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Maru Campos, candidata de EU para el 2030: Reginaldo Sandoval
Diputado del PT vinculó a Maru Campos con intereses estadounidenses.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La controversia política entre el Partido del Trabajo (PT) y el gobierno de Chihuahua escaló este miércoles luego de las declaraciones del coordinador parlamentario petista, Reginaldo Sandoval, contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván. El legislador sostuvo que la mandataria estatal permitió la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano. También afirmó que existieron violaciones a la soberanía nacional.
Durante una conversación con representantes de medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Reginaldo Sandoval calificó a la gobernadora panista como “traidora a la patria”. El diputado sostuvo que la mandataria estatal mantuvo vínculos con autoridades estadounidenses. Además, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) debía responder ante la ciudadanía por esos hechos.
El coordinador parlamentario del PT afirmó que el gobierno de Estados Unidos respaldaría políticamente a Maru Campos rumbo al proceso electoral de 2030. El legislador expresó que no tenía dudas sobre un supuesto apoyo extranjero hacia la gobernadora de Chihuahua. También aseguró que esa relación representaría una afectación a la soberanía nacional.
Señalamientos contra gobernadora
Reginaldo Sandoval declaró que la gobernadora de Chihuahua habría cometido un ilícito al permitir la presunta participación de agentes extranjeros en operativos realizados en territorio mexicano. El diputado indicó que esas acciones vulneraron la Constitución y la legislación en materia de seguridad pública. También exigió un juicio político contra la mandataria estatal.
Las declaraciones surgieron después de las investigaciones relacionadas con la presencia de elementos estadounidenses en un operativo efectuado en la Sierra Tarahumara. El caso tomó relevancia tras el hallazgo de un supuesto laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, en Chihuahua. La situación derivó en comparecencias y posicionamientos de distintos actores políticos.
El legislador petista afirmó que el supuesto laboratorio de narcóticos localizado en la región serrana no correspondió a una instalación de producción de drogas. Según sus declaraciones, el inmueble habría funcionado como un centro de entrenamiento vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés). También sostuvo que en el sitio no localizaron armas, personas ni materiales ilícitos. –sn–
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Semar destruye más de dos toneladas de cocaína aseguradas en operativos en Oaxaca
Personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Oaxaca supervisó que el proceso se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable.
Por Martín García | Reportero
La Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) incineró más de 2,155.382 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron asegurados en el marco de las acciones de mantenimiento del Estado de derecho.
El acto se realizó en el Polígono Naval de Instalaciones Logísticas de este Mando Superior en Jefe Operacional, siendo presidido por el Vicealmirante Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, Comandante de la Décima Región Naval quien estuvo acompañado en por el Ingeniero Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, la Maestra Damaris Baglietto Hernández, Fiscal Federal de la República en el Estado de Oaxaca, en conjunto con diversas autoridades.
Derivado de lo anterior, es importante mencionar que personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Oaxaca supervisó que el proceso se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable, asimismo, peritos de dicha dependencia verificaron los procedimientos, así como la identidad química del estupefaciente destruido. –sn–
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch
La presión federal sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a cerrar la pinza en una de las regiones más críticas del occidente del país…
Por Raúl García Araujo
… la franja que integran Teocaltiche y Villa Hidalgo, en Jalisco, junto con Nochistlán y Apulco, en Zacatecas, donde durante años el crimen organizado no solo ha disputado territorio, sino también control social y político.
Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afina los últimos detalles para activar en esa zona la denominada “Operación Enjambre”, una estrategia de gran calado que va mucho más allá de los golpes tradicionales contra objetivos criminales.
El objetivo real, según el diseño federal, es desarticular simultáneamente las estructuras operativas del CJNG y las redes de protección política, policial y administrativa que han permitido su expansión y permanencia.
Dentro del Gabinete de Seguridad existe la convicción de que el fortalecimiento del grupo criminal no puede explicarse sin la existencia de presuntas complicidades institucionales en niveles municipales y estatales.
Por ello, las indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República apuntan hacia servidores públicos que habrían facilitado operaciones, filtrado información sensible y garantizado cobertura a integrantes del crimen organizado.
En el centro de esta ofensiva aparece la figura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG y objetivo prioritario dentro de la estrategia federal.
Su presencia en la región ha sido clave para la articulación de un corredor criminal dedicado al cobro de piso, desapariciones, tráfico de armas, drogas y homicidios.
Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.
Esa capacidad de evasión no se explica únicamente desde la lógica criminal, sino también desde la penetración de estructuras de poder local.
En ese contexto, la “Operación Enjambre” busca ejecutar un golpe simultáneo y quirúrgico que rompa la arquitectura completa de protección del CJNG en la región.
No se trata únicamente de capturar líderes criminales, sino de desmontar el sistema que les ha permitido operar con ventaja frente al Estado.
El enfoque de esta estrategia, impulsada por García Harfuch, ha sido descrito dentro del propio entorno federal como una operación de inteligencia, contención y judicialización que ya ha mostrado resultados en otras entidades, donde han caído funcionarios municipales y operadores criminales vinculados a esquemas de extorsión y corrupción.
En ese sentido, la lectura política dentro del Gobierno federal es clara: sin romper los vínculos entre criminalidad y estructuras institucionales, cualquier avance sería parcial. De ahí el énfasis en cerrar la pinza sobre el conjunto del ecosistema criminal, no solo sobre sus figuras visibles.
Fuentes consultadas en el entorno de seguridad reconocen además que estas acciones han generado un alto nivel de aceptación en sectores de la población que durante años han vivido bajo presión permanente del crimen organizado, con dinámicas de control territorial, miedo y desplazamiento.
El principio que guía esta ofensiva es el llamado “cierre de pinza”: golpear simultáneamente la estructura criminal y sus posibles redes de protección institucional. Sin esa doble acción, advierten en el Gabinete de Seguridad, el crimen organizado mantiene capacidad de regeneración.
En ese marco, la “Operación Enjambre” no solo representa una ofensiva contra el CJNG, sino una redefinición del control del Estado en territorios donde, durante años, la autoridad fue rebasada por estructuras criminales que operaron con margen de maniobra casi absoluto.
En Cortito
Nos cuentan que el estado de México fue escenario de uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado que operan bajo fachada de organizaciones sociales, tras la detención de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo denominado “La Chokiza”.
La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Rodríguez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“La Chokiza” ha sido señalada como un grupo de choque con operación en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, con actividades vinculadas a la extorsión, el despojo, el narcomenudeo, el secuestro y el homicidio, además de mantener presuntos vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región del Valle de México.
Por ello, la detención de este presunto generador de violencia representa un golpe de alto impacto que, de acuerdo con fuentes de seguridad, refleja el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo la conducción de José Luis Cervantes Rodríguez.
En este contexto, este tipo de acciones se perfilan como un factor clave dentro de la estrategia de combate a estructuras delictivas que durante años operaron con relativa impunidad, al amparo de redes híbridas entre el control territorial, la violencia y la simulación de organización social en el Valle de México.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Nacho Mier contra la memoria
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Maru Campos enfrenta nueva audiencia en la Cdmx por caso Corral
Nueva audiencia y acusaciones políticas marcaron el caso Maru Campos.
Por Fausto Hernández | Reportero
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que recibió un citatorio judicial en calidad de imputada por un caso relacionado con el senador morenista Javier Corral Jurado. La notificación fue emitida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México (Cdmx), que dirige Bertha Alcalde Luján y fijó una audiencia para el próximo 29 de mayo en instalaciones del Poder Judicial de la capital. El expediente incluye señalamientos por presunta privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
https://twitter.com/MaruCampos_G/status/2059433779811295354?s=20
La mandataria estatal señaló que el nuevo procedimiento coincidió con otro requerimiento de comparecencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con investigaciones sobre un laboratorio clandestino localizado en la sierra de Chihuahua. Campos Galván afirmó que ambos procesos ocurrieron de manera simultánea y apuntaron directamente hacia su administración. La gobernadora sostuvo que atenderá cada llamado de las autoridades por la vía jurídica.
En el documento firmado por la agente del Ministerio Público, Karla Elizabeth Cortés Álvarez, también se notificó la determinación de no ejercer acción penal en una carpeta de investigación abierta previamente. Esa resolución fue emitida el pasado 27 de febrero y formó parte de la misma indagatoria relacionada con el caso. La audiencia se programó en una sala de oralidad ubicada en la alcaldía Xochimilco, en la ciudad de México.
Acusaciones y citatorios
A través de un mensaje difundido en video, Maru Campos acusó un uso faccioso de instituciones del Estado para perseguir a quienes mantienen diferencias políticas con el oficialismo. La mandataria vinculó el nuevo citatorio con el proceso de investigación relacionado con agentes estadounidenses presuntamente involucrados en un laboratorio clandestino. También indicó que el contexto coincidió con acciones políticas impulsadas desde el ámbito federal.
Campos Galván recordó que el origen de la denuncia presentada por Javier Corral Jurado se relacionó con hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024 en el restaurante-bar Gin Gin, ubicado en la colonia Roma de la ciudad de México. En ese momento, agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de detención contra el exgobernador por presuntos delitos de corrupción y peculado. La diligencia no prosperó tras la intervención de autoridades capitalinas.
La gobernadora afirmó que el entonces encargado de despacho de la FGJ, Ulises Lara López, indicó en aquel momento que no colaborarían con las autoridades chihuahuenses debido a inconsistencias en las formalidades legales. El episodio se convirtió en uno de los casos más visibles de confrontación política entre autoridades locales y federales. Campos Galván retomó ese antecedente para contextualizar el nuevo citatorio judicial. –sn–
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PAN acusa persecución política contra Maru Campos
En los próximos días, Acción Nacional anunciará distintas acciones de respaldo ciudadano y defensa de la gobernadora de Chihuahua.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, advirtió que Morena ya cruzó la línea de la persecución política contra la oposición al utilizar de manera facciosa a las instituciones de procuración de justicia para hostigar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
En conferencia de prensa acompañado por liderazgos nacionales del PAN, el dirigente panista afirmó que el oficialismo pretende intimidar a una gobernadora cuyo “pecado” ha sido combatir al crimen organizado y dar resultados en materia de seguridad.
“Morena persigue políticamente a nuestra gobernadora Maru Campos, porque cometió el pecado de combatir al crimen organizado. Ya no sabemos si lo que verdaderamente tanto les duele al grado de hostigar a nuestra gobernadora sea precisamente que se haya metido ella con sus aliados o sea con el crimen organizado”, sentenció.
Romero Herrera sostuvo que mientras Morena protege a personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, pretende utilizar a la Fiscalía General de la República para emprender acciones de hostigamiento contra gobiernos de oposición. –sn–
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Opinión | Jorge Santa Cruz | La nación es la identidad común
Es la cúspide de fuerzas espirituales que eslabonan a las generaciones y las ordenan al bien común.
Por Jorge Santa Cruz
La sola acumulación de personas sin vínculos sólidos entre ellas es estéril. Los vínculos trascendentes son aquellos que unen a las personas, a las familias y a las comunidades en torno a ideales superiores como nación y patria.
Para alcanzarlos, es necesario que las personas, las familias y las comunidades (en las que surgen municipios, empresas, gremios, etc.) honren lo que recibieron de sus antepasados. Honrarlo significa, sin más, perfeccionarlo, compartirlo y heredarlo.
Nación y patria son resultado de la continuidad generacional y de la suma de esfuerzos (tanto de individuos como de comunidades) orientados al logro del bien común.
Así como cada persona tiene su propia alma, así los pueblos. El alma de ellos es la nación, es decir, el vínculo que los hermana en el tiempo y en el espacio.
“La nación —escribió el periodista e historiador mexicano Salvador Borrego Escalante (1915-2018)— va adquiriendo plenitud a medida que sus integrantes van cobrando conciencia de su nacionalidad”.1
Familia en salaLa conciencia de nacionalidad implica, por tanto, una entrega continua, convencida y generosa a las otras personas que comparten su origen y que trabajan para lograr una estructura mayor, aunque intangible: la nación.
En su expresión más primitiva, el individuo se esfuerza por satisfacer únicamente sus necesidades personales. En un segundo momento, busca cubrir sus necesidades personales y las de su familia. Aun así, su nivel de compromiso cívico —como lo enseña la Historia— es insuficiente para asegurar la existencia, tanto de él como de quienes conforman su familia.
Las familias que optan por vivir aisladas sucumben fácilmente en la lucha por la vida; su renuencia a constituir una estructura mayor, la comunidad, las hace vulnerables en extremo.
Lo mismo sucede con las comunidades. Su permanencia en el tiempo depende de que tengan vínculos sólidos entre ellas (tanto religiosos, como cívicos, administrativos, económicos y comerciales). La unión hace la fuerza.
BanderaDado que la vida es lo más valioso en el orden temporal, es necesario que el individuo no aporte solamente para él y para su familia, sino también para su comunidad. El que lo hace demuestra un significativo grado de madurez, pero está lejos aún de poseer la conciencia de nacionalidad.
La familia y la comunidad tienen límites tangibles, fáciles de identificar. La nación, no. ¿La nación es la familia de todos? Sí; ¿es la comunidad de comunidades?, también. Pero es más que eso: es el vínculo espiritual que cohesiona a los ciudadanos con base en los valores y los principios más elevados que se ordenan al bien común.
La nación nada tiene que ver con la suma de egoísmos individuales y familiares («Mientras que a mi me den, no me importa lo demás»; «Mientras que mi familia reciba del gobierno, la suerte de los demás me tiene sin cuidado»).
La nación —siguiendo el pensamiento de Salvador Borrego Escalante— es la cúspide de fuerzas espirituales, conjunción de talentos y esfuerzos, y la realización de tareas acumulativas heredadas. Es, sin más, la identidad común.
Los pueblos con mayor conciencia de nacionalidad son los que han dado origen a naciones de mayor influencia en la historia. Ni la extensión territorial ni los recursos naturales son decisivos; cada nación es la cúspide de fuerzas espirituales, de emociones conjuntas. de voluntades perdurables, de orgullosos esfuerzos colectivos, de renovadas tareas acumulativas heredadas, de hombres que tácitamente se unen a realizar una obra común.2
Resulta, pues, absolutamente cierto que los países cuyos pueblos carecen de conciencia de nacionalidad son los más propensos a ser colonizados por otras naciones.
La falta de conciencia nacional contribuyó decisivamente a la derrota de los mexicas frente a Hernán Cortés. De esto nos ocuparemos más adelante.
Referencias
- Salvador Borrego Escalante. América peligra. 600 años de azarosa historia de 1410 a 2017. Edición del autor, 26a. edición. México, 2017, p. 5
- Íbid., pp. 7-8.
* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1
Columna anterior: ¿Se entregará el senador Enrique Inzunza a la justicia de EE.UU?
(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).
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FGR asegura vehículos blindados y cartuchos en Reynosa
El MPF continúa con la integración de los indicios recabados durante el operativo en la carpeta de investigación correspondiente.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó orden de cateo en un inmueble tipo bodega ubicado en la colonia Campestre, en la ciudad de Reynosa.
La Fiscalía Federal en la entidad inició la carpeta de investigación, derivado de la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes corroboraron información sobre una bodega en donde probablemente se resguardaban vehículos blindados.
El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, reunió los elementos de prueba suficientes para obtener, de un juez federal, autorización para ejecutar la orden de cateo por la probable comisión de los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y por uso de vehículo blindado.
El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes aseguraron 15 camionetas con blindaje de agencia, un camión, cinco vehículos sin blindaje, cartuchos útiles para arma de fuego y el inmueble. –sn–
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Fortalecen cooperación por desapariciones en México
Las autoridades federales señalaron que el intercambio de experiencias y herramientas técnicas permitirá fortalecer las investigaciones.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo un encuentro con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, para fortalecer la cooperación institucional en materia de desaparición de personas.
Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de consolidar mecanismos de colaboración frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país. El encuentro se realizó en el contexto de los trabajos relacionados con la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Durante la reunión, Andrea Pochak afirmó que México ha desarrollado acciones relevantes para atender el fenómeno de desapariciones. Sin embargo, señaló que la participación de organismos internacionales puede contribuir al fortalecimiento institucional y a la atención de las familias afectadas. La comisionada indicó que la CIDH mantendrá disposición de colaborar con autoridades mexicanas en esta materia.
La representante internacional también subrayó la importancia de brindar certeza a familiares de personas desaparecidas. Indicó que la cooperación regional puede ampliar capacidades de búsqueda, investigación e identificación humana. La funcionaria insistió en que el acompañamiento institucional resulta indispensable frente a la magnitud del problema.
Coordinación institucional permanente
Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, senadora de Morena con liceincia, reconoció el papel de la CIDH en la elaboración del Informe sobre Desapariciones en México. La titular de la FGR afirmó que dicho documento representó un ejercicio profundo y necesario para analizar el fenómeno desde una perspectiva técnica y jurídica. También señaló que el informe permitió identificar avances institucionales y desafíos pendientes.
La funcionaria sostuvo que el fenómeno de desapariciones requiere capacidades especializadas y mecanismos de respuesta inmediata. Añadió que ninguna institución puede enfrentar de manera aislada un problema de esta complejidad. En ese sentido, indicó que la coordinación interinstitucional dejó de ser una alternativa y se convirtió en una necesidad operativa.
Godoy Ramos también reconoció que las desapariciones exigen intercambio permanente de información entre autoridades nacionales e internacionales. Explicó que la colaboración puede fortalecer las tareas de búsqueda, investigación y acceso a la justicia. Asimismo, consideró indispensable consolidar estrategias conjuntas para atender el problema desde distintos niveles institucionales. –sn–
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IPN desmiente renuncia de Arturo Reyes Sandoval
Su administración permanece bajo observación pública debido a las recientes denuncias y cuestionamientos administrativos.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desmintió este domingo la supuesta renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, tras la difusión de un documento «apócrifo» en redes sociales. El texto atribuye la información a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al supuesto Consejo General Consultivo del instituto. La publicación provocó incertidumbre entre estudiantes, docentes y trabajadores de la institución.
https://twitter.com/SecretariaIPN/status/2053534923043074240?s=20
La polémica inició después de que comenzó a circular una presunta comunicación oficial sobre la salida de Reyes Sandoval de la Dirección General del IPN. El documento afirmaba que el instituto iniciaría un procedimiento interno para designar a una nueva persona titular del cargo. La información se expandió rápidamente en plataformas digitales durante el domingo.
Horas más tarde, la Secretaría General del IPN emitió una aclaración pública para negar la autenticidad del documento difundido. La institución informó que la página de Facebook identificada como “Consejo General Consultivo IPN” no pertenece al organismo educativo. El instituto reiteró que toda comunicación oficial únicamente se publica mediante sus canales institucionales.
Comunicado genera confusión
El Politécnico Nacional pidió a su comunidad evitar compartir información sin verificar para prevenir la difusión de noticias falsas. También confirmó que Arturo Reyes Sandoval continuó al frente de la Dirección General y negó la existencia de un proceso de sustitución. La aclaración buscó contener la desinformación generada por la publicación viral.
https://twitter.com/YonAmador/status/2053643416433471787?s=20
El documento falso utilizó un formato similar al empleado por instituciones gubernamentales y educativas. El texto incluyó referencias a legalidad, institucionalidad y responsabilidad administrativa para aparentar autenticidad. Esa estructura provocó que numerosos usuarios consideraran real el supuesto anuncio de renuncia.
En la publicación apócrifa se afirmaba que el Consejo General Consultivo iniciaría el procedimiento correspondiente para elegir a un nuevo titular. El texto también mencionó presuntas disposiciones internas relacionadas con la normatividad del instituto. Especialistas en comunicación digital señalaron que este tipo de publicaciones suelen adquirir credibilidad al replicar lenguaje oficial. –sn–
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Detienen en la TAPO a joven con 47 kilos de droga que pretendía trasladar a Xalapa, Veracruz
Fue así que el joven de 19 años de edad quien indicó que viajaría a la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, fue presentado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de la República (FGR).
Por Fausto Hernández | Reportero
Autoridades detuvieron a un joven que pretendía viajar con tres maletas en las que transportaba 22 paquetes elaborados con plástico y playo y que contenían marihuana, en la Terminal de Autobuses de Oriente (TAPO), ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.
La detención se registró cuando los uniformadoscomisionados a la seguridad y vigilancia en la terminal de autobuses, que se localiza en la calzada General Ignacio Zaragoza, en la colonia 7 de Julio, fueron requeridos por la encargada de seguridad privada en una de las salas de abordaje.
https://www.instagram.com/p/DYEWpu4DmCU/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
La trabajadora refirió que, al realizarle una revisión preventiva a un usuario, el cual viajaba con varias maletas, al pasarlas por la máquina de Rayos X que comúnmente utilizan, arrojó formas cuadradas y redondas al interior y una densidad superior al peso de un equipaje normal.
Por lo anterior, en atención a la denuncia y conforme a los protocolos de actuación policial, requirieron al hombre para una inspección de las maletas, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual hallaron en una de ellas nueve paquetes, en otra 11 y en una más dos paquetes, que en total sumaban 22 envoltorios de plástico transparente y playo, que contenían una hierba verde y seca similar a la marihuana con un peso aproximado de 47 kilogramos y un teléfono celular.
Fue así que el joven de 19 años de edad quien indicó que viajaría a la ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, fue enterado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía General de la República (FGR), quien determinará su situación legal y dará inicio a la carpeta de investigación correspondiente. –sn–
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Opinión | Jorge Santa Cruz | ¿Se entregará el senador Enrique Inzunza a la justicia de EE.UU?
Lo único cierto es que el obradorato tratará de impedir que el senador morenista y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, declaren lo que saben a la fiscalía estadounidense
Por Jorge Santa Cruz
La información circula a gran velocidad: el senador morenista Enrique Inzunza, ex secretario general de gobierno de Rubén Rocha Moya, pretendería convertirse en testigo protegido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Inzunza, quien se perfilaba para ser el próximo gobernador de Sinaloa, está desaparecido desde que se conoció que el Departamento de Justicia presentó una acusación contra él, contra Rocha Moya y contra otras ocho personas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
El acercamiento entre el principal operador político de Rocha Moya con el Departamento de Justicia de Estados Unidos se estaría realizando por medio de sus abogados.
Esta noticia no ha sido confirmada, pero tampoco desmentida. Sin embargo, es digna de tomarse en cuenta porque revelaría los mayores temores de Rocha Moya e Inzuza, así como de sus jefes y cómplices dentro del sistema político mexicano coptado por Morena.
Enrique InzunzaLa sola posibilidad de ser enjuiciado y condenado en los Estados Unidos seguramente les provoca desasosiego. Las denuncias hechas por el ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sobre las condiciones en que vive dentro de una prisión de máxima a seguridad, son lo bastante explícitas para quienes —como Rocha Moya— podrían enfrentar una sentencia que iría de los 40 años de prisión a la cadena perpetua.
El tema se presta al análisis porque —de momento— el Departamento de Justicia tiene en la mira a 10 funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.
Pero, detrás de ellos, cabe inferir, existe una vasta red de complicidades en los diversos niveles y ámbitos del Estado mexicano.
Es sabido que sobre Rocha Moya está, incuestionablemente, su protector Andrés Manuel López Obrador. Este solo vínculo debe tener muy preocupado el ex presidente de la República (quien supo cómo capturó EE.UU. al dictador venezolano Nicolás Maduro hace cuatro meses). Además de AMLO, ¡vaya usted a saber cuántos PRESUNTOS narcopolíticos están metidos en esta traición a México! Han trascendido nombres.
AMLO y Rubén Rocha MoyaEl caso es que Rocha Moya e Inzunza poseen información sumamente comprometedora para políticos de los tres niveles de gobierno, y para ciertos grupos criminales. Por lo mismo, ambos saben que corren peligro mortal en territorio mexicano.
Esto podría motivarlos a entregarse a las autoridades del vecino país del norte, a cambio de algunas concesiones.
Resulta lógico pensar que el obradorato tratará de impedir que eso suceda. La pregunta es si lo conseguirá. Y en caso de ser así, si lo hará por las buenas… El tema del huachicol fiscal ha dejado una trágica secuela de muertes violentas.
¿Hasta dónde querrán llegar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, en el caso del narcoterror que campea en México? No lo sabemos. Pero es lógico pensar que endurecerán sus presiones para ganar votos antes de las elecciones intermedias de noviembre próximo en su país.
* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1
Columna anterior: Weimar, la Escuela de Frankfurt y la revolución sexual
(El presente artículo se publicó de manera original en Sin Compromisos).
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Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa
La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.
Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.
El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.
En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.
Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.
En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.
El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.
Genaro García LunaDe esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.
Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.
Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.
Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.
En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: Soberanía y solidaridad
Texto publicado de manera original en SDP Noticias
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FGR analiza extradición contra Rocha Moya y funcionarios
Finalmente, la dependencia indicó que el caso seguirá en evaluación hasta contar con elementos suficientes. La resolución determinará si procede o no la detención y extradición de los implicados.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia de Morena, Ernestina Godoy Ramos, informó que analizó las solicitudes presentadas por autoridades de los Estados Unidos para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.
La institución precisó que el proceso se centró en verificar la legalidad y suficiencia de las pruebas; el vocero Ulises Lara López explicó que la revisión se realizó conforme a los protocolos establecidos.
El funcionario indicó que la FGR evaluó la documentación recibida con el objetivo de determinar si existían elementos probatorios suficientes. Señaló que este análisis resultó indispensable para definir la viabilidad de las solicitudes internacionales. También puntualizó que el procedimiento se apega a las disposiciones del marco jurídico mexicano.
El vocero subrayó que la dependencia inició una investigación paralela para establecer si procedían órdenes de aprehensión en territorio nacional. Esta indagatoria buscó verificar los fundamentos legales de las acusaciones. La revisión incluyó el análisis técnico y jurídico de cada documento.
Revisión internacional en curso
La FGR detalló que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales, instancia encargada de este tipo de procesos. Esta área se responsabilizó de examinar las solicitudes enviadas por la Fiscalía de Nueva York. El objetivo consistió en corroborar la consistencia de los elementos presentados.
De acuerdo con Ulises Lara López, también se revisó la información canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El análisis incluyó la verificación de pruebas y su congruencia con las leyes mexicanas. La dependencia sostuvo que el procedimiento debía cumplir con estándares internacionales.
El vocero explicó que el tratado bilateral en materia de extradición establece criterios estrictos. Entre ellos, se exige que las pruebas resulten suficientes conforme a la legislación del país requerido. En este caso, México debía validar la solidez jurídica de los elementos presentados. –sn–
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Opinión | Jorge Santa Cruz | Weimar, la Escuela de Frankfurt y la revolución sexual
Sus postulados han sido impuestos con todo rigor en Occidente y, por supuesto, en México.
Por Jorge Santa Cruz
La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial no solo significó para el país la mutilación territorial, la imposición de indemnizaciones exageradas (que se terminaron de pagar el 3 de octubre de 2010), la revolución comunista auspiciada desde Moscú por Lenin, la indefensión militar y el cerco geopolítico, sino la privación de su orden moral cristiano.
La caída del II Reich derivó —con la complacencia de las potencias vencedoras— en la instauración de la República de Weimar, que estuvo vigente entre 1918 y 1933, año en que Adolfo Hitler subió al poder.
Es un hecho incontrovertibles que la capital alemana, Berlín, fue convertida en la «capital mundial de la liberación». En Berlín surgieron los primeros movimientos por los derechos de los homosexuales, el nudismo y el feminismo.
Yehudit Lev, señala en Enlace Judío que el Berlín de 1918 emerge como la Nueva York de Europa:
EL VIEJO orden esfumado, reina el caos. Berlín, Shangri-La de sexo, Babilonia de los años 20, remplaza a París como centro del hedonismo y Metrópolis del Vicio. Inmoral y amoral se vuelven irrelevantes, anything goes. Es un experimento en permisividad con total abandono. La Alemania de Weimar es preludio a la revolución sexual de los años sesenta.
Lev es prolijo en su relato:
EN LA Alemania de Weimar puedes, por un dólar, contratar a Generales del ejército con sus esposas para espectáculos de sexo público en su sala de estar. Hay clubes como el llamado Alles eine familia, todo en la familia, negocio de una mujer, su esposo y dos hijas con servicio para todo tipo de gustos sexuales. Amas de casa se vuelven prostitutas, adolescentes pasean por las calles nocturnas vendiéndose al mejor postor, los padres se vuelven procuradores. Cientos de miles de niños y niñas participan en el tráfico sexual.
MULTITUDES de niñas prostitutas esperan tras las puertas de los grandes hotele, las estaciones de tren y los restaurantes de Berlín. Quienes las manejan son judíos. Klaus Mann, hijo del celebrado novelista Thomas Mann, en épocas de hiperinflación (1923) visita Berlín y camina cerca de las dominatrices: “Algunas parecían feroces Amazonas, pavoneándose con sus largas botas de cuero verde. Una me susurra al oído, ‘¿Quieres ser mi esclavo? Solo cuesta seis billones y un cigarro.
Weimar fue —como diría Klausewitz— la continuación de la guerra contra Alemania por otros medios. Devolvemos la palabra a Lev:
EL AUTOR judeo-germano Stefan Zweig indica que aún en la Roma antigua – donde catorce de los primeros quince emperadores son homosexuales – no existe tal grado de depravación alcohólica y desvergüenza pública. “Cientos de hombres vestidos como mujeres y cientos de mujeres vestidas como hombres bailan debajo de los benevolentes ojos de la policía. En el colapso de todos los valores se afirmó un tipo de locura”.
SE LIBERAN las restricciones acerca de quién puede hacer que con quien. Es moda ser lesbiana, y también bisexual. Jóvenes amas de casa se ‘convierten.’ Hay para escoger por toda la ciudad 160 diferentes clubes eróticos y salones gay, cada uno con su personalidad desde lo más exquisito, especial y privado hasta lo más vulgar. Cada uno abre puertas que llevan milenios bajo llave. Es momento de experimentación. Se dibujan nuevos trazos en los límites sexuales.
Lo transcrito es suficiente para tener una idea aproximada del colapso moral que produjo la República de Weimar en la Alemania cristiana de la primera posguerra.
Los alcances de esta revolución sexual rebasaron con mucho el periodo de vigencia de la República de Weimar (1918-1933) y las fronteras de Alemania. Tenemos el ejemplo de la revolución sexual que estalló en los Estados Unidos en la década de 1960 para expandirse luego a Occidente.
La revolución de Weimar influyó decisivamente en los postulados de la Escuela de Frankfurt, la cual es presentada como «uno de los pilares del pensamiento crítico contemporáneo». Se da por cierto que nació en 1923 con la apertura del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Para entonces, la revolución de Weimar apuntaba a su primer lustro.
Los principales exponentes de esta corriente tuvieron ascendencía judía, como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Leo Löwental, Fiedrich Pollock, Wilhelm Reich y Félix Weil (el mecenas de la Escuela de Frankfurt).
Los teóricos de la Escuela de Frankfurt intentaron explicar la «liberación sexual» con base en los postulados de Carlos Marx y Siegmund Freud (judíos, también). Les interesaba dilucidar si la «libertad sexual» buscaba una emancipación real o si era una válvula de escape del capitalismo.
Reich sostenía, por ejemplo, que la represión sexual era la base del fascismo; Fromm y Horkheimer exponían a su vez que la «libertad sexual» de Weimar enfrentaba, sin embargo, la obediencia doméstica que tenían los individuos al padre de familia, a la que calificaron de represiva.
La Escuela de Frankfurt se alió al Instituto para la Ciencia Sexual de Berlín, que dirigía otro personaje de ascendencia judía, Magnus Hirschfeld, con el fin de formar un frente intelectual que defendía tres postulados básicos:
- La despenalización de la homosexualidad.
- El acceso a métodos anticonceptivos.
- La educación sexual como una herramienta para crear ciudadanos críticos y no «sujetos reprimidos» que buscaran desahogar su frustración en la violencia política.
La llegada de Adolfo Hitler al poder en 1933 paralizó el activismo de la Escuela de Frankfurt y propició la salida de Alemania de sus líderes.
Si usted reflexiona un momento, estimado lector, sobre la revolución sexual promovida por la República de Weimar y sistematizada por la Escuela de Frankfurt, caerá en la cuenta de que es la que vertebra a la Nueva Escuela Mexicana, impuesta por Andrés Manuel López Obrador y por Claudia Sheinbaum en México. De esto hablaremos más adelante.
* Periodista y académico universitario | @JorgeSantaCruz1
Columna anterior: Trump, la IA y la vigilancia masiva en Estados Unidos
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Papelón de la Fiscalía en caso “Pista Oscura”
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San José, 08 abr (elmundo.cr) – A casi un año de que estallara el escándalo político que culminó con la detención del exministro Mauricio Batalla y de otros miembros del gobierno de Rodrigo Chaves, [...]#AeropuertoDeGuanacaste #AutopistaDelAeropuertoDeLiberia #CNE #ConstructoraMECO #CostaRica #Destacada #FiscalíaGeneralDeLaRepública #MauricioBatalla #PistaOscura #RodrigoChaves
https://elmundo.cr/costa-rica/papelon-de-la-fiscalia-en-caso-pista-oscura/
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Fiscalía investiga a Chaves por uso del “WhatsApp del Presidente” para almacenar datos
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San José, 08 ene (elmundo.cr) – La Fiscalía General de la República investiga al presidente Rodrigo Chaves y a otros funcionarios por la utilizació [...]#CaptaciónDeDatosPersonales #CostaRica #CreaciónDeUnaBaseDeDatos #FiscalíaGeneralDeLaRepública #NataliaDíaz #RodrigoChaves #WhatsAppDelPresidente
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Presidente panameño señala a Fiscalía de Costa Rica por obstaculizar investigación contra Baruch
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San José, 23 nov (elmundo.cr) – El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, señaló a la Fiscalía costarricense de obstaculizar la investigación c [...]#CostaRica #Destacada #FiscalGeneralCarloDíaz #FiscalíaGeneralDeLaRepública #JoséRaúlMulino #LeonelBaruch #Panamá #RodrigoChaves
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Chaves llama filibusteros a diputados que votaron para quitarle su inmunidad
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San José, 26 sep (elmundo.cr) – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, la emprendió contra los 34 diputados que votaron a favor de levantarle la inmunidad, a los que [...]#AsambleaLegislativa #CasoBCIE #CostaRica #Destacada #Filinusteros #FiscalíaGeneralDeLaRepública #LevantamientoDeLaInmunidad #RodrigoChaves
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Gloria Navas: Rodrigo Chaves es un carebarro
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San José, 16 sep (elmundo.cr) – La diputada Gloria Navas calificó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, de “carebarro” por anunciar el inicio de la construcción del nuevo hospital de Cartago, al que siempre se opus [...]#CostaRica #FiscalíaGeneralDeLaRepública #GloriaNavas #HospitalDeCartago #MinisterioDeHacienda #MinisterioPúblico #OIJ #PresupuestoDeSeguridad #Seguridad
https://elmundo.cr/costa-rica/gloria-navas-rodrigo-chaves-es-un-carebarro/
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Chaves llama “jefe mafioso” a Rodrigo Arias y lo acusa de causar división entre los Poderes del Estado
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Cartago, 11 sep (elmundo.cr) – El presid [...]#AsambleaLegislativa #CiudadGobierno #ContraloraMartaAcosta #ContraloríaGeneralDeLaRepública #CostaRica #DivisiónDePoderes #FiscalGeneralCarloDíaz #FiscalíaGeneralDeLaRepública #MarinaDeLimón #RodrigoArias #RodrigoChaves
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Fiscal general espera que Chaves renuncie a la inmunidad
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Eli Feinzaig: Presidente Chaves, usted y su banda no son de fiar
Eli Feinzaig: Presidente Chaves, usted y su banda no son de fiar
San José, 14 may (elmundo.cr) – El diputado del Liberal Progresista, Eli Feinzaig, aseguró que “la corrupción está muy cómodamente instalada en Zapote. Muy cómoda está la corrupción en el gobierno de Rodrigo Chave [...]#Chavistas #Corrupción #CostaRica #EliFeinzaig #FiscalíaGeneralDeLaRepública #Megacárcel #PLP #PoderJudicial #RodrigoChaves
https://elmundo.cr/costa-rica/eli-feinzaig-presidente-chaves-usted-y-su-banda-no-son-de-fiar/
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$100 millones, procedencia indefinida: Costa Rica y Panamá
$100 millones, procedencia indefinida: Costa Rica y Panamá
Estamos frente al típico delito configurado en pequeñas e ininterrumpidas transferencias monetarias electrónicas, nos indica Rigoberto abogado y profesor acompañante del canal de YouTube del profesor Guillermo Carvajal. Además nos alerta: podían haber transferen [...]#BancoCostarricense #FiscalíaDePanamá #FiscalíaGeneralDeLaRepública #Opinión #Panamá
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Rodrigo Chaves sobre el fiscal general: No le tengo miedo a ese señor
Rodrigo Chaves sobre el fiscal general: No le tengo miedo a ese señor
San José, 8 abr (elmundo.cr) – En medio de un clima político cada vez más tenso, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, lanzó una dura crítica contra el fiscal general, [...]#ChristianBulgarelli #CostaRica #FedericoCruzChoreco #FiscalGeneralCarloDíaz #FiscalíaGeneralDeLaRepública #JorgeRodríguezVives #RodrigoChaves
https://elmundo.cr/costa-rica/rodrigo-chaves-sobre-el-fiscal-general-no-le-tengo-miedo-a-ese-senor/
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🟥 Caso Bulgarelli-BCIE: paso a paso de la acusación contra el presidente Rodrigo Chaves
🟥 Caso Bulgarelli-BCIE: paso a paso de la acusación contra el presidente Rodrigo Chaves
El presidente Rodrigo Chaves enfrenta una acusación penal por el presunto delito de concusión, vinculada con un millonario contrato de comunicación pagado con fondos [...]#BCIE #ChristianBulgarelli #CostaRica #FedericoCruzChoreco #FiscalíaGeneralDeLaRepública #RMCLAProductoraS.A. #RodrigoChaves
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Opinión | Sociedad | ¿Libera México?
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Tropezar con la misma Piedra en la CNDH?
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Opinión | Sociedad | ¿Libera México?
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
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Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
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Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
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Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
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Proponen fiscalía especializada para delitos cometidos por miembros de los Supremos Poderes
Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa propone la creación de una fiscalía dentro del Poder Judicial que aborde exclusivamente la tramitación de eventuales delitos cometidos por los miembros de los supremos poderes de la República. La propuesta de ley presentada bajo el expediente 24.7 [...]
#FiscalíaGeneralDeLaRepública #Nacionales #PoderJudicial #Slider
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Chaves y su abogado omitieron hablar de causas por reuniones con Pacheco Dent y cambios en UEI
Rodrigo Chaves Robles y su abogado José Miguel Villalobos Umaña, exministro de Justicia (2002), nunca mencionaron en la larga lista de denuncias penales que existen en la Fiscalía General contra el presidente, las que investigan la polémica modificación del reglamento de la Unidad Especial [...]
#FiscalíaGeneralDeLaRepública #Gobierno #Nacionales #RodrigoChavesRobles #Slider
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La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más. El nombramiento en esta institución tiene implicaciones directas para la protección de los derechos fundamentales de millones de personas.
Cada día, México registra en promedio el asesinato de diez mujeres, y al menos un tercio de estos crímenes son clasificados como feminicidios, aunque la mayoría quedan impunes. Las desapariciones también continúan en aumento, con más de 115,000 personas no localizadas. Entre estas, cerca de 1,000 son personas extranjeras. Mientras que las autoridades parecen actuar de forma pasiva, las familias de los desaparecidos, en su mayoría encabezadas por mujeres, han tenido que asumir el rol de buscadoras, enfrentándose a riesgos que incluyen amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado.
Frente a este escenario, la CNDH debería encarnar un papel crucial como protectora de las garantías fundamentales. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años, con más presición, durante la administración de María Rosario Piedra Ibarra. La urgente necesidad de una institución independiente, efectiva y sensible ante las víctimas exige que el Senado lleve a cabo un proceso de selección riguroso, transparente y comprometido con los principios de justicia y protección de los derechos humanos.
Desde su creación, la CNDH fue concebida para proteger y promover los derechos de las personas en México, tanto de ciudadanos nacionales como de quienes transitan por el país. En un contexto como el actual, donde se han registrado 18 asesinatos de defensores de derechos ambientales y territoriales solo en 2023, el trabajo de la comisión es vital. Asimismo, el periodismo en México se enfrenta a un ambiente hostil, con constantes amenazas, asesinatos y desapariciones de reporteros.
Ante estas circunstancias, se debe designar a una persona que no solo cuente con conocimientos en derechos humanos, sino que también sea independiente y tenga un compromiso demostrado con las víctimas y sus causas. Los Principios de París, establecen que los titulares deben ser elegidos mediante un proceso que garantice una representación plural y cuente con el respaldo de las organizaciones y la sociedad civil.
La realidad en México exige una CNDH que actúe con firmeza y eficacia ante los numerosos casos de abuso y omisión por parte del Estado, no como un apendice de un partido político o benefactor de un gobierno en particular. Por este motivo, la próxima designación no puede ser un trámite más, debe ser un acto que simbolice la voluntad de poner fin a la impunidad que ha afectado a miles de personas en el país. Si se elige a un titular que cumpla con estos principios, la CNDH podría convertirse en el aliado que tanto necesita la sociedad mexicana para enfrentar la grave crisis de derechos humanos y, por ende, en un aliado elemental para la gestión de la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.
De esta forma, es necesario un proceso de selección que dignifique y fortalezca a una institución tan necesaria en estos tiempos. El nombramiento adecuado no solo beneficiará a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos, sino que también será una señal clara de que México busca la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos, acorde a los tiempos del verdadero cambio. o, será que, ¿nos podríamos tropezar con la misma Piedra?* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: Un llamado a la acción
Publicada de manera original en el diario ContraRéplica
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https://sociedad-noticias.com/2024/11/12/opinion-sociedad-tropezar-con-la-misma-piedra-en-la-cndh/
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Opinión | Sociedad | ¿Tropezar con la misma Piedra en la CNDH?
La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más. El nombramiento en esta institución tiene implicaciones directas para la protección de los derechos fundamentales de millones de personas.
Cada día, México registra en promedio el asesinato de diez mujeres, y al menos un tercio de estos crímenes son clasificados como feminicidios, aunque la mayoría quedan impunes. Las desapariciones también continúan en aumento, con más de 115,000 personas no localizadas. Entre estas, cerca de 1,000 son personas extranjeras. Mientras que las autoridades parecen actuar de forma pasiva, las familias de los desaparecidos, en su mayoría encabezadas por mujeres, han tenido que asumir el rol de buscadoras, enfrentándose a riesgos que incluyen amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado.
Frente a este escenario, la CNDH debería encarnar un papel crucial como protectora de las garantías fundamentales. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años, con más presición, durante la administración de María Rosario Piedra Ibarra. La urgente necesidad de una institución independiente, efectiva y sensible ante las víctimas exige que el Senado lleve a cabo un proceso de selección riguroso, transparente y comprometido con los principios de justicia y protección de los derechos humanos.
Desde su creación, la CNDH fue concebida para proteger y promover los derechos de las personas en México, tanto de ciudadanos nacionales como de quienes transitan por el país. En un contexto como el actual, donde se han registrado 18 asesinatos de defensores de derechos ambientales y territoriales solo en 2023, el trabajo de la comisión es vital. Asimismo, el periodismo en México se enfrenta a un ambiente hostil, con constantes amenazas, asesinatos y desapariciones de reporteros.
Ante estas circunstancias, se debe designar a una persona que no solo cuente con conocimientos en derechos humanos, sino que también sea independiente y tenga un compromiso demostrado con las víctimas y sus causas. Los Principios de París, establecen que los titulares deben ser elegidos mediante un proceso que garantice una representación plural y cuente con el respaldo de las organizaciones y la sociedad civil.
La realidad en México exige una CNDH que actúe con firmeza y eficacia ante los numerosos casos de abuso y omisión por parte del Estado, no como un apendice de un partido político o benefactor de un gobierno en particular. Por este motivo, la próxima designación no puede ser un trámite más, debe ser un acto que simbolice la voluntad de poner fin a la impunidad que ha afectado a miles de personas en el país. Si se elige a un titular que cumpla con estos principios, la CNDH podría convertirse en el aliado que tanto necesita la sociedad mexicana para enfrentar la grave crisis de derechos humanos y, por ende, en un aliado elemental para la gestión de la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.
De esta forma, es necesario un proceso de selección que dignifique y fortalezca a una institución tan necesaria en estos tiempos. El nombramiento adecuado no solo beneficiará a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos, sino que también será una señal clara de que México busca la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos, acorde a los tiempos del verdadero cambio. o, será que, ¿nos podríamos tropezar con la misma Piedra?* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: Un llamado a la acción
Publicada de manera original en el diario ContraRéplica
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