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ISSSTE gana juicio contra pensión de 322 mil pesos mensuales: Martí Batres

El ISSSTE obtuvo un fallo favorable contra una pensión de 322 mil pesos mensuales otorgada desde 2002. El organismo busca ajustar más de un centenar de casos a los límites legales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) obtuvo una resolución favorable en el juicio relacionado con una pensión mensual de 322 mil 65 pesos, cuyo pago se prolongó durante 24 años y acumuló 55 millones 334 mil 610 pesos.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió por mayoría, el 3 de septiembre, negar el amparo promovido por la persona titular de la pensión, informó el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama.

https://twitter.com/martibatres/status/2097114445663130094?s=20

La resolución representa un revés para quien buscaba mantener el beneficio pensionario y permite al organismo continuar con su estrategia jurídica para revisar prestaciones que, de acuerdo con su interpretación, exceden los límites establecidos por la legislación aplicable.

Una pensión de 322 mil pesos desde 2002

De acuerdo con la información difundida por Martí Batres, la pensión comenzó a pagarse el 16 de mayo de 2002. Durante ese periodo, el monto acumulado alcanzó 55 millones 334 mil 610 pesos.

El funcionario señaló que el último cargo ocupado por la persona pensionada fue el de director general adjunto LC3, puesto por el que tenía un sueldo base de 12 mil 509 pesos.

La diferencia entre ese salario y la pensión mensual fue uno de los elementos utilizados por el ISSSTE para cuestionar la legalidad del monto.

Batres Guadarrama sostuvo que el caso representaba un privilegio económico incompatible con los límites aplicables al sistema de pensiones y afirmó que la resolución judicial protege los recursos públicos.

Tribunal rechaza mantener el monto

El fallo fue emitido por mayoría durante la sesión del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa celebrada el 3 de septiembre.

Según la versión difundida por el titular del ISSSTE, el Tribunal consideró insostenible mantener una pensión de esa magnitud frente a los límites legales aplicables al sistema de retiro.

El caso adquiere relevancia porque involucra una prestación que, según el organismo, se mantuvo durante más de dos décadas y generó un pago acumulado superior a 55 millones de pesos.

El ISSSTE sostiene que la resolución establece un precedente para la defensa de los recursos públicos y para la aplicación de los límites legales de las pensiones.

ISSSTE revisa más de un centenar de pensiones

El caso forma parte de una estrategia más amplia del ISSSTE para revisar pensiones que el organismo considera fuera de los parámetros legales.

Martí Batres señaló que actualmente se analizan más de un centenar de casos con el propósito de ajustar los montos a las disposiciones correspondientes.

La revisión busca que los esquemas de jubilación mantengan criterios de proporcionalidad y solidaridad, de acuerdo con la posición expresada por el director general del Instituto. –sn–

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🗳️ ■ El Gobierno se persona como perjudicado en la investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva Ceuta ■ "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", sostiene el ministro Óscar Pu[…]
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🚨🚔 #Seguridad | Caen en Puebla: detienen al alcalde de Esperanza y a varios exfuncionarios durante el Operativo Enjambre, señalados por sus presuntos nexos con el crimen organizado en la región. ⚖️🇲🇽 #Puebla #OperativoEnjambre #Justicia #CeroImpunidad
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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas

La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.

Así operaba la presunta red de huachicol fiscal

Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).

La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.

El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.

Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.

La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.

La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.

Empresas legales y triangulación financiera

Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.

La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.

La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.

Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.

Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval

Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.

En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.

También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.

La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.

La investigación se extiende a cinco entidades

La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.

El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.

La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.

FGR advierte que las investigaciones continuarán

Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.

La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.

En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–

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La juez Tardón acuerda investigar en la Audiencia Nacional la entrada masiva porque buscaba "atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial"

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⚖️🚨 #Judicial | Dictan prisión preventiva a los imputados por el homicidio del músico Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán. Autoridades judiciales ratifican la medida mientras avanza el proceso de investigación. ⚖️🚔 #Justicia #Atizapán #Edomex #Seguridad
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Detienen a hombre por tentativa de feminicidio en Lomas de Santa Fe

Un hombre de 32 años fue detenido por su probable responsabilidad en la tentativa de feminicidio de una mujer de 21 años en Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Un hombre de 32 años fue detenido por su probable responsabilidad en la tentativa de feminicidio de una mujer de 21 años, ocurrido en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La agresión ocurrió entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, cuando la víctima se encontraba en un puesto de periódicos que posteriormente fue incendiado. La mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México (FGJ).

Desde la denuncia, la SSC proporcionó acompañamiento a la víctima y, a petición de la autoridad ministerial, realizó recorridos en la zona para ubicar al probable responsable.

Cámaras de videovigilancia permitieron ubicar al sospechoso

Como parte de las investigaciones, personal de la SSC analizó las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia con cobertura en el lugar de los hechos.

El seguimiento de las imágenes y los recorridos realizados en la zona permitieron localizar al hombre de 32 años señalado como probable responsable de la agresión.

Con los elementos obtenidos durante la investigación, la autoridad judicial libró una orden de aprehensión en su contra, la cual fue ejecutada por los agentes.

El detenido quedó a disposición de un juez

Tras su captura, el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la mujer ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, después de la agresión registrada en Lomas de Santa Fe.

La SSC señaló que mantuvo acompañamiento a la víctima durante el proceso y que las instituciones involucradas continuarán con las actuaciones correspondientes.

La detención corresponde a una imputación en etapa inicial, por lo que será la autoridad judicial la que determine la situación jurídica del detenido y la responsabilidad que, en su caso, corresponda. –sn–

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📰 Hombre se presenta en comisaría y habría confesado crimen de joven desaparecida en Conchalí en 2008
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Hallazgo de la defensora de derechos humanos e investigadora. ⚖️📍 La activista ecuatoriana Jenny Kalindy Bolívar fue localizada a salvo en la Ciudad de México tras la movilización de colectivos y autoridades. Consulta los detalles de la información aquí. 👇 #Noticias #Justicia
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Avances en el caso que conmocionó al Estado de México. 🏛️🔎 Un juez de control determinó prisión preventiva contra los presuntos responsables del asesinato del músico Jonathan Meléndez y sus familiares en Atizapán. Conoce los detalles procesales aquí. 👇 #Noticias #Justicia
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Julián Andrade – Marcaje personal | Daniel Ortega, un Stalin tropical

La revolución en Nicaragua suscitó esperanza en amplias franjas de la izquierda e inclusive de corrientes democráticas y liberales.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La revolución en Nicaragua suscitó esperanza en amplias franjas de la izquierda e inclusive de corrientes democráticas y liberales. En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) echó del poder al dictador Anastasio Somoza.

En México había efervescencia alrededor de ese acontecimiento, porque, además, sumaba un componente interesante: la participación de comunidades de base y de religiosos comprometidos con el cambio social como el sacerdote Ernesto Cardenal, quien se convertiría en ministro de Cultura.

El gobierno del presidente José López Portillo apoyó al FSLN en todo lo que se pudo, desatando el enojo de la Casa Blanca. El objetivo era respaldar opciones distintas a las de las dictaduras militares que se habían expandido por todo el continente.

Óscar Chávez lanzó el disco Nicaragua Vencerá, cuya carátula diseñó e ilustró Naranjo. Visto con retrospectiva, aquel momento se convertiría en parte de la memoria sentimental de aquellos años, todavía impregnados por la Guerra Fría.

A finales de los ochenta, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) envió una misión de estudiantes para solidarizarse con los revolucionarios nicas.

Casi cinco décadas después, las cosas están mucho peor que en los años setenta en Nicaragua, y uno de los líderes sandinistas se convirtió en un déspota más ruin que el dictador que ayudó a derrocar.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan el país centroamericano con mano de hierro y hacen palidecer los momentos más oscuros del somozismo.

El próximo 17 de septiembre se debatirá en la OEA sobre la situación de Nicaragua. Hay consenso —con la excepción de México y de Brasil— de que se tienen que tomar medidas para que termine el estado policial y para que se establezca una ruta que recobre la democracia.

Todo es cuesta arriba, porque Ortega de plano canceló las elecciones y proscribió, por adelantado, a cualquier oposición, caracterizándola de extranjerizante.

La prensa está en el exilio, porque no existe la libertad de expresión y las opiniones pueden ser castigadas con la cárcel bajo la Ley de Ciberdelitos, que en realidad es una mordaza.

El dictador ejecutó otra medida funesta al despojar de la nacionalidad a 300 de sus compatriotas, entre ellos Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua, y en la actualidad es uno de los escritores más reconocidos, galardonado con el Premio Cervantes de Literatura.

También se quedaron sin pasaporte la poeta Gioconda Belli, apenas galardonada en el FIL de Literatura y Lenguas Romances, y el periodista Carlos F. Chamorro.

El pretexto de la intromisión extranjera ha funcionado como uno de los resortes represivos del régimen.

Pasadas las décadas, valdría la pena analizar dónde estuvo el extravío que no permitió aquilatar el daño que podían causar personajes como Ortega.

Formado en el traqueteo de las guerrillas, supo aprovechar en todo momento las coyunturas que lo fueron catapultando a la cima del poder, traicionando todo lo que alguna vez enarboló para transformarse en un Stalin tropical.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: El INE y las cejas de Zabludovsky

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Especialistas de 73 países piden en México abolir la gestación subrogada

Especialistas reunidos en la Cdmx reclamaron la abolición universal de la gestación subrogada durante la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La abolición universal de la gestación subrogada fue planteada este jueves en la Cdmx por especialistas de 73 países reunidos en la IV Conferencia Internacional de la Declaración de Casablanca, encuentro que analiza los efectos de esta práctica sobre los derechos de las mujeres y de los menores.

El foro, que se realiza los días 3 y 4 de septiembre en el Auditorio de la Universidad Panamericana, Campus Mixcoac, reúne a juristas, académicos, especialistas en psiquiatría, exrelatores y exintegrantes de comités de Naciones Unidas, además de expertos de distintos países.

La Declaración de Casablanca, presentada en Marruecos en 2023, fue suscrita inicialmente por 100 especialistas de 75 nacionalidades y plantea que los Estados adopten medidas para prohibir la gestación subrogada en todas sus modalidades, así como avanzar hacia un instrumento internacional que la prohíba de manera universal.

Dignidad y derechos de los menores

Durante la apertura, María Selette Monjarás, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, sostuvo que el debate trasciende los avances científicos y las decisiones individuales, debido a las implicaciones que plantea para la dignidad humana, la autonomía, la libertad, la vulnerabilidad y los derechos de los menores.

La especialista señaló que la discusión también debe considerar la protección de las mujeres y el derecho a la identidad de quienes nacen mediante estos procedimientos.

Monjarás planteó que la dignidad humana no debe quedar condicionada por circunstancias personales, capacidad económica, decisiones de terceros o posibilidades derivadas del desarrollo tecnológico.

Early Institute reclama cambios legales

Abraham Madero Márquez, director ejecutivo de Early Institute, organización dedicada al análisis de asuntos relacionados con la primera infancia y coorganizadora del encuentro, afirmó que la explotación reproductiva debe ser abolida.

El representante cuestionó que, pese a que el organismo ha estudiado el fenómeno durante casi dos décadas, en México no se haya concretado un cambio legislativo que, desde su perspectiva, permita prohibir este mercado.

Madero Márquez sostuvo que el cuerpo de las mujeres no debe ser tratado como una mercancía y que los menores nacidos mediante estos procedimientos tampoco pueden ser considerados objetos de transacción económica.

La propuesta internacional

La Declaración de Casablanca sostiene que los contratos mediante los cuales una mujer se compromete a gestar y entregar a un menor vulneran la dignidad humana y contribuyen a la mercantilización de mujeres y menores.

El documento propone que los Estados nieguen validez jurídica a esos contratos y sancionen a las personas físicas o jurídicas que actúen como intermediarias. También plantea acciones judiciales contra quienes recurran a la gestación subrogada, incluso cuando el procedimiento se realice fuera de su país de origen.

La iniciativa internacional también contempla la elaboración de un convenio para establecer una prohibición mundial de la gestación subrogada. –sn–

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Cateos en Cuauhtémoc dejan dos detenidos y aseguran posible droga en Morelos y Guerrero

Dos hombres fueron detenidos durante dos cateos en las colonias Morelos y Guerrero, en Cuauhtémoc, donde autoridades aseguraron posible metanfetamina, cocaína y marihuana.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Dos hombres fueron detenidos durante dos cateos realizados en las colonias Morelos y Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde autoridades capitalinas aseguraron cantidades de posible metanfetamina, cocaína y marihuana.

Los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, las diligencias derivaron de una carpeta de investigación relacionada con delitos contra la salud. En los dos inmuebles intervenidos fueron localizados 100 gramos de posible metanfetamina, 200 gramos y 200 dosis de posible cocaína, además de 200 gramos y 112 dosis de posible marihuana.

Dos detenidos tras los cateos en Cuauhtémoc

Durante las diligencias fueron detenidos dos hombres, de 38 y 20 años de edad, quienes, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Será esa autoridad la encargada de determinar su situación jurídica, por lo que su responsabilidad penal no puede considerarse acreditada en esta etapa.

La SSC señaló que ambos hombres estarían presuntamente relacionados con una célula criminal generadora de violencia que opera en la zona centro de la ciudad de México. Esta vinculación forma parte de las investigaciones y deberá ser determinada por las autoridades competentes.

Operativo contra el narcomenudeo

La dependencia informó que las acciones forman parte de los trabajos de investigación realizados para combatir delitos contra la salud y avanzar en la identificación de grupos dedicados presuntamente al narcomenudeo.

Los cateos fueron ejecutados con órdenes judiciales y mediante un despliegue coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La participación conjunta de la SSC, FGJ, GN y Semar busca fortalecer las investigaciones relacionadas con actividades delictivas en la zona centro de la ciudad de México, de acuerdo con la información oficial. –sn–

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Tomoko Akane, presidenta del Tribunal Penal Internacional: “Tarde o temprano la Historia nos pedirá cuentas a todos. ¿Dónde estabas?"

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Continuidad de la Guerra Total: una historia que no termina

Por: Octavia Rebelde, corresponsal de Antorcha

En la madrugada de entre el 10 y 11 de agosto la comunidad de la vereda El Sinaí en el municipio de San Calixto (Norte de Santander) sintió terror al escuchar las bombas cayendo en sus...

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#guerra total #fascismo #insurrección #poder popular #justicia social #Plan patriota 2.0 #Contrainsurgencia

🧿 𝑬𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒚𝒍𝒂: 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒆𝒚 𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒓 🧿

“𝙲𝚛𝚘́𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚗𝚎𝚐𝚛𝚊”

Lo de Leyla Monserrat Lares Becerra no es una historia lejana ni un episodio aislado.
Es de esas cosas que incomodan porque obligan a mirar de frente algo que muchas veces se prefiere ignorar.

Todo empezó el 25 de septiembre de 2025, en General Plutarco Elías Calles (zona de Sonoyta).
Leyla, de 15 años, viajaba en autobús con su madre cuando se encontró con una supuesta amiga.
Nada fuera de lo normal.
De hecho, la propuesta sonaba hasta ilusionante: una “fiesta sorpresa”.
Leyla aceptó.

No hubo fiesta.

La llevaron a una vivienda.
Allí, según la investigación, la sentaron, le vendaron los ojos y le ataron las manos bajo la excusa de esa sorpresa.
Este punto es clave para entender lo que después cuesta tanto asimilar: Leyla no estaba en “modo peligro”.
Estaba confiando.
Estaba dentro de una situación que, aunque extraña, seguía teniendo sentido para ella en ese momento.

Cuando alguien cree que está entre conocidos y en un contexto seguro, el cerebro no activa inmediatamente una respuesta de huida o defensa.
De hecho, puede pasar lo contrario: se coopera.
No por debilidad, sino porque la situación está disfrazada de normalidad.
A eso se suma otro factor muy poco entendido: la reacción de bloqueo.
Ante algo inesperado o confuso, muchas personas no gritan ni luchan de inmediato; se quedan quietas, intentando procesar lo que está pasando.

Las agresoras —dos menores de 13 y 15 años— aprovecharon precisamente ese margen.
No fue un impulso.
Fue algo pensado.
Prepararon el escenario para que Leyla no sospechara hasta el último momento.

Y hay un punto que hace todo aún más duro de asimilar: lo grabaron.

Ese video no se quedó ahí.
Meses después terminó llegando a su madre.
Esa grabación, además de ser una prueba clave, dejó al descubierto algo escalofriante: Leyla aparece riendo, confiada, pensando que le van a presentar a alguien especial.
No entiende lo que está pasando hasta que ya es tarde.
El estrangulamiento duró casi un minuto.

Detrás de esto no había un arrebato puntual.
Las investigaciones hablan de un contexto previo de acoso.
Conflictos en redes sociales, burlas por su color de piel, tensiones personales e incluso un posible problema sentimental.
La madre de Leyla, Carmen Becerra, lo ha repetido varias veces: esto venía de antes.
Y se planeó.

Después del asesinato, las menores enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda, en el ejido El Desierto.
Cavaron una fosa de unos dos metros y usaron cal para cubrirlo.
Y todavía hay un detalle más difícil de encajar: dos días después enviaron el video a la madre.

En marzo de 2026 llegaron las sentencias, y ahí es donde el caso estalló socialmente.

La menor de 15 años recibió una condena de unos 2 años y 10 meses de internamiento en un centro para adolescentes.
La de 13 años, por ley, no puede ser internada: se le impuso libertad asistida y el pago de una reparación del daño.

Esa “reparación” fue de 5,677 pesos.

La familia denunció que ni siquiera cubría el funeral, que superó los 30,000.
Para muchos, no es solo insuficiente: es una forma de revictimización.

El magistrado Rafael Acuña Griego fue claro al explicarlo: el juez no se salió de la norma.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita las penas para menores de 16 años a un máximo de tres años de internamiento, sin importar la gravedad del delito.

Y ahí está el choque: lo que permite la ley frente a lo que la gente siente como justicia.

Desde entonces ha habido marchas, protestas y presión social en Sonora.
No solo por Leyla, sino porque su caso ha puesto sobre la mesa algo incómodo: hay muchos episodios de violencia entre menores que no llegan a conocerse o no generan este nivel de atención.

No es un “caso histórico” en el sentido clásico.
Pero sí es uno de esos hechos que obligan a pensar en serio sobre el bullying, el uso de redes, la violencia entre jóvenes y los límites de las leyes actuales.

Porque al final, más allá de cifras, leyes o titulares, aquí hay una idea que cuesta quitarse de la cabeza: una chica de 15 años confió en quienes creía sus amigas… y eso fue exactamente lo que se utilizó en su contra.

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𝘌𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘰𝘤𝘶𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘰𝘺𝘵𝘢, 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰́ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘢𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 2 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 10 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 11 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘥𝘢, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘭 25 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 2025 𝘱𝘰𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 13, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘳𝘭𝘢.

https://www.youtube.com/watch?v=9eDm3lliur4

#casoreal #mexico #sonora #justicia #violenciajuvenil #bullying #acoso #racismo #concienciasocial #realidad #historiasreales #memoria #sociedad #reflexion #cambiodeley #leyla #nomasviolencia

🧿 𝑬𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒚𝒍𝒂: 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒆𝒚 𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒓 🧿

“𝙲𝚛𝚘́𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚗𝚎𝚐𝚛𝚊”

Lo de Leyla Monserrat Lares Becerra no es una historia lejana ni un episodio aislado.
Es de esas cosas que incomodan porque obligan a mirar de frente algo que muchas veces se prefiere ignorar.

Todo empezó el 25 de septiembre de 2025, en General Plutarco Elías Calles (zona de Sonoyta).
Leyla, de 15 años, viajaba en autobús con su madre cuando se encontró con una supuesta amiga.
Nada fuera de lo normal.
De hecho, la propuesta sonaba hasta ilusionante: una “fiesta sorpresa”.
Leyla aceptó.

No hubo fiesta.

La llevaron a una vivienda.
Allí, según la investigación, la sentaron, le vendaron los ojos y le ataron las manos bajo la excusa de esa sorpresa.
Este punto es clave para entender lo que después cuesta tanto asimilar: Leyla no estaba en “modo peligro”.
Estaba confiando.
Estaba dentro de una situación que, aunque extraña, seguía teniendo sentido para ella en ese momento.

Cuando alguien cree que está entre conocidos y en un contexto seguro, el cerebro no activa inmediatamente una respuesta de huida o defensa.
De hecho, puede pasar lo contrario: se coopera.
No por debilidad, sino porque la situación está disfrazada de normalidad.
A eso se suma otro factor muy poco entendido: la reacción de bloqueo.
Ante algo inesperado o confuso, muchas personas no gritan ni luchan de inmediato; se quedan quietas, intentando procesar lo que está pasando.

Las agresoras —dos menores de 13 y 15 años— aprovecharon precisamente ese margen.
No fue un impulso.
Fue algo pensado.
Prepararon el escenario para que Leyla no sospechara hasta el último momento.

Y hay un punto que hace todo aún más duro de asimilar: lo grabaron.

Ese video no se quedó ahí.
Meses después terminó llegando a su madre.
Esa grabación, además de ser una prueba clave, dejó al descubierto algo escalofriante: Leyla aparece riendo, confiada, pensando que le van a presentar a alguien especial.
No entiende lo que está pasando hasta que ya es tarde.
El estrangulamiento duró casi un minuto.

Detrás de esto no había un arrebato puntual.
Las investigaciones hablan de un contexto previo de acoso.
Conflictos en redes sociales, burlas por su color de piel, tensiones personales e incluso un posible problema sentimental.
La madre de Leyla, Carmen Becerra, lo ha repetido varias veces: esto venía de antes.
Y se planeó.

Después del asesinato, las menores enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda, en el ejido El Desierto.
Cavaron una fosa de unos dos metros y usaron cal para cubrirlo.
Y todavía hay un detalle más difícil de encajar: dos días después enviaron el video a la madre.

En marzo de 2026 llegaron las sentencias, y ahí es donde el caso estalló socialmente.

La menor de 15 años recibió una condena de unos 2 años y 10 meses de internamiento en un centro para adolescentes.
La de 13 años, por ley, no puede ser internada: se le impuso libertad asistida y el pago de una reparación del daño.

Esa “reparación” fue de 5,677 pesos.

La familia denunció que ni siquiera cubría el funeral, que superó los 30,000.
Para muchos, no es solo insuficiente: es una forma de revictimización.

El magistrado Rafael Acuña Griego fue claro al explicarlo: el juez no se salió de la norma.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita las penas para menores de 16 años a un máximo de tres años de internamiento, sin importar la gravedad del delito.

Y ahí está el choque: lo que permite la ley frente a lo que la gente siente como justicia.

Desde entonces ha habido marchas, protestas y presión social en Sonora.
No solo por Leyla, sino porque su caso ha puesto sobre la mesa algo incómodo: hay muchos episodios de violencia entre menores que no llegan a conocerse o no generan este nivel de atención.

No es un “caso histórico” en el sentido clásico.
Pero sí es uno de esos hechos que obligan a pensar en serio sobre el bullying, el uso de redes, la violencia entre jóvenes y los límites de las leyes actuales.

Porque al final, más allá de cifras, leyes o titulares, aquí hay una idea que cuesta quitarse de la cabeza: una chica de 15 años confió en quienes creía sus amigas… y eso fue exactamente lo que se utilizó en su contra.

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𝘌𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘰𝘤𝘶𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘰𝘺𝘵𝘢, 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰́ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘢𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 2 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 10 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 11 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘥𝘢, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘭 25 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 2025 𝘱𝘰𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 13, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘳𝘭𝘢.

https://www.youtube.com/watch?v=9eDm3lliur4

#casoreal #mexico #sonora #justicia #violenciajuvenil #bullying #acoso #racismo #concienciasocial #realidad #historiasreales #memoria #sociedad #reflexion #cambiodeley #leyla #nomasviolencia

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“𝙲𝚛𝚘́𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚗𝚎𝚐𝚛𝚊”

Lo de Leyla Monserrat Lares Becerra no es una historia lejana ni un episodio aislado.
Es de esas cosas que incomodan porque obligan a mirar de frente algo que muchas veces se prefiere ignorar.

Todo empezó el 25 de septiembre de 2025, en General Plutarco Elías Calles (zona de Sonoyta).
Leyla, de 15 años, viajaba en autobús con su madre cuando se encontró con una supuesta amiga.
Nada fuera de lo normal.
De hecho, la propuesta sonaba hasta ilusionante: una “fiesta sorpresa”.
Leyla aceptó.

No hubo fiesta.

La llevaron a una vivienda.
Allí, según la investigación, la sentaron, le vendaron los ojos y le ataron las manos bajo la excusa de esa sorpresa.
Este punto es clave para entender lo que después cuesta tanto asimilar: Leyla no estaba en “modo peligro”.
Estaba confiando.
Estaba dentro de una situación que, aunque extraña, seguía teniendo sentido para ella en ese momento.

Cuando alguien cree que está entre conocidos y en un contexto seguro, el cerebro no activa inmediatamente una respuesta de huida o defensa.
De hecho, puede pasar lo contrario: se coopera.
No por debilidad, sino porque la situación está disfrazada de normalidad.
A eso se suma otro factor muy poco entendido: la reacción de bloqueo.
Ante algo inesperado o confuso, muchas personas no gritan ni luchan de inmediato; se quedan quietas, intentando procesar lo que está pasando.

Las agresoras —dos menores de 13 y 15 años— aprovecharon precisamente ese margen.
No fue un impulso.
Fue algo pensado.
Prepararon el escenario para que Leyla no sospechara hasta el último momento.

Y hay un punto que hace todo aún más duro de asimilar: lo grabaron.

Ese video no se quedó ahí.
Meses después terminó llegando a su madre.
Esa grabación, además de ser una prueba clave, dejó al descubierto algo escalofriante: Leyla aparece riendo, confiada, pensando que le van a presentar a alguien especial.
No entiende lo que está pasando hasta que ya es tarde.
El estrangulamiento duró casi un minuto.

Detrás de esto no había un arrebato puntual.
Las investigaciones hablan de un contexto previo de acoso.
Conflictos en redes sociales, burlas por su color de piel, tensiones personales e incluso un posible problema sentimental.
La madre de Leyla, Carmen Becerra, lo ha repetido varias veces: esto venía de antes.
Y se planeó.

Después del asesinato, las menores enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda, en el ejido El Desierto.
Cavaron una fosa de unos dos metros y usaron cal para cubrirlo.
Y todavía hay un detalle más difícil de encajar: dos días después enviaron el video a la madre.

En marzo de 2026 llegaron las sentencias, y ahí es donde el caso estalló socialmente.

La menor de 15 años recibió una condena de unos 2 años y 10 meses de internamiento en un centro para adolescentes.
La de 13 años, por ley, no puede ser internada: se le impuso libertad asistida y el pago de una reparación del daño.

Esa “reparación” fue de 5,677 pesos.

La familia denunció que ni siquiera cubría el funeral, que superó los 30,000.
Para muchos, no es solo insuficiente: es una forma de revictimización.

El magistrado Rafael Acuña Griego fue claro al explicarlo: el juez no se salió de la norma.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita las penas para menores de 16 años a un máximo de tres años de internamiento, sin importar la gravedad del delito.

Y ahí está el choque: lo que permite la ley frente a lo que la gente siente como justicia.

Desde entonces ha habido marchas, protestas y presión social en Sonora.
No solo por Leyla, sino porque su caso ha puesto sobre la mesa algo incómodo: hay muchos episodios de violencia entre menores que no llegan a conocerse o no generan este nivel de atención.

No es un “caso histórico” en el sentido clásico.
Pero sí es uno de esos hechos que obligan a pensar en serio sobre el bullying, el uso de redes, la violencia entre jóvenes y los límites de las leyes actuales.

Porque al final, más allá de cifras, leyes o titulares, aquí hay una idea que cuesta quitarse de la cabeza: una chica de 15 años confió en quienes creía sus amigas… y eso fue exactamente lo que se utilizó en su contra.

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𝘌𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘰𝘤𝘶𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘰𝘺𝘵𝘢, 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰́ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘢𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 2 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 10 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 11 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘥𝘢, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘭 25 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 2025 𝘱𝘰𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 13, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘳𝘭𝘢.

https://www.youtube.com/watch?v=9eDm3lliur4

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🧿 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒖𝒏𝒂 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒅𝒂 🧿

En 1951, en la Carolina del Norte segregada, una mirada podía acabar llevando a un hombre negro ante los tribunales.

Matt Ingram, conocido también como Mack, tenía 44 años, estaba casado con Linward y tenía nueve hijos.
Era agricultor de tabaco en el condado de Caswell y arrendaba las tierras que trabajaba.
Tenía sus propias mulas y herramientas y había conseguido una independencia que no era nada habitual para un agricultor negro del sur en aquella época.

Una mañana de junio necesitaba un remolque para recoger heno y fue hasta la propiedad de su vecino blanco, Aubrey Boswell.
Como no lo encontró en casa, continuó buscando por los alrededores.

En el camino se cruzó con varias personas que se dirigían hacia los campos de tabaco.
Entre ellas estaba Willa Jean Boswell, de 17 años.

Según declaró la joven, Ingram pasó en su automóvil y la observó.
Después lo vio de nuevo, esta vez detenido junto a unos arbustos, a unos 65 o 70 pies de distancia, alrededor de veinte metros.

No se acercó.

No le habló.

No hizo ningún gesto.

Finalmente regresó hacia su automóvil.

Willa Jean se asustó y contó lo sucedido a su familia.

Aquella misma tarde, mientras Ingram cargaba el heno después de conseguir un remolque en otra granja, dos ayudantes del sheriff fueron a detenerlo.

La acusación inicial era gravísima: agresión con intención de cometer violación.

El caso se desarrolló en un ambiente marcado por la segregación racial.
Durante el primer juicio, el fiscal utilizó abiertamente argumentos racistas.
El juez Ralph Vernon terminó declarando culpable a Ingram por un delito menor de agresión y le impuso la pena máxima: dos años de trabajos forzados.

Ingram recurrió.

El siguiente juicio terminó sin veredicto porque el jurado no consiguió ponerse de acuerdo. Hubo que celebrar otro proceso.

En noviembre de 1952, un jurado completamente blanco volvió a declararlo culpable.
Esta vez recibió seis meses de trabajos forzados, aunque la pena quedó suspendida durante cinco años bajo determinadas condiciones.

Sus abogados no se dieron por vencidos y llevaron el caso ante el Tribunal Supremo de Carolina del Norte.

Allí la cuestión era mucho más sencilla de lo que había parecido durante aquellos meses:

¿Dónde estaba la agresión?

El tribunal examinó el testimonio de la propia acusación y concluyó que no había existido contacto físico, amenaza, gesto violento ni intento de aproximación.
Ingram había permanecido a una distancia considerable y después se había marchado.

Los magistrados fueron unánimes.

La condena no podía mantenerse.

El presidente del tribunal, William A. Devin, escribió una frase que acabaría asociándose al caso:

«La ley humana no llega tan lejos».

No se podía convertir una mirada o una interpretación subjetiva del comportamiento de una persona en una agresión criminal cuando no existía ningún acto que la ley pudiera castigar.

Para Ingram, sin embargo, la victoria llegó después de un proceso que había durado casi dos años y que había dejado huella en su vida.

Su familia había sufrido dificultades económicas y aislamiento. Algunos agricultores dejaron de contratarlo y su mujer, Linward, junto con uno de sus hijos, tuvo que asumir parte del trabajo mientras él hacía frente al proceso judicial.

Cuando todo terminó, Ingram regresó con su familia.

Intentó rehacer su vida y continuar trabajando como agricultor, lejos de los tribunales y de aquella acusación que durante tanto tiempo había pesado sobre él.

No se convirtió en una figura famosa.

No escribió un libro.

No buscó protagonismo.

Simplemente siguió adelante.

Matt Ingram murió en 1973.

Pero su nombre quedó en la historia jurídica de Carolina del Norte por un motivo que dice mucho de aquella época: un hombre pudo ser condenado por una supuesta agresión que, según los propios hechos del caso, nunca llegó a producirse.

Aquella mañana había salido a buscar un remolque para recoger heno.

Dos años después, necesitaba una sentencia del Tribunal Supremo para recuperar algo tan básico como el derecho a no ser castigado por algo que no había hecho.

▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

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🌐 ■ Horcas con "cabinas de observación": el escalofriante vídeo del ministro ultra Ben-Gvir que indigna al mundo ■ El titular de Seguridad Nacional, aliado del primer ministro Netanyahu, se regodea tras aprobar una ley que decreta la pena de muer[…]
https://www.huffingtonpost.es/global/horcas-cabinas-observacion-escalofriante-video-ministro-ultra-bengvir-indigna-mundo-f202608.html?int=MASTODON_WORLD

#palestina #penademuerte #itamarbengvir #global #justicia #israel #derechoshumanos #presos

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Corte de Copiapó rechaza recurso y confirma sumario que destituyó a un fiscal por conductas consideradas como acoso sexual | vía #CIPERChile

https://www.ciperchile.cl/2026/08/04/corte-de-copiapo-rechaza-recurso-y-confirma-sumario-que-destituyo-a-un-fiscal-por-conductas-consideradas-como-acoso-sexual/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corte-de-copiapo-rechaza-recurso-y-confirma-sumario-que-destituyo-a-un-fiscal-por-conductas-consideradas-como-acoso-sexual

#actualidad #atacama #copiapó #cortedecopiapó #fiscalíaregionaldeatacama #justicia #perspectivadegénero #poderjudicial

Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja

La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.

Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.

«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.

Anuncios fraudulentos

El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.

«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.

Ricardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.

Atención integral

Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.

«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.

El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.

Ofertas laborales

Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.

«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.

El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–

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Trump indemniza con USD 5 millones a escritora por agresión sexual y difamación

La escritora de Nueva York E. Jean Carroll finalmente está recibiendo el pago más de tres años después de que un jurado civil federal considerara al presidente Donald Trump responsable de abusar sexualmente de ella y difamarla.
La entrada Trump indemniza con USD 5 millones a escritora por agresión sexual y difamación aparece primero en Semanario Universidad.

#Agresión #EEUU #Impreso #Juicio #Justicia #Mujeres. #Mundo #Política #Trump #ÚltimaHora

https://semanariouniversidad.com/mundo/trump-indemniza-con-usd-5-millones-a-escritora-por-agresion-sexual-y-difamacion/

🔴Exigimos una investigación independiente. El presidente Juanma Moreno y el consejero Antonio Sanz deben dar la cara, decir la verdad y asumir responsabilidades políticas de inmediato por este fallo gravísimo.

#IFLosGallardos #IncendioForestal #Tragedia #Justicia #ÚneteAPACMA #Andalucía

🎬Imágenes de Cadena Ser y El País.

Fiestas Populares de la Karmela 2026 🌊⛵⚒️ 'NO PASARÁN 1936-2026'

Un año más, Vallekas celebrará las Fiestas de la Karmela, las fiestas autogestionadas realizadas por los colectivos del barrio. Del 16 al 19 de Julio, las pistas del parque Javier de Miguel serán el epicentro de la Resistencia y donde el barrio celebrará los festejos más rebeldes de Vallekas.

En este 2026, la Comisión de las Fiestas de la Karmela lanza un mensaje muy importante a toda la clase social y política, bajo el lema "1936-2026 NO PASARÁN". Con él se homenajea y rememora a todas y todos los milicianos, revolucionarios, trabajadores, a toda la clase obrera y a la resistencia popular que defendió nuestro barrio y la capital ante el fascismo y a todas las personas que a día de hoy, siguen luchando por la justicia social ante el capitalismo y los derechos humanos ante el auge de la barbarie bélica e imperialista.

Para conocer con detalle todas las actividades, fechas y horarios, os invitamos a leer la noticia completa en nuestra web pulsando en el siguiente enlace:

https://www.portalvallecas.es/fiestas-populares-de-la-karmela-2026-no-pasaran/

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El colaborador de la justicia: Garantías, filtros y estrategia penal frente a la denuncia. Por Alvarez Abogados Tenerife, estrategia procesal, alta litigación penal y defensa de sus derechos en Canarias desde 1954.
https://alvarezabogadostenerife.com/2026/07/el-colaborador-de-la-justicia/

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¿Por qué el pastor MAGA anti-LGBTQ+ fue condenado a 15 años? #felizmartes #7dejulio #SilasShelton #MAGA #LGBTQ #Heartstopper #Ohio #DelincuenteSexual #AbusoInfantil #Justicia #Orgullo #Iglesia #PolíticaEEUU #DerechosLGBTQ #Noticias

https://donporque.com/pastor-maga-anti-lgbtq-ira-a-prision/

Que la propia estructura del poder judicial no detenga abusos procesales, despropósitos jurídicos, salidas de tono en declaraciones públicas y extravagancias personales, nos dice que

—Les parecen sencillamente bien, o son al menos tolerables
—creen que el sistema de poderes de Estado las debe admitir por el hecho de su independencia, que es más necesaria que la gravedad de esos exabruptos
—no son ni abusos ni despropósitos etc

el daño al propio sentido de _justicia _, no lo saben ver porque, en su marco conceptual, en su ultimísima derivada, juez está por encima de democracia.

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Despues de 6 años, Ni verdad ni justicia para las 7291 víctimas en las residencias de Madrid
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Estafadores, el empresario cripto de Alvise o un detenido en Dubái: los clientes de Wise en España

https://fed.brid.gy/r/https://www.infolibre.es/investigacion/estafadores-empresario-cripto-alvise-detenido-dubai-clientes-wise-espana_130_2202437.html

:stargif: 𝑼𝒏 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒃𝒓𝒊𝒐́ 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒃𝒂𝒕𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒐́𝒎𝒐𝒅𝒐 :stargif:

“𝙲𝚛𝚘́𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚗𝚎𝚐𝚛𝚊”

Lo que ocurrió en Indiana en 2017 no es solo un crimen, es uno de esos casos que obligan a mirar de frente los límites del sistema judicial.

Nickalas Kedrowicz tenía 13 años cuando acabó con la vida de sus dos hermanos pequeños: Desiree McCartney (23 meses) y Nathaniel Ritz (11 meses).
Murieron con apenas dos meses de diferencia, en circunstancias que al principio parecían accidentes domésticos.

La historia no se descubrió de golpe.
Primero fue Desiree, en mayo de 2017.
La encontraron sin respirar mientras él estaba a cargo.
Dos meses después, en julio, ocurrió lo mismo con Nathaniel.
Dos muertes casi idénticas en el mismo entorno empezaron a levantar sospechas.

Las autopsias y la presión de la investigación terminaron rompiendo la versión inicial.
En 2018, Nickalas confesó.
Dijo que había usado una toalla y una manta para asfixiarlos.

El motivo que dio es de los que te dejan frío: aseguró que quería “liberarlos del infierno”.
Según explicó, no quería que sus hermanos crecieran en el entorno familiar que él percibía como insoportable.
Llegó a decir que no quería que vivieran “como él vivió”.

Aquí hay un punto importante: no era la primera señal de alarma.
Durante la investigación salió a la luz que ya había mostrado conductas violentas, como matar a un gato de forma especialmente cruel.
Nadie actuó a tiempo.

La madre, Christina McCartney, no sospechó de él durante meses.
Confiaba en su hijo como hermano mayor y defendió durante mucho tiempo que las muertes habían sido accidentales.
Más adelante, intentó introducir otra línea de defensa: que el padrastro era abusivo e incluso que podía haber influido en lo ocurrido.
Pero en el juicio, el único acusado fue Nickalas.

El proceso judicial tomó un rumbo poco habitual para alguien de su edad.
Fue juzgado como adulto.
Eso cambió completamente el resultado.

En 2021 (con sentencia consolidada en 2022), el juez dictó dos penas de 50 años consecutivos.
En total: 100 años de prisión.
No es solo una cifra simbólica; al ser consecutivas, aseguran que no haya salida temprana.
En la práctica, es una cadena perpetua.

Hoy cumple condena dentro del sistema penitenciario de Indiana.

Este caso no se entiende sin el debate que provocó, y que sigue abierto:

Por un lado, quienes defienden la sentencia insisten en la gravedad extrema de los hechos.
Dos víctimas, total indefensión, cierta planificación.
Para ellos, la prioridad es proteger a la sociedad y hacer justicia sin matices.

Por otro, están quienes ven el caso desde la neurociencia y la justicia juvenil.
A los 13 años, el cerebro —sobre todo las áreas que controlan impulsos y juicio moral— aún está en desarrollo.
La base del sistema juvenil es precisamente esa: que un menor puede cambiar.
Una condena de 100 años elimina cualquier posibilidad real de rehabilitación.

Organismos internacionales llevan tiempo cuestionando este tipo de sentencias en menores, considerándolas desproporcionadas o incluso contrarias a derechos básicos.

Y luego está lo más incómodo de todo: el contexto.
Un entorno familiar problemático, señales previas ignoradas, un niño que ya mostraba conductas violentas…
Es decir, no es solo una historia de crimen, también lo es de fallos alrededor.

Este caso dejó una pregunta difícil de esquivar:
¿dónde se pone el límite entre castigar lo que alguien hizo… y entender lo que aún podía llegar a ser?

No hay una respuesta limpia.
Y quizá por eso sigue generando tanta discusión.

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Spending the afternoon with BAYAN and community members who are rallying for the 19 people killed in a Philippine military operation in Toboso, Negros Occidental on April 19-20.

Victims included civilians, student leaders like Alyssa Alano, community journalist RJ Ledesma, human rights advocates, and two Filipino-Americans.

Protestors are demanding an end to the killings, accountability for the Armed Forces of the Philippines, and justice for those slain while advocating for farmers and communities.

#Toronto #TorontoActions #Negros19 #Philippines #Justicia

🏛️ ■ Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por violación ■ La denunciante pide al juez que la declare testigo protegido por miedo a represalias pero la SER adelanta que se trata de una actriz y que entró en contacto con el expolítico a través d[…]
https://www.huffingtonpost.es/politica/una-segunda-mujer-denuncia-inigo-errejon-violacionbr-f202602.html?int=MASTODON_WORLD

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