyes.

    El juzgador considera que la eliminación de la carrera judicial y su sustitución por mecanismos de elección, insaculación o designaciones vinculadas a cuotas políticas debilita los criterios de experiencia, preparación técnica y mérito que anteriormente sustentaban el acceso a los cargos judiciales.

    Independencia judicial, uno de los puntos centrales

    La independencia judicial ocupa otro de los ejes principales de la resolución.

    El argumento parte de que un juez debe tener condiciones institucionales que le permitan resolver un asunto sin depender de presiones políticas, electorales o de la opinión de las mayorías.

    El fallo advierte que someter a los juzgadores a procesos electorales puede generar incentivos distintos a los estrictamente jurídicos, particularmente cuando una persona que ocupa un cargo judicial necesita competir por el respaldo ciudadano.

    Para el juez, esa transformación puede afectar la autonomía necesaria para que los tribunales funcionen como contrapeso frente a los otros poderes.

    La sentencia también relaciona la independencia judicial con las obligaciones internacionales asumidas por México, al considerar que un sistema jurisdiccional sujeto a presiones políticas puede tener consecuencias sobre la protección de derechos y la seguridad jurídica.

    La carrera judicial queda bajo cuestionamiento

    La resolución también aborda la desaparición del modelo tradicional de carrera judicial.

    Durante décadas, el acceso a cargos dentro del Poder Judicial Federal estuvo vinculado con mecanismos de capacitación, concursos, experiencia profesional y ascensos.

    La reforma de 2024 sustituyó ese esquema para los principales cargos jurisdiccionales por un sistema de elección popular.

    El juez considera que ese cambio no constituye únicamente una modificación administrativa, sino una transformación que puede afectar las garantías institucionales de independencia y profesionalización.

    En ese sentido, el fallo sostiene que el conocimiento técnico y la experiencia acumulada constituyen elementos relevantes para proteger a las personas frente a decisiones arbitrarias.

    Salarios y derechos económicos de los juzgadores

    Otro apartado de la sentencia analiza los cambios en las condiciones económicas del personal judicial.

    El fallo cuestiona las disposiciones relacionadas con la reducción de remuneraciones y con la eliminación de determinadas prestaciones, entre ellas la pensión complementaria de los juzgadores.

    El argumento se relaciona con la garantía de independencia judicial: las condiciones económicas de quienes imparten justicia no serían únicamente un asunto laboral, sino también un elemento de protección institucional.

    La sentencia sostiene que modificaciones que reduzcan de manera injustificada las condiciones económicas de los juzgadores pueden afectar las garantías que permiten ejercer la función judicial con autonomía.

    El retiro de juzgadores también es cuestionado

    La sentencia analiza además la situación de jueces y magistrados que fueron separados de sus cargos como consecuencia del proceso derivado de la reforma.

    El fallo considera problemático el retiro forzoso de juzgadores que fueron seleccionados mediante insaculación para participar en el proceso electoral, así como de quienes no participaron o no obtuvieron el respaldo suficiente en la elección.

    Archundia Ortiz vincula esta situación con el principio de inamovilidad judicial.

    La idea central consiste en que la estabilidad en el cargo constituye una garantía para que los juzgadores puedan resolver asuntos sin temor a perder su puesto como consecuencia de sus decisiones.

    Fideicomisos: otro frente de la controversia

    La sentencia también cuestiona los efectos de la reforma sobre los fideicomisos del Poder Judicial.

    La reforma constitucional estableció disposiciones relacionadas con la extinción de fondos y fideicomisos judiciales y con el destino de sus recursos.

    El fallo incorpora esta cuestión dentro de su análisis sobre las afectaciones producidas por la reforma y las condiciones institucionales del Poder Judicial.

    Este punto adquiere relevancia porque los fideicomisos habían sido utilizados para financiar determinadas prestaciones y obligaciones relacionadas con infraestructura, retiro y otros compromisos institucionales.

    La propia Constitución incorporó posteriormente restricciones sobre la creación y permanencia de fideicomisos judiciales; la Suprema Corte ha documentado que la reforma constitucional estableció la prohibición correspondiente y la obligación de extinguir aquellos que no estuvieran previstos en la ley.

    El procedimiento legislativo también fue cuestionado

    La sentencia no se limita al contenido de la reforma.

    Uno de sus argumentos más relevantes está relacionado con la forma en que fue aprobada.

    El juez cuestionó que existiera certeza suficiente sobre el quórum de la Cámara de Diputados durante la sesión del 3 de septiembre de 2024, cuando el dictamen de la reforma fue aprobado en una sede alterna debido al bloqueo del recinto de San Lázaro.

    De acuerdo con la resolución reportada, el entonces presidente de la Mesa Directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, se negó a realizar una verificación del quórum pese a solicitudes formuladas durante la sesión.

    La sentencia considera que esa circunstancia genera una duda relevante sobre la regularidad del procedimiento mediante el cual la Cámara de Diputados aprobó la reforma.

    El argumento es importante porque el juez no solamente cuestiona el contenido de la reforma, sino también si el órgano legislativo cumplió las reglas constitucionales necesarias para aprobarla.

    ¿Por qué fue importante la sesión del 3 de septiembre?

    La reforma judicial fue aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2024, en un contexto de protestas de trabajadores del Poder Judicial que impedían el acceso al Palacio Legislativo de San Lázaro.

    La sesión fue trasladada al Deportivo Magdalena Mixhuca, en Cdmx.

    Al no encontrarse disponible el sistema habitual de registro electrónico de asistencia, la acreditación del quórum adquirió particular importancia dentro de los argumentos posteriormente planteados en los juicios de amparo.

    La sentencia de Archundia Ortiz considera que esa situación no puede ser tratada como un aspecto menor, porque la existencia de quórum constituye una condición indispensable para que un órgano legislativo pueda sesionar y votar válidamente.

    El problema de la reforma de octubre de 2024

    Uno de los aspectos más complejos del fallo es la reforma constitucional publicada el 31 de octubre de 2024, que estableció la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución.

    El decreto modificó el artículo 107 y añadió un párrafo al artículo 105.

    El texto vigente establece expresamente que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales y que tampoco serán procedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuyo objeto sea controvertir esas modificaciones.

    Además, el segundo transitorio dispuso que los asuntos que ya estuvieran en trámite debían resolverse conforme a las nuevas disposiciones.

    Archundia rechaza aplicar esa prohibición de forma retroactiva

    Precisamente ahí aparece otro de los argumentos jurídicos de mayor importancia.

    La sentencia rechaza aplicar de manera retroactiva la reforma de octubre de 2024 para impedir el análisis del juicio.

    El razonamiento del juez permite mantener abierta la posibilidad de revisar la reforma judicial y sus efectos a partir de los derechos reclamados por los promoventes.

    El tema no es menor. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado criterios recientes sobre los límites de esa prohibición.

    En abril de 2026, una jurisprudencia de Plenos Regionales estableció que no procede desechar de plano un amparo cuando se reclama el decreto de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales por presuntas violaciones al procedimiento legislativo, debido a que esa cuestión requiere un análisis más profundo.

    Otro precedente de la SCJN señala que, cuando se cuestiona el contenido material de una reforma constitucional, existe una causal de improcedencia; sin embargo, distingue esa situación de los reclamos relacionados con posibles vicios del procedimiento legislativo.

    Este contexto explica por qué el argumento desarrollado en el amparo 491/2025-I-B tiene relevancia más allá de las tres personas protegidas.

    El fallo no cancela la reforma judicial

    La sentencia debe interpretarse con precisión.

    Aunque el juez declara inconstitucionales distintos aspectos de la reforma, el fallo no elimina la reforma judicial para todo el país.

    El principio de relatividad del amparo implica que la protección concedida se limita a quienes promovieron el juicio.

    El propio artículo 107 constitucional establece que las sentencias de amparo sólo deben ocuparse de las personas quejosas que lo solicitaron y que, tratándose de normas generales, las sentencias no tendrán efectos generales.

    Por ello, mientras el asunto no quede firme, la reforma continúa formando parte del orden constitucional y sus efectos generales no han sido suspendidos por esta resolución.

    ¿Quiénes quedaron protegidos?

    Los beneficiarios directos de la sentencia son:

    Mercedes Verónica Sánchez Miguez, magistrada en funciones;

    Manuel Ernesto Saloma Vera, magistrado retirado;

    y Aidée Sánchez Arévalo.

    El fallo busca impedir que la reforma sea aplicada en perjuicio de esas tres personas en los términos determinados por la resolución.

    Esto significa que otros jueces, magistrados, ministros o trabajadores del Poder Judicial no quedan automáticamente protegidos por esta sentencia.

    El caso todavía puede cambiar

    La resolución de Archundia Ortiz no representa la última palabra.

    El fallo puede ser impugnado y revisado por un tribunal colegiado. Además, por la relevancia constitucional del asunto, el expediente podría eventualmente llegar a la SCJN.

    La revisión deberá resolver, entre otros aspectos, si un órgano jurisdiccional federal puede analizar materialmente una reforma constitucional y bajo qué circunstancias puede examinar los límites del Poder Reformador.

    También deberá determinar si los argumentos sobre el procedimiento legislativo, la independencia judicial, los derechos laborales y la inamovilidad justifican mantener la protección concedida.

    Una disputa sobre los límites del Poder Reformador

    El caso coloca nuevamente en el centro del debate mexicano la relación entre Constitución, Congreso y Poder Judicial.

    La Constitución establece un procedimiento específico para modificar su texto. El problema que plantea esta sentencia es si el cumplimiento formal de ese procedimiento basta para permitir cualquier modificación o si existen principios que no pueden ser eliminados, incluso mediante una reforma constitucional.

    Archundia Ortiz sostiene que existen límites.

    La posición contraria, que previsiblemente será planteada durante la revisión, tendrá que determinar hasta dónde puede llegar el control judicial sobre decisiones adoptadas mediante el procedimiento de reforma constitucional.

    El impacto sobre la reforma judicial

    La importancia del amparo 491/2025-I-B no radica solamente en sus efectos sobre tres personas.

    El precedente abre una discusión sobre el modelo completo de transformación del Poder Judicial: elección popular, carrera judicial, estabilidad de los juzgadores, remuneraciones, retiro, fideicomisos e independencia.

    También plantea una controversia sobre la capacidad de los tribunales para revisar reformas constitucionales, particularmente después de que el Congreso modificó los artículos 105 y 107 para establecer su inimpugnabilidad.

    En términos prácticos, la sentencia no detiene por sí misma el funcionamiento del nuevo modelo judicial, pero sí introduce un precedente que deberá ser examinado por instancias superiores.

    La siguiente batalla será en los tribunales

    El futuro del fallo dependerá ahora de los recursos que se presenten y de la interpretación que hagan los órganos revisores.

    Si la sentencia fuera revocada, la protección concedida desaparecería y se fortalecería el criterio de que las reformas constitucionales no pueden ser revisadas mediante amparo en los términos planteados.

    Si fuera confirmada, el debate sobre los límites del Poder Reformador adquiriría una nueva dimensión y podría llegar a la SCJN.

    Por ello, el expediente 491/2025-I-B representa algo más que una controversia individual: es un caso que pone a prueba los límites del control constitucional en México y la relación entre el poder de reforma de la Constitución y las garantías de independencia judicial. –sn–

    Abogados justicia

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  14. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  15. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx

    Cecy Ocampo asegura que el Partido del Sol Azteca es un “cascarón vacío” | Acusa a Isaías Villa y Polimnia Romana de querer aprovecharse de los 81 millones de prerrogativas | Ajusta el IECM fechas y plazos correspondientes a los periodos de precampaña

    Por Luis Muñoz  

    Con la premisa de que el PRD Cdmx se convirtió en un cascarón vacío, sin rumbo social, sin un proyecto real para la gente y convertido en un nido de mapacheo político, la presidente de la Asociación Civil Movimiento Nueva Aztlán, Cecy Ocampo, anunció su renuncia como militante del sol azteca y criticó severamente a los supuestos líderes del partido como Isaías Villa y Polimnia Romana, quienes sólo buscan los 81 millones de pesos de prerrogativas.

    En un amplio comunicado la dirigente de Nueva Aztlán dijo que “el PRD Cdmx se quedó sin gente, sin dignidad, sin discurso y atrapado en el pasado de siempre”.

    Su salía del partido del sol azteca no tendrá ningún efecto negativo para ella porque “no necesita de siglas congeladas, líderes improvisados, fantasmas del pasado, ni oradores que solo hablan ocurrencias”.

    Sostiene que el futuro y la verdadera gestión social le pertenecen a quienes caminamos todos los días junto al pueblo. En ese sentido, dijo que seguirá con el trabajo territorial, impulsando la lucha por el bienestar de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. 

    “Hoy, enfatizó, esa fuerza viva con la que seguimos caminando las colonias y los barrios se llama Movimiento Nueva Aztlán; nosotros no respondemos a cúpulas, a discursos improvisados ni a vividores de la política”.

    “Que les quede muy claro a los políticos de siempre: ¡Vamos a seguir construyendo comunidad desde la sociedad civil! No necesitamos siglas congeladas, ni líderes improvisados.

    Cecy Ocampo

    Cecy Ocampo aseguró que Nueva Aztlán responde a verdaderas causas, como la vivienda digna para las familias; la defensa verdadera contra el despojo y la gentrificación en la alcaldía Cuauhtémoc; alimentos básicos a bajo costo y sin intermediarios, apoyando directo a la economía del hogar.

    Explicó que el objetivo será mantener “la cercanía absoluta con los vecinos, escuchando y resolviendo sus necesidades con hechos, de frente, no con palabras vacías”.

    La dirigente social dio a conocer los motivos de su separación: “Renuncié de manera firme al ver con mis propios ojos la decadencia en la que terminó el partido; se convirtió en un cascarón vacío, sin rumbo social, sin un proyecto real para la gente y convertido en un nido de mapacheo político”. 

    Se lanzó duro al señalar que los supuestos “líderes” perredistas sean simples marionetas “cuyos hilos son movidos por políticos de Morena que los quieren absorber, y por funcionarios de alcaldías panistas como Cuauhtémoc y Benito Juárez que los usan como moneda de cambio para sus propios intereses. ¡Qué lamentable final!

    Cecy Ocampo fue más allá y señaló que “mientras ellos se pelean en tribunales por los más de 81 millones de las prerrogativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las calles los han abandonado por completo. 

    “Hoy vi con profunda tristeza y coraje el evento tan pobre y desolado que armó la cúpula del PRD local en el Monumento a Lázaro Cárdenas. Quisieron presumir un supuesto músculo de las 16 alcaldías y la plaza les quedó gigantesca”.

    Luego se echó porras…

    “Qué diferencia a las imágenes de 2024, cuando yo, como su candidata al Distrito 12 Local, cerré campaña en ese mismo lugar cobijada por el cariño real de miles de líderes vecinales, comerciantes y familias que sí creían en el proyecto”.

    Agregó que “dio pena ajena ver la plaza vacía y, peor aún, escuchar sus discursos tan huecos y sin sustancia. De verdad, ¡no saben hablar! Ojalá hubieran escuchado las barbaridades…

    Por un lado, Polimnia Romana salió a decir que hoy están ahí “para darle consejos a las personas”, como si la gente necesitara sermones y no soluciones; y otra de las que intervino apenas pudo expresar que “van a tratar de impulsar nuevamente la cercanía…”

    Acaso ignora que “la cercanía no se intenta; la cercanía se vive todos los días en nuestras calles y barrios, ahí donde nuestra gente se duele por no tener qué comer, por no tener lo suficiente para pagar la renta o por no contar con un trabajo digno”.

    La “cereza del pastel” fue el discurso de Isaías Villa, el gran enterrador del PRD Cdmx que ni ganar pudo las últimas elecciones. Este hombre se ha quedado completamente sin ideas y subió al templete a hablar de la vieja historia del partido, queriendo seguir convenciendo a la gente con sus discursos obsoletos”.

    Para la dirigente de Nueva Aztlán eso solo significa una cosa: quedar atrapado en el pasado; no trae un proyecto nuevo, fresco ni de futuro, porque no tiene la menor estrategia real de cómo bajar al territorio y ganar una elección. Su única y verdadera intención sigue siendo enriquecerse a costa de los restos del partido”, finalizó.

    HOMOLGAN CALENDARIO ELECTORAL

    El consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el ajuste de las fechas y plazos correspondientes a los periodos de precampaña, captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido; así como de la recepción de la documentación para el registro de candidaturas. 

    De igual forma estableció las fechas límite para la presentación de plataformas electorales, la emisión del dictamen sobre el cumplimiento del apoyo de la ciudadanía y la solicitud de registro de convenios de coalición, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

    Las modificaciones derivan de la Resolución INE/CG478/2026, mediante la cual el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció la facultad de atracción para homologar, por bloques, las fechas de conclusión de las precampañas y del periodo para recabar apoyo de la ciudadanía en los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

    Estos ajustes no modifican la naturaleza ni la duración de las etapas previstas en la legislación electoral local, sino que armonizan el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 con las fechas homologadas por la autoridad electoral nacional, a fin de fortalecer la coordinación institucional y brindar certeza jurídica a partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas sin partido y ciudadanía. 

    IECM

    Como parte de las adecuaciones al calendario electoral, las precampañas para Diputaciones al Congreso de la ciudad de México, alcaldías y concejalías se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, conservando la duración de 40 días prevista en la legislación local. 

    También ajustó el periodo para la captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido, quedando del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027.

    En cuanto a la presentación de solicitudes de registro de convenio de coalición electoral, el consejo general estableció que la fecha límite será hasta el 4 de enero de 2027; el plazo para la presentación de solicitudes de registro de plataformas electorales, del 17 de febrero al 3 de marzo de 2027; y la fecha límite para la conclusión de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía hacia candidaturas sin partido y la emisión del dictamen correspondiente, el 1° de marzo de 2027.

    *Periodista: [email protected]

    Columna anterior: Capacitan a personal de Módulos Legislativos en materia de despojo

    Sala de casa

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  16. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Capacitan a personal de Módulos Legislativos en materia de despojo

    No todos los casos son de despojo. Pueden tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil | Presentan resultados del Mundial; deja una derrama a las arcas de la Cdmx entre 44 mil y 66 mil millones de pesos | “Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027” 

    Por Luis Muñoz  

    El curso “Capacitación en materia de prevención, identificación y canalización de casos relacionados con el delito de despojo”, en el que participaron funcionarios del gobierno de la ciudad de México y legisladores locales, se reduce a eso: a orientar a las víctimas de este delito sobre a qué instancia recurrir para exponer su situación.

    La coordinadora del grupo parlamentario de Morena del Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, explicó que no todos los casos que la ciudadanía identifica como despojo necesariamente corresponden a este delito, ya que puede tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil.

    La diputada Juana María Juárez López, quien preside el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, señaló que esta capacitación a 150 trabajadores permitirá que el personal de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia coadyuven a atender un problema que afecta directamente el patrimonio, la seguridad jurídica y la tranquilidad de miles de familias. 

    Además, reafirmó su compromiso con la capacitación continua, impulsando acciones institucionales para que todo el personal conozca plenamente las nuevas estrategias integrales que se han promovido desde la Jefatura de Gobierno para poner un alto y combatir este delito”.

    La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, aclaró que quienes laboran en los Módulos Legislativos no son gestores, sino que su labor consiste en escuchar las demandas ciudadanas y canalizarlas a las instancias correspondientes. 

    En síntesis, todo deriva de un Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente para que el personal de todos los Módulos Legislativos de los 66 diputados locales cuente con las herramientas necesarias para identificar si se trata de un despojo y orientar a las personas hacia la respectiva instancia.

    Durante el curso también se expuso que el delito de despojo no se está incrementando debido a que se presentan solo nueve denuncias al día y porque es una constante desde tiempo atrás.

    La directora de Cabildo y Enlace con las Alcaldías de la Secretaría de Gobierno, Valeria Sánchez González, quien también es encargada de la atención del gabinete contra despojos, comentó que desde hace un año se implementó una estrategia encaminada a brindar certeza jurídica sobre distintas problemáticas que enfrenta la población, las cuales se presentan por diversas vías, como el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) y el “Zócalo de Gobierno Ciudadano”. 

    EL MUNDIAL DEJÓ UNA DERRAMA DE 66 MMDP

    En la mesa de trabajo de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 del Congreso de la Ciudad de México, las Secretarías responsables presentaron los resultados de la participación de la capital como sede mundialista, un ejercicio de rendición de cuentas que refleja la vocación de buen gobierno de la Capital de la Transformación, gobernada por Clara Brugada Molina desde la cercanía con el pueblo.

    Los datos:

    Más de 12.5 millones de personas disfrutaron el Mundial en el espacio público de la capital, con el pueblo como protagonista de la fiesta futbolera.

    La ciudad recibió 4.4 millones de turistas, 21% más que en las mismas fechas del año pasado, con una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.

    El “FIFA Fan Fest” del Zócalo, con 2 millones 507 mil asistentes en 39 días, fue el más concurrido del Mundial. 

    Presentaron los resultados la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; Nashieli Ramírez Hernández, secretaria de la Contraloría General, y la doctora Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien celebró a los cientos de miles de funcionarios públicos que acercaron el Mundial a cada rincón de la ciudad.

    La doctora Eréndira Cruzvillegas dijo que fueron 140 mil servidores públicos que atendieron a los capitalinos y a visitantes.

    Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo expresó: “gracias a las mujeres pioneras de la Selección Femenil de México 1971 que abrieron camino”. 

    Se desplegó el Plan Kukulcán, con un plan de seguridad para cada partido, operativos en la Última Milla y en los hoteles de las selecciones, y coordinación con embajadas. Más de 60 mil personas fueron movilizadas con los sistemas Ride y Park and Ride, reconocidos por la FIFA como caso de éxito.

    La derrama económica se estimó entre 44 mil y 66 mil millones de pesos. El Impuesto Sobre Hospedaje de junio creció 20.6% respecto a 2025 y el IMSS reportó 100 mil empleos formales nuevos en junio. Las llegadas internacionales por ambos aeropuertos, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, aumentaron 3.5% en el segundo trimestre.

    La jefe de gobierno, Clara Brugada, presidió los Comités de la ciudad de México para el Mundial, con 78 asambleas vecinales y coordinación permanente entre gobiernos, la FIFA y la comunidad. 

    Se realizaron más de 2 mil obras que se quedan para siempre, entre ellas 250 kilómetros de pavimentación, 500 escuelas renovadas y el Parque Elevado Tlalpan.

    En cuanto al programa Hospedaje Seguro, éste operó con 270 hoteles y la Tarjeta Azul de UNICEF contra la explotación infantil. Se capacitó gratuitamente a 136 mil personas y se rindió homenaje a Las Pioneras del 71, invitadas de honor de la mesa de trabajo.

    El diputado Ángel Tamariz señaló que “la ciudad de México demostró una vez más que es una urbe de clase mundial, pero sobre todo una ciudad con alma, con memoria y con una vocación inquebrantable por la justicia social. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”.

    Por último se mencionó que esta capital recibió aficionados de 84 nacionalidades y generó más de 171 mil artículos en la prensa internacional. De acuerdo con la encuesta De las Heras Demotecnia 2026, 72% de las personas considera que la imagen de México ante el mundo mejoró.

    RADIOGRAFÍA DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO 

    El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) conoció el “Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”, documento que sistematiza los principales resultados del proceso de registro, validación y dictaminación de las propuestas ciudadanas presentadas para ambos ejercicios fiscales, en el que 22 mil 853 proyectos llegaron a las boletas para ser sometidos a votación, de un total de 37 mil 43 solicitudes recibidas. 

    El informe, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación y presentado ante el Consejo General, tiene como propósito generar insumos para la rendición de cuentas, la planeación institucional y la mejora continua de los instrumentos de democracia participativa. Para ello, analiza el comportamiento de las solicitudes registradas en las 16 alcaldías, las 33 Direcciones Distritales y las mil 764 Unidades Territoriales de la ciudad de México. 

    De acuerdo con el análisis, 33 mil 798 solicitudes cumplieron con los requisitos iniciales y obtuvieron folio para ser remitidas a los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías. 

    Posteriormente, y una vez realizados los ajustes derivados de acuerdos institucionales, solicitudes de las personas proponentes y el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales, el universo definitivo quedó integrado por 33 mil 603 proyectos, de los cuales 22 mil 853 fueron considerados viables y 10 mil 750 no viables, lo que representa una tasa de viabilidad cercana al 68 por ciento.

    El documento identifica que 61% de las propuestas fueron presentadas por mujeres y también mostró que el proceso de registro transitó de 37 mil 43 solicitudes recibidas a 22 mil 853 proyectos que participaron en la Consulta, lo que representa una tasa de conversión de 61.7 por ciento. Adicionalmente, identifica la distribución territorial de las propuestas, en el que tres alcaldías (Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo. A Madero) concentran el 41% de todas las solicitudes registradas.

    *Periodista: [email protected]

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    Sala de casa

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  17. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Depredadores del erario público

    Lobo y compañía reclaman prerrogativas del PRD ciudad de México sin tener ningún derecho | Propone la diputada Rebeca Peralta crear un programa anual de teatro penitenciario en cárceles de la Cdmx | La decisión de retirar las estatuas del “Ché” Guevara y de Castro “es una visión reducida de la democracia”: Sánchez Barrios

    Por Luis Muñoz  

    Las características de un buen político es aquello que los distingue de los demás: la honestidad, la empatía, la transparencia; priorizan el bienestar social por encima de intereses personales, pero, sobre todo, actúan con ética.

    Los sociólogos, que saben bastante de esto, porque a eso se dedican: a estudiar cómo se comportan las personas en grupo y cómo funciona la sociedad, ven a los políticos como una élite de poder separada del pueblo.

    Pero no hay que generalizar, pues hay más buenos que los malos. Estos últimos son como “el negrito en el arroz”. Son fáciles de descubrir. Sus acciones los delatan…

    A leguas se ve quien es corrupto, soberbios; amante de la mentira y proclive a usar el poder de mala manera.

    Hace unos días, dirigentes del PRD ciudad de México revelaron que en un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del partido del Sol Azteca, Mario Tripp Reyna, secuaz del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román, presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Cdmx para que le entreguen los recursos que suman algo así como ¡81.8 millones de pesos! correspondientes a periodos anteriores. 

    También, recientemente, denunciaron ante instancias penales a funcionarios del Instituto Electoral capitalino por la falta de ministración de dichos fondos a que tiene derecho el partido.

    Los mismos dirigentes del PRD capitalino han señalado que Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara Baja, exigió a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.

    Un mandato del Congreso capitalino, aprobado por el Pleno, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025 que no se ejercieron debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.

    El 31 de julio de éste 2026, Tripp Reyna pidió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades ni elementos para hacerlo. Ante esa demanda, las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez le aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.

    Por lo tanto, según explicaron los dirigentes perredistas, “cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del Partido del Sol Azteca, cosa que no pueden comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes de PRD Cdmx.

    Además, advirtieron que a esos personajes –Loboy su grupo- los van a desenmascarar y a exhibir como lo que son: depredadores de las prerrogativas del PRD Cdmx.

    Ahí está la muestra de su ambición: el 31 de julio quedó al descubierto de manera pública su codicia.

    REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CULTURA: REBECA PERALTA

    Con el objetivo de construir una reinserción social más humana y efectiva, la diputada Rebeca Peralta del PVEM en el Congreso, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Cultura de la ciudad de México a crear un Programa anual de teatro penitenciario como mecanismo de reinserción social que contemple la realización de funciones culturales intramuros y cuando las condiciones lo permitan realizar presentaciones extramuros de personas privadas de la libertad.

    La propuesta parte de una idea sencilla: el teatro no solo forma actores, también fortalece valores, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y habilidades para la vida, elementos fundamentales para que las personas privadas de la libertad puedan reconstruir su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad.

    La legisladora destacó que la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen la cultura como parte del proceso de reinserción social, por lo que impulsar actividades artísticas dentro de los centros penitenciarios representa una inversión en seguridad, inclusión y reconstrucción del tejido social.

    El Punto de Acuerdo propone que en todos los centros penitenciarios de la ciudad de México se desarrollen actividades permanentes de formación y producción teatral, además de realizar, al menos, una jornada anual de funciones al interior de los centros, con acceso controlado para familiares, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público previamente registrado, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.

    “La reinserción social no termina con el cumplimiento de una sentencia; comienza cuando brindamos oportunidades reales para que las personas desarrollen capacidades, recuperen la confianza en sí mismas y reconstruyan sus vínculos con la sociedad”, señaló Peralta León.

    Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer una política pública que coloque a la cultura como un eje de la reinserción social y reafirme que la seguridad también se construye generando oportunidades de cambio.

    LAS ESTATUAS DEL “CHE” Y CASTRO NO SON MONEDA DE CAMBIO

    “Las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro no son únicamente la representación de dos personajes históricos: recuerdan un episodio ocurrido en territorio mexicano que tuvo repercusiones continentales. Son testimonio de una relación histórica entre México y América Latina, de una época y de un contexto que no desaparecen porque una autoridad decidió retirar un monumento.

    Una ciudad que renuncia a su memoria termina empobreciendo su capacidad para comprender su presente y construir su futuro. Si aceptamos que el patrimonio histórico y cultural depende de las preferencias ideológicas y políticas de quién gobierna una alcaldía, dejaremos de tener memoria pública para convertir el espacio urbano en un escenario de revancha política. El patrimonio histórico no tiene partido, pero sí tiene ciudadanos que tienen derecho a conservarlo”.

    Lo anterior fue señalado por la diputada y coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente Diana Sánchez Barrios, debido a que las estatuas de estos personajes las quieren utilizar como moneda de cambio para obtener mayores recursos económicos en la alcaldía Cuauhtémoc.

    Sánchez Barrios dejó en claro que el patrimonio histórico no constituye una mercancía ni un instrumento de compensación financiera. “Su valor trasciende cualquier cálculo económico porque representa la memoria colectiva, la identidad cultural y la historia compartida de la ciudad de México”.

    “Si la intención de retirar esculturas fuera facilitar su intercambio, donación o enajenación con el propósito de beneficios materiales para una alcaldía, se estaría enviando un mensaje profundamente equivocado: que el patrimonio público puede convertirse en moneda de cambio según las necesidades presupuestales o las prioridades políticas de una administración”, precisó la legisladora.

    Resaltó Sánchez Barrios que “las ciudades democráticas no se construyen borrando la historia, sino aprendiendo de ella. La decisión de retirar, en su momento, las esculturas del “Che” Guevara y de Fidel Castro del patrimonio público de la Cdmx por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, representa “una visión reducida de la democracia”, donde el poder político pretende decidir qué episodios históricos merecen permanecer en la memoria colectiva y cuáles deben desaparecer del paisaje urbano”.

    *Periodista: [email protected]

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    Pesos en billetes

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  18. Liz Sánchez afirma que reforma sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión

    La senadora Liz Sánchez aseguró que la propuesta del Ejecutivo sobre derechos de las audiencias fortalece la libertad de expresión, garantiza información transparente y refuerza la protección de las audiencias sin imponer censura.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La senadora Liz Sánchez, del Partido del Trabajo (PT), defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo federal para fortalecer los derechos de las audiencias y sostuvo que la iniciativa busca garantizar el acceso de la población a información clara, transparente y diferenciada, sin afectar la libertad de expresión ni la independencia editorial de los medios de comunicación.

    Durante su participación en tribuna en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora rechazó que la discusión sobre los derechos de las audiencias represente un mecanismo de censura y afirmó que el propósito es consolidar las libertades democráticas y el derecho de la ciudadanía a recibir información que le permita formar un criterio propio.

    El debate ocurre en el contexto de la consulta pública sobre los lineamientos en materia de derechos de las audiencias, tema que ha generado posturas encontradas entre legisladores, especialistas y representantes de medios de comunicación.

    «La libertad de expresión es una conquista del pueblo»

    En su intervención, Liz Sánchez sostuvo que la defensa de la libertad de expresión forma parte de los principios que, dijo, han acompañado al movimiento de la Cuarta Transformación.

    «La libertad de expresión es una conquista del pueblo que no debemos olvidar. Para quienes formamos parte de este movimiento, defenderla no es una postura de ocasión; es una convicción nacida en las plazas públicas, las luchas sociales y la voz de quienes fueron ignorados o silenciados por el viejo régimen», expresó.

    La legisladora añadió que su bancada no busca medios sometidos ni periodistas silenciados, sino un entorno de libertad, pluralidad y crítica. –sn–

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  19. Prisión preventiva oficiosa permanece pese a fallos internacionales contra México

    La prisión preventiva oficiosa continúa vigente en México pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuestionan su compatibilidad con estándares internacionales. La medida permanece en el artículo 19 de la Constitución desde la reforma penal de 2008.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La prisión preventiva oficiosa continúa formando parte del sistema de justicia penal mexicano pese a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a diversos intentos desde el Poder Judicial de la Federación para limitar su aplicación, al considerar que la medida vulnera estándares internacionales de derechos humanos.

    La figura fue incorporada al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2008 como parte de la reforma constitucional que transformó el sistema de justicia penal durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces, su permanencia ha generado un intenso debate entre autoridades, especialistas, organismos internacionales y organizaciones civiles.

    El principal cuestionamiento radica en que la prisión preventiva oficiosa obliga al juez a ordenar el encarcelamiento de una persona imputada cuando el delito que se le atribuye forma parte del catálogo previsto en la Constitución, sin que el Ministerio Público deba acreditar previamente la necesidad de imponer esa medida cautelar.

    ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

    La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que implica que una persona permanezca privada de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal, sin que exista todavía una sentencia condenatoria.

    A diferencia de la prisión preventiva justificada, en la que el Ministerio Público debe demostrar ante un juez que existen riesgos como la fuga del imputado, la afectación a la investigación o el peligro para la víctima o los testigos, la modalidad oficiosa se aplica de manera obligatoria cuando se trata de alguno de los delitos contemplados en el artículo 19 constitucional.

    Entre esos ilícitos se encuentran, entre otros, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, violación, trata de personas, corrupción en determinados supuestos, delitos cometidos con medios violentos, desaparición forzada y diversos ilícitos relacionados con hidrocarburos, armas y seguridad nacional.

    Corte IDH cuestiona su aplicación

    La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias en las que determinó que la prisión preventiva oficiosa resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al considerar que elimina el análisis individual que debe realizar un juez sobre la necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la medida cautelar.

    El tribunal internacional ha sostenido que la privación automática de la libertad antes de una sentencia puede afectar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y la libertad personal.

    En cumplimiento de esas resoluciones, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano adecuar su marco jurídico para armonizarlo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

    https://sociedad-noticias.com/2025/09/18/los-derechos-humanos-sostienen-la-democracia/

    Debate constitucional en México

    El tema ha llegado en diversas ocasiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ministros han debatido el alcance de las sentencias internacionales y la posibilidad de inaplicar la prisión preventiva oficiosa frente al texto expreso de la Constitución.

    Sin embargo, la mayoría de los criterios judiciales han concluido que la Suprema Corte no puede dejar sin efectos una disposición constitucional vigente, por lo que cualquier modificación de fondo requiere una reforma aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales.

    Mientras tanto, la figura continúa aplicándose en los casos previstos por el artículo 19 constitucional, lo que mantiene abierto el debate entre quienes consideran que constituye una herramienta para combatir delitos de alto impacto y quienes sostienen que su aplicación automática vulnera derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional. –sn–

    Prisión

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  20. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Inician reuniones para atender problemas en centros de reclusión de la Cdmx

    La diputada Rebeca Peralta revisará junto con la CDHCM temas relacionados con las personas privadas de la libertad | Aprueban convocatorias para realizar una Jornada Extraordinaria de la Elección de la Copaco 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 | Todo un éxito la Guelaguetza en Azcapotzalco, dijo la alcaldesa Nancy Núñez

    Por Luis Muñoz  

    Los derechos humanos en las cárceles de la ciudad de México merecen la mayor atención, pues enfrentan grandes retos como el hacinamiento, la falta de salud adecuada y la violencia.

    A pesar de las leyes, las personas presas sufren constantes abusos que frenan su vida digna. La vigilancia de estas normas corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), con el apoyo del Congreso local.

    En este contexto, desde el ámbito de sus facultades, la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta León ha venido realizando un importante trabajo en los centros penitenciarios a través de diversas acciones y acompañamientos, buscando contribuir a los procesos de reinserción social, promoviendo actividades que fortalezcan la dignidad, la esperanza y las oportunidades de cambio para las personas privadas de su libertad.

    Esta semana inició con una reunión de trabajo junto al equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para revisar diversos temas relacionados precisamente con las personas privadas de la libertad y fortalecer las acciones en favor del respeto y la protección de sus derechos.

    La legisladora precisó que seguirán impulsando el trabajo coordinado entre instituciones para avanzar en políticas públicas que promuevan la reinserción social, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.

    Se sabe que los principales problemas que enfrentan los centros penitenciarios de la capital, son diversos. Entre ellos:

    Sobrepoblación: Falta de espacio y saturación grave en varios centros de reclusión locales.

    Salud deficiente: Escasez de medicinas, personal médico y atención especializada.

    Violencia y corrupción: Malos tratos y fallas en la seguridad interna de las cárceles.

    Derechos Fundamentales

    Integridad: Derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles.

    Comunicación: Contacto regular y digno con familiares y abogados.

    Reinserción: Acceso a educación, trabajo y salud para preparar el retorno a la sociedad.

    Como antecedente de este tipo de reuniones está la jornada de actividades públicas organizadas por el gobierno capitalino y la CDHCM. Su objetivo principal es promover, difundir y defender las garantías fundamentales mediante conversatorios, ferias de servicios y expresiones artísticas en espacios públicos.

    Se enfocan en la atención territorial, la revisión de políticas públicas y el fortalecimiento institucional de las garantías fundamentales en las 16 demarcaciones de la Cdmx.

    Ahora, la jornada que encabeza la diputada Peralta León contempla acciones dirigidas a grupos específicos como mujeres, infancias, personas con discapacidad, juventudes y comunidades en situación de vulnerabilidad.

    La colaboración institucional entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la diputada Rebeca Peralta León se ha centrado históricamente en mesas de trabajo legislativo, revisión presupuestal y acciones de reinserción social.

    Destaca la Revisión presupuestal. El análisis de recursos para la prevención de la violencia de género y operación de la comisión. Además el impulso a iniciativas sobre hijas e hijos de personas privadas de la libertad. Y la promoción de derechos para comunidades diversas y garantía de protección en la capital.

    REPONDRAN JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDANA EN LA CUAUHTÉMOC

    El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las convocatorias para realizar una Jornada Extraordinaria de la Elección de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la Unidad Territorial Vista Alegre, así como una Jornada Extraordinaria de Consulta en San Simón Tolnahuac, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.

    El IECM informó que la Jornada Extraordinaria se realizará el 16 de agosto de 2026, de 9:00 a 17:00 horas mediante la modalidad tradicional, en las Mesas Receptoras de Opinión (MRO).

    IECM

    Señaló, además, que conservarán su validez las opiniones emitidas durante la Jornada Anticipada celebrada del 20 al 30 de abril de 2026, tanto aquellas registradas por vía remota a través de la aplicación móvil del Sistema Electrónico por Internet (SEI), como las recabadas mediante dispositivos electrónicos proporcionados por el Instituto Electoral para las personas en estado de postración, personas cuidadoras primarias y personas en prisión preventiva. Igualmente, se preservarán las opiniones anticipadas emitidas mediante boletas impresas, de manera que no se requerirá utilizar el SEI para recabar la opinión en la Jornada Extraordinaria.

    El instituto explicó que la determinación da cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) en los juicios TECDMX-JEL-252/2026 y acumulados, así como TECDMX-JEL-232/2026 y acumulados, una vez que las resoluciones quedaron firmes y concluyeron las controversias relacionadas con la jornada ordinaria.

    Durante la Jornada Única celebrada el 3 de mayo de 2026 se registraron incidentes en Vista Alegre en donde un grupo de personas sustrajo de forma violenta las urnas de votación, mientras que, en San Simón Tolnahuac, un individuo ingresó a la mesa receptora y robó las urnas; hechos que obligaron a suspender definitivamente la recepción de votos y opiniones.

    Derivado de estos acontecimientos, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y diversas personas promovieron medios de impugnación ante el TECDMX, cuyas resoluciones ordenaron reponer los ejercicios de participación ciudadana en las unidades territoriales involucradas.

    En el caso de Vista Alegre se realizará nuevamente la elección de la Copaco 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, mientras que en San Simón Tolnahuac se repondrá únicamente la Consulta de Presupuesto Participativo para ambos ejercicios fiscales, conforme a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional.

    CONCLUYE CON ÉXITO LA GUELAGUETZA EN AZCAPOTZALCO

    La Guelaguetza, la fiesta cultural más grande de Oaxaca, conocida también como los Lunes del Cerro, concluyó con éxito en Azcapotzalco por el interés y amplia convocatoria que generó a la comunidad chintolola esta fiesta tradicional llevada al corazón de la demarcación, con una oferta de más de 100 artesanos y artesanas de las 8 regiones del estado de Oaxaca y de la alcaldía.

    A lo largo del fin de semana se dieron cita más de 10 mil personas, para ser parte de esta magna celebración que incluyó una calenda en el centro de la demarcación y otra que recorrió las calles de Azcapotzalco, desde la mítica Glorieta de Camarones, hasta el Jardín Hidalgo.

    La alcaldesa Nancy Núñez afirmó que estos eventos refuerzan la trascendencia en materia cultural que mantiene la demarcación y fortalece la propuesta en la materia, no solo para la comunidad chintolola sino también para quienes viven en los municipios y alcaldías circundantes.

    Azcapotzalco se consolida, así, como un referente cultural en la región, donde estos eventos que reivindican la riqueza ancestral de los pueblos se reconocen como derechos de las y los chintololos.

    *Periodista: [email protected]

    Columna anterior: Señalan a consejeros del IECM de retener recursos del PRD-Cdmx

    Reclusorio Oriente

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  21. Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

    La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

    No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

    Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

    El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

    La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

    Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

    Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

    El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

    El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

    La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

    Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

    La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  22. Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

    De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

    México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

    Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

    De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

    Ceremonia del Pentathlon

    Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

    Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

    También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

    Bandera UNAM

    Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

    Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

    Punto cero

    El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  23. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Rebeca Peralta y su trabajo en territorio 

    Esta vez hizo una “pausa” para visitar Oaxaca acompañada por su hija Becky | Por fin, el diputado Jesús Sesma fue recibido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, de quien se quejaba de “no quererlo” | Vecinos denuncian que la alcaldía Cuauhtémoc está llena de baches | Aumentan vigilancia en mercados de Azcapotzalco

    Por Luis Muñoz  

    El 19 de julio llegó a su fin el Mundial de Futbol 2026, pero la labor legislativa continuó a su ritmo habitual. No en la sede del Congreso de la Ciudad de México porque se quedaron sin luz, apagón atribuido al estallido de un transformador, que “en algún momento se tendrá que solucionar”, dijo la diputada Xóchitl Bravo Espinosa.

    Sigamos, pues, los pasos del trabajo en territorio de la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta León, en tanto se reanudan las actividades en el Congreso interrumpidas hace ya más de una semana.

    Este miércoles 22 de julio, la legisladora local por el Distrito XXIV de Iztapalapa, no ha parado y continúa realizando visitas y sosteniendo reuniones con funcionarios.

    Durante un acto reciente, Peralta León dijo que el trabajo coordinado con las Copaco (Comisiones de Participación Ciudadana) es fundamental para seguir construyendo mejores comunidades. 

    Prometió como diputada seguir sumando esfuerzos junto a la alcaldesa Aleida Alavez para dar resultados a las familias de Iztapalapa.

    Las Copaco, como se sabe, son órganos de representación ciudadana en la ciudad de México y están integradas por vecinos elegidos por su propia comunidad para representar los intereses de su colonia o Unidad Territorial ante las autoridades.

    Entre sus principales funciones está representar los intereses colectivos de los habitantes y canalizar sus demandas de servicios o mejoras urbanas, además de colaborar y dar seguimiento a la ejecución y vigilancia de los proyectos de presupuesto participativo en su zona.

    Desde que inició su gestión, el compromiso de la diputada Rebeca Peralta con las Copaco en Iztapalapa se ha centrado en la escucha activa, el trabajo en equipo y la gestión coordinada, lo cual ha venido dando resultados plausibles de acuerdo con vecinos de la zona.

    Esta semana, la Vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso local hizo un alto en el camino para pasar “unos días agradables” en el estado de Oaxaca, tierra natal de Benito Juárez, al lado de su hija Becky, a quien, seguramente, tarde que temprano la veremos ocupando una curul apadrinada por Jesús Sesma.

    Antes de este viaje, en mayo, Peralta León hizo un recorrido al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde reconoció el trabajo que se realiza en materia de reinserción social a través del deporte, las actividades productivas y distintos programas que buscan brindar herramientas y oportunidades a las personas privadas de la libertad.

    Durante la visita también dialogó sobre la importancia de fortalecer acciones que contribuyan a una reintegración digna y con mayores oportunidades, además de realizar la entrega de kits de higiene y playeras, sumando esfuerzos para mejorar las condiciones dentro del centro penitenciario.

    Huelga decir que la legisladora ha estado empeñada en proponer reformas para garantizar derechos humanos fundamentales a la vivienda y salud a mujeres que egresen de prisión.

    Desde la tribuna del Congreso ha presentado reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México.

    En este sentido, presentó una iniciativa para reformar dicha Ley y crear el Procedimiento de Indemnización Exprés con el propósito de garantizar que el derecho a la reparación del daño sea efectivo y no quede atrapado en la burocracia.

    Destaca la reunión que la diputada Rebeca Peralta sostuvo con la alcaldesa Alavez, quien le presentó los avances 2025-2026, compartiendo resultados y acciones en beneficio de la alcaldía Iztapalapa.

    En el encuentro, ambas acordaron seguir trabajando en coordinación desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México para impulsar iniciativas y acciones en favor de la ciudadanía.

    Como parte de su labor legislativa, ha expresado desavenencias con algún alcalde durante su comparecencia en el Congreso, como con la titular de Tláhuac.

    En su intervención, Peralta, de entrada, preguntó: ¿Cómo confiar en un informe que reporta cifras de noviembre cuando seguimos en mayo?

    Acto seguido señaló inconsistencias que preocupan en la comparecencia de Berenice Hernández Calderón. Sin afán de exhibirla, se refirió a un documento que parece adelantarse al futuro y números que no terminan de sostener los resultados que se presumen.

    Citó 198 clausuras, multas millonarias y una recuperación mínima. Tláhuac, advirtió la legisladora, corre el riesgo de convertirse en una alcaldía donde es más fácil cerrar un negocio que ayudarlo a regularizarse y salir adelante.

    Los ciudadanos merecen resultados y también información seria, pues la rendición de cuentas no puede basarse en cifras que generan más preguntas que respuestas, señaló.

    Un tema sensible que también puso sobre la mesa es el impulso de una propuesta para sancionar la omisión de auxilio a animales atropellados y endurecer las penas cuando la persona responsable huya del lugar sin brindar ayuda ni dar aviso a la autoridad.

    Hace poco, la representante popular sostuvo una reunión de trabajo con el Director General de Regularización Territorial, Adolfo Toxqui Gallardo, para dar seguimiento al estatus de diversos predios ubicados en el Distrito XXIV de Iztapalapa y revisar los avances en los procesos correspondientes.

    En la reunión se comprometió a seguir gestionando y trabajando de manera coordinada con las autoridades “para brindar certeza jurídica y atención a las necesidades de las vecinas y vecinos de nuestras colonias”.

    En sus recorridos recoge propuestas que canaliza a las autoridades correspondientes y pone su mayor esfuerzo para que las demandas sean atendidas, aún cuando no todo se logre al cien por ciento.

    HASTA QUE SE LE HIZO A CHUCHO SESMA

    Después de tanto quejarse de que el gobierno de la ciudad de México no lo quiere y que ni caso le hace, al fín puede decir que su “sueño” se cumplió.

    Esta semana se reunió con la jefe de gobierno, Clara Brugada Molina, en sus oficinas del Zócalo capitalino para agradecerle la deferencia que tuvo con él y también por la apertura al diálogo sobre diversos temas. 

    -Fue un encuentro de respeto y reconocimiento a las circunstancias políticas de cada quien-, anunció. Estoy convencido de que el diálogo y la voluntad siempre serán el mejor camino para construir acuerdos por el bien de la Ciudad de México, informó.

    EN CUAUHTÉMOC, BACHES POR DOQUIER

    La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presume que su administración hace lo que ninguna otra: que trabaja intensamente, que casi no hay problemas, que atiende oportunamente las quejas y demandas de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, pero…

    La realidad es muy distinta. En la colonia San Simón, los vecinos se quejan de que sus calles están llenas de baches y como las autoridades de la alcaldía no les hacen caso, ellos mismos han tenido que tapar los hoyancos con sus propios recursos y mano de obra.

    REFUERZAN SEGURIDAD EN MERCADOS

    La alcaldesa Nancy Núñez instruyó fortalecer los recorridos de seguridad al interior de los más de 20 mercados públicos de Azcapotzalcol y en ese sentido,

    más de 300 personas recibieron atención directa sobre la prevención y acciones ante un hecho delictivo.

    La alcaldía informó que la policía auxiliar realizó un recorrido al interior del Mercado Pasteros, a fin de fortalecer la presencia policiaca en estos puntos de comercio y poner a disposición de locatarios y ciudadanía los mecanismos de atención y respuesta a emergencias instrumentados por el gobierno local.

    De acuerdo con el Director Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, Eduardo Aguilera Frías, por instrucciones de la alcaldesa Núñez la PA recorrerá los más de 20 mercados públicos de la zona, reforzando la seguridad y proximidad con la ciudadanía.

    De esta manera, la alcaldía Azcapotzalco mantiene una estrategia coordinada en materia de seguridad con las instituciones federales y estatales, a fin de mantener resultados tangibles para la ciudadanía y abordar de manera frontal las problemáticas cotidianas de la ciudadanía.

    *Periodista: [email protected]

    Columna anterior: Avanza el Plan General de Desarrollo de la Cdmx

    Congreso CDMX

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  24. Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

    La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

    El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

    La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

    Francisco Alejandro Leyva Aguilar 

    El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

    El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

    Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

    México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

    Periodistas fotógrafos reporteros en protesta
    | @SociedadN_

    En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

    Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

    Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  25. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Avanza el Plan General de Desarrollo de la Cdmx

    El PGD nos va a ayudar a ordenar el territorio, siempre de la mano de la gente, dijo la diputada Xóchitl Bravo. Morena acusa al PAN de querer sabotear el PGD | Pablo Trejo pide realizar diagnóstico técnico del arbolado en la Agrícola Oriental para prevenir riesgos por lluvias.

    Por Luis Muñoz  

    En una conferencia en la que se habló del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que aún no se discute lo suficiente y ni siquiera ha llegado al Congreso capitalino, la diputada Xóchitl Bravo resaltó que el PGD “nos va a ayudar a ordenar el territorio; a tener un Programa de Ordenamiento; a combatir la gentrificación y a que tengamos nuestros suelos de conservación y bosques garantizados en esta ciudad; pero, sobre todo, va a combatir la corrupción inmobiliaria”.

    Diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena asistieron a esta conferencia que se llevó a cabo en la terraza del edificio Zócalo del Poder Legislativo capitalino.

    Xóchitl Bravo, en su calidad de coordinadora de Morena, dijo que su intención es abonar siempre a la construcción de la ciudad, “pero siempre de la mano de la gente, de los habitantes de la ciudad”.

    La legisladora ratificó la importancia de poder charlar y discutir el tema en el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones que inicia en Septiembre, siempre teniendo en cuenta que a la gente de la ciudad no se le debe mentir. 

    Explicó que el Plan General de Ordenamiento de la Ciudad tiene su fundamento en el Artículo 15 de la Constitución de la Ciudad de México y es uno de los instrumentos de planeación. Un instrumento de planeación, dijo, es un mecanismo con el que vamos a ordenar esta capital en todos sus aspectos y viene acompañado de un segundo instrumento, que es el Programa de Ordenamiento Territorial.

    Recordemos, agregó, que hoy en esta ciudad tenemos los programas provisionales de gobierno de las alcaldías, que fueron remitidos a principios de año al Congreso local. Así que una vez aprobado este Plan General, tendríamos que tener los programas de gobierno de las 16 alcaldías.

    “Tenemos que crear los programas de ordenamiento, alcaldía por alcaldía; es decir, regular el suelo. Y creo que ahí es donde ya no les está gustando (a la oposición), porque “son expertos en el tema inmobiliario”. 

    Durante la conferencia, Bravo Espinosa reiteró que el Plan General de Desarrollo de la Ciudad no ha concluido su etapa. No hemos concluido aún la terminación del Plan General de Desarrollo.

    Habló también de lo importante que es que la gente de la ciudad conozca cómo funciona este procedimiento. De paso lamentó que diputados y diputadas (de la oposición, por supuesto) no lean y no conozcan cómo funcionan los procesos de participación ciudadana. 

    En cuando a quienes integran la Junta del Instituto de Planeación, Xóchitl Bravo señaló que son ellos los que van a aprobar el proyecto del Plan General. Una vez aprobado, la jefe de gobierno, Clara Brugada, lo remitirá al Congreso de la Ciudad de México… Y una vez que nos llegue al Congreso quiero invitar a las diputadas y diputados de oposición a que se “desempolven los zapatos”.

    En síntesis, la legisladora de Morena destacó: 

    -Le vamos a entregar a la Ciudad el Plan General que nos va a ayudar a ordenar el territorio; a tener un Programa de Ordenamiento; a combatir la gentrificación; a que tengamos nuestros suelos de conservación, nuestros bosques, garantizados en esta ciudad; pero, sobre todo, va a combatir la corrupción inmobiliaria.

    Además, no permitirá que sigan politizando un tema tan importante para nuestras vecinas y vecinos, haciendo que esta ciudad siga sufriendo las consecuencias de intentar sacar provecho político de un asunto tan relevante.

    “Nosotros vamos a trabajar en esta ciudad de la mano con las alcaldías. Pero también con los institutos y con todas las personas de esta ciudad que quieran una mejor ciudad, y que no solamente hablen por hablar ni protejan otros intereses que están más subterráneos que el beneficio de las mayorías, concluyó.

    QUE EL PAN QUIERE SABOTEAR EL PGD

    En respuesta a las declaraciones “mentirosas y falaces” de diputadas y diputados federales y locales del PAN, que buscan “tumbar” el proceso de aprobación del Plan General de Desarrollo (PGD), el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa para poner los “puntos sobre las íes” a los hechos sobre la mesa.

    Y sin mayores preámbulos acusó que el Partido Acción Nacional quiere sabotear el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México “para seguir haciendo negocio inmobiliario”.

    Morena exhibe el intento del PAN de sabotear el proceso para seguir sacando raja de la anarquía inmobiliaria. El PAN pide desestimar totalmente un proceso en el que incluso fueron partícipes. Diputadas y diputados federales y locales del PAN, insistió Morena, buscan tumbar el proceso de aprobación del PGD y rechazó los intentos del PAN por frenar el instrumento que busca acercar el gobierno a la gente y sentar las bases de una ciudad más segura, más próspera, mejor gobernada y que cuida a todas las personas. 

    INGRESAN QUEJA POR “CAMPO MINADO”

    Este miércoles, el PAN ingresó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que emita las recomendaciones necesarias a la jefe de Gobierno, Clara Brugada, frente a los obstáculos para miles de familias, pacientes y personas con discapacidad que buscan un servicio de salud en las clínicas y hospitales públicos.

    Indicó que la gente se enfrenta con baches, baquetas rotas, puestos ambulantes, socavones y eso limita muchas veces que una persona enferma llegue rápido a sus terapias, consultas o ingresen de emergencia a un servicio médico del sistema de salud público.

    Priscila Vera Hernández, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, señaló lo anterior y agregó:

    “Por poner un ejemplo, lo que viven los pacientes del Hospital Juárez es inaudito, llegar allí es un viacrucis, no solamente por los puestos ambulantes, por obstáculos y porque no existen rampas. 

    El secretario de Gobierno del PAN Cdmx, Miguel Errasti, comentó que la jefa de Gobierno ha dicho que la ciudad de México va a contar con una movilidad integrada, “pero no se ve”.

    Astrid Espinosa Perera, Secretaría de Formación y Capacitación del PAN Cdmx, hizo un llamado a que el Gobierno “del cártel de Morena”, se ponga a trabajar. 

    En el mismo sentido, el diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena, subrayó que el Gobierno debe poner atención en reparar calles y avenidas, principales en la zona de hospitales del norte de la capital, sobre todo en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte del IMSS, en Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, donde llegan pacientes con problemas de movilidad y deben utilizar instrumentos ortopédicos.

    PIDE TREJO DIAGNÓSTICO ARBOLADO

    El diputado del PRD en el Congreso capitalino, Pablo Trejo, pidió realizar un diagnóstico técnico del arbolado en la Agrícola Oriental para prevenir riesgos por lluvias.

    Con el objetivo de proteger la integridad física y el patrimonio de las y los vecinos de Iztacalco, Trejo Pérez presentó este miércoles ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a elaborar un diagnóstico técnico del arbolado urbano en la colonia Agrícola Oriental.

    ¿Eso qué significa?

    La necesidad de evaluar las condiciones físicas, estructurales y fitosanitarias de los ejemplares de la zona, a fin de identificar aquellos en riesgo de colapso y, de ser procedente, realizar acciones de poda preventiva en coordinación con las autoridades correspondientes.

    Lo que se busca es prevenir accidentes como el ocurrido el martes de esta semana.

    Un enorme árbol de unos 30 metros de altura cayó sobre una camioneta en el cruce de la calle San Borja y la calle Amores, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

    Por lo tanto, la petición del diputado Pablo Trejo está más que justificada.

    *Periodista: [email protected]

    Columna anterior: Formalizan denuncia penal por descarrilamiento del Interoceánico

    Ángel de la Independencia – Maratón Cdmx 2022

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  26. Opinión | Jorge Santa Cruz | «Estamos fregados»: empleada de una farmacia del IMSS

    El creciente desabasto de medicamentos contrasta con la credencialización del Servicio Universal de Salud, que promete mucho con muy poco.

    Por Jorge Santa Cruz                                   

    Son las 08:30 de la mañana. Los pacientes de una de las clínicas familiares del IMSS en la ciudad de México forman dos filas frente a la farmacia. Una es para los medicamentos ordinarios; la otra, para los controlados.

    La farmacia abrió 30 minutos antes, lo cual quiere decir que sus inventarios deberían de estar casi completos.

    Farmacia del IMSS

    En las caras de las personas formadas se advierte la incertidumbre. Una mujer, como de 58 años, comenta en voz alta: «Tengo insuficiencia renal y llevo tres meses sin que me surtan mi medicamento, que es carísimo. Cuando puedo, lo compro; cuando no, me tengo que aguantar». Sus improvisados escuchas solo atinan a mover negativamente sus cabezas y a esbozar una mueca de reproche al IMSS.

    Las dos filas avanzan rápidamente porque los pacientes se quedan con sus recetas.

    —No nos ha llegado.

    —¿Cuándo la podrían tener?

    —Venga lunes o martes de la próxima semana, a ver si ya…

    —Veo que a muchos los regresan con las manos vacías.

    —Sí: estamos fregados. Y para colmo, nos tocan los regaños de la gente que se enoja.

    Los que se encuentran en la parte de atrás de la fila no necesitan escuchar para enterarse de lo que sucede. Basta que vean cómo las empleadas mueven sus cabezas de un lado a otro; y cómo los pacientes reciben nuevamente sus recetas. La mayoría ya no protesta. Sabe que el problema viene de «arriba», de «muy arriba».

    Sacaron del cuadro básico de medicamentos productos tan básicos como el captopril, que se prescribe para casos de hipertensión. Otros, como la metformina (para la diabetes) y el bezafibrato (para reducir los niveles de triglicéridos) simple y sencillamente no se encuentran en sus respectivos estantes.

    Farmacia del IMSS

    Llegar a la ventanilla de la farmacia de la clínica con una receta de duloxetina (que es una medicina controlada) equivale también a recibir una negativa: «No nos ha llegado». La duloxetina está indicada, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión mayor, la ansiedad generalizada, la fibromialgia, el dolor crónico musculoesquelético y el dolor por neuropatía diabética.

    Cada receta lleva un ingrediente invisible para el IMSS, para el ISSSTE, para el ISSFAM, para los servicios médicos de Pemex, para la Secretaría de Salud, para el IMSS Bienestar: la esperanza de los pacientes de mejorar su salud y calidad de vida.

    El trámite es rápido. Lo paradójico es que a pocos metros de la farmacia están los módulos de Credencialización del Servicio Universal de Salud (otra forma que tiene el régimen para hacerse con los datos biométricos de la población).

    A la población le ofrecen un Servicio Universal de Salud que carece de medicamentos, de médicos especialistas y de apartos suficientes. El régimen sigue en campaña. Eso, y mentir, es lo que sabe hacer.

    Bien lo dijo la chica que amablemente dialogó con uno de los pacientes: «estamos fregados». 

    * Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

    Columna anterior: Peligroso paroxismo patriotero

    (El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

    El periodista Jorge Santa Cruz

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  27. Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Formalizan denuncia penal por descarrilamiento del Interoceánico

    El PAN acusa a Gonzalo López Beltrán y a la Secretaría de Marina del accidente ocurrido en Oaxaca.| “El derecho de las audiencias es importante porque tiene que ver con la democracia”: señaló la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena.

    Por Luis Muñoz  

    Por esos hechos, el Partido Acción Nacional dijo que no se ha citado ni a los constructores ni al supervisor por las 14 muertes del primer percance y por ello exigen que se llegue hasta las últimas consecuencias y comparezcan ante la Fiscalía General de la República (FGR).

    Este día (viernes), Acción Nacional ingresó una denuncia penal ante la FGR en contra de Gonzalo López Beltrán, quien fuera el único y principal encargado de supervisar la construcción del Tren Interoceánico, el cual ha tenido diversas averías, omisiones y recientes descarrilamientos que han cobrado vidas inocentes.

    La querella también señala a las autoridades de la Secretaría de Marina, responsables del manejo, administración y control de este medio de transporte.

    La coordinadora nacional de Medio Ambiente del CEN PAN y ex diputada Priscila Vera Hernández, junto con el diputado federal y vocero del grupo parlamentaario del PAN, Federico Döring Casar, así como de la dirigencia local del PAN-Cdmx, detallaron que la denuncia tiene que ver con el más reciente descarrilamiento, y otro en Asunción Ixtaltepec, en el sureste de Oaxaca hace varios meses.

    “Presentamos una denuncia para que se investiguen los dos descarrilamientos del Tren Interoceánico” señalaron los panistas, además de advertir que no se ha citado ni a los constructores ni al supervisor honorífico López Beltrán por las 14 muertes del primer accidente en Oaxaca”, declaró Vera Hernández. 

    José Ramón López Beltran | @SociedadN_

    Federico Döring Casar señaló que en el primer incidente, la presidente Claudia Sheinbaum salió a decir que “Bobby” no era responsable de nada y trató de minimizar el descarrilamiento mortal. 

    Los panistas exigieron a la Fiscalía que haga una investigación y no sólo se acuse al maquinista por exceso de velocidad, sino que se indague verdaderamente las obras de rehabilitación y los trazos construidos.

    Los integrantes del PAN en la ciudad de México, Astrid Espinosa y Miguel Errasti, indicaron que “estos casos de corrupción no se les debe dar carpetazo como ha sucedido con los ´compadres´  de Morena y los amigos de la presidente Claudia Sheinbaum”.

    Cuerpos en el piso tras accidente del Tren Interoceánico

    Cabe destacar que, a nivel federal, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, ha criticado junto con senadores del PAN, “la mala planeación, la mala construcción y la mala administración del Interoceánico”.

    Los panistas confiaron en que la FGR sabrá darle trámite a esta denuncia en memoria de los pasajeros fallecidos. 

    DIA DE LAS AUDIENCIAS EN LA CDMX

    Los derechos de las audiencias es un tema muy importante porque tiene que ver con la democracia de nuestro país y de nuestra ciudad, afirmó la diputada Xóchitl Bravo Espinosa.

    Pero no solo eso, también son el medio que permite ir viendo cómo se garantizan esos derechos para que los habitantes de la ciudad tengamos la oportunidad no solamente de escuchar, sino de reflexionar y realimentar los distintos puntos de vista. 

    “De repente, observó la legisladora, la gente piensa que hacer una iniciativa es fácil y no. Es un trabajo muy largo, de muchos meses que lleva a la reflexión, al acuerdo con las distintas fuerzas políticas. “Y eso, creo, ha fortalecido mucho lo que hoy hacemos”.

    Además, dijo Bravo Espinosa, estoy convencida que esta ciudad de vanguardia, que garantiza los derechos, no tuvo mejor momento que éste para poder legislar sobre los derechos de las audiencias.

    Xóchitl Bravo Espinosa

    Explicó que los derechos de las audiencias no solamente son para las personas que “hacen medios de comunicación; principalmente lo tenemos que ver como el derecho de las personas a recibir información veraz, plural, oportuna, pero también con contenidos informativos; con contenidos que se puedan platicar, dialogar; con contenidos que la gente pueda inclusive estar revisando”.

    Estos derechos no son para limitar; no es para que veamos quién puede o no puede hablar. Por el contrario, yo creo que fortalece mucho que la ciudadanía esté informada de manera libre, crítica y con muchas herramientas para tomar decisiones.

    Para nosotras y nosotros, es muy importante que la gente tome decisiones efectivas a partir de información veraz y verídica. Por eso creo que este espacio es muy importante. Por eso, desde el Congreso de la Ciudad de México, saludamos mucho esta iniciativa (aprobada) de la diputada Valentina Batres.

    Finalmente la diputada Xóchitl Bravo dio las gracias a “Valentina por su interés y a Jorge Armando Rocha, compañero por su experiencia, y de quien aprendemos todos”.

    PROPONEN REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL

    El diputado del PRD, Pablo Trejo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que plantea reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México con la finalidad de otorgar certeza jurídica y regular los derechos por los servicios de control vehicular y licencias para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, conocidos como VEMEPE.

    Esta propuesta representa el eslabón final de una estrategia integral que comenzó con la reforma a la Ley de Movilidad en agosto de 2025 para definir formalmente a estos vehículos particulares, continuó en mayo de 2026 con la actualización del Reglamento de Tránsito, y se complementó el pasado 30 de junio con la publicación de los lineamientos operativos de la Secretaría de Movilidad para el emplacamiento y registro de estas unidades.

    Pablo Trejo Pérez

    El documento detalla que el crecimiento sostenido de la micromovilidad eléctrica representa una alternativa sustentable y eficiente para los trayectos cortos en la capital. 

    No obstante, este dinamismo ha establecido retos importantes en materia de seguridad vial y ordenamiento del espacio público, lo que originó modificaciones previas en la Ley de Movilidad y sus reglamentos para obligar al registro, control e identificación de este tipo de transportes.

    Trejo explicó que el propósito central de esta reforma fiscal es subsanar el vacío jurídico actual, armonizando las obligaciones de movilidad con la normatividad hacendaria. 

    De este modo, añadió, se busca que las autoridades administrativas cuenten con facultades expresas bajo el principio de legalidad tributaria para el cobro de derechos, garantizando tarifas proporcionales que reflejan de manera razonable los costos operativos del gobierno sin desalentar el uso de alternativas de transporte limpias.

    La adición del artículo 224 Bis propone el esquema de cobros para los trámites vehiculares correspondientes a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales:

    • Alta vehicular (comprende expedición inicial de placa y tarjeta de circulación): $355.00
    • Reposición de tarjeta de circulación, cambio de propietario, domicilio, motor o corrección de datos: $140.00
    • Trámite de baja de vehículo: $200.00 
    • Cualquier otro servicio de control vehicular distinto a los anteriores: $150.00 
    Moto electrica

    Un aspecto relevante de la propuesta estriba en que las cuotas y tarifas planteadas surgen de un análisis metodológico coordinado con la Secretaría de Movilidad, el cual busca un beneficio directo al usuario.

    Cabe destacar que la recaudación establecida representa únicamente una recuperación parcial de los costos operativos de los módulos de atención y plataformas tecnológicas, con lo cual la administración pública absorbe gran parte del gasto con el objetivo prioritario de incentivar de manera masiva la regularización de estas unidades en lugar de perseguir fines recaudatorios. 

    La propuesta contempla la reforma de las fracciones correspondientes a las licencias de conducir en el artículo 229 del mismo ordenamiento fiscal. De esta forma, se establece que las licencias Tipo A1 (con un costo de $572.00) y Tipo A2 (con un costo de $1,142.00) incorporen de manera explícita la facultad para conducir vehículos motorizados eléctricos personales, además de las motocicletas y vehículos particulares según corresponda.

    *Periodista: [email protected]

    Columna anterior: Importante derrama económica dejó a las arcas de la ciudad el Mundial de Futbol 

    Tren Interoceanico descarrilado

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  28. La SCJN realiza conversatorio “Identidades de género y sus desafíos jurídicos”

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el conversatorio “Identidades de género y sus desafíos jurídicos” para reflexionar sobre el reconocimiento de las personas no binarias.

    Por Lizbeth Álvarez Martínez | Reportera                                           

    Con el propósito de reflexionar sobre el reconocimiento de las identidades de género no binarias y los retos que enfrentan los marcos jurídicos e institucionales para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) organizó el conversatorio “Identidades de género y sus desafíos jurídicos”.

    La actividad reunió distintas perspectivas para analizar las barreras que persisten en materia de inclusión y no discriminación, así como la transformacción necesarias en los sistemas de justicia para responder a la diversidad de experiencias y contextos presentes en el país.

    Al dar la bienvenida a nombre del ministro-presidente Hugo Aguilar Ortiz, Cristina Solano Díaz, directora general de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, dijo que desde el pasado mes de junio se han realizado este tipo de encuentros que no han quedado solo en discursos, ya que “existen resoluciones importantes de la Corte para la comunidad sexogenérica que seguimos impulsando a través de las áreas auxiliares que realizan una labor jurisdiccional”.

    Consideró que uno de los grandes desafíos en nuestro país es hacer frente a la discriminación, porque “tenemos las normas, podemos tener criterios jurisdiccionales, pero debemos trabajar en la concientización para el respeto a los derechos de todas las personas”.

    Por su parte Fernando Vargas Olvera, de la dirección general del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte (CECSJ), señaló que el alto tribunal ha elaborado los «Cuadernos de Jurisprudencia sobre la diversidad sexual, igualdad y no discriminación en género, en materia laboral y libre desarrollo de la personalidad», entre otros.

    Agregó que, desde el CECSJ, “se plantea un respeto a las disidencias y diversidades sexogenéricas; agendas que consideramos son de primera necesidad ante un contexto que sigue marcado aún por la desigualdad”.

    En el Auditorio «José María Iglesias» del edificio sede de la SCJN, Amaranta Gómez Regalado, antropóloga y activista social zapoteca muxe, celebró que desde el máximo tribunal se realicen estos trabajos de reflexión y análisis.

    Al hablar del contexto histórico de la diversidad sexual desde los años noventa a la fecha, así como de los desafíos que se tienen con la comunidad LGBTIQ+, aseveró que se deben reforzar las luchas contra todo tipo de discriminación, así como evidenciar y actuar contra el clasismo y racismo.

    Gómez Regalado afirmó que, desde la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se contó con un marco legal muy importante que cobijó a muchas poblaciones. “Pocos países tienen este tipo de marcos legales que nos permite avanzar. Es una base que no podemos negociar. Lo logramos, costó mucho esfuerzo llegar ahí y eso nos empuja a seguir trabajando. Ese blindaje legal nos robustece y nos arropa”, concluyó.

    Con este conversatorio, moderado por Gema Tabares Merino, investigadora jurisprudencial, la SCJN ratifica su compromiso por difundir y visibilizar estas identidades desde una perspectiva interseccional, aportando herramientas para promover el pluralismo jurídico y saldar una deuda histórica de reconocimiento y protección legal para las personas disidentes y pertenecientes a la diversidad sexogenérica. –sn–

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  29. Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

    Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

    La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

    Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

    Edificio sede de la ONU | @SociedadN_

    Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

    Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

    Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

    Corte Penal Internacional

    México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

    Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

    43 de Ayotzinapa

    La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

    El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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  30. SCJN impide suspensiones contra declaración patrimonial de agentes aduaneros

    La SCJN determinó que los agentes aduaneros no podrán obtener suspensiones provisionales para evitar presentar su declaración patrimonial conforme a la Ley Aduanera.

    Por Martín García | Reportero                                      

    Los agentes aduaneros ya no podrán frenar mediante suspensiones provisionales la obligación de presentar su declaración patrimonial, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio que impide conceder esa medida cautelar en los juicios promovidos contra la disposición prevista en la Ley Aduanera.

    La determinación fortalece la aplicación de la reforma publicada el 19 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual incorporó nuevas obligaciones de transparencia para quienes ejercen funciones aduaneras en el país.

    Con este criterio, los agentes aduaneros deberán cumplir con la presentación anual de su información patrimonial mientras se resuelven de fondo los procesos legales que, en su caso, hayan promovido.

    Reforma obliga a declarar patrimonio y posibles conflictos de interés

    La modificación a la fracción XII del artículo 160 de la Ley Aduanera establece que los agentes aduaneros deberán presentar cada año su declaración patrimonial, incluyendo información sobre su patrimonio, el de su pareja y el de sus dependientes económicos.

    La disposición fija como fecha límite para cumplir con esta obligación los primeros diez días de marzo del año siguiente al ejercicio correspondiente.

    Criterio limita el otorgamiento de medidas cautelares

    Con el criterio emitido por la SCJN, los juzgados ya no podrán conceder suspensiones provisionales que permitan a los agentes aduaneros dejar de cumplir temporalmente con esta obligación mientras se desarrolla el juicio constitucional.

    La decisión no resuelve el fondo de los asuntos promovidos contra la reforma, pero sí impide que la obligación quede sin efecto durante la tramitación de los procedimientos judiciales.

    Buscan fortalecer la transparencia en las aduanas

    La reforma forma parte de las medidas orientadas a reforzar los mecanismos de control, rendición de cuentas y transparencia en las actividades aduaneras.

    La obligación de presentar declaraciones patrimoniales busca facilitar la supervisión de la evolución patrimonial de los agentes aduaneros y fortalecer la vigilancia sobre posibles conflictos de interés en una actividad considerada estratégica para el comercio exterior y la recaudación fiscal. –sn–

    Aduana

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  31. Geovanna Bañuelos exige al Issstezac restituir aguinaldos a pensionados

    La senadora Geovanna Bañuelos solicitó al Issstezac cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restituir los aguinaldos retenidos.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    La senadora Geovanna Bañuelos, urgió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) a cumplir de manera inmediata con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir la parte retenida de los aguinaldos correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 a las personas jubiladas y pensionadas afectadas por la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas de 2024.

    Mediante la cual se modificó el artículo 74 para establecer que las personas pensionadas del Issstezac tendrían derecho a un aguinaldo anual equivalente a 30 días de pensión, en lugar de los 60 días que recibían con anterioridad.

    Al fundamentar un punto de acuerdo la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que la resolución emitida por la SCJN en la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 establece que las personas que ya cotizaban al Issstezac antes de la reforma publicada en agosto de 2024 deben conservar el derecho a recibir un aguinaldo equivalente a 60 días de pensión, por lo que cualquier reducción aplicada a este grupo vulnera derechos previamente adquiridos.

    “Las reformas legales pueden ordenar hacia el futuro la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, pero las instituciones públicas deben respetar los derechos generados por las personas trabajadoras durante su vida laboral”, enfatizó la legisladora por Zacatecas.

    En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se señala que el recorte aplicado al aguinaldo afectó a cerca de 6 mil 500 personas jubiladas y pensionadas, generando un adeudo superior a 220 millones de pesos.

    “Por ello, resulta indispensable que el Issstezac adopte las medidas administrativas, presupuestarias y operativas necesarias para restituir la parte retenida del aguinaldo a las personas afectadas”, señaló la legisladora.

    Geovanna Bañuelos destacó que a pesar de que la sentencia de la Corte ya fue emitida, las personas afectadas aún no han recibido la restitución de los recursos retenidos, prolongando una afectación económica injustificada. –sn–

    Geovanna Bañuelos

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  32. Puebla perfila rechazar la reforma sobre identidad de género para menores

    El Congreso de Puebla no ha aprobado la reforma, mientras continúa el debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la iniciativa.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    A pesar del mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Acción de Inconstitucionalidad 73/2021, el Congreso del Estado de Puebla se encamina a rechazar la iniciativa de reforma al Código Civil que busca garantizar el reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida para niñas, niños y adolescentes trans, sin límite de edad.

    De concretarse esta decisión, partidos que se identifican como progresistas y de izquierda, entre ellos Morena y el Partido del Trabajo (PT), junto con PAN, PVEM, PRI y Nueva Alianza, coincidirían en no cumplir con la resolución del máximo tribunal del país.

    Posible desacato al mandato de la SCJN

    De acuerdo con el planteamiento difundido, la decisión legislativa también coincidiría con el llamado realizado por la Arquidiócesis de Puebla, por lo que se prevé que el Congreso incumpla la sentencia emitida por la SCJN, situación que, según los promoventes de la iniciativa, podría constituir un desacato histórico del Poder Legislativo poblano.

    La Acción de Inconstitucionalidad 73/2021 establece criterios relacionados con el reconocimiento administrativo de la identidad de género autopercibida, cuya implementación corresponde al Congreso estatal mediante las reformas legales respectivas.

    Reforma busca reconocimiento para menores trans

    La iniciativa propone modificar el Código Civil del estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes trans puedan acceder al reconocimiento administrativo de su identidad de género autopercibida, sin establecer un límite de edad.

    El proyecto forma parte del proceso de armonización legislativa derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual instruyó al Congreso poblano adecuar su marco normativo conforme a los criterios constitucionales.

    Hasta el momento, el Congreso del Estado de Puebla no ha aprobado la reforma, mientras continúa el debate entre las distintas fuerzas políticas sobre el alcance de la iniciativa y las implicaciones jurídicas de la sentencia emitida por la SCJN. –sn–

    Niño en guarderia

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  33. El martes pasado fue un punto final y al mismo tiempo un punto de partida para nuestro país y para el mundo…

    Por Jonathan Cordero*

    El martes pasado fue un punto final y al mismo tiempo un punto de partida para nuestro país y para el mundo. La suerte está echada luego de ese 5 de noviembre que será recordado por unos como un día oscuro y por otros como un claro amanecer.

    Donald Trump será el presidente número 47 de los Estados Unidos. Ganó casi 300 votos electorales en las recientes elecciones. Es por todos conocido el tono del neoyorquino. «América para los americanos«. Lo deseable para nuestro país es que se mantenga, como hasta ahora pese a discursivas pausas, una relación de altos vuelos.

    La dupla no es menor. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Ambas naciones comparten más de 3 mil kilómetros de frontera y alrededor de 11 millones de mexicanos viven en el país vecino del norte.

    Más temprano que tarde podremos saber si las propuestas de Trump se quedaron allá en sus mítines entre republicanos o en carácter de urgente quienes aquí toman las decisiones tendrán que hacer frente a cierres fronterizos, aranceles inimaginables y deportaciones masivas.

    A la par, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quedó a un voto de avanzar a la discusión de fondo y eventual invalidación de la otrora reforma judicial, porque el ministro Alberto Pérez Dayán desertó del bloque de contención que para muchos era la última defensa ante lo que califican un grave atentado contra la división de poderes.

    Hoy podemos afirmar que la reforma es y las convocatorias para quienes busquen ser ministros, magistrados o jueces están corriendo. En 16 días deberán estar ya registrados los candidatos, pero el panorama es incierto. El asunto jurisdiccional es tan complejo como técnico. El desenlace eventualmente se conocerá.

    ¡Extra, extra!

    Será el próximo lunes cuando en comisiones legislativas del Senado de la República se analice y dictamine la que algunos llaman la “Reforma Harfuch”, porque se le brindarán facultades constitucionales a la Secretaría que el encabeza.  

    *Periodista mexicano

    Foto: AP

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