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Agua y cambio climático: gobernanza, infraestructura y género serán ejes para Iberoamérica rumbo a la Cumbre de Madrid

Un informe que llegará a la Cumbre Iberoamericana de Madrid identifica la gobernanza como principal obstáculo para la seguridad hídrica y propone fortalecer instituciones, infraestructura, financiamiento y participación de mujeres.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La gobernanza del agua es el principal obstáculo para garantizar la seguridad hídrica en Iberoamérica, de acuerdo con los avances del Informe de Agua y Cambio Climático en Iberoamérica, documento que será presentado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ante la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre de 2026.

El diagnóstico regional advierte que América Latina enfrenta una paradoja: concentra alrededor de una tercera parte del agua dulce del mundo, pero 164 millones de personas esperan acceso a agua potable gestionada de forma segura y 336 millones carecen de saneamiento seguro, según los datos expuestos durante la presentación del informe.

Los avances fueron presentados en El Colegio de México (Colmex), durante el Foro Internacional Agua y Género, organizado por la institución y la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua (AMINCA), con apoyo del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de las Naciones Unidas y acompañamiento del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO. El foro se realizó los días 9 y 10 de septiembre de 2026.

Gobernanza, el principal desafío hídrico

La Dra. Judith Domínguez Serrano, profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México y responsable académica del informe, explicó que la consulta regional ubicó la gobernanza como el principal problema para alcanzar la seguridad hídrica.

El 66.7 por ciento de las personas consultadas señaló este factor como el principal obstáculo, pero también como una de las vías centrales para resolver la crisis.

El estudio, que abarca a los 22 países de la comunidad iberoamericana, fue elaborado mediante conversatorios con autoridades del agua, reuniones técnicas con organismos internacionales y una encuesta regional.

Entre los problemas identificados figuran la fragmentación de competencias entre las áreas de agua, clima y meteorología; marcos jurídicos desactualizados y la insuficiencia de personal técnico especializado para atender los desafíos asociados con el agua y el cambio climático.

La SEGIB es el organismo internacional que apoya la cooperación entre los 22 países de la Comunidad Iberoamericana y da seguimiento a los acuerdos de las Cumbres Iberoamericanas.

Cuatro ejes para enfrentar la crisis

A partir del diagnóstico, el informe plantea cuatro líneas de acción para fortalecer la seguridad hídrica regional: institucionalidad y gobernanza; infraestructura resiliente y soluciones basadas en la naturaleza; información, innovación y capacitación; y financiamiento mediante portafolios regionales en lugar de proyectos aislados.

La propuesta busca vincular las políticas de agua con las estrategias de adaptación al cambio climático, bajo la premisa de que los problemas hídricos de la región requieren respuestas coordinadas entre gobiernos, instituciones técnicas y organismos internacionales.

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a los 22 países de la Comunidad Iberoamericana en Madrid y tendrá como lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. –sn–

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Rubén Moreira exige acelerar saneamiento de la Presa Endhó y garantizar agua segura en Hidalgo

Rubén Moreira pidió acelerar el saneamiento de la Presa Endhó, atender las fuentes de contaminación y garantizar agua potable y vigilancia sanitaria en ocho municipios de Hidalgo.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Rubén Moreira Valdez pidió acelerar el saneamiento de la Presa Endhó, en Hidalgo, y exigió a autoridades federales y locales atender las fuentes de contaminación, garantizar agua potable a las comunidades afectadas y reforzar la vigilancia ambiental y sanitaria en ocho municipios de la región.

El planteamiento busca que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publique el Programa de Restauración Ecológica del área de influencia de la presa, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informe sobre el cumplimiento de la Recomendación 159/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El tema adquiere relevancia porque el gobierno federal inició en marzo de 2026 un proceso de consulta con comunidades indígenas para definir el programa de restauración.

La Presa Endhó se localiza entre los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán y fue concebida originalmente como un vaso regulador para actividades de riego. Con el paso del tiempo recibió aguas residuales provenientes de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, además de descargas de origen industrial, hospitalario y de instalaciones energéticas de la región.

Contaminación y riesgos para las comunidades

De acuerdo con los argumentos expuestos en el punto de acuerdo, estudios técnicos han identificado concentraciones de arsénico, mercurio, plomo, cadmio, cromo y fluoruros, además de sólidos disueltos por encima de los límites establecidos en la normatividad. El documento también refiere una elevada presencia de microplásticos en la zona.

Las comunidades ribereñas afectadas se encuentran en Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula de Allende. El decreto federal publicado el 26 de septiembre de 2024 declaró zona de restauración ecológica el área de influencia de la Presa Endhó, con una superficie de 36 mil 637 hectáreas.

La CNDH documentó previamente la problemática mediante la Recomendación 159/2024. El organismo informó que realizó recorridos en el río Tula y la Presa Endhó, con toma de muestras en 22 puntos, y concluyó que existieron violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua derivadas de descargas de aguas residuales no controladas.

El organismo también señaló que la contaminación representa un riesgo para fuentes de abastecimiento destinadas al consumo humano, el riego y otras actividades de las comunidades asentadas en la zona.

Exigen vigilancia de descargas y atención sanitaria

Entre las medidas planteadas se encuentra intensificar la inspección y vigilancia de las descargas industriales en la cuenca, con especial atención a los sectores cementero, químico, energético y de hidrocarburos. La propuesta contempla presentar denuncias ante la autoridad competente cuando se configuren conductas constitutivas de delito ambiental.

El punto de acuerdo también plantea establecer un programa de vigilancia epidemiológica y atención médica para las comunidades ribereñas, así como garantizar agua potable de calidad a las poblaciones cuyos pozos resultaron contaminados, mediante el saneamiento de las fuentes de abastecimiento o el suministro de alternativas seguras.

El planteamiento parlamentario contempla además la participación del gobierno de Hidalgo y de los ocho ayuntamientos involucrados en las acciones de restauración, así como mejoras en los sistemas de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. –sn–

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🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

El Palacio de Cnosos, en la isla de Creta, construido alrededor del 1700 a.C., es un testimonio de la sofisticación de la civilización minoica, que floreció hace más de 3.500 años.
Este complejo no solo era un centro político y religioso, sino también una maravilla de la ingeniería para su época, con innovaciones que incluyen un avanzado sistema de canalización y saneamiento.

Entre sus avances más impresionantes se encontraba un inodoro con descarga funcional y asiento de madera, integrado en una red de tuberías de cerámica que transportaban los desechos fuera del palacio, gestionaban el agua de lluvia y distribuían agua potable.
Mientras gran parte del mundo antiguo todavía dependía de métodos rudimentarios, los minoicos ya dominaban técnicas de hidráulica y saneamiento que no serían ampliamente replicadas hasta miles de años después.

El palacio refleja un alto nivel de organización y atención a la comodidad e higiene de sus habitantes, mostrando que la civilización minoica estaba muy adelantada a su tiempo y que la mejora de la vida cotidiana siempre fue un objetivo humano, incluso en la antigüedad.

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#cnosos #minoicos #creta #historiaantigua #ingenieriaantigua #arqueologia #civilizacionminoica #innovacion #saneamiento #vidaantigua

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El Palacio de Cnosos, en la isla de Creta, construido alrededor del 1700 a.C., es un testimonio de la sofisticación de la civilización minoica, que floreció hace más de 3.500 años.
Este complejo no solo era un centro político y religioso, sino también una maravilla de la ingeniería para su época, con innovaciones que incluyen un avanzado sistema de canalización y saneamiento.

Entre sus avances más impresionantes se encontraba un inodoro con descarga funcional y asiento de madera, integrado en una red de tuberías de cerámica que transportaban los desechos fuera del palacio, gestionaban el agua de lluvia y distribuían agua potable.
Mientras gran parte del mundo antiguo todavía dependía de métodos rudimentarios, los minoicos ya dominaban técnicas de hidráulica y saneamiento que no serían ampliamente replicadas hasta miles de años después.

El palacio refleja un alto nivel de organización y atención a la comodidad e higiene de sus habitantes, mostrando que la civilización minoica estaba muy adelantada a su tiempo y que la mejora de la vida cotidiana siempre fue un objetivo humano, incluso en la antigüedad.

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Entre sus avances más impresionantes se encontraba un inodoro con descarga funcional y asiento de madera, integrado en una red de tuberías de cerámica que transportaban los desechos fuera del palacio, gestionaban el agua de lluvia y distribuían agua potable.
Mientras gran parte del mundo antiguo todavía dependía de métodos rudimentarios, los minoicos ya dominaban técnicas de hidráulica y saneamiento que no serían ampliamente replicadas hasta miles de años después.

El palacio refleja un alto nivel de organización y atención a la comodidad e higiene de sus habitantes, mostrando que la civilización minoica estaba muy adelantada a su tiempo y que la mejora de la vida cotidiana siempre fue un objetivo humano, incluso en la antigüedad.

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Este complejo no solo era un centro político y religioso, sino también una maravilla de la ingeniería para su época, con innovaciones que incluyen un avanzado sistema de canalización y saneamiento.

Entre sus avances más impresionantes se encontraba un inodoro con descarga funcional y asiento de madera, integrado en una red de tuberías de cerámica que transportaban los desechos fuera del palacio, gestionaban el agua de lluvia y distribuían agua potable.
Mientras gran parte del mundo antiguo todavía dependía de métodos rudimentarios, los minoicos ya dominaban técnicas de hidráulica y saneamiento que no serían ampliamente replicadas hasta miles de años después.

El palacio refleja un alto nivel de organización y atención a la comodidad e higiene de sus habitantes, mostrando que la civilización minoica estaba muy adelantada a su tiempo y que la mejora de la vida cotidiana siempre fue un objetivo humano, incluso en la antigüedad.

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Educadores, personal de seguridad y trabajadores de saneamiento enfrentan mayor riesgo psicosocial en el trabajo

Datos fueron revelados por la Encuesta Nacional de Factores Psicosociales en el Trabajo 2025, que recopiló la percepción de 22.118 personas trabajadoras de los sectores público y privado.
La entrada Educadores, personal de seguridad y trabajadores de saneamiento enfrentan mayor riesgo psicosocial en el trabajo aparece primero en Semanario Universidad.

#Educadores #Encuesta #Impreso #MEP #MinisterioDeTrabajo #País #RiesgoPsicosocial #Salud #Saneamiento #Seguridad

https://semanariouniversidad.com/pais/educadores-personal-de-seguridad-y-trabajadores-de-saneamiento-enfrentan-mayor-riesgo-psicosocial-en-el-trabajo/

Educadores, personal de seguridad y trabajadores de saneamiento enfrentan mayor riesgo psicosocial en el trabajo

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Datos fueron revelados por la Encuesta Nacional de Factores Psicosociales en el Trabajo 2025, que recopiló la percepción de 22.118 personas trabajadoras de los sectores público y privado.
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

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Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Colapso de agua y saneamiento en Gaza amenaza a dos millones de palestinos

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/colapso-agua-saneamiento-gaza-2-millones/

Colapso de agua y saneamiento en Gaza amenaza a dos millones de palestinos

https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/colapso-agua-saneamiento-gaza-2-millones/

🏅 Nuestro documental "Abuela Agua" ha sido seleccionada en el certamen "Encuentro Hispanoamericano del Documental Independiente: Contra el Silencio, todas las voces" que se celebra del 04-09-2026 al 12-09-2026 en Ciudad de México.

🎥 Esperamos poder compartirlo con todos/as vosotros/as muy pronto...

#AbuelaAgua #Guatemala #Saneamiento #Documental #ConstruimosDerechos

🏅 Nuestro documental "Abuela Agua" ha sido seleccionada en el certamen "Encuentro Hispanoamericano del Documental Independiente: Contra el Silencio, todas las voces" que se celebra del 04-09-2026 al 12-09-2026 en Ciudad de México.

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🏅 Nuestro documental "Abuela Agua" ha sido seleccionada en el certamen "Encuentro Hispanoamericano del Documental Independiente: Contra el Silencio, todas las voces" que se celebra del 04-09-2026 al 12-09-2026 en Ciudad de México.

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🏅 Nuestro documental "Abuela Agua" ha sido seleccionada en el certamen "Encuentro Hispanoamericano del Documental Independiente: Contra el Silencio, todas las voces" que se celebra del 04-09-2026 al 12-09-2026 en Ciudad de México.

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

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No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

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Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

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No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

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El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

Punto cero

El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: El zumbido al moscardón

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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Más de mil 300 acciones de salud tras inundaciones en Tlalnepantla; aplican vacunas y brigadas médicas

El Gobierno del Estado de México desplegó brigadas médicas y sanitarias en Tlalnepantla tras las recientes inundaciones, con más de mil 300 acciones de atención, vacunación, prevención de enfermedades y saneamiento para apoyar a la población afectada.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Gobierno del Estado de México implementó un operativo de atención médica y sanitaria en el municipio de Tlalnepantla, donde realizó más de mil 300 acciones para atender a la población afectada por las inundaciones registradas en días recientes.

El despliegue se efectuó de manera coordinada entre la Secretaría de Salud del Estado de México y la Coordinación Estatal del IMSS-Bienestar, con el propósito de prevenir enfermedades y brindar atención oportuna en las zonas impactadas por las lluvias.

Brigadas recorrieron viviendas afectadas

El operativo contó con nueve brigadas integradas por 25 Técnicos en Atención Primaria a la Salud (TAPS), tres promotores de salud, tres vacunadores, dos médicos y tres enfermeras.

Siete brigadas realizaron recorridos casa por casa para identificar necesidades médicas de la población, mientras que dos más permanecieron en módulos de atención instalados en puntos estratégicos.

Vacunación y atención preventiva

Como parte de las acciones de salud, personal de la Jurisdicción Sanitaria Tlalnepantla aplicó 535 vacunas contra hepatitis A y B, neumococo, tétanos, difteria, rotavirus, sarampión, rubéola y parotiditis.

Además, se distribuyeron 720 sobres de electrolitos orales y 62 dosis de albendazol, así como servicios de toma de signos vitales, medición de peso y talla, curaciones, pruebas de glucosa, aplicación de medicamentos y pruebas rápidas de lípidos.

Refuerzan medidas de saneamiento

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX) participó en las labores preventivas mediante la entrega de 160 frascos de plata coloidal y 640 materiales informativos sobre saneamiento básico, manejo higiénico de alimentos, desinfección de depósitos de agua y uso adecuado de cloro.

De manera paralela, en coordinación con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), se realizaron trabajos de lavado y desinfección en nueve cisternas ubicadas en viviendas afectadas por las inundaciones.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantenerse atenta durante la actual temporada de lluvias y acudir a las brigadas de salud o a la unidad médica más cercana en caso de presentar algún problema de salud relacionado con las inundaciones. –sn–

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Privatizan AySA: Milei avanza con la entrega del agua y abre una licitación internacional para vender el 90% de la empresa

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Privatizan AySA: Milei avanza con la entrega del agua y abre una licitación internacional para vender el 90% de la empresa

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Privatizan AySA: Milei avanza con la entrega del agua y abre una licitación internacional para vender el 90% de la empresa

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Privatizan AySA: Milei avanza con la entrega del agua y abre una licitación internacional para vender el 90% de la empresa

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Conagua y Pénjamo impulsan proyectos hídricos y saneamiento en Guanajuato

Conagua fortalece el apoyo para el municipio de Pénjamo, en Guanajuato

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La dirección local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a cargo de Ángel Ernesto Ortega Mata, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal de Pénjamo, Yozajamby Florencia Molina Balver, con el objetivo de reforzar las acciones hídricas estratégicas. 

Uno de los puntos prioritarios de la agenda fue el diseño de un convenio de colaboración para la custodia de la zona federal del arroyo Pénjamo. 

“Nos comprometemos para agilizar los trámites administrativos para la firma del convenio, así como dar un seguimiento puntual y brindar la asesoría técnica necesaria al municipio, a fin de fortalecer la viabilidad de los proyectos”, aseguró Ángel Ernesto Ortega Mata. 

Durante la sesión de trabajo, las autoridades evaluaron el estado actual de la infraestructura local y delinearon proyectos conjuntos en materia de agua potable, drenaje y saneamiento. –sn–

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Francia confina a más de 1.700 pasajeros de un crucero por gastroenteritis | Parte de vitalidad #confina #crucero #envió #Europa #Francia #gastroenteritis #Industria_hotelera #más #Noticias #pasajeros #por #salud #Saneamiento #Viajes #ButterWord #Spanish_News Comenta tu opinión 👇
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Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Soberanía y solidaridad

Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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Alerta Roja: Río Virilla se convierte en foco crítico de bacterias multirresistentes

Alerta Roja: Río Virilla se convierte en foco crítico de bacterias multirresistentes
San José, 16 abr (elmundo.cr) – El río Virilla, uno de los cuerpos de agua más contaminados de Costa Rica, enfrenta una nueva amenaz [...]

#Ambiente #Antibióticos #BacteriasMultirresistentes #Contaminación #CostaRica #Destacada #ResistenciaAntimicrobiana #RíoVirilla #SaludPública #Saneamiento #UCR #UNA

https://elmundo.cr/costa-rica/alerta-roja-rio-virilla-se-convierte-en-foco-critico-de-bacterias-multirresistentes/

🚧 Mejora la infraestructura sanitaria en la Sierra Gorda.

La ampliación de drenaje sanitario en Landa de Matamoros concluyó en el Barrio Chacatlán con una inversión de 7 millones de pesos, realizada por Conagua y el gobierno municipal.

La obra busca mejorar el saneamiento y la calidad de vida de las familias de esta comunidad.

💧 @conagua_mx

#Querétaro #SierraGorda #Infraestructura #Agua #Saneamiento

Más información aquí 👇

https://amanecerqro.com/ampliacion-de-drenaje-sanitario-en-landa-de-matamoros-mejora-servicios-basicos/

🫟 𝑪𝒖𝒓𝒊𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 🫟

El Palacio de Cnosos, en la isla de Creta, construido alrededor del 1700 a.C., es un testimonio de la sofisticación de la civilización minoica, que floreció hace más de 3.500 años.
Este complejo no solo era un centro político y religioso, sino también una maravilla de la ingeniería para su época, con innovaciones que incluyen un avanzado sistema de canalización y saneamiento.

Entre sus avances más impresionantes se encontraba un inodoro con descarga funcional y asiento de madera, integrado en una red de tuberías de cerámica que transportaban los desechos fuera del palacio, gestionaban el agua de lluvia y distribuían agua potable.
Mientras gran parte del mundo antiguo todavía dependía de métodos rudimentarios, los minoicos ya dominaban técnicas de hidráulica y saneamiento que no serían ampliamente replicadas hasta miles de años después.

El palacio refleja un alto nivel de organización y atención a la comodidad e higiene de sus habitantes, mostrando que la civilización minoica estaba muy adelantada a su tiempo y que la mejora de la vida cotidiana siempre fue un objetivo humano, incluso en la antigüedad.

▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣

#cnosos #minoicos #creta #historiaantigua #ingenieriaantigua #arqueologia #civilizacionminoica #innovacion #saneamiento #vidaantigua

https://www.europesays.com/es/418891/ Convocan una reunión para informar sobre el proyecto de saneamiento #convocan #Entertainment #Entretenimiento #ES #España #informar #proyecto #reunion #saneamiento #sobre #Spain

https://www.europesays.com/es/408645/ Nueva York descubre el efecto raticida del frío extremo | Internacional #Basura #BreakingNews #BreakingNews #EstadosUnidos #FeaturedNews #FeaturedNews #Frío #Headlines #Internacional #International #InternationalNews #InternationalNews #Invierno #LatestNews #LatestNews #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #NuevaYork #ResiduosUrbanos #Roedores #saneamiento #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias #World #WorldNews #WorldNews

https://www.europesays.com/es/295991/ ACCIONA se adjudica el abastecimiento y saneamiento de 151 municipios al noreste de Brasil #acciona #agua #Brasil #BreakingNews #BreakingNews #CicloIntegralDelAgua #FeaturedNews #FeaturedNews #Headlines #Internacional #International #InternationalNews #InternationalNews #LatestNews #LatestNews #News #Noticias #NoticiasDestacadas #NoticiasDestacadas #pernambuco #saneamiento #Titulares #ÚltimasNoticias #ÚltimasNoticias #World #WorldNews #WorldNews

Día Mundial del Retrete: una urgencia invisible

Día Mundial del Retrete: una urgencia invisible
Por Ana María Ospina El Día Mundial del Retrete, reconocido oficialmente por la ONU desde 2013, busca visibilizar que casi la mitad de la humanidad todavía carece de un lugar digno y seguro para aliviarse. La falta de saneamiento acarrea problemas graves: falta de higiene, enfermedades mortales por agua contaminada, co [...]

#DíaMundialDelRetrete #Higiene #Mundo #Saneamiento

https://elmundo.cr/mundo/dia-mundial-del-retrete-una-urgencia-invisible/

Conagua y Canacintra fortalecen acciones por el agua en Guanajuato

Firman convenio para impulsar innovación, sustentabilidad y responsabilidad hídrica. Impulso a la gestión del agua.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) firmaron un convenio de colaboración en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad, con el propósito de promover la especialización del talento humano y la innovación tecnológica. El acuerdo incluyó compromisos para impulsar la economía circular, la responsabilidad empresarial y la protección de los recursos hídricos.

Durante la presentación, la comisionada de Saneamiento y Restauración del Río Lerma-Santiago, Claudia Gómez Godoy, explicó que la administración federal priorizó la recuperación del cauce Lerma–Santiago, con un enfoque integral de saneamiento y restauración ambiental. Añadió que las obras principales en Guanajuato se programaron para iniciar en 2026.

Gómez Godoy señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional que busca garantizar el derecho al agua en comunidades urbanas y rurales, alineando políticas públicas con prácticas industriales sostenibles. Subrayó que el trabajo coordinado con el sector privado será clave para alcanzar resultados medibles.

Participación del sector industrial

Por su parte, Giovanny Melgar Hernández, representante de la Coordinación General del Acuerdo Nacional y de Cooperación Internacional de la Conagua, informó que se han fortalecido alianzas que promueven una nueva cultura del agua. Resaltó que el convenio con Canacintra permitirá reducir el consumo hídrico e incrementar la eficiencia en procesos productivos.

Melgar Hernández indicó que el objetivo es integrar al sector industrial como actor corresponsable en la gestión hídrica, fomentando prácticas que garanticen la seguridad del recurso a largo plazo. Precisó que el acuerdo responde al mandato del gobierno federal de asegurar el derecho humano al agua mediante cooperación multisectorial.

Afirmó que la colaboración con Canacintra representa un vínculo esencial entre la política hídrica y el desarrollo económico sostenible, pues articula los esfuerzos técnicos con la responsabilidad social empresarial.

Compromiso ambiental compartido

El funcionario destacó que las empresas deben ser parte activa de la solución ambiental no solo por obligación legal, sino por convicción. Aseguró que la firma del convenio constituye un acto de corresponsabilidad y liderazgo ambiental, basado en la premisa de que el agua es un derecho humano y no una mercancía.

El director local de Conagua en Guanajuato, Ángel Ernesto Ortega Mata, agradeció los esfuerzos impulsados desde la administración estatal y federal, reconociendo el respaldo de la gobernadora y del presidente Claudia Sheinbaum. Señaló que la atención a los recursos hídricos debe abordarse desde múltiples frentes de acción coordinada.

Ortega Mata sostuvo que los avances en materia de aprovechamiento sustentable requieren la participación conjunta de autoridades, empresas y ciudadanía, garantizando así la preservación del agua para las futuras generaciones.

Sustentabilidad y acción interinstitucional

El titular de Conagua en Guanajuato subrayó que se trabaja para lograr un uso más eficiente del recurso, promoviendo conciencia sobre el impacto ambiental derivado de las actividades humanas. Indicó que los programas en curso se alinean con los principios de sostenibilidad y equidad en el acceso.

“Estamos enfocados en la eficiencia y en garantizar nuestro derecho humano al agua, además del de las siguientes generaciones”, manifestó Ortega Mata, quien reafirmó el compromiso de la dependencia con la gestión integral del recurso.

La Conagua reiteró que mantendrá la coordinación con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil organizada, con el fin de asegurar una administración sostenible y equitativa del agua en el país. –sn–

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Conagua y Canacintra fortalecen acciones por el agua en Guanajuato

Firman convenio para impulsar innovación, sustentabilidad y responsabilidad hídrica. Impulso a la gestión del agua.

Por Martín García | Reportero                                      

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) firmaron un convenio de colaboración en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad, con el propósito de promover la especialización del talento humano y la innovación tecnológica. El acuerdo incluyó compromisos para impulsar la economía circular, la responsabilidad empresarial y la protección de los recursos hídricos.

Durante la presentación, la comisionada de Saneamiento y Restauración del Río Lerma-Santiago, Claudia Gómez Godoy, explicó que la administración federal priorizó la recuperación del cauce Lerma–Santiago, con un enfoque integral de saneamiento y restauración ambiental. Añadió que las obras principales en Guanajuato se programaron para iniciar en 2026.

Gómez Godoy señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia nacional que busca garantizar el derecho al agua en comunidades urbanas y rurales, alineando políticas públicas con prácticas industriales sostenibles. Subrayó que el trabajo coordinado con el sector privado será clave para alcanzar resultados medibles.

Participación del sector industrial

Por su parte, Giovanny Melgar Hernández, representante de la Coordinación General del Acuerdo Nacional y de Cooperación Internacional de la Conagua, informó que se han fortalecido alianzas que promueven una nueva cultura del agua. Resaltó que el convenio con Canacintra permitirá reducir el consumo hídrico e incrementar la eficiencia en procesos productivos.

Melgar Hernández indicó que el objetivo es integrar al sector industrial como actor corresponsable en la gestión hídrica, fomentando prácticas que garanticen la seguridad del recurso a largo plazo. Precisó que el acuerdo responde al mandato del gobierno federal de asegurar el derecho humano al agua mediante cooperación multisectorial.

Afirmó que la colaboración con Canacintra representa un vínculo esencial entre la política hídrica y el desarrollo económico sostenible, pues articula los esfuerzos técnicos con la responsabilidad social empresarial.

Compromiso ambiental compartido

El funcionario destacó que las empresas deben ser parte activa de la solución ambiental no solo por obligación legal, sino por convicción. Aseguró que la firma del convenio constituye un acto de corresponsabilidad y liderazgo ambiental, basado en la premisa de que el agua es un derecho humano y no una mercancía.

El director local de Conagua en Guanajuato, Ángel Ernesto Ortega Mata, agradeció los esfuerzos impulsados desde la administración estatal y federal, reconociendo el respaldo de la gobernadora y del presidente Claudia Sheinbaum. Señaló que la atención a los recursos hídricos debe abordarse desde múltiples frentes de acción coordinada.

Ortega Mata sostuvo que los avances en materia de aprovechamiento sustentable requieren la participación conjunta de autoridades, empresas y ciudadanía, garantizando así la preservación del agua para las futuras generaciones.

Sustentabilidad y acción interinstitucional

El titular de Conagua en Guanajuato subrayó que se trabaja para lograr un uso más eficiente del recurso, promoviendo conciencia sobre el impacto ambiental derivado de las actividades humanas. Indicó que los programas en curso se alinean con los principios de sostenibilidad y equidad en el acceso.

“Estamos enfocados en la eficiencia y en garantizar nuestro derecho humano al agua, además del de las siguientes generaciones”, manifestó Ortega Mata, quien reafirmó el compromiso de la dependencia con la gestión integral del recurso.

La Conagua reiteró que mantendrá la coordinación con los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil organizada, con el fin de asegurar una administración sostenible y equitativa del agua en el país. –sn–

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Hemos diseñado este nuevo informe de ONGAWA que sistematiza 12 buenas prácticas de resiliencia climática en servicios rurales de #agua y #saneamiento en #Centroamérica, servicios que se ven cada vez más amenazados por el #CambioClimático.

Es un documento muy bien estructurado, lo que nos ha permitido hacer un diseño visual y práctico, que facilita consultar los elementos esenciales de cada experiencia, para que sirvan de inspiración y avance.

➡️ https://ongawa.org/12-buenas-practicas-resiliencia-climatica-ays-rural-centroamerica/

#Informe #Publicación #DiseñoGráfico

Hemos diseñado este nuevo informe de ONGAWA que sistematiza 12 buenas prácticas de resiliencia climática en servicios rurales de #agua y #saneamiento en #Centroamérica, servicios que se ven cada vez más amenazados por el #CambioClimático.

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¡Gran noticia ambiental! 🌎 México y Estados Unidos unirán fuerzas con una inversión de 693 millones de dólares para sanear el Río Tijuana. ¡Un paso gigante para la salud de la región! #RíoTijuana #MedioAmbiente #MéxicoEU #Saneamiento

Más aquí: https://zurl.co/hhNRm

AyA tuvo pérdidas netas por ¢5.646 millones en primer trimestre de 2025, según informe

El AyA argumenta en el informe que los ingresos financieros disminuyeron en ¢2.912 millones por la prohibición de invertir en títulos valores; y por el diferencial cambiario entre un año y otro.
La entrada AyA tuvo pérdidas netas por ¢5.646 millones en primer trimestre de 2025, según informe aparece primero en S [...]

#ANEP #Agua #AyA #Finanzas #País #Perdidas #Saneamiento #Sindicato

https://semanariouniversidad.com/pais/aya-tuvo-perdidas-netas-por-%c2%a25-646-millones-en-primer-trimestre-de-2025-segun-informe/

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BCIE impulsa acceso a agua potable y saneamiento para 4 millones de costarricenses con históricas inversiones

BCIE impulsa acceso a agua potable y saneamiento para 4 millones de costarricenses con históricas inversiones
San José, 21 mar (elmundo.cr) – En el marco del Día Mundial del Agua, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) reafirma su compromiso con el desarrollo de in [...]

#AccesoAAguaPotable #BCIE #CostaRica #InfraestructuraHídrica #Saneamiento

https://elmundo.cr/costa-rica/bcie-impulsa-acceso-a-agua-potable-y-saneamiento-para-4-millones-de-costarricenses-con-historicas-inversiones/

BCIE aprueba crédito por $565 millones a AyA para construir cinco proyectos de alcantarillado

La semana pasada este medio consultó al AyA de dónde sacaría los recursos para financiar las obras de infraestructura anunciadas -que incluían estos proyectos de saneamiento – y se indicó que esto aún no se había definido.
La entrada BCIE aprueba crédito por $565 millones a AyA para constru [...]

#Agua #AguasNegras #Alcantarillado #AyA #BCIE #INFRAESTRUCTURA #País #Saneamiento

https://semanariouniversidad.com/pais/bcie-aprueba-credito-por-565-millones-a-aya-para-construir-cinco-proyectos-de-alcantarillado/

BCIE aprueba crédito por $565 millones a AyA para construir cinco proyectos de alcantarillado

La semana pasada este medio consultó al AyA de dónde sacaría los recursos para financiar las obras de infraestructura anunciadas -que incluían estos proyectos de saneamiento – y se indicó que esto aún no se había definido.
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#Agua #AguasNegras #Alcantarillado #AyA #BCIE #INFRAESTRUCTURA #País #Saneamiento

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BCIE aprueba crédito por $565 millones a AyA para construir cinco proyectos de alcantarillado

La semana pasada este medio consultó al AyA de dónde sacaría los recursos para financiar las obras de infraestructura anunciadas -que incluían estos proyectos de saneamiento – y se indicó que esto aún no se había definido.
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#Agua #AguasNegras #Alcantarillado #AyA #BCIE #INFRAESTRUCTURA #País #Saneamiento

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AyA ofrece a empresas nacionales y extranjeras 46 proyectos que saldrán a licitación y en los que se planea invertir más de $814 millones

Estos 46 proyectos son parte del portafolio de inversión global de la institución, que consta de 224 proyectos de agua potable y saneamiento y cuya inversión asciende a $3.000 millones.
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AyA ofrece a empresas nacionales y extranjeras 46 proyectos que saldrán a licitación y en los que se planea invertir más de $814 millones

Estos 46 proyectos son parte del portafolio de inversión global de la institución, que consta de 224 proyectos de agua potable y saneamiento y cuya inversión asciende a $3.000 millones.
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AyA ofrece a empresas nacionales y extranjeras 46 proyectos que saldrán a licitación y en los que se planea invertir más de $814 millones

Estos 46 proyectos son parte del portafolio de inversión global de la institución, que consta de 224 proyectos de agua potable y saneamiento y cuya inversión asciende a $3.000 millones.
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