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La UE acuerda apoyo de 115 millones de euros a España por la crisis migratoria en Ceuta

El paquete de ayuda busca reforzar la vigilancia de las fronteras, adquirir equipos como cámaras térmicas y desplegar personal adicional, además de apoyar el retorno de las personas que se encuentran ilegalmente en Ceuta y reforzar la capacidad de acogida de la ciudad autónoma española para los menores no acompañados, según Bruselas.
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#AyudaUniónEuropea #Ceuta #CrisisMigratoria #España #Migración #Mundo #ÚltimaHora

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Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo | Sánchez y Feijóo se miden en el Congreso en medio de la crisis migratoria

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Agresiones por confusión en Ceuta: “Me gritaron invasora y tuberculosa, me pidieron el DNI”

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¿Por qué España atrae a más profesionales británicos que jubilados? #España #ReinoUnido #Brexit #NomadasDigitales #Teletrabajo #BritanicosEnEspaña #VisaNomadaDigital #JubiladosBritanicos #CostaDelSol #CostaBlanca #Migracion #Actualidad #felizmartes #8deseptiembre

https://donporque.com/profesionales-britanicos-en-espana/

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Ángela y Sulaiman: no todos los niños vuelven al colegio en Ceuta

El desafío de un regreso seguro a las aulas y la realidad de miles de niños que han cruzado la frontera, dos caras de la crisis migratoria en el inicio del curso escolar. Suscríbete a nuestro canal: youtube.com/@elpais Visita Más vídeos de EL PAÍS: youtube.com/@elpais/videos Síguenos en Facebook: Twitter: Instagram: #Ceuta #Crisis #Migracion #España

https://fllics.com/zh/video/angela-y-sulaiman-no-todos-los-ninos-vuelven-al-colegio-en-ceuta/

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https://www.europesays.com/es/753840/ Agresiones a los periodistas en Ceuta: del “¡traidores!” al “¡ojalá os violen!” | España #BreakingNews #BreakingNews #ceuta #CrisisMigratoria #ES #España #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #LatestNews #LatestNews #LibertadPrensa #manifestaciones #Migración #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #Periodistas #Spain #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias #Ultras

https://www.europesays.com/es/753812/ Deportaciones inmediatas, intercambios con estudiantes rusos y más banderas: el plan de los ultras en Alta Sajonia #AdolfHitler #Alemania #BreakingNews #BreakingNews #directo #ES #España #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #LatestNews #LatestNews #Migración #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasUltimaHora #NoticiasDestacadas #Rusia #Spain #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias #Ultraderecha

Agresiones a los periodistas en Ceuta: del “¡traidores!” al “¡ojalá os violen!”

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📰 Migración y la creciente amenaza rusa: exembajador explica el avance de la extrema derecha en Europa
🔗 https://www.biobiochile.cl/biobiotv/programas/expreso-bio-bio/2026/09/07/migracion-y-la-creciente-amenaza-rusa-exembajador-explica-el-avance-de-la-extrema-derecha-en-europa.shtml

#migracion #extremaderecha #europa #amenazarusa

¿Se está mudando el pulpo gallego al Reino Unido?

https://tardigram.com/m/MedioAmbiente/t/63979

🎬🇲🇽 #Cultura | ¡Historias que cruzan fronteras! El documental "Oye, We're from Here Too" arranca su ruta por prestigiosos festivales de cine en México y Estados Unidos, visibilizando la identidad y vivencias de la comunidad migrante. 🎥🇺🇸 #CineMexicano #Migración #Documental
https://zurl.co/DINAr

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Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo | Vivas insiste en que Marruecos está detrás de la crisis y denuncia que Ceuta “no tiene margen temporal para seguir aguantando”

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El provocador británico de extrema derecha Milo Yiannopoulos arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos [ENG]

https://tardigram.com/m/Politica/t/60252

🚨🚔 #Noticias | Caen en Jalisco cinco presuntos integrantes de una red de tráfico de personas vinculada al grupo delictivo "La Nueva Empresa". Las detenciones se lograron tras operativos federales en la entidad. 🏛️📜 #Jalisco #Seguridad #Migración #Justicia
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México y EU: Marco Rubio pide más cooperación contra cárteles y fentanilo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió avanzar en acciones contra la migración ilegal, el tráfico de fentanilo y los cárteles durante su reunión con el canciller mexicano Roberto Velasco en Washington #MarcoRubio #RobertoVelasco #México #EstadosUnidos #Fentanilo #Migración #ElUniversal…

https://fllics.com/en/video/mexico-y-eu-marco-rubio-pide-mas-cooperacion-contra-carteles-y-fentanilo/

Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

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El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

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Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

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Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir.

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Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

Punto cero

El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: El zumbido al moscardón

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Opinión | Daniel Almazán | La doctrina del shock en pleno Mundial

Es un hecho comprobado y documentado que las personas son mucho más vulnerables a la manipulación cuando se encuentran en un estado de shock, crisis, confusión o, en un estado de distracción extrema…

Por Daniel Almazán Jiménez*                            

(…) pero, ¿por qué ocurre esto? De acuerdo a especialistas, en dicho estado existe un “colapso cognitivo” en donde el cerebro se satura ante el impacto emocional o distractivo y se crea un obstáculo a la concentración por lo que suspende temporalmente el pensamiento crítico.

Por ello, y al perder el control de la situación incluso de manera inconsciente, las personas buscan desesperadamente una figura ya sea de su devoción o de autoridad que les diga qué hacer como parte del instinto de supervivencia por lo que, las decisiones dejan de ser racionales y pasan a ser emocionales o instintivas como el huir, luchar o de plano paralizarse y que mejor que un mundial de fútbol como acontecimiento masivo de distracción.

Incluso, en su libro La Doctrina del Shock de Naomi Klein, la autora canadiense afirma que: “En momentos de crisis, la población está dispuesta a entregar un poder inmenso a cualquiera que afirme disponer de la cura mágica, tanto si la crisis es una fuerte depresión económica como sí es un atentado terrorista…” lo que refuerza que, la población entera es más vulnerable durante su estado de conmoción ocasionado por distractores bélicos, políticos, sociales, deportivos o culturales.

Para ser más claros y prácticos, quiero ejemplificar esta teoría con el caso de Argentina a quien he observado detenidamente pues, a mi parecer, ese país vive en estos momentos, un impacto emocional tremendo que se traduce en un profundo sueño esperanzador de volver a ganar la copa del mundo y obtener la cuarta estrella en este mundial 2026 y, ante ese tan anhelado deseo, muchos “boludos” se han dejado llevar por su pasión y varios de ellos, han perdido la cabeza lanzando actos racistas que incitan al odio en contra de sus rivales y no rivales como se ha documentado en diversos medios de comunicación y en redes sociales, y quizá el caso más sonado fue el del lector de noticias Eduardo Feinmann que aprovechó la distracción y los efectos del shock futbolístico que, como decimos en México, se fue de hocico al sacar su lado racista y discriminatorio al asegurar que «detesta a los mexicanos«, incluso se atrevió a decir que, los mexicanos sienten envidia de los argentinos… «no solamente en el fútbol, sino en todo» al mismo tiempo que descalificaba el nivel de la Selección Mexicana de quien dijo sus jugadores que la conforman «son de madera…»

Para empezar y a título personal, creo que esa persona al que no puedo nombrar colega, se equivoca al pensar que los mexicanos envidian a los argentinos toda vez que, no creo que un ser humano en su sano juicio desee mudarse de un país como México que a nivel global ocupa el puesto número 12 del ranking de economías más grandes del mundo por Producto Interno Bruto (PIB), hacia una nación como Argentina que se sitúa en la posición 24 de acuerdo a datos oficiales y para poner un ejemplo más claro, hago un desglose de los indicadores principales que explican los tamaños y la situación de ambas economías y para ello basta explicar que, México cuenta con un PIB de aproximadamente de 1.83 billones de dólares, lo que la convierte en la segunda economía más grande de América Latina (sólo por debajo de Brasil) y l numero 12 nivel mundial mientras que Argentina cuenta con un PIB nominal de alrededor de 683 mil millones de dólares, ubicándose en el puesto número 24 a nivel global y con una economía de las más golpeadas en América.

Por ello, México se da el lujo de conservar y robustecer programas sociales que van directamente a los ciudadanos mientras que, en aquel país del sur, en lo que va de la administración de Javier Milei, segun dayos periodísticos, se han eliminado más de una decena de programas sociales, “por considerarse inefectivos” y la inversión en áreas y políticas de género ha sufrido una reducción de casi el 95% lo que vulnera aún más a su población.

Para efectos prácticos y en relación a los bolsillos, el poder adquisitivo en México es actualmente superior al de Argentina ya que, en nuestro país, los salarios reales han acumulado un aumento histórico y el salario mínimo ronda en promedio 552 dólares mensuales. Por el contrario, Argentina enfrenta una fuerte volatilidad y pérdida de su poder adquisitivo y un costo de vida que se ha encarecido en relación con sus ingresos que, oscilan entre los 251 USD es decir, un argentino gana casi la mitad de lo que gana un mexicano por lo que, reitero, no creo que un ser humano, en su sano juicio, envidie esa condición de vida y quiera percibir la mitad de su sueldo por su trabajo y, por si fuera poco, a un argentino le cuesta un dólar estadounidense $1,487.00 pesos de acuerdo a la paridad oficial, mientras que, a un mexicano cada dólar le cuesta $17.47 pesos y así, podemos describir infinidad de comparativos pero, a grandes rasgos el sector económico nos muestra la situación de cada nación situación que, estoy seguro no vio aquel pseudoperiodista y pésimo comunicador o, de plano, no quiere ver porque si detesta a los mexicanos, esta realidad lo ha de estar torturando.

Y es justamente la realidad de Argentina la que es motivo de este análisis del shock toda vez que, la esperanza adormecedora de los sudamericanos, los ha cegado a tal grado que, mientras transcurre el mundial y su selección sigue ganando partidos y Messi sige anotando goles, no se han dado cuenta que de acuerdo a fuentes, en su propio país siguen afectando a los jubilados, trabajadores y estudiantes con la implementación de políticas cada vez menos sociales; incluso, en un solo año, Milei aumentó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un 36%, es decir, 15 mil 200 millones de dólares que mantiene a Argentina como el mayor deudor individual del FMI del mundo.

Aunado a eso, el parlamento sigue aprobando leyes que facilitan el despojo de tierras, minerales y recursos en general y hasta, investigaciones afirman que, la Patagonia se está malbaratando debido a acuerdos con Israel a quien le facilitan la compra de tierras rurales en beneficio de los israelíes. Datos que ya son públicos pero que, debido a la doctrina del shock ocasionada por el mundial, nadie o, casi nadie ha alzado la voz ante tan cruda y dolorosa realidad a la que se enfrentarán los hermanos argentinos una vez que, termine el mundial, aunque conociendo su pasión por el fútbol, y sin importar que la misma Asociación de Futbol Argentino y su presidente estén siendo investigados por posibles actos de corrupción y lavado de dinero, no faltará quien diga que, no hay nada más importante para ellos que, tener la copa del mundo como si eso, les daría estabilidad económica a una nación tan bella como la Argentina en donde saben quizá que ganar el mindial es lo único a lo que realmente tienen posibilidad.

En consecuencia, mientras millones celebran una jugada, discuten un arbitraje o sueñan con una nueva estrella, las decisiones que realmente definirán el futuro de una nación continúan avanzando lejos de los reflectores, porque los campeonatos pasan, las ovaciones se apagan y los estadios se vacían y cuando el ruido termine, cuando las banderas se guarden y las transmisiones concluyan, cada pueblo tendrá que mirar de frente la realidad que dejó crecer mientras eran vulnerables y observaban la pantalla.

Periodista | Twitter: @Daniel1Almazan  

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Opinión | Daniel Almazán | El fútbol bajo el secuestro del capitalismo

El fútbol nació como una expresión de la clase obrera y una celebración lúdica de los pueblos…

Por Daniel Almazán Jiménez*                            

(…) un deporte que ha convertido en héroes nacionales a jóvenes que difícilmente habrían encontrado otro camino para alcanzar dicho reconocimiento y por ende, fortuna, pues las grandes figuras que han maravillado al mundo durante décadas, desde Pelé y Maradona hasta Messi y Cristiano Ronaldo, surgieron de barrios populares, crecieron jugando en calles de tierra, aprendieron a gambetear entre amigos que encontraron gracias a una pelota y dos piedras que usaban como portería lo que les dio su verdadero talento y con él, una oportunidad para cambiar su destino, por ello resulta profundamente contradictorio que el deporte más popular del planeta se encuentre hoy subordinado a una lógica donde el negocio parece importar más que la pasión que le dio origen.

Durante décadas, las tribunas estuvieron ocupadas por trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias enteras que encontraban en el fútbol una forma de identidad colectiva, una experiencia compartida que trascendía diferencias económicas, religiosas o políticas, sin embargo, conforme avanzó la globalización han venido creciendo los intereses comerciales alrededor de los grandes torneos y el aficionado dejó de ser el centro del espectáculo para convertirse en cliente o, peor aún, en un costoso QR que facilite su acceso a una tribuna a presenciar un partido y, en gran parte, eso orilló a que, aquellos niños de barrio talentosos y hoy famosos dejaran de ser únicamente deportistas para transformarse en activos financieros capaces de generar miles de millones de dólares para unos cuantos o sea, para el capital que le ha arrebatado a la mayoría de la humanidad el fútbol.

Y para muestra, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que simboliza mejor que nada esta transformación, pues aunque formalmente se presenta como una organización deportiva internacional, en los hechos opera como una de las corporaciones más rentables del planeta, obteniendo ingresos multimillonarios a través de los derechos de transmisión para la televisión, contratos de patrocinio, venta de boletos hasta en 300 mil pesos mexicanos, paquetes de hospitalidad corporativa y la comercialización prácticamente total de la experiencia futbolística, de tal manera que la pasión por este deporte ahora es un producto y materia prima para una industria global cuyo principal objetivo ya no es el deporte ni el pretexto idóneo para la unidad entre los pueblos sino maximizar ganancias para el capital, dicho más claro, para unos cuantos.

Gracias a esa visión ambiciosa pero, sobre todo, por la distorsión del deporte, la FIFA se ha visto envuelta en escándalos de corrupción y muchos han acusado de favorecer a equipos y figuras que más dinero les han dejado a los directivos de la FIFA y por ello, es entendible que al interior de esta institución se desaten arduas batallas para la compra de votos para elegir sedes del mundial de fútbol, sobornos de empresas para ganar los derechos de transmisión de partidos y abusos contra personas migrantes en la construcción de estadios pues se han dado cuenta que el fútbol es uno de los negocios multimillonarios en los que, de acuerdo a analistas, muchas corporaciones han invertido cantidades exorbitantes para tener presidentes de este organismo a modo y así ganar sedes, cesión de derechos y hasta la imagen de un mundial.

Por ello, expertos aseguran que la FIFA protege también a los jugadores más mediáticos y que dejan enormes ganancias particularmente cuando decisiones arbitrales polémicas terminan favoreciendo a quienes representan buena parte del valor comercial del espectáculo como Messi y la controversia reciente de este mundial 2026 alrededor del astro argentino ha alimentado esa percepción, pues para aficionados y doctos del reglamento de fútbol como el ex árbitro mexicano, dos veces mundialista y uno de los mejores silbantes del mundo, Arturo Brizio, Lionel Messi debió ser expulsado en el partido contra Argelia, toda vez que, “la acción de Messi reunió todos los elementos para ser calificada como tarjeta roja, prohibirle su camino al récord y suspenderlo para el próximo partido…”.

Y es que, si se analiza dicho partido, nos damos cuenta de que, el argentino “cometió juego brusco grave por atrás, planchó al rival, hizo contacto con sus tachones en la pantorrilla” y haciendo un poco de historia, desde hace años el criterio es claro, las planchas por arriba del tobillo deben calificarse con roja y no lo digo yo sino el propio criterio que deben tomar los árbitros de acuerdo al reglamento al que se rigen, es más, ni siquiera fue revisada la jugada por lo que, se mantuvo en el campo para anotar tres goles y empatar a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales y esa hazaña vende más boletos, más cerveza, más playeras y por ello no fue expulsado pues a la FIFA no le hubiera convenido que Messi no jugara lo que restaba del partido y el siguiente en donde por cierto, también anotó pues dicha acción que debió haber terminado en expulsión se resolvió con indulgencia arbitral, permitiéndole continuar en el Mundial y sumar goles que, bajo una aplicación más estricta del reglamento, no habrían existido, una circunstancia que inevitablemente es evidencia del peso económico que tiene la figura de Messi dentro del ecosistema capitalista y comercial del fútbol moderno.

Y es que Messi no es solamente un jugador extraordinario, es también una marca global, como describo líneas arriba, una figura capaz de vender millones de camisetas, atraer patrocinadores internacionales, incrementar audiencias televisivas y disparar el valor comercial de cualquier torneo en el que participe, siempre con la protección de instituciones señaladas de corruptas y arbitrajes polémicos, exactamente igual que ocurre con otras figuras como Mbappé, Cristiano Ronaldo y más recientemente Lamine Yamal, cuyos nombres representan mucho más que talento deportivo, pues se han convertido en elementos esenciales para una industria que depende cada vez más de rostros globales para mantener el interés de las audiencias y garantizar ingresos crecientes.

Todo ello refleja una transformación mucho más profunda que una simple estrategia comercial, pues el fútbol parece haber dejado de concebirse como un ritual colectivo para convertirse en una mercancía global, un espacio donde las decisiones deportivas conviven cada vez más con intereses económicos que terminan contaminando la percepción de justicia dentro de la cancha, una lógica que contradice la esencia misma de un deporte que nació precisamente entre los sectores populares y que ahora es inalcanzable, no sólo para esos sectores sino para las clases sociales medias y algunas altas pues de plano, los boletos, en este mundial no fueron pensados para todos.

Sin miedo a equivocarme, estoy seguro que muchos comparten esta realidad y también no descarto que muchos duden de la misma pero, cuando una organización capitalista obtiene miles de millones de dólares gracias a la presencia de determinados jugadores, cuando las figuras más mediáticas son fundamentales para sostener contratos televisivos, patrocinios, ventas globales e incluso el poder vender en un estadio una cerveza en 20 dólares (350 pesos mexicanos) resulta inevitable que surjan sospechas después de cada decisión polémica y que parece beneficiarlos y el aficionado queda relegado a un papel secundario al tomarle el pelo y con ello, la pasión popular es utilizada como combustible para una maquinaria financiera cada vez más alejada de la gente.

En suma, todo ello nos debería obligar a pensar y reflexionar sobre cada acontecimiento ya sea deportivo, cultural o social para mirar más allá pues en el caso del fútbol, la progresiva transformación del deporte más popular del mundo en un negocio donde las estrellas son vendidas como mercancía y productos y no como atletas pues representan más inversiones y ganancias inflándolos ante los medios y todas las trampas que hay detrás de cada figura adorada por chicos y grandes mientras que, los aficionados se reducen a consumidores y con ello, la credibilidad deportiva corre el riesgo de subordinarse a la rentabilidad, una realidad que debería preocuparnos a todos, porque cuando el negocio se impone a la justicia y la confianza, lo que está en juego no es sólo la reputación de un jugador, sino la esencia misma de un deporte cada vez más secuestrado por el capitalismo.

Periodista | Twitter: @Daniel1Almazan  

Columna anterior: Racismo y negocio: la otra cara del Mundial

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Opinión | Daniel Almazán | Racismo y negocio: la otra cara del Mundial

El fútbol nació en las calles, en los barrios, en las plazas donde bastaba una pelota para reunir a cientos de personas sin importar su origen, religión o condición económica…

Por Daniel Almazán Jiménez*                            

(…) por ello resulta profundamente contradictorio que el Mundial 2026, la máxima fiesta del deporte más popular del planeta, se esté desarrollando bajo un ambiente marcado por la discriminación, la segregación y el endurecimiento de políticas migratorias que contradicen por completo los valores que históricamente ha intentado promover el propio fútbol.

No es casualidad que analistas internacionales hayan comenzado a referirse a esta edición como el “Mundial de Trump”, pues la política migratoria impulsada por el gobierno estadounidense ha terminado por convertir lo que debería ser una celebración global en un escaparate de exclusión y sospecha permanente hacia determinadas nacionalidades, particularmente aquellas provenientes de África, Medio Oriente y países considerados incómodos para los intereses geopolíticos de Washington.

Los ejemplos son numerosos y preocupantes: la deportación del árbitro somalí Omar Artan, considerado uno de los mejores del continente africano, provocó indignación en distintos sectores del mundo deportivo; a ello se suman los controles excesivos y humillantes aplicados a integrantes de diversas selecciones africanas, la retención durante horas de jugadores y representantes de países árabes, así como las dificultades impuestas a miles de aficionados que simplemente desean acompañar a sus equipos nacionales en la máxima competencia futbolística. Particularmente ilustrativo resulta el caso de Irán, las tensiones políticas entre Washington y Teherán han llegado al extremo de obligar a la selección iraní a establecer su concentración fuera del territorio estadounidense, en Tijuana concretamente, trasladándose únicamente para disputar sus encuentros, es decir, incluso el fútbol, que históricamente ha servido como puente entre pueblos enfrentados, ha terminado subordinado a las disputas políticas de una potencia que pretende controlar quién entra, quién permanece y quién puede disfrutar de una Copa del Mundo.

Todo ello ocurre mientras la FIFA guarda un silencio cada vez más incómodo, pues durante años el organismo rector del fútbol mundial impulsó campañas bajo consignas como “No al Racismo” y “El fútbol une al mundo”, sin embargo, cuando las restricciones migratorias y los actos discriminatorios provienen de uno de los países anfitriones más poderosos del planeta, aunque hoy esa condición ya no es incuestionable y algunos analistas sostienen que Rusia ha logrado superarlo en diversos ámbitos estratégicos, mientras China disputa abiertamente el liderazgo económico mundial, esas consignas parecen desaparecer convenientemente, la institución que suele exigir neutralidad a los jugadores parece incapaz de exigir respeto a los principios básicos de igualdad y no discriminación.

La contradicción alcanza niveles aún más evidentes cuando observamos el perfil de algunas de las principales figuras del torneo, futbolistas como Kylian Mbappé o Lamine Yamal representan precisamente aquello que la narrativa ultranacionalista y antiinmigrante intenta descalificar, son hijos o descendientes de migrantes que encontraron en sociedades diversas la oportunidad de desarrollarse y convertirse en referentes mundiales. Resulta paradójico que mientras algunas corrientes políticas buscan presentar a los migrantes como una amenaza, sean precisamente los hijos de esas comunidades quienes protagonizan los mayores espectáculos deportivos del planeta, el fútbol moderno sería inconcebible sin la aportación de millones de personas que, en algún momento de su historia familiar, cruzaron fronteras en busca de mejores oportunidades.

A ello debe añadirse otro elemento que contradice la esencia popular de este deporte: los costos exorbitantes para asistir a los partidos, mientras los discursos oficiales hablan de inclusión y celebración global, la realidad es que millones de aficionados simplemente han quedado excluidos por los precios de los boletos, basta recordar otros mundiales para comprender el contraste, en México 70 un aficionado pudo ver a Pelé levantar su última Copa del Mundo y en 1986 miles presenciaron en el Estadio Azteca la consagración de Maradona con la “mano de Dios” y el gol del siglo, experiencias que aún con sus limitaciones mantenían la premisa de que la Copa del Mundo pertenecía a la gente, hoy, en cambio, parece diseñada para maximizar ganancias económicas con boletos de hasta 300 mil pesos, mientras se endurecen controles migratorios, se incrementa la vigilancia y se limita la participación de sectores enteros de la población mundial.

Por supuesto, ningún país puede renunciar a sus responsabilidades en materia de seguridad, sin embargo, existe una diferencia enorme entre garantizar la seguridad de un evento y convertirlo en un laboratorio de políticas de exclusión, cuando las revisiones, las restricciones y las sospechas se concentran sistemáticamente sobre determinadas nacionalidades, religiones o regiones del mundo, la línea entre la seguridad y la discriminación se vuelve peligrosamente delgada.

En definitiva, el Mundial 2026 exhibe una contradicción profunda: mientras el fútbol es un lenguaje universal capaz de unir a la humanidad, las políticas impulsadas desde uno de los países anfitriones parecen empeñadas en dividirla, y quizá esa sea la imagen más preocupante de esta Copa del Mundo, una fiesta global organizada bajo la sombra de la segregación, donde el negocio parece importar más que las personas y donde los valores que hicieron grande al fútbol terminan subordinados a los intereses políticos.

Periodista | Twitter: @Daniel1Almazan  

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#LasHistorias sigue celebrando su aniversario, y lo hace esta noche con un nuevo #cuento, breve y tremendo, de la gran narradora francesa Annie Saumont (1927-2017).

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