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Sara Carter advierte que EU perseguirá a funcionarios que colaboren con cárteles, sin importar su cargo

Sara Carter, funcionaria antidrogas de Donald Trump, advirtió que Estados Unidos perseguirá a quienes colaboren con cárteles y pidió a México reforzar la cooperación en seguridad.

SN Redacción | Agencias                                           

El gobierno de Donald Trump perseguirá a cualquier persona que ayude o colabore con cárteles del narcotráfico, incluso si ocupa una gubernatura o desempeña un cargo público, advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos.

La funcionaria afirmó que Washington mantendrá la presión contra las organizaciones criminales y quienes presuntamente las apoyen, al tiempo que solicitó a México incrementar la inversión en sus Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad para reforzar el combate al narcotráfico.

Las declaraciones, difundidas el 8 de octubre de 2026, se producen en medio de las tensiones bilaterales por los señalamientos de autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Sara Carter advierte a funcionarios y colaboradores de cárteles

En una entrevista con Voz Media, Carter sostuvo que la estrategia de la administración estadounidense no distinguirá entre cargos públicos ni posiciones sociales cuando se trate de personas que colaboren con grupos criminales.

“El presidente Trump ha sido muy claro: si ayudas o colaboras con los cárteles, si trabajas con ellos o con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si eres gobernador o una persona que trabaja en una pequeña tienda. Vamos a encontrarte, vamos a ir tras de ti y nos aseguraremos de que pagues el precio”, declaró.

La directora de la oficina antidrogas también aseguró que la presión estadounidense continuará durante los próximos dos años y medio y que las acciones contra esas organizaciones no terminarán necesariamente con el actual periodo de gobierno.

Carter llamó a las autoridades mexicanas a fortalecer la colaboración bilateral y afirmó que el trabajo conjunto puede contribuir a desmantelar las estructuras del narcotráfico.

“Únanse a nosotros, detengamos esto. Podemos acabar con los cárteles trabajando juntos; podemos encontrar puntos en común sobre los cuales avanzar”, expresó.

La funcionaria también sostuvo que distintas dependencias federales estadounidenses participarán en las acciones contra las organizaciones criminales y quienes presuntamente colaboren con ellas.

Señalamientos contra funcionarios mexicanos elevan la tensión bilateral

Las declaraciones ocurren en un contexto de diferencias entre Washington y México por las acusaciones estadounidenses contra políticos y funcionarios mexicanos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Entre los casos señalados se encuentra el del exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo en medio de los señalamientos en su contra. Las acusaciones han generado cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación bilateral y las garantías para el debido proceso.

La existencia de acusaciones no constituye, por sí misma, una prueba de responsabilidad penal. La determinación de culpabilidad corresponde a las autoridades judiciales competentes, conforme a los procedimientos aplicables.

Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que México no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en sus asuntos internos y ha defendido la soberanía nacional en el marco de la relación con Estados Unidos.

El diferendo plantea el reto de mantener la cooperación en seguridad sin dejar de lado la jurisdicción mexicana, la presentación de pruebas y el respeto a los mecanismos legales de cada país. –sn–

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Marina reporta 893 plantíos erradicados y 131 laboratorios clandestinos neutralizados

La Secretaría de Marina reportó la erradicación de 893 plantíos y la neutralización de 131 laboratorios clandestinos desde octubre de 2024, además del aseguramiento de metanfetamina, precursores y otras sustancias ilícitas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Marina (Semar) reportó la erradicación de 893 plantíos de marihuana y amapola y la neutralización de 131 laboratorios clandestinos desde el 1 de octubre de 2024, como resultado de operaciones de inteligencia y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el balance difundido por la dependencia, los plantíos destruidos corresponden a 231 cultivos de marihuana y 662 de amapola, con un total de 76 millones 667 mil 17 plantas eliminadas. Las acciones buscan impedir que estos cultivos sean utilizados como materia prima para la producción de drogas.

Marina reporta 131 laboratorios clandestinos neutralizados

En el mismo periodo, personal naval localizó y neutralizó 131 laboratorios clandestinos, donde fueron asegurados más de 131 mil kilogramos de metanfetamina, además de sustancias ilícitas y precursores químicos.

La Semar estimó que estas operaciones representaron una afectación superior a 32 mil 432 millones de pesos para las organizaciones delictivas, al reducir su capacidad para producir y financiar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las cifras forman parte de las operaciones que la Marina mantiene para localizar instalaciones utilizadas en la producción de drogas sintéticas y desarticular etapas de la cadena de suministro de los grupos delictivos.

Operaciones contra la producción de drogas

La destrucción de los plantíos y la inhabilitación de los laboratorios buscan afectar directamente la infraestructura empleada para producir estupefacientes, así como las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

La estrategia contempla trabajos de análisis de información e inteligencia para identificar zonas vinculadas con la producción de drogas, seguidos por el despliegue de personal naval en regiones de difícil acceso. –sn–

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Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles

El embajador Ronald Johnson pidió reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos para rastrear las finanzas de los cárteles, con participación de autoridades de inteligencia financiera y bancos mexicanos.

Por Martín García | Reportero                                      

Atacar las finanzas de los cárteles debe convertirse en un eje central de la cooperación entre México y Estados Unidos, afirmó el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien llamó a las autoridades de inteligencia financiera y al sector bancario a seguir el rastro del dinero de las organizaciones criminales.

El planteamiento fue realizado durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, encuentro que reunió a representantes de alrededor de 40 instituciones bancarias mexicanas. Johnson sostuvo que identificar los recursos, las transacciones y las redes que permiten operar al crimen organizado puede afectar su capacidad para producir y transportar drogas, adquirir armas, pagar integrantes y financiar actos de corrupción.

La estrategia, explicó el diplomático, busca que México y Estados Unidos avancen en investigaciones financieras, sanciones, incautaciones e intercambio de información para identificar no sólo a los integrantes visibles de las organizaciones criminales, sino también a quienes facilitan y sostienen sus estructuras económicas.

Bancos, pieza clave para rastrear recursos

Ante representantes del sistema financiero mexicano, Johnson pidió fortalecer la colaboración para detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas. La lógica planteada durante el foro es que una transacción puede conducir a una cuenta, después a un activo y posteriormente a otros integrantes o facilitadores de una red criminal.

El funcionario estadounidense señaló que decomisar drogas o armas puede afectar temporalmente a los grupos criminales, pero cortar el acceso a los recursos financieros puede limitar su capacidad para reponer esos bienes y mantener sus operaciones.

Johnson sostuvo que debilitar a los cárteles y desmantelar las redes que permiten su funcionamiento constituye una prioridad compartida por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. –sn–

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

Punto cero

El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: El zumbido al moscardón

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Aseguran 137 kilos de cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas; hay cinco detenidos

Este aseguramiento representa una afectación económica de más de 29 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

Por Martín García | Reportero                                      

Autoridades federales aseguraron cinco bultos con 139 ladrillos, con un peso aproximado de 137 kilos de cocaína, en el recinto portuario de dicho municipio.

Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante labores de patrulla y vigilancia marítima, dio seguimiento hasta su arribo a puerto a un buque mercante que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.

A su arribo, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), adscrita a la Décima Sexta Zona Naval, en estrecha coordinación con la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, efectuaron labores de inspección a los contenedores transportados a bordo de la embarcación. Durante la revisión, con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, se identificaron irregularidades en una carga comercial, donde se encontraban ocultos cinco bultos que contenían 139 ladrillos con un peso aproximado de 137 kilogramos de presunta cocaína.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente involucradas en la comisión de hechos ilícitos. A los detenidos les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación del caso.

Cabe destacar que este aseguramiento representa una afectación económica de 29 millones 711 mil pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos. De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente 274 mil dosis lleguen a la sociedad.

Este resultado refleja la efectividad de la coordinación interinstitucional entre las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales, mediante operaciones permanentes de vigilancia marítima, portuaria, aérea y terrestre, orientadas a preservar el Estado de derecho e impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población. –sn–

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En la Cuauhtémoc detienen a tres y aseguran más de 200 dosis de cocaína y crystal

Además, se ejecutó una orden de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc donde fueron detenidas tres personas y se aseguraron cerca de 200 dosis de aparente narcótico

Por Martín García | Reportero                                      

Autoridades ejecutaron cuatro órdenes de cateo en diferentes predios ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón, donde aseguraron 450 dosis de cocaína, crystal y marihuana, además detuvieron a dos personas posibles integrantes de un grupo delictivo; mientras que en la alcaldía Cuauhtémoc, se ejecutó una diligencia ministerial donde fueron detenidos dos hombres y una mujer y se aseguraron casi 200 dosis de posible narcótico. 

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La primera acción policial se llevó a cabo como resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, así como del seguimiento de diversas denuncias ciudadanas, las cuales señalan a un grupo de personas que, al parecer realizaba actividades ilícitas en diferentes calles de dicha alcaldía. Los datos de prueba obtenidos a través de distintas técnicas de inteligencia fueron presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo para cuatro domicilios distintos.

Por ello, se implementaron los despliegues operativos coordinados, en los cuales se actuó sin uso de violencia, en estricto apego con el protocolo de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

El primero de ellos fue en la calle Chabacano, en la colonia Chamontoya, donde los oficiales aseguraron 54 dosis de aparente marihuana y 74 dosis de posible crystal. El segundo operativo ocurrió en la avenida México 68, en la colonia Los Cedros, donde los uniformados aseguraron 22 dosis de probable cocaína 110 dosis de aparente cocaína en piedra y un teléfono celular, asimismo detuvieron a un hombre de 33 años de edad.

El tercer mandato judicial se implementó en un inmueble ubicado en la calle Primer Andador de Xaxalpa, en la colonia San Bartolo, donde el personal policial aseguró 80 dosis de supuesta cocaína y 12 dosis de probable crystal. La última acción se desarrolló en un predio localizado en la calle Cerrada Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de la Era, donde se aseguraron 50 dosis de supuesta marihuana, 27 dosis de posible crystal, 16 dosis de una sustancia sólida color azul. También decomisaron seis dosis de probable cocaína, dos de aparente cocaína en piedra, una dosis de lo que pudiera ser crystal, un teléfono celular de alta gama y una libreta con anotaciones y detuvieron a una mujer que dijo tener 15 años de edad.

En tanto, resultado de trabajos de investigación en la alcaldía Cuauhtémoc, las autoridades participantes ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la calzada De la Viga, en la colonia Esperanza, donde fueron detenidos dos hombres de 20 y 30 años, y una mujer de 54 años de edad; además se aseguraron 97 envoltorios de aparente cocaína, 100 dosis de una hierba verde y seca similar a la marihuana y dos teléfonos celulares. 

Por lo anterior, todos los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones y definirá su situación jurídica; en tanto, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes y serán tratadas como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Cabe destacar que estas acciones se realizaron en estricto apego con los protocolos de actuación policial y con pleno respeto a los derechos humanos. –sn–

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Detienen en Iztacalco a presunto narcomenudista con 107 dosis de droga

Los policías detuvieron al hombre de 27 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Uniformados capitalino detuvieron a un sujeto en posesión de varias dosis de narcótico,en calles de la colonia Gabriel Ramos Millán Sección Cuchilla, en la alcaldía Iztacalco.

Los hechos ocurrieron mientras los efectivos policiales realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia en las calles Puente Juan Carbonero y Puente Dolores, donde observaron a una persona que manipulaba una bolsa de color rojo quien, al notar la presencia policial, emprendió la huida.

Para descartar un posible hecho delictivo, los policías le dieron seguimiento y lo interceptaron metros adelante donde le realizaron una revisión preventiva, en apego con el protocolo de actuación policial, tras la cual le aseguraron 60 bolsitas de plástico con aparente marihuana y 47 envoltorios de papel que con una sustancia similar a la cocaína, además de un teléfono celular.

Por estos hechos, los policías detuvieron al hombre de 27 años de edad, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. –sn–

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Aseguran más 800 kilos de cocaína en Guerrero

Este aseguramiento representa una afectación económica de 180 millones de pesos, lo cual debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos

Por Martín García | Reportero                                      

En aguas del Océano Pacífico, personal de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) detuvo a cinco personas, aseguró una embarcación menor con tres motores fuera de borda y 13 bultos con 829 kilos de presunta cocaína, aproximadamente a 195 millas náuticas al sur del estado de Guerrero.

Dicha acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectó una embarcación con cinco tripulantes, por lo que al efectuar una inspección se localizó la carga ilícita.

Derivado de lo anterior, se logró el aseguramiento de 13 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de 829 kilos de presunta cocaína, mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad de superficie de la Armada de México, junto con las personas detenidas a quienes les leyeron sus derechos de ley.

Por lo tanto, se efectuaron las coordinaciones con el fin de ponerlos disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Este aseguramiento representa una afectación económica de 180 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de las organizaciones delictivas transnacionales. De igual forma, con esta acción se evitó que aproximadamente 1.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

En la presente administración suman más de 72 toneladas de cocaína asegurada en la mar.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas –sn–

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FGR destruye más de 300 kilos de droga

La FGR incineró narcóticos y objetos del delito.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó más de 300 kilogramos de droga como resultado de investigaciones relacionadas con delitos contra la salud. El procedimiento se llevó a cabo en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ubicadas en el Estado de México. La acción formó parte de las actividades permanentes para el manejo y disposición final de sustancias ilícitas aseguradas.

El acto fue encabezado por personal del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Durante la diligencia se verificaron los procedimientos legales correspondientes. Las autoridades informaron que la destrucción se efectuó bajo protocolos establecidos para garantizar la legalidad del proceso.

La supervisión estuvo a cargo de personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR. La participación de esta instancia tuvo como propósito otorgar certeza jurídica sobre la identificación, clasificación y peso de los narcóticos destruidos. El procedimiento incluyó la validación de cada uno de los elementos sujetos a incineración.

Operativo supervisado

Las actividades se realizaron mediante coordinación entre diversas instituciones de seguridad pública. La FGR informó que los trabajos contaron con apoyo del Gabinete de Seguridad del gobierno federal. La colaboración incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La diligencia tuvo lugar en instalaciones de la 37 Zona Militar ubicadas en San Juan Teotihuacán, Estado de México. En ese sitio se concentraron los narcóticos previamente asegurados en distintos operativos. Las sustancias permanecieron bajo resguardo oficial antes de su destrucción.

De acuerdo con los datos difundidos por la autoridad ministerial, fueron incinerados 301 kilos con 655.750 gramos de narcóticos. También fueron destruidos dos mil 453 objetos vinculados con actividades delictivas. Los materiales quedaron inutilizados de manera definitiva conforme a los protocolos vigentes. –sn–

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Sheinbaum reporta caída del fentanilo hacia los Estados Unidos

Claudia Sheinbaum informó decomisos y reducción del tráfico de fentanilo.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal registró avances en el combate al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos, con base en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La mandataria explicó que las acciones incluyeron aseguramientos de droga, destrucción de laboratorios clandestinos y reducción en el paso de fentanilo hacia territorio estadounidense. La información fue presentada durante la conferencia matutina realizada este miércoles.

https://youtu.be/inYWhY8H2vA?t=1089

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo detalló que las autoridades federales desmantelaron 2 mil 400 laboratorios utilizados para la producción de drogas sintéticas en distintas regiones del país. La presidente indicó que estas operaciones permitieron el aseguramiento de alrededor de 402 toneladas de sustancias ilícitas. Las acciones formaron parte de operativos coordinados contra organizaciones dedicadas a la fabricación y distribución de narcóticos.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que los datos difundidos correspondieron a reportes oficiales de la CBP, autoridad encargada de los controles fronterizos en Estados Unidos. La mandataria afirmó que las cifras reflejaron resultados obtenidos mediante la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Las estadísticas fueron utilizadas para medir las variaciones en el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Resultados contra el fentanilo

En el caso específico del fentanilo, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el paso de esa sustancia hacia Estados Unidos registró una reducción de 76 por ciento. La presidente precisó que los decomisos reportados por autoridades estadounidenses pasaron de 863 kilogramos en octubre de 2024 a 208 kilogramos en abril de 2026. Las cifras correspondieron a reportes de la CBP presentados durante la conferencia matutina.

La mandataria explicó que la disminución en los aseguramientos reflejó cambios en las operaciones de combate al tráfico de drogas desarrolladas tanto en territorio mexicano como en la frontera estadounidense. Las acciones incluyeron cateos, destrucción de instalaciones clandestinas y decomisos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos sintéticos. El gobierno federal mantuvo coordinación con agencias estadounidenses para compartir información sobre las rutas de tráfico.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que los laboratorios clandestinos localizados en distintas entidades del país fueron utilizados para la fabricación de drogas sintéticas, principalmente metanfetaminas y fentanilo. Las fuerzas federales realizaron operativos en zonas identificadas como puntos de producción y almacenamiento de sustancias ilícitas. Las acciones fueron coordinadas entre corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

Datos binacionales

La presidente afirmó que los resultados fueron obtenidos a partir de indicadores binacionales sobre tráfico de drogas y decomisos fronterizos. Las cifras compararon distintos periodos relacionados con las incautaciones realizadas por autoridades mexicanas y estadounidenses. El seguimiento estadístico permitió observar variaciones en los volúmenes asegurados de fentanilo en la frontera norte.

https://sociedad-noticias.com/2026/05/27/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-miercoles-27-de-mayo-2026/

La información fue presentada como parte de las estrategias de cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y reducir el flujo de drogas sintéticas. Autoridades de ambos países mantuvieron mecanismos de intercambio de datos relacionados con decomisos y rutas de tráfico. El gobierno federal reiteró que las acciones buscaron limitar la distribución de sustancias ilícitas en ambos territorios.

En una intervención posterior, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se refirió a los resultados difundidos durante la conferencia. El funcionario federal afirmó que los decomisos representaron una reducción importante de drogas destinadas al mercado ilegal. Las operaciones federales incluyeron aseguramientos de sustancias químicas y destrucción de laboratorios clandestinos.

Operativos federales

Omar García Harfuch indicó que las cifras difundidas reflejaron el impacto de los operativos de seguridad implementados en diversas entidades del país. El secretario sostuvo que los aseguramientos evitaron la distribución de miles de dosis de droga en distintas regiones. Las autoridades federales mantuvieron acciones permanentes contra grupos dedicados al tráfico de narcóticos.

El titular de la SSPC explicó que las incautaciones y decomisos formaron parte de una estrategia nacional de combate a la producción de drogas sintéticas. Las fuerzas federales realizaron intervenciones en inmuebles utilizados para almacenamiento y fabricación de sustancias ilícitas. Las operaciones se desarrollaron en coordinación con autoridades estatales y ministeriales.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que los datos presentados provinieron de reportes reconocidos por autoridades estadounidenses y mexicanas. La mandataria sostuvo que los resultados correspondieron a acciones coordinadas entre instituciones de seguridad de ambos países. El gobierno federal mantuvo el seguimiento a los indicadores relacionados con tráfico de drogas y decomisos fronterizos.

Antes de concluir la conferencia, autoridades federales reiteraron que las acciones contra el narcotráfico continuaron en distintas regiones del país mediante operativos permanentes. Los reportes difundidos incluyeron información relacionada con aseguramientos de drogas, destrucción de laboratorios y decomisos en la frontera norte. El gobierno federal informó que las estrategias de cooperación bilateral seguirían activas en materia de seguridad.

Como complemento editorial, aquí está el mensaje para redes sociales:

–sn–

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Semar destruye más de dos toneladas de cocaína aseguradas en operativos en Oaxaca

Personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Oaxaca supervisó que el proceso se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) incineró más de 2,155.382 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron asegurados en el marco de las acciones de mantenimiento del Estado de derecho.

El acto se realizó en el Polígono Naval de Instalaciones Logísticas de este Mando Superior en Jefe Operacional, siendo presidido por el Vicealmirante Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano, Comandante de la Décima Región Naval quien estuvo acompañado en por el Ingeniero Salomón Jara Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, la Maestra Damaris Baglietto Hernández, Fiscal Federal de la República en el Estado de Oaxaca, en conjunto con diversas autoridades.

Derivado de lo anterior, es importante mencionar que personal del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Oaxaca supervisó que el proceso se llevara a cabo conforme a la normatividad aplicable, asimismo, peritos de dicha dependencia verificaron los procedimientos, así como la identidad química del estupefaciente destruido. –sn–

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Aseguran metanfetamina y fentanilo en Chihuahua

 En la acción participaron elementos de SSPC y AIC de FGR. También fueron detenidas dos personas

Por Martín García | Reportero                                      

Autoridades detuvieron a dos personas y aseguraron 20 kilos de metanfetamina y 25 mil dosis de fentanilo en el estado de Chihuahua.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, los agentes interceptaron un vehículo sobre la Carretera Federal 45, tramo Chihuahua–Juárez, al que se le marcó el alto para efectuar una inspección de seguridad.

Durante la revisión, un binomio canino realizó un marcaje positivo en las puertas de la unidad, donde detectaron alteraciones en su estructura metálica que ocultaban compartimentos, dentro de los cuales localizaron diversos paquetes envueltos en plástico que contenían aproximadamente 20 kilos de metanfetamina y un recipiente con 25 mil pastillas de fentanilo.

Por lo anterior, el conductor y su acompañante fueron detenidos, se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico de drogas, debilitar las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en el país. –sn–

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Mayoría de costarricenses apoyarían un acuerdo militar con EE.UU., según CIEP-UCR

Mayoría de costarricenses apoyarían un acuerdo militar con EE.UU., según CIEP-UCR
San José, 06 may (elmundo.cr) – La mayoría de los costarricenses esta de acuerdo con un acuerdo militar entre Costa Rica y Estados Unidos, esto según [...]

#AcuerdoMilitarConEE.UU. #CombateAlNarcotráfico #CostaRica #Destacada #DonaldTrump #EEUU #EncuestaCIEP-UCR #LuchaContraElCrimenOrganizado #RodrigoChaves

https://elmundo.cr/costa-rica/mayoria-de-costarricenses-apoyarian-un-acuerdo-militar-con-ee-uu-segun-ciep-ucr/

Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Soberanía y solidaridad

Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Un “matrimonio sin divorcio”: la paradoja de la relación entre México y EE. UU.

Un “matrimonio sin divorcio”: la paradoja de la relación entre México y EE. UU.
Por Jorge Hurtado Equilibristas. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, evocó una frase que, según dijo, le compartió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, cuando ambos se reunieron por [...]

#ClaudiaSheinbaum #CombateAlNarcotráfico #ControlDeLaMigración #DonaldTrump #EEUU #Mundo #México

https://elmundo.cr/mundo/un-matrimonio-sin-divorcio-la-paradoja-de-la-relacion-entre-mexico-y-ee-uu/

Columna Sociedad | Soberanía y solidaridad

El mundo atraviesa una reconfiguración en su dinámica de convivencia. La tensión entre potencias, los conflictos regionales y las decisiones unilaterales han colocado a varias naciones en una encrucijada. México no es ajeno a ese proceso; forma parte activa de un tablero que cambia con rapidez.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los recientes episodios bélicos entre los Estados Unidos e Irán, así como la persistente confrontación entre Ucrania y Rusia, evidencian un entorno internacional volátil.

La historia en América Latina también se reescribe. La presión sobre Venezuela y el endurecimiento de medidas hacia Cuba reflejan una estrategia que combina interés económico y control político. Por si fuera poco, la amenaza de sanciones genera efectos directos en la población civil.

El caso de la isla resulta muy emblemático. La falta de combustible y los cortes eléctricos trastocan la vida cotidiana. La escasez de estas energías incide en la salud, educación, estabilidad social y desconexión digital.

Paradójicamente, Cuba ha sido referente internacional en materia médica. La formación de especialistas y la exportación de servicios de salud constituyen una de sus principales aportaciones al mundo. Esa vocación se remonta a figuras como Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, quienes impulsaron un modelo con fuerte énfasis social.

De esta forma, el llamado del impulsor del humanismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la solidaridad internacional, responde a una tradición diplomática que privilegia la cooperación y el respeto entre las naciones. La invitación a realizar donaciones apela a la dimensión humana.

Por su parte, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha reconocido estos gestos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa los apoyos puntuales. La economía de la isla depende en gran medida del turismo, sector que también resiente los efectos de la crisis.

Para México, este tipo de decisiones implica costos y beneficios. La cercanía con Cuba puede generar tensiones con los Estados Unidos, pero también reafirma una postura soberana en política exterior. En este sentido, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum ha manifestado precisión política al mantener el equilibrio entre cooperación regional y relación estratégica con Washington.

En el ámbito interno, la postura también envía señales. Refuerza la idea de un gobierno que prioriza la justicia social y la solidaridad internacional como ejes de acción. Vale recordar a Compay Segundo: “en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones”.

Punto Cero

Jorge Armando Rocha suena con mucha energía para convertirse en el candidato natural para recuperar Coyoacán por el movimiento de la Cuarta Transformación. El nombre del periodista y director del Canal del Congreso de la Ciudad de México sale a la luz entre varios políticos de izquierda, por ser un personaje joven, con experiencia en el acontecer político, que podría dejar atrás a figuras como Carlos Castillo, Gerardo Villanueva, Hannah de la Madrid, quienes han contenido por esta alcaldía capitalina.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Terrorismo y soberanía nacional

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Terrorismo y soberanía nacional

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.

Tras la captura y muerte del que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron incendios de establecimientos, ataques a bancos y bloqueos carreteros en varias entidades federativas. Reportes de investigación preliminar dieron cuenta de más de 200 tiendas de conveniencia afectadas y decenas de vehículos incendiados.

En este contexto, el artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión a quien, mediante explosivos, armas de fuego o actos violentos, genere alarma o terror en la población con el fin de presionar a la autoridad; este tipo penal descarta la exigencia de motivación ideológica; por otro lado, los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron en 2003 que, el terrorismo no constituye delito político por su naturaleza jurídica.

Desde esa óptica técnica, los hechos encajan en la descripción del marco legal vigente en nuestro país. Hubo uso de armas, ataques a bienes públicos y privados, y un propósito evidente de intimidación social. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos como terrorismo, la competencia es federal.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha impulsado la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta activa mecanismos financieros y de seguridad internacional que rebasan la jurisdicción mexicana.

Si el gobierno federal asumiera, hipotéticamente, que existe terrorismo, podría abrir la puerta a revisiones financieras bajo convenios internacionales contra el financiamiento al terrorismo, entre ellas, las actividades “comerciales” ilícitas de éstas empresas criminales. También se podrían realizar análisis de inteligencia dentro de foros multilaterales y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá.

Reconocer jurídicamente el terrorismo podría fortalecer procesos penales, pero también expondría al país a presiones externas. Pero la realidad es que la mandataria mexicana ha optado por un trato firme y diplomático con Washington. Ha defendido la soberanía sin romper la cooperación. Esta prudencia busca evitar que la narrativa externa condicione la política interna.

De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, tiene la facultad de tipificar conductas, sin embargo, las palabras que emanan del poder Ejecutivo pesan en la orientación institucional, es una fina línea entre la técnica jurídica y la conveniencia social, a pesar de la autonomía de la FGR.

De este evento de gran magnitud, incluso de carácter internacional, se desprende que México enfrenta una disyuntiva muy compleja, aplicar el derecho penal con rigor pleno o contener una categoría que podría alterar su posición internacional.

No cabe duda que, la fortaleza institucional del gobierno mexicano, hoy se mide en la capacidad de nombrar la realidad, sin perder el control de sus consecuencias. Quién lo diría, la figura de “El Mencho” es hoy una estampa de calibre internacional sobre la efectiva estrategia mexicana de combate al narcotráfico, que pasó del terror a la soberanía nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Un mundo arrodillado al ego

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Abatimiento de “El Mencho”, golpe estratégico contra el narco: Mejía Berdeja

El operativo contra el crimen organizado fortalece la seguridad y el Estado de derecho. Labores de inteligencia, coordinación interinstitucional y operativos conjuntos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja afirmó que el abatimiento durante un operativo de las fuerzas armadas y de seguridad de uno de los principales líderes del crimen organizado que operaba en territorio nacional representa un golpe estratégico contra las estructuras del narcotráfico y un avance relevante en el fortalecimiento de la seguridad pública en México.

Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional confirmara el abatimiento del narcotraficante conocido como “El Mencho”, el legislador federal señaló que esta acción es resultado de labores sostenidas de inteligencia, coordinación interinstitucional y operativos conjuntos entre fuerzas armadas y corporaciones policiales.

“Se trata de una intervención de alto impacto que refleja el compromiso del Estado mexicano para enfrentar a los grupos delincuenciales que tanto daño han causado a la población. No sólo por la distribución de drogas, sino por la violencia sistemática, la extorsión, la disputa territorial y la afectación directa a la estabilidad institucional del país”, expresó.

Guerra contra el narcotráfico

Mejía Berdeja, ex Subsecretario de Seguridad Pública, recordó que desde que se declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico” con Felipe Calderón, México ha enfrentado una etapa compleja marcada por la fragmentación de organizaciones criminales y la intensificación de conflictos entre cárteles. En ese contexto, sostuvo que las actuales estrategias priorizan inteligencia operativa, desarticulación financiera y coordinación federal.

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) reconoció el trabajo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, del gabinete de seguridad pública federal y de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República que participaron en el operativo. Subrayó que la estrategia no se limita al despliegue táctico, sino que incorpora inteligencia,  análisis de información, seguimiento y acciones focalizadas para ubicar objetivos prioritarios.

Asimismo, destacó la coordinación encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en representación del gobierno federal. “No estamos hablando únicamente de fuerza militar o policial, sino de un esquema integral de inteligencia que permite identificar, ubicar y actuar con precisión frente a objetivos de alto riesgo”, apuntó.

Células criminales

Ricardo “El Tigre” Mejía advirtió que, tras este tipo de operaciones, es previsible que algunas células criminales intenten reaccionar con actos de violencia; sin embargo, afirmó que el debilitamiento de la estructura de mando impacta directamente en la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones.

“Cuando se desarticula a un cabecilla de esta magnitud, se envía un mensaje claro, el Estado mexicano tiene capacidad institucional para actuar y para proteger a la ciudadanía”, sostuvo.

El legislador también expresó su reconocimiento a los elementos de seguridad que resultaron heridos durante la operación y rindió homenaje a quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su deber en los últimos años. “Su labor es fundamental para restablecer la paz en regiones que han padecido la violencia del crimen organizado”, afirmó.

Tráfico de sustancias ilícitas

Finalmente, Ricardo Mejía Berdeja reiteró que el propósito central es reducir la violencia, debilitar el tráfico de sustancias ilícitas y devolver condiciones de tranquilidad a las comunidades afectadas.

“Lo importante es que estas estructuras criminales sigan siendo desmanteladas en su capacidad criminal, operativa y de manejo de recursos ilícitos. La paz se construye con acciones firmes, legales y coordinadas en defensa del pueblo de México”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–

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Aduanas intercepta nuevo cargamento de armas en Puerto Cortés#Aduanas #Armas #PuertoCortés #FaustoCálix #operativoantidrogas #Decomisodearmas #combatealnarcotráfico #EstadosUnidos #CrimenOrganizado
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