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  1. CIDH alerta por debilitamiento de la democracia en América a 25 años de la Carta Democrática Interamericana

    La CIDH advierte sobre el debilitamiento gradual de instituciones democráticas en América y pide proteger la independencia judicial y electoral, la libertad de prensa, el espacio cívico y los derechos políticos.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre procesos de debilitamiento gradual de los elementos esenciales de la democracia representativa en América, al conmemorar el 25 aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana y llamar a los Estados de la región a renovar su compromiso con este instrumento.

    La Comisión señaló que estas tendencias pueden tener efectos directos sobre el ejercicio de los derechos humanos y recordó que la democracia no se limita a la celebración periódica de elecciones, sino que requiere instituciones independientes, separación de poderes, libertad de expresión, pluralidad política, transparencia y respeto al Estado de derecho.

    Carta Democrática cumple 25 años

    La Carta Democrática Interamericana fue adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. El instrumento establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla.

    Para la CIDH, la democracia debe entenderse como un proceso permanente que exige la participación activa de las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Su vigencia depende de que existan condiciones para que los derechos políticos y las libertades fundamentales puedan ejercerse de manera efectiva.

    Entre los elementos esenciales de la democracia representativa se encuentran el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de derecho; elecciones periódicas, libres y justas; el sufragio universal y secreto; un sistema plural de partidos y organizaciones políticas, así como la separación e independencia de los poderes públicos.

    La Carta también reconoce la importancia de la transparencia, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, además de la libertad de expresión y de prensa como componentes fundamentales de la vida democrática.

    CIDH advierte sobre concentración del poder

    La Comisión señaló que los riesgos para la institucionalidad democrática no necesariamente aparecen mediante rupturas abruptas del orden constitucional. También pueden desarrollarse de manera gradual mediante el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la concentración del poder.

    https://sociedad-noticias.com/2026/08/20/la-cidh-historia-funciones-y-poder-en-los-derechos-humanos/

    Entre las prácticas que generan preocupación se encuentran el cuestionamiento infundado de resultados electorales, los ataques y la estigmatización contra autoridades judiciales y electorales, las restricciones indebidas al espacio cívico, las limitaciones al ejercicio de derechos y las afectaciones relacionadas con actos de corrupción.

    De acuerdo con la CIDH, estas situaciones pueden comprometer derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión, los derechos de reunión y asociación, así como las garantías judiciales y la protección judicial.

    Pide proteger a jueces, fiscales y autoridades electorales

    La Comisión recordó que los Estados no solamente deben abstenerse de imponer restricciones indebidas a los derechos humanos, sino que también tienen la obligación de adoptar medidas para garantizar su ejercicio efectivo.

    En ese sentido, pidió proteger la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y electorales frente a posibles injerencias de otros poderes y garantizar la estabilidad en el cargo de autoridades judiciales, fiscales y electorales.

    La CIDH también llamó a los gobiernos de la región a generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos, evitar restricciones indebidas al espacio cívico y la participación política, investigar y sancionar actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

    La Carta Democrática Interamericana establece, además, que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos humanos puede acudir al Sistema Interamericano conforme a los procedimientos establecidos.

    Democracia requiere instituciones independientes

    A 25 años de la adopción de la Carta, la CIDH sostuvo que el objetivo de garantizar que las personas puedan vivir en sociedades democráticas con pleno ejercicio de sus derechos debe continuar orientando las acciones de los Estados.

    Para la Comisión, ese propósito requiere instituciones con capacidad, independencia y firmeza suficientes para ejercer sus atribuciones y funcionar como contrapeso frente a eventuales abusos del poder público.

    La Organización de los Estados Americanos (OEA) considera que la Carta Democrática Interamericana constituye un compromiso colectivo para mantener y fortalecer la democracia en el continente y establece mecanismos regionales para enfrentar amenazas contra la institucionalidad democrática. –sn–

    Integrantes de la CIDH en Chiapas / @SociedadN_

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  2. El "shock" por "establecido" que aparentemente es normal, no es normal, es la destrucción directa de , el fin de la ya viene por favor no seas Sorprendido es la consecuencia directa de y otras , para contra , que comenzó desde , es finanzen.net/nachrichten/aktie de.wikipedia.org/wiki/Adenauer

  3. Una “faroleada” democrática llena el parque Morazán en San José

    El parque Morazán, en el corazón de San José, se convirtió en el epicentro de la faroleada que reunió a cientos de familias con faroles y mensajes en defensa de la democracia en Costa Rica. Desde las 4:00 p. m., los costarricenses llegaron a uno de los parques más icónicos de la capital. Algunos lo […]
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    #CostaRica #Democracia #Gobierno #Nacionales #Política #VisualA1

    crhoy.com/una-faroleada-democr

  4. Marko Cortés acusa al INE de perder imparcialidad y anticipa batalla electoral rumbo a 2027

    Marko Cortés cuestionó la imparcialidad del INE, criticó a Guadalupe Taddei y llamó a la oposición a construir alianzas para competir contra Morena en 2027, con Michoacán como uno de los principales escenarios electorales.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El senador Marko Cortés Mendoza acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de haber perdido imparcialidad rumbo al proceso electoral de 2027 y sostuvo que el organismo enfrenta una crisis derivada de la salida de su secretaria ejecutiva y de decisiones que, a su juicio, afectan la confianza en la autoridad electoral.

    En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria del Senado, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó la conducción de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y afirmó que el organismo se ha convertido en un operador político. Sus señalamientos ocurren después de la renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva, presentada el 9 de septiembre por motivos de salud.

    Cortés también cuestionó el acuerdo del INE para el tratamiento de boletas que durante los cómputos distritales no presenten señales visibles de doblez. El organismo estableció que esas papeletas deberán reservarse, documentarse y ser analizadas por el Consejo Distrital antes de determinar si procede su cómputo; por ello, no se validan ni desechan automáticamente.

    El senador calificó esa determinación como una forma de “legalizar el embarazo de las urnas” y sostuvo que las decisiones adoptadas por el instituto generan dudas sobre la certeza de la próxima elección. No obstante, afirmó que confía en la participación ciudadana y en que los mexicanos acudirán a votar.

    Críticas al INE y advertencias sobre el crimen organizado

    Cortés sostuvo que la oposición debe prestar especial atención a posibles vínculos entre candidatos y grupos delictivos. Incluso afirmó que, si existiera un blindaje efectivo para impedir que aspirantes relacionados con el crimen organizado compitieran por cargos públicos, Morena tendría dificultades para postular candidatos en distintas regiones del país.

    El panista también defendió los viajes realizados por integrantes de la oposición para presentar denuncias ante organismos internacionales y rechazó las acusaciones de que esas acciones constituyan actos de “vendepatrias”.

    Explicó que, antes de acudir a instancias internacionales, su grupo presentó denuncias ante el INE, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral. Posteriormente, dijo, recurrieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    Cortés afirmó que desde 2021 la oposición había advertido sobre presuntas interferencias del crimen organizado en procesos electorales y señaló que algunas de esas denuncias posteriormente fueron objeto de investigaciones fuera de México. Estas afirmaciones fueron presentadas por el senador como parte de su argumentación política y no constituyen, por sí mismas, una acreditación judicial de responsabilidad.

    PAN prepara estrategia para las elecciones de 2027

    Ante la próxima renovación de gubernaturas, congresos locales y otros cargos, Cortés planteó que el PAN debe comenzar a definir con anticipación a sus posibles candidatos y construir campañas territoriales para competir contra Morena.

    El legislador consideró que una de las oportunidades para la oposición está en las diferencias internas de Morena y en la posibilidad de que ese partido no consiga mantener una alianza electoral con sus actuales aliados en todas las entidades.

    “Nosotros hemos entendido que solo unidos tendremos posibilidades reales de competir y ganar”, sostuvo al plantear coaliciones estratégicas construidas desde los estados. –sn–

    Marko Cortés

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  5. Anaya acusa al INE de “legalizar el fraude” por boletas sin doblez rumbo a 2027

    Ricardo Anaya cuestionó al INE por el tratamiento de boletas sin doblez y advirtió riesgos para la elección de 2027; exigió mayor control electoral y acusó a Morena de concentrar el poder.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de abrir la puerta a un posible fraude electoral con el procedimiento aprobado para las boletas que aparezcan sin marcas visibles de doblez durante los cómputos de la elección de 2027.

    Al salir de la Junta de Coordinación Política del Senado, Anaya sostuvo que una boleta sin doblez no pudo haber sido introducida normalmente en una urna, debido a las dimensiones de la ranura, por lo que consideró que su eventual contabilización representa un riesgo para la certeza de los comicios.

    “Es legalizar el fraude, es un absoluto sinsentido”, afirmó el legislador panista, quien llamó al árbitro electoral a corregir el criterio antes de la elección federal de 2027.

    INE no contabilizará automáticamente las boletas sin doblez

    El señalamiento de Anaya ocurre después de que el INE aprobó lineamientos específicos para atender las llamadas “boletas planchadas”.

    De acuerdo con el instituto, cuando durante los cómputos distritales se encuentre una boleta que no presente señales visibles de doblez, ésta no será clasificada ni capturada de manera inmediata. El documento deberá reservarse para que el Consejo Distrital determine, con base en el análisis correspondiente, si procede o no su cómputo.

    El procedimiento, por tanto, no establece que todas las boletas sin doblez deban considerarse válidas. El INE sostiene que cada caso deberá documentarse y analizarse de manera integral conforme a la legislación y los criterios del Tribunal Electoral.

    La discusión surgió porque consejeros electorales también han advertido que una boleta depositada normalmente en una urna debe presentar señales de doblez debido al tamaño de la ranura. El consejero Martín Faz ha señalado que la ausencia total de esas marcas constituye un elemento objetivo que debe ser valorado por la autoridad electoral.

    Anaya exige mayor control al árbitro electoral

    El coordinador parlamentario del PAN afirmó que el problema no se limita al tratamiento de las boletas, sino que forma parte de lo que calificó como una relajación de los controles electorales.

    Anaya cuestionó que el INE permita, según su valoración, actos anticipados de campaña y otras conductas que consideró contrarias a la legislación electoral.

    “Nosotros vemos a un árbitro electoral, por un lado, ausente, en donde se está violando de manera sistemática la ley”, sostuvo.

    El senador exigió que el organismo electoral abandone lo que calificó como una actitud “laxa” y ejerza su función como árbitro imparcial.

    La preocupación por los controles electorales también ha sido expresada desde el propio Consejo General del INE. En una sesión reciente, consejeros cuestionaron la flexibilización de algunas salvaguardas y advirtieron sobre la necesidad de preservar la certeza, la cadena de custodia y la autenticidad del sufragio.

    Acusa a Morena de concentrar el control institucional

    Anaya afirmó que Morena mantiene el control del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, además de influir, según su señalamiento, en organismos y órganos electorales.

    El senador calificó esta situación como una “segunda transición” hacia un régimen de corte autoritario y sostuvo que la oposición continuará denunciando lo que considera una concentración de poder.

    También cuestionó la participación de la secretaria de Gobernación en la apertura del proceso electoral y afirmó que ese hecho no constituye un buen mensaje para la autonomía de las instituciones electorales.

    El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre, en medio de cuestionamientos de partidos opositores y de integrantes del propio órgano electoral sobre distintos mecanismos de control y organización de los comicios.

    Anaya vincula a Amílcar Olán con presuntos casos de corrupción

    Durante la entrevista, el senador también se refirió a Amílcar Olán, a quien vinculó con investigaciones relacionadas con Portacelis Gas and Oil y con otros casos que, según dijo, deben ser esclarecidos por las autoridades.

    Anaya señaló que Portacelis aparece relacionada con una investigación por presunto “huachicol fiscal” y reclamó que las autoridades investiguen las posibles responsabilidades.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó recientemente a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir investigaciones contra Portacelis por una presunta defraudación fiscal de 834 millones de pesos relacionada con operaciones de combustible. La información corresponde a una investigación de autoridades y no constituye por sí misma una determinación judicial de responsabilidad penal.

    El panista también mencionó señalamientos sobre contratos de medicamentos y la comercialización de materiales para infraestructura ferroviaria, además de cuestionar la presunta utilización de influencias políticas para evitar investigaciones. –sn–

    Sociedad Noticias

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  6. Anaya acusa al INE de “legalizar el fraude” por boletas sin doblez rumbo a 2027

    Ricardo Anaya cuestionó al INE por el tratamiento de boletas sin doblez y advirtió riesgos para la elección de 2027; exigió mayor control electoral y acusó a Morena de concentrar el poder.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de abrir la puerta a un posible fraude electoral con el procedimiento aprobado para las boletas que aparezcan sin marcas visibles de doblez durante los cómputos de la elección de 2027.

    Al salir de la Junta de Coordinación Política del Senado, Anaya sostuvo que una boleta sin doblez no pudo haber sido introducida normalmente en una urna, debido a las dimensiones de la ranura, por lo que consideró que su eventual contabilización representa un riesgo para la certeza de los comicios.

    “Es legalizar el fraude, es un absoluto sinsentido”, afirmó el legislador panista, quien llamó al árbitro electoral a corregir el criterio antes de la elección federal de 2027.

    INE no contabilizará automáticamente las boletas sin doblez

    El señalamiento de Anaya ocurre después de que el INE aprobó lineamientos específicos para atender las llamadas “boletas planchadas”.

    De acuerdo con el instituto, cuando durante los cómputos distritales se encuentre una boleta que no presente señales visibles de doblez, ésta no será clasificada ni capturada de manera inmediata. El documento deberá reservarse para que el Consejo Distrital determine, con base en el análisis correspondiente, si procede o no su cómputo.

    El procedimiento, por tanto, no establece que todas las boletas sin doblez deban considerarse válidas. El INE sostiene que cada caso deberá documentarse y analizarse de manera integral conforme a la legislación y los criterios del Tribunal Electoral.

    La discusión surgió porque consejeros electorales también han advertido que una boleta depositada normalmente en una urna debe presentar señales de doblez debido al tamaño de la ranura. El consejero Martín Faz ha señalado que la ausencia total de esas marcas constituye un elemento objetivo que debe ser valorado por la autoridad electoral.

    Anaya exige mayor control al árbitro electoral

    El coordinador parlamentario del PAN afirmó que el problema no se limita al tratamiento de las boletas, sino que forma parte de lo que calificó como una relajación de los controles electorales.

    Anaya cuestionó que el INE permita, según su valoración, actos anticipados de campaña y otras conductas que consideró contrarias a la legislación electoral.

    “Nosotros vemos a un árbitro electoral, por un lado, ausente, en donde se está violando de manera sistemática la ley”, sostuvo.

    El senador exigió que el organismo electoral abandone lo que calificó como una actitud “laxa” y ejerza su función como árbitro imparcial.

    La preocupación por los controles electorales también ha sido expresada desde el propio Consejo General del INE. En una sesión reciente, consejeros cuestionaron la flexibilización de algunas salvaguardas y advirtieron sobre la necesidad de preservar la certeza, la cadena de custodia y la autenticidad del sufragio.

    Acusa a Morena de concentrar el control institucional

    Anaya afirmó que Morena mantiene el control del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, además de influir, según su señalamiento, en organismos y órganos electorales.

    El senador calificó esta situación como una “segunda transición” hacia un régimen de corte autoritario y sostuvo que la oposición continuará denunciando lo que considera una concentración de poder.

    También cuestionó la participación de la secretaria de Gobernación en la apertura del proceso electoral y afirmó que ese hecho no constituye un buen mensaje para la autonomía de las instituciones electorales.

    El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre, en medio de cuestionamientos de partidos opositores y de integrantes del propio órgano electoral sobre distintos mecanismos de control y organización de los comicios.

    Anaya vincula a Amílcar Olán con presuntos casos de corrupción

    Durante la entrevista, el senador también se refirió a Amílcar Olán, a quien vinculó con investigaciones relacionadas con Portacelis Gas and Oil y con otros casos que, según dijo, deben ser esclarecidos por las autoridades.

    Anaya señaló que Portacelis aparece relacionada con una investigación por presunto “huachicol fiscal” y reclamó que las autoridades investiguen las posibles responsabilidades.

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) solicitó recientemente a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir investigaciones contra Portacelis por una presunta defraudación fiscal de 834 millones de pesos relacionada con operaciones de combustible. La información corresponde a una investigación de autoridades y no constituye por sí misma una determinación judicial de responsabilidad penal.

    El panista también mencionó señalamientos sobre contratos de medicamentos y la comercialización de materiales para infraestructura ferroviaria, además de cuestionar la presunta utilización de influencias políticas para evitar investigaciones. –sn–

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  7. ONU alerta sobre riesgos existenciales de la IA y exige controles para proteger derechos humanos

    Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió regular con urgencia la inteligencia artificial avanzada ante riesgos para servicios esenciales, democracia, privacidad y seguridad.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La inteligencia artificial avanzada puede generar riesgos existenciales para la humanidad y afectar servicios esenciales, infraestructuras críticas, derechos humanos e instituciones democráticas, advirtió Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    En una carta dirigida a los Estados y a las empresas que desarrollan los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, Türk pidió actuar con urgencia para establecer una gobernanza internacional que avance al mismo ritmo que la tecnología. La ONU ha advertido previamente que el desarrollo acelerado de la IA requiere evaluaciones de impacto en derechos humanos, transparencia y controles efectivos.

    IA agéntica y servicios esenciales, entre los principales riesgos

    El alto comisionado puso especial atención en los sistemas de IA agéntica, capaces de ejecutar tareas y tomar decisiones con un mayor grado de autonomía. Advirtió que una falla en estos sistemas podría paralizar servicios esenciales, interrumpir comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar el funcionamiento de instituciones democráticas.

    El riesgo también alcanza servicios indispensables para la población, como el suministro de agua potable, calefacción y servicios financieros. Türk señaló además que la inteligencia artificial ya está modificando la dinámica de los conflictos armados y reduciendo barreras de protección frente al posible uso de armas de destrucción masiva.

    Privacidad, desinformación y desigualdad

    Türk sostuvo que los daños derivados de la inteligencia artificial ya no son una posibilidad hipotética. Entre los problemas actuales mencionó la automatización de servicios que puede profundizar la exclusión de personas en situación de vulnerabilidad, así como la expansión de herramientas de vigilancia y la utilización masiva de datos personales.

    También alertó sobre campañas de desinformación impulsadas por inteligencia artificial capaces de distorsionar el debate público, debilitar la cohesión social y someter a una presión creciente a las instituciones democráticas.

    La preocupación coincide con advertencias anteriores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que ha señalado riesgos relacionados con discriminación, sesgos, vigilancia masiva, desinformación y concentración del poder tecnológico.

    ONU pide controles independientes a las empresas

    El alto comisionado planteó que las empresas que desarrollan los llamados modelos de IA de frontera deben aplicar procesos sólidos de evaluación de impacto sobre los derechos humanos y someterlos a una mejora continua.

    También pidió que esos estándares sean objeto de supervisión interna independiente, con el propósito de incrementar la transparencia y la rendición de cuentas.

    Para los Estados que albergan a las principales empresas de inteligencia artificial, Türk planteó una responsabilidad particular: exigir que las compañías actúen de manera responsable y establecer mecanismos para hacerlas rendir cuentas cuando incumplan.

    Gobiernos deberán verificar capacidades de la IA

    Türk también llamó a los gobiernos a establecer mecanismos independientes y técnicamente competentes para verificar las capacidades de los sistemas de IA agéntica.

    Estas revisiones, planteó, deberían contar con acceso a los modelos, documentación y entornos de prueba, además de incluir evaluaciones permanentes sobre posibles impactos en los derechos humanos.

    El funcionario de la ONU sostuvo que la regulación no puede quedar exclusivamente en manos de los países donde se concentran las empresas tecnológicas ni de las propias compañías, debido al alcance global de los sistemas de inteligencia artificial.

    Gobernanza internacional, la propuesta de la ONU

    Ante el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial, Türk llamó a los Estados y empresas a utilizar los foros multilaterales para establecer una ruta común de gobernanza para los modelos avanzados y de frontera, sustentada en el derecho internacional de los derechos humanos.

    La posición representa una continuidad con sus anteriores llamados para colocar los derechos humanos en el centro del diseño, desarrollo y utilización de la inteligencia artificial. En febrero de 2026, el alto comisionado también pidió evaluaciones de impacto en derechos humanos antes de desarrollar, desplegar y comercializar herramientas de IA.

    El mensaje central de Türk es que ningún país puede controlar por sí solo una tecnología con alcance global y ninguna empresa debería determinar unilateralmente qué riesgos está obligada a asumir la humanidad. –sn–

    Sede de la ONU en Nueva York. EFE/Justin Lane

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  8. No, Albino: el farol de un niño NO es una pancarta sindical

    No, Albino: el farol de un niño NO es una pancarta sindical
    Cada 14 de septiembre, miles de familias costarricenses salen a la calle con un farol hecho a mano por un niño que todavía no sabe de ideologías, sindicatos ni consignas políticas. Sabe de patria. Sabe de orgullo. Sabe que esas luces representan una historia que aprendió en la escuela y que el Himno Nacional se […]
    Redacción
    El Mundo CR

    #AlbinoVargas #Democracia #DesfileDeFaroles #FaroleadaPorLaDemocracia #Independencia #Opinión #Sindicalistas #Sindicatos

    elmundo.cr/opinion/no-albino-e

  9. No, Albino: el farol de un niño NO es una pancarta sindical

    No, Albino: el farol de un niño NO es una pancarta sindical
    Cada 14 de septiembre, miles de familias costarricenses salen a la calle con un farol hecho a mano por un niño que todavía no sabe de ideologías, sindicatos ni consignas políticas. Sabe de patria. Sabe de orgullo. Sabe que esas luces representan una historia que aprendió en la escuela y que el Himno Nacional se […]
    Redacción
    El Mundo CR

    #AlbinoVargas #Democracia #DesfileDeFaroles #FaroleadaPorLaDemocracia #Independencia #Opinión #Sindicalistas #Sindicatos

    elmundo.cr/opinion/no-albino-e

  10. Suecia vota en unas generales de infarto: la extrema derecha podría entrar por primera vez en el Gobierno o la centroizquierda volver al poder. Cierre 20:00. aidoo.news/noticia/rqmez9

    #Politica #Europa #Democracia #ExtremaDerecha

  11. Nossos Sonhos Não Cabem Nas Urnas!

    15/9 – Terça – 19h

    Vídeos e roda de conversa sobre a insuficiência e as contradições do sistema eleitoral.

    As eleições estão aí novamente e os índices de abstenções, votos brancos e nulos mostram a insatisfação e desilusão de grande parte da população com o sistema eleitoral. Já está óbvio que eleições são incapazes de trazer transformações profundas na sociedade e abalar as hierarquias que nos massacram. Mas qual a alternativa democrática à democracia representativa? Chega mais, vamos conversar!

    Atenção: Para garantir o conforto e segurança de todas as pessoas presentes nas atividades do Esp(a)ço, pedimos que se você possuir histórico ou denúncia por reproduzir comportamento abusivo ou opressivo, assédio, abuso ou outro tipo de violência, por favor, entre em contato conosco pelo nosso e-mail ou redes sociais antes de comparecer. Não fazer isso é não se responsabilizar por suas ações e será solicitado que se retire.

    #Eleições #Democracia #Brasil #Política #Anarquismo

  12. Mais importante que dizermos para as outras pessoas votarem ou não é nos dedicarmos a construir desde já, com nossas comunidades e redes o mundo que sonhamos.

    Assista o vídeo na íntegra em:
    antimidia.org/a-era-da-democra

    #Eleições #Democracia #Brasil

  13. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  14. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  15. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  16. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    Carlos Slim Helú

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    Alimentos saludables

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Claudia Sheinbaum

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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  17. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  18. El país que aplaude a sus amos

    No les voy a mentir:

    Me sabe a mierda la política sudamericana. Cada cuatro años veo el mismo espectáculo: multitudes celebrando o insultando políticos como si fueran salvadores o demonios, mientras la vida cotidiana de la mayoría sigue igual de difícil.

    Obreros, empleados, independientes, desempleados, todos discutiendo entre ellos por personas que rara vez conocen sus problemas reales. Mientras tanto, los nuevos ocupantes de los cargos llegan, se acomodan en oficinas con aire acondicionado, hablan de cambio, prometen futuro y empiezan a disfrutar de privilegios que la mayoría de quienes los eligieron jamás tendrá.

    Lo que más me sorprende no es la existencia de políticos ambiciosos. Eso ha pasado siempre. Lo que me sorprende es la fe casi religiosa que todavía despiertan. Como si un nombre distinto en una papeleta fuera a transformar por arte de magia décadas de corrupción, burocracia, desigualdad e incompetencia.

    Y así continúa la función: unos aplauden, otros abuchean, todos pelean. Cambian los rostros, cambian los partidos, cambian los discursos. El ciudadano común sigue madrugando, trabajando, pagando cuentas y esperando que esta vez sí llegue el milagro.

    El político cambia.

    El circo permanece.

    @elmandelacamara

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  19. Invierno, frío, lluvia, represión, y el pueblo frente al Congreso manifestando su oposición.
    Bajo el capitalismo, la democracia, es una mezcla de explotación, miseria y violencia.
    LLA no debería completar mandato.
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  20. Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

    La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

    No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

    Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

    El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

    La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

    Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

    Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

    El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

    El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

    La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

    Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

    La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  21. Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

    La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

    No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

    Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

    El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

    La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

    Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

    Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

    El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

    El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

    La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

    Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

    La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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