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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero
Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.
El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.
Bandera de la ONUCerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.
Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.
Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.
Voluntarios de la Cruz Roja | @SociedadN_El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.
En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.
Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.
La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.
Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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Amnistía Internacional documenta y demuestra el «genocidio» que Israel está perpetrando en Gaza
Catorce meses después de los salvajes atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que desencadenaron una sangrienta y despiadada reacción por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en la franja de Gaza, Amnistía Internacional (AI) ha publicado un documentado informe que concluye que «Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada» y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que dejen «de fingir que son impotentes para poner fin a este genocidio, que ha sido posible cometer gracias a decenios de impunidad de las violaciones israelíes del derecho internacional».
“Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades, entre ellos homicidios masivos deliberados y toma de rehenes, no pueden justificar jamás el genocidio de Israel contra la población palestina gazatí”, afirmó en rueda de prensa Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. La ONG pide también que se libere sin condiciones a todas las personas civiles tomadas como rehenes y se haga rendir cuentas a Hamás y los demás grupos armados palestinos responsables de los crímenes cometidos el mencionado 7 de octubre.
Pese a los esfuerzos de Israel por impedir el trabajo de la prensa en las zonas bombardeadas y sometidas a aislamiento y privación de alimentos, agua, energía eléctrica, hospitales y cobijo, lo que ha causado hasta el pasado mes de octubre más de 42.000 personas palestinas muertas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 97.000, AI ha realizado una investigación «sin precedentes» entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de 2024 de casi 300 páginas, en la que ha entrevistado a 212 personas y ha analizado una amplia variedad de datos visuales y digitales. Analizó también declaraciones de altos cargos gubernamentales y militares, y órganos oficiales israelíes. En múltiples ocasiones, Amnistía Internacional compartió sus conclusiones con las autoridades israelíes, pero en el momento de la publicación del informe no había recibido ninguna respuesta sustantiva.
Para hacerse una idea de las extremas condiciones de inseguridad en las que AI ha hecho el trabajo de campo es preciso recordar que, según cifras del Comité para la Protección de Periodistas, hasta el 26 de noviembre habían fallecido 137 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación en la Franja, de los cuales 129 eran periodistas palestinos, dos israelíes y seis libaneses. A estas cifras hay que añadir 49 periodistas heridos, dos desaparecidos y 64 detenidos por el Ejército israelí.
«Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás no pueden justificar jamás el genocidio»
Callamard señaló que “Israel ha sostenido reiteradamente que sus acciones en Gaza son legítimas y están justificadas por su objetivo militar de erradicar a Hamás. Pero la intención genocida pude coexistir con los fines militares y no tiene por qué ser la única intención de Israel”.
“Teniendo en cuenta el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos, sólo podíamos extraer una conclusión razonable, a saber: La intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza, ya sea paralelamente a la consecución del objetivo militar de eliminar a Hamás o como medio para lograrlo”, afirmó Callamard.
Antes de llegar a su conclusión, Amnistía Internacional examinó la afirmación de Israel de que, en toda Gaza, su ejército había atacado a Hamás y otros grupos armados de manera legítima y de que la destrucción sin precedentes y la negación de ayuda humanitaria consiguientes eran el resultado de conductas ilícitas de Hamás y otros grupos armados, como ubicar a combatientes entre la población civil o desviar la ayuda. Amnistía Internacional concluyó que esta afirmación no es creíble. La presencia de Hamás cerca o dentro de zonas densamente pobladas no exime a Israel de su obligación de tomar todas las precauciones posibles para no dañar a civiles y de evitar los ataques indiscriminados o desproporcionados. Su investigación determinó que Israel había incumplido reiteradamente tal obligación y cometido numerosos crímenes de derecho internacional para los que no puede haber ninguna justificación basada en las acciones de Hamás.
AI documentó los actos de genocidio de matanza de miembros de la población palestina de Gaza y lesión grave a su integridad física o mental, examinando los resultados de investigaciones sobre 15 ataques aéreos efectuados entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de abril de 2024 y que mataron al menos a 334 civiles, entre ellos 141 niños y niñas, e hirieron a centenares más. La organización no encontró elementos que indicaran que alguno de estos ataques estuviera dirigido contra un objetivo militar.
La organización clama contra la «inacción absoluta y vergonzosa» de la comunidad internacional
En un caso ilustrativo del 20 de abril de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó la casa de la familia palestina Abdelal en el barrio de Al Jneinah del este de Rafá y mató a miembros de ella de tres generaciones, incluidos 16 niños y niñas, mientras dormían.
El informe de Amnistía Internacional documenta cómo Israel sometió deliberadamente a la población palestina de Gaza a condiciones de existencia que tenían por objeto causar con el tiempo su destrucción. Estas condiciones se impusieron por medio de tres patrones de actuación simultáneos, cada uno de los cuales agravó reiteradamente los devastadores efectos de los demás. Consistían en: causar daños y destrucción en infraestructuras vitales y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; dictar reiteradamente órdenes de “evacuación” de aplicación general, arbitrarias y equívocas para someter a desplazamiento forzado a casi toda la población gazatí, y no autorizar y obstaculizar la entrada y la distribución de servicios esenciales, asistencia humanitaria y otros suministros vitales en Gaza.
“La inacción absoluta y vergonzosa de que ha dado muestras la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza —primeramente, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas— es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva”, lamentó Callamard.
“Las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional dictó el mes pasado contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ofrecen verdaderas esperanzas de hacer por fin justicia a las víctimas. Los Estados deben demostrar su respeto por la decisión de la Corte Penal Internacional y por los principios universales del derecho internacional deteniendo y entregando a las personas requeridas por la Corte», instó Amnistía Internacional.
Vídeo: Amnistía Internacional
Foto destacada: Saeed Jaras / Middle East Images/ AFP vía GettyEntradas relacionadas
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