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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.

Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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CNDH pide proteger derechos de médicos residentes y homologar condiciones de formación

La CNDH llamó a homologar las residencias médicas, prevenir violencia y precarización, y pidió al Congreso avanzar en reformas para proteger los derechos de médicos residentes.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió homologar los procesos de residencias médicas en México y garantizar condiciones que protejan los derechos de los médicos residentes, ante problemas de precarización laboral, violencia, agotamiento y una situación jurídica que los coloca entre la formación académica y el trabajo hospitalario.

Durante la presentación del Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de los médicos residentes en México, la presidente de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, llamó a las instituciones públicas y privadas involucradas en estos programas a realizar los ajustes necesarios y exhortó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a dictaminar las iniciativas de reforma que permanecen pendientes en la materia.

La CNDH señaló que las condiciones en las que se forman los especialistas tienen efectos tanto en los derechos de los médicos residentes como en la calidad de los servicios de salud. El organismo también planteó la necesidad de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) actualice sus programas y convenios de colaboración con instituciones sanitarias para garantizar espacios libres de violencia.

Médicos residentes enfrentan una doble condición jurídica

El informe identifica como uno de los principales problemas la dualidad jurídica que enfrentan los médicos residentes, quienes son considerados estudiantes en formación y, al mismo tiempo, desarrollan actividades propias del personal que trabaja dentro de los hospitales.

De acuerdo con la CNDH, esta situación puede generar condiciones de desprotección y favorecer problemas relacionados con las jornadas laborales, riesgos profesionales, violencia de género, agotamiento físico y emocional y precarización.

Piedra Ibarra sostuvo que esta problemática está relacionada con décadas de insuficiencias estructurales del sistema de salud y señaló que la falta de infraestructura y de personal especializado trasladó una parte importante de la carga operativa hacia quienes realizan las residencias.

El organismo planteó que fortalecer la formación médica requiere atender simultáneamente las condiciones académicas, laborales y de derechos humanos de los residentes, debido a que su desempeño forma parte del funcionamiento cotidiano de hospitales, áreas de urgencias, quirófanos y servicios de atención médica.

IMSS ya eliminó guardias mayores a 24 horas

Entre los avances señalados por la CNDH se encuentra la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de eliminar las guardias mayores a 24 horas y establecer un descanso obligatorio de 24 horas después de las actividades clínicas y complementarias de los médicos residentes.

El IMSS informó en febrero de 2026 que también eliminó la postguardia y vinculó la medida con la protección de la salud física y mental de los residentes, así como con la seguridad de los pacientes. El instituto señaló que la falta prolongada de descanso puede afectar la concentración, la memoria, la capacidad de reacción y la toma de decisiones.

La expansión de las plazas para residencias médicas también forma parte de los cambios recientes. El IMSS reportó que los lugares para formación especializada pasaron de 44 mil a 71 mil durante el periodo señalado por el instituto desde 2019.

La CNDH también reconoció avances en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar, particularmente en materia de formación y contratación de especialistas.

Informe plantea una ruta de acción

La directora general y encargada del despacho de la Sexta Visitaduría General, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, explicó que el informe forma parte del trabajo de la CNDH en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

El documento analiza antecedentes de las residencias médicas y su relación con los derechos a la salud, el trabajo y la educación; además, incorpora estudios de caso realizados en instituciones como el IMSS, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Entre los obstáculos documentados aparecen la dualidad jurídica, los riesgos laborales, la precarización, la violencia de género y el agotamiento físico y emocional, así como sus posibles repercusiones en la salud de los propios médicos residentes.

El informe también revisa programas académicos, mecanismos de denuncia y medidas institucionales orientadas a reducir las horas de guardia. Sus conclusiones plantean un diagnóstico de crisis estructural y una ruta de acción integral para mejorar las condiciones de formación. –sn–

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Mejía Berdeja pide búsqueda forense en antiguo hotel de Saltillo, ante desaparición de personas y tortura de corporaciones policiales de Coahuila

Tratos degradantes y tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño. Hay testimonios de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja solicitó este fin de semana a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizar acciones de búsqueda de campo y prospección forense en los terrenos del antiguo hotel “La Torre”, en Saltillo, Coahuila, ante indicios y testimonios que relacionan el inmueble con posibles casos de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

“El lugar fue creado funcionó como sitio de detención arbitraria y tortura de civiles; a grado tal que la población lo identifica como «el cuartel de la tortura»”, resaltó el legislador federal en la solicitud formal que presentó a la CNB, atribuyendo datos de investigaciones previas donde han sido reportados actos degradantes y de tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño.

En el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el legislador federal coahuilense pidió que la intervención se lleve a cabo antes de cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción en el predio, debido al riesgo de que una modificación del terreno pueda destruir indicios relevantes para esclarecer hechos y localizar a personas desaparecidas.

Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que, “no se debe permitir que un posible sitio de interés forense sea alterado antes de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva”, por lo que planteó preservar, resguardar y acordonar el inmueble mientras concluyen las diligencias correspondientes.

El diputado federal explicó que su solicitud tiene como antecedente información documentada desde 2013, cuando la Organización Mundial Contra la Tortura reportó 35 casos de personas migrantes hondureñas, entre ellas niñas y niños, que habrían sufrido violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el documento presentado por Mejía Berdeja, diversas personas sobrevivientes también han referido que las instalaciones del antiguo hotel habrían sido utilizadas como base operativa del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM/GROMS) de Saltillo, así como para la detención arbitraria y tortura de civiles.

“Estamos hablando de señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades competentes. Precisamente por eso estamos solicitando una intervención forense profesional, para que la verdad salga a flote. Lo que necesitamos es preservar cualquier evidencia que pueda contribuir a conocer la verdad y hacer justicia a las familias”, planteó.

El legislador federal señaló además que el 9 de noviembre de 2024, el titular del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila manifestó públicamente que no había recibido una solicitud formal para intervenir el inmueble, circunstancia que, agregó, hace necesaria la intervención de la CNB, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ricardo “El Tigre” Mejía refirió que, información obtenida a través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se sabe que hay registro de 127 desapariciones ocurridas entre 2007 y 2025 en las que fueron señaladas corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno de esta entidad federativa.

De ese universo, 17 casos estarían relacionados con integrantes de los grupos GATES, GATEM y GROM, según datos emanados de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC/170/2013/SALT/PPM, CDHEC/193/2013/SALT/PPM y CDHEC/220/2013/SALT/PPM); y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y de un total de 642 personas desaparecidas en Saltillo, al corte de mayo de 2026, según versiones periodísticas.

“Estos datos no permiten sacar conclusiones por sí solos, pero sí justifican plenamente una investigación minuciosa. Cada desaparición representa a una persona, una familia y un derecho que el Estado tiene la obligación de atender”, expresó el diputado petista.

En este sentido, el legislador federal por Coahuila advirtió que existe información sobre un posible proyecto inmobiliario para utilizar el inmueble y sus terrenos, situación que incrementa la urgencia de realizar las diligencias de búsqueda.

“Si primero se demuele, excava o modifica el terreno y después queremos investigar, podemos perder para siempre indicios que quizá sean fundamentales. La prioridad debe ser la búsqueda y la verdad, no cualquier proyecto inmobiliario”, afirmó.

Por ello, solicitó que se preserve y resguarde el inmueble y que se suspenda cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción hasta que concluyan las diligencias forenses correspondientes.

Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía pidió a las autoridades informar por escrito las acciones que determinen, el calendario previsto y los resultados obtenidos, al considerar que la transparencia y la participación de las familias son indispensables para recuperar la confianza y avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Tenemos que estar del lado de las familias buscadoras. Su lucha por encontrar a sus seres queridos merece toda la atención del Estado mexicano y todas las herramientas científicas disponibles”, concluyó. –sn–

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