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Congreso de la Cdmx | Proponen presumir legítima defensa para mujeres víctimas de violencia
La diputada Juana María Juárez López propuso reformar el Código Penal de Cdmx para presumir legítima defensa cuando mujeres víctimas de violencia protejan su vida, integridad o libertad.
Por Fausto Hernández | Reportero
La diputada Juana María Juárez López, de Morena, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar los artículos 29 y 83 del Código Penal capitalino y establecer la presunción de legítima defensa cuando una mujer actúe para proteger su vida, integridad física o libertad, o la de sus hijas e hijos, en un contexto acreditable de violencia de género.
La propuesta plantea que las autoridades ministeriales y judiciales incorporen la perspectiva de género desde el inicio de las investigaciones y al valorar las circunstancias en que una mujer respondió a una agresión. La legisladora sostuvo que el objetivo es evitar que quienes actúan para sobrevivir sean sometidas a procesos penales sin considerar el contexto de violencia que enfrentaban.
La iniciativa fue presentada durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino de este jueves 17 de septiembre y fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y eventual dictaminación.
¿Qué cambiaría con la reforma al Código Penal?
De acuerdo con la propuesta, la presunción de legítima defensa operaría cuando una mujer realice actos encaminados a proteger su vida, integridad física o libertad, o la de sus hijas e hijos, particularmente cuando exista un contexto acreditable de violencia de género.
Juárez López señaló que la valoración de estos casos no debería concentrarse únicamente en el instante en que ocurrió la agresión, sino considerar las circunstancias previas de violencia y el contexto en el que la mujer tomó la decisión de defenderse.
La legisladora sostuvo que una defensa adecuada constituye un derecho fundamental y planteó que las autoridades deben evitar que una interpretación aislada de la teoría penal produzca una revictimización de mujeres que enfrentaron situaciones de violencia.
Los casos de Alina, Roxana y Yakiri
Para sustentar su propuesta, la diputada recordó casos de mujeres que enfrentaron procesos penales después de responder a agresiones.
Entre ellos mencionó a Alina Mariel Narciso Tehuaxtle, entonces agente municipal de Tijuana, quien había sido condenada a 45 años de prisión por la muerte de su pareja, también policía. En mayo de 2023, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California revocó la sentencia y determinó que actuó en legítima defensa.
También hizo referencia a Roxana Ruiz Santiago, quien fue sentenciada en 2023 por homicidio después de matar a un hombre que, según su denuncia, la había agredido sexualmente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México posteriormente determinó que había actuado en legítima defensa y desistió de la acción penal.
El tercer caso citado fue el de Yakiri Rubí Rubio Aupart, quien fue acusada de homicidio después de un ataque sexual ocurrido en 2013. En 2015, un juez la absolvió después de que el caso fuera reclasificado como homicidio cometido con exceso de legítima defensa.
Estos antecedentes han sido utilizados en el debate público y jurídico sobre la forma en que las autoridades deben valorar la legítima defensa cuando existen antecedentes de violencia contra mujeres.
La propuesta pasará a análisis legislativo
Juárez López planteó que la perspectiva de género debe incorporarse desde la investigación inicial para determinar las circunstancias que rodearon una conducta defensiva y evitar que las mujeres tengan que enfrentar procesos penales sin que se tome en cuenta el contexto de violencia.
La iniciativa busca modificar los artículos 29 y 83 del Código Penal de la Ciudad de México. Su contenido deberá ser analizado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia antes de que el Pleno determine, en su caso, si procede su aprobación. –sn–
Juana María Juárez López¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Sheinbaum fija cero impunidad en feminicidios tras casos de Claudia Tacoronte y Karla Pérez
La presidente Claudia Sheinbaum anunció acciones contra la impunidad en feminicidios tras los casos de Claudia Tacoronte y Karla Margarita Pérez. Hay detenidos relacionados con ambos asesinatos y se impulsa una ley para homologar investigaciones.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal buscará que los feminicidios no queden impunes, luego de los asesinatos de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en Morelos, y Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina localizada sin vida en Zapopan, Jalisco.
https://youtu.be/lIdpYCqaEpU?t=591
Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum señaló que la estrategia debe combinar la prevención de la violencia contra las mujeres, la atención a las víctimas y la investigación de los delitos para lograr la detención de los responsables.
La mandataria también informó que el gobierno federal envió al Congreso una iniciativa de ley general relacionada con el feminicidio, cuyo propósito es establecer criterios comunes para la actuación de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR).
Detienen a presuntos responsables de los casos
El anuncio ocurre mientras las investigaciones de ambos feminicidios registran avances. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades de Jalisco detuvieron a Eduardo Isaac “N”, señalado como persona relacionada con el asesinato de Karla Margarita Pérez.
La joven, de 22 años y originaria de Guanajuato, había sido reportada como desaparecida antes de ser localizada sin vida en Zapopan. La Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE) informó que la detención fue realizada por agentes de investigación especializados en feminicidios, después de trabajos operativos, de gabinete e inteligencia.
En Morelos también fue detenido un hombre identificado como Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, de 21 años, estudiante española que realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla
Tacoronte fue asesinada en Cuautla, Morelos, mientras participaba en actividades relacionadas con su estancia académica en México. La investigación estatal identificó a un sospechoso y posteriormente obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Al referirse al caso, Sheinbaum expresó solidaridad con la familia, amigos y compañeros universitarios de la joven española. También señaló que el caso tiene características particulares, aunque sostuvo que una parte importante de los feminicidios ocurre en contextos de relaciones familiares o de pareja.
La presidente indicó que la violencia familiar puede convertirse en una cadena de agresiones que termine en el asesinato de una mujer, por lo que llamó a quienes viven situaciones de violencia a solicitar ayuda y denunciar.
Karla Pérez desapareció antes de ser localizada sin vida
Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina originaria de Guanajuato, desapareció en Zapopan y fue localizada sin vida durante las labores de búsqueda. La investigación quedó bajo responsabilidad de las autoridades jaliscienses, con coordinación y acompañamiento del Gabinete de Seguridad.
La detención de Eduardo Isaac “N” representa el avance más reciente reportado públicamente en el expediente. La Fiscalía de Jalisco indicó que proporcionará mayor información conforme avance el procedimiento de investigación. –sn–
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Investigan como feminicidio muerte de María Cristina Muñoz en Veracruz; exnovio niega responsabilidad
La Fiscalía General del Estado investiga bajo protocolo de feminicidio la muerte de María Cristina Muñoz Loya, de 26 años, ocurrida el 8 de septiembre en Veracruz.
Por Roberto Córdova | Corresponsal
VERACRUZ, Ver.— La muerte de María Cristina Muñoz Loya, economista de 26 años y egresada de la Universidad Cristóbal Colón, es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo el protocolo de feminicidio, luego de que la joven falleciera tras ser trasladada a la Cruz Roja desde un domicilio ubicado en la colonia Ortiz Rubio Sur.
El caso ha generado exigencias de familiares, amigos y colectivos para que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y se investigue la posible participación de su expareja, identificado como Jorge “N”. Hasta el momento, la FGE no ha informado públicamente sobre alguna persona detenida por estos hechos.
La investigación cobró mayor atención después de que Jorge “N” difundiera en redes sociales un video en el que negó haber provocado la muerte de María Cristina. La grabación fue eliminada posteriormente, pero medios locales reportaron su contenido y señalaron que el hombre afirmó que el fallecimiento habría sido incidental.
¿Qué ocurrió con María Cristina Muñoz?
Los hechos ocurrieron la noche del 8 de septiembre, cuando María Cristina se encontraba en un domicilio relacionado con su pareja, en la colonia Ortiz Rubio Sur. De acuerdo con los reportes difundidos sobre la investigación, familiares de la pareja comunicaron a los padres de la joven que presentaba convulsiones y que sería trasladada para recibir atención médica.
Sin embargo, cuando llegó a las instalaciones de la Cruz Roja, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales y notificó a las autoridades ministeriales para iniciar las diligencias correspondientes.
Una de las versiones difundidas durante las primeras etapas de la investigación apuntó a una posible asfixia mecánica como causa del fallecimiento. No obstante, debido a que existen versiones periodísticas distintas sobre las circunstancias de la muerte, corresponde a los peritajes y a la autoridad ministerial establecer oficialmente la causa y las condiciones en que ocurrió.
Fiscalía indaga posible participación de la pareja
Como parte de las diligencias, autoridades ministeriales realizaron un cateo en el domicilio ubicado en la colonia Ortiz Rubio Sur, con el propósito de localizar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido.
Reportes periodísticos señalan que personas cercanas a María Cristina han referido presuntos episodios anteriores de violencia física y psicológica dentro de su relación. Estos señalamientos forman parte de las versiones que deberán ser corroboradas por la investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad penal.
El propio Jorge “N” reconoció públicamente que mantenía una relación complicada con María Cristina, aunque negó haberle causado la muerte y sostuvo que las investigaciones forenses determinarían lo sucedido. Su declaración corresponde a su propia versión de los hechos y no sustituye las conclusiones de la investigación ministerial.
Amiga cuestiona al exnovio en redes sociales
Después de que Jorge “N” difundió su video, Amanda Guadalupe Midori, identificada en publicaciones periodísticas como amiga de la pareja, respondió públicamente en redes sociales y formuló acusaciones sobre un supuesto episodio de violencia ocurrido en Los Ángeles, Estados Unidos.
La mujer afirmó que María Cristina habría sufrido una agresión física durante el año anterior y sostuvo que el entonces novio habría sido detenido en ese episodio. Estas afirmaciones fueron realizadas en redes sociales y no han sido confirmadas de manera independiente por una autoridad judicial en las fuentes consultadas, por lo que forman parte de los señalamientos que deberán ser corroborados. –sn–
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¿Qué denuncia HazteOír contra Gallardo por el amigo de David Sánchez? #MiguelAngelGallardo #DavidSanchez #HazteOir #DiputacionDeBadajoz #Badajoz #Extremadura #Tribunales #Justicia #Prevaricacion #Actualidad #Politica #LuisCarrero #felizjueves #17deseptiembre
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Detienen en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, señalado por homicidio y amenazas contra autoridades
Fuerzas federales y estatales detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, de 26 años, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es investigado por distribución de narcóticos, homicidios y amenazas contra autoridades.
Por Martín García | Reportero
Víctor Alfonso “N”, de 26 años, fue detenido en Mexicali por fuerzas federales y estatales, luego de ser identificado como integrante de una célula delictiva relacionada con amenazas e intimidación contra autoridades de seguridad.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).
De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con actividades de distribución de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación contra integrantes de instituciones de seguridad. Además, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.
Operativo permitió ubicarlo en Mexicali
La captura fue resultado de labores de investigación e inteligencia mediante las cuales las autoridades identificaron la zona de movilidad del objetivo.
Con la información obtenida, las corporaciones desplegaron un operativo coordinado en el municipio de Mexicali. Durante las acciones localizaron a una persona que coincidía con las características establecidas en la investigación.
Tras corroborar su identidad, los agentes procedieron a su detención y le informaron los derechos que le corresponden conforme a la ley.
Quedó a disposición del Ministerio Público
Víctor Alfonso “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones y al mandamiento judicial vigente.
La detención forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales para ubicar a personas relacionadas con delitos de alto impacto y atender investigaciones vinculadas con violencia y amenazas contra instituciones de seguridad en Baja California. –sn–
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¿Quién es Esther Yáñez y por qué pagará 20.000 € a Rodolfo Sancho? #EstherYañez #RodolfoSancho #DanielSancho #RTVE #DirectoAlGrano #Television #YouTube #Actualidad #Famosos #Justicia #DerechoAlHonor #Noticias #felizjueves #17deseptiembre
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🗳️ ■ Los audios inéditos que implican a Rajoy en la Kitchen y el plan de Cospedal para hacer policía al chófer de Bárcenas ■ Los audios también apuntan a que Cospedal se compro[…]
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🚨🔍 #Morelos | La Fiscalía de Morelos difunde la ficha de búsqueda del presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en la entidad. Autoridades piden colaboración ciudadana para su localización. 🇲🇽⚖️ #JusticiaParaClaudia #Justicia #Seguridad
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✊🏽🔍 #Nacional | La Comisión Sexta Zapatista del #EZLN convoca a una sesión informativa sobre la gira de solidaridad con colectivos de personas buscadoras en México, sumando esfuerzos en la exigencia de justicia. 🇲🇽⚖️ #Buscadoras #Zapatistas #Justicia
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Fiscal de EU anuncia acusación por apoyo material al Cártel del Golfo, designado como organización terrorista
El fiscal federal Aaron Reitz anunció una acusación contra un inmigrante en situación irregular por presunto apoyo material al Cártel del Golfo, designado por EU como Organización Terrorista Extranjera.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Un fiscal federal de Estados Unidos emitió este miércoles una acusación formal contra un inmigrante en situación irregular, señalado de proporcionar presunto apoyo material al Cártel del Golfo, organización que el gobierno estadounidense mantiene bajo la categoría de Organización Terrorista Extranjera.
El anuncio fue realizado por Aaron Reitz, fiscal federal de Estados Unidos, quien señaló que la designación del grupo como Organización Terrorista Extranjera amplía las herramientas legales disponibles para las autoridades estadounidenses contra integrantes y colaboradores de organizaciones criminales. La acusación, de acuerdo con el anuncio difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se relaciona con el delito de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
La medida se produce dentro de la estrategia del Departamento de Justicia de Estados Unidos para utilizar cargos federales relacionados con organizaciones terroristas contra personas vinculadas con grupos criminales designados bajo esa clasificación. El propio Departamento de Justicia ha informado durante 2026 sobre investigaciones y acusaciones relacionadas con el apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras.
¿Qué implica la designación del Cártel del Golfo?
La clasificación como Organización Terrorista Extranjera permite al gobierno estadounidense utilizar disposiciones de su legislación antiterrorista en determinados casos relacionados con integrantes, colaboradores o personas que proporcionen apoyo material a una organización incluida en esa categoría.
El Departamento de Justicia ya ha utilizado cargos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras en casos vinculados con organizaciones criminales mexicanas. En enero de 2026, por ejemplo, informó sobre acusaciones contra personas relacionadas con organizaciones designadas por Estados Unidos, entre ellas el Cártel del Golfo.
Estrategia contra los cárteles
Reitz atribuyó la ampliación de estas herramientas jurídicas a la política impulsada por la administración de Donald Trump y al liderazgo del Departamento de Justicia encabezado por Todd Blanche.
El funcionario sostuvo que la designación del Cártel del Golfo permite a los fiscales federales contar con mecanismos adicionales para perseguir conductas relacionadas con el apoyo a la organización.
La utilización de la legislación estadounidense sobre organizaciones terroristas extranjeras representa un componente adicional de la estrategia judicial de Estados Unidos contra organizaciones criminales mexicanas. La designación de diversos cárteles mexicanos bajo esta figura se realizó en 2025 y posteriormente el Departamento de Justicia ha informado sobre procesos penales que incluyen cargos relacionados con apoyo material. –sn–
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#Internacional 🇵🇸 | Las autoridades palestinas estiman que hay más de 8.000 personas desaparecidas bajo las ruinas, mientras Israel bloquea el ingreso de maquinaria para recuperar los cuerpos.
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¿Qué reclaman los familiares de Claudia Tacoronte a las autoridades respecto a la alerta de violencia en Morelos? 🧐 Lee la nota completa en Periodistas Unidos. 📝✨ #PeriodistasUnidos #Justicia #Cuautla
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Lula demanda rigurosa investigación en el Supremo por el caso Banco Master
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Defender a México implica combatir la corrupción y hacer valer la ley: Ernestina Godoy
La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que defender la soberanía de México implica combatir la corrupción, hacer valer la ley, investigar delitos y fortalecer el Estado de Derecho.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Ernestina Godoy Ramos, senadora con licencia y titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que defender a México implica combatir la corrupción, hacer valer la ley, investigar los delitos y fortalecer el Estado de Derecho, al encabezar la ceremonia cívica de Honores a la Bandera por la Conmemoración de la Independencia de México.
Durante el acto realizado en la explanada del Parque Nacional de Justicia, la fiscal señaló que la soberanía nacional se sostiene mediante el cumplimiento de las normas, el respeto a la democracia y la igualdad, así como mediante instituciones que actúen conforme a la ley.
Ante fiscales, titulares de unidad, agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos y personal sustantivo y administrativo de la FGR, Godoy Ramos sostuvo que la defensa de la nación también implica evitar que intereses particulares se impongan sobre el interés colectivo.
Soberanía y Estado de Derecho
La titular de la FGR señaló que, desde el inicio del movimiento de Independencia en 1810 y hasta su consumación en 1821, México ha enfrentado distintas formas de presión, intervención y disputa por sus decisiones soberanas.
En ese contexto, sostuvo que un país soberano no debe someter su libertad a agentes externos ni internos y que la defensa de esa libertad requiere instituciones sujetas a las leyes.
Godoy Ramos indicó que la corrupción también representa un desafío para las instituciones, por lo que consideró necesario garantizar que los recursos públicos y las estructuras del Estado estén al servicio de la población.
La fiscal planteó que investigar delitos, llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley y fortalecer el Estado de Derecho constituyen acciones concretas para proteger la soberanía nacional.
FGR refrenda compromiso con la justicia
Durante la ceremonia, Godoy Ramos afirmó que la Fiscalía General de la República mantendrá su compromiso con la atención a la población, la investigación de delitos, la procuración de justicia y el cumplimiento de la ley.
También señaló que la institución debe mantener sensibilidad frente a las causas sociales y actuar con apego a sus responsabilidades constitucionales y legales.
La fiscal vinculó estas tareas con la conmemoración de la Independencia y sostuvo que honrar a quienes participaron en la construcción de México implica mantener vigente la responsabilidad de fortalecer al país. –sn–
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Mejía Berdeja plantea reconocer el reclutamiento forzado como delito y proteger a menores y jóvenes
Una de las consecuencias más graves es privar a las personas de la capacidad de decidir sobre su vida. Cadena de delitos como secuestro, desaparición, halconeo, homicidio y sicariato.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja advirtió sobre la creciente sofisticación de los mecanismos utilizados por grupos criminales para reclutar personas, particularmente niñas, niños y adolescentes, y planteó la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas para prevenir, investigar y sancionar esta práctica.
El legislador federal del Partido del Trabajo (PT) señaló que el reclutamiento puede comenzar mediante mecanismos aparentemente inofensivos, como mensajes en redes sociales, invitaciones dentro de videojuegos, falsas ofertas de trabajo o promesas de dinero fácil, hasta convertirse en una forma de sometimiento de la que las víctimas pueden tener dificultades para escapar.
“Reclutar significa seducir, engañar, amenazar, coaccionar o aprovechar la vulnerabilidad de una persona hasta incorporarla a una estructura criminal, y nuestra niñez y adolescencia representan el eslabón más vulnerable de esa cadena”, afirmó.
Congreso de la UnionRicardo “El Tigre” Mejía sostuvo que las organizaciones criminales han ampliado sus mecanismos de captación y ya no dependen exclusivamente del contacto directo en las calles, pues pueden utilizar dispositivos electrónicos y plataformas digitales para acercarse a potenciales víctimas.
Advirtió que el reclutamiento puede convertirse en el inicio de una cadena de delitos que incluye secuestro, desaparición, halconeo, homicidio y sicariato. Sin embargo, consideró que una de las consecuencias más graves consiste en privar a las personas de la capacidad de decidir libremente sobre su propia vida.
“Cuando la víctima es una niña, niño o adolescente, no solo se pone en riesgo su integridad; se vulneran su dignidad, su identidad y su proyecto de vida”, sostuvo.
El diputado federal recordó que el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, colocó ante la opinión pública la discusión sobre los mecanismos de captación empleados por grupos criminales. Señaló que, independientemente de las investigaciones y de las determinaciones que correspondan a las autoridades, los hechos hicieron evidente la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente al reclutamiento.
De acuerdo con Mejía Berdeja, enfrentar este fenómeno requiere combinar legislación, inteligencia, tecnología y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, además de atender las condiciones sociales y económicas de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por las organizaciones criminales.
El legislador recordó que el año pasado presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para reconocer el reclutamiento forzado como delito, con el propósito de sancionar a quienes incorporen personas a estructuras criminales y establecer una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, incluyendo agravantes cuando se trate de menores de edad.
“Durante demasiado tiempo hemos hablado del reclutamiento sin construir herramientas jurídicas suficientes para enfrentarlo. Esa omisión deja una brecha entre reconocer públicamente el problema y contar con capacidad efectiva para prevenirlo, perseguirlo y proteger a las víctimas”, expresó.
Mejía Berdeja adelantó que el tema se integrará de manera formal en la agenda legislativa durante el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, al considerar que la dimensión del problema demanda una respuesta integral desde el Estado mexicano.
“Porque cuando una organización criminal recluta a una persona no solamente incorpora un integrante a sus filas: le arrebata su voluntad, secuestra su presente y amenaza con cancelar su futuro”, concluyó el legislador coahuilense Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–
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Mejía Berdeja plantea reconocer el reclutamiento forzado como delito y proteger a menores y jóvenes
Una de las consecuencias más graves es privar a las personas de la capacidad de decidir sobre su vida. Cadena de delitos como secuestro, desaparición, halconeo, homicidio y sicariato.
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El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja advirtió sobre la creciente sofisticación de los mecanismos utilizados por grupos criminales para reclutar personas, particularmente niñas, niños y adolescentes, y planteó la necesidad de fortalecer las herramientas jurídicas para prevenir, investigar y sancionar esta práctica.
El legislador federal del Partido del Trabajo (PT) señaló que el reclutamiento puede comenzar mediante mecanismos aparentemente inofensivos, como mensajes en redes sociales, invitaciones dentro de videojuegos, falsas ofertas de trabajo o promesas de dinero fácil, hasta convertirse en una forma de sometimiento de la que las víctimas pueden tener dificultades para escapar.
“Reclutar significa seducir, engañar, amenazar, coaccionar o aprovechar la vulnerabilidad de una persona hasta incorporarla a una estructura criminal, y nuestra niñez y adolescencia representan el eslabón más vulnerable de esa cadena”, afirmó.
Congreso de la UnionRicardo “El Tigre” Mejía sostuvo que las organizaciones criminales han ampliado sus mecanismos de captación y ya no dependen exclusivamente del contacto directo en las calles, pues pueden utilizar dispositivos electrónicos y plataformas digitales para acercarse a potenciales víctimas.
Advirtió que el reclutamiento puede convertirse en el inicio de una cadena de delitos que incluye secuestro, desaparición, halconeo, homicidio y sicariato. Sin embargo, consideró que una de las consecuencias más graves consiste en privar a las personas de la capacidad de decidir libremente sobre su propia vida.
“Cuando la víctima es una niña, niño o adolescente, no solo se pone en riesgo su integridad; se vulneran su dignidad, su identidad y su proyecto de vida”, sostuvo.
El diputado federal recordó que el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, colocó ante la opinión pública la discusión sobre los mecanismos de captación empleados por grupos criminales. Señaló que, independientemente de las investigaciones y de las determinaciones que correspondan a las autoridades, los hechos hicieron evidente la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente al reclutamiento.
De acuerdo con Mejía Berdeja, enfrentar este fenómeno requiere combinar legislación, inteligencia, tecnología y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, además de atender las condiciones sociales y económicas de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por las organizaciones criminales.
El legislador recordó que el año pasado presentó una propuesta en la Cámara de Diputados para reconocer el reclutamiento forzado como delito, con el propósito de sancionar a quienes incorporen personas a estructuras criminales y establecer una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes, incluyendo agravantes cuando se trate de menores de edad.
“Durante demasiado tiempo hemos hablado del reclutamiento sin construir herramientas jurídicas suficientes para enfrentarlo. Esa omisión deja una brecha entre reconocer públicamente el problema y contar con capacidad efectiva para prevenirlo, perseguirlo y proteger a las víctimas”, expresó.
Mejía Berdeja adelantó que el tema se integrará de manera formal en la agenda legislativa durante el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión, al considerar que la dimensión del problema demanda una respuesta integral desde el Estado mexicano.
“Porque cuando una organización criminal recluta a una persona no solamente incorpora un integrante a sus filas: le arrebata su voluntad, secuestra su presente y amenaza con cancelar su futuro”, concluyó el legislador coahuilense Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–
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Exjugador de la NFL LeShon Johnson recibe 5 años de prisión por red de peleas de perros
El exjugador de la NFL LeShon Johnson fue sentenciado a 60 meses de prisión por seis delitos relacionados con una red de peleas de perros; autoridades incautaron 190 animales en Oklahoma.
Por Vera Martín del Campo | Corresponsal
LeShon Johnson, exjugador de la NFL, fue sentenciado este jueves a 60 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 30 mil dólares por seis delitos federales relacionados con la posesión y comercialización de perros destinados a peleas.
El fallo pone fin a un proceso en el que un jurado federal encontró culpable a Johnson de operar una red dedicada a la crianza, venta y tráfico de perros para peleas. En octubre de 2024, las autoridades incautaron 190 perros de su propiedad en Oklahoma, cifra considerada la mayor registrada en un solo operativo federal contra las peleas de perros.
Operaba la red desde Oklahoma
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Johnson operaba en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, mediante un negocio denominado Mal Kant Kennels. Anteriormente había dirigido Krazyside Kennels, operación por la que se declaró culpable de delitos relacionados con peleas de perros en 2004.
La investigación federal estableció que Johnson mantenía una actividad de crianza selectiva y comercialización de perros utilizados para peleas. La División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el acusado vendía ejemplares, camadas y derechos de reproducción asociados con líneas de perros que habían obtenido resultados en peleas.
Cientos de perros fueron criados para peleas
Durante el juicio se presentaron pruebas de que Johnson promocionaba algunos de sus perros como “campeones” y “grandes campeones”, términos utilizados en ese ámbito para identificar animales que habían ganado tres o cinco peleas, respectivamente.
También comercializaba cachorros procedentes de líneas seleccionadas por sus características para la pelea y cobraba por permitir la reproducción con determinados perros machos. Según las pruebas presentadas ante el jurado, esta actividad le generó ganancias de cientos de miles de dólares.
La investigación concluyó que el negocio no se limitaba a Oklahoma, sino que Johnson traficaba perros hacia distintos puntos de Estados Unidos para abastecer actividades de peleas.
Ya había sido condenado por peleas de perros
El caso tuvo además el antecedente de una condena previa. Johnson había enfrentado cargos relacionados con peleas de perros en Oklahoma en 2004, antes de volver a involucrarse en una operación de mayor escala.
El Departamento de Justicia indicó que la nueva investigación derivó en una acusación federal y que un jurado lo declaró culpable el 1 de agosto de 2025 de tres cargos por posesión de perros destinados a actividades de peleas y tres por venta de perros para ese propósito.
FBI investigó la operación
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans, particularmente de su oficina residente en Shreveport.
El Departamento de Justicia señaló que la incautación de los 190 perros representó el mayor operativo de rescate de este tipo realizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un caso federal de peleas de perros.
Las autoridades federales señalaron que el caso demuestra la aplicación de las leyes contra las actividades de peleas de animales, así como las consecuencias para quienes utilizan la crianza y comercialización de perros con fines de lucro dentro de ese circuito. –sn–
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Exjugador de la NFL LeShon Johnson recibe 5 años de prisión por red de peleas de perros
El exjugador de la NFL LeShon Johnson fue sentenciado a 60 meses de prisión por seis delitos relacionados con una red de peleas de perros; autoridades incautaron 190 animales en Oklahoma.
Por Vera Martín del Campo | Corresponsal
LeShon Johnson, exjugador de la NFL, fue sentenciado este jueves a 60 meses de prisión, tres años de libertad condicional supervisada y una multa de 30 mil dólares por seis delitos federales relacionados con la posesión y comercialización de perros destinados a peleas.
El fallo pone fin a un proceso en el que un jurado federal encontró culpable a Johnson de operar una red dedicada a la crianza, venta y tráfico de perros para peleas. En octubre de 2024, las autoridades incautaron 190 perros de su propiedad en Oklahoma, cifra considerada la mayor registrada en un solo operativo federal contra las peleas de perros.
Operaba la red desde Oklahoma
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Johnson operaba en Broken Arrow y Haskell, Oklahoma, mediante un negocio denominado Mal Kant Kennels. Anteriormente había dirigido Krazyside Kennels, operación por la que se declaró culpable de delitos relacionados con peleas de perros en 2004.
La investigación federal estableció que Johnson mantenía una actividad de crianza selectiva y comercialización de perros utilizados para peleas. La División de Energía y Recursos Naturales (ENRD) del Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el acusado vendía ejemplares, camadas y derechos de reproducción asociados con líneas de perros que habían obtenido resultados en peleas.
Cientos de perros fueron criados para peleas
Durante el juicio se presentaron pruebas de que Johnson promocionaba algunos de sus perros como “campeones” y “grandes campeones”, términos utilizados en ese ámbito para identificar animales que habían ganado tres o cinco peleas, respectivamente.
También comercializaba cachorros procedentes de líneas seleccionadas por sus características para la pelea y cobraba por permitir la reproducción con determinados perros machos. Según las pruebas presentadas ante el jurado, esta actividad le generó ganancias de cientos de miles de dólares.
La investigación concluyó que el negocio no se limitaba a Oklahoma, sino que Johnson traficaba perros hacia distintos puntos de Estados Unidos para abastecer actividades de peleas.
Ya había sido condenado por peleas de perros
El caso tuvo además el antecedente de una condena previa. Johnson había enfrentado cargos relacionados con peleas de perros en Oklahoma en 2004, antes de volver a involucrarse en una operación de mayor escala.
El Departamento de Justicia indicó que la nueva investigación derivó en una acusación federal y que un jurado lo declaró culpable el 1 de agosto de 2025 de tres cargos por posesión de perros destinados a actividades de peleas y tres por venta de perros para ese propósito.
FBI investigó la operación
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva Orleans, particularmente de su oficina residente en Shreveport.
El Departamento de Justicia señaló que la incautación de los 190 perros representó el mayor operativo de rescate de este tipo realizado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en un caso federal de peleas de perros.
Las autoridades federales señalaron que el caso demuestra la aplicación de las leyes contra las actividades de peleas de animales, así como las consecuencias para quienes utilizan la crianza y comercialización de perros con fines de lucro dentro de ese circuito. –sn–
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Jalisco aprueba ley contra el reclutamiento de menores; Reinserta pide recursos para aplicarla
El Congreso de Jalisco aprobó una ley para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores. Reinserta pidió garantizar recursos para aplicarla y avanzar en la tipificación del reclutamiento como delito autónomo.
Por Martín García | Reportero
El Congreso de Jalisco aprobó la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, una legislación que establece medidas específicas para prevenir este fenómeno, atender a las víctimas y coordinar las acciones de las autoridades.
La organización Reinserta consideró que la aprobación representa un paso para reconocer el reclutamiento de menores por grupos delictivos como un problema que requiere respuestas especializadas. Sin embargo, advirtió que la aplicación efectiva de la nueva legislación dependerá, entre otros factores, de que cuente con los recursos presupuestales necesarios.
La legislación contempla atribuciones para autoridades estatales y municipales, mecanismos de coordinación, políticas y acciones públicas, así como un sistema de datos para identificar, prevenir y atender los casos. También establece una diferenciación entre las víctimas de reclutamiento y las víctimas de trata, con el propósito de brindar una atención acorde con las características de este fenómeno.
Reinserta pide recursos para aplicar la ley
Para Reinserta, la discusión presupuestal será determinante para que las disposiciones aprobadas puedan traducirse en acciones concretas de prevención, detección y atención.
La organización sostuvo que fortalecer las capacidades institucionales y la coordinación entre autoridades resulta indispensable para responder oportunamente ante posibles casos de reclutamiento.
El planteamiento adquiere relevancia debido a que la nueva legislación no sólo contempla acciones de prevención, sino también mecanismos de asistencia y protección integral para las víctimas.
Piden tipificar el reclutamiento como delito autónomo
Reinserta también llamó a continuar la discusión para establecer el reclutamiento como un delito autónomo, al considerar que un tipo penal específico permitiría reconocer jurídicamente esta conducta y fortalecer las herramientas para investigarla y sancionarla.
El Congreso de Jalisco avanzó previamente en una propuesta para incorporar al Código Penal estatal disposiciones sobre reclutamiento. El dictamen planteaba sancionar a quien, mediante coacción, engaño, instigación, inducción o cualquier otro medio, capte a una persona para cometer delitos.
No obstante, el expediente legislativo relacionado específicamente con la incorporación del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes al Código Penal aparece registrado en el Congreso como regresado a comisión después de su trámite legislativo del 3 de septiembre. –sn–
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🧿 𝑬𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒚𝒍𝒂: 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒆𝒚 𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒓 🧿
“𝙲𝚛𝚘́𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚗𝚎𝚐𝚛𝚊”
Lo de Leyla Monserrat Lares Becerra no es una historia lejana ni un episodio aislado.
Es de esas cosas que incomodan porque obligan a mirar de frente algo que muchas veces se prefiere ignorar.Todo empezó el 25 de septiembre de 2025, en General Plutarco Elías Calles (zona de Sonoyta).
Leyla, de 15 años, viajaba en autobús con su madre cuando se encontró con una supuesta amiga.
Nada fuera de lo normal.
De hecho, la propuesta sonaba hasta ilusionante: una “fiesta sorpresa”.
Leyla aceptó.No hubo fiesta.
La llevaron a una vivienda.
Allí, según la investigación, la sentaron, le vendaron los ojos y le ataron las manos bajo la excusa de esa sorpresa.
Este punto es clave para entender lo que después cuesta tanto asimilar: Leyla no estaba en “modo peligro”.
Estaba confiando.
Estaba dentro de una situación que, aunque extraña, seguía teniendo sentido para ella en ese momento.Cuando alguien cree que está entre conocidos y en un contexto seguro, el cerebro no activa inmediatamente una respuesta de huida o defensa.
De hecho, puede pasar lo contrario: se coopera.
No por debilidad, sino porque la situación está disfrazada de normalidad.
A eso se suma otro factor muy poco entendido: la reacción de bloqueo.
Ante algo inesperado o confuso, muchas personas no gritan ni luchan de inmediato; se quedan quietas, intentando procesar lo que está pasando.Las agresoras —dos menores de 13 y 15 años— aprovecharon precisamente ese margen.
No fue un impulso.
Fue algo pensado.
Prepararon el escenario para que Leyla no sospechara hasta el último momento.Y hay un punto que hace todo aún más duro de asimilar: lo grabaron.
Ese video no se quedó ahí.
Meses después terminó llegando a su madre.
Esa grabación, además de ser una prueba clave, dejó al descubierto algo escalofriante: Leyla aparece riendo, confiada, pensando que le van a presentar a alguien especial.
No entiende lo que está pasando hasta que ya es tarde.
El estrangulamiento duró casi un minuto.Detrás de esto no había un arrebato puntual.
Las investigaciones hablan de un contexto previo de acoso.
Conflictos en redes sociales, burlas por su color de piel, tensiones personales e incluso un posible problema sentimental.
La madre de Leyla, Carmen Becerra, lo ha repetido varias veces: esto venía de antes.
Y se planeó.Después del asesinato, las menores enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda, en el ejido El Desierto.
Cavaron una fosa de unos dos metros y usaron cal para cubrirlo.
Y todavía hay un detalle más difícil de encajar: dos días después enviaron el video a la madre.En marzo de 2026 llegaron las sentencias, y ahí es donde el caso estalló socialmente.
La menor de 15 años recibió una condena de unos 2 años y 10 meses de internamiento en un centro para adolescentes.
La de 13 años, por ley, no puede ser internada: se le impuso libertad asistida y el pago de una reparación del daño.Esa “reparación” fue de 5,677 pesos.
La familia denunció que ni siquiera cubría el funeral, que superó los 30,000.
Para muchos, no es solo insuficiente: es una forma de revictimización.El magistrado Rafael Acuña Griego fue claro al explicarlo: el juez no se salió de la norma.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita las penas para menores de 16 años a un máximo de tres años de internamiento, sin importar la gravedad del delito.Y ahí está el choque: lo que permite la ley frente a lo que la gente siente como justicia.
Desde entonces ha habido marchas, protestas y presión social en Sonora.
No solo por Leyla, sino porque su caso ha puesto sobre la mesa algo incómodo: hay muchos episodios de violencia entre menores que no llegan a conocerse o no generan este nivel de atención.No es un “caso histórico” en el sentido clásico.
Pero sí es uno de esos hechos que obligan a pensar en serio sobre el bullying, el uso de redes, la violencia entre jóvenes y los límites de las leyes actuales.Porque al final, más allá de cifras, leyes o titulares, aquí hay una idea que cuesta quitarse de la cabeza: una chica de 15 años confió en quienes creía sus amigas… y eso fue exactamente lo que se utilizó en su contra.
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𝘌𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘰𝘤𝘶𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘰𝘺𝘵𝘢, 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰́ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘢𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 2 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 10 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 11 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘥𝘢, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘭 25 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 2025 𝘱𝘰𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 13, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘳𝘭𝘢.https://www.youtube.com/watch?v=9eDm3lliur4
#casoreal #mexico #sonora #justicia #violenciajuvenil #bullying #acoso #racismo #concienciasocial #realidad #historiasreales #memoria #sociedad #reflexion #cambiodeley #leyla #nomasviolencia
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🧿 𝑬𝒍 𝒄𝒂𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝑳𝒆𝒚𝒍𝒂: 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒍𝒂 𝒍𝒆𝒚 𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐𝒓 🧿
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Lo de Leyla Monserrat Lares Becerra no es una historia lejana ni un episodio aislado.
Es de esas cosas que incomodan porque obligan a mirar de frente algo que muchas veces se prefiere ignorar.Todo empezó el 25 de septiembre de 2025, en General Plutarco Elías Calles (zona de Sonoyta).
Leyla, de 15 años, viajaba en autobús con su madre cuando se encontró con una supuesta amiga.
Nada fuera de lo normal.
De hecho, la propuesta sonaba hasta ilusionante: una “fiesta sorpresa”.
Leyla aceptó.No hubo fiesta.
La llevaron a una vivienda.
Allí, según la investigación, la sentaron, le vendaron los ojos y le ataron las manos bajo la excusa de esa sorpresa.
Este punto es clave para entender lo que después cuesta tanto asimilar: Leyla no estaba en “modo peligro”.
Estaba confiando.
Estaba dentro de una situación que, aunque extraña, seguía teniendo sentido para ella en ese momento.Cuando alguien cree que está entre conocidos y en un contexto seguro, el cerebro no activa inmediatamente una respuesta de huida o defensa.
De hecho, puede pasar lo contrario: se coopera.
No por debilidad, sino porque la situación está disfrazada de normalidad.
A eso se suma otro factor muy poco entendido: la reacción de bloqueo.
Ante algo inesperado o confuso, muchas personas no gritan ni luchan de inmediato; se quedan quietas, intentando procesar lo que está pasando.Las agresoras —dos menores de 13 y 15 años— aprovecharon precisamente ese margen.
No fue un impulso.
Fue algo pensado.
Prepararon el escenario para que Leyla no sospechara hasta el último momento.Y hay un punto que hace todo aún más duro de asimilar: lo grabaron.
Ese video no se quedó ahí.
Meses después terminó llegando a su madre.
Esa grabación, además de ser una prueba clave, dejó al descubierto algo escalofriante: Leyla aparece riendo, confiada, pensando que le van a presentar a alguien especial.
No entiende lo que está pasando hasta que ya es tarde.
El estrangulamiento duró casi un minuto.Detrás de esto no había un arrebato puntual.
Las investigaciones hablan de un contexto previo de acoso.
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La madre de Leyla, Carmen Becerra, lo ha repetido varias veces: esto venía de antes.
Y se planeó.Después del asesinato, las menores enterraron el cuerpo en el patio de una vivienda, en el ejido El Desierto.
Cavaron una fosa de unos dos metros y usaron cal para cubrirlo.
Y todavía hay un detalle más difícil de encajar: dos días después enviaron el video a la madre.En marzo de 2026 llegaron las sentencias, y ahí es donde el caso estalló socialmente.
La menor de 15 años recibió una condena de unos 2 años y 10 meses de internamiento en un centro para adolescentes.
La de 13 años, por ley, no puede ser internada: se le impuso libertad asistida y el pago de una reparación del daño.Esa “reparación” fue de 5,677 pesos.
La familia denunció que ni siquiera cubría el funeral, que superó los 30,000.
Para muchos, no es solo insuficiente: es una forma de revictimización.El magistrado Rafael Acuña Griego fue claro al explicarlo: el juez no se salió de la norma.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita las penas para menores de 16 años a un máximo de tres años de internamiento, sin importar la gravedad del delito.Y ahí está el choque: lo que permite la ley frente a lo que la gente siente como justicia.
Desde entonces ha habido marchas, protestas y presión social en Sonora.
No solo por Leyla, sino porque su caso ha puesto sobre la mesa algo incómodo: hay muchos episodios de violencia entre menores que no llegan a conocerse o no generan este nivel de atención.No es un “caso histórico” en el sentido clásico.
Pero sí es uno de esos hechos que obligan a pensar en serio sobre el bullying, el uso de redes, la violencia entre jóvenes y los límites de las leyes actuales.Porque al final, más allá de cifras, leyes o titulares, aquí hay una idea que cuesta quitarse de la cabeza: una chica de 15 años confió en quienes creía sus amigas… y eso fue exactamente lo que se utilizó en su contra.
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𝘌𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘰𝘤𝘶𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘰𝘺𝘵𝘢, 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰́ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘢𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 2 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 10 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 11 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘥𝘢, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘭 25 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 2025 𝘱𝘰𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 13, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘳𝘭𝘢.https://www.youtube.com/watch?v=9eDm3lliur4
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Lo de Leyla Monserrat Lares Becerra no es una historia lejana ni un episodio aislado.
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Leyla, de 15 años, viajaba en autobús con su madre cuando se encontró con una supuesta amiga.
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La menor de 15 años recibió una condena de unos 2 años y 10 meses de internamiento en un centro para adolescentes.
La de 13 años, por ley, no puede ser internada: se le impuso libertad asistida y el pago de una reparación del daño.Esa “reparación” fue de 5,677 pesos.
La familia denunció que ni siquiera cubría el funeral, que superó los 30,000.
Para muchos, no es solo insuficiente: es una forma de revictimización.El magistrado Rafael Acuña Griego fue claro al explicarlo: el juez no se salió de la norma.
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes limita las penas para menores de 16 años a un máximo de tres años de internamiento, sin importar la gravedad del delito.Y ahí está el choque: lo que permite la ley frente a lo que la gente siente como justicia.
Desde entonces ha habido marchas, protestas y presión social en Sonora.
No solo por Leyla, sino porque su caso ha puesto sobre la mesa algo incómodo: hay muchos episodios de violencia entre menores que no llegan a conocerse o no generan este nivel de atención.No es un “caso histórico” en el sentido clásico.
Pero sí es uno de esos hechos que obligan a pensar en serio sobre el bullying, el uso de redes, la violencia entre jóvenes y los límites de las leyes actuales.Porque al final, más allá de cifras, leyes o titulares, aquí hay una idea que cuesta quitarse de la cabeza: una chica de 15 años confió en quienes creía sus amigas… y eso fue exactamente lo que se utilizó en su contra.
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𝘌𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘰𝘤𝘶𝘳𝘳𝘪𝘥𝘰 𝘦𝘯 𝘚𝘰𝘯𝘰𝘺𝘵𝘢, 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰́ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘴 𝘥𝘢𝘳𝘴𝘦 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘤𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘴𝘶𝘴 𝘢𝘨𝘳𝘦𝘴𝘰𝘳𝘢𝘴, 𝘥𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘥𝘢𝘥 𝘲𝘶𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘣𝘪𝘦𝘳𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 2 𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘺 10 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘺 11 𝘮𝘦𝘴𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘪𝘴𝘵𝘪𝘥𝘢, 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦.
𝘓𝘢 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘳𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰́ 𝘲𝘶𝘦 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵 𝘧𝘶𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘭 25 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘥𝘦 2025 𝘱𝘰𝘳 𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘥𝘰𝘭𝘦𝘴𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘺 𝘔𝘪𝘤𝘩𝘦𝘭, 𝘥𝘦 15 𝘢𝘯̃𝘰𝘴, 𝘺 𝘔𝘰𝘯𝘴𝘦𝘳𝘳𝘢𝘵, 𝘥𝘦 13, 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘭𝘢 𝘭𝘭𝘦𝘷𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯̃𝘰𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘱𝘶𝘦́𝘴 𝘢𝘴𝘦𝘴𝘪𝘯𝘢𝘳𝘭𝘢.https://www.youtube.com/watch?v=9eDm3lliur4
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Mossos investigan una nueva agresión grupal a un menor en L'Arboç (Tarragona), posible vínculo con el ataque grabado del 24M; ya hay 3 detenidos y podrían caer más. https://aidoo.news/noticia/r9GL0W
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https://www.europesays.com/es/357498/ Rebeca y Laura seguirán luchando por conseguir justicia #abogadas #acciones #anuncian #BreakingNews #BreakingNews #denunciantes #ES #España #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #iglesias #julio #Justicia #LatestNews #LatestNews #laura #legales #luchando #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #rebeca #seguiran #Spain #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias
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https://www.europesays.com/es/219136/ El excomisario europeo de Justicia Didier Reynders es imputado por blanqueo de capitales #blanqueo #BreakingNews #BreakingNews #capitales #didier #ES #España #europeo #excomisario #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #imputado #Justicia #LatestNews #LatestNews #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #reynders #Spain #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias