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Manifestantes exigen liberar a activistas de Global Sumud Flotilla detenidos hace seis meses en Túnez
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📰 Persecución de hombre con orden de detención desde Niebla hasta Valdivia terminó con un atropellado
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Detención de Julián Valjota: Esto dice Cancillería
Autoridades consulares realizan averiguaciones en Estados Unidos
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Diputada del FA pide a Cancillería actuar por caso de Julián Valjota
Tras su detención policial en Estados Unidos
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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia
La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Por este motivo, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.
Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.
Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.
António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.
Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.
Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.
En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.
Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.
Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.
Punto cero
La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.
Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.
El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.
La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias
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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia
La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas. Por este motivo, el Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.
Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.
Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.
António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.
Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.
Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.
En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.
Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.
Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.
Punto cero
La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.
Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.
El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.
La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias
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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero
Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.
El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.
Bandera de la ONUCerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.
Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.
Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.
Voluntarios de la Cruz Roja | @SociedadN_El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.
En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.
Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.
La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.
Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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Columna Sociedad | “Hotel La Torre” de Coahuila
¿Qué ocurrió en La Torre cuando dejó de ser hotel y fue señalado como sitio de detención y tortura?, es una de tantas preguntas que las autoridades de Coahuila deberán de responder pronto a la sociedad.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
La Torre nació como símbolo de modernidad. Construida entre 1975 y 1976, formó parte del crecimiento de Saltillo y alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de México 1986, cuando albergó a la selección de Portugal. Décadas después cerró sus puertas y quedó abandonada.
En 2013, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) difundió información proporcionada por la Casa del Migrante de Saltillo sobre 35 migrantes hondureños que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Varias víctimas identificaron el Hotel La Torre como uno de los sitios donde habrían sido detenidas y sometidas a tortura por agentes municipales y elementos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS).
Los testimonios incluyen señalamientos de tratos degradantes como asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. La OMCT también refirió que los migrantes habrían sido detenidos para obtener auto incriminaciones relacionadas con delitos contra la salud. Los testimonios recabados constituyen indicios documentales que merecen una investigación seria y profunda, hasta ahora negada.
Hotel “La Torre”Más aún. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado violaciones graves cometidas por corporaciones de seguridad de Coahuila. En 2024 emitió la Recomendación 169VG/2024 por desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles contra 21 personas entre 2013 y 2014. En 2019, otra recomendación, la 25VG/2019, abordó la desaparición forzada de tres personas en Monclova y señaló violaciones al acceso a la justicia y a la verdad.
Hay otro elemento que obliga a mirar el inmueble con mayor atención. Un expediente de derechos humanos relacionado con una desaparición ocurrida en Saltillo en 2013 contiene el testimonio de familiares que buscaron información sobre la víctima en distintos lugares, incluido el Hotel La Torre.
Por este motivo, es relevante que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja haya solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar un análisis de campo y prospección forense en el predio. Además de plantear la preservación y acordonamiento del lugar antes de cualquier acción para demoler, excavar, nivelar o de construcción que pudiera destruir posibles indicios.
El legislador ha citado, además, información obtenida mediante transparencia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), según la cual existirían 127 desapariciones registradas entre 2007 y 2025 en las que habrían sido señaladas la intervención de agentes de corporaciones de seguridad o instituciones gubernamentales de Coahuila.
Manolo JiménezEl gobierno de Manolo Jiménez Salinas tiene la oportunidad, incómoda, de demostrar que la administración de Coahuila cuenta con instituciones de seguridad, procuración de justicia y búsqueda, con capacidad de responder –con pruebas científicas– a las víctimas.
Lo que no resulta aceptable es que un inmueble relacionado con testimonios de víctimas termine convertido en escenario de entretenimiento, proyecto inmobiliario o una simple ruina, antes de que se ubiquen pruebas por la comisión de delitos de agentes del Estado mexicano, según se deriva de las acusaciones formales.
La posibilidad de que durante años hayan existido preguntas documentadas, que hoy existan herramientas para buscar respuestas y que, aun así, las instituciones, o más bien los políticos, prefieran dejar que el tiempo haga lo que ningún investigador debería permitir, borrar las huellas de la verdad.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: La ingeniería social de salud
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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