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  1. Auditoría detecta pagos por 592.3 mdp a 67 mil beneficiarios de Becas Benito Juárez sin validar

    Una fiscalización detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de Becas Benito Juárez sin validación ante el Registro Nacional de Población, además de tarjetas activas que no fueron entregadas.

    Por Gustavo García | Reportero                                                                              

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó pagos por 592.3 millones de pesos a 67 mil 142 beneficiarios de los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez cuyos datos obtuvieron un resultado negativo durante la confronta con el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo).

    Los hallazgos corresponden a la fiscalización de los programas de becas de educación básica, media superior y superior, con revisiones correspondientes a 2024 y parte de 2025. La observación se refiere a recursos dispersados pese a que los datos de esos beneficiarios no pudieron ser validados mediante el registro poblacional.

    La revisión forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 2025 de la SABG y también identificó irregularidades en la operación de las tarjetas utilizadas para entregar los apoyos económicos.

    Casi 95 mil tarjetas fueron reportadas como activas

    Durante 2024, el Banco del Bienestar reportó que 95 mil 960 tarjetas destinadas a beneficiarios de las becas no habían sido entregadas.

    De ese universo, 94 mil 251 tarjetas aparecían como activas, pese a que el procedimiento establece que deben activarse después de que la persona beneficiaria recibe el plástico.

    La fiscalización identificó además que en mil 78 de esas cuentas se dispersaron 8.6 millones de pesos, aun cuando las tarjetas correspondientes no habían sido entregadas.

    El hallazgo plantea una inconsistencia entre la entrega física de los medios de pago y el registro de su activación, por lo que la operación quedó incluida entre las observaciones derivadas de la revisión.

    También detectan pagos a alumnos de escuelas no prioritarias

    La fiscalización encontró otro grupo de irregularidades relacionado con mil 376 beneficiarios inscritos en escuelas privadas de educación básica, quienes recibieron pagos por 8.5 millones de pesos.

    De acuerdo con las reglas aplicables al programa, los apoyos de educación básica debían dirigirse a estudiantes de planteles públicos considerados dentro de los criterios de atención establecidos.

    En conjunto, los hallazgos muestran inconsistencias en los procesos de identificación de beneficiarios, validación de información y dispersión de los recursos de los programas de becas. –sn–

    Alumno con tarjeta de beca

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  2. La transformación de las áreas de fiscalización

    Opinión
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    #Fiscalización #Impreso #Opinión #Áreas

    diarioextra.com/noticia/la-tra

  3. 📰 El gran susto de Gonzalo Ramírez: relata tenso encuentro con carabinero durante fiscalización

    El reconocido periodista relató en pantalla el complejo y confuso momento que vivió frente a un funcionario policial e...
    🔗 adnradio.cl/2026/09/30/el-gran

    #fiscalizacion #sustogonzaloramirez #carabinero

  4. 📰 Constituyen comisión por caso Cerimedo y bots: Montalva promete fiscalización «implacable»

    La instancia quedó integrada por 13 parlamentarios y se enmarca en las acciones de fiscalización surgidas a r...
    🔗 lavozdelosquesobran.cl/hoy/con

    #cerimedo #bots #montalva #fiscalizacion #parlamentarios

  5. SAT registra más de 82 millones de atenciones a contribuyentes entre enero de 2025 y julio de 2026

    El SAT reportó 82.2 millones de atenciones a contribuyentes entre enero de 2025 y julio de 2026; 47 millones fueron realizadas mediante canales digitales y 26.1 millones a través de SAT ID.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    El Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró 82 millones 220 mil 748 atenciones a contribuyentes entre enero de 2025 y julio de 2026, de las cuales 35 millones 275 mil 276 fueron presenciales y alrededor de 47 millones se realizaron mediante canales remotos.

    El volumen equivale a un promedio de 96 mil 535 atenciones diarias durante el periodo reportado. Entre los servicios presenciales más solicitados por personas físicas se encuentran la generación de la e.firma y la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

    La cifra refleja el creciente peso de los canales digitales en la atención fiscal. El SAT ha señalado que su estrategia para 2026 contempla ampliar la atención y simplificar trámites, además de fortalecer la presencia mediante nuevas oficinas y el programa Oficina Móvil.

    SAT ID concentra más de 26 millones de atenciones

    Del total registrado, 26 millones 101 mil 687 atenciones correspondieron a la plataforma SAT ID, herramienta mediante la cual los contribuyentes pueden realizar diversos procedimientos sin acudir físicamente a una oficina.

    Entre sus servicios se encuentran la generación o renovación de la Contraseña, la solicitud de la Constancia de Situación Fiscal con la Cédula de Identificación Fiscal integrada y la renovación de la e.firma cuando su vencimiento no supera un año.

    El uso de esta plataforma representa una parte significativa de la atención remota del SAT. Como referencia, durante todo 2025 el organismo reportó 29 millones 597 mil 630 atenciones mediante sus distintos canales remotos, incluidos teléfono, chat, web, OrientaSAT, Oficina Virtual y SAT ID.

    Mensajes y teléfono, entre los canales utilizados

    Además de SAT ID, el organismo reportó 9 millones 569 mil 635 atenciones mediante mensajes, mientras que 3 millones 391 mil 682 fueron realizadas vía telefónica.

    El resto de las atenciones remotas correspondió a servicios como internet, chat, OrientaSAT, redes sociales, telemensajes y Oficina Virtual.

    La evolución de estos canales forma parte de una estrategia de atención que el SAT ha venido ampliando. En los primeros cinco meses de 2025, por ejemplo, la autoridad fiscal había contabilizado 24 millones 840 mil 105 atenciones presenciales y remotas, un incremento de 13 por ciento frente al mismo periodo de 2024.

    ¿Qué trámites realizan más los contribuyentes?

    En la atención presencial, la e.firma y la inscripción al RFC figuran entre los procedimientos con mayor demanda entre las personas físicas.

    La tendencia hacia la digitalización también se observa en los servicios vinculados con las obligaciones fiscales. Durante el periodo de la Declaración Anual 2025, el SAT registró 4 millones 792 mil 759 atenciones, de las cuales 1 millón 540 mil 476 se realizaron mediante SAT ID.

    El organismo mantiene como uno de sus objetivos para 2026 ampliar los servicios de atención y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Su Plan Maestro 2026 contempla, además, una mayor presencia territorial mediante nuevas oficinas y el fortalecimiento de la Oficina Móvil. –sn–

    Fachada del SAT

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  6. Gobierno propone reforma a Contraloría que la debilita más que con ley Jaguar

    Proyecto de Ejecutivo elimina controles previos y de eficiencia, limita investigación y facultades para emitir órdenes
    La entrada Gobierno propone reforma a Contraloría que la debilita más que con ley Jaguar aparece primero en Semanario Universidad.

    #AsambleaLegislativa #ContraloríaGeneralDeLaRepública #Fiscalización #LeyJaguar #País

    semanariouniversidad.com/pais/

  7. La ASF mantiene abiertas 30 auditorías al Poder Ejecutivo de Querétaro. Además, inició la fiscalización de los recursos federales de la Cuenta Pública 2025 ejercidos por el estado y sus 18 municipios.

    #Queretaro #ASF #CuentaPublica #Fiscalizacion

    updateme.news/local/asf-mantie

  8. INE aclara contrato con Territorium Life y niega incumplimientos en su plataforma de capacitación

    El INE precisó que su contrato con Territorium Life corresponde al Centro Virtual INE para capacitación y gestión del aprendizaje, y aseguró que no registra incumplimientos en el servicio.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El Instituto Nacional Electoral (INE) precisó que el contrato vigente con Territorium Life SAPI de C.V. corresponde exclusivamente a la operación tecnológica del Centro Virtual INE (CVI), utilizado para capacitación, formación y gestión del aprendizaje de su personal, y no para aplicar exámenes de admisión.

    La aclaración ocurre después de que la empresa quedó bajo escrutinio público por el caso del examen de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La universidad rescindió anticipadamente su contrato con Territorium Life y anunció auditorías para revisar la plataforma utilizada en las pruebas de admisión de 2026.

    El INE sostuvo que los servicios contratados por otras instituciones corresponden a procedimientos distintos y que las evaluaciones sobre esos contratos no tienen relación con el cumplimiento del acuerdo que mantiene para su Centro Virtual.

    ¿Qué contrató el INE con Territorium Life?

    El procedimiento identificado como Licitación Pública Nacional Presencial LP-INE-072/2023 tuvo como objeto contratar una plataforma tecnológica para el funcionamiento del Centro Virtual INE. El fallo documental del procedimiento registra a Territorium Life como licitante y señala que su propuesta cumplió las especificaciones técnicas requeridas.

    De acuerdo con el documento de la licitación, el servicio contempla una plataforma bajo la modalidad de software como servicio, además de hospedaje, soporte técnico y funcionalidades para la supervisión automática de evaluaciones en línea. La vigencia prevista fue de 44 meses, con prestación del servicio a partir de 2024.

    El propio Centro Virtual INE también cuenta con una aplicación móvil desarrollada por Territorium Life, destinada al acceso a cursos, tareas, calificaciones y otros recursos de aprendizaje institucional.

    INE asegura que no registra incumplimientos

    El Instituto informó que el contrato comenzó a ejecutarse en 2024 y que, hasta ahora, no tiene registrados incumplimientos relacionados con la prestación del servicio para el Centro Virtual INE.

    También señaló que durante la licitación contó con elementos técnicos y económicos para determinar que la propuesta adjudicada ofrecía condiciones favorables, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

    El organismo agregó que mantiene mecanismos de supervisión y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

    El contrato del INE es distinto al de los exámenes de admisión

    La precisión del INE establece una diferencia entre su plataforma de capacitación institucional y los servicios que Territorium Life proporcionó a otras instituciones educativas para procesos de admisión.

    El caso que originó el actual escrutinio público involucra a la UNAM, que decidió terminar anticipadamente su relación contractual con la empresa después de detectar irregularidades en los resultados de sus exámenes de ingreso y anunció una auditoría tecnológica.

    La información publicada sobre otros contratos también ha señalado que Territorium Life mantiene o ha mantenido acuerdos con diversas instituciones públicas, entre ellas el INE, aunque los servicios y objetos contractuales son diferentes.

    Con ello, el INE busca precisar que la contratación de Territorium Life para el Centro Virtual INE responde a un procedimiento específico y a necesidades institucionales de capacitación, por lo que cualquier revisión relacionada con servicios de evaluación o admisión contratados por otras instituciones debe analizarse de manera independiente. –sn–

    Sede del INE

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  9. Michoacán hace pagos a contribuyentes señalados por el SAT como simuladores de operaciones: MCCI

    Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que el gobierno de Michoacán realizó pagos a contribuyentes incluidos por el SAT en listas de presuntos simuladores de operaciones fiscales.

    Por Valeria Durán | MCCI                                           

    Entre julio y septiembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizó una serie de pagos a dos empresas fantasma definitivas y a tres más incluidas en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. MCCI solicitó vía Transparencia las facturas que amparan esos pagos, pero el Gobierno michoacano ocultó la información

    El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, realizó pagos a contribuyentes oficialmente declarados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas fantasmas, además de hacer una serie de pagos a personas físicas que están siendo investigadas por simulación de operaciones.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2082828868998631661?s=20

    Los pagos se realizaron para cubrir supuestos servicios de hospedaje, combustible y alimentos en comisiones que realizó personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que forma parte de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

    Las facturas por estos supuestos servicios se realizaron mientras José Antonio Cruz Medina, actual Secretario de Seguridad Pública, ocupó el cargo de subsecretario de Investigación Especializada.

    El 16 de noviembre de 2025, Alfredo Ramírez Bedolla informó que José Antonio Cruz Medina asumiría el cargo de Secretario de Seguridad de Michoacán, en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés. 

    El relevo, declaró Ramírez Bedolla, fue para consolidar el “Plan Michoacán”, el cual fue implementado por autoridades federales y locales luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

    “El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” es una estrategia integral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025 para atender la crisis de violencia y fortalecer el desarrollo económico y social en Michoacán. A diferencia de un operativo exclusivamente policial, el plan combina acciones de seguridad con inversiones en infraestructura, programas sociales, educación y desarrollo regional.

    Previo a ocupar su cargo actual, José Antonio Cruz Medina estuvo aproximadamente tres meses como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

    Las facturas fantasma 

    Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a una serie de facturas que fueron pagadas por el Gobierno del Estado de Michoacán, a las personas físicas Baltazar Díaz Sánchez y Enrique Alejandro Santiaguillo Rivera. Ambos contribuyentes han sido incluidos por el SAT en la lista definitiva de simuladores de operaciones, coloquialmente conocidos como empresas fantasma.

    Los pagos a Baltazar Díaz fueron por hospedaje y alimentos, mientras que Alejandro Santiaguillo facturó a nombre de un hotel llamado “Mi Solar”, por los mismos conceptos además de venta de combustible.

    Además, se pagaron otro grupo de facturas a las personas físicas Constantina Corona Bello, Efren Caldelas Quino -Nuevo Hotel México- y Joaquín Rossainz Hernández -Hotel Hernández-. Este grupo de contribuyentes aparece en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. 

    MCCI verificó los folios fiscales de cada una de las facturas emitidas por este grupo de contribuyentes y confirmó que el estado de cada uno de los CFDIs aparece como “vigente”.

    Vía Plataforma Nacional de Transparencia, MCCI solicitó copia de todas las facturas pagadas a nombre de las personas físicas que aparecen tanto en el listado definitivo como las que están en el listado de presuntas simuladoras de operaciones.

    Las solicitudes fueron enviadas a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán. 

    Como documento adjunto se les envió a esas dependencias un PDF con una de las facturas emitidas por cada contribuyente, donde aparecía el RFC del Gobierno del Estado de Michoacán. 

    Pese a que se enviaron evidencias de que las facturas existen, todas las dependencias michoacanas negaron tener información de pagos realizados a nombre de esos contribuyentes. –sn–

    La investigación completa en MCCI

    Alfredo Ramírez Bedolla | Gráfico: MCCI

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  10. La fiscalización es una molestia o una declaración política

    La fiscalización es una molestia o una declaración política
    El oficialismo habla de la fiscalización como una molestia, no es eficiencia es una peligrosa impaciencia a los límites del poder. Lo grave es que casi el 44% que votó por Laura no se dan cuenta. Algunos ya han despertado. Cuando el oficialismo califica la fiscalización —ya provenga de la Contraloría General de la República […]
    Redacción
    El Mundo CR

    #ContraloríaGeneralDeLaRepública #DeclaraciónPolítica #Fiscalización #LauraFernández #Opinión

    elmundo.cr/opinion/la-fiscaliz

  11. Auditoría revela pérdidas e irregularidades millonarias durante desaparición de Segalmex

    Una auditoría externa practicada al proceso de desincorporación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) detectó pérdidas, cuentas incobrables e irregularidades administrativas durante su fusión con Diconsa, ahora Alimentación para el Bienestar, como parte de la Cuenta Pública 2025.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    La desaparición de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) como organismo operativo dejó al descubierto presuntas irregularidades financieras y administrativas durante su proceso de fusión con Diconsa, hoy Alimentación para el Bienestar, de acuerdo con una auditoría externa realizada con motivo de la Cuenta Pública 2025.

    El informe, elaborado por el despacho De Anda, Torres, Gallardo y Compañía, señala pérdidas económicas, cuentas de difícil recuperación y diversas inconsistencias contables que, según el documento, impidieron continuar con la revisión de algunos rubros debido a deficiencias en la información disponible.

    Auditoría detecta problemas financieros y administrativos

    La revisión externa identificó un conjunto de observaciones relacionadas con el proceso de desincorporación del organismo, entre ellas pérdidas patrimoniales, cuentas consideradas incobrables y deficiencias administrativas que complicaron la verificación del estado financiero de Segalmex.

    De acuerdo con el informe, las inconsistencias detectadas limitaron el alcance de la auditoría en determinadas áreas, al no contar con elementos suficientes para emitir una opinión sobre algunos registros contables y operaciones.

    Fusión con Diconsa

    El proceso auditado corresponde a la integración de Segalmex con Diconsa, organismo que actualmente opera bajo el nombre de Alimentación para el Bienestar, como parte de la reestructuración del sistema de distribución de alimentos impulsada por el gobierno federal.

    La auditoría evaluó las condiciones en que se desarrolló la transferencia de activos, pasivos y procesos administrativos durante esa transición.

    Observaciones forman parte de la Cuenta Pública 2025

    El documento fue elaborado como parte de los trabajos de revisión de la Cuenta Pública 2025 y expone observaciones relacionadas con el manejo administrativo y financiero del organismo durante su etapa final de operación.

    Las observaciones de una auditoría constituyen hallazgos técnicos que pueden dar lugar a procesos de aclaración, solventación o, en su caso, a investigaciones adicionales por parte de las autoridades competentes, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación aplicable. –sn–

    Segalmex

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  12. SCJN frena sanciones contra Abelina López; determina que sólo la ASF puede auditar recursos federales de Acapulco

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) carece de facultades para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, por lo que anuló las sanciones impuestas a servidores públicos municipales.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) no tiene atribuciones para fiscalizar recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco, por lo que dejó sin efectos los actos de revisión y las sanciones derivadas de ese procedimiento, entre ellas las relacionadas con la alcaldesa con licencia, Abelina López Rodríguez.

    La decisión del máximo tribunal se originó tras la controversia por la negativa del gobierno municipal a entregar información sobre el ejercicio de 898.6 millones de pesos de recursos federales correspondientes a la Cuenta Pública 2023. Con esta resolución, la Corte concluyó que la revisión de esos fondos corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

    El fallo implica que las actuaciones realizadas por la ASE para revisar esos recursos carecen de sustento jurídico, aunque la SCJN precisó que ello no impide que las autoridades federales competentes lleven a cabo las auditorías e investigaciones que correspondan.

    Corte delimita competencias entre autoridades fiscalizadoras

    Por unanimidad, el Pleno de la SCJN estableció que la fiscalización de recursos de origen federal ejercidos por municipios es una facultad exclusiva de la ASF, conforme al marco constitucional vigente.

    En consecuencia, invalidó los procedimientos de revisión emprendidos por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y dejó sin efectos las sanciones impuestas a servidores públicos municipales derivadas de esas actuaciones.

    La resolución no representa un pronunciamiento sobre el destino o el manejo de los recursos públicos, sino que define cuál es la autoridad legalmente competente para revisar su aplicación.

    La ASF podrá realizar las auditorías correspondientes

    La Corte aclaró que su determinación no impide que los 898.6 millones de pesos de recursos federales ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco sean auditados o investigados por la ASF u otras autoridades federales con atribuciones legales.

    De esta manera, la resolución establece un criterio sobre la distribución de competencias entre los órganos de fiscalización estatales y federales, al precisar que los recursos provenientes de la Federación sólo pueden ser revisados por las instancias federales facultadas para ello.

    El fallo también sienta un precedente para casos similares en los que existan controversias sobre qué autoridad puede auditar el ejercicio de recursos federales administrados por gobiernos estatales o municipales. –sn–

    Abelina López

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  13. 506 trabajadores en Tarapacá se desempeñan en teletrabajo o trabajo a distancia, según registros de la Dirección del Trabajo. A nivel nacional, 114 sanciones y multas por más de $318 millones por incumplimientos a la Ley 21.220 desde 2025.

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    chilepaisminero.com/teletrabaj

  14. Suprema Corte analiza invalidar auditoría contra alcaldesa de Acapulco, Abelina López

    La SCJN discutirá un proyecto que propone invalidar la auditoría practicada a la presidente Abelina López Rodríguez al considerar que la ASEG no tenía facultades para revisar recursos federales.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir el próximo lunes un proyecto que propone invalidar la auditoría practicada a la administración municipal de Acapulco, mediante la cual se atribuyó responsabilidad a la presidente Abelina López Rodríguez por la presunta falta de comprobación de 898 millones de pesos de recursos federales.

    El proyecto fue elaborado por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien plantea que la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) careció de fundamento legal.

    La propuesta será sometida a consideración del Pleno del máximo tribunal, que decidirá si confirma o rechaza ese criterio.

    Cuestionan facultades de auditoría estatal

    El proyecto sostiene que la ASEG fiscalizó recursos federales sin contar con un acuerdo previo de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), requisito previsto en el marco constitucional y legal.

    Bajo ese argumento, el ministro considera que la autoridad estatal excedió sus atribuciones al revisar el ejercicio de recursos cuya fiscalización corresponde al ámbito federal.

    De aprobarse el proyecto, la auditoría quedaría sin efectos por haber sido realizada por una autoridad que, según la propuesta, no tenía competencia para efectuar esa revisión.

    Proyecto retoma criterios previos

    La propuesta retoma precedentes emitidos por la anterior integración de la SCJN, en los que se estableció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la autoridad competente para fiscalizar directamente los recursos federales.

    Esos criterios también reconocen que las entidades fiscalizadoras estatales únicamente pueden intervenir mediante mecanismos de coordinación previamente establecidos con la autoridad federal.

    El análisis del caso se centrará en determinar si la actuación de la ASEG respetó el esquema constitucional de distribución de competencias. –sn–

    Abelina López

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  15. ASF entrega revisión de la Cuenta Pública 2025

    Comisión de Vigilancia recibe los primeros informes individuales de auditoría; destacan nuevas facultades para investigar posibles actos de corrupción

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió la primera entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2025, presentada por el titular del órgano fiscalizador, Aureliano Hernández Palacios Cardel.

    Durante la sesión, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la importancia de fortalecer la fiscalización del gasto público, la transparencia y la rendición de cuentas.

    Comisión analizará los informes con rigor técnico

    El presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), afirmó que la sociedad demanda gobiernos transparentes y responsables, por lo que la fiscalización representa una herramienta fundamental para prevenir y combatir la corrupción.

    Indicó que las recientes reformas al sistema de fiscalización permiten a la ASF iniciar investigaciones por presuntas faltas administrativas graves de manera oficiosa, sin esperar la conclusión del proceso completo de revisión.

    Agregó que el Programa Anual de Auditorías actualizado contempla la realización de 2 mil 244 auditorías, integradas por:

    • 2 mil 58 auditorías de cumplimiento.
    • 167 auditorías integrales.
    • 19 auditorías forenses.

    Además, señaló que se incorporaron 100 nuevas auditorías para ampliar la revisión en sectores estratégicos de la administración pública.

    Herrera Borunda informó que la ASF ha presentado 21 denuncias penales y ordenado más de 30 investigaciones especiales bajo el nuevo marco legal. –sn–

    Sociedad Noticias

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  16. La Dirección del Trabajo fiscalizó buses interurbanos en el Terminal Rodoviario de Iquique durante el fin de semana largo. Inspeccionaron jornadas, descansos y registros de conductores y auxiliares. Las empresas que incumplan enfrentan multas de hasta $4 millones.

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    chilepaisminero.com/direccion-

  17. Aseguran 1.9 toneladas de tepezcohuite con destino a Países Bajos

    El decomiso refrenda el compromiso del gobierno federal con la protección de la seguridad nacional, el combate a las redes criminales que buscan aprovechar los flujos comerciales internacionales.

    Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

    La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), aseguró 1,873.5 kilogramos de corteza de tepezcohuite, cuyo destino final era el Reino de los Países Bajos. Con estas acciones conjuntas, ANAM y Semar fortalecen la seguridad nacional, protegen las cadenas logísticas del comercio exterior y previenen riesgos asociados al tránsito internacional de artículos sensibles.

    La mercancía, declarada como “raíz de tepezcohuite en trozos”, era transportada en 59 cajas de cartón distribuidas en cuatro pallets, con origen en México, y programada para ser enviada vía aérea hacia Europa.

    Este aseguramiento es resultado de los trabajos permanentes de inteligencia, análisis de riesgo e inspección estratégica que realizan las autoridades mexicanas de forma coordinada en los principales puntos de entrada y salida del país, con el objetivo de impedir que las cadenas logísticas nacionales sean utilizadas para actividades que representen amenazas a la seguridad nacional, la legalidad y el comercio legítimo.

    Si bien el tepezcohuite es una especie vegetal utilizada legalmente en distintos sectores productivos, las dimensiones del cargamento, sus características y su destino internacional hicieron necesaria la aplicación de protocolos especializados de verificación. Este tipo de mercancías requiere una supervisión rigurosa debido a que, en determinados contextos, pueden ser objeto de aprovechamiento indebido para procesos clandestinos de transformación química, esquemas de simulación comercial o mecanismos de ocultamiento empleados por organizaciones dedicadas a actividades ilícitas transnacionales.

    Asimismo, el manejo irregular de este tipo de productos puede representar riesgos para la salud pública cuando son sometidos a procesos no regulados o utilizados fuera de los controles sanitarios establecidos, generando potenciales afectaciones derivadas de la exposición a sustancias obtenidas mediante procedimientos clandestinos. –sn–

    Sociedad Noticias

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  18. Se compraron, por lo menos, 450 mil votos en Coahuila: Mejía Berdeja

    Se dio vista a la UIF por presunto lavado de dinero. Se usaron más de 270 mdp para comprar el voto, por lo menos. Es una paz narca para evitar que la oposición acceda a cargos de elección popular.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja dio a conocer que, dio vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la presunción de lavado de dinero durante la pasada jornada electoral en Coahuila, al destinarse, por lo menos, 270 millones de pesos para comprar el voto.

    “Se pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) porque estimamos que se compraron aproximadamente 450,000 votos a razón de un promedio de 600 pesos, lo que implica que movilizaron el día de la elección 270 millones de pesos, cuando menos ”, dijo.

    En el marco de la ratificación de juicio político este lunes contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal Federico Fernández Montañez en la Cámara de Diputados, Mejía Berdeja resaltó que la denuncia incluye la exigencia de indagar los circuitos financieros que movilizaron estos recursos durante los comicios locales.

    “Esta operación financiera constituyó un esquema de coacción que alteró la voluntad de los ciudadanos en las urnas coahuilenses. Las autoridades federales recibieron la solicitud para identificar a los responsables de la distribución de este capital ilícito”, detalló.

    En este sentido, Ricardo “El Tigre” Mejía calificó este proceso electoral –ya impugnado por el Partido del Trabajo y Morena– como una simulación carente de elecciones libres y auténticas en los 16 distritos electorales locales disputados, debido a las irregularidades detectadas durante el conteo, también del órden de una violación flagrante a los derechos humanos.

    El legislador federal recordó que, los efectivos de la policía estatal y de la Fiscalía General del Estado (FGE), funcionaron como instrumentos de represión contra los ciudadanos opositores, al documentarse casos donde los agentes detuvieron y golpearon a personas para permitir que los candidatos oficialistas avasallaran en las casillas. El uso de la fuerza pública impidió que el ejercicio del sufragio fuera secreto y respetara la voluntad popular en la región, resaltó.

    El parlamentario petista recordó que, una vez ratificada la solicitud de juicio político en contra del gobernador de Coahuila y su fiscal, la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados turnará el expediente a la Comisión Instructora para su análisis técnico y posterior dictaminación legislativa.

    Ricardo “El Tigre” Mejía aseguró que no permitirá que el proceso de justicia se dilate a pesar del periodo de receso parlamentario. El objetivo de la figura del juicio político es que los funcionarios que violentaron la ley no se salgan con la suya;

    Finalmente, Mejía Berdeja comparó la situación que se vive en Coahuila, con lo ocurrido en Durango bajo la administración del gobernador Esteban Villegas Villarreal; “en realidad es una paz narca que opera para evitar que la oposición pueda acceder legítimamente a los cargos de elección popular (…) lo que pasa en Durango es igual a lo que pasa en Coahuila”. –sn–

    Ricardo El Tigre Mejia

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  19. Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público archiva expedientes vencidos para priorizar investigaciones actuales

    Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público archiva expedientes vencidos para priorizar investigaciones actuales
    San José, 13 jun (elmundo.cr) – La Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Pú [...]

    #AsambleaLegislativa #ControlDeIngresoYGastoPúblico #CostaRica #ExpedientesLegislativos #Fiscalización #GonzaloRamírez #RendiciónDeCuentas

    elmundo.cr/costa-rica/comision

  20. Privatizan Campo Marte para eventos del Mundial de futbol: MCCI

    El gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte a una empresa para hacer un festival durante los 40 días del Mundial de Fútbol.

    Por Eduardo Buendía y Leonardo Núñez | MCCI                                                      

    Se estiman ingresos por más de 500 millones de pesos exclusivamente para la compañía privada, sin que haya ningún pago acordado en el contrato con las autoridades, aunque la organizadora afirma que cubrirá el monto que estas determinen por el uso de la instalación militar

    Un «convenio de concertación» firmado entre las secretarías de la Defensa y Turismo con la empresa The Mates Contents, vinculada con Televisa, muestra que el Campo Marte será utilizado de manera gratuita para un evento privado, durante los 40 días que durará el Mundial de Fútbol de la FIFA, así lo reveló este miércoles Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

    El festival, denominado Campo Marte 26 Santander, podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, pero no tendrá que pagar por utilizar el bien inmueble de la Nación, privatizando la ganancia y transfiriendo costos al gobierno. La empresa tampoco pagaría la seguridad al exterior del evento; el servicio estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y militares, a solicitud expresa de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). En documentos oficiales la SECTUR incluso aparece como organizadora del evento.

    El Campo Marte —donde se realizará el festival— es una propiedad histórica federal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 1937.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2064709942792355871?s=20

    En el evento se cobrará a cada asistente por ingresar a las actividades que se realizarán en el contexto del Mundial de Fútbol, sin que a cambio pague alguna contraprestación al Gobierno Federal. En diversas publicaciones comerciales se señala que el evento «no es solo fútbol; es una experiencia». 

    Al interior del recinto se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes, habrá bares y restaurantes para consumir alimentos y bebidas alcohólicas; además de conciertos, lucha libre, arte exterior, zona de oficinas, zonas comerciales y VIP con «áreas instagrameables y activaciones especiales para disfrutar con amigos, pareja o familia». 

    De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.

    En el instrumento jurídico se establece que habrá un aforo de más de 15 mil personas diarias. La entrada más económica será de 400 pesos más cargos por día y habrá boletos para experiencias VIP por más de 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los ingresos sólo por la venta de boletos y el ahorro de la renta del espacio superarían los 500 millones de pesos, esto sin considerar los ingresos adicionales por patrocinios, publicidad y consumo dentro del lugar, cuyos montos se desconocen.

    La empresa Ticketmaster también obtendría entre 197 y 349 millones de pesos de ingresos por la venta de boletos considerando que, como documentó El País, actualmente sus cargos por procesamientos de orden se cobran sobre 24% del costo de las entradas.

    La Secretaría de Turismo aparece como organizadora del festival de gastronomía llamado «México de Mis Sabores», que será solo una parte de Campo Marte 26 Santander y que ofrecerá hasta 200 servicios gourmet diarios que se cobrarán a los asistentes. 

    Oficialmente este festival fue presentado desde Los Pinos por la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, como el eje de: «una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026; se trata de una estrategia que acompañará la fiesta del fútbol con una oferta cultural, gastronómica y de convivencia para toda la población».

    Para poder «reservar una mesa» y consumir en la selecta experiencia gastronómica es necesario pagar previamente el boleto de entrada; no se trata de un evento abierto al público.

    Por su parte, en respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la compañía The Mates Contents explicó que se encargará de la producción y operación del evento Campo Marte 26; confirmó que dentro de este, la SECTUR realizará actividades para promover a México en el contexto del Mundial 2026.

    A pesar de que la participación de la SECTUR será mínima comparada con todas las demás actividades del evento privado, la titular de la dependencia envió oficios directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para solicitar que se hicieran cargo de la seguridad y logística alrededor del evento, por lo que The Mates Contents tampoco cargará con ese gasto y serán recursos públicos los que financien esa tarea.

    Todo esto contrasta con el convenio firmado entre SEDENA, SECTUR y la empresa The Mates Contents, pues ahí se establece que la compañía es la única responsable de la seguridad del evento y los trámites correspondientes.

    Un recinto de la Nación al servicio de privados

    El Campo Marte es un bien de la Nación de más de 45 mil metros cuadrados, al oriente del casi olvidado «Memorial a las Víctimas de la Violencia en México» y al poniente del enorme Auditorio Nacional. En su época, este fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército de los Estados Unidos y el mexicano durante la guerra de 1846 a 1848. Por eso ahí también se encuentra el Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas y es uno de los espacios predilectos para las ceremonias presidenciales con los militares.
     

    El 19 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa firmó un «convenio de concertación de acciones» con el que le entregó de manera gratuita el aprovechamiento del Campo Marte durante toda la duración del Mundial de Fútbol a la empresa. El contrato fue firmado por el general de brigada José Manuel Ramírez Martínez, como director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario.

    Al final del acto administrativo aparecen también las rúbricas del coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa; Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de Promoción y Asuntos Internacionales de la SECTUR, y Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents. 

    La parte más relevante del contrato es también una de las más cortas en las 13 páginas del documento. De acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA del convenio (que puede leerse en la página 7) se determinó que no habría ningún pago por el uso del Campo Marte dado que: «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’».

    De esta manera, ninguna de las dependencias del gobierno recibiría ingresos por la celebración del festival privado, dejando las ganancias económicas por la explotación del bien de la Nación en manos de la empresa privada. 

    Dentro del cuestionario enviado a The Mates Contents se cuestionó si entregará contraprestaciones a las dependencias por entradas, consumo y patrocinios; respondió que “es responsable de manera general de la producción y operación del evento. Así como del financiamiento, diseño, contratación, coordinación de proveedores y pago de gastos”, sin indicar si retribuirá a SECTUR o a SEDENA por estas labores o ganancias del evento. 

    Sobre el pago por el uso y aprovechamiento del recinto militar, la compañía expresó: “The Mates pagará el monto que determinen las autoridades competentes por el uso y aprovechamiento del Campo Militar Marte”, sin exponer la cláusula tercera de que no habrá contraprestación, de acuerdo con lo firmado en el convenio entre la empresa y las secretarías.

    Es importante notar que en la página 5 del contrato también se establece que la empresa tiene la obligación de «la obtención de los permisos» correspondientes para poder realizar el evento. 

    Al tratarse de un evento privado, ese trámite debió haber sido realizado ante la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades locales reportan que el evento no cuenta con los trámites correspondientes. En su lugar, se han realizado trámites ante el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México en donde la Secretaría de Turismo se ostenta como la organizadora de todo el evento Campo Marte 26.

    Simulan ser un evento del gobierno, no piden permiso a alcaldía

    Cuando se trata de eventos masivos, la ley obliga a los organizadores a demostrar y hacerse cargo de todas las medidas, planes, seguros y acciones necesarias para proteger a los asistentes en caso de una emergencia y minimizar riesgos. Esto se plasma en un documento técnico llamado Programa Especial de Protección Civil, que debe entregarse con anticipación a las autoridades.Si los responsables del evento son personas físicas o morales privadas, como sucede con Campo Marte 26 Santander, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que el Programa Especial de Protección Civil debe registrarse y aprobarse en la alcaldía correspondiente. En este caso, el trámite debió realizarse ante la alcaldía Miguel Hidalgo. 

    En respuesta a diversas solicitudes de información, las autoridades de la alcaldía reportaron que «NO se localizó registro de trámite de Programa Especial de Protección Civil alguno» para el evento a realizarse en el Campo Marte durante los 40 días del Mundial.

    Esto llevó a una serie de acciones legales por parte de vecinos aledaños al Campo Marte y el Bosque de Chapultepec para exigir la cancelación del evento por incumplimientos a la normatividad. Diversos amparos fueron tramitados a partir del 11 de mayo de 2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, encabezado desde el 1° de septiembre de 2025 por Alan Arriola Padilla.

    El juez de distrito fue uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y resultó ganador durante las elecciones judiciales del año pasado. Obtuvo 47,287 votos, equivalentes a 30% de la votación en su Circuito Judicial.
    Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

    El 5 de junio de 2026, el juez Arriola les negó a los vecinos la suspensión definitiva, por lo que el evento Campo Marte 26 Santander podrá llevarse a cabo sin inconvenientes. Se espera que la audiencia constitucional y la resolución final de los amparos suceda hasta después de que termine el Mundial.

    Sin embargo, como parte de las acciones dentro de los litigios promovidos por los vecinos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que sí había registrado un Programa Especial de Protección Civil para el evento Campo Marte 26; pero no ante la alcaldía, sino ante el gobierno de la CDMX. El trámite fue realizado el 20 de mayo a las 18:03 horas, es decir, 9 días después de que los vecinos presentaron los amparos. –sn–

    Campo Marte | MMCC

    La investigación completa en MCCI

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  21. Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI

    Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica recibió contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua, revela MCCI

    Por Iván Alamillo | MCCI

    Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica, cuyo epicentro es una compañía constituida en la notaría del senador Adán Augusto López y declarada este año como “facturera” por el SAT, recibió contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua así lo reveló este jueves el periodista Iván Alamillo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). se afirma que, casi el 80% de esos recursos fue adjudicado por un área que fue encabezada por la hija de la actual secretaria de Gobernación y por un exintegrante de la Ayudantía Presidencial sin experiencia en el sector. Pese a su estatus de empresa fantasma, la facturera y la red siguen participando en licitaciones federales.

    Marco Antonio Juárez Altamirano era un arquitecto originario de Acapulco que llevaba una vida modesta. En diciembre de 2008, invirtió 245 mil pesos en una pequeña compañía local, llamada Jylco Construcciones, con la esperanza de convertirse algún día en contratista del gobierno. Era una meta que nunca logró.

    En febrero de 2022, Marco Antonio murió de COVID-19 en medio de dificultades económicas. «Mi hermano nunca tuvo… bueno, ni casa tuvo. Nosotros entre todos le entramos a estar comprando el medicamento, porque estuvo como 15 días entubado», recuerda su hermana Francisca.

    Lo que Francisca no sabía –lo que nadie en su familia sabía– es que la empresa de su hermano se convirtió en contratista millonaria del gobierno federal. En mayo de 2021, nueve meses antes de su muerte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le otorgó a Jylco Construcciones un contrato de 177 millones de pesos para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

    Marco Antonio nunca firmó ese contrato. Para entonces, la empresa había caído en manos de unos empresarios tabasqueños que se apoderaron de ella.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2062536325719581082?s=20

    Jylco Construcciones es solo una pieza de un entramado mayor. Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, una red de diez compañías, sin experiencia alguna en construcción de obras hidráulicas y que simula competencia entre sí, ha obtenido contratos por 2 mil 314 millones de pesos con la Conagua.

    Su epicentro es Ferroclin U&Q, constituida en 2014 en la notaría del ex gobernador de Tabasco –hoy senador de Morena– Adán Augusto López Hernández, e incluida en la lista de “factureras” definitivas del SAT en enero de este año, tras haber recibido contratos por más de 329 millones de pesos con la Conagua entre 2019 y 2023.

    La constelación de empresas, que comparte accionistas, gerentes, comisarios, administradores únicos y notarios, ha recibido sus contratos más cuantiosos en las obras hídricas prioritarias del gobierno de López Obrador, como la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui en Sonora y el distrito de riego de la presa Picachos, también en Sinaloa.

    Un puñado de altos directivos de la Conagua, conformado por antiguos miembros de la Ayudantía de AMLO y funcionarios cercanos a la cúpula de la 4T, estuvo a cargo tanto de la asignación como de la supervisión de la mayor parte de las obras que esta red ganó en el sexenio del tabasqueño.

    Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue titular entre octubre de 2020 y mayo de 2021 de la Gerencia de Recursos Materiales, área que otorgó 38 de los 42 contratos detectados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Tras la salida de Martínez Rodríguez, la Gerencia fue encabezada hasta diciembre de 2024 por Ángel Manuel Medel Ríos, un ex integrante de la Ayudantía de López Obrador con nulo conocimiento del sector hídrico.

    En conjunto, ambos funcionarios otorgaron casi el 80% (mil 841 millones de pesos) de los 2 mil 314 millones de pesos que este entramado de diez compañías, sin antecedentes en proyectos de ingeniería hidráulica, ha recibido.

    En junio de 2021, el ex presidente López Obrador designó a Martínez Rodríguez al frente de la Subdirección General de Administración de la Conagua, área donde gestionó los recursos financieros de la dependencia y desde donde supervisó, durante casi dos años, los contratos que Medel Ríos asignaba en la Gerencia de Recursos Materiales.

    La hija de la actual titular de la Segob dejó la Subdirección General de Administración en abril de 2023, solo para ser suplida por José Antonio Zamora Gayosso, otro ex miembro de la Ayudantía de AMLO, quien se mantiene hasta la fecha en el cargo.

    Ya en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, con Zamora Gayosso al frente de las finanzas de la Conagua, la red ha seguido recibiendo contratos desde la Gerencia de Recursos Materiales, la cual ahora se encuentra bajo la titularidad de Mariana Puig López, ex tesorera de la Cámara de Diputados entre 2019 y 2023.

    Pese a ya estar catalogada como una empresa fantasma, Ferroclin U&Q continúa participando en licitaciones de la Conagua. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva del SAT, la compañía participó en una licitación para la construcción de un bordo en la margen derecha del río Suchiate en Chiapas.

    Jylco Construcciones, la compañía de Marco Antonio, reportó tener su domicilio en una casa ubicada en la colonia Renacimiento de Acapulco, una de las más marginadas del puerto. Ahí no hay rastro alguno de la empresa que ha recibido cientos de millones de pesos con la Conagua, pero sí existe el recuerdo de ella.

    «Él [Marco Antonio] le vendió la empresa a unos tabasqueños antes del COVID, por ahí del 2019 o 2020″, dijo a MCCI un hombre que atendió la puerta de un despacho contable ubicado en el domicilio registrado por Jylco Construcciones. «Que yo sepa por eso la vendió, porque no hizo nada… pues ya saben, si no tienes padrino [en el gobierno] es difícil conseguir contratos».

    El testimonio del hombre coincide, al menos parcialmente, con la historia que cuentan las asambleas de la compañía inscritas en el Registro Público del Comercio. En agosto de 2020, un desconocido empresario tabasqueño de nombre Alejandro Ramos Martínez se convirtió en administrador único de Jylco Construcciones. Sin embargo, de acuerdo con las actas consultadas por MCCI, Marco Antonio y su socio, Luis Carlos –quien también falleció unos años atrás por complicaciones de diabetes–, nunca vendieron ni transmitieron sus acciones antes de morir.

    Menos de un año después de la entrada del empresario tabasqueño como administrador único, la suerte de la pequeña compañía acapulqueña cambió radicalmente.

    El 4 de mayo de 2021, sin que contara con algún tipo de trayectoria como contratista en obras hidráulicas, la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua otorgó el contrato de 177 millones de pesos a Jylco Construcciones para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

    El fallo de la licitación fue firmado por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en ese momento dirigía la Gerencia de Recursos Materiales.

    Como parte del proyecto Baluarte-Presidio –una de las obras hidráulicas prioritarias del gobierno de López Obrador–, el canal es el encargado de llevar el agua del río Presidio a las más de 22 mil 500 hectáreas que conforman el Distrito de Riego 111, que abarca los municipios de Concordia, Rosario y Mazatlán. Su origen se encuentra en la presa derivadora Siqueros, obra donde Ferroclin U&Q (la empresa fantasma constituida en la notaría de Adán Augusto) también obtuvo contratos millonarios en ese periodo.

    El patrón se repite en cuatro empresas de la red, todas constituidas en Acapulco entre 1999 y 2011. En los últimos años, los mismos empresarios, abogados y contadores tabasqueños se han apoderado de ellas sin que sus accionistas originales cedieran su participación.

    Ramos Martínez, el mismo tabasqueño que tomó el control de Jylco, ocupa también el cargo de administrador único en Constructora e Inmobiliaria Clapa, otra sociedad acapulqueña. El mecanismo fue idéntico: llegó en febrero de 2023, y a inicios de 2024 la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua –encabezada por Ángel Manuel Medel Ríos, ex integrante de la Ayudantía– le otorgó dos contratos que sumaron 333 millones de pesos para la construcción de los canales laterales y sublaterales de la zona de riego del pueblo Yaqui, en Sonora.

    José Luis Campos Chávez, comisario de Jylco, es a su vez administrador único de Constructora Campos Rocha –fundada en Acapulco en 1999–, que acumula contratos por 549 millones de pesos en obras hídricas prioritarias como la construcción de las líneas de conducción de la presa Santa María en Sinaloa y la red de distribución del canal sublateral de la zona de riego del pueblo Yaqui.

    En junio de 2023, Constructora Campos Rocha y Jylco Construcciones simularon competir en la licitación para la rehabilitación del bordo existente en la margen derecha del río Bobos, en Veracruz. De las 18 propuestas recibidas, solo cinco cumplieron los requisitos técnicos, entre las que se encontraban las de Campos Rocha y Jylco, vinculadas entre sí por medio de José Luis Campos Chávez. El contrato de 87 millones de pesos quedó en manos de Campos Rocha.

    Existe un vínculo que amarra a casi todo el entramado. Siete de las diez compañías de la red designaron, ante los mismos notarios públicos y con apenas unos días de diferencia, a los mismos tres gerentes administrativos.

    El 6 de mayo de 2024, ante la notaría 1 de Guerrero, cuyo titular es Luis Arévalo Contreras, tres empresas de la red –Constructora Campos Rocha, Estudios y Diseños Constructivos y Constructora e Inmobiliaria Clapa– nombraron simultáneamente a los mismos tres gerentes: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos, este último un abogado tabasqueño que preside la firma Menchaca Burgos & Asociados en Villahermosa.

    Tres días después, el 9 de mayo de 2024, Corporativo Aries Mexicana y Grupo R.R. del Sureste –que comparten como accionista a Daniel Rodríguez García– nombraron a los mismos tres gerentes en la notaría 12 de Tabasco, presidida por José Miguel Cervantes Calcáneo.

    Ferroclin U&Q, catalogada a inicios de este año como “facturera” o simuladora de operaciones por el SAT, también designó a los mismos tres personajes como gerentes administrativos el 11 de septiembre de 2024 en la notaría de Cervantes Calcáneo.

    FLUYEN 329 MILLONES A FACTURERA CONSTITUIDA EN NOTARÍA DE ADÁN AUGUSTO

    El 25 de agosto de 2024, López Obrador acudió a Sinaloa a entregar una de las últimas obras hídricas pendientes de su gobierno: el distrito de riego de la presa Picachos.

    A su lado estaban la entonces presidente electa, Claudia Sheinbaum; el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; y dos ex integrantes de la Ayudantía convertidos en directivos de la Conagua: José Antonio Zamora Gayosso, subdirector General de Administración, y Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien se desempeñó como director de la Cuenca Pacífico Norte y encargado del Proyecto Picachos entre enero de 2022 y diciembre de 2024.

    «Es una obra muy importante que permite regar las tierras, pero también tener agua para consumo doméstico. ¡No les va a faltar agua en muchos años!», celebró AMLO.

    Como parte del proyecto, la Conagua asignó en 2022 la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros –una obra fundamental dentro del sistema hidráulico del río Presidio– a Ferroclin U&Q, la empresa fantasma constituida en la notaría 27 de Tabasco, de la cual es titular el actual senador de Morena y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

    Mientras que la presa Picachos (inaugurada en 2012 por el ex presidente Felipe Calderón) funciona como el vaso de almacenamiento del río Presidio, la presa Siqueros es la encargada de captar el agua río abajo para canalizarla desde su margen derecha al acueducto de Mazatlán y desde su margen izquierda al Distrito de Riego 111, que se extiende por 22 mil 500 hectáreas en los municipios de Concordia, Rosario y Mazatlán.

    En la licitación, la red simuló competir entre sí. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por los funcionarios de Conagua, de las 18 propuestas que recibió la dependencia, únicamente dos empresas presentaron ofertas solventes: Estudios y Diseños Constructivos y Ferroclin U&Q.

    Ambas compañías han participado de manera conjunta en otras licitaciones. También cuentan con los mismos tres gerentes administrativos: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos, quienes ocupan el mismo cargo en siete de las diez empresas que conforman la red.

    El 22 de junio de 2022, la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua –dirigida por Medel Ríos, ex integrante de la Ayudantía Presidencial– asignó a Ferroclin el contrato de 90.5 millones de pesos para la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros. Menos de un año después, el 9 de marzo de 2023, Ferroclin recibió otro contrato de 156 millones de pesos, esta vez por adjudicación directa, para la conclusión de la segunda etapa de la construcción de la presa.

    En enero de 2026, luego de haber recibido 329 millones de pesos con la Conagua durante el sexenio de AMLO, el SAT la declaró como una empresa fantasma por ausencia de activos y de personal, así como por falta de infraestructura.

    Como encargado del Proyecto Picachos, Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien también custodió a López Obrador en sus giras presidenciales como antiguo miembro de la Ayudantía, tuvo la tarea de supervisar las obras que realizó la “facturera” en la presa Siqueros.

    Antes de ingresar al gobierno federal, Martínez Orozco únicamente se había desempeñado como profesor de filosofía y como coordinador estatal de defensa del voto en Morena, de acuerdo con su declaración patrimonial y de intereses.

    El 27 de mayo, MCCI envió un cuestionario a la Conagua preguntando cómo una compañía sin activos y sin personal como Ferroclin pudo construir la sobreelevación de la presa Siqueros. También se le cuestionó a la dependencia por qué contrató a esta red de diez empresas sin experiencia para la construcción de sus proyectos prioritarios. El 1 de junio, la Conagua se limitó a contestar que la información de los contratos es pública y que en caso de recibir denuncias por presuntos actos de corrupción se harán del conocimiento de las instancias correspondientes.

    Diego Armando Naranjo Álvarez, accionista mayoritario de Ferroclin, presumía en su Linkedin algunas de las obras hídricas realizadas por otras empresas de la red pese a que, al menos en el papel, no tiene participación en ellas. Luego de que MCCI visitó el domicilio de Ferroclin en Cunduacán, Tabasco, borró las publicaciones.

    Naranjo Álvarez también ha sido representante en licitaciones del gobierno de Tabasco de Quality Designt System, otra de las sociedades que integran el entramado y cuyo dueño es el empresario Gamaliel Martínez Bocanegra.

    MCCI se contactó vía telefónica con un representante de Ferroclin que se negó a identificarse. En la llamada, el representante aseguró que la empresa se encuentra intentando desvirtuar la clasificación como simuladora de operaciones del SAT y afirmó que únicamente tiene una relación de trabajo con las otras compañías de la red.

    Sin embargo, el número telefónico por el que MCCI contactó a Ferroclin también ha sido utilizado en grupos de Facebook por Constructora Campos Rocha (otra de las compañías de la red) y por la empresa Grupo Costamarq para solicitar operadores de maquinaria en las obras del Tren Maya en Escárcega, Campeche.

    Esta constelación de diez compañías, a la que Conagua abrió la llave de los recursos públicos, parece conducir a Gamaliel Martínez Bocanegra. Este empresario, originario de Palenque, Chiapas, inyectó 32 millones de pesos al capital de Grupo Costamarq –sociedad constituida en Acapulco en 2006 y de la que se convirtió en accionista en septiembre de 2020– para luego participar en las obras del Tren Maya, siguiendo el mismo patrón de la red.

    En Costamarq, Martínez Bocanegra tiene como socio a Ismael Rodríguez García, uno de los tres gerentes administrativos designados en siete de las diez empresas de la red.

    La declaratoria del SAT no ha detenido a Ferroclin. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva de empresas que facturan operaciones simuladas, participó en una licitación de la CONAGUA para construir un bordo en la margen derecha del río Suchiate en Chiapas.

    En ella, presentó una propuesta conjunta con Estudios y Diseños Constructivos, empresa con la que en 2022 “compitió” por el contrato para la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros en Sinaloa.

    La red sigue operando y los contratos siguen fluyendo. –sn–

    Sociedad Noticias

    La investigación completa en MCCI

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  22. Anticorrupción sanciona a funcionarios de Pemex, Salud e IMSS

    Introducción: Sanciones administrativas alcanzaron a servidores públicos de varias dependencias.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de diversas sanciones administrativas a servidores públicos adscritos a organismos y dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (Salud), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las medidas fueron determinadas a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y de los Órganos Internos de Control correspondientes. Las resoluciones se emitieron conforme a los procedimientos administrativos previstos en la legislación vigente.

    En el caso de Pemex, la dependencia impuso una inhabilitación de un año a Hilario M., quien se desempeñó como gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar el acta de entrega-recepción al concluir su encargo. Asimismo, aplicó una suspensión de 30 días a Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no formalizar el acta correspondiente al término de una responsabilidad temporal. También sancionó con 15 días de suspensión a Gabriela P., jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto durante 2025.

    Sanciones en Salud

    La Secretaría de Salud concentró algunas de las sanciones más relevantes derivadas de actuaciones médicas registradas en años anteriores. La autoridad suspendió durante 30 días a Karen R., médico general “A”, así como a Graciela M., Joaquín L. y Edén L., médicos especialistas “A” adscritos al Hospital General de México. De acuerdo con la resolución administrativa, los servidores públicos omitieron la hospitalización de una paciente, situación que agravó su padecimiento, además de incumplir con la asesoría a médicos residentes del área de Urgencias en 2022.

    Las resoluciones fueron emitidas tras las investigaciones y procedimientos correspondientes desarrollados por los órganos de control interno. La dependencia señaló que las determinaciones consideraron los elementos probatorios reunidos durante las indagatorias. También indicó que cada caso fue analizado bajo los principios de legalidad y responsabilidad administrativa.

    En Banjercito, la autoridad emitió una amonestación pública contra Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo. La medida respondió a la falta de gestión para actualizar las guías institucionales de archivo durante 2023 y 2024. El procedimiento concluyó con la imposición de una sanción considerada acorde con la naturaleza de la falta.

    Casos en AIFA e ISSSTE

    En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Órgano Interno de Control suspendió por 15 días a Gibrán C., jefe del Departamento de Mercadotecnia. La resolución derivó de conductas consideradas faltas de respeto hacia una compañera de trabajo durante 2025. El expediente administrativo concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria correspondiente.

    Por su parte, el ISSSTE aplicó sanciones a dos funcionarios vinculados con procesos de entrega-recepción. La dependencia suspendió por 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación Veracruz, y a América M., jefe de departamento en la Subdelegación Aguascalientes. Ambos casos estuvieron relacionados con la omisión de realizar las actas de entrega al concluir sus respectivos cargos en 2023. –sn–

    Fachada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

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  23. Juan Alberto Adam Siade se integra a la Junta de Patronos de la UNAM

    El rector Leonardo Lomelí Vanegas reiteró su disposición para trabajar con los patronos, en beneficio de esta casa de estudios

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    Juan Alberto Adam Siade rindió protesta como nuevo integrante de la Junta de Patronos de la UNAM, ante su presidenta, Elsa Beatriz García Bojorges, y en presencia del rector Leonardo Lomelí Vanegas.

    Adam Siade manifestó que desempeñará este cargo con pleno respeto a la legislación universitaria, a fin de cumplir cabalmente las funciones que corresponden a este cuerpo colegiado y administrar de manera eficiente el patrimonio financiero, histórico, artístico, cultural y científico de la Universidad Nacional. También para llevar a cabo lo correspondiente a la Cuenta Anual, su presupuesto y fiscalización, entre otros rubros.

    “Trabajaré muy unido y en armonía con la presidenta, Elsa Beatriz García Bojorges; y con el vicepresidente, Luis Miguel Galindo Paliza, para que saquemos adelante lo relacionado con la Universidad y cuidando el principio fundamental que nos une: su autonomía”, enfatizó.

    Agradeció la confianza que en él depositaron las y los consejeros universitarios que lo integraron a la terna y a los integrantes de la Junta de Gobierno quienes lo nombraron en este cargo.

    En tanto, el rector Lomelí Vanegas felicitó a Adam Siade, así como a la presidenta y al vicepresidente de la Junta de Patronos, a quienes refrendó su disposición para trabajar juntos en favor de nuestra Universidad.

    Previamente, Elsa Beatriz García tomó protesta al nuevo patrono, le dio la bienvenida y aseguró que su incorporación contribuirá al fortalecimiento de la Junta de Patronos, de su transformación para estar siempre a la altura de los desafíos de la UNAM.

    Leyó su currículum y destacó que es maestro en Finanzas y doctor en Ciencias de la Administración. Es coordinador del Seminario Universitario de Emprendimiento Social, Administración Sostenible y Formación Integral en los Niveles Medio Superior y Superior en la UNAM, a partir de marzo de 2018.

    Fue director de la Facultad de Contaduría y Administración por dos periodos, de 2009 a 2017, en los que se crearon, por ejemplo: la licenciatura en Negocios Internacionales; la especialización en Administración Gerontológica; la maestría en Informática Administrativa; y la maestría en Alta Dirección en los campos de Administración Financiera, Procesos de Negocios y Desarrollo Organizacional.

    Además, se establecieron cinco bases financieras de colaboración en beneficio de la Facultad, enfocadas a la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura; a la movilidad nacional e internacional de personas académicas, y técnicas académicas; para proyectos de la Escuela de Emprendedores Sociales y para el fortalecimiento de la investigación, entre otros ámbitos.

    En la ceremonia estuvieron el secretario Administrativo, Tomás Humberto Rubio Pérez; la tesorera, Guadalupe Mateos Ortíz; y el contralor, Juan Enrique Azuara Olascoaga. –sn–

    Sociedad Noticias

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  24. La UCO investiga, por orden del juez Pedraz, si el PSOE financió desde Madrid una “campaña oscura” en las catalanas 2024. Requeridas facturas y contratos; Junts pide explicaciones. aidoo.news/noticia/6GLNLN

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  25. 🔎💰 La fiscalización del gasto público vuelve al centro del debate en Querétaro.

    La diputada Claudia Díaz Gayou sostuvo un encuentro con Javier Herrera Borunda para analizar reformas y estrategias enfocadas en transparencia, auditoría y rendición de cuentas. 📑⚖️

    ¿Consideras que deben endurecerse los mecanismos de vigilancia del dinero público? 👀

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  26. 📊🏛️ Inicia la fiscalización Cuenta Pública Corregidora 2025

    Autoridades municipales y la ESFE arrancaron el proceso de revisión para garantizar transparencia y buen uso de recursos públicos.

    📍 Participa ESFE Querétaro

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  27. ASF «perdonó» 98% de observaciones millonarias a gestión de Alejandro Moreno en Campeche: MCCI

    Alito Moreno dejó la gubernatura de Campeche con cuentas por aclarar por $3 mil 387 millones solo de 2018, monto que seguía vigente en 2022.

    Por Eduardo Buendía | Reportero MCCI                                                      

    Dos años después, en 2024, el 98% del presunto desvío fue perdonado; algunas de las observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C que encabezó un ex colaborador de Pablo Angulo cuando este era diputado del PRI y presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF. Angulo es uno de los personajes más cercanos al líder del PRI, y también es de Campeche, revela este lunes el periodista Eduardo Buendía de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Para Alejandro Moreno Cárdenas, la gestión de David Colmenares al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue muy benévola en los últimos años, ya que al priista le fueron perdonadas algunas cuentas que dejó pendientes en su periodo como gobernador de Campeche.

    Alito gobernó la entidad del sureste del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019. No terminó su gestión para competir por la dirigencia nacional del PRI, cargo que obtuvo y ostenta hasta hoy, además de ser senador. 

    La ASF detectó la falta de aclaración o posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos solo en el ejercicio de recursos federales de 2018, año en que se registró la mayor cantidad de irregularidades en la administración de Campeche del actual dirigente tricolor, de acuerdo con la plataforma pública de la ASF. 

    Una base de datos de esa misma plataforma que Mexicanos contra la Corrupción obtuvo en enero de 2022 (tres años después de que Alito dejó la gubernatura), mostraba que todavía estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos; es decir, el 98 por ciento del total.

    En 2024 aparecieron justificados gran parte de esos recursos. Algunas de las observaciones pasaron por la Dirección General de Seguimiento C de la Auditoría Superior que coincidentemente encabezó Ricardo Gabriel López Ruiz, un personaje que colaboró con Pablo Angulo Briseño cuando este era diputado del PRI y presidió la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, organismo que revisa la actividad de esa institución.  

    Pablo Angulo, también originario de Campeche, es uno de los personajes más cercanos a Alejandro Moreno.

    Colaborador de Angulo se insertó en cargo directivo de ASF donde se revisaron observaciones de Alito

    Documentos a los que MCCI tuvo acceso revelan que, antes de ser director general de Seguimiento C en la ASF, Ricardo Gabriel López Ruiz ingresó a la Cámara de Diputados para brindar apoyo a la Comisión de Vigilancia cuando esta era presidida por Pablo Angulo.

    López Ruiz, de acuerdo con una solicitud de transparencia, no trabajó como empleado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Sin embargo, este personaje aparece en sesiones de la Comisión y en permisos para que accediera al recinto, como una misiva fechada el 17 de febrero de 2022 en la que aparece su nombre. 

    MCCI solicitó a la Cámara entregar de manera específica documentos de entradas y salidas de Ricardo Gabriel, pero se limitó a entregar la lista de personas que estuvieron asalariadas y adscritas a la Comisión de Vigilancia.

    El currículum vitae de López Ruiz muestra que en enero de 2023 se integró a la ASF como director general de Seguimiento C en la gestión del ex auditor superior David Colmenares. Declaró a su ingreso que antes trabajó como titular de Responsabilidades y después del área de Quejas en la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos. 

    En una respuesta a una petición de información en la que se solicitó que la Dirección General de Seguimiento C de la ASF informara las acciones específicas dentro de las auditorías que había revisado de las cuentas públicas de 2017 a 2019, indicó que revisó un total de 37. 

    Dentro de la lista, se verificó que entre las acciones de auditorías de 2018 que revisó el área de López Ruiz se encuentran las que más dinero le observó la ASF a la administración de Alito; mismas que no fueron justificadas en su periodo como gobernador, sino que fueron “palomeadas” años después. 

    ¿Qué se le justificó?

    Solicitud de aclaración – 2018-A-04000-19-0606-03-001

    La más grande es una solicitud de aclaración en la que se solicitó al Gobierno de Campeche justificar el destino de 2 mil 443 millones de pesos de los que la ASF no encontró respaldo documental de contratos con proveedores de obra y adquisiciones. La solicitud por todo ese monto fue justificada.

    El segundo fue un posible desvío que la Auditoría documentó por 457.9 millones de pesos que realizaron 16 instituciones públicas en el estado de Campeche que tampoco presentaron documentación que justificara ese ejercicio. A 2022 la observación seguía vigente, pero en la actualidad solo aparecen por aclarar 130.7 millones.

    Además de otros 1.3 millones observados a la Secretaría de Salud local por haber pagado servicios a personal que no acreditó tener el perfil necesario para ocupar esos puestos. Hace tres años se encontraban pendientes de solventar y hoy están por justificarse solo 200 mil pesos.
     

    Acciones con montos eliminados a gobierno de Alito (millones de pesos)

    El segundo fue un posible desvío que la Auditoría documentó por 457.9 millones de pesos que realizaron 16 instituciones públicas en el estado de Campeche que tampoco presentaron documentación que justificara ese ejercicio. A 2022 la observación seguía vigente, pero en la actualidad solo aparecen por aclarar 130.7 millones.

    Además de otros 1.3 millones observados a la Secretaría de Salud local por haber pagado servicios a personal que no acreditó tener el perfil necesario para ocupar esos puestos. Hace tres años se encontraban pendientes de solventar y hoy están por justificarse solo 200 mil pesos.
     

    Acciones con montos eliminados a gobierno de Alito (millones de pesos)

    Ricardo Gabriel López Ruiz dejó de aparecer en directorios y en la lista de remuneraciones de la ASF en el cuarto trimestre de 2024. Se constató que todavía al 14 de octubre era director general de Seguimiento C porque aparece su firma en una de las respuestas de transparencia tramitadas por esta organización. 

    El 10 de diciembre de ese mismo año, otra solicitud fue atendida por Jaime René Jiménez Flores, director de Seguimiento C.2 quien suplió a López Ruiz y otorgó los datos de los resarcimientos a la gestión de Alito Moreno. 

    En la actualidad, Carlos Humberto Toledo Zaragoza es quien ocupa la dirección general de Seguimiento C y aparece en lista de remuneraciones desde el primer trimestre de 2025.

    Mediante personal del PRI se hizo llegar, desde el miércoles pasado, un cuestionario a Alejandro Moreno Cárdenas para conocer más detalle de la justificación de la ASF a las observaciones que dejó pendientes al terminar su cargo como gobernador, pero al cierre de esta publicación no hubo respuesta. –sn–

    Alejandro Moreno | MCCI

    La investigación completa en MCCI

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  28. Tribunal de Cuentas abre acción pública para investigar la gestión de hospitales concesionados a Quirón y Ribera en Madrid tras denuncia del PSOE por posibles irregularidades y condonación de 71 M€. aidoo.news/noticia/WYDgg6

    #TribunalDeCuentas #Quiron #RiberaSalud #Fiscalizacion

  29. 🗳️ El IEEQ aprobó el dictamen financiero de El Siglo de las Mujeres A.C., organización que busca constituirse como Asociación Política Estatal en Querétaro.

    La Comisión de Fiscalización confirmó que los recursos reportados tienen origen lícito y cumplen con la normativa electoral.

    📊 El informe del tercer trimestre de 2025 fue presentado en tiempo y forma y no detectó irregularidades en los egresos.

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    Más…

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