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Cinco detenidos y varios heridos al embestir una narcolancha a una patrullera en Almería

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Así llegan hijos de líderes del narco a escuelas de Estados Unidos

Hijos de líderes de cárteles mexicanos han ingresado a escuelas de Estados Unidos mediante ciudadanía, visas estudiantiles o recursos familiares. Casos recientes muestran cómo instituciones educativas enfrentan sanciones por vínculos financieros con personas bajo restricciones, mientras expertos hablan de un posible “lavado de reputación”. #Narcotrafico #EstadosUnidos #Mexico #ElUniversal  #eluniversal…

https://fllics.com/zh/video/asi-llegan-hijos-de-lideres-del-narco-a-escuelas-de-estados-unidos/

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El Profe tuvo nexos con otros extraditables y narcos de alto perfil internacional

Las causas penales abiertas en el país y la documentación del proceso de extradición del empresario Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como “Gato” o “El Profe”, develan sus vínculos con otros costarricenses en proceso de extradición y con narcotraficantes internacionales de alto perfil. Este cabecilla se convirtió en el tercer costarricense requerido por la Administración para […]
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#AliasGato #AliasProfe #CasoVenus #CrimenOrganizado #DEA #Extradición #GatoOProfe #JonathanAlvarezAlfaro #Judiciales #Nacionales #Narcotráfico #Sucesos

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Marina reporta 893 plantíos erradicados y 131 laboratorios clandestinos neutralizados

La Secretaría de Marina reportó la erradicación de 893 plantíos y la neutralización de 131 laboratorios clandestinos desde octubre de 2024, además del aseguramiento de metanfetamina, precursores y otras sustancias ilícitas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Marina (Semar) reportó la erradicación de 893 plantíos de marihuana y amapola y la neutralización de 131 laboratorios clandestinos desde el 1 de octubre de 2024, como resultado de operaciones de inteligencia y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el balance difundido por la dependencia, los plantíos destruidos corresponden a 231 cultivos de marihuana y 662 de amapola, con un total de 76 millones 667 mil 17 plantas eliminadas. Las acciones buscan impedir que estos cultivos sean utilizados como materia prima para la producción de drogas.

Marina reporta 131 laboratorios clandestinos neutralizados

En el mismo periodo, personal naval localizó y neutralizó 131 laboratorios clandestinos, donde fueron asegurados más de 131 mil kilogramos de metanfetamina, además de sustancias ilícitas y precursores químicos.

La Semar estimó que estas operaciones representaron una afectación superior a 32 mil 432 millones de pesos para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad para producir y financiar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las cifras forman parte de las operaciones que la Marina mantiene para localizar instalaciones utilizadas en la producción de drogas sintéticas y desarticular etapas de la cadena de suministro de los grupos delictivos.

Operaciones contra la producción de drogas

La destrucción de los plantíos y la inhabilitación de los laboratorios buscan afectar directamente la infraestructura empleada para producir estupefacientes, así como las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

La estrategia contempla trabajos de análisis de información e inteligencia para identificar zonas vinculadas con la producción de drogas, seguidos por el despliegue de personal naval en regiones de difícil acceso. –sn–

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PAN propone hasta 140 años de prisión para servidores públicos que colaboren con el crimen organizado

El PAN propuso sancionar con 80 a 140 años de prisión a servidores públicos que colaboren o faciliten acciones del crimen organizado contra instituciones democráticas o procesos electorales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El Partido Acción Nacional (PAN) propuso sancionar con penas de 80 a 140 años de prisión a servidores públicos que participen, colaboren o faciliten actividades del crimen organizado destinadas a influir en decisiones de autoridades, instituciones democráticas o procesos electorales.

La iniciativa también plantea multas de 12 mil a 24 mil días y que las sanciones sean imprescriptibles. El proyecto busca modificar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para castigar la colusión entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos.

La propuesta forma parte de la agenda del PAN contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. En marzo de 2025, la bancada ya había anunciado una iniciativa para establecer penas de hasta 140 años por este tipo de colusión.

¿Qué propone la iniciativa contra los llamados narcopolíticos?

El proyecto establece un nuevo artículo 123 Bis en el Código Penal Federal para imponer de 80 a 140 años de prisión a integrantes de la delincuencia organizada que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante acciones destinadas a influir en autoridades o procesos electorales.

La misma pena se propone para titulares del Ejecutivo federal o estatal, secretarías de Estado, fiscalías y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren o faciliten esas conductas, o que incumplan deliberadamente sus atribuciones para permitirlas.

El proyecto también plantea incorporar estas conductas al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con lo que serían investigadas y procesadas bajo ese ordenamiento.

PAN busca sanciones imprescriptibles

La iniciativa establece que las sanciones previstas para estas conductas sean imprescriptibles. Además, plantea ampliar el límite ordinario de 60 años de prisión previsto en el Código Penal Federal para el nuevo delito.

El documento legislativo señala que el propósito es equiparar estas alianzas con una conducta de máxima gravedad y cerrar espacios de impunidad cuando estructuras criminales busquen intervenir en decisiones públicas o procesos electorales.

El antecedente legislativo

La propuesta quedó registrada en la Cámara de Diputados como una iniciativa en materia de colusión de servidores públicos con integrantes del crimen organizado. La Gaceta Parlamentaria señala que fue presentada el 1 de octubre de 2025 y turnada a la Comisión de Justicia para su dictaminación.

El documento oficial identifica como promoventes a los diputados José Alfonso Rubalcava Jiménez y José Elías Lixa Abimerhi, ambos del PAN. Esta precisión es relevante porque el material original atribuye la iniciativa al diputado José Manuel Hinojosa Pérez, pero los registros oficiales de la Cámara de Diputados consultados no respaldan esa atribución.

El coordinador parlamentario José Elías Lixa Abimerhi ha planteado que el objetivo de la propuesta es impedir que integrantes del poder público colaboren con organizaciones criminales y proteger las instituciones democráticas frente a su eventual infiltración.

La iniciativa permanece como propuesta legislativa; su presentación no significa que las penas planteadas se encuentren vigentes. El proyecto debe seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse, en su caso, en una reforma aplicable. –sn–

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Detienen a esposa de Pecho de Rata en el Juan Santamaría

Jeydi Smith, esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de aterrizar en un vuelo procedente de Suiza. La joven de 29 años salió la madrugada de este domingo de Zurich y aterrizó cerca de la 1 p.m., momento en […]
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#CasoRiverside #Esposa #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #PechoDeRata #VisualA1

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Juzgado notifica importante cambio para audiencia contra familiares de Diablo

El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada modificó la fecha de inicio de la audiencia preliminar del caso Colorado, relacionado con Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo. La diligencia en la que el juez deberá analizar la acusación y las pruebas para determinar cuáles de los imputados enfrentarán eventualmente un juicio. La audiencia estaba programada […]
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#CasoColorado #Diablo #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico

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OIJ encontró giros por $1,4 millones en criptomonedas en billetera de hijos de alias “Gato”

Una billetera electrónica a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez, hijo del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, registró movimientos de criptomonedas por más de $1,4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, según un análisis forense incorporado al expediente del caso Venus, en el que ambos figuran bajo investigación por legitimación […]
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#CasoVenus #DEA #Extraditable #JonathanAlvarezAlfaro #LavadoDeDinero #Nacionales #Narcotráfico #VisualB3

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“Chato”, el narco que le heredó grupo criminal a alias “Gato”

El extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, heredó la estructura criminal, que Estados Unidos lo acusa de manejar, de un reconocido narcotraficante de la Zona Sur que terminó extraditado a Estados Unidos en 2017. Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubica a Álvarez desde 2008 como segundo al mando […]
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#AliasProfe #CasoVenus #Extraditable #LavadoDeDinero #Nacionales #Narcotráfico #VisualA2

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OIJ confirma detención de hija de “Profe” por narco internacional y lavado de dinero

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Daniela Álvarez Jiménez, de 27 años e hija de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, como parte de una ampliación del caso Venus por presunto narcotráfico internacional y legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales también capturaron a un hombre […]
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OIJ allana casas de hijos del extraditable alias Profe

El OIJ allanó este jueves las propiedades de tres hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, en una nueva fase de la investigación del caso Venus por legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ ejecutaron los operativos desde las 5:00 a. m. Las diligencias se realizaron en […]
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#AliasProfe #JonathanAlvarezAlfaro #LavadoDeDinero #LegitimaciónDeCapitales #Nacionales #Narcotráfico #VisualA4

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Fiscalía de Nueva York: Macho Coca enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años

Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión en Estados Unidos por el cargo de conspiración para importar cocaína que le atribuye la justicia federal de Nueva York. Aunque la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que el delito contempla una pena máxima de […]
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Trasladan a Diablo a prisión con fuerte operativo de seguridad tras 8 horas en tribunales

Luego de permanecer cerca de ocho horas en los Tribunales de Justicia de San José este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, regresó al centro de Máxima Seguridad de La Reforma bajo un fuerte operativo policial. El traslado ocurrió a las 3:10 p. m. y estuvo encabezado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica […]
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Costa Rica solo tiene seis fiscales para investigar lavado de dinero: “Estamos administrando pobreza”, dice Carlo Díaz

El fiscal general reclamó que la falta de presupuesto limita la capacidad del Ministerio Público para enfrentar el crimen.
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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias                                      

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

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Más allá del capo: el reto estructural de México frente al narco | vía #CIPERChile

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Cuarto debate: Candidatos azotan a Gobierno por falta de acciones para combatir lavado de dinero y narcotráfico

Los cinco candidatos que participaron en el último debate del TSE insistieron en la necesidad de actuar contra el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta defiende a migrantes poblanos

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UNA asegura que expectativa creada por Gobierno sobre nueva cárcel choca con la realidad

Los académicos resaltaron la importancia de una reforma a la Ley Penal Juvenil, desde un punto de vista de “atención integral”.
La entrada UNA asegura que expectativa creada por Gobie [...]

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Opinión | En Corto | Teocaltiche sangra y Lemus presume patrullas Tesla

Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks…

Por Raúl García Araujo                                            

Mientras en Teocaltiche hay muertos, desaparecidos y miedo, en Guadalajara desfilan Cybertrucks. La escena no podría ser más absurda: un municipio del norte de Jalisco vive una crisis de violencia digna de zona de guerra, y el gobernador Pablo Lemus presume tres patrullas Tesla, adquiridas por casi dos millones de pesos cada una, pagadas con recursos públicos. Puro show, cero estrategia.

El contraste no es sólo ofensivo, es criminal. Mientras el gobernador se pasea con su equipo de seguridad y los altos mandos de la Secretaría de Seguridad del Estado en estos vehículos de lujo y futuristas —según ellos, para “hacer inteligencia” en las avenidas más seguras del estado—, en Teocaltiche hay comunidades literalmente sitiadas por el crimen organizado.

Hay gente desplazada, policías asesinados, funcionarios ejecutados… y no hay justicia.

La realidad es brutal: en lo que va de 2025, por lo menos 22 personas han sido asesinadas en Teocaltiche, sin contar a los 4 de los 8 policías que fueron hallados sin vida tras ser secuestrados cuando iban a Guadalajara. El crimen organizado —con células tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación como del Cártel de Sinaloa— se disputa la región sin oposición real.

La Policía Municipal está prácticamente desmantelada: sólo 14 elementos fueron reincorporados recientemente, luego de aprobar sus exámenes de control. ¿Pero qué pueden hacer 14 policías frente a grupos fuertemente armados?

Y eso no es todo. Al menos seis agentes fueron dados de baja sin previo aviso, sin finiquito y sin explicación. Les dijeron que no se presentaran más a la academia y ahora intentan hacer pasar su salida como “renuncia voluntaria”. Otros cuatro policías siguen desaparecidos. No hay fichas de búsqueda, no hay operativos para localizarlos. Nadie da la cara.

¿Y el gobierno del estado? Ausente. El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, anda de gira en Guadalajara, mostrando las nuevas patrullas como si fueran autos de exhibición. El fiscal Salvador González de los Santos no ha presentado una sola detención importante. Ningún líder criminal del CJNG o del Cártel de Sinaloa ha sido capturado. Ningún golpe relevante a sus estructuras. Nada.

Lo único que sí funciona es la propaganda.

Y mientras tanto, desde la federación ya se están tomando decisiones que deberían poner en evidencia el fracaso estatal. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya tiene entre sus planes establecer un despliegue especial en Jalisco —sí, el mismo estado cuyo gobernador decía tener todo bajo control—. Harfuch ya prepara su llegada, con una estrategia clara: contener la violencia y dar con los cabecillas del crimen organizado que tienen a Teocaltiche al borde del colapso.

En los hechos, lo que se perfila es una intervención federal para suplir la ausencia de liderazgo local. Porque la administración de Pablo Lemus ha demostrado ser incapaz de garantizar seguridad, justicia y presencia institucional. El territorio está abandonado, la gente desprotegida y los criminales fortalecidos.

El gobernador prometió en abril que en mes y medio Teocaltiche estaría pacificado. Hoy el plazo está por cumplirse y la única realidad es que hay más muertos, más desapariciones, más miedo… y patrullas más caras circulando por Guadalajara mientras la sangre sigue corriendo por este municipio.

La gente ya no tolera promesas huecas ni simulaciones disfrazadas de modernidad. No quiere discursos, quiere paz. No quiere shows, quiere justicia. Y si Pablo Lemus no puede —o no quiere— enfrentar de verdad al crimen organizado, entonces que se haga a un lado.

Porque mientras el estado se esconde, la Federación ya prepara su entrada a Jalisco. Ojalá llegue a tiempo. Porque en Teocaltiche, lo que se está acabando no es la violencia… es la esperanza.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha demostrado con hechos y palabras que su liderazgo es fundamental para enfrentar la violencia que aqueja al país.

Recientemente, Harfuch se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, donde presentó una detallada actualización de la estrategia nacional de seguridad.
En esta reunión, que duró más de tres horas, dejó claro y sin lugar a dudas que no existe ningún vínculo entre el asesinato de los colaboradores de la jefe de Gobierno, Clara Brugada —Ximena Guzmán y José Muñoz— y los atentados que él mismo sufrió en 2020 o el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva en 2022.

Con esta contundente aclaración, Harfuch disipó cualquier especulación, demostrando transparencia y compromiso con la verdad, elementos clave para fortalecer la confianza ciudadana.

Pero el verdadero impacto de su gestión quedó reflejado en la positiva impresión que dejó entre los legisladores, quienes reconocieron los avances concretos en la desarticulación de grupos criminales y la captura de sus principales líderes, gracias a una estrategia basada en la inteligencia y la coordinación interinstitucional.

Omar García Harfuch no sólo habla; actúa y entrega resultados. Su liderazgo y dedicación son hoy un referente para quienes luchan por recuperar la paz y la justicia en cada rincón del territorio nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Urióstegui impulsa la modernización de Cuernavaca

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Opinión | En Corto | Urióstegui impulsa la modernización de Cuernavaca

Cuernavaca, la capital de Morelos, siempre ha tenido un peso importante en la vida del país. No solo por su belleza natural y su atractivo turístico, sino porque aquí viven periodistas, empresarios, políticos y líderes que influyen en decisiones a nivel nacional.

Por Raúl García Araujo                                            

Durante años, sin embargo, la ciudad fue víctima del abandono institucional. Gobiernos sin rumbo dejaron que la infraestructura se deteriorara, la seguridad se debilitara y la confianza ciudadana se esfumara. Pero eso está cambiando.

Desde que José Luis Urióstegui Salgado asumió la presidencia municipal, Cuernavaca ha comenzado a vivir una transformación real. Su gobierno se ha enfocado en tres ejes clave: sanear las finanzas, invertir en infraestructura y fortalecer la seguridad.

Y los resultados están a la vista.

Gracias a una gestión transparente y honesta, se han recuperado recursos que hoy se traducen en obras. La deuda municipal ha bajado de forma sostenida, lo que ha permitido liberar millones de pesos para proyectos prioritarios.

Entre 2022 y 2024, el gobierno municipal ha invertido más de 632 millones de pesos en 275 obras: calles, espacios públicos, vialidades, y ahora, una ambiciosa renovación del sistema hidráulico. Solo en 2024 se ejecutaron 122 obras con una inversión histórica de más de 353 millones de pesos.

Y 2025 no se queda atrás: hay 240 millones de pesos proyectados para obra pública. Entre los proyectos más destacados está el cambio de más de ocho kilómetros de tubería y la construcción de cinco tanques de agua potable con capacidad de 150 mil litros cada uno.

Las primeras 12 obras de este nuevo paquete arrancaron en abril, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos y beneficios directos para más de 36 mil morelenses: mejor suministro, menos fugas y acceso digno al agua.

Pero Urióstegui Salgado no solo piensa en concreto y tuberías. La seguridad es otro de los pilares de su gestión. En un país donde la violencia se ha desbordado, Cuernavaca ha apostado por fortalecer a su policía con tecnología, estrategia y dignidad laboral.

Hoy, la ciudad cuenta con un moderno Centro de Comando (C4) equipado con mil 100 cámaras en puntos clave. Esto permite monitoreo en tiempo real, reacción inmediata y mejor coordinación con fuerzas estatales y federales.

Además, se ha invertido en profesionalización, equipamiento táctico y nuevas unidades para la policía. Todo con una visión integral: seguridad con derechos humanos, prevención y tecnología.

Cuernavaca está dejando atrás años de rezago. Y lo hace con obras visibles, finanzas ordenadas y una estrategia clara. Sin endeudar al municipio, con planeación y liderazgo técnico.

Esto no es casualidad. Es el resultado de una administración con rumbo, compromiso y voluntad política.

En tiempos de desconfianza, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado está demostrando que sí se puede gobernar bien. Y que Cuernavaca puede volver a ser ese orgullo que nunca debió perderse en México.

En Cortito

Antes de que Cuauhtémoc Blanco Bravo fuera gobernador de Morelos, ya cargaba con un pesado historial de corrupción que muchos prefirieron ignorar. Como alcalde de Cuernavaca, el exfutbolista dejó una estela de saqueo, simulación y abandono.

Lo que hizo Blanco en la presidencia municipal no fue gobernar. Fue saquear. Fue aprovecharse del poder para favorecer a cómplices, desviar recursos públicos y dejar al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) al borde del colapso.

Hoy los habitantes de Cuernavaca le exigen al titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, Edgar Maldonado y al de la Fiscalía Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, dar con los responsables de estos saqueos y meterlos en la cárcel, esperemos que en verdad se pongan a trabajar.

En otros temas, lo que le ocurrió al colega Héctor de Mauleón y el diario El Universal, son una muestra de lo que podemos esperar los periodistas con la mal llamada Reforma Judicial.

En su columna “Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas”, De Mauleón pusó al descubierto a las cabezas de una red que realizaba operaciones irregulares en las aduanas del norte del país y tráfico de huachicol.

Entre los mencionados en el artículo de De Mauleón están Juan Carlos Madero Larios y su cuñada Tania Contreras López, la carta fuerte de Morena para quedarse con la presidencia del máximo tribunal de justicia en Tamaulipas en las elecciones del próximo 1 de junio.

Luego que saliera el artículo Tania Contreras, quien fue Consejera Jurídica del gobierno de Américo Villarreal, antes de lanzarse por la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, presentó una denuncia contra el periodista y El Universal, por considerar que el trabajo periodístico la afectaba. Entre los cargos estaba violencia política en razón de género.

La acusación fue rechazada por el Instituto Electoral de Tamaulipas, por lo que recurrió al Tribunal Electoral de la entidad (donde tiene relación con los magistrados), instancia que le dio la razón y ordenó al Instituto Electoral Local medidas cautelares contra De Mauleón las cuales son: borrar la columna y no volver a escribir sobre el tema.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el comunicador De Mauleón dijo que se trata de un acto de censura, un ataque directo a la libertad de expresión. Acusó al INE de entregar su domicilio particular para ser notificado.

Por último señaló que el periódico y él acordaron seguir contando lo que se tenga que contar, pero no cabe duda que este caso es de preocupación para todos aquellos que nos dedicamos al noble oficio del periodismo.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche bajo fuego, Pablo Lemus ausente

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Opinión | En Corto | Puebla apuntala a la 4T

En política, hay gestos que dicen más que largos discursos. La imagen del 5 de mayo pasado en Puebla es una de ellas: la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado,

Por Raúl García Araujo                                            

En política, hay gestos que dicen más que largos discursos. La imagen del 5 de mayo pasado en Puebla es una de ellas: la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador del estado, Alejandro Armenta, compartiendo el templete en uno de los actos cívico-militares más emblemáticos del país, marcó un antes y un después en la relación entre el poder federal y el estado. Fue una escena cargada de simbolismo, pero también de señales políticas profundas.

La conmemoración del 163 Aniversario de la Batalla de Puebla no fue un evento más en el calendario nacional. Fue la primera vez que una mujer presidente encabezó este acto histórico, y no fue casualidad que lo hiciera desde Puebla. El mensaje fue claro: en el segundo piso de la Cuarta Transformación, Puebla tiene un lugar privilegiado y estratégico. El estado no solo conmemora la historia, sino que comienza a escribir una nueva.

https://twitter.com/armentapuebla_/status/1919593896469823743

El tono de la presidente fue firme: recordó la Batalla de Puebla como un ejemplo de resistencia ante la invasión extranjera, un episodio de dignidad nacional que hoy se traduce en la defensa de la soberanía frente a los intentos neoconservadores de restaurar viejos privilegios. Claudia Sheinbaum no solo habló de historia; habló del presente, de una transformación que sigue avanzando con fuerza y con claridad de rumbo.

Y en ese presente, Alejandro Armenta tiene un papel protagónico. El gobernador de Puebla ha entendido que su liderazgo no se limita a la administración estatal. Hoy es un referente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, con una visión clara y proyectos ambiciosos que buscan llevar a Puebla a otro nivel de desarrollo. Lo dijo sin titubeos: hoy se vive ya el segundo piso de la Cuarta Transformación, y en Puebla se construye de la mano de la presidente.

Armenta ha asumido el desafío con decisión. Desde una visión soberana, busca convertir a Puebla en una entidad segura, productiva, moderna y justa. Para ello, ha planteado un sistema de seguridad pública sin precedentes, en coordinación con entidades clave como la ciudad de México, estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Morelos, con el objetivo de blindar la región y desmantelar redes criminales que operan en el centro del país. Esta visión regional, ambiciosa pero necesaria, solo puede concretarse con un respaldo federal sólido, y eso es precisamente lo que ha logrado construir con la presidente Sheinbaum.

Pero la alianza entre ambos mandatarios no se limita a lo técnico o lo institucional. Es una alianza política real, nacida de la coincidencia ideológica, de la cercanía personal y de la lealtad a un proyecto de nación. La relación entre Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta es hoy una de las más sólidas dentro del movimiento de la 4T, y será fundamental para materializar los grandes cambios que vienen.

Armenta ha dejado claro que no se conformará con administrar lo heredado. Su objetivo es transformar profundamente Puebla, sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo con justicia social, eliminar privilegios, democratizar instituciones como el Poder Judicial, y hacer del estado un motor económico del país. Con cimientos firmes y una guía clara desde Palacio Nacional, Alejandro Armenta se perfila como uno de los gobernadores más cercanos al corazón del nuevo gobierno federal.

El legado de Juárez, del general Zaragoza y de quienes resistieron en 1862 cobra nueva vida en un contexto moderno. Así como en aquella época se defendió la soberanía ante el imperio francés, hoy se defiende ante el intento de restaurar un viejo régimen de saqueo, exclusión y desigualdad.

Puebla está lista para ser faro de la transformación nacional, y lo hará con Claudia Sheinbaum al frente del país y Alejandro Armenta al frente del estado.

En Cortito

Nos cuentan que cuando se habla de políticas públicas exitosas, pocas veces se menciona a la cultura como un eje transformador. Sin embargo, en Nezahualcóyotl, la realidad es otra. Este 2025 se celebrará la décima edición consecutiva de la “Feria Nacional del Libro Neza”, un logro sin precedentes para este municipio del estado de México.

Del 14 al 18 de mayo, la explanada del Palacio Municipal se convertirá, una vez más, en el corazón literario del oriente del Valle de México. Con la participación de más de 200 sellos editoriales, escritores, artistas, músicos y especialistas, Neza reafirma su compromiso con el libro, la lectura y la formación de ciudadanía crítica.

Neza ha demostrado una continuidad admirable. Bajo el liderazgo del alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, la promoción de la lectura no ha sido un evento aislado, sino una política integral que se fortalece año con año.

Además de la feria, el programa Sueños para Todos, que lleva libros y actividades de fomento a la lectura a las escuelas públicas del municipio, evidencia una visión de largo aliento: educar, empoderar y transformar a través de la palabra escrita. Neza no sólo resiste; Neza propone. Y lo hace desde las páginas de un libro abierto a todos.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Trump, protagonista hasta en un funeral

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

—o0o—

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

—o0o—

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El Balcón de la Sociedad | Justicia laboral en reversa: cuando la ley protege al patrón

La reforma laboral del 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical…

La reforma laboral de 2019 pretendió romper con décadas de simulación sindical. Ofreció garantías para que los trabajadores pudieran elegir libremente a sus representantes y participar en la vida sindical sin miedo ni coerción. A cinco años de su promulgación, ese compromiso se encuentra bajo amenaza por la propia estructura judicial encargada de hacerlo cumplir.

El caso más reciente y preocupante se desarrolla en la empresa Tritech Autoparts Mexicana, S. A. de C. V., ubicada en el corazón industrial del Bajío. Un grupo de trabajadores decidió afiliarse al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), una organización legítima surgida al calor de los nuevos vientos de democracia sindical.

La decisión no obedeció a consignas externas ni a presiones políticas. Fue un acto de conciencia. Las y los trabajadores, cansados de prácticas de protección patronal, exigieron el derecho elemental de ser representados por una organización que los escuchara y defendiera. Para ello, el SINTTIA solicitó formalmente la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, en febrero de 2025.

Como lo marca la legislación vigente, dicho conflicto debía resolverse mediante un recuento libre, personal, directo y secreto. Nada más simple en una democracia funcional. Sin embargo, el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos resolvió bloquear el proceso, negando la realización del recuento sindical.

Un juez contra el espíritu de la ley

El juez Roberto Ariel Rodríguez Vázquez, titular del tribunal, se encargó de echar abajo el procedimiento. Argumentó que el SINTTIA no acreditó adecuadamente la veracidad de sus afiliaciones. Pasó por alto que el propio Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había validado a esas personas como miembros plenos del sindicato.

No conforme con esta arbitrariedad, el juez ordenó compartir los datos personales de los trabajadores afiliados al SINTTIA con el sindicato cetemista en disputa. Este acto no sólo vulneró la privacidad de los empleados, sino que colocó en sus manos un instrumento de persecución: listas negras de simpatizantes que ahora sirven para la represión.

La historia se repite. En lugar de proteger a la parte débil de la relación laboral, el aparato judicial se pliega a los intereses empresariales y de las viejas centrales obreras. La Confederación de Trabajadores de México (CTM), aún encabezada por el heredero del viejo sindicalismo Carlos Aceves del Olmo, continúa operando como sindicato de protección.

El estigma de luchar por tus derechos

Lo más grave de esta resolución no es sólo el atropello al SINTTIA, sino el mensaje que envía al resto del país. Si afiliarse a un sindicato independiente puede traducirse en persecución, despido o exclusión, ¿quién querrá ejercer ese derecho? El precedente mina las bases de la reforma laboral y coloca a la clase trabajadora en una nueva indefensión.

En un entorno donde las violaciones laborales aún son la norma en muchas industrias, permitir que el Poder Judicial anule los cauces democráticos no sólo resulta regresivo, también es irresponsable. Convertir el debido proceso en una trampa burocrática atenta contra la esencia de la justicia laboral.

Ningún tribunal debería erigirse como obstáculo para que la clase trabajadora tome en sus manos su destino sindical. Lo sucedido en Tritech Autoparts no puede quedar como anécdota. Si las decisiones judiciales no se fundamentan con apego al principio pro persona, terminarán por desmantelar la credibilidad institucional.

¿Libertad sindical o ficción legal?

La libertad sindical no se mide por lo escrito en la ley, sino por su efectividad en los hechos. Si el voto directo, libre y secreto es bloqueado con argucias legales, la democracia laboral muere antes de nacer. Si las autoridades ceden ante el chantaje o la complacencia de las viejas estructuras, no existe transformación posible.

La resolución del juez Rodríguez Vázquez podría parecer un caso aislado. No lo es. Es un ejemplo de cómo el nuevo andamiaje institucional puede volverse contra quienes busca proteger. En lugar de abrir la puerta al cambio, algunos tribunales colocan nuevas cerraduras.

El SINTTIA ha anunciado que emprenderá acciones legales para revertir la decisión. No se trata sólo de un sindicato. Se trata del principio mismo de la libertad de asociación, piedra angular de cualquier sociedad democrática. Permitir su vulneración abre la puerta a un futuro de simulación y miedo.

Una advertencia para el futuro

Queda claro que aún falta mucho para que la reforma laboral de 2019 sea una realidad cotidiana. Mientras existan jueces dispuestos a ignorar el mandato legal en favor de poderes fácticos, ningún derecho está garantizado. No basta con promulgar leyes: se necesita voluntad para hacerlas cumplir.

La democracia sindical no puede depender de un juzgado. Tampoco debe someterse al capricho de una organización sindical que perdió legitimidad hace décadas. El respeto a la voluntad de los trabajadores debe ser absoluto y sin intermediarios.

En Silao, Guanajuato, cientos de empleados han dicho basta. No pidieron privilegios. Exigieron lo mínimo: que se respete su decisión de afiliarse a un sindicato distinto. Negarles ese derecho no es neutralidad, es complicidad con la injusticia.

En tiempos donde se exige al Estado mexicano cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos laborales, lo ocurrido en Tritech Autoparts representa una mancha difícil de borrar. El derecho laboral sólo sirve si es justo. Y sólo es justo si protege a quien menos tiene.

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Opinión | En Corto | Los cien días de gobierno de Alejandro Armenta

Alejandro Armenta ha cumplido cien días al frente del gobierno de Puebla con un ritmo inusual en la política tradicional…

Por Raúl García Araujo                                            

Alejandro Armenta ha cumplido cien días al frente del gobierno de Puebla con un ritmo inusual en la política tradicional. Su estilo de gobernar ha llamado la atención no solo por la velocidad de sus acciones, sino por la forma en que ha construido una narrativa de liderazgo fuerte, con una cercanía a la gente que pocos mandatarios han logrado consolidar en corto tiempo.

Desde el primer día, Armenta ha dejado claro que no gobernará desde la comodidad del discurso burocrático. Se muestra frontal, señala a los responsables de irregularidades sin rodeos y exige resultados a su gabinete con la misma intensidad con la que encabeza faenas comunitarias y reuniones vecinales. Este enfoque le ha permitido construir una imagen de liderazgo activo, alejado de la parsimonia institucional que suele marcar los primeros meses de una administración.

El balance de estos cien días se divide entre acciones de alto impacto simbólico y decisiones con efectos estructurales a largo plazo.

En el primer grupo, destacan medidas como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la creación de la Secretaría Anticorrupción y la Secretaría de las Mujeres, alineadas con la agenda federal. También resalta la firma de convenios con 29 municipios en materia de bienestar animal, un movimiento que, aunque no es prioritario en términos de gobernabilidad, proyecta una administración con sensibilidad social.

En materia de seguridad, su administración ha impulsado acuerdos con cinco de los siete estados vecinos —Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos— para compartir información entre fiscalías y agilizar el procesamiento de delincuentes sin importar su lugar de residencia. Esta estrategia busca cerrar las rutas de escape que han permitido a grupos criminales operar con impunidad, pero su éxito dependerá de la capacidad real de coordinación y acción entre las entidades.

Otro eje de seguridad es la infraestructura. Armenta ha anunciado la creación de centros estratégicos de seguridad y atención al turismo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mejorar la percepción de seguridad en un sector clave para la economía del estado.

Los próximos meses serán determinantes. Si el gobierno logra traducir estos acuerdos en operativos eficaces, reducción de delitos y mejor percepción de seguridad, podría convertirse en un modelo a seguir en el país.

En términos políticos, la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez en su informe de gobierno y su frase de respaldo desde Palacio Nacional —“Si Puebla sigue así… va a llegar muy lejos”— refuerzan la idea de que su administración cuenta con el visto bueno del gobierno federal y que su cercanía con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo es plena.

En el ámbito de los cambios estructurales, destacan decisiones clave como el ahorro de 8 mil 500 millones de pesos, la reestructuración de la deuda del Museo Barroco y la renegociación de la concesión del agua, con la promesa de mejorar el suministro y garantizar mayor transparencia en su gestión.

También es relevante la liquidación de la deuda histórica de 27.2 millones de pesos con la Conade, lo que permite a Puebla acceder nuevamente a recursos federales para el deporte. En materia de participación ciudadana, el gobierno ha impulsado un programa de obra comunitaria basado en más de mil asambleas para definir las prioridades de infraestructura, apostando por un modelo de gestión más cercano a la población.

Hasta ahora, la administración de Armenta ha demostrado capacidad para la acción inmediata, pero las reformas de fondo —como la del agua y la transparencia financiera— requerirán una ejecución eficaz para que el entusiasmo inicial no se diluya en la complejidad burocrática.

En suma, Alejandro Armenta avanza con un objetivo claro: convertir a Puebla en un estado más productivo y seguro, pero también consolidar un liderazgo propio dentro del movimiento de la 4T.

En un panorama donde otros gobernadores de Morena han optado por la discreción o la dependencia del gobierno federal, Armenta se mueve con una estrategia distinta que hasta ahora le ha dado buenos resultados.

En Cortito

Margarita González Saravia es, sin duda, una de las gobernadoras más apagadas y desdibujadas del morenismo.

A seis meses de haber asumido la gubernatura de Morelos, su gestión se distingue por la inacción. No hay avances sustanciales en seguridad, infraestructura, desarrollo social ni económico. Lo único que ha logrado acaparar la atención de los morelenses son los constantes escándalos relacionados con el ex gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien, a casi seis meses de haber dejado el cargo, sigue siendo una figura influyente en los titulares y la opinión pública del estado.

Los seis meses de gobierno de González Saravia se resumen en una alarmante ola de inseguridad: secuestros diarios en la autopista México-Cuernavaca, un preocupante aumento de extorsiones a empresarios morelenses y una escalofriante escalada de homicidios violentos que, en su mayoría, cobra la vida de personas inocentes. Este desastre en materia de seguridad es solo la punta del iceberg.

Pero el colapso no se limita solo a la seguridad. El desgobierno es patente en todos los niveles. En el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la falta de oficio político es evidente. La muestra más escandalosa de este caos es la situación sin precedentes en la que Morelos se encuentra: dos presidentes del Tribunal Superior de Justicia, una imagen grotesca de la falta de liderazgo y la total descoordinación entre los funcionarios estatales.

En Morena ya tienen claro que la incapacidad de la gobernadora ha convertido a Morelos en un verdadero foco rojo. Su gobierno caótico y desastroso no solo está afectando a los morelenses, sino que, de seguir así, llevará al partido a perder escaños en el Congreso local y un número considerable de presidencias municipales en las elecciones intermedias de 2027.

En Morelos se materializa aquella célebre frase del líder moral y ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solía referirse a los pésimos funcionarios públicos diciendo: “No cabe duda que hay maderas que nunca agarran el barniz”.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Es tiempo de mujeres… y de proteger a El Cuau

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