#narcotrafico — Public Fediverse posts

Cinco detenidos y varios heridos al embestir una narcolancha a una patrullera en Almería

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Así llegan hijos de líderes del narco a escuelas de Estados Unidos

Hijos de líderes de cárteles mexicanos han ingresado a escuelas de Estados Unidos mediante ciudadanía, visas estudiantiles o recursos familiares. Casos recientes muestran cómo instituciones educativas enfrentan sanciones por vínculos financieros con personas bajo restricciones, mientras expertos hablan de un posible “lavado de reputación”. #Narcotrafico #EstadosUnidos #Mexico #ElUniversal  #eluniversal…

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El Profe tuvo nexos con otros extraditables y narcos de alto perfil internacional

Las causas penales abiertas en el país y la documentación del proceso de extradición del empresario Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como “Gato” o “El Profe”, develan sus vínculos con otros costarricenses en proceso de extradición y con narcotraficantes internacionales de alto perfil. Este cabecilla se convirtió en el tercer costarricense requerido por la Administración para […]
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#AliasGato #AliasProfe #CasoVenus #CrimenOrganizado #DEA #Extradición #GatoOProfe #JonathanAlvarezAlfaro #Judiciales #Nacionales #Narcotráfico #Sucesos

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Marina reporta 893 plantíos erradicados y 131 laboratorios clandestinos neutralizados

La Secretaría de Marina reportó la erradicación de 893 plantíos y la neutralización de 131 laboratorios clandestinos desde octubre de 2024, además del aseguramiento de metanfetamina, precursores y otras sustancias ilícitas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Marina (Semar) reportó la erradicación de 893 plantíos de marihuana y amapola y la neutralización de 131 laboratorios clandestinos desde el 1 de octubre de 2024, como resultado de operaciones de inteligencia y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el balance difundido por la dependencia, los plantíos destruidos corresponden a 231 cultivos de marihuana y 662 de amapola, con un total de 76 millones 667 mil 17 plantas eliminadas. Las acciones buscan impedir que estos cultivos sean utilizados como materia prima para la producción de drogas.

Marina reporta 131 laboratorios clandestinos neutralizados

En el mismo periodo, personal naval localizó y neutralizó 131 laboratorios clandestinos, donde fueron asegurados más de 131 mil kilogramos de metanfetamina, además de sustancias ilícitas y precursores químicos.

La Semar estimó que estas operaciones representaron una afectación superior a 32 mil 432 millones de pesos para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad para producir y financiar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las cifras forman parte de las operaciones que la Marina mantiene para localizar instalaciones utilizadas en la producción de drogas sintéticas y desarticular etapas de la cadena de suministro de los grupos delictivos.

Operaciones contra la producción de drogas

La destrucción de los plantíos y la inhabilitación de los laboratorios buscan afectar directamente la infraestructura empleada para producir estupefacientes, así como las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

La estrategia contempla trabajos de análisis de información e inteligencia para identificar zonas vinculadas con la producción de drogas, seguidos por el despliegue de personal naval en regiones de difícil acceso. –sn–

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📰 Operación "Ángel Negro" deja seis detenidos por narcotráfico en Puente Alto
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¿Por qué la DEA dejó circular fentanilo durante años en Nuevo México? #DEA #Fentanilo #NuevoMexico #EstadosUnidos #CrisisDeOpioides #Narcotrafico #CongresoEEUU #SaludPublica #FentanylWalking #Albuquerque #Actualidad #FelizViernes #4DeSeptiembre

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#Internacional 🇺🇸 | Hace dos meses, Associated Press reveló que entre 2023 y 2025, en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, agentes de la DEA permitieron que más de 3 millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles con el presunto propósito de fortalecer casos penales.

https://www.desdeabajo.info/otras-noticias/item/eu-el-verdadero-narcoestado.html

#Dea #Fentanilo #Narcotráfico

#Internacional 🇺🇸 | Hace dos meses, Associated Press reveló que entre 2023 y 2025, en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, agentes de la DEA permitieron que más de 3 millones de pastillas de fentanilo llegaran a las calles con el presunto propósito de fortalecer casos penales.

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La DEA, cómo opera la agencia antidrogas de Estados Unidos en México y el mundo

La DEA nació en 1973 para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos. Con miles de empleados y presencia internacional, hoy investiga cárteles, controla sustancias, analiza inteligencia y mantiene una relación estratégica con México.

Por Martín García | Reportero                                      

La Administración para el Control de Drogas (DEA) es la principal agencia federal de Estados Unidos dedicada a combatir el tráfico ilícito de drogas y hacer cumplir las leyes estadunidenses sobre sustancias controladas. Creada el 1 de julio de 1973, forma parte del Departamento de Justicia y actualmente emplea a aproximadamente 10 mil personas en funciones que incluyen investigación criminal, inteligencia, ciencias forenses, control de medicamentos y operaciones internacionales.

Su importancia para México va mucho más allá de la persecución de cargamentos de drogas. La agencia participa en investigaciones transnacionales contra organizaciones criminales, intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas con autoridades mexicanas, identificación de redes financieras y persecución de dirigentes de organizaciones que trafican fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y otras sustancias hacia Estados Unidos.

La relación bilateral ha producido algunos de los casos más relevantes de la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico, pero también ha estado marcada por episodios de tensión, controversias y diferencias sobre los límites de la cooperación entre autoridades de ambos países.

¿Qué significa DEA y qué es exactamente?

DEA son las siglas en inglés de Drug Enforcement Administration, que en español se conoce como Administración para el Control de Drogas.

No es una corporación policial local ni una fuerza militar. Es una agencia federal especializada del Departamento de Justicia estadunidense. Su titular, el administrador, es designado por el presidente de Estados Unidos y debe ser confirmado por el Senado.

Su misión central consiste en hacer cumplir las leyes federales estadunidenses sobre sustancias controladas y llevar ante la justicia a organizaciones y personas involucradas en el cultivo, fabricación o distribución ilícita de drogas destinadas al mercado estadunidense o relacionadas con éste.

La propia DEA explica que su misión también incluye recomendar y apoyar programas no relacionados directamente con la aplicación de la ley que busquen reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas.

Por ello, la DEA no solamente arresta narcotraficantes. Su trabajo comprende inteligencia, investigación financiera, análisis químico, control de sustancias, investigación de medicamentos desviados del mercado legal, cooperación internacional y apoyo a fiscales y otras agencias de seguridad.

¿Por qué se creó la DEA?

La DEA surgió en un momento en que el gobierno estadunidense consideraba que la lucha contra las drogas estaba fragmentada entre varias dependencias.

Antes de 1973 existían distintas instituciones con responsabilidades relacionadas con los narcóticos y las drogas peligrosas. Entre ellas se encontraba la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), además de funciones desarrolladas por el Servicio de Aduanas y otras dependencias federales.

La administración del presidente Richard Nixon consideró que la división de responsabilidades provocaba problemas de coordinación, competencia entre agencias y deficiencias en la obtención y distribución de inteligencia.

En 1973, Nixon presentó ante el Congreso el Plan de Reorganización número 2 con la propuesta de concentrar las principales funciones federales contra las drogas en una sola agencia.

El 1 de julio de 1973 nació oficialmente la DEA. La nueva organización absorbió a la BNDD y a los agentes antidrogas del Servicio de Aduanas, con la intención de crear una estructura federal especializada y coordinada.

El planteamiento de fondo era sencillo: las organizaciones criminales no respetaban las fronteras entre agencias, mientras que la estructura gubernamental sí estaba dividida.

La nueva DEA recibió una misión nacional, pero desde su nacimiento tuvo una dimensión internacional debido a que buena parte de las drogas consumidas en Estados Unidos eran producidas o transportadas fuera de su territorio.

Los antecedentes: antes de 1973

La historia de la DEA no comenzó realmente en 1973.

El gobierno estadunidense había creado décadas antes distintas instituciones para combatir el tráfico de narcóticos. La experiencia acumulada por esas organizaciones permitió construir las capacidades de investigación, inteligencia y control de sustancias que posteriormente heredó la DEA.

Uno de los antecedentes más importantes fue el Federal Bureau of Narcotics, creado en 1930.

Posteriormente, el gobierno estadunidense reorganizó sus instituciones y creó la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que funcionó desde 1968 hasta la creación de la DEA.

La agencia también heredó capacidades de inteligencia. Desde el mismo 1 de julio de 1973 comenzó a funcionar su programa de inteligencia, considerado esencial para identificar las estructuras, vulnerabilidades, rutas y métodos utilizados por las organizaciones de tráfico de drogas.

Una agencia que cambió con el narcotráfico

Durante sus primeros años, la DEA enfrentó principalmente redes dedicadas al tráfico de heroína, cocaína, marihuana y otras drogas.

Con el paso de las décadas, las organizaciones criminales se volvieron más sofisticadas y diversificaron sus actividades.

La DEA comenzó a investigar no solamente a quienes transportaban las drogas, sino también a productores, intermediarios, operadores financieros, empresas fachada, lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y estructuras encargadas de controlar rutas internacionales.

El desarrollo de las tecnologías digitales modificó nuevamente el trabajo de la agencia.

Actualmente las investigaciones pueden involucrar comunicaciones cifradas, operaciones financieras internacionales, criptomonedas, redes sociales, análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos, además de métodos tradicionales de inteligencia humana.

¿Quiénes integran la DEA?

La DEA no está formada exclusivamente por agentes armados.

La propia agencia señala que su fuerza laboral está integrada por agentes especiales, investigadores de desvío, científicos forenses, especialistas de inteligencia y personal profesional y de apoyo.

La plantilla ronda actualmente las 10 mil personas en todo el mundo.

Agentes especiales

Son los investigadores encargados de desarrollar buena parte de las operaciones criminales.

Sus funciones incluyen reunir evidencia, investigar organizaciones de tráfico de drogas, realizar detenciones, ejecutar órdenes judiciales, decomisar bienes y coordinar investigaciones con otras autoridades.

También trabajan con autoridades extranjeras cuando una investigación rebasa las fronteras estadunidenses.

Investigadores de desvío

Una de las funciones menos conocidas de la DEA es vigilar que medicamentos y sustancias químicas de uso legal no terminen en manos de organizaciones criminales.

Estos investigadores trabajan con la industria farmacéutica, distribuidores, médicos, farmacias y empresas relacionadas con sustancias reguladas.

La División de Control de Desvío tiene la responsabilidad de prevenir, detectar e investigar el desvío de medicamentos controlados y sustancias químicas desde fuentes legales hacia mercados ilícitos, sin impedir el suministro legítimo para necesidades médicas, científicas y comerciales.

Especialistas en inteligencia

Analizan información procedente de investigaciones, operaciones, fuentes humanas, documentos, comunicaciones y otras bases de datos para identificar estructuras criminales.

La inteligencia permite conocer quién dirige una organización, cómo se financia, cuáles son sus rutas y qué personas funcionan como operadores, distribuidores o intermediarios.

Científicos forenses

Los laboratorios de la DEA analizan sustancias decomisadas y otras evidencias.

Los químicos forenses determinan la composición de las drogas, aportan evidencia para los procesos judiciales y producen información que ayuda a identificar tendencias del mercado ilícito.

Personal especializado

La agencia también requiere abogados, especialistas financieros, personal tecnológico, expertos en informática, administración, recursos humanos, comunicaciones y otras áreas.

En investigaciones modernas, incluso los análisis financieros y digitales pueden ser tan importantes como la incautación física de una droga.

¿Dónde opera la DEA?

La DEA comenzó como una agencia estadunidense, pero actualmente tiene una estructura internacional.

Documentos presupuestarios de la agencia han señalado más de 300 oficinas en todo el mundo, con decenas de oficinas fuera de Estados Unidos. La organización también opera mediante divisiones regionales y oficinas residentes.

En operaciones recientes, la DEA ha señalado la participación de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras, lo que muestra la dimensión internacional que alcanzó la agencia.

La presencia internacional no significa que los agentes de la DEA tengan facultades policiales ilimitadas en otros países.

Su actividad en territorio extranjero depende del marco jurídico, la cooperación y las autoridades del país anfitrión. En México, por ejemplo, las investigaciones requieren coordinación con instituciones mexicanas cuando las acciones corresponden a jurisdicción mexicana.

¿Quién dirige actualmente la DEA?

Desde el 23 de julio de 2025, el administrador de la DEA es Terrance C. “Terry” Cole, quien fue confirmado por el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo.

Cole es un veterano de las fuerzas de seguridad estadunidenses con más de tres décadas de servicio público.

Como administrador, encabeza la estrategia nacional e internacional de la agencia y responde ante la estructura del Departamento de Justicia.

Durante 2025 y 2026, la dirección de Cole ha colocado en el centro de la estrategia a las organizaciones criminales transnacionales y, particularmente, a las redes relacionadas con el fentanilo.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron nuevas acusaciones contra dirigentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ocho fugitivos señalados como dirigentes u operadores de alto nivel.

Las fechas simbólicas de la DEA

1 de julio de 1973: nacimiento de la DEA

Es la fecha fundamental de la agencia.

Ese día entró en vigor la reorganización federal que creó la Administración para el Control de Drogas.

7 de febrero de 1985: desaparición de Enrique Camarena

El agente especial Enrique “Kiki” Camarena, asignado a la oficina de la DEA en Guadalajara, fue secuestrado por integrantes de una organización criminal.

Camarena había ingresado a la DEA en 1974 y había sido trasladado a Guadalajara en 1981.

5 de marzo de 1985: hallazgo del cuerpo de Camarena

El cuerpo del agente fue localizado en marzo de 1985.

Su asesinato se convirtió en uno de los episodios más trascendentes de la historia de la DEA y dio paso a una de las investigaciones más importantes de la agencia.

3 de mayo de 1985: Operación Leyenda

La DEA creó la Operación Leyenda para investigar el secuestro y asesinato de Camarena y llevar ante la justicia a los responsables.

La investigación se prolongó durante años y se convirtió, según los archivos históricos de la DEA, en la mayor investigación de homicidio emprendida por la agencia hasta ese momento.

23 al 31 de octubre: Semana del Listón Rojo

El asesinato de Camarena también dio origen a una de las campañas de prevención de drogas más conocidas en Estados Unidos.

La Semana del Listón Rojo comenzó a nivel nacional en 1988 y se celebra cada año del 23 al 31 de octubre. La DEA señala que millones de jóvenes y adultos participan en actividades relacionadas con la prevención del consumo de drogas.

28 de abril de 1999: apertura de la Academia de la DEA

La Academia de Entrenamiento de la DEA abrió sus instalaciones en Quantico, Virginia, en 1999.

Ahí se preparan agentes especiales y otros especialistas de la organización.

La capacitación comprende investigación criminal, armas, tácticas, inteligencia, ciencias forenses, control de sustancias, laboratorios clandestinos y operaciones internacionales.

2023: 50 años

La DEA conmemoró medio siglo de existencia el 1 de julio de 2023.

La fecha permitió revisar cinco décadas de evolución de la agencia y de transformación del mercado internacional de drogas.

¿Qué obligaciones tiene la DEA?

La responsabilidad principal de la DEA consiste en aplicar las leyes estadunidenses relacionadas con sustancias controladas.

En términos prácticos, sus obligaciones incluyen:

• Investigar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
• Identificar y perseguir a sus principales integrantes.
• Investigar redes de producción y distribución.
• Combatir el lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
• Decomisar drogas, dinero, armas y otros bienes vinculados con delitos.
• Investigar el desvío de medicamentos controlados.
• Analizar sustancias mediante laboratorios forenses.
• Generar inteligencia sobre organizaciones criminales.
• Cooperar con otras agencias estadunidenses.
• Cooperar con autoridades extranjeras.
• Apoyar investigaciones y procesos judiciales.
• Identificar nuevas amenazas relacionadas con drogas sintéticas.
• Participar en programas de prevención y reducción de disponibilidad de drogas ilícitas.

La DEA también participa en grupos operativos con autoridades estatales y locales. Estos mecanismos permiten combinar recursos federales con policías de otras jurisdicciones.

¿Qué no puede hacer la DEA?

Una confusión frecuente consiste en pensar que la DEA puede detener o investigar libremente a cualquier persona en cualquier país.

No funciona así.

La DEA es una agencia estadunidense y su autoridad deriva de la legislación de Estados Unidos.

Cuando una investigación se desarrolla en otro país, la agencia depende de mecanismos de cooperación internacional, acuerdos, autoridades del país anfitrión y procedimientos legales aplicables.

En México, las autoridades mexicanas mantienen la jurisdicción correspondiente sobre las acciones realizadas en territorio nacional.

Por ello, la cooperación DEA-México puede involucrar intercambio de información, investigaciones paralelas, coordinación operativa, capacitación y apoyo a procesos de extradición, pero no convierte a la DEA en una autoridad mexicana.

¿Para qué sirve la DEA?

La respuesta más sencilla es que la DEA busca desmantelar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas en Estados Unidos.

Pero su estrategia actual es más amplia.

La agencia intenta atacar la cadena completa.

Eso incluye al productor, al proveedor de precursores químicos, al laboratorio clandestino, al transportista, al distribuidor, al lavador de dinero, al proveedor de armas y a los dirigentes de la organización.

En el caso de las drogas sintéticas, esta estrategia adquiere especial relevancia porque las organizaciones pueden producir grandes cantidades de sustancias utilizando relativamente poco volumen físico de precursores.

La DEA y México: una relación construida durante décadas

México ocupa un lugar central en la estrategia internacional de la DEA debido a la importancia de las organizaciones criminales mexicanas dentro de las investigaciones estadunidenses sobre tráfico de drogas.

La relación comenzó mucho antes de la crisis actual del fentanilo.

Durante décadas, la DEA y autoridades mexicanas han trabajado en investigaciones relacionadas con marihuana, heroína, cocaína, metanfetamina y posteriormente opioides sintéticos.

La cooperación ha involucrado a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones mexicanas.

Documentos de la DEA registran operaciones desarrolladas conjuntamente con autoridades mexicanas y señalan que sus oficinas en México han participado en investigaciones contra organizaciones transnacionales.

La infraestructura de la DEA en México ha incluido una oficina de país en ciudad de México y oficinas residentes en distintas ciudades, entre ellas puntos fronterizos y regiones consideradas relevantes para las investigaciones contra organizaciones criminales.

Enrique Camarena: el caso que cambió la relación

La historia de la DEA en México no puede entenderse sin el caso de Enrique Camarena.

Camarena era agente de la DEA en Guadalajara cuando fue secuestrado el 7 de febrero de 1985.

La investigación estadunidense concluyó que había sido capturado por integrantes de organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.

Después de su asesinato, la DEA desarrolló la Operación Leyenda.

El caso fue especialmente delicado porque el crimen ocurrió en territorio mexicano y la investigación involucró a narcotraficantes y funcionarios mexicanos.

La propia documentación histórica de la DEA reconoce que esa circunstancia convirtió la investigación en una operación particularmente compleja.

El asesinato de Camarena dejó además una huella institucional. Desde entonces su nombre quedó asociado a la lucha contra las drogas dentro de la DEA y a las campañas de prevención estadunidenses.

El caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán

Otro episodio fundamental de la relación DEA-México fue la persecución de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.

La captura de Guzmán en Mazatlán en 2014 involucró cooperación entre autoridades mexicanas y estadunidenses.

Posteriormente fue recapturado y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.

Documentación de la DEA señala que agentes estadunidenses participaron en la coordinación de investigaciones y operaciones con autoridades mexicanas.

Guzmán fue declarado culpable en Estados Unidos y recibió cadena perpetua más 30 años de prisión.

Ismael “El Mayo” Zambada

El 25 de julio de 2024 ocurrió otro de los episodios más importantes de la historia reciente.

Ismael “El Mayo” Zambada, identificado por autoridades estadunidenses como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.

La DEA había colocado a Zambada entre sus objetivos prioritarios durante años.

En declaraciones posteriores, la agencia consideró su detención un golpe importante contra la estructura del Cártel de Sinaloa.

El caso generó además una fuerte discusión sobre la forma en que ocurrió la llegada de ambos hombres a Estados Unidos y sobre el grado de participación de autoridades mexicanas.

Ovidio Guzmán y la extradición

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue extraditado de México a Estados Unidos en 2023.

En julio de 2025 se declaró culpable en una corte federal de Chicago de cargos relacionados con conspiración para traficar drogas y participación en una empresa criminal continua.

El caso constituye otro ejemplo de cómo las investigaciones desarrolladas durante años por autoridades estadunidenses y mexicanas pueden terminar con un proceso judicial en Estados Unidos.

Los cárteles mexicanos en la estrategia actual

La DEA identifica actualmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como dos de las organizaciones mexicanas centrales en la crisis de drogas sintéticas que enfrenta Estados Unidos.

La agencia sostiene que ambas organizaciones participan en redes internacionales de producción, tráfico y distribución de fentanilo y otras drogas.

En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta clasificación cambió el marco político y jurídico bajo el cual Estados Unidos aborda a esos grupos y amplió las herramientas disponibles contra sus estructuras financieras y operativas.

El fentanilo cambió la prioridad de la DEA

Durante décadas, la cocaína, la heroína y la marihuana ocuparon lugares centrales en las investigaciones de la agencia.

El fentanilo modificó esa prioridad.

La DEA sostiene que las organizaciones criminales mexicanas se encuentran en el centro de las redes que producen y trasladan fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Datos de la agencia indican que durante 2025 incautó más de 47 millones de pastillas de fentanilo y casi 10 mil libras de fentanilo en polvo. La propia DEA calculó que esas incautaciones representaron cientos de millones de dosis potencialmente letales que fueron retiradas del mercado ilícito.

La agencia también ha advertido sobre la evolución de las organizaciones criminales hacia nuevas formas de producción y distribución.

El dinero: una segunda batalla

Una investigación contra narcotráfico ya no termina necesariamente cuando se decomisa una droga.

La DEA busca seguir el dinero.

Las organizaciones criminales necesitan convertir las ganancias del tráfico en recursos utilizables y transferibles.

Por ello, las investigaciones actuales incluyen empresas fachada, transferencias internacionales, operaciones en efectivo, criptomonedas, prestanombres y mecanismos para mover las ganancias entre países.

La propia DEA ha creado equipos especializados para analizar las estructuras financieras de las organizaciones criminales transnacionales. En investigaciones contra el Cártel de Sinaloa se han identificado redes que trasladan las ganancias del tráfico desde Estados Unidos hacia México.

Un ejemplo reciente de la cooperación México-Estados Unidos

En enero de 2026, Estados Unidos recibió de México a 37 fugitivos mexicanos reclamados por distintos delitos federales.

Entre los acusados había personas vinculadas, según las autoridades estadunidenses, con el Cártel de Sinaloa, el CJNG y otras organizaciones criminales.

Los cargos incluían narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas y otros delitos.

La DEA señaló que el traslado fue resultado de la cooperación con el gobierno mexicano.

El episodio mostró hasta qué punto la cooperación bilateral puede traducirse en procesos judiciales en Estados Unidos.

El CJNG, uno de los principales objetivos actuales

La estrategia de la DEA también se ha concentrado en el CJNG.

En septiembre de 2025, una operación coordinada en 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras produjo 670 detenciones, además del aseguramiento de más de 1.1 millones de pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína y otras sustancias, de acuerdo con la DEA.

En agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron nuevas acusaciones contra ocho fugitivos relacionados con el CJNG y recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que permita capturarlos o condenarlos.

La DEA frente a las autoridades mexicanas

La relación entre la DEA y México no puede reducirse a una subordinación de una autoridad frente a otra.

Se trata de dos sistemas jurídicos diferentes.

México tiene sus propias instituciones de seguridad y procuración de justicia. Estados Unidos tiene sus agencias federales, entre ellas la DEA.

La cooperación ocurre cuando existen investigaciones de interés común.

En determinados casos, autoridades mexicanas pueden proporcionar información o ejecutar acciones dentro de México, mientras agentes estadunidenses trabajan el componente correspondiente en Estados Unidos.

Una investigación puede comenzar con una organización mexicana, identificar una red financiera en Estados Unidos, localizar distribuidores en varias ciudades estadunidenses y terminar con acusaciones federales.

El carácter transnacional del narcotráfico obliga a que las investigaciones también lo sean.

¿Por qué México es tan importante para la DEA?

La respuesta está en la geografía, la economía y la estructura de los mercados ilícitos.

México comparte una frontera de aproximadamente 3 mil 145 kilómetros con Estados Unidos y mantiene uno de los mayores intercambios comerciales del mundo con ese país.

Para las organizaciones criminales, la frontera representa acceso al mercado estadunidense.

Para la DEA, México constituye un punto estratégico para investigar organizaciones que producen, transportan, financian y distribuyen drogas hacia Estados Unidos.

La situación también es bidireccional.

Las organizaciones criminales mexicanas operan en territorio estadunidense y las armas utilizadas por grupos criminales en México tienen, en numerosos casos, origen estadunidense.

Por ello, el narcotráfico y el tráfico de armas forman parte de una misma discusión bilateral.

Una agencia que también enfrenta controles

La DEA no opera sin supervisión.

Forma parte del Departamento de Justicia y está sujeta a controles administrativos, judiciales, presupuestarios y legislativos.

Además, sus actuaciones pueden ser revisadas por organismos de supervisión.

En junio de 2026, el administrador Terrance Cole solicitó al inspector general del Departamento de Justicia una revisión independiente de las acciones de la DEA relacionadas con una investigación que había generado acusaciones públicas. Cole señaló que la revisión debía realizarse sobre la base de los hechos y no de especulaciones.

El episodio muestra una característica importante de cualquier agencia federal con amplias facultades: sus operaciones están sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.

La DEA en perspectiva: 53 años de historia

Desde su creación el 1 de julio de 1973 hasta 2026, la DEA ha pasado de combatir redes relativamente convencionales de narcotráfico a enfrentar organizaciones criminales globalizadas.

Su transformación puede dividirse en varias etapas:

1973-1980: consolidación de la nueva agencia y construcción de su sistema de inteligencia.

Década de 1980: expansión de las investigaciones internacionales y confrontación con grandes organizaciones latinoamericanas de tráfico de drogas.

Década de 1990: fortalecimiento de las investigaciones financieras y persecución de grandes estructuras internacionales.

2000-2010: crecimiento de las redes transnacionales y aumento de las investigaciones conjuntas.

2010-2020: expansión de organizaciones mexicanas y colombianas, así como crecimiento del mercado de metanfetamina y opioides.

2020-2026: el fentanilo, las drogas sintéticas, los precursores químicos, las redes financieras y las tecnologías digitales se convierten en elementos centrales de las investigaciones.

La DEA que existe hoy

Más de cinco décadas después de su creación, la DEA conserva la misma misión básica: aplicar las leyes estadunidenses sobre sustancias controladas y combatir las organizaciones que alimentan el mercado ilícito.

Pero el enemigo cambió.

Ya no se trata solamente de localizar un cargamento.

Las investigaciones modernas intentan reconstruir organizaciones completas: quién produce, quién compra los precursores, quién fabrica, quién transporta, quién distribuye, quién cobra, quién lava el dinero y quién dirige la estructura.

En ese modelo, México ocupa una posición estratégica.

La DEA mantiene oficinas y personal especializado en el país, mientras sus investigaciones se cruzan con las operaciones de autoridades mexicanas y con procesos judiciales que pueden desarrollarse en ambos lados de la frontera.

Los casos de Camarena, Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, Ismael “El Mayo” Zambada y las investigaciones actuales contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG muestran la evolución de esa relación.

La historia de la DEA, por tanto, también es parte de la historia de la política antidrogas de Estados Unidos y de su relación con México: una relación marcada por cooperación, intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas, extradiciones y resultados judiciales, pero también por las diferencias que inevitablemente surgen cuando dos países enfrentan un fenómeno criminal que no reconoce fronteras. –sn–

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Hernán Geovani Ojeda Elenes se declara culpable de fabricar toneladas de fentanilo para EU

Hernán Geovani Ojeda Elenes se declaró culpable en Estados Unidos de fabricar e importar toneladas de fentanilo para su distribución, con precursores adquiridos en China. Enfrenta una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua.

Por Martín García | Reportero                                      

Hernán Geovani Ojeda Elenes, ciudadano mexicano de 48 años y originario de Culiacán, Sinaloa, se declaró culpable en Estados Unidos de conspirar para fabricar y distribuir fentanilo destinado a su importación ilegal, así como de conspirar para distribuir sustancias químicas incluidas en una lista de precursores utilizados para producir drogas controladas.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Ojeda Elenes admitió haber participado durante varios años en la fabricación de fentanilo en México y en su posterior introducción a Estados Unidos para distribución y venta. La acusación señala que entre 2019 y 2024 operó una organización de narcotráfico asentada en Sinaloa junto con su padre, Hernán Domingo Ojeda López, y otras personas.

El caso adquiere relevancia por la magnitud de la producción reconocida por el acusado: los documentos judiciales señalan que fue responsable de la elaboración y distribución de varias toneladas métricas de fentanilo durante la conspiración. Para producirlo, adquirió precursores químicos de empresas chinas y los trasladó hasta un laboratorio instalado en México.

Precursores químicos llegaban desde China

Entre las sustancias adquiridas por Ojeda Elenes figuraron 4-piperidona y N-fenilpiperidin-4-amina, compuestos que, según los documentos judiciales, fueron enviados desde empresas chinas hasta el laboratorio que operaba en México.

El acusado reconoció que utilizó esos productos para fabricar fentanilo y que posteriormente él y otros integrantes de la organización introdujeron la droga a Estados Unidos con fines de distribución y venta.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, sostuvo que la organización fabricó e importó grandes cantidades de fentanilo y afirmó que el caso demuestra que las autoridades estadounidenses continuarán persiguiendo a quienes produzcan y trafiquen drogas hacia ese país.

Por su parte, Brian Clark, jefe adjunto de Operaciones de la Región 5 del Pacífico Suroeste de la Administración para el Control de Drogas (DEA), señaló que Ojeda Elenes fabricó fentanilo para el Cártel de Sinaloa, de acuerdo con la posición expresada por la agencia estadounidense.

Enfrenta hasta cadena perpetua

La declaración de culpabilidad fue aceptada por la jueza federal Ana C. Reyes. Hasta este jueves no se había establecido una fecha para dictar sentencia.

Ojeda Elenes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. La sentencia será determinada por el tribunal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.

El acusado fue trasladado de México a Estados Unidos en enero de 2026 con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. El gobierno estadounidense agradeció al gobierno federal mexicano su colaboración para garantizar la presencia de Ojeda Elenes ante los tribunales de ese país.

La DEA y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) mantienen la investigación. Los fiscales Erik Cervantes y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal, están a cargo del proceso judicial.

Ojeda Elenes había sido incluido entre los 37 presuntos integrantes de organizaciones criminales trasladados de México a Estados Unidos en enero de 2026. Reportes publicados entonces lo identificaron con el alias de “Inge” y señalaron que enfrentaba acusaciones relacionadas con tráfico de drogas. –sn–

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Exfuncionario de Sinaloa, cercano a Rocha Moya, enfrenta juicio en EU por 111 mil pastillas de fentanilo

Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario deportivo de Sinaloa, enfrenta en Estados Unidos un proceso federal por posesión de fentanilo con intención de distribuir; autoridades le aseguraron 11 mil 160 gramos de la droga en Utah.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Ricardo Verduzco Bernal, exfuncionario deportivo de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, enfrenta este miércoles 26 de agosto un proceso federal en Estados Unidos por posesión de fentanilo con intención de distribuir, después de que agentes aseguraron aproximadamente 11 mil 160.65 gramos de la droga en una habitación de hotel en Utah.

La cantidad asegurada fue estimada por agentes federales en unas 111 mil pastillas de fentanilo. El caso es independiente del proceso contra otro ciudadano mexicano, Jesús Alexis Cecena Cota, quien fue acusado en un expediente separado; en conjunto, ambas investigaciones derivaron en el aseguramiento de aproximadamente 204 mil pastillas en Utah.

El caso adquiere relevancia en Sinaloa debido a que Verduzco Bernal, de 54 años, ocupó cargos públicos vinculados con el deporte durante el periodo de Rocha Moya como gobernador. En 2023 apareció junto al entonces mandatario estatal durante el abanderamiento de la delegación sinaloense que participó en los Juegos Nacionales CONADE. Registros oficiales del Ayuntamiento de Guasave también lo identifican como director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG).

¿Qué acusa Estados Unidos a Ricardo Verduzco Bernal?

De acuerdo con la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah, la investigación contra Verduzco Bernal comenzó en agosto de 2026. Agentes de la Fuerza de Tarea Antidrogas Wasatch Metro del Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron una compra controlada de fentanilo atribuida al exfuncionario.

A partir de esa operación, los investigadores obtuvieron una orden de registro para una habitación de hotel en el condado de Salt Lake. El 12 de agosto, los agentes ingresaron al inmueble y localizaron a Verduzco Bernal solo.

En el lugar aseguraron aproximadamente 11 mil 160.65 gramos de una sustancia que dio positivo a fentanilo en pruebas de campo. Los investigadores calcularon que la cantidad correspondía a unas 111 mil pastillas. La acusación federal señala el delito de posesión de fentanilo con intención de distribuir.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos precisó que el proceso contra Verduzco Bernal y el de Cecena Cota son casos separados y sin relación entre sí, aunque ambos fueron incluidos en el anuncio sobre los decomisos realizados durante una misma semana en Utah.

Verduzco Bernal se declaró no culpable

Durante una audiencia celebrada el 19 de agosto, Ricardo Verduzco Bernal se declaró no culpable mediante su defensora pública, Emily A. Stirba. El tribunal ordenó que permaneciera bajo custodia federal por considerar que existía riesgo de fuga, según reportes sobre el expediente judicial.

El exfuncionario se encontraba en Estados Unidos con una visa de visitante, de acuerdo con información proporcionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a las autoridades federales.

Su juicio con jurado está programado para el 26 de agosto de 2026 ante un juez magistrado federal en el Tribunal Federal Orrin G. Hatch, en el centro de Salt Lake City.

Las acusaciones formuladas por la Fiscalía estadounidense no implican una condena. Verduzco Bernal mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.

¿Quién es Ricardo Verduzco Bernal?

Ricardo Verduzco Bernal desarrolló buena parte de su trayectoria pública en el sector deportivo de Sinaloa.

En noviembre de 2022 asumió la dirección del Instituto Municipal del Deporte de Guasave (IMUDEG), durante la administración del entonces presidente municipal Martín Ahumada Quintero. Desde ese cargo participó en actividades deportivas municipales y actos relacionados con delegaciones de atletas.

En 2023 tuvo presencia en actos públicos junto a Rubén Rocha Moya. El Ayuntamiento de Guasave documentó su participación en actividades relacionadas con delegaciones deportivas, mientras que fotografías difundidas por autoridades municipales lo muestran junto al entonces gobernador durante actos de abanderamiento.

Posteriormente se incorporó al Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte (ISDE), donde desempeñó funciones relacionadas con el deporte de alto rendimiento. Reportes publicados tras su detención señalan que dejó esa estructura estatal en 2026.

El caso ocurre en medio de la crisis política de Sinaloa

La detención de Verduzco Bernal ocurre mientras Rubén Rocha Moya enfrenta una acusación formal en Estados Unidos junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El Departamento de Justicia estadounidense informó el 29 de abril sobre la acusación contra Rocha Moya y otros servidores públicos por presunta conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas. La acusación sostiene que los involucrados habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Las imputaciones son alegaciones y los acusados son considerados inocentes mientras no exista una sentencia.

En los últimos días, la situación política de Sinaloa se agudizó después de que Rocha Moya regresara temporalmente al cargo el 21 de agosto, tras 112 días separado de la gubernatura, y solicitara nuevamente licencia un día después. La decisión generó críticas, incluida la postura de la presidente Claudia Sheinbaum, quien consideró que su regreso no fue apropiado.

El proceso contra Verduzco Bernal se desarrolla, por ahora, de manera independiente de la acusación contra Rocha Moya. No existe en la acusación federal de Utah consultada una imputación que vincule al exfuncionario deportivo con el expediente abierto contra el gobernador de Sinaloa en Nueva York. –sn–

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Boric recorrió San Ramón y fustigó a exalcalde Aguilera “vinculado con el narco” | vía #UChileRadio

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‘El Mayo’ Zambada morirá en prisión; deberá pagar 15 mil millones de dólares: DEA

Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ismael «El Mayo» Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, y le impuso una multa de 15 mil millones de dólares por narcotráfico y delincuencia organizada.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Ismael «El Mayo» Zambada García, uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal federal de Estados Unidos tras declararse culpable de encabezar una organización criminal continua y de participar en actividades de delincuencia organizada durante más de tres décadas.

Además de la pena de prisión de por vida, el tribunal le impuso una multa de 15 mil millones de dólares, al considerar acreditada su responsabilidad en una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, así como al lavado de dinero y otros delitos relacionados.

La sentencia pone fin a uno de los procesos judiciales más relevantes emprendidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra un líder histórico del narcotráfico mexicano.

Departamento de Justicia califica la sentencia como histórica

Tras conocerse el fallo, autoridades estadounidenses afirmaron que la resolución representa un golpe contra una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.

El fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, sostuvo que la sentencia pone fin al liderazgo que Zambada ejerció durante décadas dentro del Cártel de Sinaloa y reiteró que la estrategia del gobierno estadounidense mantiene como prioridad el desmantelamiento de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Por su parte, el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., señaló que el narcotraficante pasó cerca de cuatro décadas dirigiendo operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y afirmó que la resolución busca brindar justicia a las víctimas de la violencia atribuida al cártel.

Aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo de culpabilidad

Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Zambada aceptó declararse culpable de encabezar una empresa criminal continua y de un cargo relacionado con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

El acuerdo permitió concentrar en un solo proceso judicial diversas acusaciones que enfrentaba en cortes federales de Nueva York, Texas, California, Illinois y el Distrito de Columbia.

Las investigaciones establecieron que el capo dirigió las operaciones del Cártel de Sinaloa desde finales de la década de 1980 hasta su captura en julio de 2024.

Fiscalía vincula al cártel con tráfico de fentanilo y corrupción

De acuerdo con la acusación, bajo el liderazgo de Zambada, el Cártel de Sinaloa amplió sus operaciones hacia la producción y tráfico de fentanilo, además de mantener redes internacionales para el envío de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

La investigación también sostiene que la organización utilizó una extensa red de corrupción para facilitar el transporte de drogas y evitar acciones de las autoridades, mediante sobornos a funcionarios y corporaciones de seguridad en distintos niveles.

Durante el proceso judicial, la fiscalía presentó testimonios y pruebas documentales para acreditar que la organización recurrió sistemáticamente al asesinato, la intimidación y la violencia para mantener el control de sus operaciones criminales.

Investigación involucró a diversas agencias estadounidenses

El caso fue desarrollado de manera conjunta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), además de fiscales de diversos distritos federales.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la sentencia forma parte de la estrategia para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y reiteraron que continuarán las investigaciones contra otros integrantes del Cártel de Sinaloa.

La condena contra Ismael «El Mayo» Zambada García representa uno de los fallos más relevantes emitidos por la justicia estadounidense contra un líder histórico del narcotráfico mexicano y cierra un proceso que se prolongó durante décadas. –sn–

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Baja California lidera decomisos de fentanilo en México con más de 13.5 millones de pastillas

Baja California encabezó los decomisos de fentanilo en México entre 2018 y mayo de 2026, con más de 13.5 millones de pastillas y casi 2 mil kilogramos en polvo asegurados, según datos de la Defensa obtenidos vía transparencia.

Por Martín García | Reportero                                      

Baja California se consolidó como el principal punto de aseguramiento de fentanilo en México al concentrar una de cada tres pastillas decomisadas en el país entre 2018 y mayo de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) obtenida mediante solicitudes de transparencia.

Durante ese periodo, el Ejército Mexicano aseguró 13 millones 540 mil pastillas de fentanilo y mil 999 kilogramos de fentanilo en polvo en la entidad, cifras que colocan a Baja California por encima de Sinaloa y Sonora, considerados históricamente dos de los principales corredores utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Los datos reflejan la relevancia estratégica que mantiene Baja California dentro de las rutas del narcotráfico, debido a su extensa frontera con Estados Unidos y a la intensa actividad de los cruces fronterizos, factores que han convertido al estado en uno de los principales escenarios de las operaciones de combate al tráfico de opioides sintéticos.

Baja California supera a Sinaloa y Sonora

Las cifras oficiales muestran que Baja California encabezó tanto los aseguramientos de fentanilo en tabletas como en polvo durante el periodo comprendido entre 2018 y mayo de 2026.

Con más de 13.5 millones de pastillas aseguradas, la entidad concentró aproximadamente una tercera parte de todos los decomisos nacionales realizados por el Ejército, mientras que los casi 2 mil kilogramos de fentanilo en polvo también representan el mayor volumen incautado entre las entidades federativas.

Sinaloa y Sonora se ubicaron detrás de Baja California en los aseguramientos, lo que confirma que la región noroeste continúa siendo el principal corredor para el trasiego de opioides sintéticos con destino al mercado estadounidense.

El fentanilo mantiene presión sobre la frontera norte

El fentanilo es un opioide sintético de alta potencia que ha adquirido un papel central en las estrategias de seguridad de México y Estados Unidos debido a su impacto en el tráfico internacional de drogas y a la crisis de salud pública asociada con su consumo ilícito.

Los aseguramientos realizados por las fuerzas federales forman parte de las acciones para interrumpir las cadenas de producción, transporte y distribución de esta droga, cuya mayor demanda se concentra en el mercado estadounidense.

Las estadísticas obtenidas mediante transparencia evidencian que Baja California continúa siendo uno de los principales puntos de operación para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo, situación que ha incrementado la presencia de operativos militares y de seguridad en la región fronteriza. –sn–

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EU designa al Cártel de Juárez y Los Viagras como terroristas

Estados Unidos designa como grupos terroristas al Cartel de Juárez y Los Viagras

SN Redacción | EFE

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cartel de Juárez y Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesan sobre ambos grupos por narcotráfico.

Con estas nuevas designaciones, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

Al Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, los incorporan a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.

La presión de EU en torno a la lucha contra el narcotráfico

En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis carteles mexicanos , entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

https://twitter.com/USAmbMex/status/2077811078088606024?s=20

Trump ha presionado a México ya la región en búsqueda de mayores resultados contra los crteles del narcotráfico, especialmente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, mediante amenazas de aranceles, nuevas sanciones financieras y la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas.

El Gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier acción unilateral de Washington contra los cárteles en territorio nacional y ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio del respeto a la soberanía, pese a las crecientes presiones de la Casa Blanca para soportar el combate al narcotráfico. –sn–

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Condenan a más de nueve años de prisión a hombre por posesión de fentanilo en Sinaloa

La FGR obtuvo una sentencia de más de nueve años de prisión contra un hombre detenido en Mazatlán con más de 10 mil unidades de fentanilo y un arma de fuego.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años, cinco meses y 28 días de prisión contra Rogelio “N”, tras acreditar su responsabilidad en los delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de fentanilo, así como por portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La resolución fue emitida luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las pruebas suficientes ante la autoridad judicial para sustentar la acusación.

El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Reinserción Social El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.

Aseguraron más de 10 mil dosis de fentanilo

De acuerdo con la FGR, la detención ocurrió durante un operativo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos se registraron en la colonia Invasión Palmito, en el municipio de Mazatlán, donde los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia.

Según la investigación, los elementos de seguridad observaron al ahora sentenciado cerca del acceso a un inmueble portando una mochila. Al percatarse de la presencia de las autoridades, presuntamente sacó un arma de fuego y la apuntó hacia los uniformados.

Tras controlar la situación, los agentes aseguraron un arma abastecida con 15 cartuchos útiles, además de una bolsa que contenía 10 mil 36 unidades de fentanilo y un teléfono celular.

Continúan acciones contra el tráfico de drogas

La sentencia forma parte de las acciones que realizan las autoridades federales para combatir el tráfico y comercialización de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo, una sustancia considerada de alta peligrosidad por sus efectos y por su impacto en la salud pública. –sn–

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Asegura drogas, armas y explosivos en operativos en 17 entidades del país

El Gabinete de Seguridad informó resultados de operativos en 17 estados con decomisos de metanfetamina, fentanilo, armas, explosivos, vehículos y detenciones.

Por Martín García | Reportero                                      

El gabinete de seguridad del gobierno federal informó los resultados de los operativos realizados los días 26, 27 y 28 de junio, en los que fuerzas federales y estatales efectuaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas, explosivos, vehículos y animales exóticos en 17 entidades del país.

Las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación con los gobiernos estatales.

Entre los aseguramientos más relevantes destaca el decomiso de 31 kilogramos de metanfetamina ocultos en un autobús de pasajeros en la carretera Mazatlán-Tepic, en Sinaloa, durante una inspección realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

En Nayarit, fuerzas federales detuvieron a un hombre y aseguraron cuatro armas largas, 196 cargadores, 2 mil 453 cartuchos, equipo táctico y cuatro vehículos.

En Durango, el Ejército Mexicano localizó tres vehículos y decomisó cuatro armas largas, 52 cargadores, 798 cartuchos, 18 chalecos tácticos, 19 placas balísticas y tres cascos, mientras que en otro operativo fueron detenidas cuatro personas con una ametralladora, nueve armas largas, granadas, lanzagranadas, radios de comunicación y seis vehículos.

En Jalisco, militares localizaron un vehículo con blindaje artesanal y aseguraron 20 artefactos explosivos improvisados.

Las acciones también incluyeron importantes decomisos de droga, como los mil 201 kilogramos de marihuana asegurados en Olinalá, Guerrero, así como 14 kilogramos de metanfetamina incautados en Tijuana, Baja California.

En Coahuila fue detenido un pasajero que transportaba un kilogramo de pastillas de fentanilo en un autobús procedente de la Ciudad de México.

En la capital del país, autoridades federales catearon un inmueble en la alcaldía La Magdalena Contreras donde aseguraron un sistema de detección e interferencia de drones, tres drones, antenas inhibidoras, generadores de frecuencia, equipos de cómputo y teléfonos celulares.

Los operativos también permitieron el aseguramiento de inmuebles, autotanques de gas LP, tractocamiones, vehículos con reporte de robo, animales exóticos y diversas especies silvestres bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). –sn–

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ONU alerta por expansión de drogas sintéticas y nuevos mercados del narcotráfico

Unas 331 millones de personas consumieron alguna droga durante 2024, equivalente al 6.2 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó este viernes que el narcotráfico aprovecha los avances tecnológicos, los conflictos internacionales y la aparición de nuevas sustancias para ampliar sus mercados y fortalecer sus operaciones a nivel global. La advertencia forma parte del Informe Mundial sobre las Drogas 2026, presentado en Viena. El organismo señaló que estas tendencias representan un desafío creciente para la seguridad y la salud pública.

El informe estima que 331 millones de personas consumieron alguna droga durante 2024, equivalente al 6.2 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años. La cifra representa un incremento frente al 5.2 por ciento registrado una década antes. El cannabis continúa siendo la droga más consumida en el mundo, seguido por los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis.

La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, afirmó que el mercado ilícito enfrenta una transformación sin precedentes por la aparición de drogas cada vez más potentes y peligrosas. Señaló que el fortalecimiento del crimen organizado genera pérdidas de vidas humanas, afecta economías y favorece el incremento de la violencia en distintas regiones.

Aumentan las drogas sintéticas

El informe documenta un crecimiento sostenido de las drogas sintéticas desarrolladas para evadir controles legales y dificultar su detección. Durante 2024 fueron identificados cinco veces más tipos de drogas sintéticas que las existentes antes del año 2000. Además, circularon 755 nuevas sustancias psicoactivas, de las cuales 118 fueron detectadas por primera vez.

La UNODC advirtió que el mercado mundial de opioides atraviesa un punto de inflexión debido a la reducción de la producción de opio en Afganistán y al aumento de opioides sintéticos como el fentanilo, los nitazenos y las orfinas. El organismo considera que esta transición podría modificar de manera permanente el mercado internacional de estas sustancias.

De acuerdo con el informe, la producción de opio en Myanmar aumentó de manera importante en los últimos años; sin embargo, ese crecimiento no compensa la caída registrada en Afganistán tras la prohibición impuesta en 2022. Este escenario ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas por parte de las redes criminales.

Cocaína y metanfetamina avanzan

La producción mundial de cocaína también mantiene una tendencia ascendente. La UNODC calcula que durante 2024 superó las 4 mil toneladas de cocaína pura, más de cuatro veces el volumen registrado hace diez años. El incremento responde tanto al aumento de la superficie cultivada como a una mayor productividad.

Los grupos criminales continúan expandiendo el tráfico hacia nuevos mercados en África y Asia, además de fortalecer su presencia en Europa Occidental, América del Norte y Oceanía. El informe advierte que la oferta podría crecer más rápido que la demanda en los próximos años.

En el caso de la metanfetamina, la UNODC sostiene que el mercado ya tiene un alcance global. La droga se distribuye mediante nuevas rutas hacia Oriente Medio, África, Europa y las islas del Pacífico, mientras los decomisos crecieron en promedio 13 por ciento anual, impulsados principalmente por Asia Oriental y Sudoriental. –sn–

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DEA prioriza combate contra Cártel de Sinaloa y CJNG

La DEA declaró al Cártel de Sinaloa y al CJNG como su principal objetivo en el combate al tráfico de fentanilo.

Por Martín García | Reportero                                      

La Administración para el Control de Drogas (DEA) anunció este jueves que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) constituyen su principal objetivo en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo. El anuncio fue realizado por el director de la agencia, Terry Cole. La institución señaló que ambas organizaciones encabezan sus prioridades operativas.

En un mensaje difundido por la DEA, Terry Cole afirmó que el fentanilo representa una amenaza sin precedentes para Estados Unidos. Indicó que los cárteles mexicanos han provocado afectaciones a familias y comunidades. También sostuvo que la agencia mantiene como prioridad combatir esas estructuras criminales.

El funcionario aseguró que la población estadounidense espera una respuesta firme frente al tráfico de opioides sintéticos. Añadió que la DEA continuará desarrollando acciones para reducir esa amenaza. El mensaje forma parte de la estrategia federal contra el narcotráfico.

Ofensiva internacional

El director de la DEA informó que la agencia mantiene una ofensiva internacional contra las redes relacionadas con el tráfico de fentanilo. Las acciones incluyen investigaciones dirigidas contra productores, distribuidores y facilitadores. El objetivo consiste en desarticular toda la cadena de suministro de esa droga.

Terry Cole señaló que las investigaciones buscan identificar a todas las personas que participan en las operaciones delictivas. Explicó que las acciones abarcan tanto a quienes producen como a quienes distribuyen el narcótico. También afirmó que la agencia continuará ampliando sus operaciones.

Durante su mensaje, el funcionario reiteró que la DEA mantiene actividades coordinadas para combatir el tráfico internacional de opioides sintéticos. Señaló que las operaciones forman parte de una estrategia integral. El enfoque incluye tareas de inteligencia e investigación. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla Frente al Mundo

La cuenta regresiva ha comenzado. Mientras el planeta entero dirige la mirada hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México los estados empiezan a dimensionar el tamaño de la oportunidad que representa el evento deportivo más importante del mundo.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata solamente de futbol. Se trata de turismo, inversión, promoción internacional y desarrollo económico.

Y Puebla lo entendió desde el primer minuto.

La administración encabezada por Alejandro Armenta tiene claro que el Mundial no sólo se juega en las canchas.

También se disputa en la capacidad de los gobiernos para atraer visitantes, generar derrama económica y mostrar al mundo las fortalezas de su territorio.

Bajo esa visión, el gobierno estatal ha comenzado a construir una estrategia que busca convertir a Puebla en uno de los grandes protagonistas de la fiesta mundialista.

El mensaje es claro y contundente: “El Gobierno de Puebla te trae el Mundial con las mejores selecciones y nuestra Selección”.

La frase encierra algo más que una campaña de promoción. Refleja la intención de proyectar a Puebla como un destino moderno, seguro, competitivo y capaz de recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que buscarán vivir la emoción del torneo desde territorio poblano.

Y los argumentos están sobre la mesa.

Hoy, Puebla Latido de México, se consolida como una de las entidades con mayor dinamismo turístico del país.

Las cifras respaldan esa posición: se mantiene como el cuarto estado con mayor actividad turística nacional, con una afluencia de 5.57 millones de visitantes, una ocupación hotelera de 48.7 por ciento y una derrama económica superior a los 6 mil 117 millones de pesos.

Más que números, son indicadores de una tendencia que coloca a la entidad en una posición privilegiada para aprovechar el escaparate global que representa la Copa del Mundo.

A ello se suman más de 190 experiencias de turismo comunitario distribuidas en distintos municipios y la apertura reciente de 12 nuevas rutas aéreas, nueve nacionales y tres internacionales, que fortalecen la conectividad del estado y amplían su alcance hacia nuevos mercados.

Pero Puebla también juega otro partido: el de la identidad.

La riqueza cultural, histórica y gastronómica se ha convertido en uno de sus mayores activos.

No es casualidad que la cocina poblana haya sido incorporada a la Selección de la Guía Michelin, un reconocimiento que coloca a la entidad en el radar de viajeros y especialistas de todo el mundo.

Porque Puebla no sólo presume monumentos, tradiciones y paisajes. Puebla presume talento, orgullo y una enorme capacidad para competir.

Es, como reza uno de sus conceptos institucionales, una auténtica Tierra de Campeonas y Campeones.

La estrategia mundialista tendrá además un punto neurálgico en el corazón de la capital poblana.

El gobierno estatal y el ayuntamiento instalarán una gran Fan Zone en el Zócalo de Puebla para acompañar la inauguración y el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo que miles de personas disfruten la experiencia mundialista en un espacio seguro, accesible y completamente familiar.

Durante los 39 días de competencia habrá pantallas gigantes, actividades recreativas, dinámicas deportivas y espacios de convivencia para que la pasión por el futbol se convierta también en una experiencia comunitaria.

La decisión responde a una lógica operativa y financiera.

José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, explicó que la administración determinó concentrar toda la programación en una sola sede debido a la inversión que requieren los derechos de transmisión y la infraestructura necesaria para garantizar una experiencia de primer nivel.

El Zócalo fue elegido por razones evidentes: su ubicación estratégica, conectividad y capacidad para convertirse en el gran punto de encuentro de aficionados provenientes de la capital, la zona metropolitana y el interior del estado.

La Fan Zone abrirá sus puertas desde el partido inaugural y permanecerá activa durante los casi 40 días que durará la competencia.

El objetivo es sencillo, pero ambicioso: que nadie se quede fuera de la fiesta mundialista.

Porque más allá de los goles, los estadios y las grandes figuras del futbol internacional, el Mundial representa una oportunidad irrepetible para mostrar la mejor versión del estado.

Una Puebla que despierta.

Una Puebla que se transforma.

Una Puebla que fortalece su vocación turística.

Una Puebla que se consolida como epicentro deportivo, cultural y económico.

Una Puebla que entiende que los grandes eventos también son motores de desarrollo.

Y cuando ruede el balón en 2026, el verdadero desafío no será únicamente celebrar los partidos.

Será convertir esa emoción global en inversión, turismo, empleo y oportunidades para las familias poblanas.

Ese parece ser el objetivo del gobernador Alejandro Armenta.

En Cortito

Nos cuentan que Esthela Damián, ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, poco a poco ha comenzado a construir presencia y sumar simpatías en distintos sectores de Guerrero, en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura.

Nos dicen que su estilo cercano, afable y atento ha sido bien recibido por diversos grupos políticos y sociales.

En un estado donde la operación política suele ser determinante, no son pocos los que observan en ella a una mujer con capacidad para construir consensos y fortalecer la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación desde una nueva perspectiva.

La presencia de una oficina de trabajo en el puerto de Acapulco confirma que Esthela Damián no piensa esperar los tiempos desde la distancia, sino que sabe trabajar desde las calles, los barrios y comunidades más apartadas del estado de Guerrero.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Cuernavaca, clave rumbo a 2027 y 2030

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca, clave rumbo a 2027 y 2030

La política morelense comenzó a moverse antes del arranque formal del proceso electoral.

Por Raúl García Araujo                                            

De cara a las elecciones intermedias de 2027, Cuernavaca se perfila como el principal escenario de disputa, no sólo por la alcaldía, sino por la construcción del poder rumbo a 2030.

La capital concentra la mayor atención política y el mayor peso electoral del estado.

Según datos del Instituto Nacional Electoral al 16 de abril de 2026, cuenta con una lista nominal de 326 mil 667 electores, lo que la convierte en la plaza más relevante para definir el futuro político de Morelos.

Por ello, ganar Cuernavaca representa una ventaja estratégica para la sucesión gubernamental, mientras que perderla implica un obstáculo importante en esa ruta.

Para Morena, la elección de 2027 dista de ser un trámite. En la capital enfrenta a una estructura política que ha consolidado presencia y resultados durante los últimos años bajo el liderazgo del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.

Urióstegui ha construido su posición a partir de resultados de gobierno. En un contexto de liderazgos dispersos y fragmentación política, su administración ha apostado por la eficacia gubernamental, con énfasis en seguridad, disciplina financiera y coordinación institucional.

La lógica es clara, los resultados generan confianza y la confianza se traduce en capital político.

El ordenamiento de las finanzas municipales y el fortalecimiento institucional han contribuido a consolidar su influencia política.

En ese contexto, Urióstegui aparece como uno de los actores con capacidad de incidir en la sucesión de 2030.

Dentro del PAN, Daniel Martínez Terrazas es identificado como una de las figuras para dar continuidad a ese proyecto político en Cuernavaca.

Actual presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, coordinador de la bancada panista y ex diputado federal, ha construido presencia territorial junto a Urióstegui desde el proceso electoral de 2024.

Ambos son reconocidos por sectores de la población como perfiles con experiencia y capacidad de gestión.

A ello se suma la estrategia del PAN de abrir espacios a la participación ciudadana mediante la plataforma “Ahora te toca a ti”, con la intención de ampliar su base social rumbo a 2027.

Mientras tanto, en Morena también comienzan a definirse aspiraciones.

Uno de los nombres que surge es el de Javier Bolaños Aguilar, quien inició su trayectoria en Morelos en 1997 dentro de la administración municipal de Cuernavaca y posteriormente ocupó cargos relacionados con la gestión del agua en el estado.

Ahora busca reposicionarse políticamente desde Morena en un escenario altamente competitivo, donde la capital se ha convertido en el centro de la disputa política estatal.

La contienda por Cuernavaca apenas comienza, pero las señales son claras.

Morena deberá competir contra una administración que presume resultados y estabilidad, mientras que el PAN apuesta por la continuidad de un proyecto encabezado por Urióstegui y respaldado por Martínez Terrazas.

Por ello, la elección de 2027 trasciende el ámbito municipal. Lo que ocurra en Cuernavaca será un indicador de fuerza política, organización y liderazgo que anticipará el rumbo de Morelos hacia 2030.

Al final, quien conquiste Cuernavaca obtendrá mucho más que una victoria electoral, ganará la principal plataforma para proyectarse hacia la gubernatura.

En Cortito

Nos cuentan que a dos años del triunfo electoral que abrió paso al «segundo piso de la cuarta transformación», Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que su liderazgo político no solo se sustenta en la legitimidad de las urnas, sino en una capacidad creciente de convocatoria, comunicación y conexión con amplios sectores de la sociedad mexicana.

La reciente concentración de más de 850 mil mexicanos en plazas públicas de 31 estados del país para seguir su mensaje desde el Monumento a la Revolución constituye una muestra significativa de la fuerza política que ha logrado construir.

No se trata únicamente de una movilización territorial; es la expresión de un liderazgo que ha logrado mantener cohesión en torno a un proyecto político que busca continuidad y profundización de las transformaciones iniciadas en los últimos años.

Su liderazgo se ha fortalecido mediante una combinación de continuidad programática, capacidad técnica y una presencia pública constante que le permite mantener interlocución directa con distintos sectores de la población.

La magnitud de la participación ciudadana observada en este ejercicio de rendición de cuentas refleja, además, la vigencia de un capital político que trasciende los tiempos electorales.

A dos años de aquella victoria histórica, el respaldo social exhibido en las plazas públicas del país sugiere que Claudia Sheinbaum continúa construyendo una base de apoyo sólida, respaldada por la percepción de que los principios de honestidad, cercanía y compromiso social pueden traducirse en resultados concretos para la población.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

La presión federal sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a cerrar la pinza en una de las regiones más críticas del occidente del país…

Por Raúl García Araujo                                            

… la franja que integran Teocaltiche y Villa Hidalgo, en Jalisco, junto con Nochistlán y Apulco, en Zacatecas, donde durante años el crimen organizado no solo ha disputado territorio, sino también control social y político.

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afina los últimos detalles para activar en esa zona la denominada “Operación Enjambre”, una estrategia de gran calado que va mucho más allá de los golpes tradicionales contra objetivos criminales.

El objetivo real, según el diseño federal, es desarticular simultáneamente las estructuras operativas del CJNG y las redes de protección política, policial y administrativa que han permitido su expansión y permanencia.

Dentro del Gabinete de Seguridad existe la convicción de que el fortalecimiento del grupo criminal no puede explicarse sin la existencia de presuntas complicidades institucionales en niveles municipales y estatales.

Por ello, las indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República apuntan hacia servidores públicos que habrían facilitado operaciones, filtrado información sensible y garantizado cobertura a integrantes del crimen organizado.

En el centro de esta ofensiva aparece la figura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG y objetivo prioritario dentro de la estrategia federal.

Su presencia en la región ha sido clave para la articulación de un corredor criminal dedicado al cobro de piso, desapariciones, tráfico de armas, drogas y homicidios.

Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.

Esa capacidad de evasión no se explica únicamente desde la lógica criminal, sino también desde la penetración de estructuras de poder local.

En ese contexto, la “Operación Enjambre” busca ejecutar un golpe simultáneo y quirúrgico que rompa la arquitectura completa de protección del CJNG en la región.

No se trata únicamente de capturar líderes criminales, sino de desmontar el sistema que les ha permitido operar con ventaja frente al Estado.

El enfoque de esta estrategia, impulsada por García Harfuch, ha sido descrito dentro del propio entorno federal como una operación de inteligencia, contención y judicialización que ya ha mostrado resultados en otras entidades, donde han caído funcionarios municipales y operadores criminales vinculados a esquemas de extorsión y corrupción.

En ese sentido, la lectura política dentro del Gobierno federal es clara: sin romper los vínculos entre criminalidad y estructuras institucionales, cualquier avance sería parcial. De ahí el énfasis en cerrar la pinza sobre el conjunto del ecosistema criminal, no solo sobre sus figuras visibles.

Fuentes consultadas en el entorno de seguridad reconocen además que estas acciones han generado un alto nivel de aceptación en sectores de la población que durante años han vivido bajo presión permanente del crimen organizado, con dinámicas de control territorial, miedo y desplazamiento.

El principio que guía esta ofensiva es el llamado “cierre de pinza”: golpear simultáneamente la estructura criminal y sus posibles redes de protección institucional. Sin esa doble acción, advierten en el Gabinete de Seguridad, el crimen organizado mantiene capacidad de regeneración.

En ese marco, la “Operación Enjambre” no solo representa una ofensiva contra el CJNG, sino una redefinición del control del Estado en territorios donde, durante años, la autoridad fue rebasada por estructuras criminales que operaron con margen de maniobra casi absoluto.

En Cortito

Nos cuentan que el estado de México fue escenario de uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado que operan bajo fachada de organizaciones sociales, tras la detención de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo denominado “La Chokiza”.

La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Rodríguez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La Chokiza” ha sido señalada como un grupo de choque con operación en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, con actividades vinculadas a la extorsión, el despojo, el narcomenudeo, el secuestro y el homicidio, además de mantener presuntos vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región del Valle de México.

Por ello, la detención de este presunto generador de violencia representa un golpe de alto impacto que, de acuerdo con fuentes de seguridad, refleja el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo la conducción de José Luis Cervantes Rodríguez.

En este contexto, este tipo de acciones se perfilan como un factor clave dentro de la estrategia de combate a estructuras delictivas que durante años operaron con relativa impunidad, al amparo de redes híbridas entre el control territorial, la violencia y la simulación de organización social en el Valle de México.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Nacho Mier contra la memoria

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EEUU sancionó a más de una decena de personas y empresas presuntamente ligadas al Cártel de Sinaloa por lavado de dinero relacionado con tráfico de fentanilo. Entre los señalados están Armando Ojeda Avilés y “Chuy” González Peñuelas.

#Sinaloa #OFAC #Fentanilo #Narcotrafico #EstadosUnidos

https://updateme.news/mundo/eeuu-sanciona-a-presunta-red-ligada-al-cartel-de-sinaloa-por-lavado-de-dinero/?utm_source=mastodon&utm_medium=jetpack_social

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Nacho Mier contra la memoria

Hay principios políticos que definieron al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus orígenes: la lealtad, el reconocimiento a quienes acompañaron el proyecto y la congruencia personal dentro del servicio público.

Por Raúl García Araujo                                            

López Obrador jamás ocultó ni negó a quienes caminaron con él desde la conquista de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Presidencia de la República.

Por el contrario, siempre reconoció públicamente a quienes fueron parte de la construcción del movimiento.

Ahí permanecen figuras como la presidente Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez o su histórico vocero César Yáñez, todos parte de un equipo político que nunca fue desconocido ni borrado de la historia del obradorismo.

Y es precisamente bajo esa lógica donde hoy surgen cuestionamientos hacia el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, luego de los señalamientos hechos por Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, quien no sólo lo acusa de violencia política de género, sino que además sostiene que existen registros públicos, reuniones y eventos donde fue presentada como parte del círculo cercano del legislador poblano.

Suárez del Real asegura incluso que distintas personas fueron testigos de su participación política dentro del equipo de Mier.

Y ahí es donde aparece el debate de fondo: la memoria política y la responsabilidad ética que debe acompañar a quienes hoy ocupan posiciones relevantes dentro del servicio público.

Porque una cosa es que existan diferencias personales o políticas y otra muy distinta intentar desconocer relaciones, respaldos o colaboraciones que fueron públicas y visibles dentro de una estructura política.

López Obrador nunca actuó de esa manera. Nunca negó a quienes estuvieron cerca de él cuando el movimiento apenas se abría paso en medio de la adversidad política y electoral.

Hacerlo habría significado traicionar no solamente principios políticos, sino valores éticos y humanos que el propio expresidente colocó constantemente sobre la mesa pública.

Por eso el caso de Ignacio Mier inevitablemente genera comentarios dentro de Morena y entre quienes observan la evolución del movimiento.

No se trata únicamente de una disputa interna o de una diferencia entre actores políticos; el tema toca uno de los principios que dieron identidad al obradorismo: la congruencia con quienes ayudaron a construir el proyecto.

Más aún en un momento donde Morena enfrenta nuevos equilibrios de poder, definiciones rumbo al futuro y la exigencia pública de mantener los principios que durante años distinguieron al movimiento.

Porque algo que jamás habría hecho Andrés Manuel López Obrador era borrar políticamente a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles sólo porque el poder cambió de manos o las circunstancias se modificaron.

Y justamente ahí es donde algunos senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.

En Cortito

Nos cuentan que Cuernavaca comienza a consolidar una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente.

El gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado logró liquidar 363 millones 878 mil pesos en créditos fiscales heredados de administraciones anteriores, dejando al Ayuntamiento sin pasivos fiscales activos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El dato no solamente tiene relevancia contable; representa un cambio de fondo en la estabilidad financiera de la capital morelense.

Durante años, los adeudos por retenciones de ISR no enteradas al SAT entre 2011, 2015 y 2021 se convirtieron en una pesada carga que limitó la capacidad operativa del municipio y frenó proyectos de desarrollo.

Hoy, la historia comienza a ser distinta.

El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que el pago más fuerte se realizó entre agosto y diciembre de 2025, periodo en el que fueron cubiertos más de 271 millones de pesos. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el SAT notificó oficialmente que Cuernavaca ya no tiene créditos fiscales activos.

Las cifras reflejan algo más profundo: una administración que logró recuperar capacidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana.

La recaudación municipal pasó de mil 492 millones de pesos en 2021 a dos mil 547 millones 744 mil pesos en 2025, mientras que el pago anticipado del predial y servicios públicos aumentó de 196 millones 835 mil pesos en 2022 a 279 millones 951 mil pesos en 2026.

Detrás de esos números existe una realidad evidente: más ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones porque observan orden administrativo, estabilidad y una ciudad en movimiento, gracias al trabajo del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Intrigas contra la cooperación bilateral

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Intrigas contra la cooperación bilateral

Hay historias que no sólo buscan informar, sino sembrar desconfianza.

Por Raúl García Araujo                                            

La difundida por CNN sobre una supuesta participación de la CIA en un atentado ocurrido en Tecámac, estado de México, parece encajar más en esa lógica de tensión política y diplomática que en un ejercicio serio de investigación periodística.

Porque detrás de la estridencia mediática y las versiones filtradas, lo que realmente aparece es un intento por golpear la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, justo en un momento en que ambos gobiernos han intensificado la coordinación para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La narrativa es delicada: agentes de la CIA ejecutando operaciones letales en territorio mexicano contra presuntos integrantes del narcotráfico.

Una acusación de ese tamaño no sólo impacta en la opinión pública, también amenaza con erosionar la confianza institucional construida en los últimos meses entre ambas naciones.

Por eso fue contundente la reacción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rechazó categóricamente cualquier insinuación sobre operaciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en México.

Y Harfuch no habló al vacío.

Desde el inicio de la actual estrategia bilateral, el titular de la SSPC y el gabinete de seguridad federal han sostenido encuentros permanentes con autoridades estadounidenses para construir mecanismos conjuntos de combate al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y operación de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Ha habido reuniones de alto nivel, intercambio de inteligencia, coordinación operativa y acuerdos específicos para atacar estructuras financieras y logísticas de los cárteles. Todo dentro de un marco institucional y bajo reglas claras de cooperación.

Eso explica por qué la versión difundida por CNN provocó incomodidad tanto en México como en Estados Unidos.

La propia CIA salió rápidamente a desmentir la publicación. Su vocera, Liz Lyons, calificó el reporte como “falso y sensacionalista”, e incluso advirtió que este tipo de narrativas terminan favoreciendo a los cárteles.

Y no le falta razón.

Cuando se pretende instalar la idea de que agencias estadounidenses operan clandestinamente en México, lo que se busca es dinamitar políticamente la cooperación bilateral en seguridad, justo cuando ésta comienza a mostrar resultados relevantes.

Basta revisar los recientes decomisos de droga sintética, los aseguramientos de laboratorios clandestinos, las detenciones de objetivos prioritarios y el combate al tráfico ilegal de armas para entender que existe una coordinación activa entre ambos gobiernos.

Pero esa cooperación tiene límites claros: la soberanía mexicana.

Por eso el mensaje de Harfuch fue quirúrgico. Sí a la colaboración; no a la subordinación.

En el fondo, lo que está ocurriendo es una batalla por el control de la narrativa.

Hay sectores —políticos, criminales y mediáticos— a los que no les conviene una relación sólida entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

La razón es simple: cuando ambos gobiernos trabajan coordinadamente, las estructuras criminales pierden margen de maniobra.

Y en tiempos donde la desinformación también es un arma, no parece casual que aparezcan versiones espectaculares justo cuando se fortalecen los operativos binacionales contra el crimen organizado.

La pregunta es quién gana tratando de confrontar a dos gobiernos que hoy, más allá de las diferencias políticas, entendieron que la seguridad regional ya no puede combatirse de manera aislada.

En Cortito

Nos cuentan que el fiscal del estado de México, José Luis Cervantes Martínez, lanzó un posicionamiento firme, directo y sin concesiones contra CNN por la difusión de información relacionada con los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2026, donde murieron dos personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó de manera contundente que haya informado a la cadena internacional que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”, como se difundió públicamente.

El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: la autoridad mexiquense desmintió la versión y defendió la conducción institucional de la investigación.

La postura del fiscal no fue menor. En lugar de optar por una aclaración tibia o diplomática, José Luis Cervantes Martínez decidió confrontar de frente una narrativa mediática que considera incorrecta y anticipada.

El tono del comunicado mostró a una Fiscalía decidida a marcar límites y a dejar claro que no aceptará conclusiones adelantadas mientras la indagatoria siga abierta.

La dependencia sostuvo que la investigación continúa en curso y que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas y circunstancias que provocaron el fallecimiento de las víctimas.

En otras palabras: no hay versión oficial cerrada y cualquier afirmación categórica carece todavía de sustento ministerial.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla: combate real al huachicol

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Detienen en San Ramón a costarricense sospechoso de narcotráfico para extraditarlo a EE.UU.

El sujeto es requerido por el Tribunal de Distrito de Dallas, Texas, la misma instancia judicial que solicitó la extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega.
La entrada Detienen en San Ramón a costarricense sospechoso de narcotráfico para extraditarlo a EE.UU. aparece [...]

#CrimenOrganizado #DEA #Dallas #Extradición #Narcotráfico #Oij #País #SanRamón

https://semanariouniversidad.com/pais/detienen-en-san-ramon-a-costarricense-sospechoso-de-narcotrafico-para-extraditarlo-a-ee-uu/

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla: combate real al huachicol

Puebla está colocando cifras sobre la mesa y con ellas construye poder político.

Por Raúl García Araujo                                            

La recuperación de 2.8 millones de litros de hidrocarburos en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va de 2026 no sólo es un dato operativo: es la base de un discurso que busca desmontar la vieja etiqueta del estado como epicentro del huachicol.

El gobierno de Alejandro Armenta ha entendido que en el México actual los números son narrativa. Por eso, junto al combate al robo de combustible, presume 33 vialidades pavimentadas, 146 kilómetros intervenidos y beneficios para 1.9 millones de habitantes.

A ello se suma un crecimiento exponencial en capacidad operativa: de dos máquinas a 277 distribuidas en 16 módulos, con la meta de alcanzar 15 trenes de pavimentación este mismo año.

El respaldo de Pemex también tiene números y mensaje: 19 certificados de obra, 10 patrullas, 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible entregados a municipios.

No es sólo apoyo técnico, es validación política desde el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.

Aquí está el sello del actual gobierno poblano: vincular seguridad con obra pública y convertir esa relación en legitimidad.

Mientras se decomisan millones de litros de combustible robado, se pavimentan calles, se rehabilitan carreteras y se refuerza la presencia institucional en territorio.

Es una lógica simple pero efectiva: resultados medibles en seguridad, resultados visibles en infraestructura.

El dato más revelador no está solo en los litros recuperados, sino en la coordinación. Marina, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal y Pemex operan de forma conjunta.

Esa alineación explica por qué Puebla puede hoy presentarse como referente nacional en el combate al huachicol, cuando hace apenas unos años era símbolo del problema.

Armenta ha optado por una estrategia directa: contrastar su gobierno con el pasado y sostener esa diferencia con cifras. Decir que antes el gobierno era parte del problema no es retórica aislada, es un intento de capitalizar políticamente cada resultado obtenido.

En ese contexto, el liderazgo de Alejandro Armenta no se construye desde el discurso, sino desde la ejecución: números que avanzan, obras que se ven y una coordinación institucional que da resultados.

Hoy, Puebla no sólo cambia indicadores, también redefine quién conduce el rumbo político del estado.

En Cortito

Nos cuentan que el anuncio del ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, sobre la instalación de cien nuevos parabuses inteligentes representa un paso firme hacia una visión más moderna, ordenada y funcional de la ciudad.

Nos dicen que no se trata únicamente de infraestructura urbana, sino de una apuesta seria por reorganizar la movilidad con criterios de eficiencia, seguridad e inclusión social, en una capital que desde hace años demanda soluciones concretas en el espacio público.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su enfoque integral, que no se queda en lo estético ni en lo superficial, sino que busca transformar la experiencia cotidiana de quienes dependen del transporte público.

Los nuevos parabuses no solo atenderán la necesidad básica de resguardo para los usuarios, sino que incorporarán iluminación solar, accesibilidad universal y herramientas digitales como códigos QR vinculados a la atención de emergencias, lo que refuerza el componente de seguridad y respuesta inmediata.

Este tipo de soluciones colocan a la capital de Morelos en una ruta de modernización urbana que entiende que la tecnología y la seguridad no son conceptos aislados, sino elementos que deben convivir y funcionar dentro del espacio público cotidiano.

Más allá de la obra en sí, este proyecto refuerza la narrativa de un gobierno municipal que ha buscado priorizar la rehabilitación urbana con sentido práctico, planeación y visión de futuro.

La inversión en movilidad ordenada, segura e incluyente coloca a la administración de José Luis Urióstegui Salgado en una línea de acción que apunta a consolidar una ciudad más funcional, moderna y con mejores condiciones de vida para los morelenses.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, “El Güero Conta”, obliga a una lectura estructural.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata únicamente de un operativo exitoso, sino de un golpe directo a las estructuras de mando, operación y financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La clave no está solo en la captura, sino en el alcance del impacto: liderazgo y recursos, dos pilares de cualquier organización criminal, fueron vulnerados de manera simultánea.

Hay un elemento central que no puede ignorarse: la apuesta por inteligencia sostenida. Diecinueve meses de seguimiento, cruces de información y vigilancia táctica no son menores en un país donde históricamente la reacción ha sustituido a la planeación.

La operación que derivó en la captura de “El Jardinero”, operador cercano a Rubén Oseguera Cervantes, muestra un intento claro por desarticular estructuras completas, no solo figuras visibles. En esa lógica, la detención de “El Güero Conta” refuerza el golpe al atacar el andamiaje financiero.

Aquí es donde el matiz importa. Si bien estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo, la captura simultánea de un operador clave y de su responsable financiero sí representa una afectación real en el corto plazo.

Se interrumpen cadenas de mando, se desordenan rutas logísticas y se presionan los mecanismos de financiamiento. No es el desmantelamiento definitivo, pero sí un debilitamiento tangible.

En ese contexto, el papel del gabinete encabezado en seguridad por Omar García Harfuch, junto con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, adquiere relevancia.

No solo por el resultado, sino por la ejecución coordinada. Inteligencia naval, seguimiento militar y operación táctica confluyeron en una acción de precisión que pocas veces se logra con este nivel de sincronía.

La figura de la presidenta Claudia Sheinbaum también entra en el análisis. Estos operativos reflejan una línea de mando definida y un intento por mantener control político sobre las decisiones de seguridad.

Eso puede traducirse en coherencia estratégica, pero también implica que los resultados —positivos o negativos— recaen directamente en la conducción presidencial.

Otro punto clave es la cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Jardinero”, con orden de extradición y seguimiento por agencias internacionales, vuelve a colocar sobre la mesa una relación bilateral basada en intercambio de inteligencia.

La reacción violenta tras las detenciones —vehículos incendiados y focos de tensión— confirma que el golpe tuvo profundidad. Cada afectación a estas estructuras genera respuestas inmediatas.

La contención rápida por parte del Estado evita escaladas mayores, pero también evidencia que el control territorial sigue en disputa.

Finalmente, el impacto financiero no es menor. La detención del operador encargado del lavado de dinero y el seguimiento a sus redes representan una vía más eficaz para debilitar a largo plazo a estas organizaciones.

Sin recursos, la capacidad de recomposición se reduce significativamente.

En suma, lo ocurrido no es un episodio aislado ni un simple éxito operativo.

Es un golpe relevante que debilita al CJNG en sus estructuras clave. Marca una dirección: inteligencia, coordinación y ataques simultáneos a liderazgo y financiamiento.

El reto, como siempre, será sostener esa presión en el tiempo para que el debilitamiento no sea temporal, sino acumulativo.

En Cortito

Nos cuentan que lo que comenzó como una investigación local terminó por convertirse en un modelo nacional de combate a la colusión entre autoridades y crimen organizado.

La llamada Operación Enjambre no nació en los escritorios federales ni en grandes anuncios políticos.

Fue impulsada desde la Fiscalía del Estado de México bajo la conducción de José Luis Cervantes Martínez, a partir de un caso que evidenció algo más profundo que la violencia: la infiltración del crimen en estructuras institucionales de seguridad y gobierno.

Los resultados son difíciles de ignorar. Más de mil 146 años de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios no son un dato estadístico cualquiera. Son el reflejo de un proceso judicial sostenido que logró ir más allá del arresto y llegar a la etapa más compleja del sistema: la condena.

La operación también exhibe una realidad incómoda: la participación de servidores públicos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

El alcance de las sentencias contra ex policías municipales, ex comisarios, ex alcaldes y mandos de seguridad refuerza una lectura política más amplia: el problema de seguridad no puede entenderse únicamente desde el enfrentamiento armado o la presencia del crimen organizado en territorio, sino desde la captura institucional en niveles de gobierno local.

Al final, el punto de fondo es claro. Combatir al crimen organizado sin tocar la corrupción institucional es una estrategia incompleta. Ningún despliegue operativo es suficiente si las estructuras internas siguen siendo permeables o cómplices.

Lo que puso sobre la mesa José Luis Cervantes Martínez es precisamente esa dimensión: que la línea entre autoridad y delincuencia, cuando se cruza, no puede quedar en el terreno político o administrativo, sino que debe investigarse, judicializarse y sancionarse con la misma contundencia que cualquier otro delito de alto impacto.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Una identidad para Saúl

En estos días en que se discute la implementación de la CURP Biométrica —un documento único, obligatorio, con huellas, fotografía y firma digital—, el país parece celebrar un salto hacia la modernidad.

Por Raúl García Araujo                                            

Las autoridades hablan de seguridad, eficiencia, de blindar al Estado contra el fraude. Pero, mientras en los altos círculos del poder se habla de tecnología de punta, en Chimalhuacán, estado de México, hay un niño llamado Saúl que no tiene ni lo más básico: una identidad legal.

Saúl tiene 14 años. Vive con sus abuelos paternos, gente humilde que sobrevive con lo justo. Saúl no es un fantasma: existe, respira, va a la escuela cuando puede, juega en las calles de su colonia, sueña con ser alguien. Pero el sistema no lo reconoce.

No tiene acta de nacimiento mexicana. No tiene CURP. No tiene acceso formal a la educación, ni a la salud, ni a ningún derecho que requiera un papel sellado por el Estado.

Su historia duele. Nació en 2011 en Minnesota, Estados Unidos. Su madre es estadounidense; su padre, mexicano. Cuando era apenas un bebé, la familia se mudó a México. Fue un regreso que prometía raíces, pero acabó en tragedia: meses después, su padre fue asesinado.

La madre, devastada, volvió a su país llevándose a uno de sus hijos. A Saúl lo dejó atrás, al cuidado de sus abuelos. Desde entonces, ellos han sido su familia, su sostén, su refugio.

Pero nunca lo registraron en México. Su único documento es un certificado de nacimiento estadounidense, en inglés, sin validez oficial ante las autoridades mexicanas. Sin ese registro inicial, no puede obtener CURP. Y sin CURP ni acta, en México, no existes.

Y ahora, el país que lo ha criado y lo ha visto crecer le da la espalda de una forma todavía más cruel: se prepara para implementar la CURP Biométrica, un nuevo documento que será obligatorio para todos los trámites. Sin ella, no se podrá estudiar, acceder a salud, abrir una cuenta bancaria ni ejercer derechos fundamentales. Y Saúl ni siquiera tiene la CURP original.

Sus abuelos han tocado puertas. Muchas. En el municipio, en el estado, en dependencias federales. Han explicado su situación una y otra vez. Siempre reciben la misma respuesta: que necesitan más documentos, que vayan a otra oficina, que regresen con tal firma. Pero no tienen dinero para trasladarse, ni abogados que los asesoren, ni acceso a internet para hacer citas. Son pobres. Y en este país, la pobreza también te borra.

Mientras tanto, el discurso oficial habla de “incluir a toda la población”. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que todas las dependencias deben adecuar sus sistemas en 90 días. También se otorga un plazo adicional de 120 días para incorporar a menores de edad.

¿Pero cómo se va a incluir a quienes nunca han sido reconocidos?

¿A quién le va a importar el caso de un niño sin nombre en Chimalhuacán cuando los reflectores están sobre los sistemas biométricos, los códigos QR y las bases de datos digitales?

La historia de Saúl no es una excepción. En México, miles de niños viven en un limbo jurídico. Nacieron en condiciones adversas, fueron abandonados, migraron, quedaron atrapados entre fronteras, entre burocracias, entre el silencio de las instituciones.

Y ahora, la modernización corre el riesgo de profundizar aún más su exclusión.

Hablar de identidad no es solo hablar de papeles. Es hablar de pertenencia, dignidad, futuro. Es decirle a un niño como Saúl: tú también formas parte de este país, tú también cuentas, tú también importas.

La CURP Biométrica puede ser un paso hacia el futuro. Pero si ese futuro deja fuera a los más vulnerables, entonces no es progreso: es abandono.

Ojalá, entre tanta reforma, algún funcionario lea la historia de Saúl. Que escuche a sus abuelos. Que abra esa puerta que lleva años cerrada. Y que, por fin, le dé al niño lo que nunca ha tenido: una identidad propia.

En cortito

Nos cuentan que, por fin, el oriente del estado de México empieza a ser tomado en serio. Tras décadas de rezago, marginación y promesas incumplidas, la Presidencia de la República ha anunciado el arranque del Plan Maestro del Oriente, un ambicioso proyecto que busca saldar una deuda histórica con millones de personas.

Impulsado por la mandataria Claudia Sheinbaum y articulado con recursos federales y una coordinación tripartita entre los tres niveles de gobierno, el plan tiene como objetivo atacar de raíz los problemas que han sido el pan de cada día para las familias mexiquenses: la escasez de agua, las inundaciones recurrentes, el caos en la movilidad y la creciente inseguridad.

En el caso de Nezahualcóyotl, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo confirmó que ya han iniciado los primeros proyectos del periodo 2025-2026, enfocados en tres ejes fundamentales: salud, educación y bienestar.

Uno de los anuncios más importantes es la creación de un Polo del Bienestar en las 70 hectáreas del Bordo de Xochiaca, un terreno que por décadas fue símbolo de abandono, basura y estigmatización. La transformación de este espacio no solo representa un acto de justicia territorial, sino la oportunidad de convertirlo en el corazón de una nueva realidad para el oriente mexiquense.

Si se cumple lo prometido, este podría ser el comienzo de una historia distinta. Una en la que el oriente ya no sea sinónimo de olvido, sino de dignidad, inversión y futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | C4 de Cuernavaca: reacción inmedita

Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..

Por Raúl García Araujo                                            

… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.

La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.

Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.

El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.

Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.

De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.

Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.

El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.

Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.

El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.

En cortito

Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.

En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.

Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

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Por primera vez en décadas, Cuernavaca cuenta con un sistema propio de inteligencia y atención a emergencias: el C4 (Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación),..

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… una herramienta que no solo atiende delitos y situaciones de riesgo, sino que previene de forma efectiva la comisión de actos delictivos en la capital de Morelos.

La instalación de este centro operativo, que comenzó hace dos años y medio bajo la administración del alcalde José Luis Urióstegui Salgado, marca un parteaguas en la historia reciente de Cuernavaca. Se trata de una apuesta por la tecnología, la coordinación y la vigilancia estratégica como ejes centrales de una política pública enfocada en reconstruir la seguridad desde lo local.

Cuernavaca no es una ciudad cualquiera. Es la capital del estado, y además un centro neurálgico que cada fin de semana recibe a miles de turistas provenientes de la ciudad de México. Su crecimiento urbano y su rol turístico hacen indispensable contar con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda en materia de seguridad y protección civil.

El C4 responde precisamente a ese reto. Actualmente, mil 200 cámaras de videovigilancia están instaladas en puntos clave del municipio —980 en domicilios particulares y 230 en postes públicos— gracias a un esquema de participación ciudadana que ha permitido tejer una red sólida de prevención. A esto se suman seis drones que refuerzan la vigilancia aérea en zonas boscosas, autopistas y áreas de difícil acceso.

Operado por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), el centro coordina los esfuerzos de cuerpos de emergencia y seguridad pública con personal capacitado en áreas como Rescate, Protección Civil, Policía Preventiva, Bomberos y Vialidad, en colaboración con la Guardia Nacional y la 24ª Zona Militar.

De acuerdo con Emmanuel Pedraza Mondragón, director del C4, el tiempo de respuesta ante una emergencia se ha reducido drásticamente, pasando de un promedio de 25 a 30 minutos a solo 5 u 8 minutos, gracias a un sistema de radio y despacho inmediato. Las llamadas de auxilio, que llegan a través del 911 o del número local 777 312 1274, son canalizadas en segundos a la unidad más cercana, de acuerdo con un mapeo estratégico del municipio.

Pero el C4 no solo reacciona: también analiza y anticipa. Cada evento registrado genera una ficha con información valiosa que alimenta una base de datos interna utilizada para crear operativos, detectar patrones delictivos y trazar rutas de prevención. Esta inteligencia operativa es lo que convierte al C4 en un verdadero centro de prevención del delito, más allá de la atención reactiva.

El propio alcalde Urióstegui ha destacado que este modelo de seguridad permite a Cuernavaca actuar con mayor independencia y eficiencia. La visión es clara: trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal, pero con liderazgo municipal fuerte y con capacidad de respuesta inmediata.

Además, el funcionamiento del C4 ha reforzado un elemento esencial: la confianza ciudadana. La comunidad ha hecho suyo el número de emergencia local, ha permitido la instalación de cámaras en hogares y negocios, y se ha integrado activamente en chats de vigilancia vecinal y canales digitales de denuncia.

El C4 no solo vigila: protege, previene y construye comunidad. Es, hoy por hoy, uno de los mayores logros de la gestión de José Luis Urióstegui Salgado, y un modelo a seguir para otros municipios de México que buscan respuestas eficaces frente a la inseguridad.

En cortito

Nos cuentan que en días recientes, el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, recibió un importante respaldo del gobierno federal como parte de la estrategia conjunta para fortalecer la seguridad pública.

En total, fueron 240 patrullas y 37 vehículos adicionales entregados para reforzar las labores de vigilancia en esta zona conurbada al oriente de la ciudad de México.

El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo ha destacado que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, y representan una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiacos locales ante situaciones de riesgo y violencia.

Nezahualcóyotl es uno de los municipios más densamente poblados del país y, por sus características urbanas y sociales, representa un punto clave en las políticas de seguridad regional.

Por tal motivo, el gobierno municipal ha reiterado su disposición de mantener un esquema de colaboración permanente con el estado de México y la federación, buscando siempre garantizar mejores condiciones de vida y tranquilidad para los más de un millón de habitantes.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | ¿Quién le fabrica el caos al gobernador de Puebla?

El tan viejo y tan obvio modus operandi de muchos asesores del priato consistía en crear ellos mismos las crisis en torno a sus líderes…

Por Raúl García Araujo                                            

… sin importar la magnitud de los problemas que generaban ni el desprestigio que ocasionaban, para luego aparecer como los salvadores del barco que se hundía.

Así actuaron muchos en el viejo régimen, en todos los niveles de poder y gobierno. La receta parecía infalible: crear el conflicto, azuzarlo a través de actores específicos y avivarlo con intensidad, al costo que fuera necesario, para luego, cuando el incendio alcanzaba su punto máximo, vender las soluciones y quedar como los héroes.

Algo similar parece estar ocurriendo en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta y su equipo dan resultados prácticamente todos los días en temas administrativos. Sin embargo, hay una mano —que no puede ser más que interna— que le pone obstáculos y hasta utiliza a sus compadres para crearle escenarios ficticios y falsas crisis.

Aunque esas maniobras no han logrado su cometido, emprenden descaradas campañas para intentar opacar los logros de Armenta, como la entrega de apoyos al campo, donde se aplica un presupuesto histórico de más de 1,634 millones de pesos; el pago anticipado de la deuda por el llamado Museo Barroco —símbolo de la corrupción del panista Rafael Moreno Valle—, con lo que se han ahorrado 10 mil millones de pesos a las arcas estatales; o la extraordinaria trayectoria de éxitos deportivos de jóvenes poblanos, respaldados institucionalmente por el gobierno.

No es casualidad que se haya acusado falsamente al gobernador de haberle “dado un puesto a su hijo” y se le señalara por nepotismo, cuando el joven, que lleva su mismo nombre, no participa, no cobra ni toma decisiones en la administración.

Menos aún, como apareció recientemente en una publicación que terminó siendo desmentida por el mismo medio que la difundió, participa en una película en la que también, falsamente, se dijo que la protagonista era la cantante Belinda. Ella mantiene una relación —que atañe únicamente a su vida privada y sin nada que esconder— con un funcionario del gobierno de Puebla.

En el colmo de estas campañas negras encabezadas por esa mano oculta —incluso con ayuda de sus compadres— se encuentra el falso debate sobre la llamada Ley de Ciberseguridad.

En realidad, se trata de solo cinco modificaciones al Código Penal del Estado para sancionar delitos digitales, como ya se hace en otros estados y países, ante el aumento de estas conductas delictivas y el vacío jurídico existente.

Basta con observar quién es el principal operador de esta campaña negra contra el gobernador y contra la también llamada Ley de Ciberasedio. Esa persona ha invertido miles y miles de pesos en atacarla (por cierto, ¿quién la financia?), y ha estado siempre ligada a la ultraderecha poblana, a sus voceros, y mantiene evidentes compadrazgos. En este contexto, en Puebla no hay muchos secretos.

En la reciente publicación que fue desmentida por el propio medio, incluso se atacó al coordinador de Comunicación de Armenta, José Tomé Cabrera, por supuesto nepotismo, aunque ningún familiar suyo trabaja en la coordinación que él encabeza.

¿Será que esa mano negra quiere el puesto de Tomé?

¿Y para lograrlo apuesta al desprestigio, incluso de toda la administración, sin importar el costo y sin el menor decoro?

Así funcionan los asesores cuando no tienen lugar dentro de la administración.

Son preguntas, que conste.

En cortito

Nos cuentan que existe un total apoyo de Sheinbaum a Armenta.

Por cierto, hablando de la llamada Ley de Ciberseguridad de Puebla, la presidente Claudia Sheinbaum respaldó al Congreso estatal y consideró que se trata de una norma que, en un sentido amplio, protege contra el ciberacoso, como ya ocurre en estados como Nuevo León o Coahuila.

Durante la «Mañanera del Pueblo«, en Palacio Nacional, afirmó que la ley está orientada a la protección de las y los poblanos frente a la violencia en entornos digitales.

Sin decirlo explícitamente, también lamentó la campaña negra en contra de estas reformas al Código Penal y envió su respaldo a Alejandro Armenta y al Poder Legislativo poblano por este esfuerzo que busca reducir los casos de acoso en redes sociales.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta defiende a migrantes poblanos

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Lemus busca que no se hable de Teocaltiche

Doce días después de que se venciera el plazo que el propio gobernador Pablo Lemus se impuso para pacificar Teocaltiche, el gobierno de Jalisco guarda un silencio que resulta tan ofensivo como preocupante.

Por Raúl García Araujo                                            

No hay informes, no hay conferencias, no hay explicaciones. Lo que hay es una comunidad que sigue atrapada en el miedo, cada vez más molesta y frustrada ante la indiferencia institucional.

Con al menos 25 homicidios violentos desde el inicio del conflicto en febrero de este año, lo mínimo que se esperaría de las autoridades es una rendición de cuentas clara.

Pero ni el gobernador Lemus, ni el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, ni el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, han dado la cara. La ausencia de respuestas es absoluta, y el mensaje es claro: Teocaltiche parece haber sido borrado de la agenda pública.

La población no sólo carga con el temor cotidiano, sino también con la rabia de sentirse abandonada por un gobierno que prometió resultados y ahora ni siquiera aparece para dar la cara. De hecho, es importante destacar que durante toda esta crisis, el gobernador no se ha parado por Teocaltiche para conocer de viva voz lo que está pasando.

Y mientras el estado guarda silencio, el periodismo ha hecho lo que las instituciones no: mirar de frente, investigar, cuestionar y exhibir. Gracias al trabajo de Dominio Público Noticias y del periodista Arturo Ortiz Mayén, lo que estaba oculto detrás del discurso oficial ha quedado expuesto: una estrategia que no se basa en inteligencia ni justicia, sino en simulación, represión y fabricación de culpables.

En su reportaje transmitido por Despierta, de Televisa, Ortiz Mayén presentó casos que pintan un retrato demoledor: detenciones arbitrarias, evidencias sembradas, declaraciones manipuladas, y un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos.

En días pasados, un juez federal en Puente Grande dejó en libertad a dos hombres —Juan Carlos N. “El Camello” y José Luis N.— que habían sido detenidos y señalados por supuestos vínculos con grupos delictivos. El juez determinó que las detenciones fueron irregulares y que las circunstancias descritas por la policía eran sospechosamente idénticas. Todo apunta a una narrativa construida para justificar acciones que, en el fondo, no resuelven nada.

Los testimonios de los detenidos son reveladores: les sembraron armas, los fotografiaron con evidencia montada, los volvieron a esposar para recrear detenciones falsas. ¿Estrategia de seguridad? No. Más bien, una puesta en escena para aparentar resultados ante una crisis que claramente los rebasó.

Lo que está ocurriendo en Teocaltiche no es solo un fracaso operativo. Es una crisis de derechos humanos envuelta en silencio institucional. Y lo más grave es que nadie en el gobierno estatal se ha parado a dar explicaciones.

Lo mínimo que merece la gente de Teocaltiche es ser escuchada, no criminalizada. Y lo mínimo que debe hacer un gobierno ante el cuestionamiento público es responder, no esconderse y así como exhibió a dos detenidos que quedaron en libertad, explicar qué pasó, por qué se cayó su caso, pues no hay que olvidar que según las autoridades, los detenidos formaban parte de una banda a la que se le atribuían varios homicidios.

Jalisco no puede seguir operando bajo la lógica del silencio y la simulación. Las comunidades merecen justicia real, no montajes. Seguridad basada en inteligencia, no en represión. Y sobre todo, merecen un gobierno que no desaparezca cuando las cosas se complican.

Hoy Teocaltiche no necesita más patrullas ni más promesas. Necesita verdad, rendición de cuentas y un compromiso serio por parte de quienes juraron proteger a su gente. Necesitan un gobierno que deje de fabricar culpables para encubrir su fracaso.

Mientras el gobernador Pablo Lemus, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández y el fiscal Salvador González de los Santos eluden su responsabilidad y se refugian en el silencio, es el periodismo —no el poder— quien ha sacado a la luz lo que intentan esconder.

Teocaltiche exige respuestas. Y si el Estado calla, que al menos la sociedad no lo haga.

En cortito

En una época donde la mayoría de los municipios del país apenas logran sobrevivir entre recortes presupuestales, desorden urbano y crisis políticas locales, Cuernavaca está empezando a dar señales de que otro tipo de gobierno sí es posible: uno que planea, coordina y se compromete con una visión de futuro.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dejado claro que su gestión no está centrada solo en el corto plazo, ni en las obras de relumbrón, sino en sentar las bases de una agenda urbana incluyente, sustentable y regionalmente coordinada.

Durante el Segundo Encuentro de Sistematización del Modelo de Gobernanza Metropolitana Sustentable, el presidente municipal refrendó su compromiso con una forma de gobernar que no se aísla, que no improvisa y que entiende que los grandes retos —como la movilidad, el agua, el crecimiento urbano o la seguridad— no se resuelven municipio por municipio, sino en conjunto.

Apostar por la planeación regional, el orden territorial y el trabajo intergubernamental es asumir que Cuernavaca ya no puede darse el lujo de improvisar. Es también reconocer que el desarrollo urbano tiene que dejar de ser un problema para convertirse en una oportunidad.

La capital de Morelos tiene todo para ser un modelo de ciudad media: conectividad, talento, historia, atractivo turístico y condiciones geográficas privilegiadas. Lo que hacía falta era un liderazgo que entendiera que sin reglas claras, sin sustentabilidad y sin coordinación, ese potencial se pierde. Y hoy, desde el gobierno municipal, empieza a haber señales claras de que esa conciencia ya existe.

Lo que está haciendo el alcalde José Luis Urióstegui no es solamente “gestión urbana”. Es un llamado a que Cuernavaca empiece a pensarse en clave metropolitana, con sentido común, visión compartida y compromiso real con el futuro.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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