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  1. Columna Sociedad | México ante el mundo

    La diplomacia también retrata a los gobiernos; y lo ocurrido durante la visita de Claudia Sheinbaum a China ofrece una imagen que merece algo más que una anécdota sobre pandas y tecnología.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    En el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin abordaron uno de los asuntos más delicados para la seguridad internacional, el control de los arsenales nucleares. El compromiso de mantener el diálogo sobre los riesgos atómicos representa un asunto de enorme trascendencia. México, por supuesto, no podía permanecer ajeno a ese escenario.

    La presencia de Sheinbaum Pardo en China tenía, por tanto, una dimensión diplomática y económica relevante. Sin embargo, una declaración suya terminó por atraer buena parte de la atención pública, solicitó al presidente Xi Jinping un nuevo oso panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de la relación bilateral.

    La petición puede parecer simpática, incluso diplomáticamente anecdótica; sin embargo, el problema comienza cuando se contrasta con las prioridades nacionales. México todavía conserva a Xin Xin, una panda de 36 años, símbolo de una historia de cooperación entre ambos países. Pero antes de solicitar otro ejemplar, sería razonable preguntar si nuestras instalaciones cuentan con las condiciones, el presupuesto y la capacidad veterinaria necesarios para garantizar su bienestar.

    Las denuncias de organizaciones defensoras de animales sobre las condiciones de algunos ejemplares en los zoológicos capitalinos obligan a tomar el asunto con seriedad, ante el mal trato que durante casi una década se ha denunciado ante la política de austeridad del presente régimen.

    Pero el episodio del panda permite observar algo más profundo: la manera en que el poder político mexicano elige sus símbolos y administra sus prioridades.

    Por este motivo, viene a la memoria “Juanito”, aquel personaje que Andrés Manuel López Obrador colocó como candidato a jefe delegacional de Iztapalapa en 2009, ante el impedimento legal que enfrentó Clara Brugada para competir directamente. Rafael Acosta Ángeles ganó la elección y, después de una intensa disputa política, fue obligado a dejar el cargo para que Brugada asumiera el encargo.

    “Juanito” terminó convertido en una figura anecdótica de la política mexicana, con el énfasis en su limitada cultura y falta de experiencia política. Pero su historia mostró cómo una candidatura podía servir como instrumento para resolver un problema político y la forma de cómo el personaje elegido terminó como bufón del poder ante los ojos ciudadanos.

    La comparación con Sheinbaum Pardo no pretende equiparar trayectorias. La reflexión está en otro terreno: ¿qué imagen proyecta México cuando sus representantes tienen ante sí oportunidades de interlocución internacional y el debate público termina concentrado en una petición que, por sí misma, no resuelve ninguna de las urgencias nacionales?

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    China ofrece una lección que va mucho más allá de sus trenes de alta velocidad, sus vehículos autónomos o su desarrollo tecnológico. La mandataria visitó un hospital en Shenzhen, donde conoció sistemas de inteligencia artificial, robots para el traslado de medicamentos y herramientas avanzadas para el diagnóstico clínico.

    La experiencia, según sus propias declaraciones, despertó el interés de la administración pública mexicana para explorar la incorporación de esos avances en México.

    Y aquí aparece la contradicción. Mientras otros países invierten en tecnología para mejorar la atención médica, millones de mexicanos enfrentan dificultades para obtener medicamentos, consultas oportunas, estudios especializados y servicios hospitalarios eficientes y oportunos.

    El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sistema IMSS-Bienestar arrastran problemas de capacidad, infraestructura, abasto y atención. A ello se suma la incertidumbre laboral de trabajadores del sector salud que durante la emergencia por COVID-19 recibieron promesas de regularización.

    Atención médica en hospital del Imss La Raza | @SociedadN_

    Después de años de reclamos, las autoridades no pueden presentar estas carencias como si fueran descubrimientos recientes. La salud pública exige planeación, presupuesto, personal suficiente y una política de Estado que sobreviva a los discursos.

    La visita a China pudo representar una oportunidad para colocar estos pendientes en el centro de la conversación nacional. También pudo abrir una discusión sobre la distancia entre la tecnología que México admira en el extranjero y los servicios que ofrece a su propia población.

    No se trata de rechazar la cooperación con China, ni de restar importancia a la conservación animal. Se trata de establecer prioridades. Un panda merece condiciones dignas; un paciente mexicano también. La diferencia es que el segundo no puede esperar una negociación diplomática para recibir atención; la vida está en juego.

    Al final, la política no se juzga por los gestos que provocan simpatía, sino por los resultados que transforman la vida de las personas. Juanito quedó como una anécdota en el colectivo mexicano de una persona limitada y chabacana; Pero la precariedad de los servicios públicos no es una anécdota, es una realidad que compromete vidas.

    Y quizá ésa sea la pregunta que México debería hacerse ante el mundo, ¿será que México quedó, como en su momento “Juanito”, como un país limitado y chabacano; frente a los tres países más poderosos del orbe?

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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  2. ONU alerta que el crimen organizado cierra escuelas, desplaza familias y recluta menores en México

    La ONU advirtió que el crimen organizado provoca cierres escolares, deserción, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en México.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La violencia del crimen organizado está vulnerando de manera sistemática el derecho a la educación, la salud y la seguridad de miles de familias en México, mediante el cierre de escuelas, el abandono escolar, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, advirtió el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    En sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, aprobadas el 13 de noviembre de 2026, el organismo recomendó al Estado mexicano adoptar una política nacional para prevenir el reclutamiento de menores por grupos delictivos, fortalecer la protección de la infancia y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en las comunidades afectadas por la violencia.

    El documento, identificado como E/C.12/MEX/CO/7, también advierte sobre la interrupción de servicios médicos, las amenazas, las extorsiones y la pérdida de empleos y medios de subsistencia, situaciones que profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente en zonas rurales e indígenas.

    Reclutamiento de menores y violencia contra la infancia

    El Comité manifestó preocupación por el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por organizaciones criminales, así como por las desapariciones, la explotación sexual y la trata de personas, sin que quienes sufren estas agresiones sean reconocidos plenamente como víctimas.

    Estudiantes de secundaria

    Ante este escenario, recomendó establecer una política nacional de prevención que incluya estrategias comunitarias, con participación de organizaciones de la sociedad civil y de agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la infancia.

    También pidió priorizar las investigaciones y sanciones por desapariciones, feminicidios y otros delitos contra menores, además de establecer mecanismos de protección coordinados entre las autoridades federales, estatales y municipales.

    El organismo señaló que la respuesta institucional debe considerar las condiciones de vulnerabilidad relacionadas con la edad, el género, el origen indígena o afromexicano, la discapacidad y la residencia en comunidades rurales o alejadas.

    Violencia criminal interrumpe clases y servicios de salud

    La inseguridad también afecta directamente el funcionamiento de las escuelas y los servicios médicos. El Comité advirtió que los bloqueos y las restricciones de movilidad impiden que el personal sanitario llegue a determinadas comunidades, lo que interrumpe campañas de vacunación y tratamientos especializados.

    Por ello, recomendó garantizar la continuidad de los servicios esenciales en todo el territorio nacional mediante la presencia de autoridades civiles, así como establecer medidas de protección individual y colectiva para el personal encargado de proporcionarlos.

    Patrullas afuera de escuela

    Asimismo, solicitó evaluar, por entidad federativa y municipio, los efectos de la violencia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, con participación de las comunidades afectadas y organizaciones civiles.

    Otro señalamiento se refiere a la posible complicidad de servidores públicos con organizaciones delictivas. El Comité expresó preocupación por la falta de información sobre investigaciones y condenas relacionadas con esa presunta colusión.

    Ante ello, pidió investigar con prontitud las denuncias, llevar ante la justicia a los responsables y garantizar la reparación integral de las víctimas.

    Desapariciones provocan abandono escolar y pérdida de ingresos

    Las consecuencias de la violencia también alcanzan a las familias de personas desaparecidas. El organismo internacional advirtió que las mujeres que buscan a sus familiares pueden perder sus empleos, ingresos, vivienda y afiliación a la seguridad social.

    La situación repercute directamente en sus hijos, quienes enfrentan abandono escolar, pérdida de redes de apoyo y oportunidades de desarrollo, además de quedar expuestos al acoso y a distintas formas de violencia desde edades tempranas.

    Para atender esta problemática, el Comité recomendó garantizar a las familias, independientemente de la entidad federativa donde residan, apoyos económicos, vivienda, atención médica y psicológica, protección laboral y continuidad educativa para los menores.

    También solicitó restablecer por ley un presupuesto mínimo irreductible para la atención integral de víctimas y asegurar que todas las entidades federativas dispongan de comisiones y fondos suficientes para brindar asistencia. –sn– 

    Sociedad Noticias

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