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A 25 años del 11-S, Guantánamo y la pena de muerte exhiben las deudas de EU en derechos humanos: AI
A 25 años del 11-S, Guantánamo, la pena de muerte y la falta de rendición de cuentas mantienen abierto el debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos.
Por Martín García | Reportero
El 11 de septiembre de 2026 marca 25 años de los atentados terroristas que dejaron cerca de 3 mil muertos en Estados Unidos y que desencadenaron una transformación profunda de la política de seguridad del país. Un cuarto de siglo después, el legado de la llamada “guerra contra el terror” continúa asociado a detenciones indefinidas, tortura, procesos militares cuestionados y falta de rendición de cuentas.
La revisión de ese periodo adquiere especial relevancia después de que Estados Unidos celebró el 4 de julio de 2026 el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, cuyo principio de que todas las personas nacen iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad fue reivindicado por el presidente Donald Trump.
La paradoja entre esos principios y algunas de las políticas adoptadas en nombre de la seguridad nacional vuelve a colocar en el centro del debate el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente ante la permanencia de detenidos en Guantánamo y el uso de la pena de muerte.
El 11-S y el giro de la política antiterrorista
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush declaró la denominada “guerra contra el terror”. El Congreso aprobó pocos días después la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, con la que amplió las facultades del gobierno para emprender acciones contra los responsables de los ataques y sus organizaciones.
La respuesta estadounidense derivó en operaciones militares en Afganistán e Irak y en un sistema de detenciones que incluyó centros secretos administrados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), interrogatorios coercitivos y personas recluidas durante años sin cargos ni juicio.
Las denuncias sobre tortura, desapariciones forzadas y otras violaciones al derecho internacional se convirtieron en uno de los aspectos más controvertidos de la política estadounidense posterior al 11-S.
Guantánamo mantiene abierto el capítulo de la “guerra contra el terror”
Veinticinco años después de los atentados, la prisión instalada en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, continúa operando.
De acuerdo con el balance citado por Amnistía Internacional, 15 hombres permanecen detenidos. Algunos llevan más de dos décadas bajo custodia estadounidense y otros enfrentan procesos ante comisiones militares, mientras existen casos de personas sometidas a detención indefinida sin juicio.
La organización ha cuestionado que el sistema de Guantánamo mantenga mecanismos de detención incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente por la posibilidad de encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio y por las deficiencias señaladas en los procesos militares.
El caso de Guantánamo también mantiene una dimensión jurídica relacionada con los atentados de 2001: la búsqueda de justicia para las víctimas se ha desarrollado durante décadas en procedimientos cuya legalidad y garantías procesales han sido objeto de controversia.
Pena de muerte: otra contradicción pendiente
El derecho a la vida constituye otro de los puntos de tensión en el debate sobre los derechos humanos en Estados Unidos.
En 2025, el país registró 47 ejecuciones, la cifra más alta en más de 15 años y la mayor desde 2009. El incremento se produjo pese a que el respaldo social a la pena de muerte se encuentra en niveles históricamente bajos.
La situación contrasta con la proclamación presidencial del 250 aniversario, en la que Trump reivindicó el derecho a la vida como uno de los principios fundamentales asociados con la fundación estadounidense.
La pena capital continúa vigente en diversos estados y forma parte también de algunos procedimientos relacionados con detenidos de Guantánamo. La aplicación de esta sanción mantiene abierto un debate internacional sobre su compatibilidad con el derecho a la vida y las garantías judiciales.
Los derechos humanos frente a las crisis de seguridad
La discusión no comenzó con el 11-S. A lo largo de su historia, Estados Unidos ha enfrentado críticas por restringir libertades civiles durante periodos considerados de emergencia nacional.
El juez de la Corte Suprema William Brennan advirtió en 1987 que, después de cada crisis de seguridad, el país terminaba reconociendo que algunas restricciones a las libertades civiles habían sido innecesarias, pero también señalaba la dificultad de evitar que el patrón se repitiera ante una nueva emergencia.
El 11-S se convirtió precisamente en una de esas coyunturas. La dimensión de los ataques y la conmoción provocada por la muerte de miles de personas generaron una respuesta de seguridad que modificó durante décadas las políticas estadounidenses de inteligencia, detención, operaciones militares y lucha contra el terrorismo.
La promesa de 1776 y la deuda de derechos humanos
El debate adquiere una dimensión simbólica en el año en que Estados Unidos conmemora 250 años de su Declaración de Independencia.
En su proclamación del aniversario, Trump reivindicó la igualdad y los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad como principios fundacionales del país. También presentó la nueva etapa estadounidense como una época de recuperación de la soberanía, defensa de las libertades y fortalecimiento del orden nacional.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que esos principios siguen enfrentando contradicciones dentro y fuera de Estados Unidos.
El cuestionamiento no se limita a la situación de Guantánamo. Incluye la pena de muerte, las condiciones de detención, el uso de la fuerza y la falta de investigaciones y sanciones por abusos cometidos durante la “guerra contra el terror”.
¿Qué deja el 11-S 25 años después?
El cuarto de siglo transcurrido desde los atentados coloca a Estados Unidos ante una revisión de las decisiones adoptadas después de aquella crisis.
El desafío planteado por organizaciones de derechos humanos consiste en determinar si la seguridad nacional puede garantizarse sin abandonar las obligaciones derivadas del derecho internacional y sin convertir las excepciones adoptadas durante una emergencia en prácticas permanentes.
La permanencia de Guantánamo, la continuidad de la pena de muerte y la ausencia de rendición de cuentas por abusos cometidos durante la “guerra contra el terror” muestran que el debate iniciado después del 11-S permanece abierto. –sn–
Integrantes de AI | Foto: ©Amnistía Internacional.¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Abogado de Seguros Tenerife Sur: Defensa frente a los abusos de las aseguradoras. Alvarez Abogados Tenerife, estrategia procesal, litigación y protección del patrimonio desde 1954.
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¿Cuáles son las principales líneas de investigación de la FGR en torno a la muerte del diputado Zenyazen Escobar? 🧐 Consulta los detalles preliminares en Periodistas Unidos. 📝✨ #PeriodistasUnidos #FGR #Justicia
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Jubilados llevan a los 32 congresos su iniciativa contra la retroactividad de la ley
La Alianza Nacional de Jubilados lleva su iniciativa contra la retroactividad de la ley a los 32 congresos locales, tras entregar más de 200 mil participaciones de la consulta “México por la Justicia y los Derechos”.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La defensa de los derechos adquiridos de jubilados entra en una nueva etapa legislativa: la Alianza Nacional de Jubilados (ANAJUB) comenzó a llevar a los 32 congresos estatales su iniciativa contra la aplicación retroactiva de la ley, después de entregar en la Cámara de Diputados más de 200 mil participaciones de la consulta nacional “México por la Justicia y los Derechos”.
La organización busca que las legislaturas locales conozcan tanto su propuesta de reforma como los expedientes que reúnen los resultados del ejercicio ciudadano y la documentación sobre el trabajo realizado por sus representaciones estatales. El objetivo es ampliar el respaldo institucional a la iniciativa y promover pronunciamientos ante el Congreso de la Unión.
ANAJUB busca acuerdos con grupos parlamentarios
Las representaciones de ANAJUB comenzaron a acudir a las sedes legislativas estatales para formalizar la entrega ante las oficialías de partes y los órganos de coordinación política.
Además, solicitarán reuniones con coordinadores de los distintos grupos parlamentarios para plantear la emisión de puntos de acuerdo y exhortos dirigidos al Congreso de la Unión.
La organización informó que la ruta legislativa se desarrolla conforme a las agendas y procedimientos de recepción de cada Congreso, mediante jornadas que, según su reporte, se realizan de manera pacífica e institucional.
Hasta ahora, la entrega fue formalizada en Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán, Colima, Sonora, Estado de México y Cdmx.
¿Qué plantea la iniciativa sobre los derechos adquiridos?
El planteamiento de los jubilados se relaciona con la reforma al artículo 127 constitucional publicada el 10 de abril de 2026, que estableció límites para determinadas jubilaciones y pensiones de personal de confianza de entidades públicas.
La ANAJUB sostiene que la aplicación de esas disposiciones a personas cuyos derechos pensionarios ya estaban constituidos puede vulnerar el principio de no retroactividad. El artículo 14 constitucional establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
La reforma constitucional señala, entre otros aspectos, que determinadas jubilaciones y pensiones de personal de confianza de organismos y empresas públicas no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo federal, con diversas excepciones.
El debate sobre la aplicación de estas disposiciones ya llegó al ámbito legislativo. El Sistema de Información Legislativa registra propuestas para solicitar que se respeten los derechos adquiridos de trabajadores jubilados y pensionados de organismos como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Una consulta nacional sobre pensiones y derechos
La consulta “México por la Justicia y los Derechos” comenzó en agosto con actividades presenciales y digitales en las 32 entidades. En sus primeros días, organizadores reportaron más de 100 mil participaciones y posteriormente informaron que el ejercicio superó las 200 mil opiniones.
El ejercicio fue presentado por sus impulsores como una vía para conocer la opinión ciudadana sobre la protección de los derechos adquiridos y la aplicación de cambios legales a situaciones previamente constituidas.
La ruta hacia los congresos estatales
La ANAJUB prevé completar en los próximos días la entrega de su propuesta en las legislaturas que aún no han recibido la documentación.
La estrategia busca que los congresos estatales conozcan los resultados de la consulta y, en su ámbito de competencia, valoren la posibilidad de emitir pronunciamientos dirigidos al Congreso de la Unión.
La organización está integrada por extrabajadores y jubilados vinculados con Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luz y Fuerza, Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). –sn–
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¿Cómo debe abordarse el consentimiento sexual en la reforma penal de Baja California para desmontar la violencia simbólica? 🧐 Lee la postura de la @Dra_Montse_JH en Periodistas Unidos. 📝✨ #PeriodistasUnidos #Opinión #Justicia
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Proponen uso obligatorio de cámaras corporales para policías de la Cdmx
El diputado panista Andrés Sánchez Miranda propuso establecer reglas claras para hacer obligatorio el uso de cámaras corporales por parte de los elementos policiales de Cdmx.
Por Fausto Hernández | Reportero
El diputado Andrés Sánchez Miranda, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso establecer reglas claras para hacer obligatorio el uso de cámaras corporales por parte de los elementos policiales de Cdmx, con el propósito de documentar sus actuaciones y fortalecer la transparencia.
La propuesta plantea regular el uso de estos dispositivos como una herramienta para generar registros audiovisuales de las intervenciones policiales y aportar mayores elementos para la rendición de cuentas.
El planteamiento se suma a otras iniciativas discutidas en el Congreso de la Ciudad de México para ampliar el uso de tecnología en la supervisión de las actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Cámaras corporales para fortalecer la actuación policial
El uso de cámaras corporales, también conocidas como bodycams, ha sido planteado en el Congreso capitalino como un mecanismo para documentar intervenciones policiales, particularmente en procedimientos que puedan requerir posteriormente una revisión de los hechos.
En septiembre de 2026, el Congreso capitalino informó sobre una iniciativa de la diputada América Rangel Lorenzana, también del PAN, para incorporar equipos de videograbación y audio al uniforme, placa o elementos de identificación de los policías. La propuesta contempla que los dispositivos permanezcan encendidos durante la actuación de los elementos y que la información generada sea preservada.
El tema también ha sido abordado mediante propuestas relacionadas con detenciones, cateos y manifestaciones. En marzo de 2026, una proposición de la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho planteó implementar de manera obligatoria cámaras corporales en actuaciones policiales y ministeriales para fortalecer la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Supervisión y rendición de cuentas
La incorporación de cámaras corporales permitiría contar con registros audiovisuales de determinadas actuaciones de los agentes, aunque su aplicación requiere reglas sobre activación, almacenamiento, custodia, acceso y utilización de las grabaciones.
Una propuesta aprobada previamente por el Congreso capitalino para modificar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza planteó que las cámaras corporales fueran utilizadas por policías durante manifestaciones multitudinarias y que las grabaciones acompañaran los informes correspondientes sobre el uso de la fuerza. –sn–
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📰 Escándalo de licencias en la Suprema: solo 3 de 25 jueces serían removidos por viajar al extranjero
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Detienen a Lucía “N” por secuestro que causó la muerte de un hombre en Villa Victoria
Lucía “N” fue detenida por su probable responsabilidad en un secuestro que causó la muerte de un hombre en Villa Victoria, Estado de México, ocurrido en enero de 2024.
Por Mireya Estrada | Corresponsal
Lucía “N” fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de secuestro que causa la muerte, cometido contra un hombre en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, en enero de 2024, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
La investigación establece que el 15 de enero de 2024 la víctima se encontraba en calles de Villa Victoria, cuando Lucía “N” y otro sujeto presuntamente la interceptaron y, con un arma punzocortante, la obligaron a subir a un automóvil.
Días después, el cuerpo de la víctima fue localizado calcinado en un domicilio ubicado en una zona del monte perteneciente al Ejido.
Investigación llevó a una orden de aprehensión
Tras conocer los hechos, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes y recabó elementos que permitieron identificar a Lucía “N” como probable responsable.
Con esos datos, la representación social solicitó y obtuvo de un órgano jurisdiccional una orden de aprehensión por el delito de secuestro que causa la muerte.
Elementos de la FGJEM cumplimentaron la orden y trasladaron a la detenida al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, conocido como “Santiaguito”.
Lucía “N” quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso. –sn–
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🗳️ ■ "Desafortunado", pero no más: la Audiencia ratifica la absolución de la tertuliana que llamó 'Begoño' a Begoña Gómez ■ La Audiencia Provincial de Madrid rechaza el recurso de la esposa del presidente Sánchez al no apreciar relevancia penal, aunque ve […]
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🧿 PLANTÓN DE EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA #FURUKAWA EXIGEN JUSTICIA
A casi dos años de la sentencia de la Corte Constitucional no se han cumplido con las medidas de reparación, por el delito de esclavitud moderna que cometió esa empresa contra los trabajadores.
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Paz requiere derechos, justicia y participación, afirma rector de la UNAM
Leonardo Lomelí afirmó que la paz exige defender derechos, atender las causas del descontento y fortalecer la participación social. La UNAM llamó a formar agentes capaces de prevenir la violencia y construir soluciones mediante diálogo, mediación y acceso a la justicia.
Por Martín García | Reportero
La paz requiere mucho más que la ausencia de conflictos: implica defender derechos, atender las causas del descontento y generar condiciones para que la sociedad participe plenamente en la vida pública, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.
Al inaugurar la Segunda Semana Nacional de Cultura de Paz UNAM, Lomelí sostuvo que la paz se construye todos los días en los hogares, aulas, centros laborales, calles, instituciones y espacios públicos, a partir del respeto, la escucha y la responsabilidad sobre los propios actos.
El rector señaló que las universidades tienen una responsabilidad particular frente a la violencia, pues deben generar conocimiento sobre sus causas y expresiones, formar personas capaces de prevenirla y atenderla, además de revisar sus propias prácticas institucionales.
Paz, derechos y participación social
Lomelí expuso que el escenario internacional confirma la necesidad de fortalecer una cultura de paz. De acuerdo con el Índice de Paz Global 2026, el deterioro de la paz mundial se prolongó por duodécimo año consecutivo; durante 2025 se registraron más de 181 mil muertes asociadas con conflictos violentos.
El mismo panorama incluye una crisis de desplazamiento forzoso que alcanzó a más de 117 millones de personas a mediados de 2025, de acuerdo con datos internacionales citados durante el encuentro.
Ante esta realidad, el rector planteó que la educación superior pública debe proporcionar herramientas para comprender los conflictos y actuar de manera responsable, además de incorporar en la formación profesional una perspectiva de sensibilidad frente a la desigualdad, la discriminación y el sufrimiento de otras personas.
“Educar para la convivencia pacífica implica aprender a argumentar sin descalificar”, sostuvo Lomelí, al señalar que también es necesario cuestionar las relaciones de poder y buscar soluciones que eviten reproducir la violencia.
Agregó que el conflicto forma parte de la vida social, por lo que el reto consiste en encauzarlo mediante la deliberación informada, la mediación y el acceso a la justicia.
Juventudes, protagonistas de la cultura de paz
Durante la inauguración, Enrique Javier Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, consideró indispensable fortalecer la cultura de paz, así como la diplomacia y la cooperación internacional ante el incremento de las muertes relacionadas con conflictos armados.
Por su parte, Leticia Cano Soriano, directora del Programa Universitario sobre Cultura de Paz y Erradicación de las Violencias (PUCPAZ), señaló que la Segunda Semana Nacional de Cultura de Paz está dedicada a las juventudes, a quienes identificó como agentes de paz y actores fundamentales para impulsar sociedades con mayor igualdad y entornos democráticos. –sn–
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FGR concluye que principales líneas de investigación apuntan a suicidio de Zenyazen Escobar
La FGR informó que más de 150 actos de investigación apuntan al suicidio como principal línea sobre la muerte del diputado Zenyazen Escobar, aunque el caso continúa abierto.
Por Martín García | Reportero
Las principales líneas de investigación sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García apuntan a que se trató de un suicidio, informó la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que la investigación permanece abierta.
El legislador fue localizado sin vida el pasado 4 de septiembre en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, Veracruz. Por tratarse de un diputado federal, la FGR atrajo la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Hasta ahora, la autoridad federal ha realizado más de 150 actos de investigación, inspecciones y peritajes, con la participación de agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), especialistas del Centro Federal Pericial Forense y peritos adscritos en Veracruz.
FGR analiza más de 150 diligencias
Los trabajos periciales abarcan medicina, criminalística, balística forense, genética, química forense, lofoscopía, informática, tránsito terrestre, fotografía forense y toxicología.
También se han realizado entrevistas a personas del entorno afectivo y laboral de Zenyazen Escobar, mientras que los indicios localizados en el sitio fueron resguardados, recolectados, asegurados y sometidos a análisis conforme a los protocolos correspondientes.
La investigación involucra a policías ministeriales, peritos, analistas, agentes del Ministerio Público y fiscales, de acuerdo con la información difundida por la FGR.
La investigación continúa abierta
La Fiscalía señaló que, después de analizar de manera individual e integral los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios disponibles, las principales líneas de investigación coinciden en apuntar hacia una muerte por suicidio.
No obstante, la dependencia precisó que la investigación no está concluida y que permanece abierta a otras posibles líneas o móviles que pudieran surgir conforme avance el análisis de los elementos recabados.
El caso comenzó a ser investigado por autoridades de Veracruz tras el hallazgo del diputado y posteriormente fue atraído por la FGR. En los primeros días de la indagatoria, autoridades estatales habían señalado que no existían indicios de una agresión externa contra el vehículo en el que fue localizado Escobar. –sn–
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📰 "Método Rabat": La exitosa fórmula de Justicia que contrasta con las dificultades de Arrau
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Exjugador de la NFL LeShon Johnson recibe 5 años de prisión por red de peleas de perros
El exjugador de la NFL LeShon Johnson fue sentenciado a 60 meses de prisión por seis delitos relacionados con una red de peleas de perros; autoridades incautaron 190 animales en Oklahoma.
Por Vera Martín del Campo | Corresponsal
LeShon Johnson, exjugador de la NFL, fue sentenciado este jueves a 60 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 30 mil dólares por seis delitos federales relacionados con la posesión y comercialización de perros destinados a peleas.
El fallo pone fin a un proceso en el que un jurado federal encontró culpable a Johnson de operar una red dedicada a la crianza, venta y tráfico de perros para peleas. En octubre de 2024, las autoridades incautaron 190 perros de su propiedad en Oklahoma, cifra considerada la mayor registrada en un solo operativo federal contra las peleas de perros.
Operaba la red desde Oklahoma
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Johnson operaba en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, mediante un negocio denominado Mal Kant Kennels. Anteriormente había dirigido Krazyside Kennels, operación por la que se declaró culpable de delitos relacionados con peleas de perros en 2004.
La investigación federal estableció que Johnson mantenía una actividad de crianza selectiva y comercialización de perros utilizados para peleas. La División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el acusado vendía ejemplares, camadas y derechos de reproducción asociados con líneas de perros que habían obtenido resultados en peleas.
Cientos de perros fueron criados para peleas
Durante el juicio se presentaron pruebas de que Johnson promocionaba algunos de sus perros como “campeones” y “grandes campeones”, términos utilizados en ese ámbito para identificar animales que habían ganado tres o cinco peleas, respectivamente.
También comercializaba cachorros procedentes de líneas seleccionadas por sus características para la pelea y cobraba por permitir la reproducción con determinados perros machos. Según las pruebas presentadas ante el jurado, esta actividad le generó ganancias de cientos de miles de dólares.
La investigación concluyó que el negocio no se limitaba a Oklahoma, sino que Johnson traficaba perros hacia distintos puntos de Estados Unidos para abastecer actividades de peleas.
Ya había sido condenado por peleas de perros
El caso tuvo además el antecedente de una condena previa. Johnson había enfrentado cargos relacionados con peleas de perros en Oklahoma en 2004, antes de volver a involucrarse en una operación de mayor escala.
El Departamento de Justicia indicó que la nueva investigación derivó en una acusación federal y que un jurado lo declaró culpable el 1 de agosto de 2025 de tres cargos por posesión de perros destinados a actividades de peleas y tres por venta de perros para ese propósito.
FBI investigó la operación
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans, particularmente de su oficina residente en Shreveport.
El Departamento de Justicia señaló que la incautación de los 190 perros representó el mayor operativo de rescate de este tipo realizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un caso federal de peleas de perros.
Las autoridades federales señalaron que el caso demuestra la aplicación de las leyes contra las actividades de peleas de animales, así como las consecuencias para quienes utilizan la crianza y comercialización de perros con fines de lucro dentro de ese circuito. –sn–
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Exjugador de la NFL LeShon Johnson recibe 5 años de prisión por red de peleas de perros
El exjugador de la NFL LeShon Johnson fue sentenciado a 60 meses de prisión por seis delitos relacionados con una red de peleas de perros; autoridades incautaron 190 animales en Oklahoma.
Por Vera Martín del Campo | Corresponsal
LeShon Johnson, exjugador de la NFL, fue sentenciado este jueves a 60 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 30 mil dólares por seis delitos federales relacionados con la posesión y comercialización de perros destinados a peleas.
El fallo pone fin a un proceso en el que un jurado federal encontró culpable a Johnson de operar una red dedicada a la crianza, venta y tráfico de perros para peleas. En octubre de 2024, las autoridades incautaron 190 perros de su propiedad en Oklahoma, cifra considerada la mayor registrada en un solo operativo federal contra las peleas de perros.
Operaba la red desde Oklahoma
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Johnson operaba en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, mediante un negocio denominado Mal Kant Kennels. Anteriormente había dirigido Krazyside Kennels, operación por la que se declaró culpable de delitos relacionados con peleas de perros en 2004.
La investigación federal estableció que Johnson mantenía una actividad de crianza selectiva y comercialización de perros utilizados para peleas. La División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el acusado vendía ejemplares, camadas y derechos de reproducción asociados con líneas de perros que habían obtenido resultados en peleas.
Cientos de perros fueron criados para peleas
Durante el juicio se presentaron pruebas de que Johnson promocionaba algunos de sus perros como “campeones” y “grandes campeones”, términos utilizados en ese ámbito para identificar animales que habían ganado tres o cinco peleas, respectivamente.
También comercializaba cachorros procedentes de líneas seleccionadas por sus características para la pelea y cobraba por permitir la reproducción con determinados perros machos. Según las pruebas presentadas ante el jurado, esta actividad le generó ganancias de cientos de miles de dólares.
La investigación concluyó que el negocio no se limitaba a Oklahoma, sino que Johnson traficaba perros hacia distintos puntos de Estados Unidos para abastecer actividades de peleas.
Ya había sido condenado por peleas de perros
El caso tuvo además el antecedente de una condena previa. Johnson había enfrentado cargos relacionados con peleas de perros en Oklahoma en 2004, antes de volver a involucrarse en una operación de mayor escala.
El Departamento de Justicia indicó que la nueva investigación derivó en una acusación federal y que un jurado lo declaró culpable el 1 de agosto de 2025 de tres cargos por posesión de perros destinados a actividades de peleas y tres por venta de perros para ese propósito.
FBI investigó la operación
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans, particularmente de su oficina residente en Shreveport.
El Departamento de Justicia señaló que la incautación de los 190 perros representó el mayor operativo de rescate de este tipo realizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un caso federal de peleas de perros.
Las autoridades federales señalaron que el caso demuestra la aplicación de las leyes contra las actividades de peleas de animales, así como las consecuencias para quienes utilizan la crianza y comercialización de perros con fines de lucro dentro de ese circuito. –sn–
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Por Vera Martín del Campo | Corresponsal
LeShon Johnson, exjugador de la NFL, fue sentenciado este jueves a 60 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 30 mil dólares por seis delitos federales relacionados con la posesión y comercialización de perros destinados a peleas.
El fallo pone fin a un proceso en el que un jurado federal encontró culpable a Johnson de operar una red dedicada a la crianza, venta y tráfico de perros para peleas. En octubre de 2024, las autoridades incautaron 190 perros de su propiedad en Oklahoma, cifra considerada la mayor registrada en un solo operativo federal contra las peleas de perros.
Operaba la red desde Oklahoma
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Johnson operaba en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, mediante un negocio denominado Mal Kant Kennels. Anteriormente había dirigido Krazyside Kennels, operación por la que se declaró culpable de delitos relacionados con peleas de perros en 2004.
La investigación federal estableció que Johnson mantenía una actividad de crianza selectiva y comercialización de perros utilizados para peleas. La División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el acusado vendía ejemplares, camadas y derechos de reproducción asociados con líneas de perros que habían obtenido resultados en peleas.
Cientos de perros fueron criados para peleas
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Ya había sido condenado por peleas de perros
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