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  1. Edomex reporta reducción de delitos sexuales y destina más de 49 mdp a víctimas de feminicidio y desaparición

    La Secretaría de las Mujeres del Estado de México reportó reducciones en cuatro delitos sexuales y más de 51.8 millones de pesos en apoyos y compensaciones para víctimas de feminicidio y desaparición.

    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    El Estado de México reportó disminuciones en cuatro delitos sexuales durante los últimos tres años y destinó más de 51.8 millones de pesos a programas de apoyo para víctimas de feminicidio y desaparición, de acuerdo con los resultados presentados por María Esther Rodríguez Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México (SeMujeres), durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

    Ante el Congreso mexiquense, la funcionaria informó que el acoso sexual disminuyó cerca de 49 por ciento; el hostigamiento sexual, más de 43 por ciento; la violación, 15.18 por ciento, y el abuso sexual, 8.75 por ciento. Las cifras fueron atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

    En materia de atención a víctimas, los recursos reportados corresponden a tres mecanismos: la Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición, el Programa Valentina y el Programa de Reparación. En conjunto, los montos informados superan los 51.8 millones de pesos.

    ¿Cuánto disminuyeron los delitos sexuales en el Estado de México?

    Durante su comparecencia, Rodríguez Hernández presentó las siguientes variaciones en los delitos sexuales durante los últimos tres años:

    • Acoso sexual: disminución cercana a 49 por ciento.
    • Hostigamiento sexual: reducción superior a 43 por ciento.
    • Violación: disminución de 15.18 por ciento.
    • Abuso sexual: reducción de 8.75 por ciento.

    La titular de SeMujeres señaló que estos resultados requieren mantener y fortalecer las acciones de prevención y atención. También advirtió que el feminicidio representa una de las expresiones más extremas de la violencia contra las mujeres y exige coordinación institucional.

    Los porcentajes corresponden a los datos expuestos durante la comparecencia. Para dimensionar su impacto es necesario considerar los periodos exactos de comparación, el número de denuncias y la evolución de cada delito, sin confundir una reducción de registros con la desaparición del problema.

    Apoyos para familias afectadas por feminicidio y desaparición

    La atención a las víctimas indirectas y a sus familias fue otro de los ejes de la exposición ante los legisladores. La dependencia reportó recursos para acompañar a personas que enfrentan las consecuencias económicas y sociales de un feminicidio o la desaparición de un familiar.

    La Canasta Alimentaria para Víctimas del Delito de Feminicidio y Desaparición benefició a mil 727 personas, con un presupuesto ejercido superior a 24 millones de pesos.

    Por su parte, el Programa Valentina brindó atención y respaldo integral a mil 481 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, mediante una inversión superior a 25 millones de pesos.

    Además, el Programa de Reparación otorgó cinco compensaciones subsidiarias por un monto conjunto de 2 millones 849 mil 350 pesos.

    Estos mecanismos buscan atender necesidades de alimentación, acompañamiento y reparación para personas afectadas por delitos que tienen consecuencias más allá de las víctimas directas. Los resultados reportados no permiten determinar, por sí solos, si todas las familias que requieren atención tuvieron acceso a los apoyos.

    Búsqueda de personas desaparecidas y capacitación de servidores públicos

    En materia de desaparición, Rodríguez Hernández señaló que la atención debe considerar las necesidades de las familias desde el momento en que una persona deja de regresar a casa, sin limitar la respuesta institucional a la integración de un expediente.

    La Secretaría coordina una mesa de trabajo interinstitucional sobre desaparición y búsqueda de personas, con énfasis en el diálogo con las familias y la coordinación entre autoridades.

    Como parte de las acciones de profesionalización, la dependencia informó que personal operativo de los siete municipios mexiquenses con Alerta por Desaparición recibió atención prioritaria en materia de capacitación. Asimismo, 600 personas servidoras públicas obtuvieron certificaciones en estándares relacionados con la atención y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

    La capacitación busca fortalecer las capacidades de respuesta institucional, aunque su alcance debe evaluarse también a partir de los resultados de búsqueda, los tiempos de actuación y la atención que reciben las familias. –sn–

    Sociedad Noticias

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  2. Kimberly Moya cumple un año desaparecida; familia exige avances ante la FGR

    A un año de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, familiares y colectivos instalaron un plantón frente a la FGR para exigir avances y la atracción del caso. La estudiante del CCH Naucalpan continúa sin ser localizada.


    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    Un año después de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, familiares y colectivos de búsqueda instalaron un plantón frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir avances en las investigaciones y la localización de la estudiante del CCH Naucalpan.

    La joven, de 16 años, fue vista por última vez el 2 de octubre de 2025 en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, Estado de México, después de salir de su domicilio para realizar una tarea escolar. Desde entonces, su familia desconoce su paradero.

    La movilización frente a la FGR busca que la institución federal atraiga formalmente el caso, ante los señalamientos de la familia sobre la falta de avances en las investigaciones realizadas por autoridades del Estado de México.

    Kimberly Moya fue vista por última vez en Naucalpan

    De acuerdo con los antecedentes del caso, Kimberly salió de su domicilio para acudir a un establecimiento donde imprimiría copias para una tarea. Cámaras de seguridad registraron su presencia en la zona de San Rafael Chamapa y posteriormente su recorrido por calles de la colonia.

    Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) derivaron en la detención de Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N”, quienes fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares.

    La investigación estatal estableció, de acuerdo con reportes publicados sobre el caso, que ambos hombres habrían participado en la privación de la libertad de la adolescente. Las autoridades también localizaron prendas con indicios que fueron relacionados mediante pruebas genéticas con Kimberly.

    La joven continúa sin ser localizada, mientras los familiares mantienen la exigencia de que las autoridades agoten las líneas de investigación para determinar qué ocurrió después de su desaparición.

    Familia exige atraer el caso

    Durante la protesta frente a la FGR, familiares y colectivos colocaron lonas y mantuvieron un campamento para llamar la atención sobre el caso y exigir una respuesta de las autoridades federales.

    La madre de Kimberly ha cuestionado el avance de las investigaciones y ha solicitado que la FGR intervenga en el caso. La exigencia se mantiene mientras la estudiante continúa sin ser localizada a un año de su desaparición.

    El caso tuvo además una actualización reciente: el proceso contra los dos detenidos fue suspendido, de acuerdo con reportes publicados el 30 de septiembre, aunque ambos permanecen relacionados con la investigación por la desaparición de la adolescente. –sn–

    Kimberly Moya

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  3. Sentencian a 78 años por secuestro y muerte de Fernandito

    Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz recibieron 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro y muerte de Fernandito, niño de cinco años en La Paz, Estado de México.


    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz fueron sentenciados a 78 años y nueve meses de prisión, cada uno, por el secuestro que causó la muerte de Fernandito, un niño de cinco años privado de la libertad en el municipio de La Paz, Estado de México.

    De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los tres sentenciados utilizaron al menor como medio de presión para exigir a su madre el pago de un adeudo de mil pesos.

    El caso también derivó en una investigación por posibles actos de abuso de autoridad y negación del servicio contra servidores públicos de la propia Fiscalía, luego de que la madre acudiera inicialmente a solicitar ayuda y regresara al día siguiente para presentar formalmente la denuncia.

    Secuestro por una deuda de mil pesos

    Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2025, cuando Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz privaron de la libertad al menor, identificado con las iniciales F.D.G.S., como mecanismo de presión para que su madre cubriera el adeudo.

    Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre acudió al domicilio de los ahora sentenciados, ubicado en La Paz, con la intención de recuperar a su hijo.

    Sin embargo, de acuerdo con las indagatorias, los tres mantuvieron oculto al menor y no se lo entregaron a su madre.

    La investigación estableció posteriormente que Fernandito murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, después de permanecer privado de la libertad.

    La búsqueda terminó con un hallazgo

    El 3 de agosto de 2025, la madre acudió al Centro de Justicia de La Paz para informar que había dejado a su hijo al cuidado de una amiga y que ésta no quería devolvérselo.

    La información fue recibida inicialmente por un prestador de prácticas profesionales, quien la comunicó al agente del Ministerio Público que se encontraba a cargo en ese momento.

    Según la investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el agente habría señalado que debía esperarse a otra funcionaria porque su turno estaba por concluir y que, si la mujer no quería esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.

    Ante esa respuesta, la madre se retiró y regresó el lunes 4 de agosto para presentar la denuncia ante la autoridad ministerial del Centro de Justicia para la Mujer en La Paz.

    Encuentran sin vida a Fernandito

    Una vez iniciada la investigación por privación de la libertad, elementos de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Municipal de Género, acudieron al domicilio proporcionado por la madre.

    Al llegar al inmueble, los agentes percibieron un olor fétido que provenía de unas bolsas ubicadas en el patio de la vecindad.

    En el interior de las bolsas fue localizado el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor.

    Los peritajes practicados al cuerpo establecieron que Fernandito presentaba fracturas en la clavícula y una costilla, además de lesiones contusas.

    Investigan actuación de servidores públicos

    El caso también generó una investigación interna para determinar la probable responsabilidad de servidores públicos de la FGJEM por posibles actos de abuso de autoridad y negación del servicio en perjuicio de la madre del menor.

    La indagatoria se concentró en la atención recibida el 3 de agosto, cuando la mujer acudió por primera vez al Centro de Justicia de La Paz para solicitar apoyo y explicar que no podía recuperar a su hijo.

    Al día siguiente, después de que presentó formalmente la denuncia, se desplegaron las acciones de búsqueda que llevaron al domicilio señalado y al hallazgo del cuerpo del niño.

    Sentencia por el caso Fernandito

    Tras el proceso judicial, Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz recibieron una pena individual de 78 años y nueve meses de prisión por su participación en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados a la desaparición de personas.

    La sentencia corresponde a los hechos cometidos contra Fernandito, quien tenía cinco años cuando fue privado de la libertad.

    El caso quedó marcado además por la investigación sobre la primera atención recibida por la madre ante las autoridades ministeriales, debido al lapso transcurrido entre su primer acercamiento y la presentación formal de la denuncia. –sn–

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  4. Familiares de cuatro mexiquenses desaparecidos en Mazatlán bloquean la México-Toluca

    Familiares de cuatro hombres desaparecidos en Mazatlán hace siete meses bloquearon la caseta La Venta de la México-Toluca para exigir avances en la investigación y su localización.

    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    Familiares de Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, así como de Óscar García Hernández, desaparecidos desde el 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, bloquearon este miércoles la caseta La Venta de la autopista México-Toluca para exigir avances en las investigaciones y acciones efectivas para localizarlos.

    El cierre, con dirección a la capital del país, provocó asentamientos vehiculares en la zona. Los manifestantes intentaron permitir el libre tránsito mediante el levantamiento de las plumas de cobro, pero trabajadores de la plaza ubicada en el kilómetro 24 se opusieron, por lo que los familiares decidieron mantener bloqueado el paso.

    Los inconformes reclamaron que, a siete meses de la desaparición, las investigaciones no han permitido conocer el paradero de los cuatro hombres, pese a que autoridades federales informaron en mayo sobre la detención de 22 personas presuntamente relacionadas con el caso.

    Exigen localizar a los cuatro hombres

    Los desaparecidos son los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino, originarios del Estado de México, además de su cuñado Óscar García Hernández. Los primeros reportes oficiales señalaron que fueron vistos por última vez el 3 de febrero en la zona de Sábalo Cerritos, en Mazatlán.

    La desaparición ocurrió durante un viaje familiar a Sinaloa. Dos mujeres que acompañaban al grupo fueron localizadas con vida posteriormente, mientras que los cuatro hombres continúan sin ser localizados.

    Un familiar explicó que la protesta no tenía como propósito afectar a los automovilistas, sino presionar a las autoridades para que intensifiquen la búsqueda.

    “Queremos que los busquen, no queremos más carpetas”, expresó uno de los familiares durante la protesta.

    Familias mantienen protestas en carreteras

    La movilización en La Venta se suma a las acciones emprendidas por los familiares para exigir resultados. Desde el 14 de agosto mantienen una protesta en la caseta El Dorado de la autopista Toluca-Atlacomulco, donde han permitido el tránsito vehicular sin cobro como medida de presión.

    Las familias han sostenido que la falta de información sobre el paradero de los cuatro hombres las llevó a trasladar sus reclamos a las vías de comunicación, con la intención de llamar la atención de las autoridades responsables de las investigaciones.

    ¿Qué avances existen en la investigación?

    El 18 de mayo, el Gabinete de Seguridad federal informó que 22 personas habían sido detenidas en acciones relacionadas con la desaparición de los cuatro integrantes de la familia; nueve de ellas fueron señaladas por las autoridades como presuntamente vinculadas de manera directa con los hechos. También se realizaron siete cateos.

    En esos operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN). Las autoridades informaron sobre el aseguramiento de armas, drogas, vehículos, dinero, inmuebles y equipo táctico.

    Sin embargo, para los familiares las acciones realizadas hasta ahora no se han traducido en información que permita conocer dónde están Omar, Javier, Gregorio y Óscar. –sn–

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  5. Mejía Berdeja pide búsqueda forense en antiguo hotel de Saltillo, ante desaparición de personas y tortura de corporaciones policiales de Coahuila

    Tratos degradantes y tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño. Hay testimonios de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja solicitó este fin de semana a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizar acciones de búsqueda de campo y prospección forense en los terrenos del antiguo hotel “La Torre”, en Saltillo, Coahuila, ante indicios y testimonios que relacionan el inmueble con posibles casos de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

    “El lugar fue creado funcionó como sitio de detención arbitraria y tortura de civiles; a grado tal que la población lo identifica como «el cuartel de la tortura»”, resaltó el legislador federal en la solicitud formal que presentó a la CNB, atribuyendo datos de investigaciones previas donde han sido reportados actos degradantes y de tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño.

    En el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el legislador federal coahuilense pidió que la intervención se lleve a cabo antes de cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción en el predio, debido al riesgo de que una modificación del terreno pueda destruir indicios relevantes para esclarecer hechos y localizar a personas desaparecidas.

    Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que, “no se debe permitir que un posible sitio de interés forense sea alterado antes de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva”, por lo que planteó preservar, resguardar y acordonar el inmueble mientras concluyen las diligencias correspondientes.

    Hotel “La Torre”

    El diputado federal explicó que su solicitud tiene como antecedente información documentada desde 2013, cuando la Organización Mundial Contra la Tortura reportó 35 casos de personas migrantes hondureñas, entre ellas niñas y niños, que habrían sufrido violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura.

    De acuerdo con los antecedentes incluidos en el documento presentado por Mejía Berdeja, diversas personas sobrevivientes también han referido que las instalaciones del antiguo hotel habrían sido utilizadas como base operativa del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM/GROMS) de Saltillo, así como para la detención arbitraria y tortura de civiles.

    “Estamos hablando de señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades competentes. Precisamente por eso estamos solicitando una intervención forense profesional, para que la verdad salga a flote. Lo que necesitamos es preservar cualquier evidencia que pueda contribuir a conocer la verdad y hacer justicia a las familias”, planteó.

    El legislador federal señaló además que el 9 de noviembre de 2024, el titular del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila manifestó públicamente que no había recibido una solicitud formal para intervenir el inmueble, circunstancia que, agregó, hace necesaria la intervención de la CNB, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

    Ricardo “El Tigre” Mejía refirió que, información obtenida a través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se sabe que hay registro de 127 desapariciones ocurridas entre 2007 y 2025 en las que fueron señaladas corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno de esta entidad federativa.

    De ese universo, 17 casos estarían relacionados con integrantes de los grupos GATES, GATEM y GROM, según datos emanados de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC/170/2013/SALT/PPM, CDHEC/193/2013/SALT/PPM y CDHEC/220/2013/SALT/PPM); y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y de un total de 642 personas desaparecidas en Saltillo, al corte de mayo de 2026, según versiones periodísticas.

    “Estos datos no permiten sacar conclusiones por sí solos, pero sí justifican plenamente una investigación minuciosa. Cada desaparición representa a una persona, una familia y un derecho que el Estado tiene la obligación de atender”, expresó el diputado petista.

    En este sentido, el legislador federal por Coahuila advirtió que existe información sobre un posible proyecto inmobiliario para utilizar el inmueble y sus terrenos, situación que incrementa la urgencia de realizar las diligencias de búsqueda.

    “Si primero se demuele, excava o modifica el terreno y después queremos investigar, podemos perder para siempre indicios que quizá sean fundamentales. La prioridad debe ser la búsqueda y la verdad, no cualquier proyecto inmobiliario”, afirmó.

    Por ello, solicitó que se preserve y resguarde el inmueble y que se suspenda cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción hasta que concluyan las diligencias forenses correspondientes.

    Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía pidió a las autoridades informar por escrito las acciones que determinen, el calendario previsto y los resultados obtenidos, al considerar que la transparencia y la participación de las familias son indispensables para recuperar la confianza y avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas.

    “Tenemos que estar del lado de las familias buscadoras. Su lucha por encontrar a sus seres queridos merece toda la atención del Estado mexicano y todas las herramientas científicas disponibles”, concluyó. –sn–

    Ricardo El Tigre Mejia

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  6. Atacan a balazos a madre buscadora Alma Rosa Rojo en Culiacán; investigan tentativa de feminicidio

    Alma Rosa Rojo, fundadora de Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con su hija en Culiacán. La Fiscalía de Sinaloa investiga el caso como tentativa de feminicidio y analiza si está relacionado con su labor de búsqueda.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos este sábado en Culiacán, Sinaloa, cuando viajaba en un vehículo junto con su hija y tres menores de edad. Ambas mujeres resultaron lesionadas y permanecen estables bajo resguardo en un hospital.

    La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa y mantiene entre sus líneas de investigación la posibilidad de que la agresión esté relacionada con la actividad de Alma Rosa Rojo como buscadora de personas desaparecidas.

    El ataque ocurrió alrededor de las 13:30 horas en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán, sobre la avenida Jesús Silva Herzog, entre las calles Rosendo Rodríguez y Maximiliano Gámez. Hombres armados dispararon contra el automóvil en el que viajaban las víctimas.

    Alma Rosa Rojo y su hija permanecen estables

    La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital, donde se activó el Código Plata y permanecen bajo resguardo. La corporación reportó que ambas se encuentran estables.

    Reportes periodísticos señalaron que Alma Rosa Rojo sufrió una herida de bala en un brazo, mientras que su hija presentó lesiones por esquirlas. Las tres menores que las acompañaban fueron puestas bajo resguardo de las autoridades de protección a la infancia.

    Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por la agresión.

    Fiscalía investiga posible vínculo con su labor de búsqueda

    La investigación de la FGE contempla determinar si el ataque está relacionado con el trabajo que Alma Rosa Rojo realiza para localizar a personas desaparecidas. La buscadora inició esa labor después de la desaparición de su hermano, Miguel Ángel Rojo, y posteriormente participó en la creación de Voces Unidas por la Vida.

    El colectivo se ha dedicado a acompañar a familias en la búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa. La trayectoria de Rojo Medina la convirtió en una de las referentes de los colectivos de búsqueda en el estado.

    Colectivos exigen justicia y protección

    Tras conocer el ataque, el colectivo Sabuesos Guerreras condenó la agresión y exigió una investigación exhaustiva para identificar a los responsables, así como medidas de protección para Alma Rosa Rojo, su familia y quienes participan en los colectivos de búsqueda de Sinaloa.

    La agresión ocurre un día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto. El ataque vuelve a colocar bajo atención la situación de seguridad que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos en Sinaloa. –sn–

    Sociedad Noticias

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  7. Desaparición de un familiar provoca un duelo sin cierre y mantiene a las familias en alerta

    La desaparición de una persona puede generar una pérdida ambigua: un duelo sin certeza que afecta la salud emocional, la economía y la dinámica familiar, explica especialista de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La desaparición de un familiar puede provocar un proceso de duelo sin cierre, marcado por la incertidumbre, la esperanza y el temor ante la imposibilidad de confirmar si la persona está viva o murió, explicó Ana Patricia González Rodríguez, directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

    Este fenómeno, conocido como pérdida ambigua, puede mantener a las familias en un estado prolongado de alerta y dificultar la reorganización de la vida cotidiana. La especialista señaló que conservar las pertenencias de la persona desaparecida, mantener activo su teléfono o reservarle un lugar en la mesa no necesariamente constituye una negación patológica, sino una forma de mantener el vínculo mientras no existe certeza.

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En 2026, la fecha adquiere además relevancia por el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

    ¿Qué es la pérdida ambigua?

    El concepto de pérdida ambigua fue desarrollado por la psicoterapeuta e investigadora estadounidense Pauline Boss para describir situaciones de pérdida en las que no existe una confirmación definitiva que permita concluir el proceso de duelo.

    En los casos de desaparición, la ausencia no tiene un desenlace definido. La familia puede conservar la esperanza de encontrar a la persona con vida y, al mismo tiempo, enfrentar el temor de que haya muerto.

    González Rodríguez explicó que esta incertidumbre interrumpe los rituales sociales asociados con la muerte y dificulta que la familia reorganice sus roles. Por ello, la desaparición no representa únicamente la ausencia física de una persona, sino una situación que puede prolongarse durante años.

    La desaparición mantiene activa la incertidumbre

    La especialista señaló que los familiares pueden desarrollar una búsqueda constante de información: revisar mensajes, hospitales, expedientes, redes sociales y noticias relacionadas con posibles hallazgos.

    Aunque esta conducta puede cumplir una función concreta en la localización de la persona desaparecida, también puede mantener al organismo en un estado permanente de alerta.

    La incertidumbre puede acompañarse de insomnio, pesadillas, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, tristeza persistente, ansiedad y reacciones intensas ante llamadas, fechas o noticias relacionadas con el caso.

    La exposición repetida a fotografías, expedientes y posibles hallazgos también puede provocar reactivaciones traumáticas, según la especialista.

    Culpa, miedo y cambios en la dinámica familiar

    Otro efecto frecuente es el pensamiento contrafactual, expresado en preguntas como “¿por qué no le llamé?”, “¿pude impedirlo?” o “¿estoy haciendo lo suficiente?”. De acuerdo con González Rodríguez, este mecanismo puede representar un intento de recuperar la sensación de control frente a un hecho imprevisible.

    Sin embargo, la culpa puede aparecer incluso cuando el familiar no tuvo responsabilidad alguna en la desaparición.

    La ausencia también puede modificar profundamente la organización familiar. Cuando la persona desaparecida era proveedora económica, cuidadora o una figura central, otros integrantes deben asumir nuevas responsabilidades, mientras los gastos de búsqueda, transporte y asesoría pueden generar presión económica y conflictos internos.

    En el caso de menores de edad, la especialista advirtió que pueden asumir responsabilidades propias de adultos antes de tiempo.

    Más de 128 mil personas desaparecidas en México

    El impacto psicológico ocurre dentro de una crisis de desapariciones que también tiene consecuencias jurídicas, económicas y sociales.

    En mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Desapariciones en México, en el que señaló que el fenómeno genera una grave crisis de derechos humanos. Al cierre del informe, con información hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y, de acuerdo con conteos independientes citados por la Comisión, más de 70 mil cuerpos permanecían bajo custodia del Estado sin identificar.

    La CIDH señaló que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, aunque también documentó casos de desaparición forzada en los que habrían existido vínculos entre organizaciones criminales y autoridades encargadas de seguridad, procuración de justicia y autoridades políticas. El informe incluyó 40 recomendaciones para fortalecer las políticas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.

    La dimensión del problema también alcanza a distintos grupos sociales. La CIDH identificó particularidades en casos que involucran a menores de edad, mujeres, personas LGBTIQ+, periodistas y defensores de derechos humanos.

    La ausencia también genera pérdidas económicas y sociales

    Las familias pueden enfrentar pérdida de ingresos, ausencias laborales, gastos de transporte y asesoría, además de estigmatización.

    Las insinuaciones de que una persona desaparecida “estaba involucrada en algo” pueden trasladar injustamente la sospecha hacia la víctima y generar aislamiento para sus familiares.

    La ONU también reconoce que las desapariciones tienen consecuencias que trascienden a la víctima directa. Las familias y comunidades enfrentan angustia, incertidumbre, afectaciones económicas y sociales, además del derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida.

    La incertidumbre no equivale automáticamente a una enfermedad

    González Rodríguez señaló que sentir miedo, insomnio, tristeza, culpa o hipervigilancia ante la desaparición de un familiar puede constituir una respuesta comprensible frente a una situación extrema.

    Estos síntomas no deben convertirse automáticamente en diagnósticos. Para determinar si existe un trastorno se requiere una evaluación profesional que considere su duración, intensidad y repercusión en el funcionamiento cotidiano.

    La especialista planteó que la literatura especializada ha relacionado esta experiencia con estrés postraumático, depresión, ansiedad y aflicción intensa y persistente, además de proponer que la incertidumbre prolongada puede entenderse como una forma de trauma crónico.

    Coloquio abordará violencia, subjetividad y crisis humanitaria

    En este contexto, el Colegio de Psicología de la UCSJ realizará los días 28 y 29 de septiembre el Coloquio Internacional “Crisis Humanitaria, violencias, subjetividad y estados de marginalidad”, con la participación de investigadores y académicos de distintas instituciones.

    El encuentro contempla también la participación de las periodistas María Cortina y Marcela de Jesús Natalia, defensora de derechos humanos e integrante del pueblo Ñomndaa’, además de otros especialistas.

    El objetivo del encuentro será propiciar el intercambio académico sobre las distintas manifestaciones de la violencia y sus efectos en la subjetividad, así como discutir propuestas relacionadas con la práctica clínica y las políticas de atención e inclusión.

    La desaparición de una persona, por tanto, no termina con el momento en que se pierde su rastro. Para quienes la buscan, la ausencia puede convertirse en una experiencia cotidiana en la que la esperanza y el temor coexisten sin una respuesta definitiva. –sn–

    Familiares de desaparecidos en la Camara de Diputados

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  8. Cruz Roja pide fortalecer búsqueda de personas desaparecidas en América Latina

    El CICR pidió fortalecer las leyes, presupuesto y capacidades forenses para buscar e identificar personas desaparecidas en América Latina, ante más de 130 mil casos en México y desafíos persistentes en Colombia, Brasil y Perú.

    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La búsqueda de personas desaparecidas requiere leyes efectivas, presupuesto protegido y capacidad forense suficiente para garantizar respuestas a las familias, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ante el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, que se conmemora el 30 de agosto.

    El organismo señaló que contar con un marco legal representa apenas el inicio de la respuesta estatal: su aplicación debe traducirse en búsquedas inmediatas, participación de las familias, coordinación entre instituciones y procesos de identificación que permitan el reencuentro o la entrega digna de restos.

    La dimensión del problema es especialmente relevante en México. El CICR reportó que más de 130 mil personas continúan desaparecidas en el país, mientras que Colombia registra más de 226 mil casos relacionados con conflictos armados. Brasil reportó 85 mil 233 personas desaparecidas en 2025 y Perú registró un incremento de 18 por ciento ese mismo año.

    México y América Latina enfrentan desafíos de búsqueda

    El CICR advirtió que las cifras de los distintos países no deben compararse de manera directa, debido a diferencias en los registros, la actualización de bases de datos y el subregistro de casos. La ausencia de sistemas centralizados y las barreras que enfrentan las familias para acudir a las instituciones dificultan dimensionar la magnitud real del fenómeno.

    Argentina, Colombia, Perú, Brasil y México cuentan con leyes específicas sobre desaparición de personas. En Colombia, además, el 5 de agosto de 2026 entró en vigor el Decreto 1029 de 2026, que adoptó una política pública integral con un horizonte de implementación de 10 años para la atención, prevención, búsqueda e identificación de personas desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado.

    La política colombiana establece cuatro componentes: atención integral; prevención y garantías de no repetición; búsqueda, identificación y entrega digna; y derecho a la justicia. También incorpora ejes de gobernanza, fortalecimiento de capacidades, participación, memoria y gestión de información.

    Presupuesto y capacidad forense, claves para las familias

    El CICR planteó cuatro prioridades para convertir las normas en resultados concretos: activar las búsquedas desde las primeras horas; garantizar la participación de las familias en cada etapa; asegurar presupuestos y políticas que trasciendan los gobiernos; y fortalecer los servicios médico-legales para recuperar, identificar y restituir dignamente a las personas fallecidas.

    Mariano Griva, coordinador de Protección de Vínculos Familiares del CICR, señaló que una ley pierde capacidad de respuesta si no está acompañada de activación inmediata, presupuesto y capacidad forense. Para las familias, agregó, el valor de las normas se refleja en la certeza sobre el destino de sus seres queridos.

    El organismo internacional informó que mantiene asistencia técnica a los Estados y acompañamiento a las familias en distintos puntos de la región. En México y Centroamérica impulsa mecanismos de búsqueda; en Colombia y la región andina trabaja en contextos de conflicto armado; en Venezuela apoya capacidades forenses y en Brasil y el Cono Sur promueve políticas públicas y bancos de datos genéticos.

    El CICR sostuvo que toda persona desaparecida tiene derecho a ser buscada y que las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus seres queridos, independientemente del tiempo transcurrido o de las circunstancias de la desaparición. –sn–

    Enfermeras en la Sede Cruz Roja

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  9. Detienen a exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y a policías por presuntos delitos de desaparición y asociación delictuosa

    Autoridades federales y estatales detuvieron al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro “N”, así como a un excomandante y policías municipales investigados por desaparición de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa.

    Por Margarita Hernández | Corresponsal                                     

    Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales derivó en la detención de Pedro «N», exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Mexicali, así como del excomandante Luis Alfonso «N» y de varios elementos en activo de la corporación, quienes son investigados por su probable participación en diversos delitos.

    Las capturas fueron ejecutadas la mañana de este martes 28 de julio como parte de una investigación enfocada en el combate a generadores de violencia y a servidores públicos presuntamente vinculados con actividades delictivas.

    Operativo coordinado entre autoridades federales y estatales

    El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

    De acuerdo con las autoridades, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas como resultado de una investigación desarrollada de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

    Investigan desaparición de personas y otros delitos

    La Fiscalía General del Estado informó que el exdirector, el excomandante y los policías municipales son investigados por su probable participación en los delitos de desaparición de personas, robo de vehículo, asociación delictuosa y otros ilícitos que pudieran derivarse del avance de las indagatorias.

    La dependencia precisó que la carpeta de investigación permanece abierta y que corresponderá a la autoridad judicial determinar la situación jurídica de las personas detenidas conforme al debido proceso.

    Asimismo, indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la procuración de justicia y combatir posibles actos delictivos en los que pudieran estar involucrados servidores públicos.

    Las autoridades señalaron que el operativo refleja la coordinación entre instituciones federales y estatales para enfrentar la delincuencia y reforzar las acciones de seguridad en Baja California.

    De conformidad con el principio de presunción de inocencia, las personas detenidas serán consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente. –sn–

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  10. Rosa Icela Rodríguez ofrece disculpas a colectivos de búsqueda por declaraciones sobre marcha del 11 de junio

    La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública a colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas por declaraciones relacionadas con la movilización del 11 de junio, durante una mesa de diálogo realizada en Tabasco.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, ofreció una disculpa pública a colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas por las declaraciones que realizó sobre los apoyos para trasladar personas desde Jalisco a la marcha del pasado 11 de junio en la ciudad de México.

    El pronunciamiento ocurrió durante una mesa de diálogo celebrada en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, donde autoridades federales y estatales sostuvieron un encuentro con familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos de ocho entidades del país.

    Aclara el alcance de sus declaraciones

    La funcionaria explicó que sus comentarios hacían referencia a información sobre un presunto ofrecimiento realizado por un funcionario local de Jalisco para facilitar el traslado de integrantes de colectivos a la manifestación realizada en la capital del país.

    Precisó que esa información le fue compartida por integrantes de colectivos de búsqueda y aseguró que en ningún momento buscó descalificar el trabajo ni las acciones de las familias.

    «Pero si ofendí a nadie, si alguien sintió que yo le faltaba el respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención», expresó la titular de la Segob.

    Rodríguez añadió que su intención era explicar el contexto de la relación entre distintos niveles de gobierno y reiteró el reconocimiento del gobierno federal a la labor que realizan diariamente los colectivos de búsqueda.

    Mesa de diálogo con familias de ocho estados

    En el encuentro participaron también la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, además de representantes de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda, organizaciones civiles y especialistas.

    A la reunión asistieron familiares y colectivos provenientes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

    El propósito del encuentro fue fortalecer la coordinación entre autoridades, escuchar de manera directa las demandas de las familias y revisar los avances en las estrategias de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

    Presentan avances en búsqueda e identificación

    Durante la reunión, Javier May Rodríguez señaló que Tabasco se sumó a la estrategia del gobierno federal para establecer espacios permanentes de diálogo con los colectivos y afirmó que estos encuentros permiten construir mecanismos de coordinación con mayor sensibilidad.

    El mandatario estatal recordó que en la entidad existen más de 3 mil 900 personas desaparecidas, por lo que consideró prioritario mantener la colaboración entre instituciones y familiares de las víctimas.

    Por su parte, Ernestina Godoy Ramos calificó la desaparición de personas como uno de los desafíos más complejos que enfrenta el país y subrayó la importancia de mantener una comunicación permanente con quienes buscan a sus familiares. –sn–

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  11. El Reclusorio Oriente, un espejo incómodo de la SSC de Pablo Vázquez Camacho

    Se intensifican los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades de Amparo Elizabeth Santamaría Briseño en el Reclusorio Oriente.

    La crisis del sistema penitenciario capitalino ya no puede esconderse detrás de discursos oficiales ni de estadísticas cuidadosamente seleccionadas. El caso de la subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Amparo Elizabeth Santamaría Briseño, exhibe una realidad que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México parece incapaz de explicar, menos Clara Crugada, qiuen gobierna esta ciudad capital: la profunda distancia entre la narrativa institucional de combate a la corrupción y los hechos que hoy generan sospechas, indignación y exigencias de transparencia.

    Mientras la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, insiste en presentar una imagen de control y profesionalización del sistema penitenciario, los centros de reclusión continúan apareciendo en la conversación pública por motivos muy distintos. Los reportes sobre extorsiones, autogobierno, venta de drogas y redes ilícitas dentro de las cárceles no son nuevos. Han sido denunciados durante años por internos, familiares, organizaciones civiles y materiales documentales que han mostrado prácticas incompatibles con un sistema penitenciario funcional.

    https://www.youtube.com/watch?v=fhCvVUA2gHg&t=1s

    En ese contexto, resulta inevitable preguntarse cómo una funcionaria que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional dentro del Reclusorio Oriente puede organizar una celebración cuyo costo aparente supera ampliamente los ingresos que públicamente reporta en sus declaraciones patrimoniales. La pregunta no es personal ni privada. Es un asunto de interés público porque involucra a una servidora pública adscrita a una de las áreas más sensibles del gobierno capitalino.

    Los datos conocidos generan más interrogantes que respuestas. Una fiesta de XV años con agrupaciones musicales de alto costo, –entre ellas «Los Cadetes de Linares» y  «Zona Rika«– un recinto exclusivo y actividades posteriores en Acapulco representan gastos que difícilmente pasan inadvertidos para cualquier ciudadano que compara esas cifras con los ingresos declarados oficialmente. Si todo tiene una explicación legal y transparente, corresponde a las autoridades presentarla de manera clara y verificable.

    Lo preocupante es que este episodio no surge en un vacío institucional. Ocurre precisamente en una cárcel que durante años ha estado bajo señalamientos relacionados con actividades ilícitas. Cuando las sospechas sobre movimientos económicos de funcionarios coinciden con denuncias persistentes de corrupción penitenciaria, el problema deja de ser una anécdota social y se convierte en una cuestión de confianza pública.

    https://www.instagram.com/p/DXizpq-jut2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

    La administración de Pablo Vázquez Camacho enfrenta aquí una prueba fundamental. No basta con guardar silencio o esperar que el ciclo mediático avance hacia otro tema. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una investigación interna, si se revisarán los movimientos patrimoniales de los funcionarios involucrados y si los mecanismos de control interno realmente funcionan.

    Más grave aún es el mensaje que reciben miles de policías honestos y trabajadores públicos que viven exclusivamente de sus salarios. Cuando aparecen casos que exhiben estilos de vida aparentemente incompatibles con los ingresos reportados, la percepción de impunidad se fortalece. Y cuando la autoridad no responde con claridad, esa percepción termina convirtiéndose en desconfianza institucional.

    La SSC tampoco puede ignorar el contexto estructural. Los señalamientos de autogobierno en centros penitenciarios no surgen por generación espontánea. Son consecuencia de años de tolerancia, supervisión deficiente y redes de poder que prosperan cuando la vigilancia institucional fracasa. Cada denuncia sobre extorsiones o actividades ilícitas dentro de una prisión representa un cuestionamiento directo a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la legalidad.

    El Reclusorio Oriente se ha convertido nuevamente en una ventana hacia problemas más profundos. La discusión ya no gira únicamente en torno a una celebración costosa. Lo verdaderamente relevante es saber qué ocurre detrás de los muros de una de las cárceles más importantes de la capital y por qué continúan apareciendo episodios que alimentan sospechas sobre la integridad de su administración.

    Pablo Vázquez Camacho tiene la obligación política y administrativa de responder sobre los cuestionamientos contra Santamaría Briseño. No porque exista una sentencia o una resolución definitiva sobre este caso, sino porque la confianza pública exige explicaciones oportunas cuando surgen cuestionamientos legítimos sobre el comportamiento de funcionarios que ocupan cargos estratégicos dentro del sistema penitenciario.

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    Reclusorio Oriente

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    El Balcón de la Sociedad reúne información previamente verificada de periodistas y colaboradores editoriales de SOCIEDAD NOTICIAS.

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  12. Balcón Social | El pato»Merlín» al Palacio Nacional

    En política, las prioridades suelen revelarse no por los discursos, sino por los símbolos.

    Durante los últimos días, un pato llamado «Merlín» se convirtió en una inesperada celebridad. Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, el animal llamó la atención de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente captó el interés de medios internacionales en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    La historia posee todos los ingredientes para triunfar en redes sociales: humildad, espontaneidad, futbol y un personaje entrañable capaz de generar simpatía inmediata entre públicos de distintas edades.

    El fenómeno incluso atrajo la atención del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien invitó a los propietarios del ave a compartir su historia y les ofreció la posibilidad de asistir a un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

    Hasta ahí, la anécdota encaja en la lógica del entretenimiento contemporáneo. Las redes sociales transforman episodios cotidianos en fenómenos virales y las figuras públicas suelen aprovechar esas tendencias para conectar con la audiencia.

    https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2068100496238182512?s=20

    El problema aparece cuando el espectáculo comienza a compartir espacio con asuntos que involucran dolor humano, derechos fundamentales y responsabilidades del Estado.

    México atraviesa una de las crisis más profundas de desapariciones en su historia reciente. Los registros oficiales acumulan más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una tragedia que afecta a miles de familias distribuidas en prácticamente todo el territorio nacional.

    Detrás de cada expediente existe una madre, un padre, un hermano o un hijo que busca respuestas. No se trata únicamente de estadísticas; se trata de vidas suspendidas en la incertidumbre.

    Por ello, resultó inevitable que diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas compararan la atención institucional otorgada al fenómeno mediático de Merlín con las dificultades que enfrentan para conseguir una audiencia o una respuesta de las autoridades.

    El reclamo no se dirige contra los propietarios del pato ni contra quienes encontraron en la historia un motivo de alegría. El cuestionamiento apunta a las señales que emite el poder cuando decide qué asuntos merecen visibilidad pública y cuáles permanecen en espera.

    La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido reuniones con empresarios, deportistas, representantes de organismos internacionales y figuras públicas de distintos ámbitos. Esa dinámica forma parte de la actividad cotidiana de cualquier jefe de Estado.

    https://twitter.com/washingtonpost/status/2067548103155057148?s=20

    Sin embargo, para sectores afectados por la violencia y las desapariciones, la percepción es distinta. Muchos consideran que el acceso a las más altas esferas del poder continúa siendo más sencillo para quienes generan impacto mediático que para quienes buscan justicia.

    La política moderna vive sometida al ritmo de la viralidad. Lo que genera clics, vistas y conversación digital suele imponerse sobre temas complejos que requieren tiempo, sensibilidad y respuestas institucionales de largo alcance.

    https://twitter.com/GustavoHdezhdez/status/2068092670229066170?s=20

    La verdadera discusión no gira alrededor de un pato convertido en celebridad. El debate de fondo consiste en determinar si las instituciones mexicanas mantienen la capacidad de colocar a las víctimas en el centro de la agenda pública.

    Un país puede celebrar sus historias virales, disfrutar el futbol y compartir momentos de entretenimiento colectivo. Lo que no debería ocurrir es que esas narrativas ocupen el lugar que corresponde a las demandas de quienes buscan a sus seres queridos.

    Porque cuando una sociedad comienza a normalizar que el espectáculo recibe más atención que el sufrimiento, el problema ya no es la popularidad de una mascota: es la distancia creciente entre el poder y el dolor de los ciudadanos.

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    Pato Merlín

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  13. Fiscalía mexiquense rinde informe con avances en seguridad

    En el informe se destacan los resultados obtenidos en este año de gestión, en el que fueron realizadas seis Operaciones enfocadas al combate a ilícitos de alto impacto que derivaron en la baja en la incidencia delictiva.

    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    El titular de la Fiscalía General de Justicia mexiquense, entregó a la Legislatura estatal y a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, su cuarto Informe de Gestión.

    El informe destaca la coordinación con las instituciones del gobierno federal y mexiquense, el Poder Judicial mexiquense, así como otras instancias de los tres órdenes de gobierno, ello para lograr resultados en el combate a la delincuencia.

    Así mismo contempla acciones desplegadas a partir de investigaciones de esta Institución, en el periodo comprendido del 1 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026, cuando fueron puestas en marcha las Operaciones “Fortaleza”, “Restitución”, “Liberación”, “Caudal”, “Senda” y “Desconexión”, las cuales fortalecieron la disminución de la incidencia delictiva general, así como de los delitos de alto impacto.

    “Combatir el fenómeno delictivo, es el principal objetivo de este órgano autónomo, ello se logra a través de un análisis especializado y focalizado de su comportamiento, que permite fortalecer la investigación y persecución de los ilícitos, principalmente los de alto impacto y con mayor profundidad aquellos que afectan a grupos vulnerables, los derivados de la violencia de género, en agravio de niñas, niños y adolescentes, así como otras conductas delictivas que causan consternación social”, expone el Fiscal General de Justicia del Estado de México.

    En el documento se informa el comportamiento estadístico de los delitos que más laceran a la sociedad como homicidio, extorsión y secuestro exprés, además se expone el panorama sobre los delitos vinculados a la violencia de género, como la desaparición de personas.

    También destaca acciones en respuesta a las exigencias sociales como la creación de las Unidades de Cercanía Social y Atención Pronta a la Denuncia y la de Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles. –sn–

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  14. Legislatura mexiquense aprueba reformas en materia de seguridad

    La seguridad y justicia estatal avanzaron con reformas legales aprobadas por el Congreso.


    Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

    La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsó acciones legislativas orientadas a fortalecer la seguridad de la población del estado de México, las medidas se enfocan a combatir la extorsión, robustecer la búsqueda de personas y consolidar un sistema de justicia confiable. Las iniciativas fueron avaladas este viernes por los integrantes de la Legislatura mexiquense durante el actual periodo de sesiones.

    Las reformas buscan alinear el trabajo del gobierno estatal con el marco jurídico nacional. En este sentido, la mandataria estatal reconoció el respaldo de diputados locales para avanzar en estos cambios. El objetivo consistió en coordinar políticas públicas con disposiciones federales vigentes.

    La aprobación legislativa incluye modificaciones a leyes clave en materia de seguridad y justicia. Las disposiciones legales reforzaron mecanismos institucionales para atender delitos de alto impacto. El paquete normativo se integró como parte de una estrategia estatal de seguridad.

    Reformas legales prioritarias

    Entre las modificaciones aprobadas se encontró la reforma a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México. También se ajustó la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal. Estas acciones buscaron fortalecer la respuesta institucional ante denuncias de desaparición.

    Asimismo, se reformaron la Ley de Seguridad y el Código Civil del Estado de México. Las adecuaciones priorizaron la administración y uso de datos biométricos. Dichos datos podrán ser consultados por autoridades facultadas para tareas de investigación y localización.

    El nuevo marco legal estableció lineamientos para el manejo de información sensible. Las autoridades deberán cumplir criterios de uso institucional y resguardo. La legislación definió atribuciones claras para cada dependencia involucrada. –sn–

    Desaparecido

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  15. Desapariciones y violación a los derechos humanos agravan crisis en la capital

    Aumentaron las desapariciones y crecieron las denuncias por violaciones a derechos humanos.

    Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

    En 2025, la situación de la ciudad de México (Cdmx) se tornó especialmente preocupante por el aumento de personas desaparecidas. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indicaron que el año cerró con más de 2 mil 200 reportes. La cifra representó un incremento aproximado de 76 por ciento respecto de 2024.

    La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) informó que este crecimiento colocó a la capital entre las entidades con mayor aceleración del fenómeno. El organismo refirió que el comportamiento superó tendencias observadas en años previos. El contexto fue calificado como de alta preocupación institucional.

    La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) reportó que, de enero al 15 de noviembre de 2025, recibió 19 quejas vinculadas con desapariciones. Los expedientes se relacionaron con fallas en procesos de búsqueda. La información fue integrada en balances oficiales del organismo local.

    Fallas en búsqueda inmediata

    Las quejas señalaron omisiones y falta de coordinación entre diversas autoridades. Entre las instancias mencionadas estuvieron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Comisión de Búsqueda local y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. También se incluyó a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.

    La CIDHPDA enumeró problemáticas recurrentes en los casos documentados. Se identificaron retrasos en la emisión de alertas, incluida la Alerta Amber. También se registraron deficiencias en identificación y restitución de cuerpos, así como carencias de información a familiares.

    El organismo internacional presentó un informe anual sobre violaciones a derechos humanos registradas en 2025. El documento abordó la persistencia de desapariciones, violencia letal y agresiones contra periodistas. También consignó uso excesivo de la fuerza y discriminación estructural contra pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. –sn–

    Cdmx

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  16. CNDH ordena a Fiscalía de Veracruz aceptar recomendación

    La Recomendación 126/2025 exige que la Fiscalía de Veracruz cumpla con la resolución estatal.


    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE) a aceptar la resolución emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH).

    La medida derivó de la Recomendación 126/2025, que acreditó deficiencias en las investigaciones sobre el paradero de dos personas desaparecidas. El caso reveló omisiones del Ministerio Público estatal, que impidieron garantizar los derechos a la verdad y a la justicia.

    Queja ante la CEDH

    En marzo de 2019, dos personas acudieron a la CEDH para presentar una queja en contra de la FGE por irregularidades en la indagatoria.

    Tras analizar el expediente, la comisión estatal emitió la Recomendación 062/2024, al comprobar violaciones a derechos fundamentales de las víctimas directas e indirectas. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz se negó a aceptar el instrumento, lo que motivó la intervención del organismo nacional.

    Revisión por la CNDH

    Las víctimas interpusieron un Recurso de Impugnación ante la CNDH, que asumió competencia y analizó la actuación ministerial.

    El organismo concluyó que existieron violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y derecho de búsqueda. En total, se documentaron afectaciones a cuatro personas directas y catorce indirectas, además de la vulneración al derecho a la verdad.

    Retraso en la búsqueda

    De acuerdo con la CNDH, el Ministerio Público no ejecutó de forma inmediata las acciones necesarias para localizar a las víctimas.

    La denuncia por desaparición fue presentada el 13 de mayo de 2013, pero solo se giraron cuatro oficios en los días siguientes. Otras ocho solicitudes de información se realizaron hasta septiembre y octubre de 2014, generando un retraso injustificado.

    Diligencias ineficaces

    La CEDH documentó que en la carpeta de investigación se asentó la llamada de un supuesto compañero de una de las víctimas.

    El testimonio aportaba datos relevantes sobre la desaparición, pero la autoridad no indagó su contenido. Esta omisión resultó en diligencias inefectivas que obstaculizaron el cumplimiento del deber de búsqueda inmediata.

    Incumplimiento de protocolo

    El organismo nacional señaló que la Fiscalía de Veracruz incumplió el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

    Dicho instrumento exige que las investigaciones ministeriales, periciales y policiales se activen dentro de las 72 horas posteriores a la denuncia. La falta de aplicación del protocolo afectó la eficacia de la indagatoria y vulneró los derechos de las víctimas y sus familias.

    Medidas ordenadas por la CNDH

    La persona titular de la FGE de Veracruz deberá emitir una circular interna instruyendo la aceptación formal de la Recomendación 062/2024 en un plazo máximo de 15 días hábiles.

    Asimismo, se deberá garantizar la reparación integral del daño a las personas afectadas por las omisiones institucionales. De persistir la negativa, la Fiscalía deberá fundar, motivar y hacer pública su postura ante la Legislatura estatal.

    Seguimiento y transparencia

    La CNDH advirtió que supervisará el cumplimiento de las medidas emitidas y notificará cualquier desacato a las autoridades correspondientes.

    El organismo subrayó la importancia de que la Fiscalía de Veracruz asuma su responsabilidad en los casos de desaparición. Con ello, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. –sn–

    Sede de la CNDH

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