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La portavoz de la derecha judicial aspira a presidir el tribunal clave para el futuro de la pareja de Ayuso y Begoña Gómez https://www.eldiario.es/politica/portavoz-derecha-judicial-aspira-presidir-tribunal-clave-futuro-pareja-ayuso-begona-gomez_1_13600239.html Elena Herrera #CGPJ-ConsejoGeneraldelPoderJudicial #TribunalSuperiordeJusticia #AlbertoGonzálezAmador #BegoñaGómez

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La Justicia concluye que Espinosa de los Monteros engañó a Hacienda en una operación inmobiliaria de lujo https://www.eldiario.es/politica/justicia-concluye-espinosa-monteros-engano-hacienda-operacion-inmobiliaria-lujo_1_13596663.html Pedro Águeda #TribunalSuperiordeJusticia #IvánEspinosadeLosMonteros #CongresodelosDiputados #Mercadoinmobiliario #AgenciaTributaria #RocíoMonasterio #Fraudefiscal #Desahucios #Vox

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Justicia laboral debe adaptarse a la era digital: Rafael Guerra

Rafael Guerra Álvarez planteó adaptar la justicia laboral a los cambios tecnológicos sin reducir la dignidad humana, durante un conversatorio sobre normas internacionales del trabajo.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La justicia laboral debe responder a las transformaciones tecnológicas sin perder de vista la dignidad humana, planteó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de México (Cdmx) y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).

Durante la inauguración del Conversatorio sobre las Normas Internacionales del Trabajo y su Aplicación Judicial, Guerra Álvarez señaló que los cambios derivados de la nueva era digital exigirán que los tribunales adapten sus criterios y mantengan como eje la protección de los derechos laborales.

El encuentro se realizó este 21 de septiembre y fue organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ), como un espacio de análisis sobre la aplicación de estándares internacionales en los tribunales nacionales.

Justicia laboral ante los cambios tecnológicos

Guerra Álvarez sostuvo que la sociedad no puede elegir todas las transformaciones que traerá el desarrollo tecnológico, pero sí puede definir los principios, valores e instituciones con los que enfrentará esos cambios.

El presidente de la Conatrib planteó que las normas internacionales del trabajo deben mantener un diálogo permanente con los sistemas jurídicos nacionales y con las nuevas realidades laborales.

También señaló que los tribunales tienen una responsabilidad central en ese proceso, al convertir las transformaciones sociales en obligaciones jurídicas, sentencias y criterios aplicables a casos concretos.

En ese sentido, sostuvo que quienes participan en la impartición de justicia deben conocer la diversidad y los desafíos que enfrenta el trabajo en México, para que el derecho responda a una sociedad en transformación.

Normas internacionales y tribunales

El magistrado señaló que desde la Conatrib existe interés en fortalecer el intercambio de experiencias entre los poderes judiciales mexicanos y otros sistemas jurídicos.

Planteó que las soluciones desarrolladas en el ámbito local pueden aportar elementos a otras regiones, mientras que las experiencias internacionales pueden enriquecer la discusión jurídica en México.

Guerra Álvarez también señaló que la aplicación de las normas internacionales del trabajo requiere estudio, escucha, comprensión y capacidad institucional para trasladar sus principios a la justicia laboral cotidiana. –sn–

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El exjefe Antidroga de la Guardia Civil en El Estrecho fracasa en su último recurso y será juzgado por un tribunal del jurado

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Derecho procesal penal es un “termómetro democrático” de una nación: Guerra Álvarez

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el derecho procesal penal permite equilibrar la persecución del delito con la protección de los derechos fundamentales.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El derecho procesal penal funciona como un “termómetro democrático” porque permite equilibrar la persecución legítima del delito con la protección de los derechos fundamentales, afirmó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial (PJ de la ciudad de México (Cdmx).

La reflexión ocurrió durante la presentación del libro Tratado de Derecho Procesal Penal, escrito por Víctor Hugo González Rodríguez, administrador del Órgano de Administración Judicial (OAJ) de la capital. La obra fue presentada durante la Décimo Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico del PJ Cdmx.

Guerra Álvarez señaló que detrás de cada carpeta de investigación, audiencia, medida cautelar o sentencia existen personas, historias de vida, libertades y familias, por lo que el proceso penal no puede reducirse a conceptos jurídicos. El PJ Cdmx mantiene al magistrado como presidente del TSJ, de acuerdo con su información institucional.

Derechos humanos y presunción de inocencia

El magistrado sostuvo que el derecho procesal penal constituye una herramienta para brindar certeza y seguridad jurídica, al mismo tiempo que establece límites al poder del Estado frente a los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Durante el encuentro jurídico, González Rodríguez afirmó que el procedimiento penal representa uno de los mecanismos desarrollados por las sociedades para resolver conflictos dentro de un marco institucional. Planteó que su conocimiento y aplicación con respeto a los derechos humanos contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho.

La presentación se realizó en el Auditorio Benito Juárez, con la participación de integrantes del TSJ, el Tribunal de Disciplina Judicial y el OAJ.

Obra dirigida a la comunidad jurídica

La magistrada de la Sexta Sala Penal del TSJ, Anaid Elena Valero Manzano, consideró que el tratado constituye una obra de utilidad para la comunidad jurídica por la trayectoria del autor en los ámbitos jurisdiccional, académico y docente.

El director general del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paul Martín Barba, quien moderó la presentación, explicó que el contenido de la obra aborda temas vinculados con el Código Nacional de Procedimientos Penales y combina el estudio dogmático con la práctica judicial.

En el acto también participaron el presidente magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Nicolás Jerónimo Alejo; la magistrada del TDJ, Ixchel Saraí Álzaga Alcántara; y las administradoras del OAJ Sara Alicia Alvarado Avendaño y Reyna Concepción Mince Serrano.

La presentación formó parte de la Décimo Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico, actividad que el PJCDMX realizó como espacio de difusión y análisis de la cultura jurídica. El propio Poder Judicial registró el 31 de agosto de 2026 la participación de Guerra Álvarez en la inauguración de la feria. –sn–

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Detienen al productor Luis de Llano por incumplir sentencia del caso Sasha Sokol

Luis de Llano habría sido detenido en Cdmx por el incumplimiento de una sentencia relacionada con Sasha Sokol; hasta ahora no existe confirmación de la autoridad.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El productor Luis de Llano habría sido detenido este miércoles en la ciudad de México por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con relación al incumplimiento de una resolución judicial derivada del caso de Sasha Sokol, al no ofreer aún una disculpa pública.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, la detención habría ocurrido alrededor de las 18:13 horas y estaría relacionada con órdenes emitidas por una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de México (Cdmx). Sin embargo, hasta el momento de esta publicación no se localizó una confirmación oficial de la SSC que permita corroborar la captura.

El caso se originó por la denuncia de Sasha Sokol sobre la relación que sostuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por el productor y dejó firme la condena civil en su contra.

¿Por qué fue condenado Luis de Llano?

La resolución judicial estableció medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública a Sokol, el pago de una indemnización y la obligación de abstenerse de mencionar públicamente a la cantante.

https://sociedad-noticias.com/2026/04/25/fiesta-de-xv-anos-de-funcionaria-del-gobierno-de-clara-brugada-genera-polemica-por-gasto-millonario/

La Primera Sala de la SCJN determinó además que las acciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil no prescriben, criterio que convirtió el caso en un precedente relevante para la protección de víctimas.

Sasha Sokol reclama cumplimiento de la sentencia

Durante 2026, Sokol ha señalado públicamente que De Llano no ha cumplido con las medidas ordenadas por la justicia. En junio pasado afirmó que, a un año de la resolución de la SCJN, la disculpa pública continuaba pendiente.

El propio productor declaró en agosto que no había ofrecido la disculpa debido a recursos legales relacionados con el caso y sostuvo que estaba dispuesto a cumplir cuando correspondiera. –sn–

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Córdoba. El TSJ descuenta los días de paro, incumple la equiparación salarial y se profundiza el conflicto judicial

https://fed.brid.gy/r/https://periodismodeizquierda.com/cordoba-el-tsj-descuenta-los-dias-de-paro-incumple-la-equiparacion-salarial-y-se-profundiza-el-conflicto-judicial/

SCJN invalida artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo por contravenir la Constitución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo al determinar que invadían atribuciones previstas en la Constitución y establecían mecanismos incompatibles con el modelo federal de organización judicial.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo al concluir que contravienen el modelo de organización judicial establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La resolución establece que varias normas otorgaban facultades al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local que corresponden al Órgano de Administración Judicial, además de contemplar procedimientos para designar magistraturas incompatibles con el esquema previsto en la Constitución federal.

El fallo forma parte del proceso de revisión de las reformas judiciales locales para verificar su armonización con el nuevo marco constitucional que regula la organización de los poderes judiciales en las entidades federativas.

Corte invalida facultades del Tribunal Superior de Justicia

Entre las disposiciones anuladas se encuentra la fracción V del artículo 1 de la Ley Orgánica, al considerar que permitía ampliar la estructura del Poder Judicial mediante legislación secundaria, una facultad que corresponde a la Constitución del estado.

Asimismo, la SCJN invalidó porciones de los artículos 19, 24 y 147, así como los artículos Cuarto y Quinto transitorios, debido a que facultaban al Pleno del TSJ para determinar la conformación, integración, residencia y competencia de sus Salas.

El Máximo Tribunal concluyó que esas atribuciones deben recaer en el Órgano de Administración Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución de Quintana Roo.

También invalida reglas para designar magistraturas

La Corte dejó sin efectos la parte del artículo 23 que permitía al Pleno del TSJ fijar de manera discrecional la duración del encargo de las magistraturas de Sala Unitaria. Como consecuencia, también declaró la invalidez parcial del artículo 5 de la misma legislación.

Además, el Pleno invalidó los artículos 74, 75, 77 y 78, así como el artículo Octavo transitorio, relacionados con el procedimiento para designar y ratificar a la magistratura especializada en adolescentes.

La SCJN determinó que ese mecanismo resultaba incompatible con la Constitución federal, que establece que las magistraturas de los poderes judiciales locales deben ser electas mediante voto ciudadano, libre, directo y secreto.

También consideró que el esquema que contemplaba un periodo inicial de seis años con posibilidad de ratificación por nueve años adicionales configuraba un régimen distinto al previsto por el marco constitucional. –sn–

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¿Por qué fue anulado el despido de Mercadona por esclerosis múltiple? #Mercadona #EsclerosisMultiple #DespidoNulo #DerechosLaborales #Justicia #BajaMedica #IntimidadLaboral #SaludLaboral #DetectivePrivado #Fuerteventura #Empleo #TribunalSuperiorDeJusticia #felizmiercoles #1dejulio

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Poder Judicial de la Cdmx reafirma justicia incluyente

El Poder Judicial de la Ciudad de México reafirmó su compromiso con una justicia incluyente durante la conmemoración del Día del Orgullo LGBTTTI+, al promover la igualdad, la diversidad y el acceso a la justicia sin discriminación.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Con motivo del Día del Orgullo LGBTTTI+, el Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx) realizó un acto conmemorativo para compartir con estudiantes universitarios su visión institucional sobre la diversidad sexual y de género, así como las acciones que impulsa para garantizar un trato digno, igualitario y libre de discriminación a todas las personas que acuden a los órganos de impartición de justicia.

Durante el encuentro, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, afirmó que la impartición de justicia exige sensibilidad social, respeto a la pluralidad y un compromiso permanente con la dignidad humana, por lo que el Poder Judicial fortalece una cultura institucional basada en la igualdad, la inclusión y el respeto.

Justicia sin discriminación, compromiso institucional

Nicolás Jerónimo Alejo sostuvo que una justicia verdaderamente democrática sólo puede construirse cuando todas las personas encuentran en las instituciones un espacio de reconocimiento, protección y trato digno.

Añadió que la diversidad fortalece a las instituciones, permite comprender mejor la realidad social y consolida un Poder Judicial cercano a la ciudadanía y comprometido con los principios constitucionales.

Por su parte, la magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Emma Aurora Campos Burgos, señaló que bajo la administración del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez se mantiene la convicción de que la justicia debe ser para todas las personas. –sn–

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Barreras sociales generan vulnerabilidad: Mario Daniel Barragán

La justicia penal utiliza la «interseccionalidad», evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El sistema de justicia en México cuenta con protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales —como intérpretes, trabajadores sociales y facilitadores— para asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan participar plenamente en los procesos judiciales, así lo señaló Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al advertir que la desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales.

El juzgador aclaró que ningún sector es vulnerable per se. La vulnerabilidad se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos.

Barragán Rodríguez señaló que, para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, la justicia penal utiliza la «interseccionalidad», evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.

Además, destacó el abandono del antiguo «estado de interdicción» hacia un enfoque social, implementando figuras como facilitadores e intérpretes que expanden la capacidad de decisión de las personas en lugar de anularla –sn–

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Tribunal de justicia capitalino elige a cuatro nuevos integrantes de la Sala Constitucional

El órgano jurisdiccional estará conformado por 4 mujeres y 3 hombres, presidido por el magistrado Jorge Ponce Martínez.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

En sesión ordinaria de Pleno Público del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx), se eligieron a los magistrados Nadia Sierra Campos, Martha Patricia Tarinda Azuara, Jovanni Alan García Camacho y Óscar Medina Alonso para integrarse a la Sala Constitucional.

Con un proceso de elección a través de un sistema de boletas y urna, las 79 personas magistradas integrantes del Pleno sufragaron para que los ganadores se sumen a este órgano jurisdiccional, desarrollando una responsabilidad bifuncional, ya que tres de ellos seguirán en sus salas penales; y la magistrada Sierra Campos se mantendrá en su sala de materia Familiar.

En concordancia con la transparencia, la Primera Secretaria de Acuerdos del Pleno del TSJ leyó en voz alta cada uno de los votos marcados y mostró ante una cámara todas las boletas. La magistrada Tarinda Azuara obtuvo 76 votos; el magistrado García Camacho obtuvo 74 sufragios; en tanto, Medina Alonso y Sierra Campos recibieron 72 votos a favor. –sn–

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Poder Judicial capitalno fija evaluación para juzgadores

El 5 de mayo se publicaron el Proceso de Evaluación Ordinaria del Desempeño Judicial y los Métodos de Evaluación del Desempeño Judicial en el Boletín Judicial.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Ante las 132 personas juzgadoras y magistradas electas por voto popular que forman parte del Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx), en presencia del magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia Local (TSJ) Rafael Guerra Álvarez; del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), magistrado Jorge Guerrero Meléndez; y las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, Israel Sandoval Jiménez, presentó los parámetros para la evaluación del desempeño judicial.

La Comisión de Evaluación y Seguimiento está conformada por 3 magistraturas  del TDJ, el magistrado Diego Armando Guerrero García como presidente de la misma, el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo y la magistrada Ixchel Saraí Álzaga Alcántara.

Guerra Álvarez sostuvo que la evaluación permite identificar fortalezas, corregir áreas de oportunidad y asegurar que la actuación y decisiones judiciales se apeguen a los principios constitucionales y a los derechos humanos; por ello, este proceso debe verse como una herramienta indispensable para garantizar una impartición de justicia ética, transparente, imparcial y profesional.

Jerónimo Alejo refirió que las evaluaciones serán estrictas, integrales y técnicamente completas, desarrolladas bajo criterios de imparcialidad absoluta, sin privilegios y consideraciones personales. A su vez, enfatizó que, como parte de las funciones del Tribunal, la evaluación es una función inherente a la función pública, así como un mecanismo indispensable para fortalecer la credibilidad institucional. –sn–

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Pensión alimenticia es derecho humano y su incumplimiento es sancionable

El incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma voluntaria o por omisión, conlleva severas sanciones, incluyendo la posibilidad de configurarse como un delito.

Por Martín García | Reportero                                      

La pensión alimenticia es un derecho humano esencial para la subsistencia, y su obligatoriedad recae principalmente en los progenitores, extendiéndose a otros parientes si es necesario, así lo afirmó Gerardo Ortiz Marmolejo, juez en materia Familiar de proceso escrito del Tribunal Superior de Justicia TSJ de la ciudad de México (Cdmx), que preside el magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Ortiz Marmolejo subrayó que la pensión alimenticia es esencial ya que garantiza recursos para la salud, alimentación, vestido, esparcimiento y educación de personas menores de edad, con diversidad funcional y adultos mayores que no pueden proveerse por sí mismos.

Advirtió que el incumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea de forma voluntaria o por omisión, conlleva severas sanciones, incluyendo la posibilidad de configurarse como un delito.

El impartidor de justicia destacó que las principales consecuencias de incumplimiento son: la inscripción en el Registro de Deudores Morosos, restricciones personales, en las cuales el deudor puede enfrentar la restricción para obtener licencias de conducir o incluso la prohibición de salir del país, y la vía penal, la cual puede configurarse como delito en casos donde se busca evadir la responsabilidad dejando el trabajo. –sn–

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Justicia avanza con enfoque de género

Justicia cercana y acciones institucionales avanzan en beneficio de mujeres. Poder Judicial impulsa igualdad

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx) trabajó con firmeza para mantener una justicia cercana a las mujeres y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, afirmó que la institución avanzó hacia un modelo más accesible, transparente y próximo a la ciudadanía.

El magistrado explicó que el fortalecimiento institucional permitió ampliar la cobertura de atención judicial en la capital. También señaló que el compromiso central consistió en garantizar que cada proceso ofreciera certeza y protección efectiva.

En el Primer Informe de Actividades de la senadora María Guadalupe Chavira De La Rosa, realizado en la antigua sede del Senado de la República, Guerra Álvarez expresó que la perspectiva de género se consolidó como un eje constante del quehacer judicial. Informó que este enfoque permitió reforzar criterios, procedimientos y mecanismos internos para garantizar la igualdad sustantiva. Añadió que la adopción de estos lineamientos integró mejores prácticas internacionales aplicables al entorno local.

El magistrado explicó que desde el PJCDMX se implementaron acciones para asegurar que las mujeres encontraran instalaciones seguras y dignas para la defensa de sus derechos. Señaló que estas medidas incluyeron fortalecimiento de unidades de apoyo, capacitación especializada y supervisión permanente. Además indicó que cada sede judicial fue adaptada para garantizar accesibilidad y acompañamiento integral.

Compromisos institucionales vigentes

En su intervención afirmó que el compromiso institucional consistió en hacer efectivos los derechos en cada resolución emitida. Expuso que el objetivo principal fue lograr que las sentencias tuvieran un impacto real en la vida de quienes acudieron a los tribunales. Añadió que la perspectiva de género dejó de ser un concepto y se convirtió en práctica diaria en áreas jurisdiccionales y administrativas.

Frente a Chavira De La Rosa, a diversas legisladoras y a alcaldesas asistentes, el magistrado señaló que la participación de las mujeres representó un derecho y que la igualdad constituyó una exigencia del Estado mexicano. Subrayó que la transformación pública avanzó al integrar la voz, experiencia y visión femenina en todos los espacios institucionales. También mencionó que esta integración permitió ampliar la agenda de prioridad social en materia de justicia.

Agradeció la invitación al informe legislativo y reconoció el trabajo de la senadora en la Cámara Alta. Explicó que Chavira De La Rosa impulsó iniciativas encaminadas a fortalecer la dignidad de las mujeres en México. Añadió que compartió agenda con mujeres legisladoras que realizaron modificaciones legales y ejercieron liderazgo público en distintas entidades. –sn–

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«Tentativa de homicidio» es la acusación que enfrentan los detenidos en marcha de la Generación Z

Manifestantes detenidos enfrentaron cargos graves y autoridades capitalinas judicializaron el caso. Detenidos enfrentaron cargos graves y policías resultaron lesionados.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Un total de 13 manifestantes detenidos durante el enfrentamiento del sábado enfrentaron acusaciones por tentativa de homicidio, según confirmó la autoridad ministerial capitalina que dirige Bertha Alcalde Luján.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de Méixco (Cdmx) informó que integró el expediente con testimonios policiales y reportes médicos. El órgano procurador indicó que determinó la responsabilidad inicial de los detenidos tras revisar indicios recuperados en la zona.

La Fiscalía General de Justicia decidió judicializar el caso ante un juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Cdmx. El Ministerio Público presentó la carpeta correspondiente y explicó que el análisis se basó en lesiones causadas a agentes de seguridad. La Fiscalía afirmó que los elementos afectados fueron inscritos en dictámenes médicos legales para definir la gravedad del ataque.

https://twitter.com/GeneracionZmx_/status/1990420158871920822?s=20

Después de los enfrentamientos entre manifestantes y policías, la Fiscalía informó que de 20 detenidos solo 13 fueron investigados por lesiones dolosas. Las autoridades precisaron que 60 policías resultaron lesionados y 40 fueron trasladados a hospitales. La dependencia añadió que la actuación operativa se realizó conforme a protocolos establecidos.

Cargos y perfil de detenidos

Se trató de cinco mujeres y ocho hombres de entre 19 y 30 años identificados mediante registros oficiales. Las autoridades señalaron que estas personas participaron en agresiones directas contra elementos de la Policía Auxiliar. Los policías heridos fueron llevados a hospitales cercanos para recibir atención médica inmediata.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que visitó a 14 agentes que permanecieron en observación médica. El funcionario explicó que las lesiones atendidas no representaron riesgo de vida para los policías. También indicó que la corporación documentó cada incidente para integrarlo a los informes oficiales.

Las autoridades capitalinas registraron que los hechos ocurrieron durante una movilización que terminó en confrontación. El informe confirmó que varios agentes utilizaron equipo de protección y aun así sufrieron golpes contundentes. La Secretaría de Seguridad señaló que reforzó la vigilancia en zonas donde ocurrieron los incidentes.

Postura del gobierno capitalino

Por su parte, el jefe de Gobierno respaldó la actuación policial y expresó solidaridad con los lesionados. La autoridad local afirmó que el operativo se realizó bajo normas que priorizaron el orden público. El funcionario declaró que su administración mantuvo el compromiso de proteger a toda la población.

El gobierno federal reiteró que no aplicaría medidas represivas contra manifestantes. Las autoridades señalaron que cumplirían con su obligación de garantizar la paz en la capital. La postura oficial indicó que la ley sería aplicada en todos los casos con responsabilidad institucional.

La administración señaló que los grupos responsables participaron en agresiones que requirieron intervención inmediata. Los reportes confirmaron que las autoridades actuaron para contener actos violentos en zonas críticas. La Fiscalía sostuvo que continuará con la investigación para determinar la intervención individual de cada detenido. –sn–

Redes Sociales

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Sentencian a exsubdirector de Naucalpan por extorsión

La Fiscalía mexiquense obtiene condena de 40 años y refuerza la Operación “Enjambre”.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Por el delito de extorsión, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió una sentencia de 40 años de prisión contra Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, detenido durante la Operación “Enjambre” en noviembre de 2024.

Las investigaciones determinaron que los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2024, cuando el entonces funcionario y otro individuo no identificado interceptaron a dos víctimas que circulaban en un vehículo por calles del municipio.

De acuerdo con el expediente judicial, los agresores descendieron de la patrulla y, utilizando lenguaje violento, exigieron cuatro mil pesos a cambio de permitirles continuar su camino sin represalias.

Durante el incidente, una de las víctimas fue obligada a subir a la unidad oficial, donde recibió golpes y amenazas directas por parte de Leyva Montalvo, quien aseguró que podía “desaparecerla” si no entregaban el dinero solicitado.

Vínculos con grupos criminales

Las pesquisas establecieron la probable relación del sentenciado con una organización delictiva que operaba en Naucalpan, a la cual presuntamente proporcionaba información sobre operativos policiales y ofrecía protección aprovechando su rango jerárquico.

En noviembre del 2024, autoridades estatales y federales implementaron un amplio operativo coordinado para la captura de servidores públicos involucrados en delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En el despliegue participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Seguridad), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

También colaboró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cuya intervención permitió judicializar los casos y obtener órdenes de aprehensión contra funcionarios coludidos con redes criminales.

Resultados de la Operación “Enjambre”

Con la sentencia de Omar Leyva Montalvo, sumaron siete los objetivos capturados dentro de la Operación “Enjambre” que recibieron condenas firmes por diversos delitos de alto impacto.

La primera resolución correspondió a Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, condenado a 47 años y seis meses de prisión por homicidio.

Posteriormente, el 9 de julio de 2024, un juez dictó 50 años de prisión a Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, por secuestro exprés.

El 16 de julio, Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, también exagente de Nicolás Romero, fue sentenciado a 62 años y seis meses de prisión por el mismo delito, tras demostrarse su participación en la privación ilegal de la libertad de dos ciudadanos.

Más condenas en curso

El 8 de agosto, Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, fue condenado a 10 años de prisión por extorsionar a dos comerciantes, a quienes exigió dinero a cambio de “protección” y amenazó con matarlos si denunciaban.

El 28 de agosto, Edgar Jiménez Ramos, exservidor público de Santo Tomás, recibió una pena de un año por evasión, mientras que el 12 de septiembre Agustín Gildardo Bringas Álvarez fue sentenciado a 60 años de prisión por secuestro.

Este último caso involucró el plagio del suegro de una candidata a la alcaldía de Santo Tomás de los Plátanos, delito cometido con el propósito de forzar su retiro de la contienda electoral de 2024.

Las autoridades judiciales del Estado de México confirmaron que las penas impuestas se sustentaron en pruebas técnicas, testimoniales y periciales que acreditaron la participación directa de los exfuncionarios en los hechos ilícitos. –sn–

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INE cierra caso Pío López Obrador sin sanción

El INE concluye que no hubo ilícitos en el caso Pío López Obrador.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró este jueves el caso de Pío López Obrador y determinó que no existieron elementos suficientes para acreditar conductas ilícitas en el proceso investigado. La resolución se dio después de cinco años de indagatorias formales.

En 2020 circularon videos en los que David León Romero, entonces titular de Protección Civil federal, entregaba dinero en efectivo al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó la salida del funcionario de su cargo por decisión propia.

La difusión de esas imágenes llevó a que el órgano electoral abriera una investigación para determinar si existió financiamiento ilícito a favor de campañas de Morena, partido al que se atribuyó la posible recepción de los recursos entregados.

El pleno del INE resolvió que no existieron pruebas que acreditaran aportaciones prohibidas ni irregularidades financieras en torno a las grabaciones difundidas.

Investigación del INE

De acuerdo con la consejera Carla Humphrey, el procedimiento se originó tras la aparición de los videos en agosto de 2020, donde se observaba a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero supuestamente destinado a actividades político-electorales de Morena.

Ante la denuncia, la Unidad Técnica de Fiscalización inició una investigación que se prolongó por cinco años, en la que se recabaron declaraciones, testimonios y solicitudes de información a distintas autoridades financieras.

Entre las diligencias se incluyeron oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera, con la finalidad de rastrear posibles transferencias bancarias o flujos económicos irregulares.

El resultado indicó que no existieron movimientos financieros que comprobaran la supuesta entrega ilícita de recursos.

Obstáculos en el proceso

Humphrey señaló que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México negó información vinculada al caso, lo que dificultó profundizar en algunas líneas de investigación que se consideraban clave.

A pesar de esos impedimentos, el INE determinó que la ausencia de pruebas era determinante para cerrar el expediente iniciado por presunta recepción de aportaciones indebidas.

La consejera mencionó que la Fiscalía General de la República había concluido previamente, en noviembre de 2022, el no ejercicio de la acción penal contra los señalados.

Esa decisión se sumó como antecedente para reforzar la conclusión del instituto respecto a que no hubo ilícitos comprobados.

Cierre del expediente

Durante la sesión del Consejo General, se informó que se realizaron múltiples diligencias en coordinación con autoridades financieras, sin que se acreditaran irregularidades en el flujo de dinero.

El dictamen quedó asentado como definitivo dentro de los procesos de fiscalización electoral, lo que dio por concluido un caso que generó controversia desde su difusión pública en 2020.

Los consejeros coincidieron en que el análisis exhaustivo permitió garantizar certeza jurídica, pues no se encontraron pruebas que demostraran la comisión de faltas en materia electoral.

Con ello, el órgano electoral confirmó el cierre total de la investigación y la inexistencia de infracciones atribuibles a Pío López Obrador y a David León Romero. –sn–

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Tras acuerdo de bonos extraordinarios, Tribunal capitalino reanudará actividades este lunes

PJ-Cdmx firma convenio con trabajadores y garantiza mejoras sin represalias. Acuerdan bono y basificación laboral.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Autoridades del Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx) y la Coalición de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México firmaron un acuerdo para reanudar labores este lunes 7 de julio en todas sus sedes.

El convenio estableció la entrega de un bono extraordinario para diciembre de 2025, adicional al que cada año se otorga en ese mismo mes a los empleados del órgano judicial.

Asimismo, se acordó una asignación de recursos única para el personal clasificado entre los niveles O46 y J20, monto que será depositado en igual fecha.

La suma será distribuida equitativamente entre las y los trabajadores que cumplan con dicho rango, sin que se afecten otras prestaciones vigentes.

Garantías laborales pactadas

El acuerdo fue suscrito por el alcalde oficial del PJ capitalino, Sergio Fontes Granados, en representación del presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, así como por representantes sindicales.

Uno de los puntos relevantes consiste en que el personal jurisdiccional y administrativo será basificado mediante convocatorias periódicas, con criterios de antigüedad y permanencia mínima de seis meses con un día.

Se estableció además el compromiso de abrir mesas de trabajo permanentes para buscar, de manera progresiva, mejoras salariales y condiciones laborales dignas durante el resto del año.

Estas mesas iniciarán el lunes 7 de julio y contarán con la participación de los representantes sindicales de las diferentes sedes judiciales.

Sin represalias a participantes

El PJ capitalino garantizó que no aplicará sanciones, descuentos ni medidas administrativas contra los empleados que participaron en el paro o las protestas realizadas.

Se reconoció el derecho legítimo de los trabajadores a ejercer acciones colectivas en defensa de sus derechos si los compromisos no se cumplen conforme al convenio.

La coalición señaló que mantendrá vigilancia sobre la implementación de los acuerdos y que se reserva el derecho de organizar nuevas movilizaciones si fuera necesario.

El acuerdo incluyó el compromiso institucional de sostener el diálogo como vía para resolver cualquier diferencia laboral que pudiera surgir.

Firma del acuerdo institucional

El documento fue firmado también por el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani Hneide, y el subsecretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa, ambos representantes del gobierno de la Ciudad de México.

Con su firma, los funcionarios ofrecieron garantías institucionales para el cumplimiento de los puntos establecidos por ambas partes en el documento.

El convenio concluye una etapa de protestas laborales que, por varios días, interrumpieron la operación del órgano judicial capitalino.

Con la reanudación de actividades, el PJ capitalino operará en el horario establecido por la normatividad interna en todas sus sedes a partir de este lunes. –sn–

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