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Sheinbaum niega dar instrucciones a la Suprema Corte; antecedentes incluyen llamados a revisar a jueces

Claudia Sheinbaum negó intervenir en las decisiones de la Suprema Corte. Sus llamados sobre prestaciones de ministros, revisión de juzgadores y litigios fiscales forman parte de los antecedentes del debate sobre la autonomía judicial.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo negó dar instrucciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y afirmó que hacerlo sería ilegal, al rechazar que su administración intervenga en las decisiones del máximo tribunal del país.

“No, pero no le doy instrucciones yo a la Corte. Pues estaría muy mal, sería ilegal”, respondió durante su conferencia matutina, en la que defendió la autonomía del Poder Judicial y sostuvo que la coordinación entre poderes no implica controlar sus resoluciones.

Sin embargo, sus declaraciones se producen en un contexto de pronunciamientos públicos sobre las prestaciones de los ministros, la actuación de jueces y la revisión de resoluciones judiciales, asuntos que mantienen abierto el debate sobre los límites entre la posición política del Ejecutivo y la independencia de los órganos jurisdiccionales.

Sheinbaum pide reducir prestaciones de ministros

El 8 de septiembre de 2026, Sheinbaum planteó que los integrantes de la nueva SCJN todavía podrían reducir algunas de sus prestaciones, entre ellas los beneficios relacionados con la telefonía celular.

Durante esa conferencia, presentó una comparación entre las percepciones y prestaciones de los ministros anteriores y los actuales, que incluyó salarios, seguros, vehículos y gastos de telefonía.

“Teléfonos celulares, había varios, un equipo por Ministro. Todavía le podrían bajar un poquito, eh. Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”, expresó.

La mandataria ha sostenido que la reducción de privilegios y el principio de austeridad deben orientar el uso de recursos públicos en las instituciones del Estado.

El 19 de agosto también cuestionó la posibilidad de que los ministros recuperaran seguros de gastos médicos mayores con cargo al presupuesto público.

“No está bien, esa es mi opinión. No a los privilegios”, afirmó, al plantear que los funcionarios podían recurrir a las instituciones públicas de salud o cubrir sus pólizas privadas con recursos propios.

Los llamados al Tribunal de Disciplina Judicial

Otro antecedente corresponde a las solicitudes públicas de la presidente para que el Tribunal de Disciplina Judicial, creado a partir de la reforma judicial de 2024, revise la actuación de juzgadores ante posibles irregularidades.

El 16 de julio, Sheinbaum pidió a ese órgano revisar un caso relacionado con el desempeño de un juez.

“Y lo tercero, un llamado al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial para que revise el caso de este juez”, manifestó.

Seis días después, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, sostuvo que el tribunal debía intervenir ante posibles irregularidades en la concesión de suspensiones relacionadas con asuntos de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

“Claro que se trata de responsabilidades graves en donde debería actuar el Tribunal de Disciplina”, señaló la funcionaria, quien también reconoció que desconocía si existían investigaciones abiertas sobre los casos mencionados.

Estos pronunciamientos se refieren a la revisión de conductas judiciales por el órgano competente. Por sí mismos, no acreditan que el Ejecutivo haya impartido instrucciones a la SCJN sobre el sentido de sus sentencias. –sn–

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Jueces y funcionarios enfrentan investigaciones del Tribunal de Disciplina Judicial

El Tribunal de Disciplina Judicial acumula 248 casos contra jueces, magistrados y personal por actuaciones vinculadas con la reforma judicial. Martha Magaña enfrenta un procedimiento por la suspensión que concedió en 2024.

Por Martín García | Reportero                                      

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) acumula 248 casos contra jueces, magistrados, secretarios y personal administrativo que, según personas afectadas y la información reportada, están relacionados con su oposición a la reforma judicial o con resoluciones consideradas contrarias a los intereses de la llamada Cuarta Transformación.

De acuerdo con el balance conocido hasta el 1 de septiembre, 75 servidores públicos ya recibieron resoluciones firmes que derivaron en 95 sanciones, mientras que otros 173 permanecen bajo investigación mediante procedimientos administrativos.

Los casos ocurren durante el primer año de funcionamiento del nuevo órgano disciplinario del Poder Judicial de la Federación y han generado cuestionamientos de juzgadores y organizaciones del sector sobre los alcances de los procedimientos y su posible impacto en la independencia judicial.

El caso de Martha Magaña

Entre los expedientes se encuentra el de Martha Eugenia Magaña López, exjueza federal de Morelos, quien este jueves 8 de octubre comparece ante el TDJ por haber concedido en agosto de 2024 una suspensión provisional contra el proceso legislativo de la reforma judicial.

Magaña era titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos cuando admitió el juicio de amparo 1251/2024 y otorgó la suspensión. Posteriormente concedió una suspensión definitiva relacionada con el mismo proceso.

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó una queja administrativa contra la entonces juzgadora. El procedimiento fue inicialmente desechado por el antiguo Consejo de la Judicatura Federal, al considerar que la actuación correspondía a un criterio jurisdiccional que podía ser controvertido mediante los recursos judiciales correspondientes.

La queja fue posteriormente impugnada y el procedimiento continuó hasta llegar al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Procedimiento podría derivar en sanciones

En el expediente contra Magaña se cuestiona que haya considerado urgente el asunto, admitido el juicio y concedido las suspensiones durante el proceso legislativo de la reforma judicial.

La Comisión de Investigación del TDJ determinó que la exjueza podría haber incurrido en una falta administrativa grave. Entre los señalamientos se encuentra una presunta contravención a la Ley de Amparo y a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El procedimiento puede derivar en distintas sanciones administrativas y, dependiendo de sus conclusiones, incluso en la remisión de información a autoridades ministeriales.

Magaña sostiene que el procedimiento representa una forma de presión sobre quienes actualmente ejercen funciones jurisdiccionales y que su caso puede enviar un mensaje a otros juzgadores sobre las consecuencias de sus decisiones.

Tribunal reporta 75 juzgadores sancionados

El balance del primer año del TDJ registra 75 servidores públicos con resoluciones firmes y 95 sanciones, además de 173 personas sujetas a investigaciones administrativas.

Entre los asuntos se encuentran expedientes heredados del extinto Consejo de la Judicatura Federal y nuevos procedimientos iniciados desde la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina.

El debate se concentra en determinar hasta dónde puede llegar la responsabilidad administrativa de un juzgador cuando una autoridad considera incorrecta una resolución judicial y cuándo una decisión jurisdiccional debe ser combatida mediante los mecanismos propios del sistema de impartición de justicia. –sn–

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Fiscalía confirma centro de exterminio y fosa en Xalisco, Nayarit

La Fiscalía de Nayarit confirmó el hallazgo de un presunto centro de exterminio por incineración y una fosa clandestina en La Curva, Xalisco. Madres buscadoras participan en los trabajos para localizar e identificar posibles víctimas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGEN) confirmó el hallazgo de un presunto centro de exterminio por incineración y una fosa clandestina en la localidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde peritos y madres buscadoras participan en el procesamiento de la zona.

Los trabajos comenzaron el 3 de octubre y han permitido localizar prendas de vestir, fragmentos óseos carbonizados y otros indicios que son analizados para determinar su origen y establecer si existe relación con personas desaparecidas.

La fiscal general Elvia Ludmila Heredia Verdugo explicó que en el sitio fue localizada una estructura artesanal, descrita como una hornilla, que habría sido utilizada para incinerar cuerpos. También se investiga el hallazgo de restos que presuntamente fueron arrojados a un riachuelo cercano.

Investigan método utilizado para incinerar cuerpos

De acuerdo con la explicación de la fiscal, sobre la hornilla se colocaba un recipiente metálico que contenía diésel, gasolina y jabón. La hipótesis de investigación plantea que esta combinación habría facilitado la adherencia de los combustibles a la piel y las prendas para favorecer la incineración.

Durante el procesamiento también fueron localizados huesos carbonizados, cuya procedencia todavía debe establecerse mediante los estudios periciales correspondientes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar cómo habría operado el sitio y si los indicios encontrados están relacionados con personas reportadas como desaparecidas.

Madres buscadoras participan en las diligencias

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas se incorporaron a las labores realizadas en La Curva, junto con personal ministerial y pericial.

El Colectivo Familias Unidas por Nayarit informó que participa en los trabajos de búsqueda y seguimiento de los indicios localizados, aunque precisó que todavía no es posible establecer la identidad o procedencia de los restos encontrados hasta que concluyan los análisis forenses.

De manera paralela, las autoridades procesan una fosa clandestina localizada en la misma zona, donde fueron encontrados cuerpos de reciente sepultura. Los estudios genéticos permitirán establecer posibles correspondencias e identificar a las víctimas.

Investigación continúa en Xalisco

La Fiscalía mantiene bajo procesamiento el sitio para localizar posibles fosas adicionales y reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Hasta ahora, la autoridad no ha establecido públicamente una cifra definitiva de víctimas relacionadas con el lugar ni ha informado sobre identificaciones concluidas. La carbonización y fragmentación de algunos restos dificultan determinar de inmediato su número y procedencia. –sn–

–sn–

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Madres exigen destitución de juez familiar en la Cdmx

Madres víctimas de violencia vicaria pidieron revisar la actuación de Araceli Cortés Eslava, juez Quinta de lo Familiar, a quien acusan de retrasar procesos, afectar casos de menores y favorecer presuntamente a deudores alimenticios.

Por Martín García | Reportero                                      

Un grupo de madres de familia pidió revisar la actuación de Araceli Cortés Eslava, juez del Juzgado Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), a quien acusan de retrasar procesos relacionados con violencia vicaria, custodia de menores y pensiones alimenticias.

Las mujeres se reunieron el 5 de octubre con Laura Mejía, asesora de la Presidencia del TSJCDMX, para presentar sus casos y solicitar la destitución de la juzgadora. Según las denunciantes, algunos expedientes involucran menores con reportes de depresión, autolesiones e ideación suicida, además de procesos contra presuntos deudores alimentarios.

Las inconformes señalaron que buscan que la actuación de Cortés Eslava sea investigada por las instancias competentes y que se determinen eventuales responsabilidades. Hasta la información disponible, el TSJCDMX no había emitido una respuesta pública a los señalamientos.

Madres denuncian retrasos en procesos familiares

Rosa Garduño, quien se identifica como víctima de violencia vicaria, relató que lleva cinco años sin ejercer la patria potestad de sus hijas, de 11 y 16 años, quienes viven con su padre en el Estado de México.

Garduño afirmó que uno de los obstáculos en su proceso ocurrió cuando, según su versión, el juzgado informó que no estaba cumpliendo con el pago de la pensión alimenticia.

“Estaba informando que yo no estaba dando pensión alimenticia”, señaló la madre. Explicó que tuvo que presentar recibos de nómina y comprobantes de depósito para acreditar los pagos ante el juzgado del Estado de México.

La mujer sostuvo que, aunque desde mayo la juez se habría comprometido a actualizar esa información, el trámite continuaba sin avanzar, situación que, según su relato, prolongó el proceso para recuperar la patria potestad.

Señalan riesgos para menores

Otra de las madres, Maha Schekaibán, afirmó que sus cinco hijos permanecen con su progenitor pese a la existencia, según su versión, de informes del propio Poder Judicial y del Centro de Convivencia Familiar Supervisada (CECOFAM) que advierten sobre afectaciones emocionales y la necesidad de atención psicológica y psiquiátrica.

Schekaibán sostuvo que algunos documentos contienen referencias a autolesiones e ideación suicida y acusó a la juzgadora de no ordenar o exigir las evaluaciones y terapias que, de acuerdo con esos informes, requerirían los menores. Estos señalamientos corresponden a la versión de la madre y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre responsabilidad de la juez.

Las mujeres también denunciaron retrasos en acuerdos, solicitudes de información, ejecución de resoluciones y procedimientos relacionados con pensiones alimenticias. De acuerdo con sus testimonios, consideran que existen coincidencias entre distintos expedientes.

Solicitan intervención del Tribunal de Disciplina Judicial

Después de la reunión, las madres informaron que pedirán que el caso sea llevado ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, instancia que, de acuerdo con lo expuesto por las propias denunciantes, tendría facultades para revisar la actuación de los juzgadores.

La solicitud busca determinar si existieron omisiones, irregularidades o conductas que ameriten responsabilidad administrativa en los expedientes señalados.

Cortés Eslava asumió la titularidad del Juzgado Quinto de lo Familiar después de la elección judicial de 2025. El Congreso de la Cdmx registra a Araceli Cortés Eslava entre las personas que rindieron protesta como titulares de juzgados del Poder Judicial capitalino. –sn–

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Rubén Moreira exige investigar acoso laboral en el Poder Judicial

Rubén Moreira pidió investigar denuncias de acoso y violencia laboral en el Poder Judicial, transparentar cambios de adscripción y revisar la pérdida de personal con experiencia.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Rubén Moreira Valdez exigió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) y al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) investigar las denuncias de acoso, hostigamiento, violencia laboral y malos tratos dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), con protección para quienes presenten quejas y sin represalias.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI pidió atender de inmediato los señalamientos hechos públicos por trabajadores, incluidos casos reportados en Campeche, mediante investigaciones imparciales que permitan determinar responsabilidades sin prejuzgar sobre las personas señaladas.

Moreira Valdez también solicitó transparentar las decisiones relacionadas con las adscripciones, readscripciones y cambios de juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, al considerar que estos movimientos deben sustentarse en criterios claros, objetivos y verificables.

Pide diagnóstico sobre personal judicial

El legislador planteó que el OAJ elabore y publique un diagnóstico sobre la pérdida de personal con experiencia y formación especializada desde la entrada en operación del nuevo modelo judicial.

El documento, señaló, deberá precisar vacantes, separaciones, sustituciones y áreas afectadas, además de evaluar sus efectos en las cargas de trabajo y en la calidad de la impartición de justicia.

La petición busca preservar el conocimiento institucional y fortalecer la capacitación del personal, ante los cambios derivados de la reforma judicial y la nueva organización del PJF.

Exige reglas para cambios de jueces

Moreira pidió que el OAJ haga públicos los criterios normativos, técnicos y administrativos utilizados para determinar los cambios de adscripción de las personas juzgadoras, con reserva únicamente de la información que legalmente deba permanecer protegida.

El diputado sostuvo que la movilidad de juezas, jueces, magistradas y magistrados debe sujetarse a reglas de legalidad, transparencia, objetividad, seguridad jurídica e independencia judicial.

De acuerdo con la proposición presentada por Moreira, la falta de transparencia en estos procedimientos podría generar incertidumbre, afectar la continuidad de los procesos y provocar retrasos en la impartición de justicia. El artículo 17 constitucional establece el derecho a una justicia pronta y expedita.

Por ello, propuso que el OAJ emita y publique lineamientos generales para regular la movilidad, reasignación y cambio de adscripción de las personas juzgadoras federales. –sn–

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Derecho procesal penal es un “termómetro democrático” de una nación: Guerra Álvarez

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, afirmó que el derecho procesal penal permite equilibrar la persecución del delito con la protección de los derechos fundamentales.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El derecho procesal penal funciona como un “termómetro democrático” porque permite equilibrar la persecución legítima del delito con la protección de los derechos fundamentales, afirmó el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Poder Judicial (PJ de la ciudad de México (Cdmx).

La reflexión ocurrió durante la presentación del libro Tratado de Derecho Procesal Penal, escrito por Víctor Hugo González Rodríguez, administrador del Órgano de Administración Judicial (OAJ) de la capital. La obra fue presentada durante la Décimo Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico del PJ Cdmx.

Guerra Álvarez señaló que detrás de cada carpeta de investigación, audiencia, medida cautelar o sentencia existen personas, historias de vida, libertades y familias, por lo que el proceso penal no puede reducirse a conceptos jurídicos. El PJ Cdmx mantiene al magistrado como presidente del TSJ, de acuerdo con su información institucional.

Derechos humanos y presunción de inocencia

El magistrado sostuvo que el derecho procesal penal constituye una herramienta para brindar certeza y seguridad jurídica, al mismo tiempo que establece límites al poder del Estado frente a los derechos humanos y la presunción de inocencia.

Durante el encuentro jurídico, González Rodríguez afirmó que el procedimiento penal representa uno de los mecanismos desarrollados por las sociedades para resolver conflictos dentro de un marco institucional. Planteó que su conocimiento y aplicación con respeto a los derechos humanos contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho.

La presentación se realizó en el Auditorio Benito Juárez, con la participación de integrantes del TSJ, el Tribunal de Disciplina Judicial y el OAJ.

Obra dirigida a la comunidad jurídica

La magistrada de la Sexta Sala Penal del TSJ, Anaid Elena Valero Manzano, consideró que el tratado constituye una obra de utilidad para la comunidad jurídica por la trayectoria del autor en los ámbitos jurisdiccional, académico y docente.

El director general del Instituto de Estudios Judiciales del PJCDMX, Paul Martín Barba, quien moderó la presentación, explicó que el contenido de la obra aborda temas vinculados con el Código Nacional de Procedimientos Penales y combina el estudio dogmático con la práctica judicial.

En el acto también participaron el presidente magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Nicolás Jerónimo Alejo; la magistrada del TDJ, Ixchel Saraí Álzaga Alcántara; y las administradoras del OAJ Sara Alicia Alvarado Avendaño y Reyna Concepción Mince Serrano.

La presentación formó parte de la Décimo Séptima Feria Nacional del Libro Jurídico, actividad que el PJCDMX realizó como espacio de difusión y análisis de la cultura jurídica. El propio Poder Judicial registró el 31 de agosto de 2026 la participación de Guerra Álvarez en la inauguración de la feria. –sn–

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TEPJF instala su autoridad garante; Gilberto Bátiz afirma que la transparencia fortalece la independencia judicial

El TEPJF instaló su Autoridad Garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El magistrado presidente Gilberto Bátiz García sostuvo que la rendición de cuentas fortalece la independencia judicial y la confianza ciudadana.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Autoridad Garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó formalmente instalada, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de estas obligaciones en diversos órganos del Poder Judicial de la Federación.

Durante la ceremonia, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, afirmó que la justicia requiere independencia para resolver los asuntos que le competen, pero también transparencia para rendir cuentas y fortalecer la confianza de la sociedad.

El magistrado sostuvo que las resoluciones del Tribunal Electoral han estado sujetas al escrutinio público durante tres décadas y consideró que ese análisis forma parte del funcionamiento normal de una democracia, donde las instituciones deben explicar sus decisiones y facilitar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Transparencia e independencia, principios complementarios

Ante integrantes del nuevo órgano colegiado, Bátiz García afirmó que la transparencia no representa un riesgo para la autonomía judicial, sino un mecanismo que legitima la actuación de las instituciones.

Explicó que mientras mayor sea la responsabilidad de un órgano del Estado, también debe ser mayor su capacidad para informar cómo ejerce sus atribuciones y justificar sus decisiones frente a la sociedad.

Asimismo, precisó que el principio de máxima publicidad no implica difundir indiscriminadamente toda la información en poder de las autoridades, ya que existen datos personales, información sensible y otros derechos cuya protección corresponde garantizar al Estado.

En ese sentido, señaló que la función de los órganos garantes consiste en hacer pública la información que legalmente debe conocerse y, al mismo tiempo, resguardar aquella cuya divulgación pueda vulnerar derechos fundamentales.

Acceso a la información, más allá de una obligación administrativa

El presidente del TEPJF consideró que la transparencia no debe limitarse al cumplimiento de obligaciones administrativas o a responder solicitudes de acceso a la información.

Expuso que su dimensión democrática permite que la ciudadanía conozca, examine y comprenda el desempeño de las instituciones públicas, lo que contribuye a fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

Nueva instancia para el Poder Judicial

La nueva Autoridad Garante será la máxima instancia encargada de resolver asuntos relacionados con transparencia, acceso a la información y protección de datos personales dentro del TEPJF, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, los Juzgados de Distrito, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ). Su creación fue aprobada mediante un acuerdo conjunto publicado en junio y julio de 2026, como parte de la reorganización institucional derivada de la reforma judicial.

Durante la sesión de instalación fue designada como presidenta de la Autoridad Garante la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Indira Isabel García Pérez, quien ejercerá el cargo desde agosto de 2026 y hasta el 31 de agosto de 2027, conforme al acuerdo que dio origen al órgano colegiado.

A la ceremonia también asistieron la magistrada de la Sala Superior, Claudia Valle Aguilasocho, así como la titular de Transparencia para el Pueblo, María Tanivet Ramos Reyes. –sn–

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Ignacio Mier pide investigar toda la red de contrabando de combustibles vinculada al caso Ruffo

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que el caso de Ernesto Ruffo debe investigarse en toda la cadena de responsabilidades por presunto contrabando de combustibles y rechazó que exista persecución política.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que las investigaciones relacionadas con el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, deben extenderse a todas las personas y empresas involucradas en la presunta red de contrabando de combustibles, al considerar que se trata de un esquema de gran escala con posibles implicaciones penales.

En entrevista, el legislador señaló que el caso no debe reducirse a una confrontación política, sino analizarse desde la perspectiva de los delitos presuntamente cometidos, entre ellos contrabando de combustibles, falsificación de documentos oficiales, fraude, evasión y elusión fiscal.

Mier Velazco indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar las responsabilidades y, en su caso, si existen elementos para configurar delitos relacionados con delincuencia organizada.

Pide esperar el resultado de las investigaciones

El senador afirmó que la magnitud del presunto esquema de contrabando obliga a mantener prudencia antes de emitir conclusiones, aunque consideró que existen elementos suficientes para sostener que se trata de una operación logística compleja.

Explicó que este tipo de actividades involucran cadenas de distribución, empresas y distintos actores, por lo que insistió en que las investigaciones deben abarcar a todos los posibles responsables.

Asimismo, señaló que la dimensión del combustible presuntamente introducido de manera ilegal representa un impacto económico importante para el país y afecta tanto al mercado como a la recaudación fiscal.

Rechaza que exista persecución política

Al ser cuestionado sobre los señalamientos del Partido Acción Nacional (PAN), que sostiene que el proceso contra Ernesto Ruffo Appel responde a una persecución política, Ignacio Mier rechazó esa interpretación.

El legislador recordó que la integración de la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General de la República y consideró que deben respetarse los tiempos de la investigación antes de emitir juicios sobre el caso.

También descartó que pueda afirmarse, sin pruebas, que la actuación del nuevo Poder Judicial haya influido en la emisión de órdenes de aprehensión.

Añadió que, con la nueva estructura judicial, cualquier posible irregularidad puede ser revisada por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Habla sobre «Somos México» y la alternancia política

Durante la entrevista, Mier Velazco señaló que el debate político también ha abierto cuestionamientos sobre el financiamiento del partido Somos México, aunque indicó que corresponde a los propios partidos realizar las acciones que consideren pertinentes en esa materia.

Afirmó que el caso ha generado un debate sobre los orígenes de la alternancia política en Baja California y sostuvo que ese tema también forma parte de la discusión pública.

Senado prevé dictaminar iniciativa presidencial en septiembre

En otro tema, el coordinador parlamentario informó que una iniciativa enviada por el Ejecutivo federal fue turnada a las comisiones de Igualdad y de Justicia del Senado.

Indicó que el objetivo es contar con un dictamen durante la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de septiembre.

También adelantó que la elección de la nueva Mesa Directiva del Senado se definirá durante la plenaria del grupo parlamentario de Morena, prevista para la última semana de agosto.

Pago a senador Inzunza se mantiene conforme a la ley

Respecto de la situación del senador Enrique Inzunza Cázarez, cuyas cuentas bancarias permanecen bloqueadas, Ignacio Mier explicó que el Senado continúa cubriendo sus percepciones mediante cheque.

Precisó que la Cámara Alta no puede suspender el pago de ningún trabajador o legislador mientras no exista una resolución judicial que así lo ordene y agregó que el registro de las percepciones se realiza mediante firma electrónica. –sn–

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SCJN invalida artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo por contravenir la Constitución

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Quintana Roo al determinar que invadían atribuciones previstas en la Constitución y establecían mecanismos incompatibles con el modelo federal de organización judicial.

Por Martín García | Reportero                                      

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo al concluir que contravienen el modelo de organización judicial establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La resolución establece que varias normas otorgaban facultades al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local que corresponden al Órgano de Administración Judicial, además de contemplar procedimientos para designar magistraturas incompatibles con el esquema previsto en la Constitución federal.

El fallo forma parte del proceso de revisión de las reformas judiciales locales para verificar su armonización con el nuevo marco constitucional que regula la organización de los poderes judiciales en las entidades federativas.

Corte invalida facultades del Tribunal Superior de Justicia

Entre las disposiciones anuladas se encuentra la fracción V del artículo 1 de la Ley Orgánica, al considerar que permitía ampliar la estructura del Poder Judicial mediante legislación secundaria, una facultad que corresponde a la Constitución del estado.

Asimismo, la SCJN invalidó porciones de los artículos 19, 24 y 147, así como los artículos Cuarto y Quinto transitorios, debido a que facultaban al Pleno del TSJ para determinar la conformación, integración, residencia y competencia de sus Salas.

El Máximo Tribunal concluyó que esas atribuciones deben recaer en el Órgano de Administración Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución de Quintana Roo.

También invalida reglas para designar magistraturas

La Corte dejó sin efectos la parte del artículo 23 que permitía al Pleno del TSJ fijar de manera discrecional la duración del encargo de las magistraturas de Sala Unitaria. Como consecuencia, también declaró la invalidez parcial del artículo 5 de la misma legislación.

Además, el Pleno invalidó los artículos 74, 75, 77 y 78, así como el artículo Octavo transitorio, relacionados con el procedimiento para designar y ratificar a la magistratura especializada en adolescentes.

La SCJN determinó que ese mecanismo resultaba incompatible con la Constitución federal, que establece que las magistraturas de los poderes judiciales locales deben ser electas mediante voto ciudadano, libre, directo y secreto.

También consideró que el esquema que contemplaba un periodo inicial de seis años con posibilidad de ratificación por nueve años adicionales configuraba un régimen distinto al previsto por el marco constitucional. –sn–

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Tribunal de Disciplina Judicial de la Cdmx revoca archivo de una queja por irregularidades en su trámite

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México revocó el archivo de una queja al concluir que una autoridad investigadora vulneró el derecho de acceso a la justicia al imponer requisitos que no habían sido solicitados previamente.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México revocó un acuerdo mediante el cual se había determinado tener por no presentada una queja y ordenar el archivo del expediente, al identificar presuntas irregularidades en la actuación de la autoridad encargada de la investigación.

La resolución fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Tribunal al resolver un recurso de inconformidad promovido contra un acuerdo emitido en octubre de 2025 por el entonces titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.

Detectan inconsistencias en el procedimiento

Al revisar el expediente, las magistraturas concluyeron que la autoridad investigadora requirió inicialmente pruebas de manera general, pero posteriormente desechó la queja al considerar que no se habían presentado documentos específicos que nunca fueron solicitados de forma expresa.

El Pleno también observó que, desde el escrito inicial, la persona promovente aportó diversas pruebas y solicitó que otras constancias fueran requeridas directamente al órgano jurisdiccional que las tenía bajo su resguardo.

Señalan afectación al acceso a la justicia

El Tribunal determinó que esa actuación impuso una carga desproporcionada e injustificada a la persona recurrente, lo que vulneró su derecho de acceso a la justicia y el principio de seguridad jurídica.

Asimismo, concluyó que el acuerdo impugnado carecía de una fundamentación y motivación suficientes, al no precisar las disposiciones legales aplicables ni justificar de manera congruente las razones que sustentaron el archivo de la queja.

Darán vista a la autoridad competente

Además de revocar la resolución, el Pleno advirtió que el entonces titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas rechazó el recurso de inconformidad sin contar con facultades legales para ello.

Por esta razón, el Tribunal ordenó dar vista a la autoridad competente para que determine lo que corresponda conforme a derecho respecto de esa actuación.

Reafirman compromiso contra la impunidad

El Tribunal de Disciplina Judicial señaló que la revisión de actuaciones irregulares fortalece la impartición de justicia y contribuye a garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

También reiteró su compromiso de combatir cualquier acto de impunidad, incluidos aquellos que pudieran presentarse al interior de la propia institución. –sn–

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Poder Judicial de la Cdmx reafirma justicia incluyente

El Poder Judicial de la Ciudad de México reafirmó su compromiso con una justicia incluyente durante la conmemoración del Día del Orgullo LGBTTTI+, al promover la igualdad, la diversidad y el acceso a la justicia sin discriminación.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Con motivo del Día del Orgullo LGBTTTI+, el Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx) realizó un acto conmemorativo para compartir con estudiantes universitarios su visión institucional sobre la diversidad sexual y de género, así como las acciones que impulsa para garantizar un trato digno, igualitario y libre de discriminación a todas las personas que acuden a los órganos de impartición de justicia.

Durante el encuentro, el presidente del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrado Nicolás Jerónimo Alejo, afirmó que la impartición de justicia exige sensibilidad social, respeto a la pluralidad y un compromiso permanente con la dignidad humana, por lo que el Poder Judicial fortalece una cultura institucional basada en la igualdad, la inclusión y el respeto.

Justicia sin discriminación, compromiso institucional

Nicolás Jerónimo Alejo sostuvo que una justicia verdaderamente democrática sólo puede construirse cuando todas las personas encuentran en las instituciones un espacio de reconocimiento, protección y trato digno.

Añadió que la diversidad fortalece a las instituciones, permite comprender mejor la realidad social y consolida un Poder Judicial cercano a la ciudadanía y comprometido con los principios constitucionales.

Por su parte, la magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Emma Aurora Campos Burgos, señaló que bajo la administración del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez se mantiene la convicción de que la justicia debe ser para todas las personas. –sn–

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Poder Judicial capitalno fija evaluación para juzgadores

El 5 de mayo se publicaron el Proceso de Evaluación Ordinaria del Desempeño Judicial y los Métodos de Evaluación del Desempeño Judicial en el Boletín Judicial.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Ante las 132 personas juzgadoras y magistradas electas por voto popular que forman parte del Poder Judicial (PJ) de la ciudad de México (Cdmx), en presencia del magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia Local (TSJ) Rafael Guerra Álvarez; del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), magistrado Jorge Guerrero Meléndez; y las 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el titular del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, Israel Sandoval Jiménez, presentó los parámetros para la evaluación del desempeño judicial.

La Comisión de Evaluación y Seguimiento está conformada por 3 magistraturas  del TDJ, el magistrado Diego Armando Guerrero García como presidente de la misma, el magistrado Nicolás Jerónimo Alejo y la magistrada Ixchel Saraí Álzaga Alcántara.

Guerra Álvarez sostuvo que la evaluación permite identificar fortalezas, corregir áreas de oportunidad y asegurar que la actuación y decisiones judiciales se apeguen a los principios constitucionales y a los derechos humanos; por ello, este proceso debe verse como una herramienta indispensable para garantizar una impartición de justicia ética, transparente, imparcial y profesional.

Jerónimo Alejo refirió que las evaluaciones serán estrictas, integrales y técnicamente completas, desarrolladas bajo criterios de imparcialidad absoluta, sin privilegios y consideraciones personales. A su vez, enfatizó que, como parte de las funciones del Tribunal, la evaluación es una función inherente a la función pública, así como un mecanismo indispensable para fortalecer la credibilidad institucional. –sn–

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Tribunal de Disciplina Judicial instala Comisión de Investigación

El Tribunal de Disciplina Judicial crea órgano para analizar denuncias.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fue instalada oficialmente con el objetivo de revisar y sustentar las quejas y denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), bajo principios de ética, transparencia e integridad.

El grupo de trabajo quedó encabezado por el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, junto con la magistrada Eva Verónica de Gyvés Zárate y el magistrado Rufino H. León Tovar, quienes asumieron el compromiso de fortalecer la rendición de cuentas dentro del ámbito judicial federal.

Durante la ceremonia, Bátiz Vázquez sostuvo que la justicia consiste en otorgar a cada persona lo que merece: sanción al culpable y protección a quien reclama sus derechos, señalando que la investigación debe basarse en hechos verificables y una ética estricta.

Compromiso con la verdad

El magistrado explicó que investigar implicó buscar la verdad de los hechos, por lo que aseguró que cada denuncia presentada ante la Comisión sería atendida con objetividad, sin sesgos ni favoritismos, garantizando imparcialidad en cada resolución emitida.

Por su parte, De Gyvés Zárate señaló que los integrantes de la Comisión trabajaron de forma coordinada y con un propósito común: responder ante la sociedad y recuperar la confianza en el Poder Judicial de la Federación, a través de un actuar responsable y verificable.

La magistrada subrayó que cada queja o denuncia sería analizada con rigor técnico y respeto al debido proceso, a fin de determinar si existían elementos suficientes para iniciar o no una investigación formal en contra del servidor público señalado.

Garantía de legalidad

El magistrado Rufino H. León Tovar precisó que la Comisión funcionó como un apoyo al Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF, instancia encargada de sustentar las indagatorias sobre posibles actos irregulares dentro del Poder Judicial.

Explicó que el trabajo del órgano se desarrolló bajo los principios constitucionales que protegen los derechos fundamentales de las personas involucradas, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad y la transparencia en la función pública.

Afirmó que los procedimientos de investigación respetaron las garantías individuales y se alinearon con el marco normativo vigente, consolidando la confianza en el sistema de justicia y fortaleciendo la credibilidad del TDJ ante la ciudadanía.

Transparencia y confianza ciudadana

La magistrada presidente del TDJ, Celia Maya García, participó como invitada de honor y aseguró que este cuerpo colegiado trabajó de manera coordinada para garantizar que la sociedad encontrara en los tribunales respuestas justas y aplicación estricta de la ley.

El titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, Vladimir Véjar Gómez, indicó que la instalación de la Comisión representó un paso decisivo hacia la transformación institucional y la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el acoso laboral.

Expresó que la creación de este órgano reflejó el compromiso del gobierno federal y del PJF con la sociedad mexicana para consolidar un nuevo modelo de justicia basado en la integridad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones judiciales. –sn–

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ASF revela anomalías millonarias en el Poder Judicial

ASF halló irregularidades financieras y detectó daño al erario por 272.4 millones.

Por Martín García | Reportero                                      

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de la administración y disciplina del anterior Poder Judicial, con un presunto daño al erario de 272.4 millones de pesos.

De acuerdo con la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024, el organismo emitió 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un ejercicio de facultad de comprobación fiscal por las irregularidades encontradas.

Irregularidades bajo administración de Piña

Las anomalías ocurrieron durante la gestión de Norma Piña, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando también encabezó el Consejo de la Judicatura Federal.

Una de las observaciones más relevantes fue por 92.8 millones de pesos, correspondientes a copias y hojas digitalizadas que no pudieron comprobarse como servicio real.

El informe de la ASF señaló que los pagos se realizaron sin reportes electrónicos de consumo, incumpliendo los protocolos establecidos por el propio CJF.

Daño a la Hacienda Pública

Según la auditoría, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal” por más de 92 millones de pesos relacionados con el contrato CON/DGRM/DCS/107/2019, vigente entre enero y septiembre de 2024.

El documento precisó que no existió evidencia documental sobre el motivo de los levantamientos manuales ni la razón por la cual había equipos no registrados en el sistema MICAS.

La ASF advirtió que dichas omisiones contravinieron el Acuerdo General del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que regulaba la actividad administrativa.

Pagos sin firmas ni sellos válidos

Otro presunto daño al erario fue por 38.8 millones de pesos, derivado de pagos sin sellos ni firmas del personal autorizado de la Dirección de Servicios Informáticos del CJF.

Las cédulas de mantenimiento correctivo carecían de validación oficial en 119 tickets, incumpliendo el contrato CON/DGRM/DCS/035/2024, lo que impidió acreditar la prestación efectiva de los servicios.

La auditoría observó además la existencia de firmas apócrifas, no pertenecientes al personal que había reportado los incidentes técnicos. –sn–

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Nueva composición judicial vulnera independencia y derechos humanos: GIDH 

Vulnera independencia y los derechos humanos la nueva composición judicial : GIDH 

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, a través de su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, advirtió que la reciente reforma constitucional que reemplazó a la mitad del Poder Judicial Federal con jueces electos por voto popular representa un retroceso histórico en la independencia judicial en México.

“Lo ocurrido en el país constituye una fractura estructural en la división de poderes. No se trata de un avance democrático, sino de un proceso que somete al Poder Judicial a la voluntad política de las mayorías legislativas y del Ejecutivo”, señaló Fierro Hernández.

El presidente del GIDH recordó que este 1 de septiembre asumen sus cargos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte, junto con más de 800 magistrados federales y 1,800 jueces locales, electos en comicios caracterizados por una participación ciudadana de apenas 13 por ciento.

“Ese nivel de abstencionismo refleja una sociedad que no confía en el proceso y que percibe, con razón, la captura política de un poder que debería ser imparcial y autónomo”, enfatizó el defensor de los derechos humanos.

El GIDH denunció que el proceso de selección de candidatos careció de reglas claras y de controles independientes. Las comisiones de evaluación no aprobaron estatutos uniformes, trabajaron con plazos insuficientes y se limitaron a revisar cartas de recomendación y escritos de motivación.

“Un juez no puede ser electo con base en simpatías vecinales ni cartas de recomendación. La justicia exige méritos, trayectoria y garantías de imparcialidad. El modelo adoptado en México desnaturaliza la función judicial y abre la puerta a la corrupción y al clientelismo político”, afirmó Fierro Hernández.

El defensor del pueblo recordó que la OEA señaló múltiples irregularidades en las elecciones judiciales, como la falta de transparencia en el financiamiento de campañas, la distribución de listas prefabricadas de candidatos y la intervención desproporcionada del Ejecutivo y del Congreso en las preselecciones.

“México es hoy el único país del mundo donde la totalidad de sus jueces son electos por voto universal. Esta anomalía no responde a estándares internacionales ni a principios de independencia judicial, reconocidos por la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo.

El abogado litigante alertó que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para sancionar y destituir a jueces si “fallan en contra de la jurisprudencia” o de interpretaciones oficiales, incrementa los riesgos de subordinación política.

“Este tribunal funcionará como un mecanismo de control y castigo, más que como una instancia de rendición de cuentas. En lugar de fortalecer la justicia, institucionaliza la amenaza contra los jueces que no fallen conforme a los intereses en turno”, explicó.

De esta manera, Fierro Hernández exhortó al Estado mexicano a reconsiderar y derogar la reforma, o en su defecto, establecer salvaguardas sólidas para proteger la independencia judicial rumbo al proceso electoral de 2027, cuando se renovará la otra mitad del Poder Judicial Federal.

“El derecho a un juez independiente no es una concesión, es un pilar de todo Estado democrático. Sin independencia judicial, no hay garantías para los derechos humanos, ni posibilidad de que los ciudadanos enfrenten al poder con justicia”, subrayó.

Finalmente, el doctor en derecho reiteró que el GIDH “Lex-magister” continuará documentando las afectaciones a los derechos fundamentales derivadas de esta reforma y elevará el caso ante instancias internacionales.

“Si se consolida este modelo, México corre el riesgo de convertirse en un precedente negativo para la región, debilitando el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones”, concluyó el defensor de los derechos humanos. –sn–

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José Ramón Cossío alerta por reforma judicial

Advierte riesgos y retrocesos institucionales. Reforma judicial debilita contrapesos y pone en riesgo la legalidad. Riesgos estructurales en justicia.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió sobre los riesgos estructurales que implica la reforma judicial propuesta por el actual régimen. Señaló que esta transformación constitucional podría debilitar los contrapesos institucionales e instalar un modelo electoral riesgoso para el sistema de justicia.

Durante su intervención en el foro “La Coyuntura Política Hoy”, organizado por el PRD en esa entidad, el jurista cuestionó la velocidad y opacidad del proceso legislativo que impulsa la reforma. Consideró que su aprobación forma parte de una estrategia electoral.

Cossío argumentó que, al vincular la reforma con las campañas, se generó la percepción de que apoyar a Morena significaba avalar también el nuevo modelo de justicia. Enfatizó que esta situación careció de debate técnico y promovió una agenda de control político.

Frente a ello, el exministro llamó a defender el Estado de derecho, al advertir que los cambios planteados representan un intento por desmantelar instituciones judiciales fundamentales.

Cuestiona modelo de elección directa

En su ponencia “La reforma secundaria al Poder Judicial”, José Ramón Cossío Díaz criticó la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Aseguró que este modelo afecta la independencia judicial y elimina mecanismos de profesionalización.

“Ningún país aplica un esquema así de manera tan general”, afirmó. También expresó su rechazo a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que, según dijo, carecería de controles efectivos y cuyas resoluciones no podrían ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Advirtió que si el modelo judicial previsto para 2025 se establece como norma, existe el riesgo de que se replique en futuras reformas, como las proyectadas para 2027. Reiteró que no se debe permitir la consolidación de un esquema que atente contra la legalidad.

El jurista insistió en que las transformaciones institucionales requieren análisis profundo, participación ciudadana y legitimidad técnica, no solo impulso político.

PRD cierra filas con legalida

El dirigente estatal del PRD, Arturo Piña García, dio la bienvenida al exministro y reconoció su trayectoria en el ámbito judicial. Afirmó que su partido mantendrá la defensa del Estado de derecho y los principios democráticos frente a cualquier intento de vulnerarlos.

“La legalidad debe prevalecer sobre cualquier interés de poder”, declaró. En el mismo sentido, Omar Ortega Álvarez, coordinador del PRD en el Congreso local, instó a impedir que se consoliden cambios que comprometan el funcionamiento del sistema judicial.

“El país no debe permitir que reformas de esta magnitud se impongan sin los controles necesarios”, comentó. También advirtió sobre las implicaciones que tendría una justicia subordinada al poder político.

Ortega Álvarez subrayó la necesidad de impulsar un debate técnico y público sobre los alcances reales de la reforma, y remarcó que la ciudadanía debe involucrarse para salvaguardar la división de poderes.

Promueven diálogo y resistencia jurídica

El foro fue moderado por José Juan Barrientos y contó con la participación de abogados, académicos, estudiantes y miembros del Comité Ejecutivo del PRD estatal. Entre los asistentes figuraron Javier Rivera Escalona, Viridiana Fuentes Cruz y Erika Peralta.

Durante el evento, se reiteró que el ciclo de conferencias tiene como objetivo construir herramientas críticas ante los cambios estructurales impulsados desde el poder. Los organizadores coincidieron en que la información jurídica debe acercarse a las bases sociales.

La dirigencia del PRD explicó que la formación política de su militancia debe incluir la comprensión de los efectos de reformas constitucionales. En ese sentido, llamaron a fortalecer la resistencia jurídica con argumentos y mecanismos institucionales.

Finalmente, los ponentes coincidieron en que los principios de justicia, legalidad y equidad deben prevalecer por encima de intereses coyunturales. –sn–

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