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📰 Washington diz que usará ‘todas as ferramentas disponíveis’ em ofensiva antidrogas no México

https://operamundi.uol.com.br/america-latina/eua-diz-que-usara-todas-as-ferramentas-disponiveis-em-ofensiva-antidrogas-no-mexico/

#News #AméricaLatina #México #EstadosUnidos #narcotrafico

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EUA tentam tensionar o debate no Brasil para justificar uma intervenção, explica analista internacional

https://fed.brid.gy/r/https://www.brasildefato.com.br/2026/09/17/eua-tentam-tensionar-o-debate-no-brasil-para-justificar-uma-intervencao-explica-analista-internacional/

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EE.UU. mantiene a Costa Rica en lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas

EE.UU. mantiene a Costa Rica en lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas
San José, 17 sep (elmundo.cr) – El Gobierno de los Estados Unidos incluyó nuevamente a Costa Rica en la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas a nivel mundial, de cara al año fiscal 2027. La determinación, enviada al Congreso estadounidense el pasado 15 de septiembre por la administración de […]
Edmundo
El Mundo CR

#CostaRica #DepartamentoDeEstado #DrogasIlícitas #EstadosUnidos #Fentanilo #Narcotráfico #PolíticaInternacional #Seguridad

https://elmundo.cr/costa-rica/ee-uu-mantiene-a-costa-rica-en-lista-de-principales-paises-de-transito-o-produccion-de-drogas-ilicitas/

EE.UU. mantiene a Costa Rica en lista de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas

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San José, 17 sep (elmundo.cr) – El Gobierno de los Estados Unidos incluyó nuevamente a Costa Rica en la lista de los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas a nivel mundial, de cara al año fiscal 2027. La determinación, enviada al Congreso estadounidense el pasado 15 de septiembre por la administración de […]
Edmundo
El Mundo CR

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EE.UU. mantiene a Costa Rica en lista de países donde más fluye el narcotráfico

Declaración de la Casa Blanca exalta esfuerzos de otros países de la región donde se producen o se trasiegan drogas
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#CostaRica #DonaldTrump #EstadosUnidos #Narcotráfico #País #ÚltimaHora

https://semanariouniversidad.com/pais/ee-uu-mantiene-a-costa-rica-en-lista-de-paises-donde-mas-fluye-el-narcotrafico/

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EE.UU. mantiene a Costa Rica en lista de países donde más fluye el narcotráfico

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Estados Unidos retiram Venezuela de lista de países que descumprem combate ao narcotráfico

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Sheinbaum responde a Trump, México no necesita ser juzgado desde el extranjero

Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de Donald Trump sobre funcionarios mexicanos vinculados con cárteles y pidió a Estados Unidos informar sobre sus resultados contra drogas, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a México exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos presuntamente vinculados con los cárteles, y sostuvo que el país no necesita ser juzgado desde el extranjero.

https://youtu.be/akeDPSBNz5M?t=223

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, afirmó que su gobierno actúa contra servidores públicos cuando existen pruebas de su participación en actividades ilícitas, sin importar su filiación política. “Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”, sostuvo durante su conferencia de prensa de este jueves.

La declaración ocurrió después de que Trump reconociera esfuerzos del gobierno mexicano en materia de seguridad, pero planteara que México debe ampliar las acciones contra organizaciones criminales y perseguir a funcionarios que, según el señalamiento estadounidense, hayan colaborado o encubierto a los cárteles.

Sheinbaum: investigaciones, sin importar el partido político

La mandataria señaló que las autoridades mexicanas actuarán cuando existan elementos que acrediten vínculos entre funcionarios y actividades ilícitas.

“Vamos a actuar nosotros en otros casos cuando haya pruebas de funcionarios que están vinculados, independientemente del partido político, con ilícitos”, afirmó.

Sheinbaum agregó que su administración está sometida al escrutinio público y que informa diariamente sobre sus acciones y resultados. La posición expresada por la presidente coloca la investigación de posibles actos de corrupción y vínculos criminales dentro de las instituciones mexicanas, sin aceptar que otro gobierno determine qué funcionarios deben ser procesados.

Pide a Estados Unidos explicar sus propios resultados

La presidente también cuestionó las acciones del gobierno estadounidense frente al consumo y distribución de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México.

“Me gustaría escuchar, poder ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, planteó.

Sheinbaum preguntó qué ocurre con los distribuidores de drogas y las operaciones de lavado de dinero en territorio estadounidense, además de cuestionar las medidas para contener el consumo de opioides y otras sustancias. Sus planteamientos coinciden con una discusión bilateral de larga duración sobre la responsabilidad compartida frente al tráfico de drogas, dinero y armas.

La mandataria también señaló el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México como uno de los factores que permiten explicar el poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas.

https://sociedad-noticias.com/2026/09/17/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-jueves-17-de-septiembre-de-2026/

México rechaza una intervención extranjera

Sheinbaum reiteró además que México está dispuesto a mantener cooperación con otros países, pero estableció una diferencia entre colaboración internacional e intervención en las decisiones internas del país.

“Siempre podemos cooperar, podemos ayudar, podemos colaborar, pero las decisiones las toma el pueblo, las decisiones las toma el Gobierno, que es la representación del pueblo de México, no las puede tomar un país extranjero”, afirmó.

La presidente sostuvo que la defensa de la independencia y la soberanía forma parte de una posición histórica de México y rechazó que cualquier pretexto pueda utilizarse para justificar una intervención extranjera. –sn–

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Detienen en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, señalado por homicidio y amenazas contra autoridades

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, de 26 años, quien cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es investigado por distribución de narcóticos, homicidios y amenazas contra autoridades.

Por Martín García | Reportero                                      

Víctor Alfonso “N”, de 26 años, fue detenido en Mexicali por fuerzas federales y estatales, luego de ser identificado como integrante de una célula delictiva relacionada con amenazas e intimidación contra autoridades de seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

De acuerdo con las investigaciones, el detenido estaría relacionado con actividades de distribución de narcóticos, homicidios, amenazas e intimidación contra integrantes de instituciones de seguridad. Además, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Operativo permitió ubicarlo en Mexicali

La captura fue resultado de labores de investigación e inteligencia mediante las cuales las autoridades identificaron la zona de movilidad del objetivo.

Con la información obtenida, las corporaciones desplegaron un operativo coordinado en el municipio de Mexicali. Durante las acciones localizaron a una persona que coincidía con las características establecidas en la investigación.

Tras corroborar su identidad, los agentes procedieron a su detención y le informaron los derechos que le corresponden conforme a la ley.

Quedó a disposición del Ministerio Público

Víctor Alfonso “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que deberá determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones y al mandamiento judicial vigente.

La detención forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales para ubicar a personas relacionadas con delitos de alto impacto y atender investigaciones vinculadas con violencia y amenazas contra instituciones de seguridad en Baja California. –sn–

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Por este motivo, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas. Por este motivo, el Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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📰 Sem apresentar provas, EUA acusam Brasil de ‘falhar’ no combate ao PCC e CV

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#Terrorismo #relaçõesBrasilEUA #Venezuela #lula #PCC #brasil #ComandoVermelho #segurançapública #Brasil #DonaldTrump #MarcoRubio #News #EstadosUnidos #narcotrafico

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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Dinero opaco en las urnas

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/07/infiltracion-criminal-en-la-politica-campanas-gda/

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla Frente al Mundo

La cuenta regresiva ha comenzado. Mientras el planeta entero dirige la mirada hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México los estados empiezan a dimensionar el tamaño de la oportunidad que representa el evento deportivo más importante del mundo.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata solamente de futbol. Se trata de turismo, inversión, promoción internacional y desarrollo económico.

Y Puebla lo entendió desde el primer minuto.

La administración encabezada por Alejandro Armenta tiene claro que el Mundial no sólo se juega en las canchas.

También se disputa en la capacidad de los gobiernos para atraer visitantes, generar derrama económica y mostrar al mundo las fortalezas de su territorio.

Bajo esa visión, el gobierno estatal ha comenzado a construir una estrategia que busca convertir a Puebla en uno de los grandes protagonistas de la fiesta mundialista.

El mensaje es claro y contundente: “El Gobierno de Puebla te trae el Mundial con las mejores selecciones y nuestra Selección”.

La frase encierra algo más que una campaña de promoción. Refleja la intención de proyectar a Puebla como un destino moderno, seguro, competitivo y capaz de recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que buscarán vivir la emoción del torneo desde territorio poblano.

Y los argumentos están sobre la mesa.

Hoy, Puebla Latido de México, se consolida como una de las entidades con mayor dinamismo turístico del país.

Las cifras respaldan esa posición: se mantiene como el cuarto estado con mayor actividad turística nacional, con una afluencia de 5.57 millones de visitantes, una ocupación hotelera de 48.7 por ciento y una derrama económica superior a los 6 mil 117 millones de pesos.

Más que números, son indicadores de una tendencia que coloca a la entidad en una posición privilegiada para aprovechar el escaparate global que representa la Copa del Mundo.

A ello se suman más de 190 experiencias de turismo comunitario distribuidas en distintos municipios y la apertura reciente de 12 nuevas rutas aéreas, nueve nacionales y tres internacionales, que fortalecen la conectividad del estado y amplían su alcance hacia nuevos mercados.

Pero Puebla también juega otro partido: el de la identidad.

La riqueza cultural, histórica y gastronómica se ha convertido en uno de sus mayores activos.

No es casualidad que la cocina poblana haya sido incorporada a la Selección de la Guía Michelin, un reconocimiento que coloca a la entidad en el radar de viajeros y especialistas de todo el mundo.

Porque Puebla no sólo presume monumentos, tradiciones y paisajes. Puebla presume talento, orgullo y una enorme capacidad para competir.

Es, como reza uno de sus conceptos institucionales, una auténtica Tierra de Campeonas y Campeones.

La estrategia mundialista tendrá además un punto neurálgico en el corazón de la capital poblana.

El gobierno estatal y el ayuntamiento instalarán una gran Fan Zone en el Zócalo de Puebla para acompañar la inauguración y el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo que miles de personas disfruten la experiencia mundialista en un espacio seguro, accesible y completamente familiar.

Durante los 39 días de competencia habrá pantallas gigantes, actividades recreativas, dinámicas deportivas y espacios de convivencia para que la pasión por el futbol se convierta también en una experiencia comunitaria.

La decisión responde a una lógica operativa y financiera.

José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, explicó que la administración determinó concentrar toda la programación en una sola sede debido a la inversión que requieren los derechos de transmisión y la infraestructura necesaria para garantizar una experiencia de primer nivel.

El Zócalo fue elegido por razones evidentes: su ubicación estratégica, conectividad y capacidad para convertirse en el gran punto de encuentro de aficionados provenientes de la capital, la zona metropolitana y el interior del estado.

La Fan Zone abrirá sus puertas desde el partido inaugural y permanecerá activa durante los casi 40 días que durará la competencia.

El objetivo es sencillo, pero ambicioso: que nadie se quede fuera de la fiesta mundialista.

Porque más allá de los goles, los estadios y las grandes figuras del futbol internacional, el Mundial representa una oportunidad irrepetible para mostrar la mejor versión del estado.

Una Puebla que despierta.

Una Puebla que se transforma.

Una Puebla que fortalece su vocación turística.

Una Puebla que se consolida como epicentro deportivo, cultural y económico.

Una Puebla que entiende que los grandes eventos también son motores de desarrollo.

Y cuando ruede el balón en 2026, el verdadero desafío no será únicamente celebrar los partidos.

Será convertir esa emoción global en inversión, turismo, empleo y oportunidades para las familias poblanas.

Ese parece ser el objetivo del gobernador Alejandro Armenta.

En Cortito

Nos cuentan que Esthela Damián, ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, poco a poco ha comenzado a construir presencia y sumar simpatías en distintos sectores de Guerrero, en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura.

Nos dicen que su estilo cercano, afable y atento ha sido bien recibido por diversos grupos políticos y sociales.

En un estado donde la operación política suele ser determinante, no son pocos los que observan en ella a una mujer con capacidad para construir consensos y fortalecer la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación desde una nueva perspectiva.

La presencia de una oficina de trabajo en el puerto de Acapulco confirma que Esthela Damián no piensa esperar los tiempos desde la distancia, sino que sabe trabajar desde las calles, los barrios y comunidades más apartadas del estado de Guerrero.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca, clave rumbo a 2027 y 2030

La política morelense comenzó a moverse antes del arranque formal del proceso electoral.

Por Raúl García Araujo                                            

De cara a las elecciones intermedias de 2027, Cuernavaca se perfila como el principal escenario de disputa, no sólo por la alcaldía, sino por la construcción del poder rumbo a 2030.

La capital concentra la mayor atención política y el mayor peso electoral del estado.

Según datos del Instituto Nacional Electoral al 16 de abril de 2026, cuenta con una lista nominal de 326 mil 667 electores, lo que la convierte en la plaza más relevante para definir el futuro político de Morelos.

Por ello, ganar Cuernavaca representa una ventaja estratégica para la sucesión gubernamental, mientras que perderla implica un obstáculo importante en esa ruta.

Para Morena, la elección de 2027 dista de ser un trámite. En la capital enfrenta a una estructura política que ha consolidado presencia y resultados durante los últimos años bajo el liderazgo del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.

Urióstegui ha construido su posición a partir de resultados de gobierno. En un contexto de liderazgos dispersos y fragmentación política, su administración ha apostado por la eficacia gubernamental, con énfasis en seguridad, disciplina financiera y coordinación institucional.

La lógica es clara, los resultados generan confianza y la confianza se traduce en capital político.

El ordenamiento de las finanzas municipales y el fortalecimiento institucional han contribuido a consolidar su influencia política.

En ese contexto, Urióstegui aparece como uno de los actores con capacidad de incidir en la sucesión de 2030.

Dentro del PAN, Daniel Martínez Terrazas es identificado como una de las figuras para dar continuidad a ese proyecto político en Cuernavaca.

Actual presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, coordinador de la bancada panista y ex diputado federal, ha construido presencia territorial junto a Urióstegui desde el proceso electoral de 2024.

Ambos son reconocidos por sectores de la población como perfiles con experiencia y capacidad de gestión.

A ello se suma la estrategia del PAN de abrir espacios a la participación ciudadana mediante la plataforma “Ahora te toca a ti”, con la intención de ampliar su base social rumbo a 2027.

Mientras tanto, en Morena también comienzan a definirse aspiraciones.

Uno de los nombres que surge es el de Javier Bolaños Aguilar, quien inició su trayectoria en Morelos en 1997 dentro de la administración municipal de Cuernavaca y posteriormente ocupó cargos relacionados con la gestión del agua en el estado.

Ahora busca reposicionarse políticamente desde Morena en un escenario altamente competitivo, donde la capital se ha convertido en el centro de la disputa política estatal.

La contienda por Cuernavaca apenas comienza, pero las señales son claras.

Morena deberá competir contra una administración que presume resultados y estabilidad, mientras que el PAN apuesta por la continuidad de un proyecto encabezado por Urióstegui y respaldado por Martínez Terrazas.

Por ello, la elección de 2027 trasciende el ámbito municipal. Lo que ocurra en Cuernavaca será un indicador de fuerza política, organización y liderazgo que anticipará el rumbo de Morelos hacia 2030.

Al final, quien conquiste Cuernavaca obtendrá mucho más que una victoria electoral, ganará la principal plataforma para proyectarse hacia la gubernatura.

En Cortito

Nos cuentan que a dos años del triunfo electoral que abrió paso al «segundo piso de la cuarta transformación», Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que su liderazgo político no solo se sustenta en la legitimidad de las urnas, sino en una capacidad creciente de convocatoria, comunicación y conexión con amplios sectores de la sociedad mexicana.

La reciente concentración de más de 850 mil mexicanos en plazas públicas de 31 estados del país para seguir su mensaje desde el Monumento a la Revolución constituye una muestra significativa de la fuerza política que ha logrado construir.

No se trata únicamente de una movilización territorial; es la expresión de un liderazgo que ha logrado mantener cohesión en torno a un proyecto político que busca continuidad y profundización de las transformaciones iniciadas en los últimos años.

Su liderazgo se ha fortalecido mediante una combinación de continuidad programática, capacidad técnica y una presencia pública constante que le permite mantener interlocución directa con distintos sectores de la población.

La magnitud de la participación ciudadana observada en este ejercicio de rendición de cuentas refleja, además, la vigencia de un capital político que trasciende los tiempos electorales.

A dos años de aquella victoria histórica, el respaldo social exhibido en las plazas públicas del país sugiere que Claudia Sheinbaum continúa construyendo una base de apoyo sólida, respaldada por la percepción de que los principios de honestidad, cercanía y compromiso social pueden traducirse en resultados concretos para la población.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

La presión federal sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a cerrar la pinza en una de las regiones más críticas del occidente del país…

Por Raúl García Araujo                                            

… la franja que integran Teocaltiche y Villa Hidalgo, en Jalisco, junto con Nochistlán y Apulco, en Zacatecas, donde durante años el crimen organizado no solo ha disputado territorio, sino también control social y político.

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afina los últimos detalles para activar en esa zona la denominada “Operación Enjambre”, una estrategia de gran calado que va mucho más allá de los golpes tradicionales contra objetivos criminales.

El objetivo real, según el diseño federal, es desarticular simultáneamente las estructuras operativas del CJNG y las redes de protección política, policial y administrativa que han permitido su expansión y permanencia.

Dentro del Gabinete de Seguridad existe la convicción de que el fortalecimiento del grupo criminal no puede explicarse sin la existencia de presuntas complicidades institucionales en niveles municipales y estatales.

Por ello, las indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República apuntan hacia servidores públicos que habrían facilitado operaciones, filtrado información sensible y garantizado cobertura a integrantes del crimen organizado.

En el centro de esta ofensiva aparece la figura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG y objetivo prioritario dentro de la estrategia federal.

Su presencia en la región ha sido clave para la articulación de un corredor criminal dedicado al cobro de piso, desapariciones, tráfico de armas, drogas y homicidios.

Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.

Esa capacidad de evasión no se explica únicamente desde la lógica criminal, sino también desde la penetración de estructuras de poder local.

En ese contexto, la “Operación Enjambre” busca ejecutar un golpe simultáneo y quirúrgico que rompa la arquitectura completa de protección del CJNG en la región.

No se trata únicamente de capturar líderes criminales, sino de desmontar el sistema que les ha permitido operar con ventaja frente al Estado.

El enfoque de esta estrategia, impulsada por García Harfuch, ha sido descrito dentro del propio entorno federal como una operación de inteligencia, contención y judicialización que ya ha mostrado resultados en otras entidades, donde han caído funcionarios municipales y operadores criminales vinculados a esquemas de extorsión y corrupción.

En ese sentido, la lectura política dentro del Gobierno federal es clara: sin romper los vínculos entre criminalidad y estructuras institucionales, cualquier avance sería parcial. De ahí el énfasis en cerrar la pinza sobre el conjunto del ecosistema criminal, no solo sobre sus figuras visibles.

Fuentes consultadas en el entorno de seguridad reconocen además que estas acciones han generado un alto nivel de aceptación en sectores de la población que durante años han vivido bajo presión permanente del crimen organizado, con dinámicas de control territorial, miedo y desplazamiento.

El principio que guía esta ofensiva es el llamado “cierre de pinza”: golpear simultáneamente la estructura criminal y sus posibles redes de protección institucional. Sin esa doble acción, advierten en el Gabinete de Seguridad, el crimen organizado mantiene capacidad de regeneración.

En ese marco, la “Operación Enjambre” no solo representa una ofensiva contra el CJNG, sino una redefinición del control del Estado en territorios donde, durante años, la autoridad fue rebasada por estructuras criminales que operaron con margen de maniobra casi absoluto.

En Cortito

Nos cuentan que el estado de México fue escenario de uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado que operan bajo fachada de organizaciones sociales, tras la detención de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo denominado “La Chokiza”.

La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Rodríguez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La Chokiza” ha sido señalada como un grupo de choque con operación en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, con actividades vinculadas a la extorsión, el despojo, el narcomenudeo, el secuestro y el homicidio, además de mantener presuntos vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región del Valle de México.

Por ello, la detención de este presunto generador de violencia representa un golpe de alto impacto que, de acuerdo con fuentes de seguridad, refleja el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo la conducción de José Luis Cervantes Rodríguez.

En este contexto, este tipo de acciones se perfilan como un factor clave dentro de la estrategia de combate a estructuras delictivas que durante años operaron con relativa impunidad, al amparo de redes híbridas entre el control territorial, la violencia y la simulación de organización social en el Valle de México.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Nacho Mier contra la memoria

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Nacho Mier contra la memoria

Hay principios políticos que definieron al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus orígenes: la lealtad, el reconocimiento a quienes acompañaron el proyecto y la congruencia personal dentro del servicio público.

Por Raúl García Araujo                                            

López Obrador jamás ocultó ni negó a quienes caminaron con él desde la conquista de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Presidencia de la República.

Por el contrario, siempre reconoció públicamente a quienes fueron parte de la construcción del movimiento.

Ahí permanecen figuras como la presidente Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez o su histórico vocero César Yáñez, todos parte de un equipo político que nunca fue desconocido ni borrado de la historia del obradorismo.

Y es precisamente bajo esa lógica donde hoy surgen cuestionamientos hacia el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, luego de los señalamientos hechos por Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, quien no sólo lo acusa de violencia política de género, sino que además sostiene que existen registros públicos, reuniones y eventos donde fue presentada como parte del círculo cercano del legislador poblano.

Suárez del Real asegura incluso que distintas personas fueron testigos de su participación política dentro del equipo de Mier.

Y ahí es donde aparece el debate de fondo: la memoria política y la responsabilidad ética que debe acompañar a quienes hoy ocupan posiciones relevantes dentro del servicio público.

Porque una cosa es que existan diferencias personales o políticas y otra muy distinta intentar desconocer relaciones, respaldos o colaboraciones que fueron públicas y visibles dentro de una estructura política.

López Obrador nunca actuó de esa manera. Nunca negó a quienes estuvieron cerca de él cuando el movimiento apenas se abría paso en medio de la adversidad política y electoral.

Hacerlo habría significado traicionar no solamente principios políticos, sino valores éticos y humanos que el propio expresidente colocó constantemente sobre la mesa pública.

Por eso el caso de Ignacio Mier inevitablemente genera comentarios dentro de Morena y entre quienes observan la evolución del movimiento.

No se trata únicamente de una disputa interna o de una diferencia entre actores políticos; el tema toca uno de los principios que dieron identidad al obradorismo: la congruencia con quienes ayudaron a construir el proyecto.

Más aún en un momento donde Morena enfrenta nuevos equilibrios de poder, definiciones rumbo al futuro y la exigencia pública de mantener los principios que durante años distinguieron al movimiento.

Porque algo que jamás habría hecho Andrés Manuel López Obrador era borrar políticamente a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles sólo porque el poder cambió de manos o las circunstancias se modificaron.

Y justamente ahí es donde algunos senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.

En Cortito

Nos cuentan que Cuernavaca comienza a consolidar una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente.

El gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado logró liquidar 363 millones 878 mil pesos en créditos fiscales heredados de administraciones anteriores, dejando al Ayuntamiento sin pasivos fiscales activos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El dato no solamente tiene relevancia contable; representa un cambio de fondo en la estabilidad financiera de la capital morelense.

Durante años, los adeudos por retenciones de ISR no enteradas al SAT entre 2011, 2015 y 2021 se convirtieron en una pesada carga que limitó la capacidad operativa del municipio y frenó proyectos de desarrollo.

Hoy, la historia comienza a ser distinta.

El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que el pago más fuerte se realizó entre agosto y diciembre de 2025, periodo en el que fueron cubiertos más de 271 millones de pesos. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el SAT notificó oficialmente que Cuernavaca ya no tiene créditos fiscales activos.

Las cifras reflejan algo más profundo: una administración que logró recuperar capacidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana.

La recaudación municipal pasó de mil 492 millones de pesos en 2021 a dos mil 547 millones 744 mil pesos en 2025, mientras que el pago anticipado del predial y servicios públicos aumentó de 196 millones 835 mil pesos en 2022 a 279 millones 951 mil pesos en 2026.

Detrás de esos números existe una realidad evidente: más ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones porque observan orden administrativo, estabilidad y una ciudad en movimiento, gracias al trabajo del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Intrigas contra la cooperación bilateral

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Intrigas contra la cooperación bilateral

Hay historias que no sólo buscan informar, sino sembrar desconfianza.

Por Raúl García Araujo                                            

La difundida por CNN sobre una supuesta participación de la CIA en un atentado ocurrido en Tecámac, estado de México, parece encajar más en esa lógica de tensión política y diplomática que en un ejercicio serio de investigación periodística.

Porque detrás de la estridencia mediática y las versiones filtradas, lo que realmente aparece es un intento por golpear la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, justo en un momento en que ambos gobiernos han intensificado la coordinación para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La narrativa es delicada: agentes de la CIA ejecutando operaciones letales en territorio mexicano contra presuntos integrantes del narcotráfico.

Una acusación de ese tamaño no sólo impacta en la opinión pública, también amenaza con erosionar la confianza institucional construida en los últimos meses entre ambas naciones.

Por eso fue contundente la reacción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rechazó categóricamente cualquier insinuación sobre operaciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en México.

Y Harfuch no habló al vacío.

Desde el inicio de la actual estrategia bilateral, el titular de la SSPC y el gabinete de seguridad federal han sostenido encuentros permanentes con autoridades estadounidenses para construir mecanismos conjuntos de combate al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y operación de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Ha habido reuniones de alto nivel, intercambio de inteligencia, coordinación operativa y acuerdos específicos para atacar estructuras financieras y logísticas de los cárteles. Todo dentro de un marco institucional y bajo reglas claras de cooperación.

Eso explica por qué la versión difundida por CNN provocó incomodidad tanto en México como en Estados Unidos.

La propia CIA salió rápidamente a desmentir la publicación. Su vocera, Liz Lyons, calificó el reporte como “falso y sensacionalista”, e incluso advirtió que este tipo de narrativas terminan favoreciendo a los cárteles.

Y no le falta razón.

Cuando se pretende instalar la idea de que agencias estadounidenses operan clandestinamente en México, lo que se busca es dinamitar políticamente la cooperación bilateral en seguridad, justo cuando ésta comienza a mostrar resultados relevantes.

Basta revisar los recientes decomisos de droga sintética, los aseguramientos de laboratorios clandestinos, las detenciones de objetivos prioritarios y el combate al tráfico ilegal de armas para entender que existe una coordinación activa entre ambos gobiernos.

Pero esa cooperación tiene límites claros: la soberanía mexicana.

Por eso el mensaje de Harfuch fue quirúrgico. Sí a la colaboración; no a la subordinación.

En el fondo, lo que está ocurriendo es una batalla por el control de la narrativa.

Hay sectores —políticos, criminales y mediáticos— a los que no les conviene una relación sólida entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

La razón es simple: cuando ambos gobiernos trabajan coordinadamente, las estructuras criminales pierden margen de maniobra.

Y en tiempos donde la desinformación también es un arma, no parece casual que aparezcan versiones espectaculares justo cuando se fortalecen los operativos binacionales contra el crimen organizado.

La pregunta es quién gana tratando de confrontar a dos gobiernos que hoy, más allá de las diferencias políticas, entendieron que la seguridad regional ya no puede combatirse de manera aislada.

En Cortito

Nos cuentan que el fiscal del estado de México, José Luis Cervantes Martínez, lanzó un posicionamiento firme, directo y sin concesiones contra CNN por la difusión de información relacionada con los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2026, donde murieron dos personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó de manera contundente que haya informado a la cadena internacional que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”, como se difundió públicamente.

El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: la autoridad mexiquense desmintió la versión y defendió la conducción institucional de la investigación.

La postura del fiscal no fue menor. En lugar de optar por una aclaración tibia o diplomática, José Luis Cervantes Martínez decidió confrontar de frente una narrativa mediática que considera incorrecta y anticipada.

El tono del comunicado mostró a una Fiscalía decidida a marcar límites y a dejar claro que no aceptará conclusiones adelantadas mientras la indagatoria siga abierta.

La dependencia sostuvo que la investigación continúa en curso y que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas y circunstancias que provocaron el fallecimiento de las víctimas.

En otras palabras: no hay versión oficial cerrada y cualquier afirmación categórica carece todavía de sustento ministerial.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla: combate real al huachicol

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla: combate real al huachicol

Puebla está colocando cifras sobre la mesa y con ellas construye poder político.

Por Raúl García Araujo                                            

La recuperación de 2.8 millones de litros de hidrocarburos en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va de 2026 no sólo es un dato operativo: es la base de un discurso que busca desmontar la vieja etiqueta del estado como epicentro del huachicol.

El gobierno de Alejandro Armenta ha entendido que en el México actual los números son narrativa. Por eso, junto al combate al robo de combustible, presume 33 vialidades pavimentadas, 146 kilómetros intervenidos y beneficios para 1.9 millones de habitantes.

A ello se suma un crecimiento exponencial en capacidad operativa: de dos máquinas a 277 distribuidas en 16 módulos, con la meta de alcanzar 15 trenes de pavimentación este mismo año.

El respaldo de Pemex también tiene números y mensaje: 19 certificados de obra, 10 patrullas, 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible entregados a municipios.

No es sólo apoyo técnico, es validación política desde el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.

Aquí está el sello del actual gobierno poblano: vincular seguridad con obra pública y convertir esa relación en legitimidad.

Mientras se decomisan millones de litros de combustible robado, se pavimentan calles, se rehabilitan carreteras y se refuerza la presencia institucional en territorio.

Es una lógica simple pero efectiva: resultados medibles en seguridad, resultados visibles en infraestructura.

El dato más revelador no está solo en los litros recuperados, sino en la coordinación. Marina, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal y Pemex operan de forma conjunta.

Esa alineación explica por qué Puebla puede hoy presentarse como referente nacional en el combate al huachicol, cuando hace apenas unos años era símbolo del problema.

Armenta ha optado por una estrategia directa: contrastar su gobierno con el pasado y sostener esa diferencia con cifras. Decir que antes el gobierno era parte del problema no es retórica aislada, es un intento de capitalizar políticamente cada resultado obtenido.

En ese contexto, el liderazgo de Alejandro Armenta no se construye desde el discurso, sino desde la ejecución: números que avanzan, obras que se ven y una coordinación institucional que da resultados.

Hoy, Puebla no sólo cambia indicadores, también redefine quién conduce el rumbo político del estado.

En Cortito

Nos cuentan que el anuncio del ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, sobre la instalación de cien nuevos parabuses inteligentes representa un paso firme hacia una visión más moderna, ordenada y funcional de la ciudad.

Nos dicen que no se trata únicamente de infraestructura urbana, sino de una apuesta seria por reorganizar la movilidad con criterios de eficiencia, seguridad e inclusión social, en una capital que desde hace años demanda soluciones concretas en el espacio público.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su enfoque integral, que no se queda en lo estético ni en lo superficial, sino que busca transformar la experiencia cotidiana de quienes dependen del transporte público.

Los nuevos parabuses no solo atenderán la necesidad básica de resguardo para los usuarios, sino que incorporarán iluminación solar, accesibilidad universal y herramientas digitales como códigos QR vinculados a la atención de emergencias, lo que refuerza el componente de seguridad y respuesta inmediata.

Este tipo de soluciones colocan a la capital de Morelos en una ruta de modernización urbana que entiende que la tecnología y la seguridad no son conceptos aislados, sino elementos que deben convivir y funcionar dentro del espacio público cotidiano.

Más allá de la obra en sí, este proyecto refuerza la narrativa de un gobierno municipal que ha buscado priorizar la rehabilitación urbana con sentido práctico, planeación y visión de futuro.

La inversión en movilidad ordenada, segura e incluyente coloca a la administración de José Luis Urióstegui Salgado en una línea de acción que apunta a consolidar una ciudad más funcional, moderna y con mejores condiciones de vida para los morelenses.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, “El Güero Conta”, obliga a una lectura estructural.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata únicamente de un operativo exitoso, sino de un golpe directo a las estructuras de mando, operación y financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La clave no está solo en la captura, sino en el alcance del impacto: liderazgo y recursos, dos pilares de cualquier organización criminal, fueron vulnerados de manera simultánea.

Hay un elemento central que no puede ignorarse: la apuesta por inteligencia sostenida. Diecinueve meses de seguimiento, cruces de información y vigilancia táctica no son menores en un país donde históricamente la reacción ha sustituido a la planeación.

La operación que derivó en la captura de “El Jardinero”, operador cercano a Rubén Oseguera Cervantes, muestra un intento claro por desarticular estructuras completas, no solo figuras visibles. En esa lógica, la detención de “El Güero Conta” refuerza el golpe al atacar el andamiaje financiero.

Aquí es donde el matiz importa. Si bien estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo, la captura simultánea de un operador clave y de su responsable financiero sí representa una afectación real en el corto plazo.

Se interrumpen cadenas de mando, se desordenan rutas logísticas y se presionan los mecanismos de financiamiento. No es el desmantelamiento definitivo, pero sí un debilitamiento tangible.

En ese contexto, el papel del gabinete encabezado en seguridad por Omar García Harfuch, junto con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, adquiere relevancia.

No solo por el resultado, sino por la ejecución coordinada. Inteligencia naval, seguimiento militar y operación táctica confluyeron en una acción de precisión que pocas veces se logra con este nivel de sincronía.

La figura de la presidenta Claudia Sheinbaum también entra en el análisis. Estos operativos reflejan una línea de mando definida y un intento por mantener control político sobre las decisiones de seguridad.

Eso puede traducirse en coherencia estratégica, pero también implica que los resultados —positivos o negativos— recaen directamente en la conducción presidencial.

Otro punto clave es la cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Jardinero”, con orden de extradición y seguimiento por agencias internacionales, vuelve a colocar sobre la mesa una relación bilateral basada en intercambio de inteligencia.

La reacción violenta tras las detenciones —vehículos incendiados y focos de tensión— confirma que el golpe tuvo profundidad. Cada afectación a estas estructuras genera respuestas inmediatas.

La contención rápida por parte del Estado evita escaladas mayores, pero también evidencia que el control territorial sigue en disputa.

Finalmente, el impacto financiero no es menor. La detención del operador encargado del lavado de dinero y el seguimiento a sus redes representan una vía más eficaz para debilitar a largo plazo a estas organizaciones.

Sin recursos, la capacidad de recomposición se reduce significativamente.

En suma, lo ocurrido no es un episodio aislado ni un simple éxito operativo.

Es un golpe relevante que debilita al CJNG en sus estructuras clave. Marca una dirección: inteligencia, coordinación y ataques simultáneos a liderazgo y financiamiento.

El reto, como siempre, será sostener esa presión en el tiempo para que el debilitamiento no sea temporal, sino acumulativo.

En Cortito

Nos cuentan que lo que comenzó como una investigación local terminó por convertirse en un modelo nacional de combate a la colusión entre autoridades y crimen organizado.

La llamada Operación Enjambre no nació en los escritorios federales ni en grandes anuncios políticos.

Fue impulsada desde la Fiscalía del Estado de México bajo la conducción de José Luis Cervantes Martínez, a partir de un caso que evidenció algo más profundo que la violencia: la infiltración del crimen en estructuras institucionales de seguridad y gobierno.

Los resultados son difíciles de ignorar. Más de mil 146 años de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios no son un dato estadístico cualquiera. Son el reflejo de un proceso judicial sostenido que logró ir más allá del arresto y llegar a la etapa más compleja del sistema: la condena.

La operación también exhibe una realidad incómoda: la participación de servidores públicos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

El alcance de las sentencias contra ex policías municipales, ex comisarios, ex alcaldes y mandos de seguridad refuerza una lectura política más amplia: el problema de seguridad no puede entenderse únicamente desde el enfrentamiento armado o la presencia del crimen organizado en territorio, sino desde la captura institucional en niveles de gobierno local.

Al final, el punto de fondo es claro. Combatir al crimen organizado sin tocar la corrupción institucional es una estrategia incompleta. Ningún despliegue operativo es suficiente si las estructuras internas siguen siendo permeables o cómplices.

Lo que puso sobre la mesa José Luis Cervantes Martínez es precisamente esa dimensión: que la línea entre autoridad y delincuencia, cuando se cruza, no puede quedar en el terreno político o administrativo, sino que debe investigarse, judicializarse y sancionarse con la misma contundencia que cualquier otro delito de alto impacto.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Violencia desborda a Morelos

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El Balcón de la Sociedad | Jerarquía en riesgo, el desorden en la Guardia Nacional y la Sedena

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional, en la Guardia Nacional se abre una grieta seria en esa estructura.

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional. En México, estos principios han sostenido históricamente la disciplina militar, aun en los momentos de mayor tensión institucional. Sin embargo, lo que ocurre actualmente en la Dirección General de Investigación Interna de la Guardia Nacional abre una grieta seria en esa estructura, al poner en entredicho el respeto a la cadena de mando y el mérito institucional.

La reciente asignación de un Mayor al frente de dicha dirección, cuando en la misma unidad laboran un Coronel y un Teniente Coronel, no solo infringe la lógica jerárquica establecida por el escalafón castrense, sino que vulnera la moral del cuerpo al que se supone debe cohesionarse. En un ámbito donde la autoridad se construye desde la antigüedad, la experiencia y la carrera profesional, una decisión como esta mina la confianza interna.

Según fuentes internas consultadas por SOCIEDAD NOTICIAS, la designación habría sido producto de una relación personal entre el titular de la Unidad de Asuntos Internos y el oficial ascendido, lo cual añade un agravante de posible nepotismo. De confirmarse, este hecho comprometería la legitimidad de los procesos de nombramiento al interior de la Guardia Nacional, y colocaría al resto del personal en una posición de subordinación forzada ante criterios ajenos a los principios institucionales.

La situación se vuelve todavía más preocupante si se considera que la Dirección General de Investigación Interna no es una oficina más: es, en teoría, el mecanismo de control y supervisión que asegura la integridad del cuerpo. Si desde esa misma instancia se erosiona el principio de jerarquía, se pierde autoridad moral para investigar o sancionar a quienes quebrantan las normas internas.

Una estructura militar no puede sostenerse en el favoritismo

En el régimen militar, el mando no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad que se gana con el paso de los años, el cumplimiento de metas y el respeto a los escalones que ordenan la institución. Cuando un subordinado recibe una posición superior a la de sus superiores inmediatos, sin sustento en un mérito excepcional, se instala una disonancia que compromete la obediencia y, en consecuencia, la eficacia operativa.

El malestar al interior de esta unidad no se reduce a una queja por protocolos, sino que evidencia una crisis de legitimidad. Coroneles y Tenientes Coroneles con años de servicio deben rendirle novedades a un oficial de menor grado por razones que no obedecen al reglamento militar, sino a vínculos personales. Esto constituye un agravio no solo a los afectados, sino a la estructura completa de las Fuerzas Armadas.

La moral del personal militar no se sostiene solamente con salarios ni con discursos patrióticos, sino con justicia interna, respeto al mérito y apego estricto a los principios que se inculcan desde el ingreso a los planteles castrenses. Una institución que pierde de vista esa brújula comienza a navegar en aguas institucionales turbias.

La autoridad militar debe intervenir de inmediato

Este asunto, de continuar sin corrección, sentaría un precedente que puede ser utilizado para normalizar otros actos de favoritismo o irregularidades similares. Si hoy un Mayor comanda a un Coronel por vínculos personales, mañana podría ocurrir que un Teniente desplace a un General con solo tener las amistades adecuadas. Este tipo de distorsiones en el mando no solo debilitan al cuerpo, sino que comprometen la percepción pública sobre su neutralidad, profesionalismo y rigor.

El General de División Ricardo Trevilla Trejo, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido informado formalmente sobre esta anomalía. Su intervención resulta crucial, no solo para restablecer el orden en una unidad específica, sino para reafirmar ante la opinión pública y las propias tropas que la lealtad institucional se premia y el influyentismo se sanciona.

Dejar pasar este hecho equivaldría a abrir la puerta a una pendiente resbaladiza de caos jerárquico. La confianza que la sociedad ha depositado en la Guardia Nacional no puede ponerse en riesgo por decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer, socavan el respeto a las reglas que mantienen viva su razón de ser.

El silencio institucional sería complicidad

La transparencia y la rendición de cuentas también aplican en el ámbito castrense. Si bien la estructura militar goza de autonomía operativa, no escapa del escrutinio público ni del deber de mantener altos estándares éticos en su interior. El combate a la corrupción comienza con el ejemplo, y las Fuerzas Armadas deben continuar siendo un referente de orden y legalidad, no de prácticas discrecionales.

Las preguntas que surgen son legítimas: ¿qué motivó la decisión?, ¿hubo una evaluación formal de perfiles?, ¿se notificó al personal superior jerárquico antes de la designación?, ¿qué criterios pesan más hoy en el interior de la Guardia Nacional: el escalafón o la cercanía con los mandos? La sociedad merece respuestas.

Por el bien de la institución, y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio militar, el caso debe resolverse con rapidez, con legalidad y con apego a los principios que se juraron respetar. De lo contrario, la estructura que se presume incorruptible terminará por padecer las mismas prácticas que se pretende combatir.

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El Balcón de la Sociedad | Jerarquía en riesgo, el desorden en la Guardia Nacional y la Sedena

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional, en la Guardia Nacional se abre una grieta seria en esa estructura.

El orden y la jerarquía constituyen la columna vertebral de cualquier fuerza armada profesional. En México, estos principios han sostenido históricamente la disciplina militar, aun en los momentos de mayor tensión institucional. Sin embargo, lo que ocurre actualmente en la Dirección General de Investigación Interna de la Guardia Nacional abre una grieta seria en esa estructura, al poner en entredicho el respeto a la cadena de mando y el mérito institucional.

La reciente asignación de un Mayor al frente de dicha dirección, cuando en la misma unidad laboran un Coronel y un Teniente Coronel, no solo infringe la lógica jerárquica establecida por el escalafón castrense, sino que vulnera la moral del cuerpo al que se supone debe cohesionarse. En un ámbito donde la autoridad se construye desde la antigüedad, la experiencia y la carrera profesional, una decisión como esta mina la confianza interna.

Según fuentes internas consultadas por SOCIEDAD NOTICIAS, la designación habría sido producto de una relación personal entre el titular de la Unidad de Asuntos Internos y el oficial ascendido, lo cual añade un agravante de posible nepotismo. De confirmarse, este hecho comprometería la legitimidad de los procesos de nombramiento al interior de la Guardia Nacional, y colocaría al resto del personal en una posición de subordinación forzada ante criterios ajenos a los principios institucionales.

La situación se vuelve todavía más preocupante si se considera que la Dirección General de Investigación Interna no es una oficina más: es, en teoría, el mecanismo de control y supervisión que asegura la integridad del cuerpo. Si desde esa misma instancia se erosiona el principio de jerarquía, se pierde autoridad moral para investigar o sancionar a quienes quebrantan las normas internas.

Una estructura militar no puede sostenerse en el favoritismo

En el régimen militar, el mando no es solo una función administrativa, sino una responsabilidad que se gana con el paso de los años, el cumplimiento de metas y el respeto a los escalones que ordenan la institución. Cuando un subordinado recibe una posición superior a la de sus superiores inmediatos, sin sustento en un mérito excepcional, se instala una disonancia que compromete la obediencia y, en consecuencia, la eficacia operativa.

El malestar al interior de esta unidad no se reduce a una queja por protocolos, sino que evidencia una crisis de legitimidad. Coroneles y Tenientes Coroneles con años de servicio deben rendirle novedades a un oficial de menor grado por razones que no obedecen al reglamento militar, sino a vínculos personales. Esto constituye un agravio no solo a los afectados, sino a la estructura completa de las Fuerzas Armadas.

La moral del personal militar no se sostiene solamente con salarios ni con discursos patrióticos, sino con justicia interna, respeto al mérito y apego estricto a los principios que se inculcan desde el ingreso a los planteles castrenses. Una institución que pierde de vista esa brújula comienza a navegar en aguas institucionales turbias.

La autoridad militar debe intervenir de inmediato

Este asunto, de continuar sin corrección, sentaría un precedente que puede ser utilizado para normalizar otros actos de favoritismo o irregularidades similares. Si hoy un Mayor comanda a un Coronel por vínculos personales, mañana podría ocurrir que un Teniente desplace a un General con solo tener las amistades adecuadas. Este tipo de distorsiones en el mando no solo debilitan al cuerpo, sino que comprometen la percepción pública sobre su neutralidad, profesionalismo y rigor.

El General de División Ricardo Trevilla Trejo, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido informado formalmente sobre esta anomalía. Su intervención resulta crucial, no solo para restablecer el orden en una unidad específica, sino para reafirmar ante la opinión pública y las propias tropas que la lealtad institucional se premia y el influyentismo se sanciona.

Dejar pasar este hecho equivaldría a abrir la puerta a una pendiente resbaladiza de caos jerárquico. La confianza que la sociedad ha depositado en la Guardia Nacional no puede ponerse en riesgo por decisiones administrativas que, en lugar de fortalecer, socavan el respeto a las reglas que mantienen viva su razón de ser.

El silencio institucional sería complicidad

La transparencia y la rendición de cuentas también aplican en el ámbito castrense. Si bien la estructura militar goza de autonomía operativa, no escapa del escrutinio público ni del deber de mantener altos estándares éticos en su interior. El combate a la corrupción comienza con el ejemplo, y las Fuerzas Armadas deben continuar siendo un referente de orden y legalidad, no de prácticas discrecionales.

Las preguntas que surgen son legítimas: ¿qué motivó la decisión?, ¿hubo una evaluación formal de perfiles?, ¿se notificó al personal superior jerárquico antes de la designación?, ¿qué criterios pesan más hoy en el interior de la Guardia Nacional: el escalafón o la cercanía con los mandos? La sociedad merece respuestas.

Por el bien de la institución, y por respeto a quienes han entregado su vida al servicio militar, el caso debe resolverse con rapidez, con legalidad y con apego a los principios que se juraron respetar. De lo contrario, la estructura que se presume incorruptible terminará por padecer las mismas prácticas que se pretende combatir.

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