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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | El tunel oscuro del Metro
La transparencia en los procesos públicos es un principio que sostiene la confianza ciudadana.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, este principio parece estar en entredicho, a juzgar por los señalamientos graves que involucran a altos funcionarios de su estructura operativa y sindical. Las acusaciones legales, en poder de este reportero, describen una red de interés que afecta directamente la eficiencia, seguridad y legalidad del transporte urbano de millones de personas.
Desde agosto de 2024, Martín Zamora García, gerente de Ingeniería de Material Rodante, habría transferido información técnica y administrativa de carácter exclusivo del STC-Metro al sindicato nacional, encabezado por Humberto Granados Ruiz, secretario de la Seccional II. Este flujo de datos confidenciales presuntamente permite a ciertos proveedores operar con ventaja en licitaciones, lo que anula la equidad del proceso y abre la puerta a prácticas que bordean la ilegalidad.
Los mecanismos descritos van desde la entrega de especificaciones técnicas hasta la supuesta manipulación del abasto de refacciones. Se alega que los involucrados retardan la compra de insumos clave, como aceites, punteras, carbones o componentes electrónicos, para provocar una situación crítica que les permita negociar con proveedores “elegidos”, quienes acceden a información privilegiada y desarrollan refacciones por encargo, fuera del marco institucional.
El papel del sindicato en este esquema, según las denuncias, se ha desviado del interés colectivo. Humberto Granados Ruiz acumula más de 12 años en el cargo y, se afirma, habría convertido su posición en una oficina paralela de contratación, venta de plazas y filtro de información. Esto incluiría la manipulación del Programa Operativo Anual (POA), proyectos estratégicos, y la designación discrecional de personal no capacitado en puestos recientemente basificados.
Humberto GranadosLa intervención del sindicato del STC-Metro en tareas técnicas, como la revisión de proyectos o la autorización de requerimientos de refacciones, no solo carece de justificación normativa, también mina la autoridad de los responsables administrativos y reduce la eficiencia institucional. El conflicto de interés se multiplica cuando se descubre que algunos de los asesores de ingeniería no provienen del área técnica, sino del sindicato mismo.
Varios contratos recientes han encendido alertas. Uno de ellos es el IMP-4054/2023, para adquisición de herramientas, asignado a través de la intermediaria SIPGO con precios presuntamente inflados. Otro es el STC-GACS-CCE-IMP-4035/2024, para convertidores Mitsubishi, cuya compra se habría concretado sin considerar garantías ni servicio postventa, lo cual ha derivado en la inmovilización de trenes.
Los señalamientos legales incluyen viajes internacionales con fines poco claros, como el del ingeniero Zamora García a Europa acompañado por personal sin la experiencia requerida, en supuestas gestiones con la firma TEXELIS. Incluso se acusa un intento de soborno a empleados de esta empresa para obtener información confidencial. También se vincula a José Alberto González López, director de Material Rodante, y al ingeniero Alfredo Cortez Vergara, quienes habrían avalado contratos sin tener conocimiento técnico suficiente.
Las denuncias penales apuntan a que no se han adquirido piezas clave para el mantenimiento, como diferenciales, enganches o madera para frenos, lo que pone en riesgo la operación segura del servicio. Se cuestiona además la adquisición de tarjetas electrónicas innecesarias y equipos sin utilidad inmediata, como convertidores para compresores KNORR-BREMSE, en lugar de tarjetas requeridas.
El manejo de datos sensibles no se limita a contratos. También se involucran calificaciones de reportes técnicos de trenes de líneas como la «12» y la «A», con supuestas alteraciones para favorecer a la empresa CAF, encargada del material rodante. Esta manipulación de registros no solo representa un fraude técnico, también implica riesgos directos para los usuarios.
El último punto cuestiona los nexos económicos entre funcionarios y proveedores como YITO, PIENSA, FMD, SINERGMAN, ROJIS y SIPGO, empresas que habrían sido favorecidas gracias a visitas periódicas de los involucrados a la Sección II del sindicato. Se pide revisar sus declaraciones patrimoniales y rastrear las ventajas obtenidas por estas compañías durante los últimos años.
Todo este conjunto de hechos exige una auditoría integral e independiente del STC, que encabeza Adrián Rubalcava Suárez. No puede permitirse que los procesos internos funcionen como moneda de cambio en redes clientelares, ni que los trenes se detengan por falta de piezas mientras se benefician a unos cuantos. ¿Será que esta información ya la tiene Clara Brugada en su escritorio?
Punto Cero
Ayer protestó Patricia Zarza Delgado como nueva titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. La nueva fucionaria de la universidad mexiquense resaltó que en su administración habrá un proceso transformador con una política de austeridad, equidad e igualdad; sin embargo, no hay que olvidar que la profesora mexiquense tiene una estrecha relación política con Eruviel Ávila, ex gobernador de aquella entidad federativa.
Patricia Zarza DelgadoInluso, su hermana Luz María Zarza, fue consejera jurídica en la administración del ahora diputado federal, desde esa trinchera definió estrategias legales para acallar los escándalos por la ampliación temporal de los contratos de concesiones de autopistas a la empresa OHL, y por la designación de notarios “carnales”. Luz María Zarza fue promovida por Ávila Villegas como consejera jurídica de la universidad mexiquense, donde “resguardó” jurídicamente los señalamientos de la “Estafa Maestra”, investigación periodística que develó desvíos de recursos de universidades públicas a empresas fantasmas. Ahora, esta institución mexiquense es encabezada por su hermana hasta 2029.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: La palabra bajo fuego
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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | La palabra bajo fuego
En México, ejercer el periodismo equivale a caminar sobre un campo minado.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.
Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.
La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.
En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.
No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.
En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.
La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.
En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.
Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.
México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.
En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.
Punto Cero
Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: El precio de un jitomate mexicano
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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | La palabra bajo fuego
En México, ejercer el periodismo equivale a caminar sobre un campo minado.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.
Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.
La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.
En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.
No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.
En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.
La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.
En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.
Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.
México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.
En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.
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Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?
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El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.
Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.
La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.
En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.
No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.
En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.
La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.
En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.
Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.
México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.
En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.
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Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?
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La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.
Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.
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En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.
La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.
En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.
Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.
México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.
En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.
Punto Cero
Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?
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La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.
Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.
La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.
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No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.
En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.
La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.
En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.
Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.
México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.
En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.
Punto Cero
Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: El precio de un jitomate mexicano
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Opinión | Sociedad | ¿Libera México?
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.
En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.
A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.
En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.
Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.
Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.
Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.
La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.
Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.
Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.
Punto Cero
Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Tropezar con la misma Piedra en la CNDH?
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Violencia alarmante contra periodistas en México: GIDH
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