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🗳️ ■ Los audios inéditos que implican a Rajoy en la Kitchen y el plan de Cospedal para hacer policía al chófer de Bárcenas ■ Los audios también apuntan a que Cospedal se compro[…]
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Fiscal de EU anuncia acusación por apoyo material al Cártel del Golfo, designado como organización terrorista

El fiscal federal Aaron Reitz anunció una acusación contra un inmigrante en situación irregular por presunto apoyo material al Cártel del Golfo, designado por EU como Organización Terrorista Extranjera.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Un fiscal federal de Estados Unidos emitió este miércoles una acusación formal contra un inmigrante en situación irregular, señalado de proporcionar presunto apoyo material al Cártel del Golfo, organización que el gobierno estadounidense mantiene bajo la categoría de Organización Terrorista Extranjera.

El anuncio fue realizado por Aaron Reitz, fiscal federal de Estados Unidos, quien señaló que la designación del grupo como Organización Terrorista Extranjera amplía las herramientas legales disponibles para las autoridades estadounidenses contra integrantes y colaboradores de organizaciones criminales. La acusación, de acuerdo con el anuncio difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con el delito de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

La medida se produce dentro de la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para utilizar cargos federales relacionados con organizaciones terroristas contra personas vinculadas con grupos criminales designados bajo esa clasificación. El propio Departamento de Justicia ha informado durante 2026 sobre investigaciones y acusaciones relacionadas con el apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.

¿Qué implica la designación del Cártel del Golfo?

La clasificación como Organización Terrorista Extranjera permite al gobierno estadounidense utilizar disposiciones de su legislación antiterrorista en determinados casos relacionados con integrantes, colaboradores o personas que proporcionen apoyo material a una organización incluida en esa categoría.

El Departamento de Justicia ya ha utilizado cargos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras en casos vinculados con organizaciones criminales mexicanas. En enero de 2026, por ejemplo, informó sobre acusaciones contra personas relacionadas con organizaciones designadas por Estados Unidos, entre ellas el Cártel del Golfo.

Estrategia contra los cárteles

Reitz atribuyó la ampliación de estas herramientas jurídicas a la política impulsada por la administración de Donald Trump y al liderazgo del Departamento de Justicia encabezado por Todd Blanche.

El funcionario sostuvo que la designación del Cártel del Golfo permite a los fiscales federales contar con mecanismos adicionales para perseguir conductas relacionadas con el apoyo a la organización.

La utilización de la legislación estadounidense sobre organizaciones terroristas extranjeras representa un componente adicional de la estrategia judicial de Estados Unidos contra organizaciones criminales mexicanas. La designación de diversos cárteles mexicanos bajo esta figura se realizó en 2025 y posteriormente el Departamento de Justicia ha informado sobre procesos penales que incluyen cargos relacionados con apoyo material. –sn–

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#Internacional 🇵🇸 | Las autoridades palestinas estiman que hay más de 8.000 personas desaparecidas bajo las ruinas, mientras Israel bloquea el ingreso de maquinaria para recuperar los cuerpos.

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¿Qué reclaman los familiares de Claudia Tacoronte a las autoridades respecto a la alerta de violencia en Morelos? 🧐 Lee la nota completa en Periodistas Unidos. 📝✨ #PeriodistasUnidos #Justicia #Cuautla
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Lula demanda rigurosa investigación en el Supremo por el caso Banco Master

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Defender a México implica combatir la corrupción y hacer valer la ley: Ernestina Godoy

La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que defender la soberanía de México implica combatir la corrupción, hacer valer la ley, investigar delitos y fortalecer el Estado de Derecho.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Ernestina Godoy Ramos, senadora con licencia y titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que defender a México implica combatir la corrupción, hacer valer la ley, investigar los delitos y fortalecer el Estado de Derecho, al encabezar la ceremonia cívica de Honores a la Bandera por la Conmemoración de la Independencia de México.

Durante el acto realizado en la explanada del Parque Nacional de Justicia, la fiscal señaló que la soberanía nacional se sostiene mediante el cumplimiento de las normas, el respeto a la democracia y la igualdad, así como mediante instituciones que actúen conforme a la ley.

Ante fiscales, titulares de unidad, agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos y personal sustantivo y administrativo de la FGR, Godoy Ramos sostuvo que la defensa de la nación también implica evitar que intereses particulares se impongan sobre el interés colectivo.

Soberanía y Estado de Derecho

La titular de la FGR señaló que, desde el inicio del movimiento de Independencia en 1810 y hasta su consumación en 1821, México ha enfrentado distintas formas de presión, intervención y disputa por sus decisiones soberanas.

En ese contexto, sostuvo que un país soberano no debe someter su libertad a agentes externos ni internos y que la defensa de esa libertad requiere instituciones sujetas a las leyes.

Godoy Ramos indicó que la corrupción también representa un desafío para las instituciones, por lo que consideró necesario garantizar que los recursos públicos y las estructuras del Estado estén al servicio de la población.

La fiscal planteó que investigar delitos, llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley y fortalecer el Estado de Derecho constituyen acciones concretas para proteger la soberanía nacional.

FGR refrenda compromiso con la justicia

Durante la ceremonia, Godoy Ramos afirmó que la Fiscalía General de la República mantendrá su compromiso con la atención a la población, la investigación de delitos, la procuración de justicia y el cumplimiento de la ley.

También señaló que la institución debe mantener sensibilidad frente a las causas sociales y actuar con apego a sus responsabilidades constitucionales y legales.

La fiscal vinculó estas tareas con la conmemoración de la Independencia y sostuvo que honrar a quienes participaron en la construcción de México implica mantener vigente la responsabilidad de fortalecer al país. –sn–

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Silvia Intxaurrondo gana a RTVE: ¿qué sueldo cobrará tras el juicio? #SilviaIntxaurrondo #RTVE #LaHoraDeLa1 #Television #TVE #Actualidad #Justicia #Sueldo #Periodismo #TelevisionPublica #Noticias #felizmartes #15deseptiembre

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¿Por qué Nick Reiner no tendrá pena capital en el caso de sus padres? #NickReiner #RobReiner #MicheleReiner #LosAngeles #Hollywood #PenaDeMuerte #CadenaPerpetua #Justicia #Tribunales #Cine #Actualidad #Noticias #felizmartes #15deseptiembre

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El Gobierno recrudece la batalla con el Supremo: “Los que ponen en riesgo la imparcialidad son algunos jueces”

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A 25 años del 11-S, Guantánamo y la pena de muerte exhiben las deudas de EU en derechos humanos: AI

A 25 años del 11-S, Guantánamo, la pena de muerte y la falta de rendición de cuentas mantienen abierto el debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

El 11 de septiembre de 2026 marca 25 años de los atentados terroristas que dejaron cerca de 3 mil muertos en Estados Unidos y que desencadenaron una transformación profunda de la política de seguridad del país. Un cuarto de siglo después, el legado de la llamada “guerra contra el terror” continúa asociado a detenciones indefinidas, tortura, procesos militares cuestionados y falta de rendición de cuentas.

La revisión de ese periodo adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos celebró el 4 de julio de 2026 el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, cuyo principio de que todas las personas nacen iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad fue reivindicado por el presidente Donald Trump.

La paradoja entre esos principios y algunas de las políticas adoptadas en nombre de la seguridad nacional vuelve a colocar en el centro del debate el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente ante la permanencia de detenidos en Guantánamo y el uso de la pena de muerte.

El 11-S y el giro de la política antiterrorista

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush declaró la denominada “guerra contra el terror”. El Congreso aprobó pocos días después la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, con la que amplió las facultades del gobierno para emprender acciones contra los responsables de los ataques y sus organizaciones.

La respuesta estadounidense derivó en operaciones militares en Afganistán e Irak y en un sistema de detenciones que incluyó centros secretos administrados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), interrogatorios coercitivos y personas recluidas durante años sin cargos ni juicio.

Las denuncias sobre tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones al derecho internacional se convirtieron en uno de los aspectos más controvertidos de la política estadounidense posterior al 11-S.

Guantánamo mantiene abierto el capítulo de la “guerra contra el terror”

Veinticinco años después de los atentados, la prisión instalada en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, continúa operando.

De acuerdo con el balance citado por Amnistía Internacional, 15 hombres permanecen detenidos. Algunos llevan más de dos décadas bajo custodia estadounidense y otros enfrentan procesos ante comisiones militares, mientras existen casos de personas sometidas a detención indefinida sin juicio.

La organización ha cuestionado que el sistema de Guantánamo mantenga mecanismos de detención incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente por la posibilidad de encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio y por las deficiencias señaladas en los procesos militares.

El caso de Guantánamo también mantiene una dimensión jurídica relacionada con los atentados de 2001: la búsqueda de justicia para las víctimas se ha desarrollado durante décadas en procedimientos cuya legalidad y garantías procesales han sido objeto de controversia.

Pena de muerte: otra contradicción pendiente

El derecho a la vida constituye otro de los puntos de tensión en el debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos.

En 2025, el país registró 47 ejecuciones, la cifra más alta en más de 15 años y la mayor desde 2009. El incremento se produjo pese a que el respaldo social a la pena de muerte se encuentra en niveles históricamente bajos.

La situación contrasta con la proclamación presidencial del 250 aniversario, en la que Trump reivindicó el derecho a la vida como uno de los principios fundamentales asociados con la fundación estadounidense.

La pena capital continúa vigente en diversos estados y forma parte también de algunos procedimientos relacionados con detenidos de Guantánamo. La aplicación de esta sanción mantiene abierto un debate internacional sobre su compatibilidad con el derecho a la vida y las garantías judiciales.

Los derechos humanos frente a las crisis de seguridad

La discusión no comenzó con el 11-S. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha enfrentado críticas por restringir libertades civiles durante periodos considerados de emergencia nacional.

El juez de la Corte Suprema William Brennan advirtió en 1987 que, después de cada crisis de seguridad, el país terminaba reconociendo que algunas restricciones a las libertades civiles habían sido innecesarias, pero también señalaba la dificultad de evitar que el patrón se repitiera ante una nueva emergencia.

El 11-S se convirtió precisamente en una de esas coyunturas. La dimensión de los ataques y la conmoción provocada por la muerte de miles de personas generaron una respuesta de seguridad que modificó durante décadas las políticas estadounidenses de inteligencia, detención, operaciones militares y lucha contra el terrorismo.

La promesa de 1776 y la deuda de derechos humanos

El debate adquiere una dimensión simbólica en el año en que Estados Unidos conmemora 250 años de su Declaración de Independencia.

En su proclamación del aniversario, Trump reivindicó la igualdad y los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad como principios fundacionales del país. También presentó la nueva etapa estadounidense como una época de recuperación de la soberanía, defensa de las libertades y fortalecimiento del orden nacional.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que esos principios siguen enfrentando contradicciones dentro y fuera de Estados Unidos.

El cuestionamiento no se limita a la situación de Guantánamo. Incluye la pena de muerte, las condiciones de detención, el uso de la fuerza y la falta de investigaciones y sanciones por abusos cometidos durante la “guerra contra el terror”.

¿Qué deja el 11-S 25 años después?

El cuarto de siglo transcurrido desde los atentados coloca a Estados Unidos ante una revisión de las decisiones adoptadas después de aquella crisis.

El desafío planteado por organizaciones de derechos humanos consiste en determinar si la seguridad nacional puede garantizarse sin abandonar las obligaciones derivadas del derecho internacional y sin convertir las excepciones adoptadas durante una emergencia en prácticas permanentes.

La permanencia de Guantánamo, la continuidad de la pena de muerte y la ausencia de rendición de cuentas por abusos cometidos durante la “guerra contra el terror” muestran que el debate iniciado después del 11-S permanece abierto. –sn–

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