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  1. CNDH acredita negligencia médica en el IMSS

    CNDH acredita muerte por atención médica inadecuada en IMSS. Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendación por caso médico.

    Por Martín García | Reportero                                      

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó en la Recomendación 15/2026 que una persona adulta mayor perdió la vida tras recibir atención médica inadecuada en unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El caso se registró en el Hospital General de Zona con Unidad de Medicina Familiar número 8 (HGZ-8) y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN-SXXI).

    El expediente detalló que la víctima ingresó el 13 de septiembre de 2021 al HGZ-8 por hematuria y padecimientos crónico-degenerativos. El personal médico no realizó una valoración integral acorde con su condición de adulto mayor. La CNDH señaló que tampoco se activaron protocolos de atención especializada para prevenir riesgos.

    Posteriormente, la persona fue sometida a una intervención quirúrgica en la que se le extirpó un riñón. Durante el procedimiento, se detectó una perforación en el duodeno atribuida a la cirugía. El paciente fue trasladado al Centro Médico Nacional Siglo XXI para la atención del daño intestinal.

    En el CMN-SXXI, la salud del paciente se agravó durante su estancia hospitalaria. Un estudio médico reveló que fue encontrado inconsciente sin atención oportuna del personal de salud. La intervención de reanimación se solicitó cuando el estado clínico ya era crítico. –sn–

    Hospital del IMSS

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  2. CNDH acredita violaciones graves en Ahome de personal de la Semar

    La CNDH acreditó violaciones a derechos humanos y responsabilizó a personal naval en Sinaloa.


    Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

    La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) incurrió en violaciones graves a derechos humanos. La investigación se centró en un operativo marítimo realizado en Ahome, Sinaloa, el 20 de septiembre de 2023.

    El hecho concluyó con el fallecimiento de un pescador y lesiones a dos más, uno de ellos menor de edad. Tras el análisis de documentos y testimonios, la CNDH acreditó un uso excesivo de la fuerza.

    La Recomendación 187VG/2025 fue dirigida a la Semar para reparar integralmente los daños ocasionados. El organismo exigió medidas de atención médica, psicológica y programas de apoyo social para las víctimas.

    Operativo de vigilancia

    El caso inició cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS) turnó diversas notas a la CNDH. Los reportes periodísticos informaban sobre un choque entre una embarcación de la Marina y una panga pesquera.

    El operativo involucró también a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). Ambas instituciones realizaban labores de supervisión contra la pesca ilegal de camarón en la zona costera.

    De acuerdo con la investigación, la embarcación de la Marina ejecutó maniobras para alcanzar a los pescadores. El impacto en el costado izquierdo de la panga provocó la muerte de una persona y heridas a dos más.

    El personal naval no enfrentaba una amenaza real o inminente a su integridad física. La CNDH concluyó que el uso de la fuerza resultó desproporcionado y fuera de los parámetros legales.

    Fallas en protocolos

    El informe de la CNDH señaló que los marinos omitieron reportar adecuadamente lo ocurrido. No consignaron en su parte oficial el despliegue de la fuerza, lo cual agravó la responsabilidad.

    La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establece principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La actuación de los elementos en Ahome violó dichos lineamientos, según la resolución del organismo.

    La opinión técnica en criminalística confirmó que el impacto fue provocado por la maniobra naval. Los peritajes descartaron que el accidente ocurriera por causas externas o inevitables.

    La investigación concluyó que los pescadores no representaban un peligro para la tripulación naval. El exceso en la acción generó la calificación de violaciones graves a los derechos humanos.

    Afectaciones a familias

    La CNDH subrayó los daños psicológicos y materiales ocasionados a los familiares de las víctimas. El padre del pescador fallecido y la madre del adolescente herido recibieron el reconocimiento como víctimas indirectas.

    El organismo explicó que existía dependencia económica hacia las víctimas directas. La pérdida del sostén familiar agravó las condiciones de vulnerabilidad en ambos hogares.

    La resolución incluyó el reconocimiento de daño inmaterial y al proyecto de vida de los afectados. La situación generó afectaciones emocionales de largo plazo documentadas por especialistas.

    El organismo enfatizó que las víctimas indirectas requieren medidas de reparación adicionales. Se incluyeron apoyos educativos y programas sociales como parte de la recomendación.

    Obligaciones de Semar

    La Semar deberá proporcionar atención médica, psicológica y tanatológica a las víctimas. También tendrá que garantizar apoyos educativos a uno de los lesionados para concluir estudios superiores.

    Además, la dependencia naval deberá colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación penal. La CNDH anunció que presentará denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control.

    La recomendación exige capacitar al personal de la Octava Zona Naval en materia de derechos humanos. El organismo solicitó constancias sobre los cursos aplicados a los elementos destacados en Sinaloa.

    Con esta resolución, la CNDH reiteró la necesidad de que el gobierno federal refuerce protocolos. El caso en Ahome representó un precedente sobre el uso indebido de la fuerza en labores marítimas. –sn–

    Infantes de la Semar

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  3. Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | El tunel oscuro del Metro

    La transparencia en los procesos públicos es un principio que sostiene la confianza ciudadana.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, este principio parece estar en entredicho, a juzgar por los señalamientos graves que involucran a altos funcionarios de su estructura operativa y sindical. Las acusaciones legales, en poder de este reportero, describen una red de interés que afecta directamente la eficiencia, seguridad y legalidad del transporte urbano de millones de personas.

    Desde agosto de 2024, Martín Zamora García, gerente de Ingeniería de Material Rodante, habría transferido información técnica y administrativa de carácter exclusivo del STC-Metro al sindicato nacional, encabezado por Humberto Granados Ruiz, secretario de la Seccional II. Este flujo de datos confidenciales presuntamente permite a ciertos proveedores operar con ventaja en licitaciones, lo que anula la equidad del proceso y abre la puerta a prácticas que bordean la ilegalidad.

    Los mecanismos descritos van desde la entrega de especificaciones técnicas hasta la supuesta manipulación del abasto de refacciones. Se alega que los involucrados retardan la compra de insumos clave, como aceites, punteras, carbones o componentes electrónicos, para provocar una situación crítica que les permita negociar con proveedores “elegidos”, quienes acceden a información privilegiada y desarrollan refacciones por encargo, fuera del marco institucional.

    El papel del sindicato en este esquema, según las denuncias, se ha desviado del interés colectivo. Humberto Granados Ruiz acumula más de 12 años en el cargo y, se afirma, habría convertido su posición en una oficina paralela de contratación, venta de plazas y filtro de información. Esto incluiría la manipulación del Programa Operativo Anual (POA), proyectos estratégicos, y la designación discrecional de personal no capacitado en puestos recientemente basificados.

    Humberto Granados

    La intervención del sindicato del STC-Metro en tareas técnicas, como la revisión de proyectos o la autorización de requerimientos de refacciones, no solo carece de justificación normativa, también mina la autoridad de los responsables administrativos y reduce la eficiencia institucional. El conflicto de interés se multiplica cuando se descubre que algunos de los asesores de ingeniería no provienen del área técnica, sino del sindicato mismo.

    Varios contratos recientes han encendido alertas. Uno de ellos es el IMP-4054/2023, para adquisición de herramientas, asignado a través de la intermediaria SIPGO con precios presuntamente inflados. Otro es el STC-GACS-CCE-IMP-4035/2024, para convertidores Mitsubishi, cuya compra se habría concretado sin considerar garantías ni servicio postventa, lo cual ha derivado en la inmovilización de trenes.

    Los señalamientos legales incluyen viajes internacionales con fines poco claros, como el del ingeniero Zamora García a Europa acompañado por personal sin la experiencia requerida, en supuestas gestiones con la firma TEXELIS. Incluso se acusa un intento de soborno a empleados de esta empresa para obtener información confidencial. También se vincula a José Alberto González López, director de Material Rodante, y al ingeniero Alfredo Cortez Vergara, quienes habrían avalado contratos sin tener conocimiento técnico suficiente.

    Las denuncias penales apuntan a que no se han adquirido piezas clave para el mantenimiento, como diferenciales, enganches o madera para frenos, lo que pone en riesgo la operación segura del servicio. Se cuestiona además la adquisición de tarjetas electrónicas innecesarias y equipos sin utilidad inmediata, como convertidores para compresores KNORR-BREMSE, en lugar de tarjetas requeridas.

    El manejo de datos sensibles no se limita a contratos. También se involucran calificaciones de reportes técnicos de trenes de líneas como la «12» y la «A», con supuestas alteraciones para favorecer a la empresa CAF, encargada del material rodante. Esta manipulación de registros no solo representa un fraude técnico, también implica riesgos directos para los usuarios.

    El último punto cuestiona los nexos económicos entre funcionarios y proveedores como YITO, PIENSA, FMD, SINERGMAN, ROJIS y SIPGO, empresas que habrían sido favorecidas gracias a visitas periódicas de los involucrados a la Sección II del sindicato. Se pide revisar sus declaraciones patrimoniales y rastrear las ventajas obtenidas por estas compañías durante los últimos años.

    Todo este conjunto de hechos exige una auditoría integral e independiente del STC, que encabeza Adrián Rubalcava Suárez. No puede permitirse que los procesos internos funcionen como moneda de cambio en redes clientelares, ni que los trenes se detengan por falta de piezas mientras se benefician a unos cuantos. ¿Será que esta información ya la tiene Clara Brugada en su escritorio?

    Punto Cero

    Ayer protestó Patricia Zarza Delgado como nueva titular de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. La nueva fucionaria de la universidad mexiquense resaltó que en su administración habrá un proceso transformador con una política de austeridad, equidad e igualdad; sin embargo, no hay que olvidar que la profesora mexiquense tiene una estrecha relación política con Eruviel Ávila, ex gobernador de aquella entidad federativa.

    Patricia Zarza Delgado

    Inluso, su hermana Luz María Zarza, fue consejera jurídica en la administración del ahora diputado federal, desde esa trinchera definió estrategias legales para acallar los escándalos por la ampliación temporal de los contratos de concesiones de autopistas a la empresa OHL, y por la designación de notarios “carnales”. Luz María Zarza fue promovida por Ávila Villegas como consejera jurídica de la universidad mexiquense, donde “resguardó” jurídicamente los señalamientos de la “Estafa Maestra”, investigación periodística que develó desvíos de recursos de universidades públicas a empresas fantasmas. Ahora, esta institución mexiquense es encabezada por su hermana hasta 2029.  

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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  4. Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | La palabra bajo fuego

    En México, ejercer el periodismo equivale a caminar sobre un campo minado.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    El riesgo no es retórico ni abstracto: entre enero y julio de 2025, al menos ocho periodistas fueron asesinados por informar. Las cifras sitúan al país como el más peligroso de América Latina para la prensa, superando a naciones en conflicto y con redes criminales extendidas. Informar es, en este territorio, una actividad de alto riesgo.

    La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre la escalada de violencia letal contra comunicadores en la región. Trece periodistas murieron en el continente durante los primeros siete meses del año. Ocho de ellos en México. No por errores ni accidentes: los ejecutaron por publicar investigaciones, por incomodar al poder, por evidenciar al crimen. Por cumplir con su trabajo.

    Entre las víctimas se encuentra Calletano de Jesús Guerrero, asesinado en el estado de México, a pesar de estar inscrito desde 2014 en un mecanismo federal de protección. También Alejandro Gallegos de León, quien dirigía La Voz del Pueblo y había documentado al crimen organizado. Las historias se acumulan. Las respuestas del Estado permanecen estancadas en discursos huecos.

    La violencia contra la prensa se nutre de dos males: la impunidad y la inacción. Las investigaciones rara vez llegan a una resolución. En ocasiones, como en el caso de Kristian Zavala Martínez y Raúl Irán Villarreal Belmont, ni siquiera se esclarecen los móviles, aunque sus coberturas sobre desapariciones forzadas apuntan a represalias claras. Guanajuato, Guerrero, Sonora, Puebla, Quintana Roo… Ninguna entidad es territorio seguro para informar.

    En la capital del país, Cozumel o Acapulco, periodistas han sido asesinados minutos después de transmitir en vivo, como Ronald Paz Pedro, o encontrados sin vida tras años de amenazas, como Melvin García. El sistema de protección del Estado no previene ni reacciona a tiempo. La violencia se perpetúa mientras los perpetradores gozan de impunidad y los gobiernos de silencio.

    No se trata solo de la omisión de justicia. Es la criminalización indirecta del oficio. La narrativa oficial que minimiza, sospecha o desacredita. En un país donde denunciar puede equivaler a firmar la sentencia de muerte, el silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia. Y eso erosiona la democracia.

    En América Latina, la situación es igualmente grave. En Perú, Gastón Medina y Raúl Celis fueron asesinados por sus coberturas sobre corrupción y crimen ambiental. En Colombia, el periodista Óscar Gómez murió investigando nexos entre grupos armados y autoridades. Y en Ecuador, el editor Patricio Aguilar pagó con su vida un reportaje sobre redes de corrupción en el puerto de Esmeraldas.

    La constante en todos estos casos es el abandono. La mayoría de las víctimas trabajaban en medios locales o comunitarios. Cubrían temas sensibles. Denunciaban abusos. En ocasiones ya habían sido amenazadas o contaban con medidas cautelares insuficientes. El asesinato termina por silenciar voces imprescindibles.

    En México, tres de cada cuatro agresiones contra periodistas no se castigan. El Mecanismo de Protección federal, aunque necesario, opera con escasos recursos y bajo estructuras burocráticas que no permiten reacción inmediata. No hay coordinación entre federación y estados. No existe prevención. Solo reacciones lentas y lamentos institucionales.

    Las autoridades federales prometen reformas, pero la situación no cambia. La mandataria Claudia Sheinbaum ha expresado su preocupación, pero hasta ahora no se ha presentado una estrategia integral que garantice el derecho a informar. La prensa crítica necesita más que retórica: requiere garantías, recursos y decisiones firmes.

    México no debe aspirar a consolidar una democracia mientras sus periodistas mueren sin justicia. No habrá transformación real si el derecho a la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza. La prensa no es enemiga del Estado. Es su espejo, su contrapeso, su conciencia. Cuando se apaga una voz, se apaga una parte del país.

    En ninguna profesión se justifica que informar implique riesgo de muerte. La libertad de expresión no puede depender del azar ni de la geografía. Tiene que ser un derecho garantizado, no una temeridad heroica. Hoy, el periodismo mexicano sobrevive a balazos. Mañana podría no sobrevivir.

    Punto Cero

    Hoy se sabe que, desde enero pasado la Fiscalía General de la República (FGR) busca en todo el mundo a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad de Tabasco. Lo acusan por mantener presuntos vínculos con la célula delictiva conocida como La Barredora. ¿Qué ha hecho la autoridad en estos seis meses?

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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  5. Opinión | Sociedad | El precio de un jitomate mexicano

    La economía también se escribe en recetas. En cada hamburguesa de McDonald’s, en cada salsa servida en restaurantes texanos, hay un ingrediente indispensable…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    … el jitomate fresco mexicano (jitomate). Sin embargo, ese insumo básico enfrenta ahora una cuota compensatoria del 30%, impuesta por el gobierno de Estados Unidos, que amenaza con alterar precios, cadenas de abasto y relaciones comerciales.

    El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la medida no constituye un arancel formal, sino una cuota compensatoria resultado de una investigación antidumping solicitada por productores de Florida. El acuerdo de suspensión firmado en 2019 entre exportadores mexicanos y autoridades estadounidenses ha expirado, y con él, las condiciones preferenciales de exportación.

    El jitomate mexicano representa más del 50 por ciento del consumo total de tomate fresco en los Estados Unidos. Según cifras del Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), las importaciones de jitomate mexicano superaron los 2 mil millones de dólares en 2023. Se calcula que alrededor de 1.8 millones de toneladas cruzaron la frontera en ese año.

    La industria alimentaria estadounidense depende ampliamente del tomate mexicano. Cadenas como Subway, Taco Bell y Wendy’s utilizan producto proveniente de Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. En supermercados, uno de cada tres tomates frescos proviene directamente del campo mexicano.

    El origen de esta medida no es nuevo. Desde hace más de una década, productores de Florida han promovido acciones legales para limitar el ingreso de jitomate mexicano, argumentando competencia desleal por subsidios. La Oficina de Comercio Exterior de Estados Unidos aceptó el argumento e impuso la cuota compensatoria mientras se define un nuevo acuerdo bilateral.

    Caja de Jitomate / @SociedadN_

    México no ha negado los apoyos al campo, pero rechaza que éstos constituyan una práctica de dumping. El verdadero impacto, sin embargo, será económico y logístico. Las empresas distribuidoras estadounidenses deberán asumir el costo o transferirlo a los consumidores. Se anticipa un incremento de entre 15 y 25 por ciento en el precio del jitomate fresco al menudeo.

    En paralelo, los productores mexicanos enfrentan incertidumbre. Las exportaciones de tomate fresco generan más de 400 mil empleos directos, especialmente en regiones con alta marginación. Sin certidumbre en el comercio, podrían detenerse inversiones clave y paralizarse infraestructura logística que conecta el campo con los centros de distribución.

    La medida también tiene un trasfondo político. Estados Unidos se encuentra en año electoral y Florida es uno de los estados clave. Los intereses de los productores locales influyen en decisiones que reconfiguran el comercio bilateral. La cuota al jitomate podría beneficiar políticamente, pero económicamente representa un riesgo inflacionario.

    Marcelo Ebrard

    El propio Marcelo Ebrard advirtió que esta política no es sostenible. Los consumidores estadounidenses terminarán pagando más por sus alimentos, las cadenas de restaurantes enfrentarán ajustes y el comercio fronterizo sufrirá retrasos. México ha solicitado una nueva ronda de negociaciones para evitar que esta disputa escale.

    La experiencia previa indica que el jitomate mexicano terminará por imponerse, no en tribunales, sino en anaqueles. Es más barato, más abundante y con estándares de calidad reconocidos. Pero mientras eso ocurre, las afectaciones económicas ya comenzaron.

    El jitomate ha sido más que un producto agrícola; ha simbolizado la capacidad exportadora del campo nacional. Lo que hoy se debate no es sólo una cuota del 30 opr ciento, sino el valor de las relaciones comerciales y el papel del campo en la economía global.

    El consumidor estadounidense seguirá pidiendo hamburguesas, ensaladas y salsas. Pero la pregunta es: ¿cuánto estará dispuesto a pagar cuando el jitomate suba de precio? Y, más aún, ¿quién asume la carga de una política que castiga al productor, tensiona al consumidor y desarticula el comercio justo?

    Punto Cero

    En 2023, el Congreso de la Unión aprobó la nacionalización del litio. Esto generó un boom empresarial, aunque también conflictos legales. La minera china Ganfeng Lithium demandó al Estado mexicano por la cancelación de sus concesiones. Otras empresas en Zacatecas y Sonora interpusieron amparos para mantener sus derechos de explotación, algunos con vigencia superior a cien años.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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  6. Opinión | Sociedad | ¿Libera México?

    Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    Una parte importante de la lucha contra la trata de personas en México enfrenta una crisis inesperada, ante una traición interna que ha socavado años de trabajo en la protección de víctimas, por lo menos, desde las entrañas de la “Fundación Camino a Casa”.

    En el centro de este conflicto se encuentran los nombres de Paola Patricia Tosla Muñoz y Daniela Fernanda Tapia Bazán, quienes, tras su paso por esta fundación, realizaron presuntos actos para desviar recursos, según consta en dos carpetas judiciales, en poder de este reportero, y que investiga la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, a través de su unidad de investigación de delitos en materia de trata de personas.

    A partir de las denuncias -ya formalizadas- de la secretaria de la mesa directiva de la organización civil, Mayra Hernández Figueroa, se sabe que tanto Paola Patricia y Daniela Fernanda enfrentan acusaciones por la comisión de los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” cuando participaban en la “Fundación Camino a Casa”.

    En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recibió 230 informes de transacciones financieras sospechosas presuntamente relacionadas con la trata de personas, principalmente de estados como Jalisco, Tabasco, Quintana Roo, México y la capital del país.

    Por si fuera poco, en este mismo espacio adelantamos en junio de 2020 que, grupos de la delincuencia organizada –que operan de manera particular en Michoacán— emitián certificaciones ilegales, para intervenir esteticamente a decenas de mujeres con la intención de ponerlas a disposición del mercado de trata de personas en todo el mundo.

    Esta última idea haría pensar que, autoridades federales como la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional y, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deberían intervenir para coadyuvar en la investigación de la aparición de “Fundación Libera”, organización liderada por las mismas personas hoy acusadas: Paola Patricia y Daniela Fernanda.

    Los delitos de “usurpación de funciones” y “administración faudulenta” son acciones ilegales que representan dos de los problemas más graves dentro de las instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lejos de ser meras irregularidades administrativas, minan la confianza en las estructuras de poder y afectan de manera directa a la ciudadanía; en este caso, a las víctimas del delito de trata de personas; acción mercantil que en manos de los tratantes, deja millones de dólares en utilidades ilícitas.

    La red que respalda a esta nueva “fundación”, que de manera casual plagió el mismo nombre de una agrupación chilena, no sólo estaría desviado los fondos o revictimizando a las personas afectadas, que por si mismo es muy grave, sino que ha emprendido una campaña para desacreditar a quienes han dedicado su vida a combatir la trata de personas por décadas, que dicho sea de paso, sería una actividad que el Estado mexicano debería combatir por sí mismo.

    Dentro de esta campaña de desprestigio, sobresale el nombre de Rosi Orozco, activista y ex legisladora que ha acumulado años de servicio social, con un sinnúmero de casos atendidos a favor de víctimas de este grave delito. Por si fuera esto poco, ha sido una de las figuras más influyentes en la lucha contra la trata en México. Su trabajo ha sido clave para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, aprobada por unanimidad por el Congreso de la Unión.

    Este ordenamiento jurídico ha golpeado directamente los intereses del crimen organizado, ya que ha permitido endurecer las penas y ha obligado a las autoridades a prestar mayor atención a este delito. Su implementación ha permitido desmantelar redes de explotación y proteger a cientos de víctimas en todo el país; algunas, quizá muchas, dirigirlas: camino a casa.

    Punto Cero

    Lamento profundamente la pérdida física de Isabel Miranda de Wallace. Presidió la organización “Alto al Secuestro”, activismo que se convirtió en su forma de vida luego de una experiencia traumatizante ante la pérdida y posterior asesinato de su hijo. Caminamos en varias ocaciones -codo a codo- por mejores condiciones de vida para el país. Descansa en paz Isabel.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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  7. La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera  

    La elección de la próxima persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no puede considerarse un proceso burocrático más. El nombramiento en esta institución tiene implicaciones directas para la protección de los derechos fundamentales de millones de personas.
     
    Cada día, México registra en promedio el asesinato de diez mujeres, y al menos un tercio de estos crímenes son clasificados como feminicidios, aunque la mayoría quedan impunes. Las desapariciones también continúan en aumento, con más de 115,000 personas no localizadas. Entre estas, cerca de 1,000 son personas extranjeras. Mientras que las autoridades parecen actuar de forma pasiva, las familias de los desaparecidos, en su mayoría encabezadas por mujeres, han tenido que asumir el rol de buscadoras, enfrentándose a riesgos que incluyen amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado.
     
    Frente a este escenario, la CNDH debería encarnar un papel crucial como protectora de las garantías fundamentales. Sin embargo, su efectividad ha sido cuestionada en los últimos años, con más presición, durante la administración de María Rosario Piedra Ibarra. La urgente necesidad de una institución independiente, efectiva y sensible ante las víctimas exige que el Senado lleve a cabo un proceso de selección riguroso, transparente y comprometido con los principios de justicia y protección de los derechos humanos.
     
    Desde su creación, la CNDH fue concebida para proteger y promover los derechos de las personas en México, tanto de ciudadanos nacionales como de quienes transitan por el país. En un contexto como el actual, donde se han registrado 18 asesinatos de defensores de derechos ambientales y territoriales solo en 2023, el trabajo de la comisión es vital. Asimismo, el periodismo en México se enfrenta a un ambiente hostil, con constantes amenazas, asesinatos y desapariciones de reporteros.
     
    Ante estas circunstancias, se debe designar a una persona que no solo cuente con conocimientos en derechos humanos, sino que también sea independiente y tenga un compromiso demostrado con las víctimas y sus causas. Los Principios de París, establecen que los titulares deben ser elegidos mediante un proceso que garantice una representación plural y cuente con el respaldo de las organizaciones y la sociedad civil.
     
    La realidad en México exige una CNDH que actúe con firmeza y eficacia ante los numerosos casos de abuso y omisión por parte del Estado, no como un apendice de un partido político o benefactor de un gobierno en particular. Por este motivo, la próxima designación no puede ser un trámite más, debe ser un acto que simbolice la voluntad de poner fin a la impunidad que ha afectado a miles de personas en el país. Si se elige a un titular que cumpla con estos principios, la CNDH podría convertirse en el aliado que tanto necesita la sociedad mexicana para enfrentar la grave crisis de derechos humanos y, por ende, en un aliado elemental para la gestión de la titular del poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo.
     
    De esta forma, es necesario un proceso de selección que dignifique y fortalezca a una institución tan necesaria en estos tiempos. El nombramiento adecuado no solo beneficiará a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos, sino que también será una señal clara de que México busca la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos, acorde a los tiempos del verdadero cambio. o, será que, ¿nos podríamos tropezar con la misma Piedra?

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Publicada de manera original en el diario ContraRéplica

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