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Amílcar Olán Aparicio compra predio millonario en Polanco mientras recibe contratos con AMLO: MCCI

Incursiona Amílcar Olán en el cártel inmobiliario: construye edificio ilegal de lujo en Polanco

Por Ivan Alamillo | MCCI                                           

Los negocios de Amílcar Olán trascendieron los contratos públicos y se extendieron a bienes raíces de alta plusvalía. El amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán incursionó como desarrollador de un edificio de departamentos de lujo en Polanco, el cual fue clausurado por construir ilegalmente un quinto piso no autorizado. El proyecto, ejecutado en un lote valuado en $47 millones, revela una trama que conduce hasta un exfuncionario de Hacienda involucrado en los casos Oceanografía y Caja Libertad

A la par que recibía contratos millonarios en el gobierno de AMLO, el cercano amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, Jorge Amílcar Olán Aparicio, se convirtió en copropietario de un terreno de 463 metros cuadrados –situado en el corazón de la colonia Polanco de la Ciudad de México– en el que actualmente se construye un edificio de departamentos de lujo. 

El inmueble, ubicado en el número 211 de la calle Sócrates, fue clausurado en junio pasado luego de que autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo descubrieran que se construía un quinto piso de manera ilegal, pese a que el certificado único de zonificación de uso de suelo del predio permitía únicamente la edificación de cuatro niveles.

De acuerdo con un avalúo que forma parte de la escritura obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el inmueble tenía un valor comercial de 47 millones 170 mil pesos en mayo de 2022.

Entre junio y noviembre de ese mismo año, Amílcar Olán pagó de contado 8.89 millones de pesos para adquirir el 19.55% de la propiedad, cuando, según imágenes satelitales, apenas comenzaban las obras de cimentación del edificio.

De los 8.89 millones de pesos, el tabasqueño pagó ocho millones mediante dos transferencias en junio de 2022, cinco meses antes de la firma de la escritura. Mientras que los 895 mil pesos restantes los liquidó el 15 de noviembre, el mismo día de la firma. 

En la misma operación de compraventa, la empresa Pyramid Desarrollos Inmobiliarios  adquirió el 17.46% de los derechos de copropiedad del inmueble, por los que pagó 7.94 millones de pesos que fueron transferidos el 11 de noviembre desde una cuenta en Kuspit Casa de Bolsa.

Pyramid Desarrollos Inmobiliarios fue constituida en marzo de 2022 –ocho meses antes de la firma de la escritura– y tiene como accionistas y comisario a tres empleados de la firma Estudio Legal & Finanzas México, que provee servicios de derecho fiscal y corporativo.

Tanto Pyramid como Amílcar Olán compraron su participación en el inmueble a Elías Dayan Chayo y a Nadlan Lety, compañía que mantuvo un porcentaje de copropiedad tras la venta y que tiene como accionista mayoritario a Marcos Fuad Amiga Smeke.

Ambos, Dayan Chayo y Amiga Smeke, son empresarios dedicados a la construcción de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México.

La sombra del exfuncionario investigado por Oceanografía

Amílcar Olán comparte la titularidad del inmueble con otros cuatro copropietarios, entre los que destaca la empresa Baux Inmobiliario. Los hilos de esta compañía conducen a Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda investigado en 2015 por la entonces PGR por su presunta relación con el fraude de Oceanografía. Su hermana, Margarita Rosales Angulo, es la accionista mayoritaria de la sociedad, mientras que su sobrina, Irasema Joselyn García Rosales, funge como apoderada legal.

Baux Inmobiliario también ha tenido como administrador único a Víctor Hugo Rosales Morales, hijo del exfuncionario.

De acuerdo con una investigación publicada en marzo de 2014 por la periodista Peniley Ramírez en Reporte Índigo, Rosales Angulo fue el operador detrás de una red de compañías de outsourcing que pagaban los salarios de los trabajadores de Caja Libertad, Grupo Gasolinero Mexicano y los casinos Big Bola, empresas en las que tenían participación Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, este último también socio de la naviera Oceanografía.

Gracias al esquema de subcontratación tejido por Rosales Angulo, las compañías de Rodríguez Borgio y Díaz Álvarez eludieron el pago de impuestos y cuotas patronales al IMSS y al INFONAVIT.

Una de las sociedades fachada empleadas para subcontratar al personal de Caja Libertad fue Elvag Central Impulsora. En julio de 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó un crédito fiscal que obliga a Elvag a pagar mil 300 millones de pesos al SAT por incumplimientos en pagos del ISR e IVA cuando empleaba a los trabajadores de Caja Libertad.

Aunque no hay rastro del exfuncionario en la estructura de Elvag Central Impulsora, MCCI pudo comprobar que Alejandro Morales Ramírez, abogado socio de su firma, Rosales & Asociados, representó a Elvag en juicios de amparo donde se buscaba la anulación del crédito fiscal. Mientras que su hermano, José de Jesús Rosales Angulo, registró la marca de la empresa ante el IMPI.

Los vínculos políticos de Rosales Angulo, según relataron distintas fuentes a la periodista Peniley Ramírez, llegaban hasta Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto que encabezó hasta 2012 el consejo de administración de Caja Libertad.

El 15 de noviembre de 2022, Amílcar Olán acudió a la notaría 201 de la Ciudad de México a firmar la escritura de Sócrates 211. Uno de los dos testigos presentes en la firma fue Irasema Joselyn García Rosales, sobrina de Rosales Angulo que acudió en representación de la compañía Baux Inmobiliario como copropietaria.

García Rosales no solo tiene una relación familiar con Víctor Hugo Rosales Angulo, también trabaja con él como asociada en su despacho Rosales & Asociados. Incluso, García Rosales es accionista de Ci Londres Viga, empresa que ha presentado demandas de amparo contra la colocación de sellos de clausura en un edificio ubicado en la calle de Temístocles 119 en la colonia Polanco, sede de la firma Rosales & Asociados donde también se construía un nivel excedente.

El quinto piso ilegal de Sócrates 211

Autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo han suspendido la construcción del edificio del que Amílcar Olán es copropietario en múltiples ocasiones durante los últimos años. La más reciente el 26 de junio de 2026, cuando el alcalde, Mauricio Tabe, aseguró que en el inmueble –que tenía permitida la construcción de cuatro niveles– se edificaba un quinto piso de manera ilegal.

En el video subido a sus redes sociales el pasado 1 de julio, el alcalde mostró que su administración colocó tapiales luego de que más de 30 trabajadores violaran los sellos de una clausura previa.

Imágenes de dron tomadas por el propio Tabe revelan, cubierto por una lona, el quinto nivel que se levantó ilegalmente.

El certificado único de zonificación de uso de suelo del inmueble, del que MCCI posee una copia, permite que en Sócrates 211 se construyan cuatro pisos y un máximo de ocho departamentos con una superficie mínima por vivienda de 150 metros cuadrados.

Un solitario anuncio de preventa publicado en 2025 muestra que un departamento de 180 metros cuadrados de construcción –con tres recámaras, tres baños y dos cajones de estacionamiento– se ofertaba en obra gris por 13 millones 500 mil pesos. El edificio se encuentra entre las calles de Homero y Horacio, a una cuadra del Palacio de Hierro de Polanco, en lo que es una de las zonas más exclusivas y con mayor plusvalía de la Ciudad de México.

Pese a la existencia de ese único anuncio, el desarrollo no cuenta con un sitio web ni es ofertado en otras páginas de bienes raíces que permitan consultar las características de las viviendas que se construyen. En esa misma zona, departamentos terminados con superficies similares se llegan a cotizar hasta en 30 millones de pesos.

Las obras de Sócrates 211 se aceleraron luego de que Amílcar adquiriera el 19.55% de la propiedad en noviembre de 2022, de acuerdo con imágenes satelitales y registros históricos de Google Street consultados por MCCI. 

La construcción ha tenido como Director Responsable de Obra a Epitacio Marcelino De Anda López, quien ha sido señalado por supervisar inmuebles que violan los niveles permitidos. En julio de 2023, el diario El País dio a conocer que De Anda López ha avalado la edificación de múltiples obras con pisos en exceso en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

La meteórica expansión inmobiliaria de Amílcar Olán

El crecimiento del portafolio inmobiliario de Amílcar Olán comenzó desde los primeros días del sexenio de López Obrador y se aceleró mientras sus empresas se convertían en las proveedoras de balasto para el Tren Maya y eran contratadas para surtir de medicamentos a gobiernos morenistas como los de Tabasco y Quintana Roo, como reveló en su momento MCCI.

En diciembre de 2023, MCCI dio a conocer que el amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán adquirió en tan solo un millón de pesos un terreno de 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, ubicado a seis kilómetros de la refinería de Dos Bocas. El predio, que llegó a ser rentado por contratistas de la refinería, fue comprado por Amílcar el 7 de diciembre de 2018, seis días después de que López Obrador asumiera la presidencia.

Mientras que en Villahermosa, Amílcar Olán compró en octubre de 2020 un terreno de mil metros cuadrados a Luis Carlos Vizcarra Millán, un empresario que ganó contratos multimillonarios con Pemex durante el gobierno de AMLO con su compañía Perfolat de México. Por este inmueble, el tabasqueño únicamente pagó 1.5 millones de pesos, pese a que un avalúo reveló que tenía un valor comercial de al menos 9.4 millones de pesos, como reveló MCCI.

La revista Proceso también documentó que, en enero y septiembre de 2023, Amílcar Olán adquirió dos departamentos de lujo en Cancún por los que pagó 24 y 6 millones de pesos respectivamente. El primero de ellos, un penthouse de dos pisos con vista al mar ubicado en el complejo Harbour Beach, uno de los más exclusivos del Caribe mexicano. –sn–

Reportaje completo en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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Tabe y Atayde proponen reglas claras para obras de mitigación

Proponen un nuevo esquema para obras de mitigación, con pago de desarrolladores a la Tesorería, ejecución por alcaldías y un Observatorio digital.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y Andrés Atayde, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, presentaron una iniciativa de ley para garantizar el pago de las obras de mitigación a las que los desarrolladores están obligados para atender el impacto urbano en las colonias, a fin de que el pago de la compensación establecida en la Constitución, sea de por lo menos el 4 por ciento de la inversión total y sean las alcaldías quienes ejecuten directamente los trabajos.

“Esta propuesta que lo que busca es dar certeza a los vecinos y vecinas de que las obras y los desarrollos privados que se realizan en cualquier alcaldía, van a cumplir con sus obligaciones de obra pública y que las mitigaciones que son las obligaciones de obra pública que tienen los desarrolladores se van a quedar en la colonia”, dijo.

En conferencia de prensa, Tabe explicó que esta iniciativa busca que las mitigaciones dejen de ser un trámite burocrático y se conviertan en obras concretas que mejoren la vida de los vecinos, además de garantizar que el dinero se quede donde se generó el impacto, y que especialmente que se de fin al coyotaje y la corrupción que se da con las reglas actuales.

“Hoy las reglas que están planteadas para el cumplimiento de las obligaciones han generado que los coyotes y los funcionarios corruptos sean los únicos beneficiarios y que los que pierdan sean los vecinos y vecinas y las pruebas están en que en Miguel Hidalgo, por ejemplo, hay desde hace más de 10 años, más de 60 desarrollos con manifestación Tipo C (construcciones de uso habitacional de más de 10,000 m² y construcciones para usos no habitacionales o mixtos de más de 5,000 m²), que no han cumplido con sus obligaciones”, destacó.

El alcalde de Miguel Hidalgo indicó que con este nuevo modelo se propone que el desarrollador pague a la Tesorería al menos el 4 por ciento de la inversión de la obra en un plazo no mayor a un año, lo que será indispensable para la continuidad del proyecto y la obtención por parte de la alcaldía del Aviso de Terminación de Obra y la Autorización del Uso y Ocupación.

Además, la iniciativa establece que las Alcaldías serán las responsables de la ejecución de la obra, con lo que se garantiza el cumplimiento de la mitigación y un diseño adecuado a la colonia.

Adicionalmente, se propone crear un Observatorio de Mitigaciones digital, que se actualizará mensualmente para dar a conocer a la ciudadanía los montos recaudados por desarrollo, las obras asignadas y el estado de ejecución.

El alcalde de Miguel Hidalgo, aclaró que la propuesta que busca maximizar la obra pública y que los desarrolladores cumplan con sus obligaciones, no responde a intereses partidistas, sino a la necesidad de garantizar una Ciudad con un desarrollo equilibrado, por lo que confió en tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

“No más desarrolladores incumplidos, no más corrupción de coyotes y funcionarios que minimizan mitigaciones: el beneficio es para la gente. El desarrollo inmobiliario genera beneficios si hay reglas y si hay certeza y esa es la apuesta que estamos haciendo”, concluyó.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, Andrés Atayde, apeló a que se le dé luz verde a esta iniciativa que es en beneficio de la ciudadanía y advirtió que la pelota está en la cancha del partido mayoritario.

“Que el costo político de la no aprobación de esta iniciativa se lo coma completo Morena, se lo coma completo. Me parece que este grupo parlamentario (del PAN), el de esta tercera legislatura ha sido bastante congruente, consistente en que sin importar donde venga una buena idea, este grupo parlamentario la ha acompañado”. –sn–

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