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RSF reporta 18 periodistas asesinados en dos años y exige resultados al gobierno de Sheinbaum

Reporteros Sin Fronteras advierte que 18 periodistas han sido asesinados durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum y señala rezagos en protección, prevención e investigaciones contra la impunidad.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Dieciocho periodistas han sido asesinados durante los dos primeros años del gobierno federal encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, mientras persisten los rezagos en las políticas de prevención, protección y procuración de justicia, de acuerdo con el balance presentado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) a las autoridades mexicanas.

La organización internacional informó que, de los 22 compromisos asumidos por Sheinbaum en 2024 para fortalecer la libertad de prensa, solo uno registró una evolución positiva. Otros cinco presentaron avances insuficientes, diez no mostraron progresos sustanciales verificables, dos experimentaron retrocesos institucionales y cuatro no pudieron evaluarse por falta de información.

Durante una reunión celebrada el 21 de octubre con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, expuso la necesidad de convertir los compromisos gubernamentales en medidas verificables para proteger a los periodistas y esclarecer los crímenes cometidos contra la prensa.

Gobierno reconoce retrasos y promete acelerar compromisos

Rodríguez reconoció los retrasos en la implementación de los acuerdos con RSF y expresó la disposición del gobierno federal para acelerar su cumplimiento.

En el encuentro participaron Ruth Zenteno López, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), y Tobyanne Ledesma Rivera, directora general del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La secretaria planteó dos líneas de acción: revisar individualmente los expedientes de periodistas asesinados para identificar los obstáculos que impiden esclarecer los casos y acelerar la descentralización de las políticas de protección, con mayores capacidades de respuesta para las entidades federativas.

La organización considera que la coordinación entre las autoridades federales y estatales es indispensable para prevenir agresiones, atender amenazas oportunamente y evitar que los crímenes contra periodistas permanezcan sin esclarecer.

Fiscalía General asume compromisos contra la impunidad

En otra reunión, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, asumió dos compromisos ante RSF relacionados con la capacitación de los agentes del Ministerio Público y el fortalecimiento de la atención institucional a los delitos contra la libertad de prensa.

El primero consiste en reforzar la formación de los integrantes del Ministerio Público en materia de libertad de prensa, particularmente en las fiscalías estatales.

El segundo contempla incorporar este asunto en la agenda de una próxima sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, prevista para 2027, organismo que reúne a los titulares de las fiscalías de las 32 entidades federativas.

Los compromisos buscan mejorar las capacidades de investigación y colocar la violencia contra periodistas entre los asuntos que requieren coordinación nacional. Sin embargo, su cumplimiento dependerá de que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas y resultados comprobables.

Solo uno de 22 compromisos presenta avances positivos

El balance de RSF identifica un avance limitado en las acciones emprendidas desde el inicio del mandato federal, en octubre de 2024.

Entre los resultados favorables, la organización señaló la capacitación de 386 servidores públicos de las entidades federativas en medidas preventivas de protección. También reconoció la derogación del delito de calumnia en Zacatecas, aprobada el 16 de septiembre de 2026.

No obstante, la evaluación advierte que las iniciativas de coordinación entre autoridades federales y estatales no han producido cambios estructurales suficientes para garantizar la seguridad de los periodistas.

Los encuentros nacionales de autoridades responsables de la protección, celebrados en agosto de 2025 y septiembre de 2026, fueron considerados pasos positivos, aunque RSF señaló que todavía no se traducen en una respuesta preventiva eficaz frente a las amenazas y agresiones.

La organización también reportó un incremento nominal aproximado de 6.7 por ciento en el presupuesto del Mecanismo Federal de Protección entre 2025 y 2026, sin identificar mejoras sustanciales que permitan considerar resuelto el problema de la protección institucional.

Menos del 1% de los asesinatos de periodistas se esclarece por completo

La impunidad constituye uno de los principales obstáculos para el ejercicio seguro del periodismo en México.

De acuerdo con las cifras presentadas por RSF, entre julio de 2010 y junio de 2026 la FEADLE abrió 1,909 investigaciones por delitos contra periodistas, de las cuales 53 derivaron en sentencias condenatorias. De ese total, únicamente 11 correspondieron a asesinatos de periodistas.

La organización señaló que 168 de los 169 asesinatos de periodistas registrados en su balance de los últimos 20 años no han sido esclarecidos por completo, debido a que no se ha identificado al autor intelectual ni determinado el móvil del crimen.

Estos datos reflejan las dificultades para establecer responsabilidades más allá de los autores materiales y avanzar en investigaciones que permitan conocer quién ordenó los ataques y por qué fueron cometidos.

RSF también alertó sobre la reducción de fiscales y funcionarios especializados en delitos contra la libertad de prensa, así como sobre cambios en la estructura organizativa encargada de atender estos casos.

RSF advierte riesgos para la libertad de prensa

El informe también cuestiona la falta de una estrategia duradera para promover el respeto al periodismo y advierte sobre declaraciones públicas denigrantes contra medios de comunicación y profesionales críticos.

En materia de acceso a la información, la organización señaló que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en diciembre de 2024, y el traslado de sus funciones a una institución vinculada al Poder Ejecutivo modificaron las garantías institucionales de independencia en esta materia.

En el ámbito legislativo, RSF no identificó reformas federales sustanciales para eliminar disposiciones penales que puedan utilizarse para restringir la libertad de prensa o propiciar la autocensura.

La derogación del delito de calumnia en Zacatecas representa uno de los avances concretos, pero la organización considera pendiente una revisión más amplia de las normas que pueden emplearse contra periodistas.

Bruttin exige resultados verificables

El director general de RSF sostuvo que el reconocimiento de los retrasos por parte de las autoridades representa una señal relevante, pero advirtió que los compromisos deben traducirse en resultados concretos.

La organización insistió en fortalecer las políticas de prevención, mejorar los mecanismos de protección y avanzar en las investigaciones para combatir la impunidad.

El desafío para el gobierno federal consiste en demostrar que los acuerdos institucionales producen mejoras medibles en la seguridad de quienes ejercen el periodismo, especialmente en las regiones donde las amenazas y los asesinatos limitan la cobertura de asuntos de interés público.

Para RSF, el seguimiento de los compromisos deberá centrarse en avances verificables que permitan a los periodistas trabajar de manera segura y garanticen a la sociedad su derecho a recibir información. –sn–

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Sheinbaum niega pacto con Maru Campos por caso del exfiscal Jáuregui

Claudia Sheinbaum rechazó un supuesto pacto con Maru Campos por la detención del exfiscal César Jáuregui, investigado por la presunta participación no autorizada de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para responsabilizar al exfiscal estatal César Jáuregui Moreno por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas sin autorización federal.

La mandataria sostuvo que las investigaciones deben avanzar con base en pruebas y descartó que la detención del exfuncionario forme parte de una negociación que incluya una embajada para la gobernadora, versión que circuló en el debate político. Afirmó que corresponde a las fiscalías establecer las responsabilidades, sin decisiones políticas para exonerar o inculpar personas.

“Primero, para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, declaró durante su conferencia matutina de este martes 20 de octubre.

¿Por qué investigan al exfiscal César Jáuregui?

El caso se originó por un operativo realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, Chihuahua, relacionado con un presunto laboratorio de drogas sintéticas. Después de la intervención, un accidente carretero provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses y dos integrantes de las corporaciones estatales.

La investigación federal busca esclarecer por qué personal extranjero participó en acciones de seguridad en territorio mexicano sin contar, según las autoridades, con las autorizaciones correspondientes. La presencia de los agentes y las circunstancias del operativo abrieron cuestionamientos sobre las atribuciones de las autoridades estatales y los mecanismos de coordinación con Estados Unidos.

Sheinbaum afirmó que una fiscalía estatal no tiene atribuciones para encabezar determinadas acciones de desmantelamiento de laboratorios que corresponden a instancias federales. También sostuvo que, de acuerdo con la información revisada por el gobierno federal, los agentes estadounidenses no tenían permiso para intervenir en ese tipo de actividades.

FGR investiga posible traición a la patria

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra Jáuregui por hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación incluyó más de 100 actos ministeriales y de campo.

Por separado, las autoridades de Chihuahua imputaron al exfiscal presuntos delitos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Las acusaciones corresponden a procedimientos distintos y deberán resolverse dentro del sistema de justicia penal, con respeto a la presunción de inocencia.

La mandataria señaló que las indagatorias deben determinar quién autorizó o permitió la intervención de los agentes extranjeros, qué información se comunicó a las autoridades federales y si existen elementos para atribuir responsabilidades adicionales a otros funcionarios.

Sheinbaum descarta exonerar a Maru Campos por decisión política

Al ser cuestionada sobre una posible responsabilidad de Maru Campos por su posición como gobernadora y superior jerárquica del exfiscal, Sheinbaum evitó anticipar conclusiones. Explicó que no corresponde al Ejecutivo federal exonerar a una persona y que la decisión debe sustentarse en los elementos reunidos por las fiscalías.

https://sociedad-noticias.com/2026/10/20/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-20-de-octubre-de-2026/

“No depende de mí exonerar a una persona o a otra. Es una decisión de la Fiscalía y de la investigación”, sostuvo.

La presidente también diferenció la actuación investigada en Chihuahua de las declaraciones de dirigentes opositores que han pedido acciones de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos. Desde su perspectiva, las expresiones políticas no deben convertirse automáticamente en asuntos judiciales, mientras que las posibles infracciones legales deben examinarse mediante procedimientos sustentados en pruebas.

La audiencia federal de Jáuregui estaba prevista para este martes, de acuerdo con la información disponible al inicio de la jornada. En esa diligencia, el Ministerio Público debía exponer los elementos de su acusación ante la autoridad judicial. –sn–

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FGR mantiene abiertas otras investigaciones contra César Jáuregui: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República mantiene otras investigaciones contra César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, detenido por su presunta participación en un operativo con agentes estadounidenses.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas otras investigaciones contra César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua detenido por su presunta responsabilidad en un operativo con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara, informó la presidente Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria explicó que la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, le comunicó que las indagatorias continúan y abarcan otros asuntos, además del despliegue realizado en abril, que derivó en una investigación federal por presunta traición a la patria.

El caso involucra la participación de agentes extranjeros en un operativo contra instalaciones clandestinas relacionadas con la producción de drogas. El despliegue terminó con la muerte de cuatro personas: dos estadounidenses y dos servidores públicos mexicanos, de acuerdo con la información expuesta durante la conferencia presidencial.

FGR investiga otros posibles hechos

Durante su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que las investigaciones contra el exfiscal no han concluido y que las autoridades ministeriales deberán informar sobre los demás asuntos bajo revisión.

“La Fiscalía está investigando y por lo que me informa la Fiscal todavía no terminan esas investigaciones, que siguen investigando a este fiscal en otros temas”, expresó la mandataria, de acuerdo con la transcripción proporcionada.

La presidente precisó que la detención derivó de actuaciones de la Fiscalía estatal de Chihuahua y de la FGR. Según su explicación, la primera orden de aprehensión fue solicitada por autoridades estatales por delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la instancia federal promovió otra por la presunta comisión de traición a la patria.

“La detención, digamos la carpeta de investigación y la primera orden de aprehensión, viene de la propia Fiscalía del estado de Chihuahua”, indicó.

Las responsabilidades penales que se investigan deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes. La existencia de una investigación o una orden de aprehensión no equivale, por sí misma, a una sentencia condenatoria.

Sheinbaum cuestiona operativo en la Sierra Tarahumara

La mandataria calificó de irresponsable el operativo realizado durante la noche en la Sierra Tarahumara, debido a las condiciones del traslado, la participación de agentes estadounidenses y las atribuciones de las autoridades que intervinieron.

Sheinbaum sostuvo que las agencias extranjeras no pueden realizar operativos en territorio mexicano sin cumplir las disposiciones legales aplicables y cuestionó que funcionarios estatales participaran en acciones relacionadas con laboratorios clandestinos de drogas, cuya atención correspondía, según su explicación, a autoridades federales.

“Fue un operativo muy irresponsable, además pues de que estaban violando la ley porque no informaron y además no se permiten los operativos en tierra de las agencias extranjeras”, afirmó.

https://sociedad-noticias.com/2026/10/19/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-lunes-19-de-octubre-de-2026/

La presidente también cuestionó que el desplazamiento se realizara de madrugada o durante la noche por caminos sinuosos, antes del accidente en el que murieron cuatro personas.

“Entonces, lo primero es cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio”, señaló.

El caso pone bajo escrutinio la actuación de la Fiscalía estatal

Sheinbaum consideró que quienes tienen a su cargo la procuración de justicia deben cumplir la ley y responder por sus actuaciones. También sostuvo que el caso debe servir como advertencia para los titulares de las fiscalías del país sobre sus obligaciones legales.

La mandataria lamentó las muertes y señaló que es necesario esclarecer las circunstancias en las que se organizó y ejecutó el operativo. –sn–

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Opinión | Jorge Santa Cruz | Patton tuvo razón

Las advertencias del general estadounidense George S. Patton sobre la expansión soviética vuelven al debate ante los preparativos militares de Alemania frente a un posible ataque ruso.

Por Jorge Santa Cruz                                   

La capitulación incondicional de Alemania que puso fin a la Segunda Guerra Mundial se firmó en la madrugada del 8 de mayo de 1945, en la sede del mando soviético en Karlshorst, Berlín.

Horas más tarde, el comandante del Tercer Ejército de los Estados Unidos, George S. Patton Jr, hacía ver a sus superiores que sería un grave error dejar viva a la Unión Soviética, jefaturada en ese entonces por José Stalin.

Aquel 8 de mayo de 1945, Patton le propuso al general Joseph T. MacNarney, vicecomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, rearmar a las divisiones alemanas que habían capitulado para que expulsaran al Ejército Rojo de Europa central. El subsecretario de guerra de Estados Unidos, Robert P. Patterson, atestiguó el diálogo entre Patton y MacNarney.

—¿Qué le diría yo a la opinión pública de los Estados Unidos si se diera la guerra con la Unión Soviética? —inquirió MacNarney a Patton con voz severa.

—Diles la verdad: que tarde o temprano tendremos que luchar contra ellos. Si lo hacemos ahora, que tenemos un ejército fuerte e intacto y a los alemanes de nuestro lado, será mucho más fácil —respondió Patton.

MacNarney y Patterson respondieron con un rotundo no y tomaron nota de la postura de Patton.

Pasaron las semanas y el 21 de julio de 1945, mientras los aliados discutían en Potsdam el reparto de Alemania y de Europa, el general Patton (gobernador militar de Baviera, en ese momento) le escribía a su esposa Beatrice una carta en la que reprobaba la complicidad de su gobierno, presidido por Harry Salomon Truman, con el comunismo soviético:

Yo me sorprendo de lo que dirían los muertos cuando supieran que, por primera vez en siglos, nosotros hemos abierto la Europa central y occidental a las fuerzas de Gengis Kahn. Yo me pregunto cómo se sentirían ellos al saber que no habrá paz en nuestros tiempos y que los americanos, aun los no nacidos todavía, tendrán que pelear con los soviéticos mañana, o diez, quince o vente años a partir de mañana.

Patton estaba consciente de que la destrucción del pueblo alemán —ordenada por Truman y Churchill para complacer a Stalin— solo podía beneficiar a la revolución mundial marxista-leninista. Por eso, le escribió a su esposa Beatrice en otra parte del referido texto lo siguiente:

Hemos destruido lo que podría haber sido una buena raza y estamos a punto de reemplazarla con salvajes mongoles y a toda Europa, con el comunismo.

Menos de un mes después, Patton visualizó en toda su magnitud la traición a Occidente. El 18 de agosto de 1945, pocos días después de los bombardeos atómicos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el general le compartió a su esposa una legítima preocupación:

Rusia sabe lo que quiere: la dominación mundial, y está trazando sus planes en consecuencia. Nosotros, por el contrario […], no sabemos lo que queremos y no obtenemos nada como resultado.

El 22 de septiembre de aquel 1945, Patton decidió cimbrar las estructuras políticas y militares de los Estados Unidos al decir que los alemanes tenían que afiliarse al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán como los estadounidenses tenían que hacerlo al Partido Demócrata o al Partido Republicano.

Ese mismo día, envío otra reveladora carta a su esposa Beatrice que, en su parte medular, recalcaba lo siguiente:

Lo único que no pude decir entonces, y que aún no puedo decir, es que mi interés principal en restablecer el orden en Alemania era evitar que Alemania se volviera comunista. Me temo que nuestra insensata y completamente absurda política […] provocará que se unan a los rusos y, con ello, se asegure un Estado comunista en toda Europa Occidental.

Poco faltó para que ello ocurriera. A Stalin le entregaron media Alemania y la parte oriental de Europa. La denuncia de Patton le costó el cargo de gobernador militar de Baviera, su confinamiento en un puesto militar burocrático y… la muerte debido a un extraño accidente automovilístico en diciembre de 1945.

Las décadas han pasado. La Unión Soviética dejó de existir con ese nombre en diciembre de 1991 y, después de un periodo de frivolidad que consolidó a las mafias rusas, tomó el poder un exagente de la policía política soviética, la KGB, de nombre Vladimir Putin, cuya carrera se había consolidado en la Alemania comunista.

Han pasado 81 años desde las advertencias de Patton, las cuales, sin embargo, están absolutamente vigentes. La periodista de cadena alemana Deutsche Welle (DW), Nina Werkhäuser, confirmó el pasado 30 de septiembre que Alemania tiene un plan secreto para enfrentar un posible ataque ruso.

Werkhäuser inició su reportaje de la siguiente manera:

Un barrio residencial de Hamburgo a medianoche. Las calles están tranquilas y desiertas. De repente, surge un estruendo: varios helicópteros sobrevuelan el cielo nocturno y las luces azules iluminan la oscuridad.

Una larga caravana de vehículos recorre las calles. Sobre los vehículos blindados de la Bundeswehr , el ejército alemán, hay soldados con ametralladoras. Para los vecinos, una escena inusual, tal vez incluso aterradora, en esta localidad, por lo demás tan pacífica.

Se trata del operativo Red Storm Charlie, cuyo propósito principal es verificar qué tan bien preparados están las fuerzas armadas unificadas de Alemania (Bundeswehr), la policía y lasorganizaciones civiles involucradas en la respuesta a un eventual ataque ruso:

En el puerto de Hamburgo, el más grande de Alemania, desembarcan tropas de la OTAN, representadas durante el ejercicio por soldados de la Bundeswehr. Posteriormente, se desplazan a través de la ciudad hanseática hacia el este. Actos de sabotaje y manifestaciones, que también forman parte del escenario, obstaculizan el avance. Con alrededor de 1.700 participantes, entre ellos 500 soldados, este ejercicio (del 24 al 26 de septiembre de 2026) es el más grande de este tipo hasta la fecha.

Este ejercicio militar defensivo, contra lo que pudiera pensarse, no se llevó a cabo solo por Alemania para Alemania, sino para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Regresamos al reportaje de DW:

«Red Storm Charlie» forma parte de un plan secreto: el Plan de Operaciones Alemania. Con este documento, la Bundeswehr se prepara para un posible ataque de Rusia contra el territorio de la OTAN. El Plan de Operaciones Alemania se integra en los planes de defensa más amplios de la OTAN.

En un escenario de guerra o crisis, no solo la ciudad portuaria de Hamburgo, sino toda Alemania desempeñaría un papel especial: el de un centro logístico para cientos de miles de soldados de la OTAN, armas y equipo pesado. «Se trata de un proyecto muy detallado y de alto secreto, que establece exactamente dónde deberían desembarcar los aliados de la OTAN en Alemania, en particular en qué puertos, y qué rutas serían necesarias para el tránsito a través de Alemania», explica a DW la experta en seguridad Aylin Matlé, de la Sociedad Alemana de Política Externa (DGAP).

Son las consecuencias de la traición de la camarilla masónica jefaturada en 1945 por Truman y Churchill, con la aquiesencia del comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, Dwight David Eisenhower.

Como se puede apreciar a simple vista, Patton tuvo razón, con la agravante de que la Europa de hoy renunció a su identidad cristiana y a sus valores occidentales. Europa lo es de nombre, no de esencia.

El jurista mexicano Oscar Méndez Oceguera lo explicó así en los albores de este año (2 de enero de 2026) en Periodismo Sin Compromisos:

Europa no atraviesa una crisis coyuntural ni una suma de disfunciones sectoriales. Europa atraviesa una rebelión ontológica. Lo que en 2026 se manifiesta como fragilidad estratégica, colapso demográfico, hipertrofia normativa, dependencia militar, fatiga económica, fragmentación cultural y agotamiento espiritual no son fenómenos autónomos, sino síntomas convergentes de una misma causa: la ruptura consciente y prolongada con el orden objetivo del ser, con la ley natural y con la jerarquía real de los fines que durante siglos dieron forma inteligible a la vida europea y a su orden político, jurídico y social.

Es absolutamente válida, pues, la hipótesis de que la reingeniería social impuesta por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial es una causal importante de la actual crisis europea; otra, es que esos vencedores permitieron que la Unión Soviética se constituyera en una potencia mundial.

Cuando la Unión Soviética desapareció en 1991, las potencias occidentales le dieron tiempo otra vez para que se rearmara.

Hoy, lo previsible y lógico es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consume el abandono de Europa para beneplácito de Putin.

* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

Columna anterior: «Estamos fregados»: empleada de una farmacia del IMSS

(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

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FGR refuerza coordinación de seguridad en Oaxaca

Ernestina Godoy visita la Fiscalía Federal en Oaxaca y llama a fortalecer la coordinación entre autoridades para mejorar las investigaciones, atender a las víctimas y recuperar la confianza ciudadana.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La coordinación entre autoridades federales y estatales es clave para mejorar la seguridad y la procuración de justicia en Oaxaca, afirmó Ernestina Godoy Ramos, senadora con licencia de Morena y titular de la Fiscalía General de la República (FGR), durante una visita a la representación federal en la entidad.

En una reunión con integrantes de la mesa estatal de seguridad, la fiscal general llamó a fortalecer la cooperación y la confianza entre instituciones de los tres órdenes de gobierno, con actuaciones permanentes, rigurosas y apegadas a la ley.

La visita también tuvo como propósito conocer las condiciones laborales del personal de la Fiscalía Federal y revisar los retos que enfrenta la institución en el estado.

Godoy llama a unir capacidades institucionales

El encuentro fue encabezado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y contó con la participación de David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, y Damaris Baglietto Hernández, fiscal federal en la entidad.

También asistieron José Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado; Jesús Romero López, secretario de Gobierno, y Erika María Rodríguez Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Godoy sostuvo que ninguna institución puede enfrentar de manera aislada los desafíos de seguridad y justicia.

“Tenemos que unirnos, tenemos que coordinarnos, tenemos que tenernos confianza”, expresó al referirse a la necesidad de articular el trabajo de las fiscalías, los gobiernos y las corporaciones de seguridad.

La funcionaria planteó que la coordinación debe traducirse en acciones concretas y no limitarse a reuniones entre autoridades. El objetivo, señaló, es aprovechar las capacidades disponibles para avanzar en la construcción de la paz.

La confianza ciudadana, otro reto de la FGR

La fiscal general afirmó que la presencia de la FGR en los estados debe medirse no solo por sus instalaciones, sino también por los resultados de las investigaciones, la atención a las víctimas y su contribución a reducir la inseguridad.

“Estamos buscando que la Fiscalía General de la República esté presente no solamente en espacio, sino también que la gente le tenga más confianza a la Fiscalía”, puntualizó.

El planteamiento coloca la confianza ciudadana como uno de los desafíos de la institución: su actuación debe reflejarse en investigaciones eficaces, atención a quienes denuncian y resultados verificables en la procuración de justicia. –sn–

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Grecia Quiroz pide a FGR atraer investigación por asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación por el asesinato de Carlos Manzo y denunció falta de acceso a la carpeta completa.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, acudió a la Cámara de Diputados para solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido cuando se desempeñaba como presidente municipal.

La petición busca que la indagatoria sea asumida por la autoridad federal y se esclarezcan las circunstancias del homicidio, mientras Quiroz reclama acceso a la carpeta de investigación en su calidad de víctima indirecta.

La alcaldesa acudió a San Lázaro en respaldo de la diputada independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien presentó un punto de acuerdo para exhortar a la FGR a ejercer la facultad de atracción sobre el caso.

Grecia Quiroz reclama acceso a la investigación

Durante su participación, Quiroz afirmó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán no le ha permitido acceder a la carpeta de investigación completa.

“Lo que pido es verdad y justicia, no voy a permitir que el caso lo quieran dirigir a un callejón sin salida, a crear teorías falsas”, señaló.

La alcaldesa también pidió a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, atender su solicitud para que la investigación sea atraída por la instancia federal.

“No pido un privilegio, pido que se aplique el derecho; no pido venganza, pido verdad. No pido un favor, vengo a exigir justicia”, sostuvo.

Punto de acuerdo busca intervención de la FGR

El planteamiento presentado por Guadalupe Araceli Mendoza Arias busca que la Cámara de Diputados exhorte a la FGR a asumir la investigación del homicidio de Carlos Manzo.

La propuesta recibió el respaldo de legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, cuando todavía era alcalde de Uruapan. El caso continúa bajo investigación y la solicitud de Quiroz para que intervenga la autoridad federal se suma a las gestiones realizadas previamente ante la FGR.

La petición ocurre además a pocas semanas de cumplirse un año del homicidio, por lo que la alcaldesa sostiene que busca que el esclarecimiento del caso avance con una investigación integral y con acceso a la información correspondiente para las víctimas. –sn–

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Alejandro Moreno pide extraditar a Amílcar Olán tras ser localizado en Suiza

Alejandro Moreno pidió investigar y, en su caso, extraditar a Amílcar Olán, localizado en Lugano, Suiza, tras una investigación de Azteca Noticias sobre el empresario señalado en reportes periodísticos por sus vínculos con negocios y contratos públicos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El senador Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió que Amílcar Olán sea investigado y, en caso de existir elementos legales, extraditado a México para responder ante las autoridades.

La petición ocurre después de que el periodista Irving Pineda, de Azteca Noticias, localizó a Olán en Lugano, Suiza, en una investigación difundida este lunes. El reportero informó que recibió una llamada anónima con datos sobre su posible ubicación y posteriormente realizó un seguimiento durante varios días.

Olán ha sido mencionado en investigaciones periodísticas por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y por presuntos vínculos con contratos y negocios relacionados con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. Estos señalamientos no equivalen, por sí mismos, a una resolución judicial sobre responsabilidad penal.

Moreno exige investigar a Olán

En un mensaje difundido en redes sociales, Moreno sostuvo que las autoridades mexicanas deben investigar los señalamientos relacionados con Olán y transparentar los contratos públicos que han sido vinculados con su nombre.

El dirigente priista también afirmó que existen audios, documentos y operaciones por cientos de millones de pesos que, desde su perspectiva, deben ser revisados por las autoridades.

Moreno relacionó además a Olán con investigaciones periodísticas sobre contratos públicos, el Tren Maya y el llamado huachicol fiscal, y sostuvo que el empresario debe responder ante la justicia si existen elementos que acrediten alguna conducta ilícita.

El presidente del CEN del PRI también cuestionó que Olán se encuentre en Suiza mientras, según su planteamiento, las autoridades mexicanas no han informado sobre una orden de aprehensión en su contra.

¿Qué se sabe de su localización?

De acuerdo con Azteca Noticias, Olán fue ubicado en una propiedad de Lugano después de que el equipo periodístico recibió información sobre su paradero. Pineda relató que permaneció varios días verificando la ubicación antes de intentar entrevistarlo.

El reportero afirmó que durante el encuentro Olán rechazó responder preguntas y que posteriormente se produjo un forcejeo con el equipo de grabación. Las imágenes del incidente fueron difundidas por medios de comunicación.

La investigación también documentó el nombre de Jorge Olán Aparicio en el buzón del inmueble donde, según el reporte periodístico, reside el empresario. –sn–

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Ubican a Amílcar Olán en Suiza; Sheinbaum pide pruebas para investigarlo

TV Azteca localizó a Jorge Amílcar Olán Aparicio en Lugano, Suiza. La presidente Claudia Sheinbaum señaló que la FGR debe investigar si existen pruebas de posibles delitos.

Por Gustavo García | Reportero                                                                              

El empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio fue localizado en Lugano, Suiza, por un equipo de TV Azteca, luego de que una llamada anónima proporcionara información sobre su posible paradero y el periodista Irving Pineda realizara seguimiento durante varios días.

La localización ocurre en medio de los señalamientos periodísticos que han relacionado a Olán con negocios y contratos obtenidos durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como con Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”. El empresario no respondió a las preguntas del reportero durante el encuentro registrado en Suiza.

https://twitter.com/AztecaNoticias/status/2104612933942608300?s=20

El caso volvió a la agenda nacional después de que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo fuera cuestionada este lunes sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería investigar al empresario. La mandataria respondió que, si existen pruebas que vinculen a cualquier persona con un delito, corresponde a la Fiscalía actuar conforme a sus atribuciones.

Olán aparece en Lugano

De acuerdo con el reporte de TV Azteca, el empresario fue localizado en una propiedad de Lugano, en el cantón suizo del Tesino. El equipo periodístico informó que recibió una llamada anónima que permitió orientar la búsqueda.

https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2104591058516533468?s=20

El periodista Irving Pineda señaló que permaneció varios días en la zona antes de volver a encontrar a Olán. Durante el encuentro, el empresario evitó responder las preguntas y se produjo una confrontación entre el reportero y el empresario, según las imágenes difundidas por el medio.

La información sobre su ubicación en Suiza también fue reportada por otros medios nacionales, que identificaron a Lugano como el sitio donde actualmente se encontraría el empresario.

Sheinbaum pide elementos probatorios

La presidente sostuvo que una eventual investigación no debe depender únicamente de señalamientos publicados en medios de comunicación, sino de elementos que permitan establecer la posible comisión de un delito.

https://youtu.be/C39V2LbbKcw?t=1115

Sheinbaum señaló que, si la FGR cuenta con pruebas suficientes contra cualquier persona, debe abrir la investigación correspondiente y proceder conforme a la ley.

La postura de la mandataria se conoció días después de que la fiscal general Ernestina Godoy Ramos negara que existiera una orden de aprehensión contra Olán.

El 16 de septiembre, Godoy respondió que no existía una orden de captura contra el empresario. En esa misma declaración también negó que hubiera una orden de aprehensión contra Andrés Manuel López Beltrán.

https://youtu.be/HSVnDk1UWAY?t=221

Señalamientos sobre negocios

Olán adquirió notoriedad pública a partir de diversas investigaciones periodísticas sobre sus actividades empresariales y su cercanía con integrantes de la familia López Obrador.

Entre los temas señalados en esas investigaciones se encuentran contratos relacionados con suministro de materiales para proyectos de infraestructura, así como operaciones de empresas vinculadas con el empresario. Las acusaciones han sido objeto de cobertura periodística, pero su existencia no equivale por sí misma a una determinación judicial de responsabilidad. –sn–

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Ulises Lara dejó la FGR tras señalamiento por corrupción de una bolsa de 1 mdd: Loret de Mola

Carlos Loret de Mola afirmó que Ulises Lara habría dejado la FGR tras un señalamiento por presunta corrupción equivalente a un millón de dólares.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Ulises Lara dejó la Fiscalía General de la República (FGR) en julio pasado bajo el argumento de “motivos estrictamente personales”; sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola publicó una versión distinta sobre las circunstancias de su salida, al señalar un presunto acto de corrupción por el equivalente a un millón de dólares.

De acuerdo con la columna publicada este 23 de septiembre en El Universal, Ernestina Godoy, titular de la FGR, habría informado a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo sobre el señalamiento relacionado con Lara. Loret sostiene que ambas habrían decidido separarlo del cargo sin que el caso derivara en una investigación pública.

La versión corresponde exclusivamente a lo expuesto por el periodista y se basa, según su propia columna, en información proporcionada por fuentes de primer nivel en Palacio Nacional. Hasta ahora, no existe confirmación pública independiente que acredite el presunto acto de corrupción señalado.

¿Por qué salió Ulises Lara de la FGR?

La salida de Lara fue comunicada públicamente el 14 de julio de 2026, cuando el entonces funcionario informó que había presentado su renuncia por “motivos estrictamente personales”. La FGR también confirmó su separación del cargo.

Lara había llegado a la FGR en enero de 2026, después de que Godoy lo designara titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, además de mantener funciones como vocero de la institución. Permaneció alrededor de seis meses en esas responsabilidades.

En su mensaje de despedida, Lara agradeció la confianza de Godoy y de la institución, y señaló que realizaría una entrega ordenada, documentada y responsable de los asuntos que estaban bajo su responsabilidad.

La presidente Sheinbaum, consultada entonces sobre la salida, respondió que correspondía a la propia Fiscalía explicar las razones de la renuncia y evitó atribuirle un motivo distinto al informado oficialmente.

Loret señala presunta corrupción

En su columna de este miércoles, titulada “Ulises Lara y la renuncia por 1 millón de dólares”, Loret de Mola sostuvo que el funcionario habría sido descubierto en un acto de corrupción equivalente a un millón de dólares.

Según el relato periodístico, Godoy habría llevado la información ante Sheinbaum y posteriormente se habría tomado la decisión de separar a Lara de la FGR. El columnista afirma que la salida fue presentada públicamente como una renuncia por motivos personales.

Loret también sostiene que esa decisión habría evitado que el señalamiento derivara en una investigación contra Lara por los hechos que describe. No obstante, la columna no aporta públicamente documentos que permitan corroborar de manera independiente el supuesto acto de corrupción.

Por ello, la versión sobre un presunto pago o beneficio por un millón de dólares debe atribuirse a la investigación periodística de Loret de Mola y no presentarse como un hecho judicialmente acreditado.

La relación entre Godoy y Lara

La relación profesional entre Godoy y Lara comenzó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde él ocupó funciones como vocero durante la gestión de Godoy.

Posteriormente, Lara asumió temporalmente la conducción de la Fiscalía capitalina cuando Godoy dejó el cargo para contender por un escaño en el Senado. Su trayectoria volvió a vincularse con Godoy cuando ella asumió la titularidad de la FGR y lo incorporó a la institución federal.

En enero de 2026, Godoy lo designó al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, área que atendía investigaciones consideradas de especial importancia.

La salida de Lara generó entonces versiones sobre las razones de su separación. En los días posteriores circularon distintas explicaciones en medios, aunque la FGR y el propio exfuncionario mantuvieron como explicación pública los “motivos estrictamente personales”.

Con la nueva versión publicada por Loret de Mola, las circunstancias de la salida vuelven a quedar bajo escrutinio público. Hasta el momento, el señalamiento sobre el supuesto acto de corrupción permanece como una afirmación atribuida al columnista y no como un hecho acreditado mediante una investigación oficial conocida públicamente. –sn–

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Defender a México implica combatir la corrupción y hacer valer la ley: Ernestina Godoy

La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que defender la soberanía de México implica combatir la corrupción, hacer valer la ley, investigar delitos y fortalecer el Estado de Derecho.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Ernestina Godoy Ramos, senadora con licencia y titular de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que defender a México implica combatir la corrupción, hacer valer la ley, investigar los delitos y fortalecer el Estado de Derecho, al encabezar la ceremonia cívica de Honores a la Bandera por la Conmemoración de la Independencia de México.

Durante el acto realizado en la explanada del Parque Nacional de Justicia, la fiscal señaló que la soberanía nacional se sostiene mediante el cumplimiento de las normas, el respeto a la democracia y la igualdad, así como mediante instituciones que actúen conforme a la ley.

Ante fiscales, titulares de unidad, agentes del Ministerio Público, policías ministeriales, peritos y personal sustantivo y administrativo de la FGR, Godoy Ramos sostuvo que la defensa de la nación también implica evitar que intereses particulares se impongan sobre el interés colectivo.

Soberanía y Estado de Derecho

La titular de la FGR señaló que, desde el inicio del movimiento de Independencia en 1810 y hasta su consumación en 1821, México ha enfrentado distintas formas de presión, intervención y disputa por sus decisiones soberanas.

En ese contexto, sostuvo que un país soberano no debe someter su libertad a agentes externos ni internos y que la defensa de esa libertad requiere instituciones sujetas a las leyes.

Godoy Ramos indicó que la corrupción también representa un desafío para las instituciones, por lo que consideró necesario garantizar que los recursos públicos y las estructuras del Estado estén al servicio de la población.

La fiscal planteó que investigar delitos, llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley y fortalecer el Estado de Derecho constituyen acciones concretas para proteger la soberanía nacional.

FGR refrenda compromiso con la justicia

Durante la ceremonia, Godoy Ramos afirmó que la Fiscalía General de la República mantendrá su compromiso con la atención a la población, la investigación de delitos, la procuración de justicia y el cumplimiento de la ley.

También señaló que la institución debe mantener sensibilidad frente a las causas sociales y actuar con apego a sus responsabilidades constitucionales y legales.

La fiscal vinculó estas tareas con la conmemoración de la Independencia y sostuvo que honrar a quienes participaron en la construcción de México implica mantener vigente la responsabilidad de fortalecer al país. –sn–

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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas

La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.

De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.

Así operaba la presunta red de huachicol fiscal

Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).

La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.

El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.

Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.

La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.

La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.

Empresas legales y triangulación financiera

Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.

La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.

La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.

Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.

Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval

Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.

En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.

También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.

La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.

La investigación se extiende a cinco entidades

La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.

El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.

La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.

FGR advierte que las investigaciones continuarán

Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.

La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.

En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–

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FGR reconoce a 39 agentes de la Policía Federal Ministerial por trayectoria y resultados

La Fiscalía General de la República reconoció a 39 agentes de la Policía Federal Ministerial por su trayectoria, disciplina, vocación de servicio y resultados en investigación y seguridad.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció a 39 integrantes de la Policía Federal Ministerial (PFM) por su trayectoria, disciplina, vocación de servicio y resultados obtenidos durante años de trabajo en tareas de investigación y seguridad.

La ceremonia de reconocimiento a la PFM 2026 fue encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, en el Complejo Cultural Los Pinos, en la ciudad de México, donde fueron reconocidos ocho mujeres y 31 hombres.

Los agentes pertenecen a unidades especializadas de investigación, operaciones especiales, asuntos policiales internacionales e Interpol, operaciones de alto impacto, combate al secuestro, despliegue nacional e investigaciones cibernéticas y operaciones tecnológicas.

Godoy reconoce labor de la Policía Federal Ministerial

Durante el acto, Godoy Ramos señaló que la PFM cumple una función sustantiva para la FGR y contribuye al desarrollo de las investigaciones relacionadas con delitos federales y al cumplimiento de los objetivos de seguridad pública.

La fiscal sostuvo que el trabajo de los agentes requiere disciplina, responsabilidad y respeto, además de compromiso con la institución, las familias y la sociedad.

La titular de la FGR también explicó que desde el inicio de su administración se impulsa un modelo de investigación científica e inteligencia sustentado en la experiencia y capacidad del personal de la institución.

Investigación, inteligencia y operación policial

Héctor Elizalde Mora, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), señaló que la fortaleza de la PFM se encuentra en la calidad de las investigaciones, el análisis oportuno de información, la planeación operativa y la capacidad para convertir indicios en evidencia útil dentro de los procesos penales.

Elizalde Mora reconoció las labores que realizan los agentes para cumplir órdenes de aprehensión, localizar personas desaparecidas, proteger víctimas y desarrollar investigaciones que pueden prolongarse durante días o meses.

La PFM forma parte de la estructura operativa de la AIC. La propia FGR señala que la corporación desarrolla tareas de investigación y acciones operativas vinculadas con las investigaciones federales. –sn–

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FGR cateó dos bodegas en Miguel Hidalgo y aseguró documentos ligados al caso de huachicol de Ernesto Ruffo

La FGR aseguró pedimentos, contratos y actas en dos bodegas de Miguel Hidalgo, documentos que podrían abrir nuevas líneas de investigación sobre la presunta red de huachicol fiscal vinculada con Ernesto Ruffo.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) cateó dos bodegas ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la ciudad de México, y aseguró documentos que podrían aportar nuevas líneas de investigación sobre la presunta red de contrabando de combustible por vías férreas vinculada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Durante el operativo fueron localizados pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que, de acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, darían cuenta de una presunta simulación de operaciones por parte de integrantes de la red investigada. La documentación también incluye información relacionada con otros posibles esquemas delictivos.

El análisis inicial de los documentos permitió a la FGR identificar indicios sobre operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, lo que podría ampliar el conocimiento sobre el modo de operación de la estructura y abrir nuevas líneas de investigación.

FGR identifica documentos de operaciones de comercio exterior

El cateo fue autorizado por un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, luego de una solicitud formulada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

En las diligencias participaron ministerios públicos y peritos de la FGR, con acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los documentos fueron encontrados ocultos dentro de las bodegas.

La fiscalía señaló que los indicios corresponden a operaciones de comercio exterior de la empresa investigada y que su revisión forma parte de las diligencias para determinar el funcionamiento de la presunta red de contrabando de combustible.

Nueve personas han sido detenidas

De acuerdo con la FGR, la investigación contempla a 25 personas presuntamente vinculadas con la estructura de contrabando de combustible; nueve ya fueron detenidas, entre ellas Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso penal.

La dependencia reiteró que mantiene vigentes los principios de presunción de inocencia y debido proceso, por lo que los involucrados cuentan con las garantías legales para ejercer su defensa frente a los elementos incorporados a las carpetas de investigación.

El caso se mantiene bajo investigación y el análisis de la documentación asegurada podría derivar en nuevas diligencias relacionadas con las operaciones de comercio exterior.

FGR no ha recibido solicitud de prisión domiciliaria para Ruffo

Godoy Ramos también informó que, hasta el momento, la FGR no había sido notificada formalmente de una solicitud de la defensa de Ernesto Ruffo Appel para modificar la prisión preventiva oficiosa y cumplirla en prisión domiciliaria.

La fiscal señaló que la institución sí tiene información sobre la atención médica que recibe el exgobernador durante su internamiento y afirmó que sus derechos se mantienen garantizados.

La precisión de la FGR ocurre mientras la defensa de Ruffo impulsa recursos legales para modificar las condiciones de su reclusión. La situación de la medida cautelar permanece, por tanto, sujeta a las determinaciones de las autoridades judiciales. –sn–

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Fiscalías acuerdan reforzar búsqueda de desaparecidos y combate a extorsión

Fiscalías de México acordaron fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, los registros forenses, la investigación de extorsiones y la capacitación ministerial.

Por Martín García | Reportero                                      

Las fiscalías del país acordaron fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de extorsiones y las capacidades forenses durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Nayarit.

Entre los acuerdos figura actualizar el Protocolo Homologado de Investigación sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, además de establecer acciones de capacitación y certificación para personal ministerial, pericial y policial.

Las instituciones también prevén recursos específicos en los presupuestos de 2027 para fortalecer las fiscalías especializadas, mejorar su infraestructura y garantizar condiciones suficientes para atender las investigaciones y a las familias de las víctimas.

Búsqueda de desaparecidos

El encuentro reunió a las fiscalías y procuradurías del país para revisar estrategias relacionadas con personas desaparecidas, materia en la que la coordinación entre autoridades federales y estatales constituye uno de los principales retos institucionales.

La actualización del protocolo deberá acompañarse de acciones para su difusión, capacitación y certificación, con el propósito de homologar criterios de actuación entre agentes ministeriales, policías y especialistas forenses.

Los acuerdos también contemplan fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses, mejorar la calidad de sus registros y facilitar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

La participación de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México permitió incorporar una perspectiva centrada en los derechos de las víctimas y sus familias, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).

Más recursos para fiscalías

La asignación de recursos específicos para 2027 busca atender una de las condiciones necesarias para mejorar la capacidad institucional: contar con personal, infraestructura y herramientas suficientes para investigar delitos y buscar a personas desaparecidas.

En materia forense, las autoridades acordaron dar seguimiento a las capacidades existentes en las fiscalías y procuradurías, así como fortalecer los mecanismos que permiten compartir información para identificar y procesar datos relacionados con personas desaparecidas.

El acuerdo adquiere relevancia en Nayarit, donde la fiscal general estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo ha participado en reuniones nacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

La CNPJ también conoció un manual para la operación de fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias, investigar y perseguir el delito de extorsión, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer capacidades.

Capacitación contra extorsión

La profesionalización del personal quedó incorporada entre las prioridades de la reunión, con énfasis en la capacitación relacionada con investigación y persecución de la extorsión.

Para ello, se acordó difundir la oferta educativa del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), con especial atención en programas vinculados con el combate a este delito.

Las fiscalías también analizaron propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales orientadas a agilizar y fortalecer las investigaciones, aunque su eventual aprobación dependerá del proceso legislativo correspondiente.

En materia de feminicidio, los integrantes de la CNPJ conocieron la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, presentada por el Ejecutivo federal y turnada al Congreso para su análisis.

Acuerdos sobre feminicidio

La propuesta busca homologar en todo el país los criterios para investigar y sancionar el feminicidio, además de establecer mecanismos de coordinación, atención a víctimas y reparación integral del daño.

El proyecto plantea un tipo penal homologado, penas de 50 a 70 años de prisión y agravantes vinculadas con circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas, entre otros elementos.

La iniciativa permanecía en trámite legislativo al cierre de esta información, luego de que la Comisión Permanente recibiera la propuesta y la turnara para su análisis en comisiones del Congreso de la Unión.

La Asamblea Plenaria concluyó con el compromiso de trasladar los acuerdos a acciones institucionales concretas, entre ellas la aplicación de protocolos, el fortalecimiento de investigaciones y la atención a víctimas y familiares.

La reunión fue encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la CNPJ, y se realizó en Nayarit como sede de la 54 Asamblea Plenaria, fuera de la Cdmx.

Para la Fiscalía General de la República, la coordinación con las fiscalías estatales forma parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de investigación y mejorar la respuesta institucional frente a delitos de alto impacto.

Los acuerdos alcanzados colocan la búsqueda de personas desaparecidas, la capacidad forense, la extorsión y el feminicidio entre los asuntos prioritarios de coordinación nacional en materia de procuración de justicia.

El reto para las instituciones será convertir las decisiones adoptadas en recursos, capacitación, protocolos aplicados y mejores resultados para las víctimas, especialmente en investigaciones que requieren coordinación entre distintos niveles de gobierno. –sn–

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Fiscales de todo México acuerdan reforzar coordinación contra delitos

Fiscales de las 32 entidades y de la FGR acordaron fortalecer la coordinación en procuración de justicia durante la LIV Asamblea Plenaria de la CNPJ, celebrada en Nayarit.

Por Martín García | Reportero                                      

La coordinación entre fiscalías estatales y federales fue el eje de la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Nayarit, donde autoridades revisaron estrategias para mejorar las investigaciones y combatir delitos de alto impacto.

En el encuentro participaron fiscales generales de las 32 entidades federativas, titulares de fiscalías especializadas y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes intercambiaron prácticas y plantearon mecanismos para fortalecer la procuración de justicia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la coordinación del Gabinete Federal de Seguridad permitió detener a 63 mil personas por delitos de alto impacto, asegurar más de 32 mil armas de fuego y decomisar 518 toneladas de droga.

También reportó la destrucción de dos mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, cifras presentadas durante la inauguración de la asamblea como parte de los resultados de la estrategia federal de seguridad.

Coordinación entre fiscalías

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, sostuvo que los encuentros regionales de las zonas Centro, Occidente, Noreste, Noroeste y Sureste permitieron mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de investigar y perseguir delitos.

Godoy planteó que las fiscalías deben mantener una visión común para ejecutar políticas públicas contra la delincuencia, la impunidad y la corrupción, con apego a la legislación y respeto a las garantías individuales.

La titular de la FGR vinculó estos trabajos con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que establecen objetivos para las instituciones encargadas de la investigación penal.

La FGR tiene entre sus responsabilidades constitucionales la investigación y persecución de delitos del orden federal, mientras que las fiscalías estatales atienden los ilícitos correspondientes a sus respectivas competencias.

Desapariciones y extorsión

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, llamó a las instituciones de seguridad y justicia a fortalecer sus sistemas de inteligencia y a actuar con mayor capacidad para prevenir los delitos.

Navarro sostuvo que las autoridades no deben ceder ante las presiones de la delincuencia y planteó la necesidad de armonizar los mecanismos de inteligencia para responder a las demandas de la población.

La fiscal general del Estado de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, señaló que la asamblea permitió abordar problemas de alcance nacional como las desapariciones, la protección de los derechos humanos, la extorsión y los feminicidios.

Heredia advirtió que delitos como la violencia familiar pueden constituir un antecedente de conductas más graves y, en determinados casos, relacionarse con actividades de la delincuencia organizada.

Buscan mejorar investigaciones

La fiscal nayarita planteó que las instituciones deben compartir experiencias y aplicar mejores prácticas para elevar la calidad de las investigaciones y fortalecer la respuesta del Ministerio Público.

El encuentro reunió también a representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados con la seguridad, la justicia y los derechos humanos, entre ellos la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Entre los asistentes estuvieron Maia Campbell, representante adjunta de esa oficina; Efrén Rodríguez González, secretario técnico de la CNPJ; y Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También participaron Edgar Román Salazar Carrillo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, y Salvador Castañeda Rangel, presidente de la Comisión de Gobierno, además de fiscales generales y representantes regionales. –sn–

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Mensaje de la Fiscal General, Ernestina Godoy, sobre el caso Ayotzinapa📱

La Fiscalía General de la República (FGR), convoca a seguir el mensaje que se transmitirá a través de las plataformas de la institución, el cual será encabezado por la titular de esta FGR, licenciada Ernestina Godoy Ramos #FGR #ErnestinaGodoy #ElUniversal

https://fllics.com/en/video/mensaje-de-la-fiscal-general-ernestina-godoy-sobre-el-caso-ayotzinapa%f0%9f%93%b1/

Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

Punto cero

El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: El zumbido al moscardón

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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FGR niega cateo en oficina de Ulises Lara tras versiones sobre diligencia

La FGR rechazó que se realizara un cateo en la oficina que ocupó Ulises Lara y aclaró que la investigación relacionada con Rubén Rocha Moya corresponde a otra área de la institución.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que se haya realizado un cateo en la oficina que ocupó Ulises Lara López, extitular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes (Feair), luego de que surgieran versiones sobre una presunta diligencia tras su salida de la institución.

La aclaración se produjo después de que diversos reportes señalaran que autoridades federales habrían intervenido el despacho del exfuncionario, quien presentó su renuncia días atrás al cargo que desempeñó dentro de la FGR. Sin embargo, la dependencia negó que esa acción se hubiera llevado a cabo y precisó que la investigación relacionada con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, corresponde a otra área de la institución.

Ulises Lara dejó la Feair al asegurar que su decisión obedeció a motivos personales y agradeció la confianza de la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos. Su salida ocurrió en medio de versiones sobre investigaciones relevantes que estaban bajo seguimiento de la FGR.

Lara rechaza señalamientos

Tras difundirse distintas versiones sobre su renuncia, Ulises Lara publicó una carta en la que rechazó haber incurrido en conductas contrarias a la ley o al servicio público durante su gestión.

El exfuncionario afirmó que no participará en debates públicos sustentados en «versiones parciales» o interpretaciones personales y sostuvo que cualquier aclaración la realizará mediante los cauces institucionales y dentro del marco legal.

Participó en casos de alto impacto

Durante su paso por la FGR, Lara encabezó la Fiscalía Especializada en Investigación de Asuntos Relevantes y fue uno de los funcionarios que informó públicamente sobre investigaciones de alto perfil.

Entre sus últimas apariciones públicas se encuentran los avances relacionados con el accidente en el que fallecieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua y la respuesta institucional a las declaraciones emitidas por autoridades de Estados Unidos respecto a investigaciones vinculadas con funcionarios mexicanos.

Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre la apertura de alguna investigación en contra de Ulises Lara ni ha dado a conocer diligencias ministeriales relacionadas con el exfuncionario. La institución mantiene que las versiones sobre un presunto cateo en su oficina son incorrectas. –sn–

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Ulises Lara rechaza señalamientos tras dejar la Fiscalía Especial de la FGR

Ulises Lara López rechazó señalamientos en su contra tras renunciar a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Afirmó que su actuación siempre se apegó a la ley y que cualquier aclaración deberá realizarse por las vías institucionales.

Por Martín García | Reportero                                      

Ulises Lara López rechazó los señalamientos que buscan atribuirle conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que desempeñó durante su gestión en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la semana pasada presentara su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

A través de una carta difundida en sus redes sociales, el exfuncionario respondió a las versiones surgidas tras su salida de la institución y sostuvo que durante el tiempo en que ocupó el cargo actuó conforme al marco legal, a las atribuciones que le fueron conferidas y a las obligaciones inherentes al servicio público.

Lara López afirmó que no participará en debates públicos sustentados en versiones parciales o interpretaciones personales y señaló que cualquier cuestionamiento sobre su desempeño deberá atenderse por los conductos institucionales y con información verificable.

Pide que cualquier aclaración se realice por las vías legales

En el documento, el exfiscal indicó que las aclaraciones relacionadas con su actuación deberán realizarse «por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable», sin abundar en las versiones que motivaron su pronunciamiento.

También agradeció las muestras de respaldo recibidas durante los últimos días y aseguró que las asume «con prudencia, responsabilidad y pleno apego a la ley».

Renunció por motivos personales

La renuncia de Ulises Lara López fue presentada la semana pasada por motivos personales, apenas unos meses después de haber sido designado al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR.

Antes de asumir esa responsabilidad, fue nombrado en mayo de 2025 como representante de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Morelos, durante la gestión del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Trayectoria en la Fiscalía de la ciudad de México

En enero de 2024, Ulises Lara López asumió de manera interina la titularidad de la Fiscalía General de Justicia (FGJ de la ciudad de México (Cdmx), tras la salida de Ernestina Godoy, quien posteriormente fue designada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo como consejera jurídica del Poder Ejecutivo.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado quién asumirá de manera definitiva la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes ni ha emitido un posicionamiento adicional sobre la renuncia del exfuncionario. –sn–

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Opinión | Jorge Santa Cruz | «Estamos fregados»: empleada de una farmacia del IMSS

El creciente desabasto de medicamentos contrasta con la credencialización del Servicio Universal de Salud, que promete mucho con muy poco.

Por Jorge Santa Cruz                                   

Son las 08:30 de la mañana. Los pacientes de una de las clínicas familiares del IMSS en la ciudad de México forman dos filas frente a la farmacia. Una es para los medicamentos ordinarios; la otra, para los controlados.

La farmacia abrió 30 minutos antes, lo cual quiere decir que sus inventarios deberían de estar casi completos.

En las caras de las personas formadas se advierte la incertidumbre. Una mujer, como de 58 años, comenta en voz alta: «Tengo insuficiencia renal y llevo tres meses sin que me surtan mi medicamento, que es carísimo. Cuando puedo, lo compro; cuando no, me tengo que aguantar». Sus improvisados escuchas solo atinan a mover negativamente sus cabezas y a esbozar una mueca de reproche al IMSS.

Las dos filas avanzan rápidamente porque los pacientes se quedan con sus recetas.

—No nos ha llegado.

—¿Cuándo la podrían tener?

—Venga lunes o martes de la próxima semana, a ver si ya…

—Veo que a muchos los regresan con las manos vacías.

—Sí: estamos fregados. Y para colmo, nos tocan los regaños de la gente que se enoja.

Los que se encuentran en la parte de atrás de la fila no necesitan escuchar para enterarse de lo que sucede. Basta que vean cómo las empleadas mueven sus cabezas de un lado a otro; y cómo los pacientes reciben nuevamente sus recetas. La mayoría ya no protesta. Sabe que el problema viene de «arriba», de «muy arriba».

Sacaron del cuadro básico de medicamentos productos tan básicos como el captopril, que se prescribe para casos de hipertensión. Otros, como la metformina (para la diabetes) y el bezafibrato (para reducir los niveles de triglicéridos) simple y sencillamente no se encuentran en sus respectivos estantes.

Llegar a la ventanilla de la farmacia de la clínica con una receta de duloxetina (que es una medicina controlada) equivale también a recibir una negativa: «No nos ha llegado». La duloxetina está indicada, por ejemplo, para el tratamiento de la depresión mayor, la ansiedad generalizada, la fibromialgia, el dolor crónico musculoesquelético y el dolor por neuropatía diabética.

Cada receta lleva un ingrediente invisible para el IMSS, para el ISSSTE, para el ISSFAM, para los servicios médicos de Pemex, para la Secretaría de Salud, para el IMSS Bienestar: la esperanza de los pacientes de mejorar su salud y calidad de vida.

El trámite es rápido. Lo paradójico es que a pocos metros de la farmacia están los módulos de Credencialización del Servicio Universal de Salud (otra forma que tiene el régimen para hacerse con los datos biométricos de la población).

A la población le ofrecen un Servicio Universal de Salud que carece de medicamentos, de médicos especialistas y de apartos suficientes. El régimen sigue en campaña. Eso, y mentir, es lo que sabe hacer.

Bien lo dijo la chica que amablemente dialogó con uno de los pacientes: «estamos fregados». 

* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

Columna anterior: Peligroso paroxismo patriotero

(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Opinión | Jorge Santa Cruz | Peligroso paroxismo patriotero

México actúa en el mundo como enemigo de los Estados Unidos.

Por Jorge Santa Cruz                                   

La negativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de renovar el tratado comercial suscrito en 2020 por México, Estados Unidos y Canadá ─diseñado, por cierto al gusto del republicano─ era absolutamente previsible porque el gobierno mexicano interviene todos los días en la política interna estadounidense.

A Trump se le niega la extradición de presuntos narcopolíticos mexicanos; se le exigen pruebas de que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha financiado procesos electorales y se le acusa de proteger al Cártel de Sinaloa; se le desafía en reuniones con enemigos declarados de Estados Unidos; se recibe a criminales en las embajadas mexicanas y, por si faltara algo, se habla de intervención y de invasión.

La ocupante de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, soltó en su conferencia matutina de este lunes (06.07.2026), que su gobierno dará a conocer la información de cómo fue sacado del país el cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada.

Lo hará, según dijo, para que se esclaresca el asunto y se respete la soberanía nacional, ya la colaboración no puede justificar la invasión y el intervencionismo:

“No puede justificar la invasión, la injerencia. No lo puede justificar, porque, como lo he dicho siempre, la cooperación, la colaboración con Estados Unidos y todas sus instituciones par el tema de seguridad, esa seguimos avanzando; pero es cooperación sin subordinación, es colaboración, sin injerencismo. Y eso le ha quedado claro a todos”.

Sheinbaum anticipó que mañana se presentará “lo que se dijo en su momento y lo que se dice ahora. ¿Quién mintió?”. Veremos cómo le responden desde Washington.

En ese torbellino populista, irresponsable y patriotero lo único que falta es que el maximato le declare la guerra a los Estados Unidos. 

* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

Columna anterior: Frenado, por ahora, el impuesto a las herencias

(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

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FGR afirma que no hay pruebas contra Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios reclamados por EU

La Fiscalía General de la República informó que, hasta el momento, no ha encontrado pruebas que acrediten vínculos de Rubén Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios de Sinaloa con el Cártel de Sinaloa, pese a la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, hasta el momento, no ha encontrado pruebas suficientes que acrediten presuntos vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve exfuncionarios sinaloenses con el Cártel de Sinaloa (CDS), pese a la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal especializado en Control Regional de la FGR, David Boone de la Garza, explicó que la investigación se inició a partir de la petición formulada por el gobierno estadounidense en abril de este año y que las diligencias continúan conforme a la legislación mexicana.

https://twitter.com/porktendencia/status/2075005633682665954?s=20

Investigación continúa, pero sin pruebas suficientes

Boone de la Garza señaló que la carpeta de investigación se abrió con base en los hechos expuestos por Estados Unidos, aunque aclaró que hasta ahora no existe el nivel mínimo de prueba que exige el marco jurídico mexicano para sustentar los delitos señalados.

Precisó que la FGR ha realizado entrevistas ministeriales a las 10 personas mencionadas en la solicitud de extradición, además de recopilar informes y otros elementos de investigación.

«Ha sido y está siendo exhaustiva la investigación», afirmó el funcionario, quien reiteró que los hechos denunciados continúan bajo análisis.

https://youtu.be/lPE5SS7XnDs?t=971

FGR limita la investigación a los delitos señalados por Estados Unidos

Por su parte, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, aclaró que la investigación no contempla posibles delitos financieros, patrimoniales o de otra naturaleza.

Explicó que las indagatorias se circunscriben exclusivamente a los presuntos delitos de narcotráfico por los cuales las autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional con fines de extradición.

«No hemos ampliado la investigación a otros delitos», puntualizó la fiscal.

Caso se aborda junto con investigación por traslado de «El Mayo» Zambada

La información fue dada a conocer durante la conferencia en la que la FGR informó sobre las investigaciones relacionadas con el traslado de Ismael «El Mayo» Zambada de Sinaloa a Nuevo México, ocurrido en julio de 2024.

En ese mismo encuentro, la institución señaló que mantiene una investigación para determinar si autoridades de Estados Unidos incurrieron en posibles violaciones a la legislación mexicana e internacional durante la captura y traslado del presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, la FGR reiteró que las investigaciones sobre ambos casos permanecen en curso y que cualquier determinación dependerá de las pruebas que se obtengan durante las diligencias. –sn–

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FGR investiga posibles delitos de autoridades de Estados Unidos por la captura de ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía General de la República informó que investiga posibles violaciones al derecho mexicano e internacional relacionadas con la detención y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada a Estados Unidos, tras considerar insuficiente la información proporcionada por ese país.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene una investigación sobre posibles delitos graves cometidos por autoridades de Estados Unidos en torno a la detención y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada, ocurrida en julio de 2024.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general y senadora con licencia Ernestina Godoy señaló que el gobierno mexicano ha solicitado en diversas ocasiones información a las autoridades estadounidenses sobre el operativo; sin embargo, afirmó que la respuesta ha consistido en datos parciales e insuficientes para esclarecer cómo se realizó la captura del presunto líder criminal.

https://youtu.be/lPE5SS7XnDs?t=531

La funcionaria indicó que, de confirmarse la participación directa de agencias estadounidenses en territorio mexicano, podrían configurarse violaciones al derecho nacional e internacional, además de posibles irregularidades en la actuación de funcionarios diplomáticos.

FGR cuestiona información proporcionada por Estados Unidos

Godoy explicó que la investigación ha detectado inconsistencias en la información entregada por autoridades estadounidenses, particularmente respecto a la identificación de la aeronave utilizada durante el traslado de Zambada.

https://youtu.be/lPE5SS7XnDs?t=964

«Se advierte que las autoridades norteamericanas en distintas ocasiones han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión. En este contexto nos encontramos frente a una investigación muy compleja», afirmó.

Agregó que la relevancia del caso radica en determinar si existió una operación realizada en territorio mexicano sin la autorización del Estado mexicano.

Señalan contradicciones en versión de Ken Salazar

La fiscal recordó que el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en la captura de Zambada y que la operación había sido realizada entre integrantes del crimen organizado.

No obstante, Godoy señaló que recientes versiones periodísticas apuntan a que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) habría reconocido la planeación y ejecución del operativo.

De corroborarse esa información dentro de la investigación oficial, dijo, podrían acreditarse diversas conductas que implicarían responsabilidades jurídicas.

Las posibles violaciones que investiga la FGR

La fiscal explicó que la investigación contempla tres posibles escenarios de responsabilidad.

El primero sería una presunta violación al derecho mexicano e internacional si agentes extranjeros realizaron operaciones en territorio nacional sin autorización.

El segundo consistiría en un posible acuerdo realizado al margen de los mecanismos legales de cooperación entre ambos países.

El tercero se relaciona con las declaraciones públicas del entonces embajador Ken Salazar, quien aseguró que el gobierno estadounidense no intervino en la captura del cofundador del Cártel de Sinaloa, versión que ahora es objeto de revisión conforme avanza la investigación.

Godoy precisó que la indagatoria continúa abierta y que la FGR mantendrá las diligencias para determinar si existen responsabilidades derivadas de la detención y traslado de Ismael «El Mayo» Zambada hacia Estados Unidos. –sn–

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Opinión | Jorge Santa Cruz | Frenado, por ahora, el impuesto a las herencias

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de sentencia de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra que proponía gravar con el Impuesto Sobre la Renta (ISR) los recursos de las cuentas individuales de retiro de los trabajadores fallecidos entregados a las personas beneficiarias.

Por Jorge Santa Cruz                                   

El proyecto de sentencia tuvo seis votos en contra y tres a favor (el de la ministra ponente, Herrerías Guerra y los de las ministras Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González).

La ministra Batres dijo que se debe aplicar el ISR a los beneficiarios porque reciben un recurso que no proviene de su esfuerzo y reproduce desigualdades sociales.

No se trata de otra ocurrencia o de otra improvisación de la ministra Batres Guadarrama. Está claro que el régimen está urgido de dinero. Lo que hizo ella, por lo demás, fue apegarse al criterio de Carlos Marx (coautor del Manifiesto del Partido Comunista con Federico Engels) que expuso por escrito durante el congreso de la Primera Internacional efectuado en Basilea, Suiza, en 1869.

El anarquista Mijail Bakunin propuso entoces la «abolición total del derecho de herencia» como el medio principal para alcanzar la justicia social.

El tema de ninguna manera era ajeno a Marx y a Engels, quienes al final de capítulo II del citado Manifiesto propusieron ─entre otras medidas─ la aplicación de fuertes impuestos progresivos y la abolición del derecho de herencia para lograr la dominación política del proletariado.

Sin embargo, Marx difirió de Bakunin con el argumento de que eliminar la herencia por decreto dejando intacta la propiedad privada de los medios de producción (tierra, maquinaria, fábricas) mantendría la estructura de clases.

Señaló ─en cambio─ que la regulación y los impuestos sobre la herencia eran medidas mucho más viables para limitar el poder arbitrario de la burguesía mientras el sistema capitalista persistiera. Lenia Batres aprovechó, pues, la situación para empujar otra política marxista contraria a la dignidad humana y a la libertad económica.

El impuesto a las herencias y los legados fue detenido por el momento; pero sigue latente. El maximato obradorista tratará de imponerlo en cuanto le sea posible. Por lo pronto, tratará de abolir la libertad de expresión y de opinión en internet una vez que concluya la copa mundial de futbol. 

* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

Columna anterior: La nación es la identidad común

(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

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Opinión | Jorge Santa Cruz | La nación es la identidad común

Es la cúspide de fuerzas espirituales que eslabonan a las generaciones y las ordenan al bien común.

Por Jorge Santa Cruz                                   

La sola acumulación de personas sin vínculos sólidos entre ellas es estéril. Los vínculos trascendentes son aquellos que unen a las personas, a las familias y a las comunidades en torno a ideales superiores como nación y patria.

Para alcanzarlos, es necesario que las personas, las familias y las comunidades (en las que surgen municipios, empresas, gremios, etc.) honren lo que recibieron de sus antepasados. Honrarlo significa, sin más, perfeccionarlo, compartirlo y heredarlo.

Nación y patria son resultado de la continuidad generacional y de la suma de esfuerzos (tanto de individuos como de comunidades) orientados al logro del bien común.

Así como cada persona tiene su propia alma, así los pueblos. El alma de ellos es la nación, es decir, el vínculo que los hermana en el tiempo y en el espacio.

“La nación —escribió el periodista e historiador mexicano Salvador Borrego Escalante (1915-2018)— va adquiriendo plenitud a medida que sus integrantes van cobrando conciencia de su nacionalidad”.1

La conciencia de nacionalidad implica, por tanto, una entrega continua, convencida y generosa a las otras personas que comparten su origen y que trabajan para lograr una estructura mayor, aunque intangible: la nación.

En su expresión más primitiva, el individuo se esfuerza por satisfacer únicamente sus necesidades personales. En un segundo momento, busca cubrir sus necesidades personales y las de su familia. Aun así, su nivel de compromiso cívico —como lo enseña la Historia— es insuficiente para asegurar la existencia, tanto de él como de quienes conforman su familia.

Las familias que optan por vivir aisladas sucumben fácilmente en la lucha por la vida; su renuencia a constituir una estructura mayor, la comunidad, las hace vulnerables en extremo.

Lo mismo sucede con las comunidades. Su permanencia en el tiempo depende de que tengan vínculos sólidos entre ellas (tanto religiosos, como cívicos, administrativos, económicos y comerciales). La unión hace la fuerza.

Dado que la vida es lo más valioso en el orden temporal, es necesario que el individuo no aporte solamente para él y para su familia, sino también para su comunidad. El que lo hace demuestra un significativo grado de madurez, pero está lejos aún de poseer la conciencia de nacionalidad.

La familia y la comunidad tienen límites tangibles, fáciles de identificar. La nación, no. ¿La nación es la familia de todos? Sí; ¿es la comunidad de comunidades?, también. Pero es más que eso: es el vínculo espiritual que cohesiona a los ciudadanos con base en los valores y los principios más elevados que se ordenan al bien común.

La nación nada tiene que ver con la suma de egoísmos individuales y familiares («Mientras que a mi me den, no me importa lo demás»; «Mientras que mi familia reciba del gobierno, la suerte de los demás me tiene sin cuidado»).

La nación —siguiendo el pensamiento de Salvador Borrego Escalante— es la cúspide de fuerzas espirituales, conjunción de talentos y esfuerzos, y la realización de tareas acumulativas heredadas. Es, sin más, la identidad común.

Los pueblos con mayor conciencia de nacionalidad son los que han dado origen a naciones de mayor influencia en la historia. Ni la extensión territorial ni los recursos naturales son decisivos; cada nación es la cúspide de fuerzas espirituales, de emociones conjuntas. de voluntades perdurables, de orgullosos esfuerzos colectivos, de renovadas tareas acumulativas heredadas, de hombres que tácitamente se unen a realizar una obra común.2

Resulta, pues, absolutamente cierto que los países cuyos pueblos carecen de conciencia de nacionalidad son los más propensos a ser colonizados por otras naciones.

La falta de conciencia nacional contribuyó decisivamente a la derrota de los mexicas frente a Hernán Cortés. De esto nos ocuparemos más adelante. 

Referencias

1. Salvador Borrego Escalante. América peligra. 600 años de azarosa historia de 1410 a 2017. Edición del autor, 26a. edición. México, 2017, p. 5
2. Íbid., pp. 7-8.

* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1

Columna anterior: ¿Se entregará el senador Enrique Inzunza a la justicia de EE.UU?

(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).

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Eduardo Ibarra Aguirre analiza en su columna la gestión de Ernestina Godoy, señalando cómo los colores partidistas y los intereses políticos han influido en la procuración de justicia. Una crítica necesaria sobre la autonomía institucional en México. 🏛️ #Opinión #ErnestinaGodoy
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