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📰 EEUU se opuso: ONU aprueba resolución para utilizar nuevo mapamundi con tamaño real de los continentes
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Plus proche de la réalité
🌐 L’ONU adopte une réforme d’ampleur de la cartographie mondiale
https://www.lapresse.ca/international/2026-09-04/plus-proche-de-la-realite/l-onu-adopte-une-reforme-d-ampleur-de-la-cartographie-mondiale.php
#monde #média #ONU #Afrique #carte #maps #cartographie #cartography #projection #Mercator #EqualEarth

🌐 L’ONU soutient l’offensive africaine pour redessiner la carte du monde
https://news.un.org/fr/story/2026/09/1159416
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█ L'ONU vota a favor de canviar el mapamundi per una versió que no minimitzi l'Àfrica ▓▒░ L'organització mundial demana, amb tots els països membres a favor excepte els Estats Units, abandonar la projecció de Mercator a favor de mapes més precisos sense distorsions cartogràfiques
https://www.3cat.cat/3catinfo/lonu-vota-a-favor-de-canviar-el-mapamundi-per-una-versio-que-no-minimitzi-lafrica/noticia/3427209/?ext=MASTODON_SOCIAL

#3catinfo #internacional #franca #africa #onu

La ONU vota cambiar el mapamundi para reflejar el verdadero tamaño de África

https://tardigram.com/m/Politica/t/62945

Humanidad superará el límite de 1.5 °C y deberá reducir al mínimo el sobrecalentamiento: ONU

El PNUMA advierte que superar temporalmente los 1.5 °C es inevitable, pero António Guterres afirma que todavía es posible limitar el aumento de temperatura y regresar a ese objetivo antes de finalizar el siglo.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La humanidad se encamina a superar el límite de 1.5 °C establecido por el Acuerdo de París, pero todavía puede reducir la magnitud y duración de ese sobrecalentamiento si acelera de inmediato la reducción de emisiones, advirtió el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

El nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre el sobrepaso de 1.5 °C señala que, bajo las políticas actuales y distintas trayectorias de corto plazo, rebasar temporalmente ese umbral ya se considera inevitable. La prioridad, según el organismo, es limitar cuánto se eleva la temperatura y cuánto tiempo permanece por encima del objetivo.

Guterres sostuvo que cada fracción adicional de calentamiento incrementa los riesgos para la población, las economías y los ecosistemas. Por ello, llamó a acelerar la transición energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger bosques, tierras y océanos.

El sobrepaso de 1.5 °C será temporal, pero tendrá consecuencias

El PNUMA define el sobrepaso climático como un periodo en el que la temperatura global rebasa 1.5 °C, alcanza un máximo y posteriormente puede disminuir. El nuevo análisis advierte que un mayor nivel máximo de calentamiento y una permanencia más prolongada por encima del umbral implican mayores riesgos para las personas y la naturaleza.

https://sociedad-noticias.com/2026/09/03/huracan-marie-se-intensifica-a-categoria-2-refuerza-lluvias-y-cierra-puertos-en-baja-california-sur/

El organismo considera que las decisiones adoptadas en los próximos años serán determinantes. Reducir el máximo de calentamiento y acortar el periodo de sobrepaso disminuiría la posibilidad de alcanzar umbrales irreversibles y reduciría las dificultades para adaptar a las sociedades y los ecosistemas.

La advertencia se suma a los resultados del Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025, que estimó que la aplicación plena de los compromisos climáticos nacionales llevaría a un calentamiento de entre 2.3 y 2.5 °C durante este siglo, mientras las políticas actualmente vigentes apuntan hacia aproximadamente 2.8 °C.

Guterres pide acelerar la transición energética

Ante este escenario, el secretario general de la ONU pidió acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y ampliar el uso de energías renovables.

También planteó reducir las emisiones de metano y fortalecer la protección de bosques, tierras y océanos como parte de una estrategia para contener el calentamiento global.

El llamado incluye a los gobiernos, que deberán elevar la ambición de sus planes climáticos nacionales y de sus compromisos para alcanzar emisiones netas cero. Los países desarrollados, además, deben aumentar el financiamiento destinado a la adaptación climática y asegurar que los recursos lleguen a las poblaciones más expuestas.

Todavía existe una ruta para regresar a 1.5 °C

El nuevo informe del PNUMA sostiene que superar temporalmente 1.5 °C no significa abandonar ese objetivo. La estrategia que identifica como la mejor alternativa disponible consiste en limitar el sobrepaso, alcanzar un máximo de calentamiento lo más bajo posible y después reducir progresivamente la temperatura.

El organismo advierte que regresar a 1.5 °C será extremadamente difícil y requerirá reducciones rápidas y profundas de las emisiones. El análisis también señala que cada fracción de grado que se evite implica menores daños para las personas, las economías y los ecosistemas.

El Acuerdo de París, adoptado hace una década, estableció como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C respecto de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1.5 °C. La evidencia científica disponible muestra que ese objetivo enfrenta una presión creciente, pero que todavía existen alternativas para reducir los riesgos asociados al calentamiento. –sn–

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le courrier de l’Atlas
Des rapporteurs de l’ONU craignent un harcèlement politique et judiciaire visant Rima Hassan
https://mcinformactions.net/spip.php?article232297&lang=fr
#Israel #Gaza #Cisjordanie #genocide #famine #tortures #RimaHassan #ONU

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Des rapporteurs de l’ONU craignent un harcèlement politique et judiciaire visant Rima Hassan
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ONU exige a Sri Lanka frenar abusos, reformar cárceles y avanzar en justicia por violaciones de derechos humanos

La ONU pidió a Sri Lanka reforzar la rendición de cuentas, investigar abusos, reformar las cárceles y derogar la Ley de Prevención del Terrorismo ante denuncias de tortura, vigilancia y detenciones arbitrarias.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Sri Lanka acelerar las investigaciones por violaciones de derechos humanos, reforzar la rendición de cuentas y avanzar en la reconciliación, ante denuncias de tortura, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias y vigilancia contra periodistas y activistas.

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), correspondiente al periodo de octubre de 2025 a julio de 2026, reconoce avances en investigaciones relacionadas con asesinatos políticos, desapariciones forzadas, corrupción y los atentados del Domingo de Pascua de 2019, pero advierte que persisten graves obstáculos para superar décadas de impunidad.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Anura Kumara Dissanayake consolidar las medidas adoptadas y adoptar acciones concretas para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado y en años recientes.

ONU cuestiona aplicación de ley antiterrorista

El organismo internacional señaló que, pese a las promesas de reformas legales e institucionales, las autoridades continúan aplicando la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), utilizada para realizar arrestos arbitrarios y mantener detenciones prolongadas sin cargos.

Türk pidió establecer una moratoria sobre la aplicación de esa legislación mientras se concreta su derogación, además de liberar a las personas que permanecen detenidas durante largos periodos bajo sus disposiciones.

El informe también documentó denuncias de vigilancia estatal contra integrantes de organizaciones civiles, activistas y periodistas. La información recibida por la ONU, según el documento, apunta a un patrón persistente de vigilancia, intimidación y represalias atribuido a funcionarios militares y de inteligencia.

Las personas interrogadas habrían sido cuestionadas sobre viajes a Ginebra, participación en mecanismos de derechos humanos de la ONU, afiliaciones organizativas, fuentes de financiamiento y asistencia a protestas o actos de conmemoración.

Tortura y muertes bajo custodia

La situación penitenciaria figura entre las principales preocupaciones del informe. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka registró 602 casos de tortura y malos tratos durante 2025 y otros 138 hasta abril de 2026.

El organismo nacional también recibió denuncias sobre 18 muertes bajo custodia en 2025 y tres más hasta abril de este año. Uno de los casos corresponde a un hombre de 40 años detenido por un delito menor relacionado con drogas, quien murió el 3 de mayo en la prisión de Welikada, en Colombo, presuntamente después de recibir una brutal golpiza.

La ONU también llamó la atención sobre los disturbios ocurridos en la prisión de Negombo en julio, que dejaron 32 muertos y más de un centenar de heridos. El episodio puso nuevamente bajo escrutinio el hacinamiento y otras deficiencias estructurales del sistema penitenciario.

Persisten casos de la guerra civil

El informe sostiene que los esfuerzos para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado todavía presentan deficiencias, particularmente en la investigación y procesamiento de crímenes graves.

Türk consideró necesario adoptar medidas contra los responsables de violaciones cometidas por cualquiera de las partes durante el conflicto que se prolongó durante más de dos décadas.

Entre los avances recientes, la ONU tomó nota de la decisión del fiscal general de procesar al ex primer ministro de la Provincia Oriental, Sivanesathurai Chandrakathan, conocido como Pillayan, y a otras tres personas por el presunto secuestro y asesinato del exvicerrector de la Universidad Oriental, Subramanian Ravindranath, ocurrido en 2006.

Sin embargo, el Alto Comisionado cuestionó que otros casos emblemáticos continúen sin resolverse. Entre ellos mencionó el asesinato de 17 trabajadores humanitarios de Action Contre La Faim en Muttur, ocurrido hace dos décadas.

ONU pide proteger a víctimas y liberar territorios

La ONU pidió al gobierno de Sri Lanka intensificar las medidas de reconciliación y rendición de cuentas, así como garantizar que las personas señaladas de manera creíble por violaciones de derechos humanos no ocupen altos cargos gubernamentales, de seguridad o diplomáticos mientras las acusaciones no sean investigadas y resueltas de manera efectiva.

Türk también instó a las autoridades a respaldar las iniciativas de conmemoración de las víctimas y avanzar en la liberación de territorios que permanecen bajo ocupación militar.

El informe reconoce que el gobierno ha denunciado el racismo y promovido la unidad nacional, pero advierte que la falta de avances en verdad y justicia puede frenar el proceso de transformación institucional que reclaman las víctimas y sus familias.

El llamado de la ONU ocurre mientras Sri Lanka enfrenta el desafío de convertir las investigaciones recientes en procesos judiciales efectivos y establecer mecanismos capaces de impedir que las violaciones de derechos humanos permanezcan sin consecuencias. –sn–

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Irã ataca bases no Kuwait e Emirados Árabes como retaliação a ‘crime de guerra’ dos EUA

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📻 ■ Superar el límite de 1,5º es "inevitable", según la ONU ■
https://los40.com/2026/09/03/superar-el-limite-de-15-es-inevitable-segun-la-onu/?int=MASTODON_WORLD

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ONU: Calentamiento global superará los 1,5 grados, pero aún puede revertirse con políticas urgentes

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https://www.csseo.org/1315676/ L’ex funzionario Onu Andrea Angeli trovato morto in casa: il decesso risalirebbe ad alcuni giorni fa #andrea #angeli #Cronaca #CronacaItaliana #decesso #funzionario #Italia #Italy #Notizie #onu #risalirebbe #trovato #UltimeNotizie #UltimeNotizieENewsDiOggi #UltimeNotizieItalia

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https://www.europesays.com/it/662228/ Trovato morto in casa a Macerata Andrea Angeli, funzionario dell’Onu. Salvò l’ultima italiana rimasta nella Sarajevo in guerra #AndreaAngeli #Cronaca #CronacaItaliana #CronacaItaliana #IT #Italia #Italy #morto #News #Notizie #onu #sarajevo #UltimeNotizie #UltimeNotizieENewsDiOggi #UltimeNotizieItalia #UltimeNotizie #UltimeNotizieEnewsDiOggi #UltimeNotizieItalia

ONU México condena asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor, líderes sociales de Cajibío, Cauca

La ONU condenó el asesinato de María Ovidia Palechor y James Flor en Cajibío, Cauca, y exigió investigar el doble homicidio y proteger a defensores de derechos humanos.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó el asesinato de María Ovidia Palechor y James Edimer Flor, líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en su vivienda de la zona rural de Cajibío, Cauca.

El doble homicidio ocurrió la madrugada del 1 de septiembre en el sector de Las Casitas, corregimiento de La Pedregosa, donde hombres armados irrumpieron en la vivienda de la pareja y les dispararon. Hasta ahora no se ha establecido públicamente quiénes fueron los responsables ni el móvil del ataque.

La muerte de ambos líderes generó preocupación entre organizaciones sociales y autoridades, debido a su trabajo con víctimas del conflicto armado, comunidades campesinas e indígenas y procesos de construcción de paz. Con estos asesinatos, Indepaz reportó 103 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.

¿Quiénes eran María Ovidia Palechor y James Flor?

María Ovidia Palechor pertenecía al pueblo indígena Yanakuna y durante años participó en procesos de defensa de los derechos humanos. Fue coordinadora del Programa Mujer y del Programa de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), además de participar en espacios de representación de víctimas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia señaló que trabajó de manera cercana con Palechor y reconoció su trayectoria en la defensa de las víctimas del conflicto armado, los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y la construcción de paz.

James Edimer Flor fue un líder campesino y comunitario de La Pedregosa. También participó en procesos de atención y representación de víctimas. Un informe sobre personas defensoras de derechos humanos lo identificó como coordinador de la Mesa de Víctimas de Cajibío y representante de una organización de víctimas ante ese espacio.

La pareja tenía además vocería en el denominado Territorio de Paz de La Pedregosa, desde donde participaba en procesos comunitarios y reclamaba garantías para la población de esta zona del Cauca.

ONU exige investigar el doble homicidio

Ante el crimen, Naciones Unidas llamó a las autoridades encargadas de la justicia en Colombia a adoptar las medidas necesarias para investigar los hechos, identificar a los responsables, llevarlos ante los tribunales y evitar que el asesinato quede impune.

El organismo también pidió al Estado implementar medidas eficaces de prevención y protección para las personas defensoras de derechos humanos, los procesos organizativos y las comunidades, con especial atención en el departamento del Cauca.

Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación. Reportes periodísticos coinciden en que hasta el momento no se ha identificado públicamente a los autores materiales ni se ha establecido el motivo del doble homicidio.

Cauca, bajo presión de grupos armados

El asesinato ocurre en un territorio afectado por la presencia y disputa de grupos armados ilegales. Indepaz señaló que en Cajibío existe una situación de alto riesgo para la población civil y mencionó la presencia del Frente Jaime Martínez, además de otros grupos armados y estructuras criminales.

La violencia contra los líderes sociales también se ha mantenido como uno de los principales problemas de derechos humanos en Colombia. Con los casos de Palechor y Flor, el registro de Indepaz llegó a 103 asesinatos de líderes sociales y comunitarios durante 2026, de acuerdo con el reporte difundido tras el doble homicidio.

La Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales han reclamado respuestas ante la situación de seguridad en Cajibío. Este miércoles se realizó un consejo de seguridad para analizar el escenario y definir medidas de protección para las comunidades. –sn–

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https://www.europesays.com/africa/407210/ L’épidémie d’Ebola en RDC devient la plus meurtrière d’Afrique avec plus de 3000 morts #Afrique #Epidémies #GenèveInternationale #Monde #OMS #onu #Premium #Santé #Sciences

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📰 Bachelet dobla la apuesta y apunta contra el Consejo de Seguridad de la ONU: “Deberían representar mejor al mundo hoy en día”
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#bachelet #consejo #seguridad #onu #diplomacia

La ONU asume que el calentamiento global superará los 1,5 ºC, pero ve aún posible reducir las temperaturas a largo plazo

https://tardigram.com/m/MedioAmbiente/t/62034

https://linsoumission.fr/2026/09/01/rima-hassan-onu-rapporteurs/
#Rima#Hassan et la #criminalisation du soutien à la #Palestine : 5 rapporteurs spéciaux de l’ #ONU mettent en garde la #France
#LFI #Gaza

Cada fracción de grado costará vidas, pero el aumento de temperaturas puede revertirse con políticas urgentes

https://tardigram.com/m/MedioAmbiente/t/61860

https://www.csseo.org/1315026/ Cipro, l’Onu rilancia e vuole stringere per un nuovo negoziato con un nuovo vertice a New York #AntonioGuterres #Cipro #NewYork #onu #Turchia #UnioneEuropea

Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | 60 MDP de prerrogativas del PRD-Cdmx, “en el aire”

*El TECDMX revocó resoluciones del IECM que le daban la razón a Lobo Román y su grupo en relación al Partido del Sol Azteca. *Exhortan a la SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales a quienes adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad.*Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”. 

Por Luis Muñoz  

Lo que se vio a media semana confirma el dicho nunca mejor aplicado: “Que del plato a la boca se cae la sopa”. 

Cuando el diputado federal Víctor Hugo Lobo Román y su grupo ya sentían suyas las prerrogativas estimadas en 60millones de pesos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México los paró en seco. Una vez más le dio la razón a quien legítimamente la tiene: la parte promovente encabezada por la diputada Nora Arias Contreras, reconocida como la verdadera dirigente del PRD Ciudad de México.

La persistencia de Lobo Román deja entrever que la principal motivación de esta lucha por apoderarse del PRD capitalino son los 60 millones de pesos que le corresponden al partido del Sol Azteca, aunque hay versiones que señalan que se trata de un acumulado de aproximadamente 81.8 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes a los años 2025 y 2026. 

Pero sean 80 o 60 millones, es lo de menos. El tema es ¿Por qué tendrían que dárselos a alguien que ni siquiera es ya perredista sino morenista? 

¿Por qué el IECM falla a favor de este grupo?

Porque, aunque menguadas, Víctor Hugo Lobo Román tiene influencias y hace uso de ellas sin reparo.

Aunque a veces en este tinglado se menciona a Jesús Zambrano, no tiene caso hablar de este personaje que está más quemado que un muñeco de Judas en Semana Santa.

Por él y Jesús Ortega, conocidos como “Los Chuchos”, el PRD a nivel nacional dejó de existir al perder su registro, pues no alcanzó el 3 % mínimo de la votación válida emitida en las elecciones federales del 2 de junio de 2024.

¿Por qué ese desplome?

La razón: A una severa pérdida de respaldo ciudadano y el desplazamiento de su base electoral histórica. Gran parte de los simpatizantes tradicionales del PRD migraron hacia nuevos movimientos políticos consolidados en los años previos, debilitando su base principal.

En consecuencia, el partido obtuvo apenas alrededor del 1.86 % de la votación válida emitida para la presidencia y cifras similares en el Congreso, l % requerido por el entonces Instituto Nacional Electoral (INE).

REVOCA EL TECDMX RESOLUCIONES DEL IECDM

Ahora, la semana que concluyó, hubo un revés para Lobo Román y su grupo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM) revocó las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral (IECM) en favor del grupo del legislador en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino.

Además exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al mismo.

Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández, cuestionaron su desempeño político.

Se menciona a Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

De entre ellas resalta Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman integrantes del Tribunal Electoral.

De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

Además, pidieron al Instituto Electoral tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.

INCENTIVOS FISCALES AMBIENTALES: PABLO TREJO 

El diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales dirigidos a personas físicas y morales que adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad, la cual fue aprobada.

Durante su intervención en Tribuna, el legislador sostuvo que la capital del país posee una memoria histórica profundamente ligada a su origen lacustre, pero advirtió que la acelerada transformación urbana, la presión sobre los acuíferos y la sobreexplotación de los recursos naturales exigen una transición inmediata hacia un modelo de resiliencia hídrica, ambiental y climática sostenida.

En ese sentido, subrayó que la política pública ambiental local debe evolucionar y superar los esquemas puramente punitivos o de inspección y vigilancia. Señaló que la construcción de una ciudad sustentable requiere migrar con firmeza hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el fomento económico, en el que los instrumentos hacendarios sirvan para impulsar la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad.

CAMBIO CLIMÁTICO NO SE PUEDE IGNORAR

El Congreso de la Ciudad de México fue sede del Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”, en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas, el cual contó con el apoyo de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García. Este encuentro de diálogo fue impulsado por la Red de Legisladores Estatales para el Cambio Climático (RELECC) y las organizaciones Política y Legislación Ambiental (POLEA) e IDEA-Iniciativa Climática de México. 

En su intervención, Espinosa de los Monteros aseveró que el cambio climático es una realidad que no se puede ignorar ni postergar su solución, porque está transformando las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta, y afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos y a las comunidades más vulnerables. 

“Es un verdadero honor participar en este encuentro para abordar un tema que representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para construir un futuro más sostenible, más equitativo y socialmente responsable”, subrayó la legisladora de MORENA. 

Detalló que el incremento de la temperatura; las sequías prolongadas; las lluvias extremas; las inundaciones; los incendios forestales; las pérdidas de la biodiversidad, y la creciente presión sobre el agua y los recursos naturales, son manifestaciones de una crisis climática que urge respuestas inmediatas. 

También aseveró que el cambio climático va más allá de una responsabilidad ambiental porque representa un desafío social, económico, energético y de justicia. Eso obliga a los gobiernos y congresos estatales a replantear políticas públicas en la materia, así como fortalecer las herramientas jurídicas y financieras que permitan construir comunidades más resilientes y un futuro sostenible. 

Admitió que “desde los congresos locales tenemos una responsabilidad fundamental: crear las condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales para que la transición energética sea accesible para todas y todos. La legislación subnacional tiene una enorme capacidad para transformar la realidad cotidiana”, recalcó. Precisó que estos órganos deben explorar fondos estatales y municipales para la transición energética; esquemas de financiamiento verde; incentivos fiscales; alianzas público-privadas; mecanismos de inversión social; programas de financiamiento para pequeñas empresas y, particularmente, instrumentos que permitan que las familias de menores ingresos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías energéticas. 

“La energía limpia debe ser también una energía accesible. Una transición justa debe garantizar que los beneficios económicos y ambientales lleguen a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó.

Como parte de las actividades, participaron tres expertos en la materia: Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora especializada en cambio climático, transición energética y justicia climática; Rodolfo Godínez, catedrático de la UNAM, y Gabriela de la Torre Ríos, representante de C40 Cities, red global climática que acompaña a las ciudades para tener planes de acción climática. 

También Andrés Ávila, Secretario de la RELECC y la diputada María Isabel Ortiz, quien coordinó dicho foro, En su presentación, Ana Sofía Tamborrel afirmó que la injusticia climática refleja una triple desigualdad, pues las personas más pobres son las más vulnerables, ya que tienen menor capacidad de adaptación y resiliencia, en contraste con los más ricos, quienes son responsables de la emisión de gases invernadero. 

“En México, 10% de la población emite casi tres por ciento de gases de efecto invernadero versus los más ricos que emiten casi el 30%”.

*Periodista: [email protected]

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Masacre en Haití deja 47 muertos y más de 52 secuestrados, ONU exige proteger a civiles

Al menos 47 personas murieron y más de 52 fueron secuestradas en un ataque de pandillas en Kenscoff, Haití. La ONU exige investigaciones, protección de civiles y acelerar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Al menos 47 personas murieron y más de 52 fueron secuestradas durante un ataque armado perpetrado el 23 de agosto en Kenscoff, comuna ubicada en las afueras de Puerto Príncipe, Haití, informó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). Entre las víctimas mortales hay tres niños y dos niñas, mientras que otras 22 personas resultaron heridas.

La violencia alcanzó a residentes y población desplazada que buscaba refugio. De acuerdo con la información verificada por Naciones Unidas, unos 150 pandilleros fuertemente armados irrumpieron en varias localidades cercanas al centro de Kenscoff y dispararon contra habitantes que intentaban escapar; al menos 13 personas murieron en las calles.

Posteriormente, los atacantes persiguieron a más de 50 personas que se habían refugiado en una iglesia protestante. Tras obligarlas a salir, 22 fueron ejecutadas en el patio del templo y otras 12 murieron detrás de la iglesia. La pandilla también secuestró a más de 52 personas durante su retirada, entre ellas un niño y cuatro niñas.

Amenazan con matar a los rehenes

El secuestro elevó la presión sobre las autoridades haitianas. En un mensaje de audio difundido en redes sociales el 24 de agosto, integrantes de la pandilla amenazaron con ejecutar a los cautivos si continuaban las operaciones de seguridad en su contra.

La ONU pidió a las autoridades nacionales reforzar de manera urgente la protección de la población en las zonas sometidas a la violencia de las bandas armadas y garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre las denuncias de violaciones y abusos contra los derechos humanos.

El ataque ocurre en una zona que ya había sido escenario de una fuerte ofensiva de grupos criminales. Naciones Unidas documentó en 2025 al menos 262 personas asesinadas y 66 heridas durante dos meses de ataques en Kenscoff, además de la destrucción o incendio de unas 200 viviendas y el desplazamiento de más de 3 mil habitantes.

Violencia deja más de mil 400 muertos en tres meses

La masacre se inscribe en una crisis de seguridad que continúa extendiéndose por Haití. Entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) documentó 1,408 personas muertas y 656 heridas en hechos relacionados con la violencia de las pandillas.

Durante el mismo periodo, 326 personas fueron víctimas de violencia sexual. La ONU advirtió que la cifra probablemente es mayor debido al temor a represalias, el estigma social, las dificultades para acceder a servicios de atención y la falta de confianza en la policía.

La violencia también se ha extendido a otras zonas. BINUH informó que entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026 al menos 613 personas fueron asesinadas y 375 resultaron heridas en la zona de Plaine du Cul-de-Sac y varios barrios de Cité Soleil; más de un tercio de las víctimas no tenía relación con grupos criminales.

ONU alerta por tráfico de armas hacia Haití

El acceso de las pandillas a armas y municiones continúa siendo uno de los factores que alimentan la violencia. El 24 de agosto, otra banda que opera en Puerto Príncipe mostró en redes sociales lo que aparentaba ser un nuevo cargamento de armas procedente del extranjero, pese al embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El embargo fue establecido en 2022 y posteriormente ampliado. La resolución 2794, adoptada en octubre de 2025, renovó las medidas y amplió el alcance del embargo para incluir armas pequeñas, armas ligeras y sus municiones.

Naciones Unidas ha señalado que el tráfico de armamento continúa pese a las restricciones. Un análisis publicado por la ONU estimó que entre 270 mil y 500 mil armas ilegales circulaban en Haití, mientras grupos criminales mantienen acceso a armas de fuego cada vez más sofisticadas.

Exigen justicia y despliegue de fuerza contra pandillas

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que las autoridades haitianas garanticen el funcionamiento pleno de las unidades judiciales especializadas encargadas de investigar crímenes masivos, violencia sexual y otros delitos graves.

Türk también llamó a acelerar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y reclamó que sus operaciones se desarrollen bajo las normas internacionales de derechos humanos.

La GSF ya había comenzado operaciones y acelerado su despliegue durante 2026. La Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH) fue establecida para proporcionar respaldo logístico y operativo a la fuerza, incluidos servicios médicos, transporte, aviación, comunicaciones y seguridad.

Para la ONU, la respuesta de seguridad debe acompañarse de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La investigación de la masacre de Kenscoff y el combate a la impunidad serán determinantes para proteger a la población civil y evitar que nuevos ataques de las pandillas profundicen la crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta Haití. –sn–

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“El mundo necesita esperanza”: Bachelet expone en el WGS Virtual Dialogue en días clave para su candidatura a la ONU | vía #UChileRadio

https://radio.uchile.cl/2026/08/27/el-mundo-necesita-esperanza-bachelet-expone-en-el-wgs-virtual-dialogue-en-dias-clave-para-su-candidatura-a-la-onu/

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https://www.europesays.com/es/729685/ La ONU alerta de la expansión «exponencial» del brote de ébola – La Voz de Galicia #africa #BreakingNews #BreakingNews #ebola #FeaturedNews #FeaturedNews #francia #Headlines #Internacional #International #InternationalNews #InternationalNews #LatestNews #LatestNews #NacionesUnidas #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #oms #ONU #RepúblicaCentroafricana #Titulares #Uganda #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias #World #WorldNews #WorldNews

💳 **Derecho a veto... pero de pagar las cuentas ni hablemos**

Estados Unidos le debe $5.000 M a la ONU (entregará sólo $850 M), mientras sigue exigiendo cambios drásticos, recortando fondos y retirándose de los organismos. Aunque conserva TODOS sus privilegios y poder absoluto.

¿Normas iguales? Para ellos no: deciden cuánto, cuándo y bajo qué condiciones.

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Rebeca Grynspan pierde terreno en carrera por la Secretaría General de la ONU

Rebeca Grynspan pierde terreno en carrera por la Secretaría General de la ONU
San José, 21 ago (elmundo.cr) – La candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) enfrentó un revés este viernes, al perder el liderato en la segunda votación informal realizada por el Consejo de Seguridad. Tras los resultados de este segundo sondeo, la economista nacional, quien lideró la […]
Edmundo
El Mundo CR

#CarolynRodrigues-Birkett #ConsejoDeSeguridad #CostaRica #Destacada #Diplomacia #NacionesUnidas #ONU #RebecaGrynspan #SecretariaGeneral

https://elmundo.cr/costa-rica/rebeca-grynspan-pierde-terreno-en-carrera-por-la-secretaria-general-de-la-onu/

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

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Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

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El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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La Oficina de Derechos Humanos de la ONU y cómo funciona

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos nació en 1993 y hoy es el principal organismo del sistema de Naciones Unidas para promover y proteger derechos humanos. Esta es su historia, funciones, estructura, titular y relación con los gobiernos.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), conocida internacionalmente como OHCHR por sus siglas en inglés, es la principal entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encargada de promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Su mandato abarca derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, además del derecho al desarrollo.

La oficina no es un tribunal internacional ni un gobierno supranacional. Tampoco sustituye a las autoridades judiciales de los países. Su función consiste principalmente en vigilar, documentar, informar, asesorar, formular recomendaciones, proporcionar asistencia técnica y fortalecer los mecanismos internacionales y nacionales destinados a garantizar los derechos fundamentales.

Su importancia política deriva precisamente de esa posición: puede investigar y documentar situaciones de derechos humanos, emitir pronunciamientos, dialogar con gobiernos, presentar informes ante órganos de la ONU y llamar la atención internacional sobre violaciones graves, pero sus actuaciones están sustentadas en un mandato institucional de Naciones Unidas y no en una facultad para imponer directamente sanciones a los Estados.

De dónde surge la Oficina de Derechos Humanos de la ONU

El antecedente inmediato de la OACNUDH se encuentra en la evolución del sistema internacional de derechos humanos posterior a la Segunda Guerra Mundial. La aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 inició un proceso mediante el cual la ONU fue creando tratados, órganos de vigilancia y procedimientos especializados.

Durante décadas existieron distintos mecanismos, pero no había una figura con rango suficientemente alto para concentrar la representación política y técnica de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

El cambio decisivo ocurrió en Viena, Austria, en junio de 1993, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. La reunión se desarrolló del 14 al 25 de junio y congregó a representantes de 171 Estados, además de miles de participantes de organismos internacionales, instituciones nacionales, especialistas y organizaciones no gubernamentales. El resultado fue la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptados por consenso el 25 de junio de 1993.

La conferencia planteó la necesidad de fortalecer la maquinaria internacional de protección de los derechos humanos y recomendó la creación de un Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Meses después, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General aprobó la resolución 48/141, mediante la cual creó formalmente el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y estableció la oficina que lo respalda. La resolución fue adoptada sin votación.

La sede quedó establecida en Ginebra, Suiza, con una oficina de enlace en Nueva York.

Qué mandato recibe

La resolución fundacional estableció un mandato amplio. El Alto Comisionado debe promover y proteger todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo.

Entre sus responsabilidades también se encuentran proporcionar asesoría y asistencia técnica y financiera, cuando corresponda y a petición del Estado interesado; coordinar actividades de educación e información pública de la ONU en derechos humanos; contribuir a prevenir la continuidad de violaciones; mantener diálogo con los gobiernos y coordinar, racionalizar, fortalecer y mejorar los mecanismos de Naciones Unidas en esta materia.

La oficina, por tanto, funciona como un punto de articulación del sistema internacional de derechos humanos. No concentra todos los mecanismos existentes, pero proporciona apoyo técnico y administrativo a buena parte de ellos.

Qué hace en la práctica

La OACNUDH desarrolla actividades de monitoreo, documentación, investigación, asistencia técnica, capacitación, asesoría jurídica, prevención y cooperación internacional.

También trabaja sobre el terreno mediante oficinas nacionales y regionales, asesores de derechos humanos y componentes de derechos humanos integrados en algunas operaciones de Naciones Unidas.

La oficina apoya, entre otros mecanismos, al Consejo de Derechos Humanos, al Examen Periódico Universal, a los órganos que supervisan tratados internacionales y a los procedimientos especiales, como relatores y expertos independientes.

En abril de 2026, el sistema de procedimientos especiales contaba con 46 mandatos temáticos y 13 mandatos por país, mientras los 10 órganos de tratados estaban integrados por expertos independientes elegidos por los Estados parte de los instrumentos correspondientes.

Esto permite distinguir entre la OACNUDH y los demás órganos: la oficina proporciona apoyo y coordinación dentro del sistema, mientras que determinados expertos, comités y órganos tienen mandatos propios.

Quiénes integran la estructura

La OACNUDH forma parte de la Secretaría de la ONU y responde administrativamente al Secretario General, pero su Alto Comisionado cuenta con un mandato específico otorgado directamente por la Asamblea General. La propia oficina señala que es una entidad distinta del Consejo de Derechos Humanos, que es un órgano intergubernamental integrado por 47 Estados miembros.

La estructura incluye personal internacional, divisiones especializadas, oficinas regionales y presencias nacionales.

En su sede de Ginebra existen tres grandes divisiones sustantivas: la División de Compromiso Temático, Procedimientos Especiales y Derecho al Desarrollo; la División del Consejo de Derechos Humanos y Mecanismos de Tratados; y la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica. A ellas se suman servicios de gestión, planificación, coordinación y comunicación.

La OACNUDH cuenta actualmente con más de mil 300 funcionarios internacionales distribuidos en distintas partes del mundo.

Quién dirige la Oficina

El titular es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien es el principal funcionario de la ONU en materia de derechos humanos.

El cargo tiene rango de subsecretario general y, de acuerdo con la resolución 48/141, la persona debe contar con alta autoridad moral, integridad personal y experiencia y conocimiento suficientes para desempeñar sus funciones de manera imparcial, objetiva y no selectiva.

El procedimiento establece que el Secretario General propone y nombra al Alto Comisionado, sujeto a la aprobación de la Asamblea General, tomando en cuenta la rotación geográfica. El mandato dura cuatro años y puede renovarse una sola vez por otro periodo de cuatro años.

Volker Türk, el actual Alto Comisionado

El actual titular es el austriaco Volker Türk, quien asumió oficialmente sus funciones el 17 de octubre de 2022, después de la salida de la chilena Michelle Bachelet.

Türk desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Fue director de la División de Protección Internacional y posteriormente Alto Comisionado Adjunto para Protección, antes de incorporarse a puestos de alto nivel en la Secretaría de la ONU.

Su primer periodo estaba previsto originalmente del 12 de octubre de 2022 al 11 de octubre de 2026.

Pero ese calendario cambió recientemente. El 24 de julio de 2026, la Asamblea General aprobó por 144 votos a favor, 10 en contra y 13 abstenciones su renovación por un segundo periodo de cuatro años, del 12 de octubre de 2026 al 11 de octubre de 2030.

La decisión tiene una relevancia histórica: Türk se convirtió en el primer Alto Comisionado desde la creación del puesto en 1993 que obtiene dos mandatos completos de cuatro años.

La votación también mostró la dimensión política que puede alcanzar el cargo. Estados Unidos, Rusia e Israel estuvieron entre los países que se opusieron a la renovación, mientras México expresó su respaldo durante el debate. La Asamblea, finalmente, aprobó la continuidad de Türk con una mayoría amplia.

Los titulares que han ocupado el cargo

Desde la creación del puesto, la oficina ha tenido ocho titulares, además de un periodo interino.

La sucesión ha sido:

• José Ayala-Lasso, Ecuador: 1994-1997.
• Mary Robinson, Irlanda: 1997-2002.
• Sergio Vieira de Mello, Brasil: 2002-2003.
• Bertrand G. Ramcharan, Guyana: Alto Comisionado interino, 2003-2004.
• Louise Arbour, Canadá: 2004-2008.
• Navanethem Pillay, Sudáfrica: 2008-2014.
• Zeid Ra’ad Al Hussein, Jordania: 2014-2018.
• Michelle Bachelet Jeria, Chile: 2018-2022.
• Volker Türk, Austria: desde 2022 y con segundo mandato aprobado para 2026-2030.

La trayectoria de los titulares muestra además una característica del cargo: su dirección ha recaído en figuras procedentes de distintas regiones del mundo y con trayectorias vinculadas al derecho, la política pública, la diplomacia, la justicia internacional, la salud pública o la protección humanitaria.

Las fechas que explican su historia

Hay varias fechas fundamentales para entender la evolución de la oficina.

• 10 de diciembre de 1948: la Asamblea General adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los pilares jurídicos y políticos del sistema internacional contemporáneo.
• 14 al 25 de junio de 1993: se celebra en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.
• 25 de junio de 1993: se adopta la Declaración y Programa de Acción de Viena, que impulsa el fortalecimiento del sistema internacional y la creación del Alto Comisionado.
• 20 de diciembre de 1993: la Asamblea General aprueba la resolución 48/141 y crea el puesto de Alto Comisionado.
• 1994: José Ayala-Lasso se convierte en el primer titular.
• 19 de agosto de 2003: Sergio Vieira de Mello muere en el atentado contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad mientras se desempeñaba como representante especial del Secretario General para Irak.
• 2006: la Asamblea General crea el Consejo de Derechos Humanos, que sustituye a la antigua Comisión de Derechos Humanos.
• 17 de octubre de 2022: Volker Türk asume como Alto Comisionado.
• 24 de julio de 2026: la Asamblea General aprueba la renovación de Türk para un segundo periodo completo.

Su relación con la política internacional

La OACNUDH está inevitablemente vinculada con la política internacional porque los derechos humanos forman parte de las relaciones entre Estados, de los conflictos armados, de la diplomacia y de los debates sobre soberanía.

Sin embargo, su mandato no equivale al de un actor partidista. La resolución que creó el cargo exige una actuación imparcial, objetiva y no selectiva. La oficina dialoga con gobiernos, pero también trabaja con organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos internacionales, víctimas y comunidades afectadas.

Esa combinación explica una de las tensiones permanentes alrededor del Alto Comisionado: sus informes y pronunciamientos pueden tener consecuencias políticas aun cuando el mandato sea esencialmente de derechos humanos.

Cuando la oficina documenta ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, discriminación, violencia sexual, restricciones a la libertad de expresión o ataques contra civiles, sus conclusiones pueden convertirse en elementos de presión diplomática y política.

Pero una denuncia de la OACNUDH no equivale por sí misma a una sentencia judicial. Tampoco significa automáticamente que un Estado haya sido condenado por un tribunal internacional.

Qué obligaciones tiene y qué límites enfrenta

El término “obligaciones” requiere una precisión: la OACNUDH no es un Estado sujeto a obligaciones internacionales como las que corresponden a los países que ratifican tratados.

Su mandato institucional deriva de la resolución 48/141 y de las decisiones posteriores de los órganos de la ONU.

Entre sus responsabilidades centrales están promover y proteger los derechos humanos, prevenir violaciones, dialogar con gobiernos, proporcionar asistencia técnica, apoyar los mecanismos internacionales y coordinar el trabajo de Naciones Unidas en esta materia.

Su principal límite es que no posee una policía internacional ni una autoridad judicial propia para imponer directamente sus recomendaciones. La eficacia de sus actuaciones depende de la cooperación de los Estados, de los mecanismos de Naciones Unidas y, en determinados casos, de tribunales u organismos con competencias específicas.

Cómo puede influir en un país

La influencia de la oficina puede producirse por distintas vías.

Puede enviar equipos para documentar situaciones, formular recomendaciones a autoridades, asesorar en reformas legales, capacitar instituciones, apoyar políticas públicas, emitir informes, participar en mecanismos de Naciones Unidas y dar seguimiento a compromisos internacionales.

También puede proporcionar información y análisis para el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales y los órganos de tratados.

El Examen Periódico Universal, por ejemplo, permite revisar la situación de derechos humanos de cada Estado miembro de Naciones Unidas bajo un mecanismo de revisión entre pares. Los órganos de tratados, por su parte, evalúan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los países que han ratificado los instrumentos correspondientes.

La diferencia entre la Oficina y el Consejo de Derechos Humanos

Una de las confusiones más frecuentes consiste en considerar que ambos organismos son lo mismo.

No lo son.

La OACNUDH es una oficina de la Secretaría de Naciones Unidas encabezada por el Alto Comisionado. El Consejo de Derechos Humanos, en cambio, es un órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados miembros.

La oficina proporciona apoyo sustantivo y técnico al Consejo, pero no es el Consejo ni decide en su nombre.

La distinción es importante porque permite comprender quién emite una recomendación, quién adopta una resolución y quién realiza labores de investigación, monitoreo o asistencia técnica.

Cómo se financia

La financiación también forma parte de la discusión sobre la independencia y capacidad operativa de la oficina.

La OACNUDH recibe recursos del presupuesto ordinario de Naciones Unidas y también contribuciones voluntarias.

En 2024, las contribuciones voluntarias registradas por la oficina sumaron provisionalmente 167.16 millones de dólares, de acuerdo con el reporte financiero de la propia OACNUDH. Entre los principales contribuyentes figuraron la Comisión Europea, Noruega, Suecia, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia. México aparece en ese registro con una contribución de 150 mil 960 dólares.

La existencia de aportaciones voluntarias permite financiar programas y operaciones específicas, pero también convierte el financiamiento en uno de los asuntos relevantes para evaluar la capacidad institucional de la oficina.

Por qué importa la OACNUDH

La importancia de la OACNUDH está en que proporciona una estructura permanente para observar el cumplimiento de los derechos humanos desde una perspectiva internacional.

Su trabajo permite reunir información procedente de países y regiones diferentes, identificar patrones de violaciones, apoyar reformas institucionales y colocar situaciones específicas ante los mecanismos internacionales.

Su función tampoco se limita a reaccionar cuando ocurre una crisis. El mandato incluye prevención, asistencia técnica, educación, fortalecimiento institucional y cooperación con los Estados.

Por eso, la oficina puede intervenir tanto en escenarios de guerra y crisis política como en asuntos relacionados con discriminación, pobreza, justicia, migración, libertad de expresión, derechos de las mujeres, infancia, pueblos indígenas, personas con discapacidad, cambio climático y nuevas tecnologías.

Un cargo con poder político, pero sin poder de gobierno

La mejor manera de entender a la Oficina del Alto Comisionado es evitar dos extremos.

No es un organismo meramente simbólico: sus investigaciones, informes, recomendaciones y pronunciamientos pueden generar presión internacional y convertirse en referencias para gobiernos, tribunales, organismos multilaterales y organizaciones civiles.

Pero tampoco es un “gobierno mundial de los derechos humanos”. No puede detener personas, ordenar a un presidente modificar una ley, imponer por sí misma una sanción económica o sustituir a los tribunales nacionales.

Su fuerza está principalmente en la autoridad internacional de la información que produce, la legitimidad de su mandato, la capacidad técnica de sus equipos y su posición dentro del sistema de Naciones Unidas.

La renovación de Volker Türk para 2026-2030 vuelve a colocar esa función en el centro de la política internacional. La votación de julio de 2026 mostró, al mismo tiempo, el respaldo mayoritario de los Estados y las diferencias que existen entre potencias sobre la actuación del sistema internacional de derechos humanos.

En más de tres décadas, la OACNUDH pasó de ser una respuesta institucional a una demanda surgida en Viena a convertirse en una pieza permanente del sistema multilateral. Su historia también refleja una disputa que continúa vigente: hasta dónde puede llegar la comunidad internacional para proteger los derechos humanos cuando esas acciones entran en tensión con los intereses, decisiones o argumentos de soberanía de los Estados. –sn–

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ONU advierte discriminación contra personas trans en Reino Unido

Expertos de la ONU alertan que el nuevo código británico sobre servicios puede aumentar la discriminación y exclusión de personas trans y de género diverso.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el nuevo Código de Práctica para Servicios, Funciones Públicas y Asociaciones del Reino Unido puede aumentar el riesgo de discriminación y exclusión contra personas trans y de género diverso.

El documento entró en vigor el 5 de agosto y establece criterios para la aplicación de la legislación británica sobre igualdad en servicios, funciones públicas y asociaciones. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) sostiene que el código busca ofrecer orientación práctica a proveedores para cumplir con la Ley de Igualdad de 2010.

Los expertos de la ONU cuestionaron que el nuevo marco adopte un enfoque rígido frente a los servicios inclusivos para personas trans, pues, a su juicio, deja poco margen para que los proveedores determinen si una alternativa inclusiva resulta legal, justificada y adecuada según las circunstancias de cada caso.

Riesgo de exclusión

De acuerdo con los expertos, el código considera que un servicio dirigido a mujeres cisgénero y mujeres trans es un servicio mixto y establece que éste debe permanecer abierto a todos los usuarios.

En la práctica, señalaron, esa interpretación puede llevar a que determinados servicios para mujeres excluyan a mujeres trans o permitan también el acceso de hombres. Como alternativa, las personas trans podrían quedar sujetas a servicios correspondientes al sexo registrado al nacer o a instalaciones separadas, cuando éstas existan.

Los expertos advirtieron que convertir la exclusión en la vía principal para cumplir con las reglas puede trasladar el problema desde la valoración individual de cada caso hacia prácticas institucionales con posibles efectos discriminatorios.

La EHRC explicó que el código actualizado incorpora cambios derivados de la legislación y de la evolución de la jurisprudencia, incluida la sentencia de la Suprema Corte británica de abril de 2025 sobre el significado de “sexo” en la Ley de Igualdad de 2010.

Revelación de identidad

Los especialistas también expresaron preocupación por las consecuencias que puede tener la aplicación de estas reglas cuando los proveedores soliciten información sobre el sexo de una persona.

Según su advertencia, las personas trans podrían verse obligadas a revelar su identidad de género para acceder a determinados servicios, con posibles riesgos de acoso o exposición involuntaria de información personal.

Al mismo tiempo, señalaron que las mujeres en general podrían quedar sometidas a mayores controles basados en estereotipos de género, preguntas invasivas o solicitudes de información personal para determinar quién puede acceder a determinados espacios.

La propia EHRC reconoce que puede haber circunstancias legítimas para que un proveedor solicite información sobre el sexo de una persona, pero establece que esas situaciones deben manejarse con sensibilidad, respeto a la privacidad y conforme a las normas de protección de datos.

Igualdad y proporcionalidad

Los expertos de la ONU recordaron que las leyes nacionales y las decisiones judiciales deben aplicarse de manera compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

En particular, pidieron que cualquier restricción a servicios inclusivos responda a un objetivo legítimo y cumpla con los principios de necesidad y proporcionalidad, además de contar con salvaguardas para proteger la privacidad y la dignidad.

También recordaron una declaración conjunta emitida el 26 de febrero de 2026, en la que ya habían expresado preocupación por algunos elementos del proyecto de código y su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Reino Unido.

El pronunciamiento reconoce, al mismo tiempo, la necesidad de proteger los derechos de mujeres y menores, incluida su seguridad, privacidad y protección frente a la violencia. Sin embargo, sostiene que esas medidas deben considerar los derechos de todas las personas y evitar discriminaciones.

Reino Unido deberá evaluar impacto

Los expertos solicitaron al gobierno británico y a la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC) que vigilen los efectos concretos del nuevo código y revisen aquellas disposiciones que puedan producir discriminación.

El debate ocurre después de que el gobierno británico incorporó al nuevo código las consecuencias de la sentencia de la Suprema Corte en el caso For Women Scotland, que determinó que los términos “sexo”, “hombre” y “mujer” en la Ley de Igualdad deben entenderse con referencia al sexo biológico.

La secretaria de Estado para Mujeres e Igualdad, Bridget Phillipson, había señalado ante el Parlamento que la ley constituye la obligación jurídica principal y que el código tiene como propósito proporcionar orientación práctica a los proveedores de servicios. También sostuvo que las personas trans deben contar con acceso a servicios adecuados y que nadie debe quedar sin atención por su identidad.

La controversia, por tanto, se concentra en cómo aplicar la legislación británica después de la sentencia judicial sin convertir las medidas destinadas a proteger servicios diferenciados en mecanismos que, según los expertos de la ONU, produzcan exclusión sistemática.

Los especialistas insistieron en que la protección de mujeres y menores y la protección de las personas trans, de género diverso e intersexuales no deben entenderse como derechos incompatibles, sino como obligaciones que pueden coexistir bajo criterios de igualdad, necesidad, proporcionalidad, privacidad y dignidad. –sn–

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Rusia endurece el castigo contra exiliados críticos de Putin

La ONU alertó sobre una nueva ley rusa que restringe derechos civiles de ciudadanos exiliados y la calificó como una forma grave de represión transnacional contra críticos y voces pacifistas.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, advirtió que una nueva ley rusa impone severas restricciones a ciudadanos exiliados y amplía la persecución contra críticos del gobierno de Vladimir Putin.

La medida permite aplicar restricciones a rusos que se encuentran fuera del país y que, según las autoridades, evaden el cumplimiento de condenas penales o determinadas sanciones administrativas. Katzarova sostuvo que la disposición coloca a los afectados en una situación de extrema vulnerabilidad.

El 4 de agosto, Putin firmó la Ley Federal número 284-FZ, denominada sobre medidas restrictivas temporales respecto de personas que se encuentran fuera de la Federación Rusa y evaden la ejecución de una pena, junto con una legislación complementaria.

Según la relatora especial, el nuevo mecanismo puede afectar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas pacifistas que abandonaron Rusia y fueron sancionados bajo disposiciones utilizadas por las autoridades contra la disidencia.

Restricciones para los exiliados

El Ministerio de Justicia ruso mantendrá una lista pública de ciudadanos que se encuentren fuera del territorio nacional y tengan condenas pendientes o determinadas sanciones administrativas.

Una vez incorporadas a esa relación, las personas podrán enfrentar 14 categorías de restricciones que afectan actividades financieras, administrativas, laborales, patrimoniales y consulares.

Entre las medidas figuran la congelación de fondos y bienes, la suspensión de diversos servicios consulares y la imposibilidad de obtener o renovar pasaportes, además de restricciones para registrar matrimonios o cambios de nombre.

También contempla la suspensión de servicios estatales digitales, licencias y acreditaciones, así como la anulación de firmas electrónicas y limitaciones para conducir, registrar vehículos y efectuar operaciones inmobiliarias.

Ley alcanza a críticos

La legislación también contempla infracciones administrativas vinculadas con las normas rusas sobre “agentes extranjeros”, “organizaciones indeseables” y las disposiciones conocidas como leyes de “censura de guerra”.

Estas normas han sido utilizadas desde 2022 contra personas acusadas de desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas, difundir información considerada falsa sobre el ejército, promover sanciones contra Rusia o cuestionar su integridad territorial.

Katzarova señaló que los tribunales rusos han empleado esas disposiciones contra periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contrarios a la guerra.

La preocupación de la ONU se relaciona con un proceso más amplio de restricciones contra organizaciones y personas consideradas opositoras por las autoridades rusas. Organizaciones especializadas también han documentado la ampliación de la legislación sobre “agentes extranjeros” hacia personas ubicadas fuera de Rusia.

Sin revisión judicial previa

Uno de los principales cuestionamientos de la relatora especial es que la incorporación a la lista no dependería de una decisión judicial individual.

La persona afectada tampoco sería notificada ni escuchada antes de la aplicación de las medidas, mientras que la legislación denomina “temporales” a las restricciones sin establecer, según Katzarova, un plazo concreto para su terminación.

La relatora sostuvo que el mecanismo puede convertir la vida cotidiana de los exiliados en una situación insostenible, al conservar sus obligaciones como ciudadanos rusos mientras pierden una parte considerable de sus derechos civiles.

Katzarova calificó el esquema como una forma de represión transnacional y pidió a las autoridades rusas derogar la legislación y revisar las condenas dictadas en ausencia cuando tengan motivaciones políticas.

ONU pide proteger a exiliados

La relatora especial también llamó a los Estados que reciben a ciudadanos rusos en situación de riesgo a garantizar su acceso a documentos de identidad y viaje, residencia, servicios bancarios y empleo.

Pidió además que esos países eviten devolver por la fuerza a personas en riesgo y que no otorguen validez jurídica a las designaciones efectuadas conforme a la nueva legislación rusa.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado previamente preocupaciones sobre la persecución de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas en Rusia. Katzarova presentó en 2025 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en ese país. –sn–

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