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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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Manolo Jiménez opera una red de corrupción judicial, que mantiene secuestrada a Tania Flores: Ricardo Mejía

Encabeza el «cártel inmobiliario» y es responsable del crecimiento del robo de hidrocarburos. Desde Coahuila nace la investigación contra el exgobernador de Baja California.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja denunció este jueves la existencia de una red de persecución política, represión y corrupción en el estado de Coahuila operada directamente por el gobernador Manolo Jiménez , que mantiene secuestrada a la exalcaldesa del municipio de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra .

“Ahora opera una red de corrupción en el Poder Judicial Local y también en juzgados federales de distrito para evitar que Tania Flores Guerra recupere su libertad y, en todo caso, comparezca en el proceso penal pero en libertad”, explicó.

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/videos/1092172296591700/

Ricardo “El Tigre” Mejía, acompañado por el legislador Fernando García en representación de la coordinación del Partido del Trabajo (PT), recordó que el mandatario de Coahuila, además de ser el que encabeza el «cártel inmobiliario», es el responsable del crecimiento exponencial del robo de hidrocarburos.

Decomisos de huachicol

“Coahuila, es hoy por hoy el estado que tiene el mayor número de decomisos de huachicol . En 2025 casi 17 millones de litros de huachicol . De ahí surgió la investigación que tiene hoy varios detenidos y procesados como el exgobernador de Baja California  (Ernesto Ruffo Appel)”, dijo.

Sobre la situación jurídica de Flores Guerra, Mejía Berdeja denunció que la exalcaldesa de Múzquiz cumplió más de dos meses bajo prisión preventiva debido a una carpeta de investigación fabricada por una fiscalía a modo y procesada por jueces de consigna locales bajo motivos de odio personal, misoginia y violencia de género.

Explicó que el pasado 23 de agosto, un juzgado de distrito con sede en Hidalgo otorgó una suspensión provisional para que el juez de control local, Alberto Jacobo Camacho Cepeda, convocara a una audiencia en un plazo de 24 horas para ordenar una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.

Impiden notificación

Sin embargo, el legislador federal Mejía Berdeja expuso que el gobernador de origen priísta operó de manera corrupta para que los jueces de distrito con residencia en Saltillo, Héctor Gastón Solórzano Valenzuela y Abril González Velázquez, impidieran la notificación oportuna del exhorto judicial .

Aunque la resolución finalmente llegó vía mensajería y el juez local de consigna Alberto Jacobo Camacho Cepeda fue notificado hace más de 48 horas, este ha incumplido deliberadamente y por corrupto el plazo legal para liberar a la exalcaldesa . Ante estas omisiones, Ricardo “El Tigre” Mejía reiteró que insistirá en las demandas de juicio político que ya presentó contra el gobernador, el fiscal general del estado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, así como quejas formales ante el Tribunal de Disciplina Judicial contra los jueces federales coludidos.

En conferencia de prensa desde el Palacio legislativo de San Lázaro, Mejía Berdeja calificó como una aberración jurídica la destitución del diputado local Antonio Flores, a quien el Congreso de Coahuila suspendió de su cargo bajo el pretexto administrativo de acumular supuestas faltas injustificadas, las cuales constan en actas y videos oficiales como plenamente justificadas por el propio pleno legislativo.

Personeros del PRI

Denunció que esta arbitrariedad fue ratificada de manera ilegal por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, específicamente por instrucción del magistrado Sergio Díaz Rendón, a quien señaló como un tramposo y arrastrado personero del PRI que amplió injustamente la sanción administrativa para impedir el regreso del legislador durante todo el periodo ordinario de sesiones.

En este sentido, el también abogado de profesión advirtió que esta sentencia inconstitucional, que carece de precedentes en el derecho parlamentario al destituir a un representante electo por el voto popular sin mediar juicio político o renuncia, será combatida y recurrida de inmediato ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el pleno respaldo de la dirigencia nacional del PT.

Materia de seguridad

Finalmente, el ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, desmintió la propaganda estatal respecto al supuesto éxito en materia de seguridad, señalando que la entidad se encuentra sumida en una crisis de salud pública por el consumo desmedido de cristal, ocupa el segundo lugar nacional en violencia familiar y enfrenta una alta tasa de presuntos suicidios que, son en realidad homicidios encubiertos por la fiscalía local.

“El Tigre” Mejía resaltó que la aparente reducción de enfrentamientos se debe a una «paz narca» en la que el cártel de Sinaloa opera bajo el control y complicidad de la policía del estado, lo cual ha disparado delitos de alto impacto como la extorsión a migrantes y el robo de trenes. –sn–

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Y ahora que la gente anda muy molesta por el " #desabasto ", vale la pena recordar que es muy importante reflexionar sobre las #causas de dicha molestia y no sólo quejarse y esperar que el #gobierno lo resuelva. Sin la comprensión de las circunstancias que rodean una problemática, nos convertimos en seres fácilmente manipulables.

Informémonos e informemos a otros.

#PEMEX #huachicol #boicot

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