#carteldesinaloa — Public Fediverse posts

El embajador Ronald Johnson advirtió que funcionarios corruptos que faciliten operaciones del Cártel de Sinaloa también son objetivo de EU. Las sanciones de OFAC alcanzan a 21 personas y 25 empresas vinculadas por Washington con la organización.

#CartelDeSinaloa #OFAC #EstadosUnidos #Mexico

https://updateme.news/mundo/embajador-de-eeuu-advierte-que-funcionarios-ligados-al-cartel-de-sinaloa-son-de-su-pais/

https://www.europesays.com/afrique/223598/ De l’Afrique australe à l’Australie, la nouvelle route de la meth du cartel de Sinaloa #AfriqueDuSud #CartelDeSinaloa #Drogue #LaPolice #TraficDeDrogue

Marina del Pilar afirma que acusaciones contra su exesposo no afectan a su gobierno

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las acusaciones del Tesoro de EU contra su exesposo Carlos Torres no afectan a su administración.

Por Margarita Hernández | Corresponsal                                     

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra su exesposo Carlos Alberto Torres Torres, señalado por presuntos vínculos con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa, no afectan a su administración estatal.

“Resistí cinco años infamias, calumnias, mentiras y difamaciones de todo tipo. Voy a resistir los próximos 11 meses, que son los más importantes para entregar la administración con resultados”, manifestó la mandataria durante una entrevista con medios de comunicación.

https://twitter.com/moralesyo/status/2105192178955833563?s=20

El señalamiento estadounidense se produjo el 29 de septiembre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Torres Torres entre las personas sancionadas por presunto apoyo al Cártel de Sinaloa. La dependencia estadounidense también señaló a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres, y a otros integrantes de una red que, según sus acusaciones, opera en Baja California.

Marina del Pilar se deslinda de las acusaciones

Ávila Olmeda recordó que su administración ya fijó una postura respecto de la situación de su exesposo y sostuvo que el gobierno estatal no asumirá la función de explicar o defender las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses.

“Este gobierno no va a ser vocero de esas circunstancias. Serán las autoridades las que puedan dar más información al respecto”, expuso.

El Departamento del Tesoro sostiene que Carlos Torres utilizó presuntamente su influencia política para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de acciones de autoridades en Baja California. También afirmó que el Departamento de Estado revocó su visa estadounidense en mayo de 2025 por su presunta relación con el grupo criminal.

Las acusaciones corresponden a la autoridad estadounidense y constituyen señalamientos dentro del régimen de sanciones aplicado por ese país; no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial mexicana.

Gobernadora defiende estrategia contra la delincuencia

Ante las preguntas sobre el impacto político de las acusaciones, Marina del Pilar sostuvo que su administración ha mantenido una estrategia de combate contra los grupos criminales que operan en Baja California.

“Hemos combatido de manera frontal a la delincuencia, y vamos a seguir haciendo siempre”, afirmó.

El Tesoro estadounidense, por su parte, señaló a Mexicali y Tijuana como zonas estratégicas para las operaciones de la facción conocida como Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”. En su comunicado, la dependencia también describió presuntas redes de corrupción y lavado de dinero relacionadas con actividades del Cártel de Sinaloa en Baja California. –sn–

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📰 EEUU sanciona a líderes del Cartel de Sinaloa que operan en la frontera con México
🔗 https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2026/09/29/eeuu-sanciona-a-lideres-del-cartel-de-sinaloa-que-operan-en-la-frontera-con-mexico.shtml

#eeuusanciona #carteldesinaloa #lideres #operan

Lilly Téllez exige renuncia de Marina del Pilar tras sanción de EU a su exesposo

Lilly Téllez exigió la renuncia de Marina del Pilar tras las sanciones de EU contra su exesposo Carlos Torres y pidió investigar otros señalamientos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La senadora Lilly Téllez exigió la renuncia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa.

Durante su intervención en el Senado de la República, Téllez pidió que la gobernadora se separe del cargo y se ponga a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de los señalamientos. La senadora también solicitó investigaciones sobre otros actores políticos mencionados en su intervención.

https://youtu.be/6tp7i2HH8wk?t=5

El Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Torres Torres entre las personas sancionadas por presuntos vínculos con la facción conocida como La Mayiza. De acuerdo con la información atribuida a esa autoridad, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades y proteger al grupo criminal de acciones de las autoridades en Baja California.

Téllez pide investigación de Marina del Pilar

Téllez sostuvo que las acusaciones contra el exesposo de la gobernadora justifican, desde su posición, que Marina del Pilar deje temporalmente el cargo y sea investigada.

La senadora también hizo referencia a señalamientos previos relacionados con Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. Investigaciones periodísticas han reportado que una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero y apoyo a campañas políticas; esos señalamientos forman parte de una investigación y no equivalen por sí mismos a una resolución judicial.

La gobernadora, por su parte, se deslindó de las acusaciones contra su exesposo. Su gobierno informó que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Carlos Torres y que actualmente el único vínculo que mantienen es el relacionado con su hijo. Además, ella no figura entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que bloqueó cuentas de Carlos Torres y de otras personas señaladas por el Departamento del Tesoro, después de identificar operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.

Señalamientos contra Julieta Ramírez

En su intervención, Téllez también pidió investigar a la senadora Julieta Ramírez, de Morena, a quien vinculó políticamente con el entorno de la gobernadora de Baja California.

La legisladora utilizó calificativos contra Ramírez y otros integrantes de Morena, así como acusaciones sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales. Esas expresiones corresponden a la posición política de Téllez y no constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre responsabilidad penal.

La propia Téllez ya había mencionado públicamente a Ramírez y utilizado el sobrenombre de “Julietona” durante una conferencia de prensa del PAN en mayo de 2026.

Pide indagar a Andy López Beltrán

La senadora también pidió a la FGR investigar a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, después de que medios reportaron información de The New York Times sobre revisiones realizadas por agencias estadounidenses en torno a acusaciones de posibles vínculos con crimen organizado y contrabando de combustible.

La información publicada este 29 de septiembre señala que dos agencias de seguridad de Estados Unidos examinan esas acusaciones, pero precisa que no se han iniciado investigaciones formales contra López Beltrán. El reporte se basa en fuentes con conocimiento directo de esas revisiones que hablaron bajo condición de anonimato. –sn–

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Senado impide acceso a Paloma Sánchez y ciudadanos que exigen salida de Inzunza

La Mesa Directiva del Senado impidió el acceso a la senadora Paloma Sánchez y ciudadanos que acudieron a entregar casi 20 mil firmas para solicitar la separación del cargo de Enrique Inzunza, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Mesa Directiva del Senado de la República impidió el acceso al recinto legislativo a la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez Ramos, y a un grupo de ciudadanos que acudieron este martes para entregar una petición respaldada por casi 20 mil firmas, con la que solicitan la separación del cargo del senador Enrique Inzunza Cázarez, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La legisladora sinaloense acompañó a los ciudadanos que buscaban entregar formalmente el documento dirigido a la Cámara Alta, en el que solicitan que Inzunza deje su escaño y enfrente las investigaciones relacionadas con las acusaciones formuladas en su contra por autoridades estadounidenses.

https://twitter.com/gemonroy/status/2104983872375062775?s=20

Sin embargo, los promoventes no pudieron ingresar al recinto para realizar la entrega presencial de la petición. La negativa de acceso impidió que la comitiva llevara a cabo su propósito en las instalaciones legislativas.

Ciudadanos exigen la separación de Enrique Inzunza

La petición ciudadana, impulsada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, reunió cerca de 20 mil firmas mediante la plataforma Change.org.

Los firmantes solicitan que Inzunza se separe de su responsabilidad como senador, en medio de los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La iniciativa también cuestiona la permanencia del legislador en el Senado mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con el caso.

La entrega de las firmas busca que los representantes de las distintas fuerzas políticas se pronuncien sobre la situación del senador y la petición de los ciudadanos.

Paloma Sánchez acompaña la exigencia ciudadana

La senadora Paloma Sánchez acudió a la Cámara Alta para respaldar la entrega de la petición y acompañar a los ciudadanos que solicitaron la separación de Inzunza.

La negativa de acceso se produjo en un contexto de confrontación política por la permanencia del legislador sinaloense en el Senado y las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos.

El impedimento para ingresar al recinto también plantea cuestionamientos sobre los mecanismos de atención a las solicitudes ciudadanas dirigidas a los órganos legislativos.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer las razones oficiales por las que la Mesa Directiva negó el acceso a la comitiva ni si ofreció una alternativa para recibir el documento.

Las acusaciones contra Enrique Inzunza

El senador Enrique Inzunza Cázarez enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en una investigación que también involucra a otros políticos y exfuncionarios de esa entidad.

El legislador ha rechazado las acusaciones. Los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses no constituyen, por sí mismos, una sentencia condenatoria.

Inzunza se separó del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y actualmente permanece en el Senado como legislador independiente. –sn–

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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Día Internacional de la Democracia

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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“El Chapo” y “El Mayo” querían retirarse juntos: Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”

Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, relata a EL UNIVERSAL episodios de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Asegura que él y “El Mayo” Zambada pensaban retirarse y revela que Guzmán soñaba con cantar en la Banda El Recodo, además de otros aspectos de su vida cotidiana #ElChapo #ElMayoZambada #CártelDeSinaloa…

http://fllics.com/zh/video/el-chapo-y-el-mayo-querian-retirarse-juntos-lucero-sanchez-la-chapodiputada/

“El Chapo” y “El Mayo” querían retirarse juntos: Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”

Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, relata a EL UNIVERSAL episodios de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Asegura que él y “El Mayo” Zambada pensaban retirarse y revela que Guzmán soñaba con cantar en la Banda El Recodo, además de otros aspectos de su vida cotidiana #ElChapo #ElMayoZambada #CártelDeSinaloa…

http://fllics.com/zh/video/el-chapo-y-el-mayo-querian-retirarse-juntos-lucero-sanchez-la-chapodiputada/

“El Chapo” y “El Mayo” querían retirarse juntos: Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”

Lucero Sánchez, “La Chapodiputada”, relata a EL UNIVERSAL episodios de su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Asegura que él y “El Mayo” Zambada pensaban retirarse y revela que Guzmán soñaba con cantar en la Banda El Recodo, además de otros aspectos de su vida cotidiana #ElChapo #ElMayoZambada #CártelDeSinaloa…

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Extrema direita da América Latina e Trump fecham acordo contra narcoterrorismo: ‘Um espantalho para poder intervir no continente’

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/09/22/extrema-direita-da-america-latina-e-trump-fecham-acordo-contra-narcoterrorismo-um-espantalho-para-poder-intervir-no-continente/

Extrema direita da América Latina e Trump fecham acordo contra narcoterrorismo: ‘Um espantalho para poder intervir no continente’

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/09/22/extrema-direita-da-america-latina-e-trump-fecham-acordo-contra-narcoterrorismo-um-espantalho-para-poder-intervir-no-continente/

Desaparece ciudadano estadounidense en Culiacán; hallan abandonada su camioneta

José Antonio Castro Meza, ciudadano estadounidense, desapareció en Culiacán el 15 de septiembre. Dos días después, autoridades localizaron abandonada su camioneta cerca del Parque 87 y mantienen la investigación para determinar su paradero.

Por Martín García | Reportero                                      

José Antonio Castro Meza, ciudadano estadounidense de 29 años, permanece desaparecido desde la noche del 15 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, después de ser visto por última vez en la colonia La Campiña. Dos días después, su camioneta fue localizada abandonada cerca del Parque 87, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

El vehículo, una Geely EX2 gris con placas VHL 879E de Sinaloa, fue ubicado sobre la avenida Liberalismo, en la colonia Lázaro Cárdenas. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) acudieron al sitio junto con personal pericial y agentes de investigación para asegurar la unidad y recabar indicios.

La desaparición ocurre mientras Culiacán y otros municipios de Sinaloa mantienen una situación de violencia relacionada con la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, escenario en el que se han registrado homicidios y desapariciones durante los últimos dos años.

¿Cuándo desapareció José Antonio Castro Meza?

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por sus familiares, Castro Meza fue visto por última vez alrededor de las 20:45 horas del martes 15 de septiembre, cuando circulaba por calles de la colonia La Campiña a bordo de su camioneta.

La unidad fue localizada durante la mañana del jueves 17 de septiembre, a un costado del Parque 87. La Fiscalía realizó diligencias en el lugar, pero el ciudadano estadounidense no fue localizado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente dónde se encuentra Castro Meza ni han confirmado las circunstancias en las que ocurrió su desaparición. Tampoco se ha precisado públicamente si existe una denuncia formal, por lo que las investigaciones deberán establecer qué ocurrió después de que fue visto por última vez.

Sinaloa mantiene operativo de seguridad

El caso se registra en un contexto de violencia que ha llevado al gobierno federal a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en Sinaloa. En días recientes se informó sobre el envío de miles de elementos adicionales a la entidad, particularmente a zonas como Mazatlán, mientras continúan los operativos contra grupos delictivos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) mantiene presencia operativa en Culiacán a través de corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional. La dependencia ha llamado a la población a mantenerse alejada de las zonas donde se registren hechos violentos y a utilizar los canales oficiales para mantenerse informada.

La desaparición de Castro Meza se suma a otros casos recientes que involucran a ciudadanos estadounidenses en Culiacán. El 17 de septiembre también fue reportada la desaparición del empresario joyero Luis Mario Zúñiga Ramos, en un hecho distinto ocurrido en el sector Tres Ríos. –sn–

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Por este motivo, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas. Por este motivo, el Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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Cárteles mexicanos subcontratan a grupos criminales en Costa Rica

https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/carteles-mexico-subcontratan-grupo-costa-rica/

¿Qué pasa en Sinaloa? 10 muertos y una marcha por la paz en Culiacán #Sinaloa #Culiacán #México #Mazatlán #ViolenciaEnMéxico #MarchaPorLaPaz #PazEnSinaloa #CartelDeSinaloa #Seguridad #LosChapitos #Actualidad #FelizDomingo #13DeSeptiembre

https://donporque.com/violencia-en-sinaloa-y-marcha-por-la-paz/

Detienen en Sonora a estadounidense con 5 mil 445 cartuchos; la señalan como operadora logística de armamento

Yanet “N”, ciudadana estadounidense, fue detenida en San Luis Río Colorado, Sonora, con 5 mil 445 cartuchos y un vehículo; autoridades la señalan como operadora logística para el trasiego de armamento.

Por Martín García | Reportero                                      

Una ciudadana estadounidense identificada como Yanet “N” fue detenida en San Luis Río Colorado, Sonora, con 5 mil 445 cartuchos y un vehículo, durante un operativo coordinado por autoridades federales que la señalan como operadora logística para el trasiego de armamento en la entidad.

La captura ocurrió en inmediaciones del puente fronterizo entre México y Estados Unidos, durante recorridos de vigilancia y prevención del delito. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El aseguramiento de los cartuchos y el vehículo representa, de acuerdo con las autoridades, una afectación estimada en un millón 655 mil 19 pesos a la estructura operativa y financiera de grupos delictivos.

Detención ocurrió en la frontera de Sonora

Yanet “N” fue localizada mientras personal federal realizaba recorridos disuasivos en la zona fronteriza de San Luis Río Colorado. La operación se realizó mediante coordinación interinstitucional dentro de las acciones de seguridad desplegadas en Sonora.

Información difundida este viernes por el Gabinete de Seguridad señala que la mujer fue identificada como operadora logística para el trasiego de armamento. Reportes periodísticos la relacionan con una facción del Cártel de Sinaloa, aunque su situación jurídica deberá ser determinada por las autoridades ministeriales.

El caso ocurre en una zona fronteriza donde autoridades federales han realizado otros aseguramientos de armas y municiones. En julio pasado, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR aseguraron en San Luis Río Colorado un arsenal que incluía 81 armas de fuego y más de 274 mil cartuchos. –sn–

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Detienen en Desamparados a mujer vinculada con miembros del Cártel de Sinaloa

Una mujer de apellido Madriz fue detenida por el Ministerio de Seguridad Pública la noche de este jueves en Desamparados, ya que estaría ligada al operativo en el que fueron capturados cinco hombres que formarían parte del Cártel de Sinaloa. Madriz también formaría parte de la banda, según las investigaciones de las autoridades, y tiene […]
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#CártelDeSinaloa #Nacionales #Sucesos

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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.

Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Capturan a tres ticos y dos extranjeros vinculados con Cártel de Sinaloa

Tres costarricenses, un peruano y un mexicano fueron detenidos este jueves por autoridades ticas debido a que se sospecha que tendrían relación con el Cártel de Sinaloa. La captura de estos sujetos se dio en un trabajo en conjunto realizado entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la […]
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Capturan a tres ticos y dos extranjeros vinculados con Cártel de Sinaloa

Tres costarricenses, un peruano y un mexicano fueron detenidos este jueves por autoridades ticas debido a que se sospecha que tendrían relación con el Cártel de Sinaloa. La captura de estos sujetos se dio en un trabajo en conjunto realizado entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la […]
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Capturan a tres ticos y dos extranjeros vinculados con Cártel de Sinaloa

Tres costarricenses, un peruano y un mexicano fueron detenidos este jueves por autoridades ticas debido a que se sospecha que tendrían relación con el Cártel de Sinaloa. La captura de estos sujetos se dio en un trabajo en conjunto realizado entre la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la […]
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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Senado formaliza salida de Enrique Inzunza de Morena; queda como senador independiente

El Senado formalizó la salida de Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena, decisión vigente desde el 26 de agosto. El legislador permanecerá como senador independiente tras rechazar señalamientos de autoridades de Estados Unidos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Senado de la República formalizó este martes la separación de Enrique Inzunza Cázarez del Grupo Parlamentario de Morena, por lo que el legislador sinaloense continuará sus funciones como senador independiente. La decisión tiene efectos desde el 26 de agosto de 2026.

La separación se concretó mediante un oficio enviado a Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado, por Nicolás Bellizia Aboaf, secretario técnico de la bancada de Morena. El Pleno únicamente tomó conocimiento de la determinación, al tratarse de una decisión personal del legislador.

¿Cuándo dejó Inzunza la bancada de Morena?

De acuerdo con la notificación presentada ante el Senado, Inzunza dejó de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena con efectos a partir del 26 de agosto.

La decisión había sido comunicada previamente al coordinador morenista en el Senado, Ignacio Mier Velazco. Doce días después, la separación fue formalmente informada a la Mesa Directiva.

El movimiento no implica que Inzunza pierda su escaño. El legislador conserva su condición de senador y participa en los trabajos legislativos como independiente. Incluso, Higinio Martínez había señalado que su salida de Morena no significaba necesariamente que tuviera que abandonar el espacio que ocupa en el Pleno o la presidencia de una comisión.

Inzunza rechaza señalamientos de Estados Unidos

La separación de la bancada ocurrió en medio de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra Inzunza por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El senador reapareció públicamente el 31 de agosto, después de varios meses de ausencia física en el Senado, y rechazó las acusaciones. Afirmó que es inocente y negó tener vínculos con el narcotráfico.

Durante su regreso, Inzunza también pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir las investigaciones relacionadas con su caso y sostuvo que continuará a disposición de las autoridades cuando sea requerido.

Morena pierde a un integrante de su bancada

Con la formalización de la separación, Inzunza deja de contabilizarse como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aunque mantiene su escaño en el Senado.

La decisión se produce mientras la bancada morenista mantiene la mayoría legislativa y busca construir acuerdos con los distintos grupos parlamentarios para sacar adelante reformas durante el nuevo periodo ordinario de sesiones.

El caso también mantiene abierta la discusión política sobre la permanencia de Inzunza en espacios legislativos, luego de que Higinio Martínez señalara que cualquier eventual modificación de sus posiciones en el Senado tendría que ser revisada por la bancada y los órganos correspondientes. –sn–

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Morena retirará a Inzunza presidencia de comisión del Senado

Morena retirará a Enrique Inzunza la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos tras separarse de la bancada. Ignacio Mier confirmó que el Senado formalizará este martes su salida y que la comisión será reasignada en septiembre.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Enrique Inzunza dejará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado después de separarse del grupo parlamentario de Morena, confirmó el coordinador de la bancada, Ignacio Mier.

El pleno del Senado conocerá formalmente este martes la decisión de Inzunza de abandonar la bancada morenista. Mier informó que el grupo parlamentario aplicará el Reglamento del Senado para reasignar la presidencia de la comisión.

El cambio ocurre mientras el senador permanece como legislador sin grupo parlamentario y enfrenta señalamientos formulados desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Inzunza ha rechazado esas acusaciones.

https://youtu.be/S2vNYeGHX8s?t=57

Morena prepara nueva presidencia de Estudios Legislativos

Mier explicó que Morena realizará la reasignación de la presidencia conforme al peso de los grupos parlamentarios y las disposiciones del reglamento de la Cámara alta.

El coordinador morenista señaló que todavía no existe una definición sobre quién ocupará el cargo. La decisión dependerá también de la situación de varios senadores de Morena que actualmente tienen licencia.

Por esa razón, Mier estimó que la redistribución de las presidencias de las comisiones podría concretarse durante la cuarta semana de septiembre.

La Comisión de Estudios Legislativos es uno de los órganos de trabajo del Senado encargados de analizar y dictaminar iniciativas y asuntos relacionados con modificaciones al marco jurídico.

Inzunza se mantiene como senador independiente

La salida de Inzunza de Morena se produjo después de una ausencia prolongada de las actividades legislativas. El senador reapareció públicamente a finales de agosto y rechazó haber alcanzado algún acuerdo con Morena para conservar su posición dentro de la Cámara alta.

En esa reaparición, Inzunza sostuvo que continuaría ejerciendo su cargo como senador y negó ser un “narco legislador”. También solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir la investigación relacionada con los señalamientos en su contra.

El legislador afirmó que durante el periodo en que permaneció alejado de las sesiones estuvo en su rancho, en la casa de sus padres y en su oficina.

También negó conocer a Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos procesados en Estados Unidos. –sn–

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Detienen en Puebla a “El Amarillo”, presunto líder de célula vinculada con “Los Rusos”

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla. Autoridades lo señalan como presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos” y uno de los principales generadores de violencia en Acapulco.

Por Martín García | Reportero                                      

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, fue detenido este jueves en Lomas de Angelópolis, Puebla, junto con dos personas señaladas como sus escoltas.

El detenido era considerado un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia de esa estructura, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero. Las autoridades lo relacionan de manera preliminar con extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, además del tráfico y distribución de drogas.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). También intervino el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades de Puebla y Guerrero.

¿De qué delitos es señalado “El Amarillo”?

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Govén Ulisses “N” está relacionado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y tráfico y distribución de drogas.

Durante el operativo fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de lujo. De manera simultánea, las autoridades mantenían cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones relacionadas con la célula criminal.

Las autoridades de Puebla también mantuvieron un despliegue de seguridad en Lomas de Angelópolis después de la captura, mientras continuaban las diligencias derivadas del operativo.

¿Quiénes son “Los Rusos”?

“Los Rusos” es el nombre con el que autoridades identifican a una estructura criminal con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero, vinculada con una facción del Cártel de Sinaloa. En este caso, las autoridades señalan que Govén Ulisses “N” encabezaba presuntamente una célula relacionada con esa organización.

La detención ocurre después de otros operativos contra integrantes o inmuebles relacionados con “Los Rusos”. El 20 de agosto, autoridades mexicanas aseguraron en Mexicali, Baja California, alrededor de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en un inmueble relacionado con esa estructura, cantidad que las autoridades estimaron equivalente a más de cuatro millones de dosis.

El antecedente forma parte de las acciones recientes contra esta organización, aunque no implica por sí mismo una relación directa entre aquel aseguramiento y la captura de Govén Ulisses “N” en Puebla.

¿Qué sigue para Govén Ulisses “N”?

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades mientras continúan las investigaciones y se determina su situación jurídica.

Los señalamientos por extorsión, secuestro, homicidio y delitos relacionados con drogas corresponden a imputaciones atribuidas por las autoridades y deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes. La detención, por sí misma, no constituye una sentencia de culpabilidad.

La investigación también deberá determinar la situación jurídica de las otras dos personas detenidas durante el operativo y establecer su eventual participación en los hechos investigados. –sn–

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Columna Sociedad | “Hotel La Torre” de Coahuila

¿Qué ocurrió en La Torre cuando dejó de ser hotel y fue señalado como sitio de detención y tortura?, es una de tantas preguntas que las autoridades de Coahuila deberán de responder pronto a la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La Torre nació como símbolo de modernidad. Construida entre 1975 y 1976, formó parte del crecimiento de Saltillo y alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de México 1986, cuando albergó a la selección de Portugal. Décadas después cerró sus puertas y quedó abandonada.

En 2013, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) difundió información proporcionada por la Casa del Migrante de Saltillo sobre 35 migrantes hondureños que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Varias víctimas identificaron el Hotel La Torre como uno de los sitios donde habrían sido detenidas y sometidas a tortura por agentes municipales y elementos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS).

Los testimonios incluyen señalamientos de tratos degradantes como asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. La OMCT también refirió que los migrantes habrían sido detenidos para obtener auto incriminaciones relacionadas con delitos contra la salud. Los testimonios recabados constituyen indicios documentales que merecen una investigación seria y profunda, hasta ahora negada.

Más aún. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado violaciones graves cometidas por corporaciones de seguridad de Coahuila. En 2024 emitió la Recomendación 169VG/2024 por desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles contra 21 personas entre 2013 y 2014. En 2019, otra recomendación, la 25VG/2019, abordó la desaparición forzada de tres personas en Monclova y señaló violaciones al acceso a la justicia y a la verdad.

Hay otro elemento que obliga a mirar el inmueble con mayor atención. Un expediente de derechos humanos relacionado con una desaparición ocurrida en Saltillo en 2013 contiene el testimonio de familiares que buscaron información sobre la víctima en distintos lugares, incluido el Hotel La Torre.

Por este motivo, es relevante que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja haya solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar un análisis de campo y prospección forense en el predio. Además de plantear la preservación y acordonamiento del lugar antes de cualquier acción para demoler, excavar, nivelar o de construcción que pudiera destruir posibles indicios.

El legislador ha citado, además, información obtenida mediante transparencia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), según la cual existirían 127 desapariciones registradas entre 2007 y 2025 en las que habrían sido señaladas la intervención de agentes de corporaciones de seguridad o instituciones gubernamentales de Coahuila.

El gobierno de Manolo Jiménez Salinas tiene la oportunidad, incómoda, de demostrar que la administración de Coahuila cuenta con instituciones de seguridad, procuración de justicia y búsqueda, con capacidad de responder –con pruebas científicas– a las víctimas.

Lo que no resulta aceptable es que un inmueble relacionado con testimonios de víctimas termine convertido en escenario de entretenimiento, proyecto inmobiliario o una simple ruina, antes de que se ubiquen pruebas por la comisión de delitos de agentes del Estado mexicano, según se deriva de las acusaciones formales.

La posibilidad de que durante años hayan existido preguntas documentadas, que hoy existan herramientas para buscar respuestas y que, aun así, las instituciones, o más bien los políticos, prefieran dejar que el tiempo haga lo que ningún investigador debería permitir, borrar las huellas de la verdad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La ingeniería social de salud

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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EU habría retirado visa a Ana Paty Peralta, alcaldesa de Cancún, y a dos familiares

Estados Unidos habría retirado las visas de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro, según información de El Financiero. La alcaldesa negó el reporte y afirmó que su documentación está en orden. La FGR mantiene investigaciones sobre presuntas irregularidades.

Mauricio Ortega | Corresponsal                                         

CANCÚN, Quintana Roo.— Autoridades de Estados Unidos habrían retirado las visas de Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, así como de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, de acuerdo con información publicada por El Financiero y atribuida a fuentes con conocimiento del caso.

La versión se conoció mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con un presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, y supuestos contactos con personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, las autoridades estadunidenses no han hecho públicos los motivos de una eventual cancelación de visas.

La alcaldesa rechazó públicamente el reporte y aseguró que la información sobre ella y su familia es falsa. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que su documentación se encuentra en orden, aunque no se ha hecho pública documentación oficial que permita corroborar el estatus de las visas señaladas en el reporte periodístico.

Investigación federal alcanza al entorno de la alcaldesa

La información difundida por El Financiero señala que una de las líneas de investigación de la FGR busca determinar si recursos, personal o estructuras del municipio de Benito Juárez fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

Otra línea se relaciona con operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada en la investigación periodística por presuntas operaciones de transporte de hidrocarburos mediante ferrotanques. De acuerdo con la información publicada, se investigan operaciones que involucrarían 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de combustible presuntamente introducido de manera irregular.

La investigación también contempla posibles contactos de personas del entorno de la funcionaria con individuos relacionados con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los señalamientos corresponden a líneas de investigación y no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.

Ana Paty Peralta niega el retiro de su visa

Después de que se difundió el reporte, Ana Paty Peralta rechazó los señalamientos y sostuvo que la información publicada sobre ella y su familia es falsa.

“Mi documentación se encuentra en orden”, afirmó en el mensaje difundido en sus redes sociales. La funcionaria también señaló que no entraría en especulaciones ni en polémicas que consideró innecesarias.

La respuesta de la alcaldesa no estuvo acompañada, hasta el momento, de una comunicación pública de las autoridades de Estados Unidos que confirme o desmienta el retiro de las visas. Tampoco se han dado a conocer oficialmente las razones de una eventual medida migratoria.

Las visas y las investigaciones son asuntos distintos

El reporte sobre la situación migratoria de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro coincide temporalmente con las investigaciones federales referidas por El Financiero, pero no existe información pública que permita establecer que la eventual cancelación de las visas esté relacionada directamente con esas indagatorias.

La diferencia resulta relevante: mientras la FGR investiga presuntas irregularidades en México, la decisión migratoria corresponde a autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ninguna de las dos partes ha difundido públicamente información que permita establecer una conexión entre ambos asuntos.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio al gobierno municipal de Benito Juárez y al entorno político de la alcaldesa, en momentos en que Morena desarrolla el proceso interno rumbo a la definición de su candidatura para la gubernatura de Quintana Roo en 2027. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder

Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.

Por Raúl García Araujo

El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.

Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.

En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.

Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.

Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.

La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.

En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.

Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.

En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.

No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.

La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.

En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.

Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.

Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».

La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.

No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.

En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.

También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.

El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.

Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.

La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.

El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.

Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.

Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.

Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.

Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.

En Cortito

Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.

La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.

El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.

El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.

A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.

Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.

La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.

La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.

Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027

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DEA revela cooperación con México para detener a operador financiero de “Los Chapitos”

La DEA informó que trabajó con autoridades mexicanas para identificar a Salvador “N”, señalado como presunto operador financiero de Los Chapitos. Terry Cole reconoció la cooperación con Omar García Harfuch para afectar las redes financieras vinculadas al Cártel de Sinaloa. #LosChapitos #DEA #CartelDeSinaloa #ElUniversal …

https://fllics.com/en/video/dea-revela-cooperacion-con-mexico-para-detener-a-operador-financiero-de-los-chapitos/

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La DEA, cómo opera la agencia antidrogas de Estados Unidos en México y el mundo

La DEA nació en 1973 para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos. Con miles de empleados y presencia internacional, hoy investiga cárteles, controla sustancias, analiza inteligencia y mantiene una relación estratégica con México.

Por Martín García | Reportero                                      

La Administración para el Control de Drogas (DEA) es la principal agencia federal de Estados Unidos dedicada a combatir el tráfico ilícito de drogas y hacer cumplir las leyes estadunidenses sobre sustancias controladas. Creada el 1 de julio de 1973, forma parte del Departamento de Justicia y actualmente emplea a aproximadamente 10 mil personas en funciones que incluyen investigación criminal, inteligencia, ciencias forenses, control de medicamentos y operaciones internacionales.

Su importancia para México va mucho más allá de la persecución de cargamentos de drogas. La agencia participa en investigaciones transnacionales contra organizaciones criminales, intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas con autoridades mexicanas, identificación de redes financieras y persecución de dirigentes de organizaciones que trafican fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y otras sustancias hacia Estados Unidos.

La relación bilateral ha producido algunos de los casos más relevantes de la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico, pero también ha estado marcada por episodios de tensión, controversias y diferencias sobre los límites de la cooperación entre autoridades de ambos países.

¿Qué significa DEA y qué es exactamente?

DEA son las siglas en inglés de Drug Enforcement Administration, que en español se conoce como Administración para el Control de Drogas.

No es una corporación policial local ni una fuerza militar. Es una agencia federal especializada del Departamento de Justicia estadunidense. Su titular, el administrador, es designado por el presidente de Estados Unidos y debe ser confirmado por el Senado.

Su misión central consiste en hacer cumplir las leyes federales estadunidenses sobre sustancias controladas y llevar ante la justicia a organizaciones y personas involucradas en el cultivo, fabricación o distribución ilícita de drogas destinadas al mercado estadunidense o relacionadas con éste.

La propia DEA explica que su misión también incluye recomendar y apoyar programas no relacionados directamente con la aplicación de la ley que busquen reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas.

Por ello, la DEA no solamente arresta narcotraficantes. Su trabajo comprende inteligencia, investigación financiera, análisis químico, control de sustancias, investigación de medicamentos desviados del mercado legal, cooperación internacional y apoyo a fiscales y otras agencias de seguridad.

¿Por qué se creó la DEA?

La DEA surgió en un momento en que el gobierno estadunidense consideraba que la lucha contra las drogas estaba fragmentada entre varias dependencias.

Antes de 1973 existían distintas instituciones con responsabilidades relacionadas con los narcóticos y las drogas peligrosas. Entre ellas se encontraba la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), además de funciones desarrolladas por el Servicio de Aduanas y otras dependencias federales.

La administración del presidente Richard Nixon consideró que la división de responsabilidades provocaba problemas de coordinación, competencia entre agencias y deficiencias en la obtención y distribución de inteligencia.

En 1973, Nixon presentó ante el Congreso el Plan de Reorganización número 2 con la propuesta de concentrar las principales funciones federales contra las drogas en una sola agencia.

El 1 de julio de 1973 nació oficialmente la DEA. La nueva organización absorbió a la BNDD y a los agentes antidrogas del Servicio de Aduanas, con la intención de crear una estructura federal especializada y coordinada.

El planteamiento de fondo era sencillo: las organizaciones criminales no respetaban las fronteras entre agencias, mientras que la estructura gubernamental sí estaba dividida.

La nueva DEA recibió una misión nacional, pero desde su nacimiento tuvo una dimensión internacional debido a que buena parte de las drogas consumidas en Estados Unidos eran producidas o transportadas fuera de su territorio.

Los antecedentes: antes de 1973

La historia de la DEA no comenzó realmente en 1973.

El gobierno estadunidense había creado décadas antes distintas instituciones para combatir el tráfico de narcóticos. La experiencia acumulada por esas organizaciones permitió construir las capacidades de investigación, inteligencia y control de sustancias que posteriormente heredó la DEA.

Uno de los antecedentes más importantes fue el Federal Bureau of Narcotics, creado en 1930.

Posteriormente, el gobierno estadunidense reorganizó sus instituciones y creó la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que funcionó desde 1968 hasta la creación de la DEA.

La agencia también heredó capacidades de inteligencia. Desde el mismo 1 de julio de 1973 comenzó a funcionar su programa de inteligencia, considerado esencial para identificar las estructuras, vulnerabilidades, rutas y métodos utilizados por las organizaciones de tráfico de drogas.

Una agencia que cambió con el narcotráfico

Durante sus primeros años, la DEA enfrentó principalmente redes dedicadas al tráfico de heroína, cocaína, marihuana y otras drogas.

Con el paso de las décadas, las organizaciones criminales se volvieron más sofisticadas y diversificaron sus actividades.

La DEA comenzó a investigar no solamente a quienes transportaban las drogas, sino también a productores, intermediarios, operadores financieros, empresas fachada, lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y estructuras encargadas de controlar rutas internacionales.

El desarrollo de las tecnologías digitales modificó nuevamente el trabajo de la agencia.

Actualmente las investigaciones pueden involucrar comunicaciones cifradas, operaciones financieras internacionales, criptomonedas, redes sociales, análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos, además de métodos tradicionales de inteligencia humana.

¿Quiénes integran la DEA?

La DEA no está formada exclusivamente por agentes armados.

La propia agencia señala que su fuerza laboral está integrada por agentes especiales, investigadores de desvío, científicos forenses, especialistas de inteligencia y personal profesional y de apoyo.

La plantilla ronda actualmente las 10 mil personas en todo el mundo.

Agentes especiales

Son los investigadores encargados de desarrollar buena parte de las operaciones criminales.

Sus funciones incluyen reunir evidencia, investigar organizaciones de tráfico de drogas, realizar detenciones, ejecutar órdenes judiciales, decomisar bienes y coordinar investigaciones con otras autoridades.

También trabajan con autoridades extranjeras cuando una investigación rebasa las fronteras estadunidenses.

Investigadores de desvío

Una de las funciones menos conocidas de la DEA es vigilar que medicamentos y sustancias químicas de uso legal no terminen en manos de organizaciones criminales.

Estos investigadores trabajan con la industria farmacéutica, distribuidores, médicos, farmacias y empresas relacionadas con sustancias reguladas.

La División de Control de Desvío tiene la responsabilidad de prevenir, detectar e investigar el desvío de medicamentos controlados y sustancias químicas desde fuentes legales hacia mercados ilícitos, sin impedir el suministro legítimo para necesidades médicas, científicas y comerciales.

Especialistas en inteligencia

Analizan información procedente de investigaciones, operaciones, fuentes humanas, documentos, comunicaciones y otras bases de datos para identificar estructuras criminales.

La inteligencia permite conocer quién dirige una organización, cómo se financia, cuáles son sus rutas y qué personas funcionan como operadores, distribuidores o intermediarios.

Científicos forenses

Los laboratorios de la DEA analizan sustancias decomisadas y otras evidencias.

Los químicos forenses determinan la composición de las drogas, aportan evidencia para los procesos judiciales y producen información que ayuda a identificar tendencias del mercado ilícito.

Personal especializado

La agencia también requiere abogados, especialistas financieros, personal tecnológico, expertos en informática, administración, recursos humanos, comunicaciones y otras áreas.

En investigaciones modernas, incluso los análisis financieros y digitales pueden ser tan importantes como la incautación física de una droga.

¿Dónde opera la DEA?

La DEA comenzó como una agencia estadunidense, pero actualmente tiene una estructura internacional.

Documentos presupuestarios de la agencia han señalado más de 300 oficinas en todo el mundo, con decenas de oficinas fuera de Estados Unidos. La organización también opera mediante divisiones regionales y oficinas residentes.

En operaciones recientes, la DEA ha señalado la participación de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras, lo que muestra la dimensión internacional que alcanzó la agencia.

La presencia internacional no significa que los agentes de la DEA tengan facultades policiales ilimitadas en otros países.

Su actividad en territorio extranjero depende del marco jurídico, la cooperación y las autoridades del país anfitrión. En México, por ejemplo, las investigaciones requieren coordinación con instituciones mexicanas cuando las acciones corresponden a jurisdicción mexicana.

¿Quién dirige actualmente la DEA?

Desde el 23 de julio de 2025, el administrador de la DEA es Terrance C. “Terry” Cole, quien fue confirmado por el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo.

Cole es un veterano de las fuerzas de seguridad estadunidenses con más de tres décadas de servicio público.

Como administrador, encabeza la estrategia nacional e internacional de la agencia y responde ante la estructura del Departamento de Justicia.

Durante 2025 y 2026, la dirección de Cole ha colocado en el centro de la estrategia a las organizaciones criminales transnacionales y, particularmente, a las redes relacionadas con el fentanilo.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron nuevas acusaciones contra dirigentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ocho fugitivos señalados como dirigentes u operadores de alto nivel.

Las fechas simbólicas de la DEA

1 de julio de 1973: nacimiento de la DEA

Es la fecha fundamental de la agencia.

Ese día entró en vigor la reorganización federal que creó la Administración para el Control de Drogas.

7 de febrero de 1985: desaparición de Enrique Camarena

El agente especial Enrique “Kiki” Camarena, asignado a la oficina de la DEA en Guadalajara, fue secuestrado por integrantes de una organización criminal.

Camarena había ingresado a la DEA en 1974 y había sido trasladado a Guadalajara en 1981.

5 de marzo de 1985: hallazgo del cuerpo de Camarena

El cuerpo del agente fue localizado en marzo de 1985.

Su asesinato se convirtió en uno de los episodios más trascendentes de la historia de la DEA y dio paso a una de las investigaciones más importantes de la agencia.

3 de mayo de 1985: Operación Leyenda

La DEA creó la Operación Leyenda para investigar el secuestro y asesinato de Camarena y llevar ante la justicia a los responsables.

La investigación se prolongó durante años y se convirtió, según los archivos históricos de la DEA, en la mayor investigación de homicidio emprendida por la agencia hasta ese momento.

23 al 31 de octubre: Semana del Listón Rojo

El asesinato de Camarena también dio origen a una de las campañas de prevención de drogas más conocidas en Estados Unidos.

La Semana del Listón Rojo comenzó a nivel nacional en 1988 y se celebra cada año del 23 al 31 de octubre. La DEA señala que millones de jóvenes y adultos participan en actividades relacionadas con la prevención del consumo de drogas.

28 de abril de 1999: apertura de la Academia de la DEA

La Academia de Entrenamiento de la DEA abrió sus instalaciones en Quantico, Virginia, en 1999.

Ahí se preparan agentes especiales y otros especialistas de la organización.

La capacitación comprende investigación criminal, armas, tácticas, inteligencia, ciencias forenses, control de sustancias, laboratorios clandestinos y operaciones internacionales.

2023: 50 años

La DEA conmemoró medio siglo de existencia el 1 de julio de 2023.

La fecha permitió revisar cinco décadas de evolución de la agencia y de transformación del mercado internacional de drogas.

¿Qué obligaciones tiene la DEA?

La responsabilidad principal de la DEA consiste en aplicar las leyes estadunidenses relacionadas con sustancias controladas.

En términos prácticos, sus obligaciones incluyen:

• Investigar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
• Identificar y perseguir a sus principales integrantes.
• Investigar redes de producción y distribución.
• Combatir el lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
• Decomisar drogas, dinero, armas y otros bienes vinculados con delitos.
• Investigar el desvío de medicamentos controlados.
• Analizar sustancias mediante laboratorios forenses.
• Generar inteligencia sobre organizaciones criminales.
• Cooperar con otras agencias estadunidenses.
• Cooperar con autoridades extranjeras.
• Apoyar investigaciones y procesos judiciales.
• Identificar nuevas amenazas relacionadas con drogas sintéticas.
• Participar en programas de prevención y reducción de disponibilidad de drogas ilícitas.

La DEA también participa en grupos operativos con autoridades estatales y locales. Estos mecanismos permiten combinar recursos federales con policías de otras jurisdicciones.

¿Qué no puede hacer la DEA?

Una confusión frecuente consiste en pensar que la DEA puede detener o investigar libremente a cualquier persona en cualquier país.

No funciona así.

La DEA es una agencia estadunidense y su autoridad deriva de la legislación de Estados Unidos.

Cuando una investigación se desarrolla en otro país, la agencia depende de mecanismos de cooperación internacional, acuerdos, autoridades del país anfitrión y procedimientos legales aplicables.

En México, las autoridades mexicanas mantienen la jurisdicción correspondiente sobre las acciones realizadas en territorio nacional.

Por ello, la cooperación DEA-México puede involucrar intercambio de información, investigaciones paralelas, coordinación operativa, capacitación y apoyo a procesos de extradición, pero no convierte a la DEA en una autoridad mexicana.

¿Para qué sirve la DEA?

La respuesta más sencilla es que la DEA busca desmantelar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas en Estados Unidos.

Pero su estrategia actual es más amplia.

La agencia intenta atacar la cadena completa.

Eso incluye al productor, al proveedor de precursores químicos, al laboratorio clandestino, al transportista, al distribuidor, al lavador de dinero, al proveedor de armas y a los dirigentes de la organización.

En el caso de las drogas sintéticas, esta estrategia adquiere especial relevancia porque las organizaciones pueden producir grandes cantidades de sustancias utilizando relativamente poco volumen físico de precursores.

La DEA y México: una relación construida durante décadas

México ocupa un lugar central en la estrategia internacional de la DEA debido a la importancia de las organizaciones criminales mexicanas dentro de las investigaciones estadunidenses sobre tráfico de drogas.

La relación comenzó mucho antes de la crisis actual del fentanilo.

Durante décadas, la DEA y autoridades mexicanas han trabajado en investigaciones relacionadas con marihuana, heroína, cocaína, metanfetamina y posteriormente opioides sintéticos.

La cooperación ha involucrado a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones mexicanas.

Documentos de la DEA registran operaciones desarrolladas conjuntamente con autoridades mexicanas y señalan que sus oficinas en México han participado en investigaciones contra organizaciones transnacionales.

La infraestructura de la DEA en México ha incluido una oficina de país en ciudad de México y oficinas residentes en distintas ciudades, entre ellas puntos fronterizos y regiones consideradas relevantes para las investigaciones contra organizaciones criminales.

Enrique Camarena: el caso que cambió la relación

La historia de la DEA en México no puede entenderse sin el caso de Enrique Camarena.

Camarena era agente de la DEA en Guadalajara cuando fue secuestrado el 7 de febrero de 1985.

La investigación estadunidense concluyó que había sido capturado por integrantes de organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.

Después de su asesinato, la DEA desarrolló la Operación Leyenda.

El caso fue especialmente delicado porque el crimen ocurrió en territorio mexicano y la investigación involucró a narcotraficantes y funcionarios mexicanos.

La propia documentación histórica de la DEA reconoce que esa circunstancia convirtió la investigación en una operación particularmente compleja.

El asesinato de Camarena dejó además una huella institucional. Desde entonces su nombre quedó asociado a la lucha contra las drogas dentro de la DEA y a las campañas de prevención estadunidenses.

El caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Otro episodio fundamental de la relación DEA-México fue la persecución de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.

La captura de Guzmán en Mazatlán en 2014 involucró cooperación entre autoridades mexicanas y estadunidenses.

Posteriormente fue recapturado y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Documentación de la DEA señala que agentes estadunidenses participaron en la coordinación de investigaciones y operaciones con autoridades mexicanas.

Guzmán fue declarado culpable en Estados Unidos y recibió cadena perpetua más 30 años de prisión.

Ismael “El Mayo” Zambada

El 25 de julio de 2024 ocurrió otro de los episodios más importantes de la historia reciente.

Ismael “El Mayo” Zambada, identificado por autoridades estadunidenses como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.

La DEA había colocado a Zambada entre sus objetivos prioritarios durante años.

En declaraciones posteriores, la agencia consideró su detención un golpe importante contra la estructura del Cártel de Sinaloa.

El caso generó además una fuerte discusión sobre la forma en que ocurrió la llegada de ambos hombres a Estados Unidos y sobre el grado de participación de autoridades mexicanas.

Ovidio Guzmán y la extradición

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue extraditado de México a Estados Unidos en 2023.

En julio de 2025 se declaró culpable en una corte federal de Chicago de cargos relacionados con conspiración para traficar drogas y participación en una empresa criminal continua.

El caso constituye otro ejemplo de cómo las investigaciones desarrolladas durante años por autoridades estadunidenses y mexicanas pueden terminar con un proceso judicial en Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos en la estrategia actual

La DEA identifica actualmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como dos de las organizaciones mexicanas centrales en la crisis de drogas sintéticas que enfrenta Estados Unidos.

La agencia sostiene que ambas organizaciones participan en redes internacionales de producción, tráfico y distribución de fentanilo y otras drogas.

En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta clasificación cambió el marco político y jurídico bajo el cual Estados Unidos aborda a esos grupos y amplió las herramientas disponibles contra sus estructuras financieras y operativas.

El fentanilo cambió la prioridad de la DEA

Durante décadas, la cocaína, la heroína y la marihuana ocuparon lugares centrales en las investigaciones de la agencia.

El fentanilo modificó esa prioridad.

La DEA sostiene que las organizaciones criminales mexicanas se encuentran en el centro de las redes que producen y trasladan fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Datos de la agencia indican que durante 2025 incautó más de 47 millones de pastillas de fentanilo y casi 10 mil libras de fentanilo en polvo. La propia DEA calculó que esas incautaciones representaron cientos de millones de dosis potencialmente letales que fueron retiradas del mercado ilícito.

La agencia también ha advertido sobre la evolución de las organizaciones criminales hacia nuevas formas de producción y distribución.

El dinero: una segunda batalla

Una investigación contra narcotráfico ya no termina necesariamente cuando se decomisa una droga.

La DEA busca seguir el dinero.

Las organizaciones criminales necesitan convertir las ganancias del tráfico en recursos utilizables y transferibles.

Por ello, las investigaciones actuales incluyen empresas fachada, transferencias internacionales, operaciones en efectivo, criptomonedas, prestanombres y mecanismos para mover las ganancias entre países.

La propia DEA ha creado equipos especializados para analizar las estructuras financieras de las organizaciones criminales transnacionales. En investigaciones contra el Cártel de Sinaloa se han identificado redes que trasladan las ganancias del tráfico desde Estados Unidos hacia México.

Un ejemplo reciente de la cooperación México-Estados Unidos

En enero de 2026, Estados Unidos recibió de México a 37 fugitivos mexicanos reclamados por distintos delitos federales.

Entre los acusados había personas vinculadas, según las autoridades estadunidenses, con el Cártel de Sinaloa, el CJNG y otras organizaciones criminales.

Los cargos incluían narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas y otros delitos.

La DEA señaló que el traslado fue resultado de la cooperación con el gobierno mexicano.

El episodio mostró hasta qué punto la cooperación bilateral puede traducirse en procesos judiciales en Estados Unidos.

El CJNG, uno de los principales objetivos actuales

La estrategia de la DEA también se ha concentrado en el CJNG.

En septiembre de 2025, una operación coordinada en 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras produjo 670 detenciones, además del aseguramiento de más de 1.1 millones de pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína y otras sustancias, de acuerdo con la DEA.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron nuevas acusaciones contra ocho fugitivos relacionados con el CJNG y recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que permita capturarlos o condenarlos.

La DEA frente a las autoridades mexicanas

La relación entre la DEA y México no puede reducirse a una subordinación de una autoridad frente a otra.

Se trata de dos sistemas jurídicos diferentes.

México tiene sus propias instituciones de seguridad y procuración de justicia. Estados Unidos tiene sus agencias federales, entre ellas la DEA.

La cooperación ocurre cuando existen investigaciones de interés común.

En determinados casos, autoridades mexicanas pueden proporcionar información o ejecutar acciones dentro de México, mientras agentes estadunidenses trabajan el componente correspondiente en Estados Unidos.

Una investigación puede comenzar con una organización mexicana, identificar una red financiera en Estados Unidos, localizar distribuidores en varias ciudades estadunidenses y terminar con acusaciones federales.

El carácter transnacional del narcotráfico obliga a que las investigaciones también lo sean.

¿Por qué México es tan importante para la DEA?

La respuesta está en la geografía, la economía y la estructura de los mercados ilícitos.

México comparte una frontera de aproximadamente 3 mil 145 kilómetros con Estados Unidos y mantiene uno de los mayores intercambios comerciales del mundo con ese país.

Para las organizaciones criminales, la frontera representa acceso al mercado estadunidense.

Para la DEA, México constituye un punto estratégico para investigar organizaciones que producen, transportan, financian y distribuyen drogas hacia Estados Unidos.

La situación también es bidireccional.

Las organizaciones criminales mexicanas operan en territorio estadunidense y las armas utilizadas por grupos criminales en México tienen, en numerosos casos, origen estadunidense.

Por ello, el narcotráfico y el tráfico de armas forman parte de una misma discusión bilateral.

Una agencia que también enfrenta controles

La DEA no opera sin supervisión.

Forma parte del Departamento de Justicia y está sujeta a controles administrativos, judiciales, presupuestarios y legislativos.

Además, sus actuaciones pueden ser revisadas por organismos de supervisión.

En junio de 2026, el administrador Terrance Cole solicitó al inspector general del Departamento de Justicia una revisión independiente de las acciones de la DEA relacionadas con una investigación que había generado acusaciones públicas. Cole señaló que la revisión debía realizarse sobre la base de los hechos y no de especulaciones.

El episodio muestra una característica importante de cualquier agencia federal con amplias facultades: sus operaciones están sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.

La DEA en perspectiva: 53 años de historia

Desde su creación el 1 de julio de 1973 hasta 2026, la DEA ha pasado de combatir redes relativamente convencionales de narcotráfico a enfrentar organizaciones criminales globalizadas.

Su transformación puede dividirse en varias etapas:

1973-1980: consolidación de la nueva agencia y construcción de su sistema de inteligencia.

Década de 1980: expansión de las investigaciones internacionales y confrontación con grandes organizaciones latinoamericanas de tráfico de drogas.

Década de 1990: fortalecimiento de las investigaciones financieras y persecución de grandes estructuras internacionales.

2000-2010: crecimiento de las redes transnacionales y aumento de las investigaciones conjuntas.

2010-2020: expansión de organizaciones mexicanas y colombianas, así como crecimiento del mercado de metanfetamina y opioides.

2020-2026: el fentanilo, las drogas sintéticas, los precursores químicos, las redes financieras y las tecnologías digitales se convierten en elementos centrales de las investigaciones.

La DEA que existe hoy

Más de cinco décadas después de su creación, la DEA conserva la misma misión básica: aplicar las leyes estadunidenses sobre sustancias controladas y combatir las organizaciones que alimentan el mercado ilícito.

Pero el enemigo cambió.

Ya no se trata solamente de localizar un cargamento.

Las investigaciones modernas intentan reconstruir organizaciones completas: quién produce, quién compra los precursores, quién fabrica, quién transporta, quién distribuye, quién cobra, quién lava el dinero y quién dirige la estructura.

En ese modelo, México ocupa una posición estratégica.

La DEA mantiene oficinas y personal especializado en el país, mientras sus investigaciones se cruzan con las operaciones de autoridades mexicanas y con procesos judiciales que pueden desarrollarse en ambos lados de la frontera.

Los casos de Camarena, Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, Ismael “El Mayo” Zambada y las investigaciones actuales contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG muestran la evolución de esa relación.

La historia de la DEA, por tanto, también es parte de la historia de la política antidrogas de Estados Unidos y de su relación con México: una relación marcada por cooperación, intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas, extradiciones y resultados judiciales, pero también por las diferencias que inevitablemente surgen cuando dos países enfrentan un fenómeno criminal que no reconoce fronteras. –sn–

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Hernán Geovani Ojeda Elenes se declara culpable de fabricar toneladas de fentanilo para EU

Hernán Geovani Ojeda Elenes se declaró culpable en Estados Unidos de fabricar e importar toneladas de fentanilo para su distribución, con precursores adquiridos en China. Enfrenta una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua.

Por Martín García | Reportero                                      

Hernán Geovani Ojeda Elenes, ciudadano mexicano de 48 años y originario de Culiacán, Sinaloa, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo destinado a su importación ilegal, así como de conspirar para distribuir sustancias químicas incluidas en una lista de precursores utilizados para producir drogas controladas.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Ojeda Elenes admitió haber participado durante varios años en la fabricación de fentanilo en México y en su posterior introducción a Estados Unidos para distribución y venta. La acusación señala que entre 2019 y 2024 operó una organización de narcotráfico asentada en Sinaloa junto con su padre, Hernán Domingo Ojeda López, y otras personas.

El caso adquiere relevancia por la magnitud de la producción reconocida por el acusado: los documentos judiciales señalan que fue responsable de la elaboración y distribución de varias toneladas métricas de fentanilo durante la conspiración. Para producirlo, adquirió precursores químicos de empresas chinas y los trasladó hasta un laboratorio instalado en México.

Precursores químicos llegaban desde China

Entre las sustancias adquiridas por Ojeda Elenes figuraron 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina, compuestos que, según los documentos judiciales, fueron enviados desde empresas chinas hasta el laboratorio que operaba en México.

El acusado reconoció que utilizó esos productos para fabricar fentanilo y que posteriormente él y otros integrantes de la organización introdujeron la droga a Estados Unidos con fines de distribución y venta.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, sostuvo que la organización fabricó e importó grandes cantidades de fentanilo y afirmó que el caso demuestra que las autoridades estadounidenses continuarán persiguiendo a quienes produzcan y trafiquen drogas hacia ese país.

Por su parte, Brian Clark, jefe adjunto de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA), señaló que Ojeda Elenes fabricó fentanilo para el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la posición expresada por la agencia estadounidense.

Enfrenta hasta cadena perpetua

La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza federal Ana C. Reyes. Hasta este jueves no se había establecido una fecha para dictar sentencia.

Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. La sentencia será determinada por el tribunal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.

El acusado fue trasladado de México a Estados Unidos en enero de 2026 con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El gobierno estadounidense agradeció al gobierno federal mexicano su colaboración para garantizar la presencia de Ojeda Elenes ante los tribunales de ese país.

La DEA y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen la investigación. Los fiscales Erik Cervantes y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, están a cargo del proceso judicial.

Ojeda Elenes había sido incluido entre los 37 presuntos integrantes de organizaciones criminales trasladados de México a Estados Unidos en enero de 2026. Reportes publicados entonces lo identificaron con el alias de “Inge” y señalaron que enfrentaba acusaciones relacionadas con tráfico de drogas. –sn–

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Imelda Castro se deslinda de Rocha Moya e Inzunza y pide que enfrenten investigaciones sin fuero

Imelda Castro, nueva coordinadora de Morena en Sinaloa, pidió a Enrique Inzunza solicitar licencia y cuestionó la permanencia de Rubén Rocha Moya ante los señalamientos de Estados Unidos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Imelda Castro Castro, recién designada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sinaloa, tomó distancia política de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, ambos señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. La morenista sostuvo que cada funcionario debe asumir las consecuencias de sus decisiones y pidió a Inzunza solicitar licencia al Senado.

La senadora con licencia cuestionó que Enrique Inzunza haya decidido separarse de la bancada de Morena, pero conservar su escaño como legislador independiente. Consideró que esa decisión no sustituye la solicitud de licencia y planteó que debe enfrentar las investigaciones sin la protección del fuero constitucional.

Las declaraciones ocurrieron el mismo día en que Castro Castro asumió la coordinación estatal de la 4T en Sinaloa, posición que la coloca como una de las principales figuras de Morena rumbo al proceso electoral de 2027. Su nombramiento ocurrió en medio de la crisis política provocada por los señalamientos contra integrantes del grupo político que encabezó el gobierno estatal.

Imelda Castro cuestiona a Enrique Inzunza

Castro Castro sostuvo que Inzunza debió solicitar licencia desde el 29 de abril, cuando autoridades estadounidenses hicieron públicas las acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

“Lo congruente es que pida licencia, esté donde esté, el partido político, grupo parlamentario que sea”, afirmó la morenista, quien también cuestionó: “¿Por qué aferrarse al fuero constitucional?”.

La postura de Castro se produjo horas después de que Inzunza anunció su salida de la bancada de Morena para continuar como senador independiente. El legislador mantendrá su cargo hasta 2030, de acuerdo con reportes sobre su decisión.

Castro marca distancia de Rocha Moya

La nueva coordinadora estatal también se refirió a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien fue señalado por autoridades estadounidenses de presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en abril de 2026 una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y sostiene que tienen una motivación política.

En este contexto, Castro Castro sostuvo que Rocha Moya debe hacerse responsable de sus actos y que las investigaciones deben continuar para determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la legislación mexicana.

La postura representa un cambio en el escenario político de Morena en Sinaloa. Castro respaldó públicamente a Rocha Moya durante el proceso que llevó a su candidatura a la gubernatura en 2021; sin embargo, ahora encabeza la nueva estructura estatal del partido después de la crisis política que ha afectado al grupo que gobernó la entidad.

Morena perfila a Castro rumbo a 2027

La designación de Castro Castro como coordinadora estatal ocurrió el 26 de agosto y es considerada por Morena como un paso previo a la definición de su candidatura para la gubernatura de Sinaloa en 2027.

Con el nombramiento, la senadora con licencia asumió la tarea de reorganizar la estructura política de Morena en la entidad y conducir al partido en una nueva etapa, marcada por las acusaciones contra funcionarios vinculados al anterior grupo gobernante.

Castro Castro también afirmó que su trayectoria política es limpia y sostuvo que la honestidad será uno de los principales activos para conducir los trabajos de Morena en Sinaloa. –sn–

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Carteles internacionales buscan logística en Costa Rica para mover la droga

Grupos narco en Costa Rica se encargan de dar los servicios logísticos a grandes carteles mexicanos y colombianos sin que medie ningún tipo de lealtad, así lo explicó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Michael Soto. Soto explicó que estos sujetos no necesariamente pertenecen de forma directa o jerárquica a dicho cártel, […]
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#ClanDelGolfo #CrimenOrganizado #CártelDeSinaloa #CártelJaliscoNuevaGeneración #Judiciales #Nacionales #Sucesos #VisualB2

https://crhoy.com/carteles-internacionales-buscan-logistica-en-costa-rica-para-mover-la-droga/

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

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Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

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Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

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Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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Autoridades federales capturaron a Gabriel “N”, alias Gabito, presunto integrante del Cártel de Sinaloa vinculado al secuestro y asesinato de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver ocurrido en enero en Concordia.

#Sinaloa #Seguridad #VizslaSilver #CartelDeSinaloa #Mexico

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Captura relevante. 👮‍♂️ Detienen en territorio nacional a un familiar directo de "El Chapo" Guzmán requerido por la justicia estadounidense. Conoce los detalles del operativo y su situación legal actual aquí. 👇 #CártelDeSinaloa #ÚltimaHora #JusticiaMx #SeguridadNacional
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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias                                      

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

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