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Navi Pillay critica las sanciones de EU contra la Corte Penal Internacional
Navi Pillay calificó de “inauditas e inaceptables” las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional. Las medidas podrían limitar las operaciones del tribunal, mientras Washington defiende su soberanía y critica a la CPI. El caso reaviva el debate sobre la justicia internacional y la rendición de cuentas #CPI #EstadosUnidos #JusticiaInternacional #ElUniversal…
Estados Unidos impuso sanciones contra la Corte Penal Internacional como institución, además de las aplicadas a 13 jueces y fiscales. La CPI advierte que buscan obstaculizar su trabajo y asegura que continuará sus investigaciones.
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Ocho países, entre ellos Canadá, Alemania, Francia y Reino Unido, rechazaron las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional. Advierten que podrían afectar las investigaciones y al personal del tribunal.
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Volker Türk pide retirar sanciones de EU contra la Corte Penal Internacional
Volker Türk condena las sanciones de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional y pide a los 125 Estados miembros proteger su independencia, sus operaciones y al personal que trabaja para garantizar justicia internacional.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió este viernes retirar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y llamó a los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma a adoptar medidas urgentes para proteger la independencia y el funcionamiento de la institución.
Türk calificó de inaceptables las medidas del gobierno estadounidense, al considerar que pueden intimidar a quienes investigan y procesan los crímenes internacionales más graves. También pidió proteger a las personas y organizaciones que colaboran con el tribunal.
El pronunciamiento se produjo después de que Washington anunciara sanciones contra la Corte como institución, en una nueva escalada de las medidas que desde 2025 ha dirigido contra integrantes de su estructura judicial y fiscal.
Türk pide proteger a la Corte Penal Internacional
El responsable de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las sanciones no deben convertirse en un mecanismo de presión que impida a jueces, fiscales y colaboradores cumplir sus funciones.
Türk instó especialmente a los 125 Estados Partes del Estatuto de Roma a defender el trabajo de la Corte y garantizar la continuidad de sus operaciones. Señaló que estos países tienen una responsabilidad particular porque participaron en la creación de la institución.
También llamó a los Estados que no se han adherido al Estatuto de Roma a respetar la independencia del tribunal y su labor en favor de la justicia internacional.
La preocupación central, explicó, es que las represalias contra quienes participan en investigaciones y procesos judiciales generen un efecto disuasorio y debiliten los esfuerzos para exigir responsabilidades por violaciones graves de los derechos humanos.
Estados Unidos amplía las sanciones contra el tribunal
Las nuevas medidas se suman a una serie de sanciones estadounidenses impuestas desde febrero de 2025 contra integrantes de la Corte Penal Internacional.
De acuerdo con el pronunciamiento de Türk, las acciones anteriores alcanzaron a la mitad de los 18 jueces de la institución, al entonces fiscal, a sus dos fiscales adjuntos y a un alto funcionario del tribunal.
El Alto Comisionado ya había advertido que sancionar a jueces y fiscales por cumplir sus mandatos conforme al derecho internacional representa un riesgo para el Estado de derecho y debilita los mecanismos de justicia.
La CPI fue creada mediante el Estatuto de Roma para investigar y, cuando se cumplen los requisitos de su jurisdicción, enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Su funcionamiento depende de la cooperación internacional, incluida la colaboración de los Estados y de las personas que contribuyen a sus investigaciones. Por ello, las restricciones que afecten esas relaciones pueden dificultar el cumplimiento de su mandato. –sn–
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Navi Pillay gana el Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional
La jurista sudafricana Navi Pillay recibió el Nobel de la Paz 2026 por su trabajo en favor de la paz, los derechos humanos y la justicia internacional. Fue alta comisionada de la ONU y jueza en tribunales internacionales.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, anunció este viernes el Comité Noruego del Nobel en Oslo, Noruega.
La distinción reconoce una trayectoria de varias décadas en la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas por crímenes internacionales. Pillay fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y ocupó cargos judiciales en tribunales internacionales.
El comité justificó el reconocimiento en un contexto de creciente presión sobre el sistema jurídico internacional y sus instituciones. La elección de Pillay pone el foco en la importancia de preservar las normas que buscan limitar los abusos de poder y garantizar justicia para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
Navi Pillay: una trayectoria en la justicia internacional
Nacida en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio, Pillay abrió en 1967 un despacho jurídico en la entonces provincia de Natal y se convirtió en la primera mujer en ejercer la abogacía en esa región.
Durante el régimen del apartheid defendió a personas perseguidas por motivos políticos, entre ellas activistas vinculados con la lucha contra la segregación racial. Tras el fin de ese sistema, se convirtió en la primera mujer no blanca en integrar la Alta Corte de Sudáfrica.
Su carrera también incluyó funciones en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en la Corte Penal Internacional. En el tribunal que investigó el genocidio ruandés contribuyó al desarrollo de criterios jurídicos que reconocieron la violencia sexual como posible crimen de lesa humanidad y acto de genocidio, según los casos y las pruebas.
Posteriormente, encabezó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde donde participó en la promoción y defensa de los derechos fundamentales en distintos países.
Su trabajo sobre Gaza generó controversia
Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel. En 2025, esa comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.
Israel rechazó las conclusiones del informe y cuestionó las actuaciones de la comisión. La controversia en torno a ese documento ha colocado a Pillay en el centro de un debate internacional sobre la responsabilidad de los Estados y el alcance de los mecanismos de justicia internacional.
El Comité Noruego del Nobel fundamentó el premio en la defensa de la paz y el derecho internacional, sin presentar la distinción como un pronunciamiento específico sobre las conclusiones del informe relativo a Gaza.
Pillay continúa vinculada al ámbito judicial internacional como jueza ad hoc en un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia relacionado con las acusaciones de genocidio contra Myanmar por el trato a la minoría rohinyá.
¿Cuándo recibirá el Premio Nobel de la Paz?
La ceremonia de entrega está prevista para el 10 de diciembre de 2026 en Oslo, fecha que conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de los premios.
La distinción está dotada con 12 millones de coronas suecas. El reconocimiento a Pillay sitúa nuevamente en el centro de la atención internacional el papel de los tribunales, las instituciones multilaterales y los defensores de los derechos humanos ante los conflictos armados y las denuncias de crímenes internacionales. –sn–
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Navi Pillay, jueza de la CIJ y ex jefa de DDHH de la ONU, recibe el Nobel de la Paz por reforzar el derecho internacional. Lideró comisiones sobre Gaza y el caso de genocidio en Myanmar. https://aidoo.news/noticia/6mP70Q
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Navi Pillay, jueza de la CIJ y ex jefa de DDHH de la ONU, recibe el Nobel de la Paz por reforzar el derecho internacional. Lideró comisiones sobre Gaza y el caso de genocidio en Myanmar. https://aidoo.news/noticia/6mP70Q
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Netanyahu ante las protestas en Nueva York: qué está pasando #Netanyahu #NuevaYork #Gaza #ONU #Protestas #JusticiaInternacional
¿Quién es Mahamat Said y por qué fue condenado por torturas en Bangui? #MahamatSaid #CPI #CortePenalInternacional #RepublicaCentroafricana #Bangui #Seleka #CrimenesDeLesaHumanidad #DerechosHumanos #JusticiaInternacional #Africa #Actualidad #Noticias #felizmiercoles #23deseptiembre
https://donporque.com/quien-es-mahamat-said-y-por-que-fue-condenado/
¿Trump prepara sanciones para aislar a la CPI del sistema financiero? #Trump #CPI #CortePenalInternacional #EstadosUnidos #LaHaya #Gaza #Israel #Netanyahu #Geopolitica #JusticiaInternacional #Actualidad #Noticias #felizdomingo #20deseptiembre
https://donporque.com/sanciones-de-trump-contra-la-corte-penal-internacional/
ONU ve indicios de crímenes de guerra de EEUU en Irán: bombardeos del 28F a una escuela en Minab y un área civil en Lamerd. También apunta a posibles crímenes de lesa humanidad por la represión. https://aidoo.news/noticia/6LjQYV
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ONU ve indicios de crímenes de guerra de EEUU en Irán: bombardeos del 28F a una escuela en Minab y un área civil en Lamerd. También apunta a posibles crímenes de lesa humanidad por la represión. https://aidoo.news/noticia/6LjQYV
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Presidente de Sudáfrica pide rendición de cuentas por Gaza y guerra ilegal contra Irán
https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/sudafrica-pide-rendicion-cuentas-gaza-iran/
Presidente de Sudáfrica pide rendición de cuentas por Gaza y guerra ilegal contra Irán
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Tomoko Akane, presidenta del Tribunal Penal Internacional: “Tarde o temprano la Historia nos pedirá cuentas a todos. ¿Dónde estabas?"
📰 "Millacura limpió la UZI y ocultó disparos": muerte de Manuel Gutiérrez busca justicia internacional
🔗 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/08/25/millacura-limpio-la-uzi-y-oculto-disparos-muerte-de-manuel-gutierrez-busca-justicia-internacional.shtml
La Comisión y la Corte Interamericana, diferencias, funciones y alcances
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero cumplen funciones distintas. Una recibe denuncias, monitorea y formula recomendaciones; la otra juzga casos, dicta sentencias y establece reparaciones obligatorias para los Estados.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
La protección internacional de los derechos humanos en América tiene dos instituciones centrales que con frecuencia son confundidas: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aunque ambas forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sus atribuciones, naturaleza jurídica y alcances son diferentes.
La diferencia fundamental puede resumirse así: la Comisión investiga, monitorea, recibe peticiones, formula recomendaciones y puede llevar determinados casos ante la Corte; la Corte es un tribunal internacional que resuelve casos contenciosos, determina la responsabilidad internacional de los Estados y puede ordenar reparaciones.
La distinción es relevante porque acudir a la CIDH no significa automáticamente que un caso llegará a la Corte IDH. Existe un procedimiento previo y, además, la competencia de la Corte está sujeta a las reglas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al reconocimiento de su jurisdicción por parte de los Estados.
¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato consiste en promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en esta materia.
Su trabajo tiene una dimensión política, de promoción y monitoreo, pero también una dimensión cuasi judicial. La CIDH recibe peticiones de personas, grupos y organizaciones que alegan violaciones de derechos humanos, analiza los requisitos de admisibilidad y estudia los casos que cumplen las condiciones establecidas en el Sistema Interamericano.
También puede realizar visitas a los países, elaborar informes sobre situaciones de derechos humanos, formular recomendaciones a los Estados, solicitar información a los gobiernos y desarrollar actividades de cooperación y promoción.
¿Quién dirige actualmente a la CIDH?
La Comisión está integrada por siete personas elegidas a título personal por la Asamblea General de la OEA. No representan a los gobiernos de sus países de origen. Para 2026, la presidencia corresponde al comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, de Guatemala; la primera vicepresidencia está a cargo de Andrea Pochak y la segunda vicepresidencia corresponde a José Luis Caballero Ochoa.
Integrantes de la CIDH en Chiapas / @SociedadN_La Secretaría Ejecutiva constituye la estructura permanente que apoya el trabajo de la Comisión. Actualmente está encabezada por Tania Reneaum Panszi, quien ocupa el cargo desde junio de 2021.
¿Qué hace la Comisión cuando recibe una denuncia?
Una persona que considere que sus derechos humanos fueron violados por un Estado miembro del Sistema puede presentar una petición ante la CIDH, siempre que se cumplan las condiciones previstas por las normas interamericanas.
La Comisión analiza la petición y, si procede, puede avanzar hacia el estudio del fondo. Dependiendo de las circunstancias, puede emitir recomendaciones al Estado, promover una solución amistosa, solicitar medidas cautelares en situaciones que reúnen los requisitos correspondientes y, en determinadas circunstancias, someter el caso a la Corte IDH.
Esto significa que la CIDH funciona como una puerta de entrada al Sistema Interamericano, pero no es un tribunal en el mismo sentido que la Corte.
¿Qué es la Corte Interamericana?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es una institución judicial autónoma cuya función consiste en aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene sede en San José, Costa Rica.
A diferencia de la Comisión, la Corte tiene naturaleza jurisdiccional. Su función contenciosa le permite determinar si un Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de derechos protegidos por la Convención Americana u otros instrumentos interamericanos aplicables.
Cuando determina que existió una violación, puede establecer las reparaciones que correspondan para remediar sus consecuencias. Además, supervisa el cumplimiento de sus propias sentencias.
La Corte también tiene una función consultiva, mediante la cual interpreta cuestiones relacionadas con la Convención Americana y otros instrumentos del Sistema Interamericano, y puede dictar medidas provisionales en situaciones de extrema gravedad y urgencia cuando sea necesario evitar daños irreparables.
¿Quién dirige la Corte Interamericana?
La Corte está integrada por siete jueces elegidos a título personal. Los jueces deben ser juristas de reconocida competencia y alta autoridad moral, y no puede haber más de un juez de la misma nacionalidad. Su mandato es de seis años y pueden ser reelegidos una vez.
Desapariciones en México: CIDHEn 2026, la presidencia de la Corte corresponde al juez Rodrigo Mudrovitsch, mientras que Patricia Pérez Goldberg ocupa la vicepresidencia. La propia Corte confirma que su composición actual está integrada por siete jueces.
La presidencia es elegida por los propios integrantes de la Corte por un periodo de dos años y tiene entre sus funciones dirigir los trabajos del tribunal, representarlo y presidir sus sesiones.
La diferencia clave: Comisión contra Corte
Comisión InteramericanaCorte InteramericanaEs un órgano principal y autónomo de la OEA.Es una institución judicial autónoma.Tiene funciones de promoción, monitoreo y protección.Tiene funciones jurisdiccionales y consultivas.Recibe peticiones individuales.Resuelve casos contenciosos que llegan a su jurisdicción.Investiga y analiza posibles violaciones.Determina responsabilidad internacional del Estado.Formula recomendaciones.Dicta sentencias y establece reparaciones.Puede realizar visitas e informes.Puede supervisar el cumplimiento de sus sentencias.Puede someter casos a la Corte bajo las reglas aplicables.Resuelve los casos sometidos a su jurisdicción.Sus decisiones en peticiones individuales no equivalen a una sentencia judicial de la Corte.Sus sentencias tienen carácter obligatorio para los Estados sujetos a su jurisdicción.La propia Corte establece que la Comisión comparece ante ella en los casos relativos a su función jurisdiccional. Por ello, ambas instituciones están relacionadas, pero mantienen autonomía e independencia.
¿Cómo se relacionan entre sí?
La relación entre ambas instituciones puede entenderse como una cadena de protección internacional, aunque no todos los casos pasan necesariamente de una a otra.
En términos generales, una persona puede presentar una petición ante la CIDH. La Comisión analiza el asunto conforme a las reglas del Sistema Interamericano. Si determina que existen elementos suficientes y se cumplen las condiciones correspondientes, puede emitir un informe de fondo y, cuando proceda, someter el caso a la Corte.
La persona afectada no presenta directamente un caso contencioso ante la Corte. De acuerdo con la Convención Americana, los casos ante el tribunal pueden ser sometidos por la Comisión o por los Estados que hayan reconocido la competencia correspondiente de la Corte.
Una vez que un caso llega al tribunal, la Corte puede determinar si el Estado incurrió en responsabilidad internacional y, en su caso, establecer las medidas de reparación. Posteriormente supervisa el cumplimiento de sus sentencias.
Esta relación no significa que la CIDH sea subordinada a la Corte. La propia jurisprudencia interamericana ha reconocido la autonomía e independencia de la Comisión, aunque la Corte puede ejercer control de legalidad sobre actuaciones de la CIDH en los asuntos que llegan a su conocimiento.
¿Qué alcances tienen sus decisiones?
El alcance de ambas instituciones es diferente.
La CIDH puede ejercer una presión internacional importante mediante informes, recomendaciones, medidas cautelares, audiencias, visitas y seguimiento de situaciones nacionales o individuales. Su trabajo también puede colocar determinados problemas de derechos humanos en la agenda regional.
La Corte tiene un alcance judicial mayor en los casos sometidos a su jurisdicción. Sus sentencias pueden ordenar reparaciones económicas, investigación de hechos, reformas institucionales, adecuaciones legislativas, medidas de satisfacción y otras acciones destinadas a reparar las consecuencias de una violación.
Por ello, una sentencia de la Corte no se limita a establecer quién tuvo razón en una controversia: puede ordenar al Estado adoptar medidas concretas para reparar a las víctimas y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
¿Qué países están sujetos a la Corte?
La jurisdicción contenciosa de la Corte no opera exactamente de la misma manera respecto de todos los Estados miembros de la OEA. La Corte informa que 20 Estados han reconocido su competencia contenciosa: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Esta diferencia es fundamental: pertenecer a la OEA no significa automáticamente estar sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte en las mismas condiciones.
¿Para qué sirven ambas instituciones?
En conjunto, la Comisión y la Corte constituyen el principal mecanismo regional para que los derechos humanos reconocidos en el continente no dependan exclusivamente de los sistemas nacionales de justicia.
La CIDH permite documentar situaciones, recibir denuncias, investigar, formular recomendaciones y mantener vigilancia internacional sobre los Estados. La Corte, cuando tiene competencia, proporciona una instancia judicial internacional capaz de determinar responsabilidad estatal y ordenar reparaciones.
La importancia del sistema radica precisamente en esa complementariedad: la Comisión cumple funciones de promoción, monitoreo, protección y procesamiento de peticiones; la Corte ejerce funciones judiciales y consultivas.
Entender la diferencia también permite evitar uno de los errores más comunes: pensar que “CIDH” y “Corte IDH” son nombres distintos para la misma institución. No lo son. Son dos órganos diferentes, con competencias diferentes, que trabajan dentro de un mismo sistema regional de protección de derechos humanos. –sn–
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Trump y su política de sanciones contra el tribunal internacional
📰 Título original: With ICC sanctions, Trump wants to make the world safe for war criminals
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📢 TURQUÍA PIDE NOTIFICACIÓN ROJA DE INTERPOL CONTRA NETANYAHU
Es por cargos de genocidio en Gaza, y el ataque israelí a la flotilla humanitaria que llevaba ayuda a Gaza en mayo de 2026 en aguas internacionales. Desde ese momento, las relaciones entre Turquía e Israel quedaron dañadas.
Hay una orden judicial firme desde Estambul elevada oficialmente al mundo. Si Benjamin Netanyahu pisa suelo turco, será detenido.
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Corte Interamericana de Derechos Humanos, historia, funciones y poder
La Corte Interamericana de Derechos Humanos protege derechos fundamentales en América. Conoce su historia, funciones, integración, obligaciones, competencias, sentencias, reparaciones, fechas clave y relación con los Estados, incluido México, dentro del Sistema Interamericano.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es el tribunal regional encargado de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y constituye una de las principales instituciones internacionales de protección de derechos fundamentales en América. Su función consiste en determinar la responsabilidad internacional de los Estados cuando se acreditan violaciones a derechos protegidos por los instrumentos que forman parte de su competencia, ordenar reparaciones y supervisar que sus decisiones sean cumplidas.
Con sede en San José, Costa Rica, la Corte IDH forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No es un tribunal que sustituya a los juzgados nacionales ni una instancia ordinaria de apelación. Su intervención responde al principio de complementariedad: la protección internacional opera como un mecanismo adicional cuando los sistemas internos no han brindado una respuesta adecuada y se cumplen las condiciones previstas por el derecho interamericano.
¿Cómo nació la Corte Interamericana?
La historia de la Corte IDH está vinculada con la construcción gradual de un sistema regional de protección de los derechos humanos.
Uno de los antecedentes fundamentales ocurrió el 2 de mayo de 1948, cuando los países americanos adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, considerada un punto de partida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Más de una década después, el 12 de agosto de 1959, fue creada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH comenzó sus funciones en 1960 y durante varios años fue el principal órgano regional dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos.
El siguiente gran paso ocurrió en San José de Costa Rica. Del 7 al 22 de noviembre de 1969 se celebró la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José.
La Convención fue suscrita el 22 de noviembre de 1969, pero la Corte todavía no podía comenzar a funcionar plenamente. El tratado estableció que entraría en vigor después de que se reuniera el número de ratificaciones requerido.
Ese momento llegó el 18 de julio de 1978, cuando la Convención Americana entró en vigor después del depósito del undécimo instrumento de ratificación.
La entrada en vigor permitió avanzar hacia la instalación del tribunal. El 22 de mayo de 1979 fueron elegidos los primeros jueces de la Corte por los Estados Partes de la Convención.
Los primeros jueces celebraron su reunión inaugural el 29 y 30 de junio de 1979 en Washington, D.C. Posteriormente, la Corte quedó instalada formalmente en San José el 3 de septiembre de 1979.
En octubre de ese mismo año, la Asamblea General de la OEA aprobó el Estatuto de la Corte. En 1980 el tribunal adoptó su primer Reglamento, con el que comenzó a desarrollar sus procedimientos.
La sede permanece en San José de Costa Rica, aunque la Corte puede celebrar períodos de sesiones en otros Estados miembros cuando las condiciones institucionales lo permiten.
¿Qué es exactamente la Corte IDH?
La Corte Interamericana es una institución judicial autónoma. Su objetivo central es aplicar e interpretar la Convención Americana y ejercer las funciones que los Estados le otorgaron mediante ese tratado.
Su Estatuto establece dos grandes ámbitos de actuación: la función jurisdiccional y la función consultiva. A ellas se suma la facultad de ordenar medidas provisionales en situaciones de extrema gravedad y urgencia.
En términos sencillos, la Corte puede responder tres grandes preguntas:
¿Qué hace la Corte Interamericana?
La actividad del tribunal puede dividirse principalmente en tres funciones.
Función contenciosa
Es la función mediante la cual la Corte determina si un Estado incurrió en responsabilidad internacional por la violación de derechos protegidos por la Convención Americana u otros instrumentos interamericanos sobre los cuales tenga competencia.
La Corte analiza los hechos, estudia las pruebas, interpreta las normas internacionales aplicables y determina si existió una violación.
Cuando encuentra responsabilidad internacional, puede ordenar reparaciones destinadas a restablecer, en la medida posible, los derechos afectados y reparar las consecuencias de la violación.
Corte Interamericana de Derechos HumanosLas reparaciones pueden tener distintas características: indemnizaciones, atención médica o psicológica, investigaciones, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, reformas legales, capacitación de funcionarios, medidas de protección y otras acciones destinadas a evitar que los hechos vuelvan a ocurrir.
Por ello, una sentencia de la Corte no se limita necesariamente al pago de dinero. Puede ordenar transformaciones institucionales o jurídicas relacionadas con las causas de la violación.
Función consultiva
La Corte también puede interpretar la Convención Americana y otros tratados relativos a la protección de derechos humanos en los Estados americanos.
Los Estados miembros de la OEA y determinados órganos del sistema pueden formular consultas.
Esta función permite aclarar el alcance de las obligaciones internacionales y determinar, entre otras cuestiones, la compatibilidad de normas internas con los instrumentos interamericanos.
Las opiniones consultivas no funcionan como una sentencia contra un Estado por un caso individual. Su importancia está en establecer criterios jurídicos que orientan la interpretación y aplicación del derecho interamericano.
Medidas provisionales
Existe además una herramienta de protección urgente. Cuando existe una situación de extrema gravedad y urgencia y es necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte puede ordenar medidas provisionales.
Su finalidad es preventiva. Buscan proteger la vida, integridad u otros derechos frente a riesgos que requieren una respuesta inmediata.
En casos que todavía no han llegado formalmente a la Corte, la Comisión Interamericana puede solicitar que el tribunal adopte estas medidas.
¿Quién puede llevar un caso ante la Corte?
Una de las características más importantes del Sistema Interamericano es que una persona no presenta directamente una demanda ante la Corte como si se tratara de un tribunal nacional.
La Convención Americana establece que los casos pueden ser sometidos a la Corte por la Comisión Interamericana o por un Estado Parte que haya reconocido la competencia contenciosa del tribunal.
Por ello, una persona que considere vulnerados sus derechos normalmente debe acudir primero al Sistema Interamericano mediante una petición ante la Comisión.
La Comisión analiza el caso conforme al procedimiento establecido en la Convención. Si se cumplen las condiciones correspondientes y el asunto llega a la Corte, el tribunal puede determinar la responsabilidad internacional del Estado.
La existencia de esta etapa explica por qué la Corte IDH no funciona como una cuarta instancia judicial.
La Corte no sustituye a los tribunales nacionales
La Corte Interamericana no revisa automáticamente todas las sentencias dictadas por los jueces de un país. Su tarea consiste en determinar si el Estado cumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por eso, una decisión judicial nacional puede ser objeto de análisis internacional cuando existen elementos que permitan plantear una posible violación de derechos protegidos por la Convención, pero la Corte no actúa simplemente como un tribunal de apelación.
Su competencia se encuentra delimitada por los tratados aceptados por cada Estado, por las declaraciones de reconocimiento de competencia y por las reglas de jurisdicción temporal, material, personal y territorial aplicables a cada asunto.
¿Qué obligaciones tienen los Estados?
La Convención Americana establece obligaciones fundamentales para los Estados que son parte del tratado.
El artículo 1 establece el deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación.
El artículo 2 establece la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno cuando sea necesario para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en el tratado.
Esto significa que las obligaciones internacionales no terminan con la firma o ratificación de la Convención. Los Estados deben adoptar medidas institucionales, administrativas, legislativas y judiciales para hacer efectivos los derechos protegidos.
Cuando un Estado incurre en una violación y la Corte determina su responsabilidad, surge además la obligación de cumplir la sentencia y ejecutar las reparaciones ordenadas.
¿Las sentencias son obligatorias?
Sí. El artículo 68 de la Convención Americana establece que los Estados Partes se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en los casos en que sean parte.
Además, las sentencias son definitivas e inapelables dentro del Sistema Interamericano. La Corte no termina su intervención necesariamente cuando dicta una sentencia. También supervisa su cumplimiento.
El Estado debe informar sobre las acciones realizadas para cumplir las medidas ordenadas, mientras que la Comisión y los representantes de las víctimas pueden formular observaciones.
Cuando lo considera necesario, el tribunal puede convocar audiencias, solicitar información adicional, realizar visitas o emitir resoluciones de supervisión.
Esta etapa es fundamental porque una sentencia internacional pierde buena parte de su eficacia si las reparaciones no se materializan.
¿Qué tipo de reparaciones puede ordenar?
El concepto de reparación desarrollado por la Corte es amplio. Dependiendo de las circunstancias, puede incluir compensaciones económicas, restitución de derechos, atención médica y psicológica, investigaciones, sanción de responsables, búsqueda de personas desaparecidas, publicación de sentencias, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, reformas legales y medidas para garantizar que los hechos no se repitan.
El objetivo es atender las consecuencias concretas de la violación y, cuando sea necesario, modificar condiciones estructurales que contribuyeron a producirla.
Por esa razón, algunas sentencias de la Corte tienen efectos que trascienden a las víctimas directamente involucradas.
¿Quiénes integran la Corte?
La Corte está integrada por siete jueces, nacionales de Estados miembros de la OEA.
Los jueces no representan a sus gobiernos. Son elegidos a título personal entre juristas que deben reunir condiciones de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos.
Los Estados Partes de la Convención presentan candidatos y la elección se realiza mediante votación secreta y por mayoría absoluta durante la Asamblea General de la OEA correspondiente.
No puede haber dos jueces de la misma nacionalidad. El mandato de los jueces es de seis años y pueden ser reelegidos una vez.
Integración vigente en 2026
La composición actual del tribunal está integrada por:
La actual directiva inició su periodo el 1 de enero de 2026. Rodrigo Mudrovitsch ocupa la Presidencia y Patricia Pérez Goldberg la vicepresidencia para el periodo 2026-2027.
La Corte también cuenta con una Secretaría que brinda apoyo jurídico, administrativo y procesal al tribunal.
¿Quién dirige la Corte?
En 2026, el presidente de la Corte Interamericana es Rodrigo Mudrovitsch, jurista brasileño. La Presidencia y la Vicepresidencia son elegidas por el Pleno de la Corte por periodos de dos años, con posibilidad de reelección por un periodo igual.
La Presidencia cumple funciones de dirección del tribunal y representación institucional, además de las atribuciones que le confieren la Convención, el Estatuto y el Reglamento.
¿Cuántos países forman parte del sistema?
La Corte distingue entre los Estados que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana y aquellos que, además, han reconocido su competencia contenciosa.
La Corte identifica actualmente 25 Estados que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana.
Sin embargo, la competencia contenciosa obligatoria del tribunal ha sido reconocida por 20 Estados, entre ellos México.
Esta diferencia es fundamental: ser parte de la Convención y reconocer la competencia contenciosa de la Corte son actos jurídicos relacionados, pero no idénticos.
México ante la Corte Interamericana
México depositó su adhesión a la Convención Americana el 24 de marzo de 1981. Sin embargo, el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte ocurrió posteriormente, el 16 de diciembre de 1998.
A partir de ese reconocimiento, México quedó sujeto a la jurisdicción contenciosa de la Corte en los términos establecidos en su declaración.
La declaración mexicana estableció, además, una regla de no retroactividad: la aceptación de competencia se aplica a hechos o actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de la declaración, con las condiciones señaladas en el instrumento correspondiente.
La relación entre México y la Corte IDH ha producido una jurisprudencia relevante para temas como debido proceso, libertad de expresión, desaparición forzada, tortura, derechos de pueblos indígenas, protección judicial, violencia contra las mujeres y otros derechos fundamentales.
Fechas simbólicas de la Corte Interamericana
La historia del tribunal puede entenderse a través de varias fechas esenciales:
¿Por qué es importante la Corte IDH?
La relevancia de la Corte radica en que establece un mecanismo judicial internacional para examinar la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos.
Su existencia significa que, las obligaciones internacionales asumidas por los Estados pueden ser examinadas por un tribunal regional independiente cuando se cumplen las condiciones establecidas por la Convención.
También permite que las decisiones judiciales desarrollen estándares comunes para países con sistemas jurídicos diferentes.
A través de su jurisprudencia, la Corte ha construido criterios sobre libertad de expresión, igualdad, discriminación, desapariciones, tortura, derechos de pueblos indígenas, derechos de las mujeres, derechos de menores, garantías judiciales, protección de defensores de derechos humanos y otras materias.
Un tribunal que también vigila el cumplimiento
Una característica central de la Corte es que su trabajo no concluye necesariamente con una sentencia. La supervisión del cumplimiento permite verificar si el Estado realizó las acciones ordenadas.
En este proceso, el tribunal puede recibir informes estatales, observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes, convocar audiencias y adoptar resoluciones.
Durante 2025, por ejemplo, la Corte reportó la emisión de 35 sentencias y el monitoreo de más de mil 800 medidas de reparación, además de tres opiniones consultivas.
Estos datos muestran que la actividad de la Corte no se limita a resolver nuevos litigios: una parte sustancial de su trabajo consiste en vigilar que las decisiones adoptadas produzcan efectos reales.
¿Cuál es el límite del poder de la Corte?
La Corte IDH no tiene una competencia universal sobre todos los países del continente ni sobre cualquier controversia. Su autoridad deriva de los instrumentos internacionales aceptados por los Estados.
La competencia puede depender de si un país es parte de la Convención, si reconoció la jurisdicción contenciosa, qué tratados específicos ha ratificado y qué límites estableció en sus declaraciones.
También existen reglas sobre el momento en que ocurrieron los hechos, el territorio donde sucedieron y la materia que puede ser examinada.
Por ello, cada caso requiere un análisis específico de competencia antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo.
Una pieza central del Sistema Interamericano
A casi medio siglo de su instalación, la Corte Interamericana se ha convertido en una pieza central del sistema regional de protección de los derechos humanos.
Su función no consiste únicamente en declarar que un Estado violó un derecho. El modelo interamericano busca que la sentencia tenga consecuencias concretas: reparar a las víctimas, corregir prácticas estatales, modificar normas cuando sea necesario y prevenir nuevas violaciones.
La importancia de la Corte, por tanto, se encuentra tanto en sus sentencias como en la interpretación que realiza de los derechos humanos y en el seguimiento que da a las obligaciones impuestas a los Estados.
Para los habitantes de América, su existencia representa una vía internacional de protección que complementa los mecanismos nacionales. Para los Estados, implica que los compromisos asumidos mediante tratados internacionales tienen consecuencias jurídicas y pueden ser examinados por un tribunal regional independiente.
En 2026, la Corte continúa desarrollando esa función desde San José de Costa Rica, con siete jueces, sesiones ordinarias y extraordinarias, audiencias públicas, opiniones consultivas, medidas provisionales y procesos de supervisión de sentencias.
Su historia comenzó mucho antes de que el tribunal tuviera su sede y sus jueces: nació de un proceso regional iniciado en 1948, tomó forma jurídica con la Convención Americana de 1969 y adquirió capacidad judicial efectiva a partir de 1978 y 1979. Esa evolución explica por qué la Corte Interamericana ocupa hoy un lugar central en la arquitectura internacional de protección de los derechos humanos en América. –sn–
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda.
La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.
Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.
El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.
La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.
Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.
La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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La destitución de Karim Khan y su legado en la justicia internacional
📰 Título original: Karim Khan se atrevió a pedir cuentas a Israel, y por eso lo han destituido
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Ver resumen IA completo https://es.killbait.com/la-destitucion-de-karim-khan-y-su-legado-en-la-justicia-internacional.html?utm_source=mastodon_social&utm_medium=social&utm_campaign=killbait_es.mastodon_social
Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?
De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.
México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.
Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.
De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.
Ceremonia del PentathlonEste modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.
Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.
También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.
Bandera UNAMAsí, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.
Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.
Punto cero
El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Misión de la ONU pide a Venezuela revocar su retiro de la Corte Penal Internacional
Venezuela anuncia su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional y acusa al tribunal de actuar con sesgo político
Venezuela anuncia su salida definitiva de la Corte Penal Internacional.
SN Redacción | EFE
Caracas.- El Gobierno de Venezuela anunció este viernes su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), por considerar que ese organismo responde a un «sesgo» que ha concentrado su labor de manera «desproporcionada» en países africanos y latinoamericanos.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», señaló el canciller venezolano, Félix Plasencia, en un comunicado publicado en X.
Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
Plasencia sostuvo que el «sesgo» de la CPI no es una simple coincidencia procesal, «sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».
«Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó.
Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».
La acusación de Delcy Rodríguez
A su vez, Rodríguez acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del «sur global», entre ellos su país, reiterando la decisión de retirar a su nación de este organismo.
«Creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela», indicó la mandataria en un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
«Creemos en un relacionamiento basado en el respeto del derecho internacional», subrayó.
La CPI advierte a Venezuela que deberá cooperar por un año
Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela de retirarse como miembro del tribunal y le recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos iniciados en los últimos años.
En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional «sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional».
La historia de tensión entre Venezuela y la CPI
En diciembre pasado, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una ley que deroga la adhesión del país al Estatuto de Roma con el fin, según dijo el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, de «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.
La norma la sancionó el Parlamento después de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el pasado 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
Rodríguez afirmó entonces que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano».
Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países.
El entonces Gobierno de Nicolás Maduro, hoy preso en EE.UU., intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. –sn–
Fotografía de archivo del exterior de la Corte Penal Internacional, en La Haya (Países Bajos). EFE/EPA/ Robin Utrecht¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón
La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.
La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.
Francisco Alejandro Leyva AguilarEl panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.
México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.
Periodistas fotógrafos reporteros en protestaEn este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.
Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.
Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, insta a Trump a detener al “criminal” Netanyahu si entra en Estados Unidos
El Tribunal Penal Internacional resiste ante el asedio de Estados Unidos, que se propone desmantelarlo “ladrillo a ladrillo”
El Tribunal Penal Internacional resiste ante el asedio de Estados Unidos, que se propone desmantelarlo “ladrillo a ladrillo”
Mira que he llegado a perdornar en mi vida, incluso lo he intentado con situaciones y personas que me hacian daño, pero esto no consigo perdonarlo. No quiero dejarme llevar por la rabia, pues es la peor de las consejeras que hay en esta vida. Pero lo que están haciendo en Palestina no lo puedo perdonar. ¿Cuando actuará la Justicia Internacional? ¿O también está secuestrada como la justicia española?
https://t.me/SpanishRevolution/7778
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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?
Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).
La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.
Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.
Edificio sede de la ONU | @SociedadN_Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.
Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.
Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.
Corte Penal InternacionalMéxico forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.
Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.
43 de AyotzinapaLa desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.
El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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El caso del doctor Hussam Abu Safiya y su posible encarcelamiento
📰 Título original: Si no salvamos al Dr. Hussam Abu Safiya, el morro será en prisión
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Dentro de la prisión del Tribunal Penal Internacional: una cárcel atípica para los acusados de crímenes contra la humanidad
¿Qué es el Estatuto de Roma?
El Estatuto de Roma constituye el principal instrumento jurídico internacional para perseguir delitos como genocidios, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y ataques masivos contra civiles.
Por Martín García | Reportero
El Estatuto de Roma es el tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente encargado de juzgar a personas acusadas de cometer los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.
El tratado fue adoptado el 17 de julio de 1998 durante una conferencia diplomática celebrada en Roma, de ahí su nombre. Entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de que al menos 60 países lo ratificaran.
¿Para qué sirve?
El Estatuto de Roma establece las normas de funcionamiento de la Corte Penal Internacional y define los delitos que pueden ser investigados y juzgados por ese tribunal.
Su objetivo principal es combatir la impunidad de quienes cometen crímenes de extrema gravedad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesarlos.
¿Qué delitos contempla?
El Estatuto reconoce cuatro grandes categorías de crímenes internacionales:
¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya y actúa bajo el principio de complementariedad. Esto significa que interviene únicamente cuando las autoridades nacionales no investigan o no pueden hacerlo de manera efectiva.
La CPI puede iniciar investigaciones por tres vías:
México y el Estatuto de Roma
México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 y lo ratificó el 28 de octubre de 2005, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.
La ratificación implicó reformas constitucionales y adecuaciones legales para armonizar el derecho mexicano con las obligaciones internacionales derivadas del tratado.
Desde entonces, México reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para los delitos previstos en el Estatuto, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el propio tratado.
Importancia histórica
La aprobación del Estatuto de Roma representó uno de los avances más relevantes del derecho internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Juristas lo consideran heredero de los principios establecidos en los Juicios de Núremberg, que procesaron a dirigentes nazis tras la guerra.
Actualmente, más de 120 países forman parte del tratado, aunque algunas potencias como Estados Unidos, China y Rusia no participan plenamente en la Corte o no han ratificado el Estatuto.
¿Por qué es relevante hoy?
El Estatuto de Roma constituye el principal instrumento jurídico internacional para perseguir delitos como genocidios, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y ataques masivos contra civiles. Su existencia busca garantizar que los responsables de esas conductas puedan ser juzgados, incluso cuando cuenten con poder político, militar o económico en sus países de origen. –sn–
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Sheinbaum alerta sobre más acusaciones y defiende soberanía
Las declaraciones ocurren en medio de un contexto marcado por investigaciones abiertas en Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este domingo que no descartó nuevas acusaciones de autoridades de Estados Unidos contra políticos mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado. La declaración ocurre durante un acto masivo celebrado en el Monumento a la Revolución de la ciudad de México (Cdmx). Ante miles de asistentes, la mandataria reiteró su postura en defensa de la soberanía nacional y de las instituciones mexicanas.
https://youtu.be/JtnNsPVZQLM?t=428
Durante su mensaje público, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las investigaciones promovidas por instancias estadounidenses podrían extenderse a otros actores políticos del país. Señaló que los señalamientos actuales no necesariamente concluirían con los casos ya conocidos. También advirtió sobre el riesgo de que autoridades extranjeras adquieran influencia en procesos políticos internos de México.
La titular del Ejecutivo federal expresó que México mantuvo una relación de cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad y combate al crimen organizado. Sin embargo, precisó que esa colaboración debía desarrollarse bajo principios de respeto mutuo y sin vulnerar la autonomía nacional. Asimismo, enfatizó que las decisiones judiciales relacionadas con funcionarios mexicanos corresponden a las autoridades nacionales.
Acusaciones y soberanía
En una de las partes centrales de su discurso, la presidente afirmó que existe preocupación por el alcance de algunas investigaciones impulsadas desde el extranjero. Indicó que resulta necesario analizar las implicaciones políticas de los procesos judiciales que involucran a servidores públicos mexicanos. También sostuvo que la soberanía constituye un principio fundamental de la relación bilateral.
La mandataria hizo referencia a la acusación presentada por la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve sinaloenses. Consideró que ese expediente adquirió una dimensión relevante debido a que involucró a autoridades electas mediante el voto popular. Por ello, señaló que es legítimo cuestionar el alcance de tales procedimientos.
Durante el acto, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó la participación de agentes estadounidenses en operativos dirigidos contra laboratorios clandestinos. No obstante, sostuvo que la acusación formulada contra funcionarios mexicanos representó un asunto de mayor trascendencia política. Añadió que la cooperación internacional no debe confundirse con intervenciones en asuntos internos. –sn–
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CIDH otorga medidas cautelares por desaparición de ingeniero en Sinaloa
Desaparición en Sinaloa activó medidas cautelares internacionales para proteger derechos humanos. Seguimiento internacional.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil originario de Tlaxiaco, Oaxaca, tras considerar que enfrentó una situación de gravedad y urgencia por su desaparición en Sinaloa. La resolución No. 41/2026 fue adoptada el 25 de mayo y señaló que existió riesgo irreparable para sus derechos a la vida e integridad personal. El organismo interamericano informó que el caso quedó bajo seguimiento debido a la falta de resultados concretos sobre el paradero del joven.
De acuerdo con la información presentada ante la CIDH, Pablo Osorio Sánchez trabajaba en La Concordia, Sinaloa, cuando desapareció el pasado 23 de enero de 2026. La denuncia indicó que el joven hablaba por teléfono cerca de su domicilio cuando fue interceptado por personas identificadas únicamente como “voces masculinas”. Su pareja escuchó que el ingeniero pronunció la frase “lo podemos arreglar” antes de que la comunicación fuera interrumpida.
La solicitud de medidas cautelares también expuso una presunta cadena de desapariciones de profesionistas e ingenieros en la región donde ocurrió el caso. La representación del beneficiario señaló además el hallazgo de una fosa clandestina relacionada con investigaciones locales en esa zona de Sinaloa. Sin embargo, hasta la fecha referida por la CIDH, no fueron realizadas confrontas genéticas con familiares de la víctima desaparecida.
Acciones pendientes
El Estado mexicano sostuvo ante la CIDH que autoridades estatales y federales realizaron diligencias desde el momento en que conocieron la desaparición del ingeniero oaxaqueño. El informe gubernamental señaló que existieron trabajos de búsqueda e investigación con base en estándares internacionales de inmediatez y exhaustividad. También afirmó que las instituciones involucradas mantuvieron coordinación para ubicar tanto a la víctima como a posibles responsables.
Tras revisar la documentación presentada por ambas partes, la CIDH reconoció las diligencias efectuadas por autoridades mexicanas. No obstante, el organismo precisó que dichas acciones no lograron establecer el paradero de Pablo Osorio Sánchez después de casi cuatro meses de desaparición. La Comisión observó además que persistieron pendientes relacionados con confrontas genéticas y posibles líneas de investigación derivadas de personas ligadas al caso.
La CIDH consideró crucial fortalecer el plan de búsqueda mediante acciones medibles y con cronogramas definidos. El organismo también solicitó dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la reunión interinstitucional del 13 de febrero de 2026. La resolución estableció que México deberá mantener coordinación con familiares y representantes del joven desaparecido.
Entre las medidas ordenadas, la Comisión solicitó adoptar mecanismos necesarios para proteger la vida e integridad personal del beneficiario. También pidió reforzar investigaciones sobre los hechos que derivaron en la desaparición y evitar posibles repeticiones. El organismo hemisférico indicó que estas medidas no constituyeron una resolución definitiva sobre violaciones a derechos humanos dentro del Sistema Interamericano. –sn–
Integrantes de la CIDH en Chiapas / @SociedadN_¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Sheinbaum exige reciprocidad en extradiciones a Estados Unidos
La mandataria sostuvo que México respondió a requerimientos formulados por Estados Unidos conforme a los tratados internacionales vigentes.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al gobierno de Estados Unidos actuar con reciprocidad ante las solicitudes de extradición promovidas por México en los últimos ocho años. La mandataria señaló que ninguna de las 269 peticiones formuladas por autoridades mexicanas concluyó hasta ahora con la entrega de personas requeridas por la justicia nacional.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026 el gobierno federal presentó 269 requerimientos de extradición y detención provisional. Las solicitudes correspondieron a personas presuntamente relacionadas con diversos delitos investigados por autoridades mexicanas. El funcionario detalló que los expedientes permanecieron bajo revisión de instancias judiciales estadounidenses.
Entre los casos incluidos en las solicitudes figuraron el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. También aparecieron personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las autoridades mexicanas integraron expedientes relacionados con delincuencia organizada, operaciones financieras irregulares y otros delitos federales.
Solicitudes pendientes
Velasco Álvarez explicó que 36 solicitudes fueron rechazadas por autoridades estadounidenses. El canciller precisó que otras 233 permanecieron pendientes de resolución en distintas etapas procesales. Las peticiones incluyeron solicitudes formales de extradición y requerimientos de detención provisional con fines judiciales.
El funcionario detalló que 183 de los expedientes pendientes correspondieron a solicitudes formales de extradición. Los casos permanecieron en trámite ante tribunales y autoridades judiciales de Estados Unidos encargadas de revisar cada procedimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantuvo comunicación institucional con agencias estadounidenses para dar seguimiento a los requerimientos.
En otros 50 expedientes, el gobierno estadounidense solicitó información adicional a las autoridades mexicanas para continuar los procesos. Las peticiones de datos complementarios formaron parte de los mecanismos previstos en el tratado bilateral de extradición entre ambos países. El canciller afirmó que esas solicitudes resultaron comunes dentro de la cooperación judicial internacional.
Tratado bilateral
Roberto Velasco Álvarez sostuvo que la petición de información adicional constituyó una práctica habitual entre México y Estados Unidos. El funcionario rechazó versiones difundidas en algunos sectores de la prensa mexicana sobre supuestas irregularidades en el procedimiento. También señaló que los requerimientos de documentación adicional permanecieron dentro de las disposiciones previstas en el tratado bilateral.
Por si parte, Sheinbaum Pardo insistió en que México mantuvo colaboración constante con autoridades estadounidenses en temas de seguridad y justicia. La mandataria afirmó que el gobierno federal atendió solicitudes formuladas por agencias norteamericanas relacionadas con extradiciones y cooperación penal. El posicionamiento ocurrió en medio de las revisiones bilaterales sobre mecanismos judiciales entre ambos países.
El gobierno federal sostuvo intercambios de información con autoridades estadounidenses para integrar expedientes y reforzar solicitudes de captura. Las investigaciones incluyeron casos relacionados con operaciones financieras ilícitas, corrupción y desaparición forzada. Las autoridades mexicanas solicitaron avances en los procedimientos que permanecieron pendientes ante tribunales extranjeros.
Cooperación judicial
La conferencia en Palacio Nacional incluyó un balance sobre el estado actual de las solicitudes de extradición impulsadas desde 2018. El canciller informó que las autoridades mexicanas continuaron enviando documentación y elementos probatorios requeridos por instancias judiciales estadounidenses. Los procesos permanecieron sujetos a revisión conforme a las normas legales vigentes en ambos países.
Las solicitudes promovidas por México abarcaron distintos perfiles de personas investigadas por autoridades federales. Los expedientes incluyeron políticos, empresarios y presuntos integrantes de organizaciones criminales buscados por delitos federales. La cooperación bilateral contempló mecanismos de intercambio de información y asistencia judicial internacional. –sn–
Francisco García Cabeza de Vaca¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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36 países y la UE respaldan oficialmente la creación de un tribunal especial para juzgar a Rusia por su agresión contra Ucrania
Treinta y seis países y la Unión Europea respaldaron formalmente el viernes 15 de mayo, durante la reunión anual del Comité de Ministros del Consejo de Europa celebrada en Chisinau (Moldavia), la creación de un tribunal internacional especial para juzga…
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https://akerix.com/article/ukraine-special-tribunal
Sheinbaum exige pruebas en extradiciones rechazadas por los Estados Unidos
La conferencia concluyó con un llamado de la presidente a evitar juicios anticipados sobre casos que permanecían en revisión judicial o ministerial.
Por Paola Ramírez | Reportera
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que los Estados Unidos ha rechazado 38 solicitudes de extradición promovidas por México por considerar insuficientes las pruebas presentadas por las autoridades nacionales. La mandataria vinculó el tema con recientes debates públicos sobre procesos judiciales binacionales. La declaración ocurre mientras persisten cuestionamientos en torno al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionado en solicitudes de la justicia estadounidense.
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la titular del poder Ejecutivo federal sostuvo que el principio legal de presunción de inocencia debía prevalecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con extradiciones internacionales. Sheinbaum Pardo reiteró que las autoridades mexicanas no podían actuar únicamente por presiones políticas o mediáticas sin elementos jurídicos sólidos. También afirmó que el gobierno federal mantuvo comunicación institucional con autoridades estadounidenses respecto a diversos expedientes abiertos.
Indicó que el caso de Rubén Rocha Moya provocó interpretaciones erróneas sobre la postura del gobierno federal frente a solicitudes internacionales. Explicó que la exigencia de pruebas suficientes formó parte de cualquier procedimiento legal contemplado en acuerdos bilaterales de cooperación judicial. Añadió que el respeto al debido proceso debía aplicarse sin distinción partidista ni política.
Caso Rocha Moya
Sheinbaum Pardo descartó cambios en su postura sobre el mandatario sinaloense con licencia y reiteró que no existían elementos públicos suficientes para proceder judicialmente. La presidente afirmó que el gobernador permaneció en Sinaloa y negó versiones relacionadas con una posible extracción internacional. También rechazó especulaciones sobre intervención de organismos extranjeros para ejecutar acciones fuera del marco legal mexicano.
La mandataria cuestionó análisis mediáticos que redujeron el debate a tres posibles escenarios sobre las solicitudes estadounidenses. Señaló que algunas voces plantearon únicamente extraditar de inmediato, encarcelar en México o ignorar las peticiones internacionales. Frente a ello, sostuvo que existía una cuarta vía basada en solicitar evidencias antes de iniciar cualquier procedimiento judicial.
En ese contexto, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún ciudadano debía enfrentar consecuencias penales sin sustento jurídico verificable. Precisó que la exigencia de pruebas constituyó una obligación legal y no una decisión política del gobierno federal. La presidente insistió en que el respeto a los procesos judiciales fortaleció la relación institucional entre ambos países. –sn–
Joaquín «El Chapo» Guzmán¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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✨ La presidenta de la Corte Penal Internacional llegó a Ereván por primera vez 🚀. ¡Están blindando el país con el Estatuto de Roma para que nadie quede impune! 🛡️🤝 Buscan proteger a las víctimas y entrenar a súper fiscales en leyes internacionales #AnnaVardapetyan #armenia #CortePenalInternacional #CrímenesInternacionales #DerechoInternacional #ereván #EstatutoDeRoma #JusticiaInternacional #SrbuhiGalyan #TomokoAkane https://soyarmenio.com/visita-cpi-armenia-2026/
🏛️✨ La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, visitó el memorial del Genocidio Armenio 🕯️🌹. En medio del Diálogo de Ereván 2026, la jueza rindió homenaje a las víctimas y firmó el libro de honor del museo #armenia #CortePenalInternacional #DiálogoDeEreván #ereván #GenocidioArmenio #JusticiaInternacional #MuseoDelGenocidio #TomokoAkane #tsitsernakaberd #ViktorBiyagov https://soyarmenio.com/presidenta-cpi-visita-memorial-genocidio-armenio/
FGR analiza extradición contra Rocha Moya y funcionarios
Finalmente, la dependencia indicó que el caso seguirá en evaluación hasta contar con elementos suficientes. La resolución determinará si procede o no la detención y extradición de los implicados.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia de Morena, Ernestina Godoy Ramos, informó que analizó las solicitudes presentadas por autoridades de los Estados Unidos para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.
La institución precisó que el proceso se centró en verificar la legalidad y suficiencia de las pruebas; el vocero Ulises Lara López explicó que la revisión se realizó conforme a los protocolos establecidos.
El funcionario indicó que la FGR evaluó la documentación recibida con el objetivo de determinar si existían elementos probatorios suficientes. Señaló que este análisis resultó indispensable para definir la viabilidad de las solicitudes internacionales. También puntualizó que el procedimiento se apega a las disposiciones del marco jurídico mexicano.
El vocero subrayó que la dependencia inició una investigación paralela para establecer si procedían órdenes de aprehensión en territorio nacional. Esta indagatoria buscó verificar los fundamentos legales de las acusaciones. La revisión incluyó el análisis técnico y jurídico de cada documento.
Revisión internacional en curso
La FGR detalló que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales, instancia encargada de este tipo de procesos. Esta área se responsabilizó de examinar las solicitudes enviadas por la Fiscalía de Nueva York. El objetivo consistió en corroborar la consistencia de los elementos presentados.
De acuerdo con Ulises Lara López, también se revisó la información canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El análisis incluyó la verificación de pruebas y su congruencia con las leyes mexicanas. La dependencia sostuvo que el procedimiento debía cumplir con estándares internacionales.
El vocero explicó que el tratado bilateral en materia de extradición establece criterios estrictos. Entre ellos, se exige que las pruebas resulten suficientes conforme a la legislación del país requerido. En este caso, México debía validar la solidez jurídica de los elementos presentados. –sn–
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EU acusa a gobernador de Sinaloa y funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico
EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros cargos mexicanos de narcotráfico.
SN Redacción | EFE
Nueva York.- El Departamento de Justicia de EU. acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente «conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos», indica un comunicado.
En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención.
Fotografía de archivo del presidente municipal de la ciudad de Culiacán, Juan de Dios Gámez (i). EFE/José MéndezSegún las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el cartel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a EE.UU. y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.
La relación del gobernador de Sinaloa con el narcotráfico, según EE.UU.
En concreto, a los implicados se les acusa de alinearse con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, y recibir a cambio «millones de dólares» de los beneficios del cartel.
La Justicia de EE.UU. alega que Rocha Moya logró la elección como gobernador en noviembre de 2021 después de que los Chapitos lo ayudaran «secuestrando e intimidando a sus rivales», y ha permitido que estos «operen con impunidad» bajo la promesa de protegerlos.
«Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», publicó Rocha en un mensaje en sus redes sociales tras conocer la acusación.
El mandatario sinaloense afirmó que esta imputación es un «ataque» a su persona, al movimiento de la Cuarta Transformación (encabezado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum), a sus «emblemáticos liderazgos» y a los mexicanos que «representamos esa causa».
Rocha, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se dirigió a los ciudadanos de Sinaloa, a quienes afirmó que «con el valor y la dignidad que nos caracteriza demostraremos la falta de sustento de esta calumnia».
En un comunicado, la embajada estadounidense en México subrayó que, aunque no puede pronunciarse sobre los detalles del caso ni sobre las imputaciones específicas, Estados Unidos investigará y castigará la corrupción ligada al crimen organizado cuando tenga «jurisdicción».
México dice que EE.UU. no ha presentado pruebas
Por su parte, la Cancillería de México afirmó que enviará una queja diplomática a la Embajada de EE.UU. en el país por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa, ya que, aseguró, no se presentaron «pruebas» por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
«La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la Fiscalía General de la República. En los documentos no se anexan pruebas».
Fotografía de archivo del canciller de México, Roberto Velasco. EFE/Mario GuzmánLa Cancillería informó que este martes recibió solicitudes de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que conforme a los tratados vigentes, este tipo de información debe manejarse con carácter confidencial, por lo que la forma en que se hizo pública no se apegaría a esos lineamientos.
«Por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer», sostuvo.
Precisó que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos para proceder con detenciones provisionales con fines de extradición.
¿Quiénes son los exfuncionarios acusados?
Los antiguos cargos del gobierno del Sinaloa acusados son Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
A la lista se suman dos exjefes de la Policía investigadora de la Oficina de la Fiscalía general de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Todos están acusados de tres delitos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, que los enfrentan a sentencias mínimas de cuarenta años de prisión y cadena perpetua.
A Valenzuela Millán, de 35 años, se le acusa además de presuntamente participar en los secuestros de un informante de la Agencia Antinarcóticos (DEA) y un familiar de este, que fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, por lo que afronta una sentencia obligatoria de cadena perpetua. –sn–
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México busca deportación de Fernando Farías desde Argentina: Sheinbaum
Las autoridades mexicanas mantuvieron abiertas ambas rutas legales para asegurar el retorno de Fernando Farías Laguna. La estrategia incluyó acciones diplomáticas y judiciales simultáneas.
Por Paola Ramírez | Reportera
El gobierno federal confirmó que inició gestiones para lograr la deportación de Fernando Farías Laguna desde Argentina, tras su detención ocurrida el 23 de abril. La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó que la prioridad se centró en una vía administrativa debido a su ingreso irregular a ese país. La alternativa contempló recurrir a la extradición en caso de que la primera opción no prosperara.
La mandatario explicó que Fernando Farías Laguna ingresó a territorio argentino con un pasaporte falso de Guatemala, lo que permitió abrir la posibilidad de deportación inmediata. Precisó que esta condición migratoria facilitó el inicio de procedimientos administrativos ante autoridades argentinas. Añadió que las gestiones se realizaron en coordinación con instancias diplomáticas y judiciales.
Las autoridades mexicanas involucraron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para formalizar la solicitud correspondiente. Ambas instituciones mantuvieron comunicación con el gobierno argentino para revisar las condiciones legales del proceso. El objetivo se centró en acelerar el retorno del detenido a territorio nacional.
Opciones legales en curso
La presidente Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, si la deportación no resultaba viable, se activaría el proceso de extradición conforme a tratados internacionales. Explicó que esta segunda vía implicaría procedimientos judiciales más prolongados. Indicó que la decisión final dependería de las autoridades argentinas.
El proceso de extradición requirió la revisión de expedientes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia evaluó los elementos jurídicos necesarios para sustentar la solicitud ante tribunales extranjeros. Este procedimiento incluyó la integración de pruebas y solicitudes formales.
En paralelo, el equipo legal de Fernando Farías Laguna confirmó que el caso avanzó en tribunales argentinos. El abogado Epigmenio Mendieta informó que se programó una audiencia inicial para analizar la situación jurídica del detenido. Señaló que un grupo de abogados locales asumió la defensa en ese país. –sn–
Fernando Farías Laguna¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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El TPI llevará a juicio a Rodrigo Duterte por 3 cargos de crímenes contra la humanidad por su guerra contra las drogas (2013–2018). 539 víctimas podrán participar. https://aidoo.news/noticia/Wd00ZR
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SRE confirma muerte de mexicano bajo custodia migratoria en Estados Unidos
En conjunto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso.
Por Martín García | Reportero
En Nueva Orleans, Estados Unidos, un mexicano falleció el pasado 11 de abril mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias del Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana, informó este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La secretaría de Estado mexicana, agregó que esta informaicón la emitió el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans, que, a su vez, fue notificado por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), «la causa de la muerte sigue bajo investigación».
Por este motivo, la representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente.
Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, en conjunto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso. –sn–
Agente ICE¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Tribunal de Apelaciones de Bruselas reabre parte de la demanda de ONG y cita audiencia para evaluar la inacción de Bélgica ante posibles crímenes en Gaza y exportaciones de armas. https://aidoo.news/noticia/WjLkdr
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#JuSSticia 💩🖕💩
«Cuando la aplicación de la ley se hace por intereses políticos para destruir a una persona o derribar un gobierno legítimo salido de las urnas, solo cabe pensar que hay una JuSSticia cuyos libros solo valen para papeles de W.C.»
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#EpSStein 💩🖕💩
La isla de la pedofilia que el Departamento de Justicia Norteamericano, lentamente va destapando la olla del estofado nauseabundo llamado "archivos de Epstein".
Ha tratado el Departamento de Justicia y la fiscal de *Trump* ('Palm Bondi') de ocultar lo mejor posible al magnate anaranjado en tanta porquería. Aún así, en cada página, aparece *Trump*.
*Donald Trump* no ha sido juzgado y destituido por delitos sexuales con menores de edad únicamente porque la gran mayoría de los congresistas yankees (demócratas y republicanos) están en el baile con menores de edad de *Jeffrey Epstein*.
Tres millones de archivos salen a la luz, dejan de estar ocultos, cientos de miles de fotos y vídeos. Y solo es una parte de tanta porquería.
Hay otros archivos que tiene la 'Mossad' (servicio de inteligencia israelí) empresa para la que trabajaba *Jeffrey Epstein* y esposa.
Lo que el Departamento de Justicia Norteamericano está dando a conocer es un cuento infantil comparado con los vídeos de la 'Mossad'. Por eso cuando *Netanyahu* le ordena a *Trump*: ¡Salta anaranjado!, *Donald Trump* salta como canguro en olimpiadas canguriles.
En las listas de *Epstein* están todos los que son, pero no son todos los que están.
Es que en la década del 90' y los primeros siete años del 2000 *Jeffrey Epstein* fue el zar de la pedofilia.
*Bill Clinton*, *George W Bush*, *Andrés Pastrana* ( expresidente de Colombia), *José María Aznar* (expresidente de España), El *Príncipe Andrés* de la monarquía británica, *Bill Gates*, *Elon Musk* y tantos otros hacían fila para subir al avión de *Epstein*. Avión llamado "Lolita Express", en honor a la novela «Lolita» de *Vladimir Nabokov*, que trata de una niña de doce años violada por un adulto mayor.
*Epstein* tenía una isla para atender a sus Huéspedes. Una isla en el Mar Caribe donde decenas de niñas andaban semi desnudas, obligadas a sonreír siempre y nunca decir: no.
Era: «La isla de la pedofilia».
Ahora saltó la ficha que uno de los "reclutadores" de menores de edad para abastecer la isla de la pedofilia fue *Roberto Giordano*. Un argentino, fallecido el 2024, peluquero de las famosas, un tipo mimado por la televisión argentina, despachaba menores de edad (tarifa mediante ) a las mansiones de *Epstein*, donde eran violadas por sujetos de mucho poder, uno de ellos gordo y de color naranja.
Después de ser usadas y abusadas, eran descartadas. Así funcionaba la cosa en las mansiones de *Epstein* en Estados Unidos.
Y en su isla de la pedofilia en el Mar Caribe.
#JusticiaInternacional 📢 México no será obstáculo en el caso Epstein. El Gobierno colaborará en las investigaciones si EE. UU. lo requiere para rastrear propiedades o movimientos financieros. Transparencia y ley este 2026. 👇💻 https://zurl.co/GeIvj
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#IncultoSS 💩🖕💩
El juez miró al hombre que había disparado contra el presidente egipcio *Anwar Sadat* y le preguntó con calma:
— ¿Por qué lo mataste?
— Porque era seglar —respondió el asesino.
El juez frunció el ceño y le preguntó:
¿Qué significa “seglar”?
El hombre dudó un segundo y respondió: No lo sé.
En otro juicio, el acusado había intentado asesinar al escritor *Naguib Mahfouz*.
¿Por qué lo apuñalaste?, preguntó el juez.
Respuesta: Porque escribió una novela contra la religión.
Juez: ¿La leíste?.
Acusado: No.
En una tercera sala, otro hombre enfrentaba cargos por asesinar al intelectual *Farag Fouda*.
Juez: ¿Por qué lo mataste?.
Respuesta: Porque no tenía fe.
Juez: ¿Cómo lo sabes?.
Acusado: Está en sus libros.
Pregunta: ¿En cuál?
Respuesta: Silencio, no lo sé, no los he leído.
Pregunta: ¿Por qué no los leíste?.
El hombre bajó la cabeza y respondió: No sé leer ni escribir.
En los tres casos, el patrón era el mismo. Se mataba por ideas que no se entendían; se condenaba por palabras que no se habían leído y se odiaba por conceptos que no se sabían definir.
No era convicción, era repetición. No era fe, era eco. No era certeza,
era obediencia ciega.
La violencia no nació del pensamiento, nació de la ausencia de él. El odio no se propaga a través del conocimiento, se propaga donde el conocimiento no llega.
Y cada vez que una sociedad renuncia a educar, no crea sólo a ignorantes; crea armas humanas que no saben por qué disparan, pero están dispuestas a hacerlo.
Ese es el precio invisible de la ignorancia.
Y siempre lo paga alguien que no hizo nada para merecerlo.
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«Este es el mejor significado que desprende la bandera de mierda de un país gobernado por miserables fascistas que atentan contra la Libertad y Dignidad del Ser Humano por mantener un concepto supremacista y cappitaliSSta.»
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#JuSSticia 💩🖕💩
«La corruppción ideológica ha dado un golpe de estado contra la Libertad y Dignidad de un estamento que se supone que dicta sentencia con imparcialidad, honorabilidad y criterio judicial sin tener motivación e intereses políticos.»
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#FachotiradoreSS 💩🖕💩
Parece una broma, pero no lo es. Esta pasada se destapó que, durante la "Guerra de los Balcanes" , de las más crudas y duras de los últimos años en Europa, se habían producido unas “cacerías humanas”. Según informa 'La Sexta', llegaban turistas hasta Sarajevo para disparar a civiles: elegían a sus objetivos y disparaban con el francotirador, sin previo aviso.
Para ellos era solo un juego y llegaban a pagar hasta 120.000 euros, dependiendo de la persona que abatían. A estas informaciones, ahora se suma que el escritor que ha destapado el caso, *Enzio Gavazzeni*, ha informado que en este macabro juego participaban hombres ricos y con grandes influencias en las altas esferas.
Entre estos “notarios, abogados y profesionales con recursos económicos y empresarios con bastante dinero”, que en su mayoría eran italianos, *Gavazzeni* ha afirmado en una entrevista en 'El Mundo' que también había "españoles socialmente relevantes y ricos".
Sin duda, una de esas noticias que nos afectan muchísimo, porque es increíble lo crueles y despiadados que pueden ser algunos seres humanos. Ahora, 30 años después, la 'Fiscalía de Milán' busca los nombres de los criminales que pagaron por asesinar a sangre fría a civiles. Verdad, justicia y reparación, esto es lo que se pide.