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Detienen en Puebla a “El Amarillo”, presunto líder de célula vinculada con “Los Rusos”

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla. Autoridades lo señalan como presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos” y uno de los principales generadores de violencia en Acapulco.

Por Martín García | Reportero                                      

Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado por autoridades federales como presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, fue detenido este jueves en Lomas de Angelópolis, Puebla, junto con dos personas señaladas como sus escoltas.

El detenido era considerado un objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia de esa estructura, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero. Las autoridades lo relacionan de manera preliminar con extorsión, secuestro y privación ilegal de la libertad, homicidio, además del tráfico y distribución de drogas.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). También intervino el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y autoridades de Puebla y Guerrero.

¿De qué delitos es señalado “El Amarillo”?

De acuerdo con la información difundida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Govén Ulisses “N” está relacionado con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y tráfico y distribución de drogas.

Durante el operativo fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de lujo. De manera simultánea, las autoridades mantenían cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones relacionadas con la célula criminal.

Las autoridades de Puebla también mantuvieron un despliegue de seguridad en Lomas de Angelópolis después de la captura, mientras continuaban las diligencias derivadas del operativo.

¿Quiénes son “Los Rusos”?

“Los Rusos” es el nombre con el que autoridades identifican a una estructura criminal con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero, vinculada con una facción del Cártel de Sinaloa. En este caso, las autoridades señalan que Govén Ulisses “N” encabezaba presuntamente una célula relacionada con esa organización.

La detención ocurre después de otros operativos contra integrantes o inmuebles relacionados con “Los Rusos”. El 20 de agosto, autoridades mexicanas aseguraron en Mexicali, Baja California, alrededor de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo en un inmueble relacionado con esa estructura, cantidad que las autoridades estimaron equivalente a más de cuatro millones de dosis.

El antecedente forma parte de las acciones recientes contra esta organización, aunque no implica por sí mismo una relación directa entre aquel aseguramiento y la captura de Govén Ulisses “N” en Puebla.

¿Qué sigue para Govén Ulisses “N”?

El detenido quedó bajo custodia de las autoridades mientras continúan las investigaciones y se determina su situación jurídica.

Los señalamientos por extorsión, secuestro, homicidio y delitos relacionados con drogas corresponden a imputaciones atribuidas por las autoridades y deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes. La detención, por sí misma, no constituye una sentencia de culpabilidad.

La investigación también deberá determinar la situación jurídica de las otras dos personas detenidas durante el operativo y establecer su eventual participación en los hechos investigados. –sn–

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Columna Sociedad | “Hotel La Torre” de Coahuila

¿Qué ocurrió en La Torre cuando dejó de ser hotel y fue señalado como sitio de detención y tortura?, es una de tantas preguntas que las autoridades de Coahuila deberán de responder pronto a la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La Torre nació como símbolo de modernidad. Construida entre 1975 y 1976, formó parte del crecimiento de Saltillo y alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de México 1986, cuando albergó a la selección de Portugal. Décadas después cerró sus puertas y quedó abandonada.

En 2013, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) difundió información proporcionada por la Casa del Migrante de Saltillo sobre 35 migrantes hondureños que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Varias víctimas identificaron el Hotel La Torre como uno de los sitios donde habrían sido detenidas y sometidas a tortura por agentes municipales y elementos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS).

Los testimonios incluyen señalamientos de tratos degradantes como asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. La OMCT también refirió que los migrantes habrían sido detenidos para obtener auto incriminaciones relacionadas con delitos contra la salud. Los testimonios recabados constituyen indicios documentales que merecen una investigación seria y profunda, hasta ahora negada.

Más aún. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado violaciones graves cometidas por corporaciones de seguridad de Coahuila. En 2024 emitió la Recomendación 169VG/2024 por desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles contra 21 personas entre 2013 y 2014. En 2019, otra recomendación, la 25VG/2019, abordó la desaparición forzada de tres personas en Monclova y señaló violaciones al acceso a la justicia y a la verdad.

Hay otro elemento que obliga a mirar el inmueble con mayor atención. Un expediente de derechos humanos relacionado con una desaparición ocurrida en Saltillo en 2013 contiene el testimonio de familiares que buscaron información sobre la víctima en distintos lugares, incluido el Hotel La Torre.

Por este motivo, es relevante que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja haya solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar un análisis de campo y prospección forense en el predio. Además de plantear la preservación y acordonamiento del lugar antes de cualquier acción para demoler, excavar, nivelar o de construcción que pudiera destruir posibles indicios.

El legislador ha citado, además, información obtenida mediante transparencia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), según la cual existirían 127 desapariciones registradas entre 2007 y 2025 en las que habrían sido señaladas la intervención de agentes de corporaciones de seguridad o instituciones gubernamentales de Coahuila.

El gobierno de Manolo Jiménez Salinas tiene la oportunidad, incómoda, de demostrar que la administración de Coahuila cuenta con instituciones de seguridad, procuración de justicia y búsqueda, con capacidad de responder –con pruebas científicas– a las víctimas.

Lo que no resulta aceptable es que un inmueble relacionado con testimonios de víctimas termine convertido en escenario de entretenimiento, proyecto inmobiliario o una simple ruina, antes de que se ubiquen pruebas por la comisión de delitos de agentes del Estado mexicano, según se deriva de las acusaciones formales.

La posibilidad de que durante años hayan existido preguntas documentadas, que hoy existan herramientas para buscar respuestas y que, aun así, las instituciones, o más bien los políticos, prefieran dejar que el tiempo haga lo que ningún investigador debería permitir, borrar las huellas de la verdad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La ingeniería social de salud

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias                                      

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

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