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PRI exige retirar Plan General de Desarrollo de la Cdmx ante falta de consulta ciudadana

El PRI capitalino pidió retirar el Plan General de Desarrollo de Cdmx por presuntas irregularidades en la consulta ciudadana y entregó 30 mil firmas para exigir la reposición del procedimiento.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió retirar el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, al señalar presuntas irregularidades en el proceso de consulta ciudadana y falta de incorporación de las propuestas vecinales.

La coordinadora de la bancada priista en el Congreso capitalino, Tania Larios, sostuvo que habitantes de distintas colonias y representantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) denunciaron que sus opiniones no fueron consideradas durante la elaboración del instrumento de planeación.

En conferencia de prensa, la legisladora recordó que organizaciones vecinales e integrantes de las Copacos impugnaron el procedimiento y entregaron más de 30 mil firmas al Congreso local para solicitar que se reponga la consulta.

Exigen participación ciudadana

Larios afirmó que el proyecto debe someterse nuevamente a un proceso de participación que garantice el derecho de los habitantes a intervenir en las decisiones relacionadas con el desarrollo de sus comunidades.

Ante la posibilidad de que el Gobierno capitalino mantenga su decisión de continuar con el procedimiento, la coordinadora del PRI pidió respetar los seis meses previstos para la revisión legislativa y evitar una aprobación acelerada.

También propuso que el Congreso realice etapas de preconsulta y consulta ciudadana, bajo un esquema similar al utilizado durante la discusión de la Ley de Cuidados.

La diputada cuestionó que habitantes de la capital se enteraran del contenido del proyecto sin que, desde su perspectiva, sus propuestas hubieran sido incorporadas de manera efectiva.

Plan para los próximos 20 años

El posicionamiento del PRI se produjo después de que el Gobierno de la Ciudad de México remitiera el proyecto del PGD al Congreso local, el 11 de noviembre, para iniciar su revisión legislativa.

El documento establece directrices de planeación para los próximos 20 años y contempla políticas de largo plazo relacionadas con vivienda, movilidad, agua, medio ambiente y cuidados.

Por su parte, el Gobierno capitalino informó que el proyecto fue resultado de un proceso de consulta pública de seis meses, en el que participaron 646 mil personas mediante talleres, foros, reuniones y conversatorios.

También reportó consultas con pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas y organizaciones afrodescendientes.

El Congreso capitalino recibió el documento y lo turnó a las comisiones de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas para su análisis y dictaminación. –sn–

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Alejandro Moreno exige investigar contratos del INE y acusa a Morena

Alejandro Moreno exige investigar las presuntas irregularidades en el INE y responsabiliza a Morena por la crisis del organismo. El PRI presentó una denuncia penal contra Guadalupe Taddei y otros exfuncionarios.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió investigar las presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) y responsabilizó a Morena por la crisis del organismo, al asegurar que los hechos podrían formar parte de una estrategia para influir en las elecciones de 2027.

El senador sostuvo que los señalamientos sobre contratos, adjudicaciones directas y posibles conflictos de interés deben investigarse a fondo para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales. También acusó al partido gobernante de preparar una elección de Estado, aunque no presentó pruebas de un supuesto fraude electoral.

Moreno pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer las operaciones realizadas durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien encabezó el organismo electoral hasta su renuncia en octubre.

PRI denuncia a exfuncionarios del INE

El dirigente priista informó que su partido presentó una denuncia penal ante la FGR contra Taddei, José Alfredo Hernández Casillas, Carlos Daniel Luna Rosas, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y otros posibles involucrados.

La querella señala presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación delictuosa, entre otros. La presentación de la denuncia no implica que los señalados hayan sido declarados responsables; corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para ejercer acciones penales.

El caso se suma a las investigaciones que ya se desarrollan dentro y fuera del instituto. El Órgano Interno de Control del INE reportó 18 expedientes relacionados con contratos de la administración anterior, cinco de ellos en procedimientos de responsabilidades administrativas.

Por su parte, la ASF amplió sus investigaciones sobre contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales, mientras que la UIF incorporó a personas y empresas vinculadas con proveedores del instituto a su lista de personas bloqueadas, como medida preventiva.

El propio INE también presentó una denuncia ante la FGR el 7 de noviembre para que se investiguen posibles conductas delictivas relacionadas con las contrataciones y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Moreno vincula la crisis con Morena

En declaraciones a medios de comunicación, el senador afirmó que Morena carece de resultados y compromiso para atender las demandas ciudadanas, por lo que, según su interpretación, enfrenta un deterioro en la confianza de la población.

El dirigente priista atribuyó la crisis del organismo electoral a lo que calificó como autoritarismo del partido gobernante y a su intención de colocar perfiles afines en instituciones públicas.

En ese contexto, sostuvo que existe una relación política entre Taddei y Morena, y comparó el caso con los señalamientos que ha formulado contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el grupo conocido como La Barredora.

Moreno afirmó que las investigaciones no deben limitarse a la salida de Taddei, sino extenderse a los funcionarios y proveedores que pudieron intervenir en las decisiones administrativas del instituto.

Exige esclarecer contratos y decisiones

El presidente nacional del PRI consideró que las autoridades deben revisar tanto las adjudicaciones directas como los contratos entregados a proveedores y las decisiones que se tomaron durante la gestión de Taddei.

A su juicio, las pesquisas deben establecer si existieron acuerdos entre servidores públicos y contratistas, así como posibles irregularidades en la asignación de recursos del organismo electoral. –sn–

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IECM distribuye 880 anuncios promocionales para precampañas de 2027

El IECM aprobó la distribución de tiempos de radio y televisión para partidos políticos durante las precampañas e intercampañas de las elecciones de 2027 en la Cdmx.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Los partidos políticos tendrán tiempos asignados en radio y televisión para difundir sus mensajes durante las precampañas e intercampañas del proceso electoral de 2027 en la Ciudad de México, luego de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad la distribución de promocionales.

El acuerdo establece que durante las precampañas, previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, se transmitirán 880 promocionales entre las fuerzas políticas con registro y derecho a esta prerrogativa.

La distribución considera el peso electoral de cada partido y garantiza espacios para que las distintas organizaciones políticas difundan sus mensajes durante las etapas previas a las campañas.

Morena tendrá más promocionales

De acuerdo con la distribución aprobada, Morena contará con 206 promocionales, la mayor cantidad asignada durante el periodo de precampaña.

El Partido Acción Nacional (PAN) tendrá 190; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 105; Movimiento Ciudadano (MC), 90; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 88, y el Partido del Trabajo (PT), 86.

Los 115 promocionales restantes corresponden, en conjunto, al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Somos y PAZ, sin que la información proporcionada detalle la cantidad individual asignada a cada organización. –sn–

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Partidos políticos evitan multas por 97 millones de pesos tras impugnar sanciones del INE

Seis partidos políticos lograron revertir sanciones del INE por 97 millones de pesos mediante impugnaciones ante el Tribunal Electoral. El PRI concentra casi la mitad del monto, según información obtenida vía transparencia.

Por Gustavo García | Reportero                                                                              

Los partidos políticos nacionales lograron revertir sanciones por aproximadamente 97 millones de pesos que les había impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades en sus ingresos, gastos y registros de afiliación. Las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) permitieron a seis fuerzas políticas dejar sin efecto las multas, de acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de transparencia.

Casi la mitad del monto corresponde al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que concentra la mayor proporción de los recursos cuya sanción fue revocada. El caso vuelve a poner bajo atención la fiscalización del financiamiento de los partidos y los mecanismos judiciales mediante los cuales pueden controvertir las resoluciones de la autoridad electoral.

El monto comprende resoluciones emitidas durante un periodo de cinco años y refleja el resultado de distintos procedimientos de impugnación. No significa que el Tribunal haya eliminado indiscriminadamente las sanciones, sino que los partidos consiguieron resoluciones favorables en expedientes donde cuestionaron las determinaciones del organismo electoral.

El PRI concentra casi la mitad de las multas revocadas

De acuerdo con la información difundida, el PRI representa casi 50 por ciento de los 97 millones de pesos que seis partidos consiguieron dejar sin efecto mediante recursos legales.

Las sanciones originales estaban relacionadas con distintas irregularidades detectadas durante los procesos de revisión del INE, entre ellas inconsistencias en los reportes de ingresos y egresos, así como problemas vinculados con los padrones de afiliación.

Los partidos recurrieron a la instancia jurisdiccional para cuestionar los criterios, procedimientos y elementos utilizados por la autoridad administrativa electoral para imponer las multas.

El resultado fue la revocación de sanciones por un monto acumulado de aproximadamente 97 millones de pesos. Sin embargo, para establecer la distribución exacta entre las seis fuerzas políticas y las causas específicas de cada resolución es necesario consultar el desglose de los expedientes y las respuestas completas a la solicitud de transparencia.

INE y TEPJF: dos funciones dentro de la fiscalización electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene entre sus atribuciones fiscalizar los recursos que reciben y ejercen los partidos políticos. Esta responsabilidad comprende la revisión de informes financieros, comprobación de gastos, identificación de ingresos no reportados y supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación.

Cuando encuentra irregularidades, el organismo puede iniciar procedimientos e imponer sanciones conforme a la legislación electoral.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisa las controversias que se presentan contra las resoluciones de las autoridades electorales. En estos procedimientos puede confirmar, modificar o revocar las determinaciones impugnadas, de acuerdo con los argumentos y las pruebas que integran cada expediente.

Por ello, una sanción revocada no equivale necesariamente a demostrar que nunca existió una irregularidad: significa que la resolución impugnada no se mantuvo en los términos establecidos por la autoridad electoral.

La fiscalización del dinero público, bajo revisión

La controversia adquiere relevancia porque los partidos políticos reciben financiamiento público y tienen obligaciones legales de transparencia, comprobación y rendición de cuentas.

La revisión de sus ingresos y gastos constituye uno de los mecanismos para vigilar el uso de los recursos destinados al funcionamiento de las organizaciones políticas y a sus actividades electorales.

En julio de 2023, por ejemplo, la Sala Superior del TEPJF confirmó una sanción al PRI por 97 millones 916 mil 665 pesos, relacionada con aportaciones por 39 millones 166 mil 666 pesos que el partido recibió de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante 2015. La resolución consideró acreditado que los recursos provenían de una fuente prohibida por la legislación electoral. –sn–

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