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Hugo Aguilar defiende autonomía del «nuevo» Poder Judicial

Hugo Aguilar afirmó que el nuevo Poder Judicial es autónomo y no atiende encargos políticos. Reportó 13 mil 231 expedientes resueltos y ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos durante su primer año.

Por Martín García | Reportero                                      

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) ejerce su autonomía frente a los otros Poderes y no atiende encargos ni coyunturas políticas.

Durante la presentación de su primer informe de actividades, sostuvo que la independencia judicial no implica aislarse del Ejecutivo, Legislativo, sectores económicos o sociales, sino mantener canales de diálogo sin comprometer la autonomía de las decisiones jurisdiccionales.

Ante la presencia de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, así como de representantes de los órganos superiores del PJF, Aguilar Ortiz aseguró que ninguna agenda ajena al texto constitucional tiene cabida en el Poder Judicial y que sus integrantes deben obediencia a la Constitución.

Nuevo Poder Judicial busca abatir prácticas del pasado

El ministro presidente reconoció que todavía existen resistencias y formas de actuación heredadas de la anterior etapa del Poder Judicial. Por ello, llamó a juzgadores y personal a incorporarse a una nueva forma de impartir justicia.

Aguilar Ortiz (el de los zapatos lustrados) sostuvo que las decisiones de la nueva Corte se toman con autonomía e independencia de criterio y mediante sesiones públicas. Afirmó que esta dinámica sustituyó prácticas anteriores que, según su exposición, permitían mantener asuntos sin una resolución o utilizar al máximo tribunal para retrasar controversias.

El presidente de la SCJN también afirmó que los sectores políticos, económicos y sociales pueden encontrar en el nuevo Poder Judicial un órgano que ofrece certidumbre jurídica, particularmente en un contexto de transformación institucional.

SCJN reporta 13 mil 231 asuntos resueltos

Como parte del balance de su primer año, Aguilar Ortiz informó que la SCJN recibió 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales y resolvió 13 mil 231, equivalente a 88 por ciento del total ingresado.

De los asuntos resueltos, 2 mil 640 correspondieron al Pleno y 10 mil 591 fueron atendidos mediante acuerdos. Además, señaló que de los mil 479 expedientes heredados de la anterior integración únicamente permanecen pendientes 44.

https://sociedad-noticias.com/2026/02/05/captan-al-presidente-ministro-de-la-scjn-cuando-colaboradores-le-lustran-los-zapatos/

Con esas cifras, el ministro presidente rechazó que exista un problema de rezago o ineficiencia en la nueva integración de la Corte y sostuvo que el tribunal atraviesa un proceso de transformación en sus mecanismos de gestión y resolución.

Poder Judicial reporta ahorros por más de 4 mil 700 mdp

La austeridad también formó parte del informe. Aguilar Ortiz afirmó que el PJF obtuvo ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos durante su primer año y adelantó que el presupuesto de 2027 mantendrá una orientación austera.

Entre las medidas reportadas se encuentran la reducción de 10 por ciento en la plantilla de áreas administrativas, la compactación de estructuras y la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y otras prestaciones que el ministro calificó como privilegios o servicios innecesarios.

Aguilar Ortiz sostuvo que la nueva integración de la SCJN busca mantener una política de austeridad y afirmó que los privilegios históricos que existían para los ministros quedaron eliminados. –sn–

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Clara Brugada pide blindar a jueces de presiones económicas y políticas

Clara Brugada llamó a fortalecer los tribunales de disciplina judicial para proteger la independencia de jueces y magistrados frente a presiones económicas, políticas y criminales.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Clara Brugada Molina, jefe de Gobierno capitalina, afirmó que la independencia judicial requiere mecanismos capaces de impedir que intereses económicos, políticos o personales influyan en las resoluciones de jueces y magistrados.

Durante el Primer Encuentro de Tribunales de Disciplina Judicial de las Entidades Federativas, realizado en ciudad de México, sostuvo que los nuevos órganos disciplinarios deben proteger la función judicial, pero también impedir la impunidad, la corrupción y los privilegios dentro de los tribunales.

Brugada Molina planteó que la justicia debe responder a la Constitución, las leyes y los derechos de la población, sin quedar subordinada a gobiernos, grupos económicos o intereses particulares.

Tribunales de disciplina, entre independencia y rendición de cuentas

Ante ministros, magistrados y jueces, la mandataria capitalina señaló que los tribunales de disciplina judicial tienen la responsabilidad de proteger a quienes imparten justicia frente a presiones económicas, políticas o criminales.

Al mismo tiempo, advirtió que la independencia judicial no debe utilizarse como argumento para impedir la rendición de cuentas.

“La toga no sea símbolo de privilegio, sino de autoridad moral”, planteó Brugada, al considerar que el nuevo modelo disciplinario debe encontrar un equilibrio entre autonomía judicial y responsabilidad institucional.

La reforma constitucional en materia judicial incorporó el Tribunal de Disciplina Judicial como órgano encargado de la disciplina del personal del Poder Judicial de la Federación.

Brugada defiende nueva relación entre justicia y sociedad

La jefe de Gobierno sostuvo que la elección popular de integrantes del Poder Judicial representa un cambio de fondo en la relación entre las instituciones de justicia y la sociedad.

Afirmó que la transformación judicial debe fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones para que las decisiones jurisdiccionales se adopten con independencia, certeza jurídica y responsabilidad.

Brugada también recordó que los procesos de democratización en México han ampliado los mecanismos de participación ciudadana y planteó que esa evolución debe reflejarse en las instituciones encargadas de impartir justicia.

La funcionaria señaló que ciudad de México ha participado históricamente en procesos de transformación política y social, por lo que consideró relevante que la capital fuera sede del encuentro nacional.

Poder Judicial busca coordinación nacional

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, realizó la declaratoria inaugural del encuentro y agradeció a Brugada la organización del evento.

Aguilar Ortiz ocupa actualmente la presidencia de la SCJN, de acuerdo con el directorio oficial del máximo tribunal. –sn–

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Reforma judicial obliga a replantear la formación de abogados: académico de la ULD

La reforma al Poder Judicial obligará a replantear la formación de abogados en México, afirmó Juan Pablo Estrada Michel, académico de la Universidad Libre de Derecho.

Por Martín García | Reportero                                      

La reforma al Poder Judicial y el nuevo modelo de elección de personas juzgadoras no sólo modificarán la impartición de justicia en México, sino que también obligarán a transformar la preparación de las nuevas generaciones de abogados, sostuvo Juan Pablo Estrada Michel, académico de la Universidad Libre de Derecho (ULD).

El especialista señaló que el cambio institucional plantea nuevos retos para las facultades de Derecho, que deberán formar profesionistas capaces de responder a un sistema judicial sujeto a mayor escrutinio público y con crecientes exigencias de transparencia, legalidad y acceso a la justicia.

Universidades enfrentan uno de sus mayores desafíos

En el contexto del debate sobre la reforma judicial, Juan Pablo Estrada Michel consideró que las instituciones de educación superior enfrentan uno de los retos más importantes de las últimas décadas al adaptar sus programas académicos a la nueva realidad jurídica del país.

Explicó que la transformación del sistema judicial demanda profesionistas con una preparación integral, capaces de comprender los cambios institucionales y de responder a las expectativas de una ciudadanía que exige mayor eficacia y rendición de cuentas en la impartición de justicia.

Reforma modifica el perfil profesional de los futuros abogados

El académico indicó que el nuevo entorno requerirá abogados con mayores competencias técnicas, éticas y de responsabilidad pública, ante un sistema que evolucionará conforme avance la implementación de la reforma.

Añadió que las universidades tendrán un papel fundamental para garantizar que los futuros litigantes, asesores jurídicos y juzgadores cuenten con las herramientas necesarias para desempeñarse en un escenario de cambios institucionales y de creciente vigilancia social. –sn–

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El Reclusorio Oriente, un espejo incómodo de la SSC de Pablo Vázquez Camacho

Se intensifican los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades de Amparo Elizabeth Santamaría Briseño en el Reclusorio Oriente.

La crisis del sistema penitenciario capitalino ya no puede esconderse detrás de discursos oficiales ni de estadísticas cuidadosamente seleccionadas. El caso de la subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Amparo Elizabeth Santamaría Briseño, exhibe una realidad que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México parece incapaz de explicar, menos Clara Crugada, qiuen gobierna esta ciudad capital: la profunda distancia entre la narrativa institucional de combate a la corrupción y los hechos que hoy generan sospechas, indignación y exigencias de transparencia.

Mientras la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, insiste en presentar una imagen de control y profesionalización del sistema penitenciario, los centros de reclusión continúan apareciendo en la conversación pública por motivos muy distintos. Los reportes sobre extorsiones, autogobierno, venta de drogas y redes ilícitas dentro de las cárceles no son nuevos. Han sido denunciados durante años por internos, familiares, organizaciones civiles y materiales documentales que han mostrado prácticas incompatibles con un sistema penitenciario funcional.

https://www.youtube.com/watch?v=fhCvVUA2gHg&t=1s

En ese contexto, resulta inevitable preguntarse cómo una funcionaria que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional dentro del Reclusorio Oriente puede organizar una celebración cuyo costo aparente supera ampliamente los ingresos que públicamente reporta en sus declaraciones patrimoniales. La pregunta no es personal ni privada. Es un asunto de interés público porque involucra a una servidora pública adscrita a una de las áreas más sensibles del gobierno capitalino.

Los datos conocidos generan más interrogantes que respuestas. Una fiesta de XV años con agrupaciones musicales de alto costo, –entre ellas «Los Cadetes de Linares» y  «Zona Rika«– un recinto exclusivo y actividades posteriores en Acapulco representan gastos que difícilmente pasan inadvertidos para cualquier ciudadano que compara esas cifras con los ingresos declarados oficialmente. Si todo tiene una explicación legal y transparente, corresponde a las autoridades presentarla de manera clara y verificable.

Lo preocupante es que este episodio no surge en un vacío institucional. Ocurre precisamente en una cárcel que durante años ha estado bajo señalamientos relacionados con actividades ilícitas. Cuando las sospechas sobre movimientos económicos de funcionarios coinciden con denuncias persistentes de corrupción penitenciaria, el problema deja de ser una anécdota social y se convierte en una cuestión de confianza pública.

https://www.instagram.com/p/DXizpq-jut2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

La administración de Pablo Vázquez Camacho enfrenta aquí una prueba fundamental. No basta con guardar silencio o esperar que el ciclo mediático avance hacia otro tema. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una investigación interna, si se revisarán los movimientos patrimoniales de los funcionarios involucrados y si los mecanismos de control interno realmente funcionan.

Más grave aún es el mensaje que reciben miles de policías honestos y trabajadores públicos que viven exclusivamente de sus salarios. Cuando aparecen casos que exhiben estilos de vida aparentemente incompatibles con los ingresos reportados, la percepción de impunidad se fortalece. Y cuando la autoridad no responde con claridad, esa percepción termina convirtiéndose en desconfianza institucional.

La SSC tampoco puede ignorar el contexto estructural. Los señalamientos de autogobierno en centros penitenciarios no surgen por generación espontánea. Son consecuencia de años de tolerancia, supervisión deficiente y redes de poder que prosperan cuando la vigilancia institucional fracasa. Cada denuncia sobre extorsiones o actividades ilícitas dentro de una prisión representa un cuestionamiento directo a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la legalidad.

El Reclusorio Oriente se ha convertido nuevamente en una ventana hacia problemas más profundos. La discusión ya no gira únicamente en torno a una celebración costosa. Lo verdaderamente relevante es saber qué ocurre detrás de los muros de una de las cárceles más importantes de la capital y por qué continúan apareciendo episodios que alimentan sospechas sobre la integridad de su administración.

Pablo Vázquez Camacho tiene la obligación política y administrativa de responder sobre los cuestionamientos contra Santamaría Briseño. No porque exista una sentencia o una resolución definitiva sobre este caso, sino porque la confianza pública exige explicaciones oportunas cuando surgen cuestionamientos legítimos sobre el comportamiento de funcionarios que ocupan cargos estratégicos dentro del sistema penitenciario.

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Balcón Social | El pato»Merlín» al Palacio Nacional

En política, las prioridades suelen revelarse no por los discursos, sino por los símbolos.

Durante los últimos días, un pato llamado «Merlín» se convirtió en una inesperada celebridad. Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, el animal llamó la atención de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente captó el interés de medios internacionales en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La historia posee todos los ingredientes para triunfar en redes sociales: humildad, espontaneidad, futbol y un personaje entrañable capaz de generar simpatía inmediata entre públicos de distintas edades.

El fenómeno incluso atrajo la atención del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien invitó a los propietarios del ave a compartir su historia y les ofreció la posibilidad de asistir a un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

Hasta ahí, la anécdota encaja en la lógica del entretenimiento contemporáneo. Las redes sociales transforman episodios cotidianos en fenómenos virales y las figuras públicas suelen aprovechar esas tendencias para conectar con la audiencia.

https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2068100496238182512?s=20

El problema aparece cuando el espectáculo comienza a compartir espacio con asuntos que involucran dolor humano, derechos fundamentales y responsabilidades del Estado.

México atraviesa una de las crisis más profundas de desapariciones en su historia reciente. Los registros oficiales acumulan más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una tragedia que afecta a miles de familias distribuidas en prácticamente todo el territorio nacional.

Detrás de cada expediente existe una madre, un padre, un hermano o un hijo que busca respuestas. No se trata únicamente de estadísticas; se trata de vidas suspendidas en la incertidumbre.

Por ello, resultó inevitable que diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas compararan la atención institucional otorgada al fenómeno mediático de Merlín con las dificultades que enfrentan para conseguir una audiencia o una respuesta de las autoridades.

El reclamo no se dirige contra los propietarios del pato ni contra quienes encontraron en la historia un motivo de alegría. El cuestionamiento apunta a las señales que emite el poder cuando decide qué asuntos merecen visibilidad pública y cuáles permanecen en espera.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido reuniones con empresarios, deportistas, representantes de organismos internacionales y figuras públicas de distintos ámbitos. Esa dinámica forma parte de la actividad cotidiana de cualquier jefe de Estado.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2067548103155057148?s=20

Sin embargo, para sectores afectados por la violencia y las desapariciones, la percepción es distinta. Muchos consideran que el acceso a las más altas esferas del poder continúa siendo más sencillo para quienes generan impacto mediático que para quienes buscan justicia.

La política moderna vive sometida al ritmo de la viralidad. Lo que genera clics, vistas y conversación digital suele imponerse sobre temas complejos que requieren tiempo, sensibilidad y respuestas institucionales de largo alcance.

https://twitter.com/GustavoHdezhdez/status/2068092670229066170?s=20

La verdadera discusión no gira alrededor de un pato convertido en celebridad. El debate de fondo consiste en determinar si las instituciones mexicanas mantienen la capacidad de colocar a las víctimas en el centro de la agenda pública.

Un país puede celebrar sus historias virales, disfrutar el futbol y compartir momentos de entretenimiento colectivo. Lo que no debería ocurrir es que esas narrativas ocupen el lugar que corresponde a las demandas de quienes buscan a sus seres queridos.

Porque cuando una sociedad comienza a normalizar que el espectáculo recibe más atención que el sufrimiento, el problema ya no es la popularidad de una mascota: es la distancia creciente entre el poder y el dolor de los ciudadanos.

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Barreras sociales generan vulnerabilidad: Mario Daniel Barragán

La justicia penal utiliza la «interseccionalidad», evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

El sistema de justicia en México cuenta con protocolos, instrumentos legales y apoyos institucionales —como intérpretes, trabajadores sociales y facilitadores— para asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan participar plenamente en los procesos judiciales, así lo señaló Mario Daniel Barragán Rodríguez, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al advertir que la desigualdad en México tiene un origen claro: las barreras sociales.

El juzgador aclaró que ningún sector es vulnerable per se. La vulnerabilidad se genera cuando las estructuras y los contextos sociales imponen límites, obstáculos o barreras que obstruyen el ejercicio libre y efectivo de los derechos humanos.

Barragán Rodríguez señaló que, para determinar el nivel real de desigualdad en un caso concreto, la justicia penal utiliza la «interseccionalidad», evaluando cuántas variables de vulnerabilidad se cruzan en una misma persona.

Además, destacó el abandono del antiguo «estado de interdicción» hacia un enfoque social, implementando figuras como facilitadores e intérpretes que expanden la capacidad de decisión de las personas en lugar de anularla –sn–

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Detienen a excolaborador de García Luna por desvío millonario

FGR captura a exfuncionario ligado a contratos de penales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Antonio Molina Díaz y lo señaló por presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada.

La FGR informó que elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como coordinador general de Centros Federales entre 2006 y 2012. La institución sostuvo que el exfuncionario presuntamente participó en una red de operaciones vinculadas al desvío de recursos públicos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con las investigaciones federales, Molina Díaz habría actuado en coordinación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado en Estados Unidos por diversos delitos. La carpeta de investigación señaló posibles irregularidades relacionadas con contratos para infraestructura penitenciaria federal.

La captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, agentes federales aseguraron diversas identificaciones con nombres distintos, equipos de telefonía móvil y cantidades de dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.

Investigación por contratos

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la orden judicial se relacionó con los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia indicó que las acusaciones derivaron de una investigación sobre el manejo de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

Según la información oficial, el exfuncionario habría firmado contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Las autoridades sostuvieron que dichos convenios habrían permitido el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Las indagatorias apuntaron a que los contratos habrían sido simulados y suscritos con empresas consideradas fachada. La autoridad ministerial señaló que esos mecanismos presuntamente facilitaron operaciones financieras irregulares vinculadas al uso de recursos públicos. –sn–

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Almanza reaparece y niega entrega en los Estados Unidos

Exdirector policial rechazó versiones difundidas tras investigación federal.

Por Martín García | Reportero                                      

Las versiones sobre una presunta entrega de Marco Antonio Almanza Avilés a autoridades de Estados Unidos fueron desmentidas por el propio exfuncionario mediante un mensaje difundido en redes sociales. El exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa reapareció públicamente en Culiacán. Su pronunciamiento ocurrió un día después de que circularan versiones sobre su supuesto traslado al vecino país.

Los rumores surgieron luego de que diversos reportes señalaran que Almanza habría seguido el camino de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes enfrentan procedimientos relacionados con investigaciones en territorio estadounidense. La información se propagó durante el viernes en plataformas digitales y espacios informativos. Sin embargo, el exfuncionario negó de manera directa dichas versiones.

A través de un video grabado en el Jardín Botánico de Culiacán, Almanza apareció realizando ejercicio mientras enviaba un mensaje público. En la grabación se identificó con nombre y apellido. Además, confirmó que permanecía en la capital sinaloense al momento de emitir su declaración.

Video en redes

Durante su mensaje, Marco Antonio Almanza Avilés afirmó que había sido objeto de desacreditación durante los últimos días. Señaló que la información difundida sobre su situación personal no correspondía con la realidad. También sostuvo que algunas publicaciones afectaron su imagen pública.

El exdirector policial recordó que el pasado martes había rendido declaraciones relacionadas con el caso que actualmente concentra la atención de autoridades mexicanas y estadounidenses. Indicó que mantenía firme la postura expresada en ese momento. Sus comentarios fueron dirigidos a quienes difundieron versiones distintas a las que él había sostenido.

La grabación comenzó con un saludo dirigido a la ciudadanía y posteriormente abordó los señalamientos que circularon en medios y redes sociales. Almanza expresó su desacuerdo con parte de la cobertura realizada sobre su situación. El video se difundió ampliamente durante la mañana del sábado.

Respuesta a versiones

En su intervención, el exfuncionario pidió a los medios de comunicación privilegiar la difusión de información verificada. Manifestó que la función de los medios consiste en informar con apego a los hechos. Su mensaje concluyó con una referencia directa a esa responsabilidad periodística.

La aparición pública de Almanza ocurrió en medio de investigaciones que involucran a diversos exfuncionarios y servidores públicos de Sinaloa. El nombre del exdirector de la Policía de Investigación ha sido mencionado en reportes relacionados con pesquisas abiertas en México y Estados Unidos. Las autoridades continúan con procedimientos vinculados a esos expedientes. –sn–

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Perfilan aprobar reforma judicial con elección de jueces hasta 2028

Lamentó la cerrazón de la oposición para debatir los nuevos comités, que impedirán la postulación de perfiles vinculados a estructuras criminales o a violencia de género.

SN Redacción

Al defender la minuta de reforma judicial en Tribuna, el diputado mexiquense Octavio Martínez Vargas respaldó aplazar los comicios al 2028 para garantizar un proceso más accesible y lamentó la cerrazón de la oposición para debatir los nuevos filtros que impedirán la postulación de personas ligadas a estructuras criminales o violencia de género.

El legislador adelantó que el pleno del Congreso del Estado de México se perfila para convertirse en uno de los primeros del país en aprobar la minuta proveniente del Senado de la República que difiere la elección de jueces y magistrados.

Argumentó que la modificación recoge observaciones técnicas muy valiosas que corrigen y enriquecen el proceso electoral del Poder Judicial tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Martínez Vargas explicó que la decisión de aplazar la jornada responde a las advertencias hechas en su momento por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), institutos políticos y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

El legislador señaló que realizar estos comicios el mismo día que las elecciones para gubernaturas, renovación de congresos locales y el Congreso Federal resultaba inviable por la complejidad del proceso.

Un formato «más amigable» y filtros contra el crimen

El diputado destacó que esta prórroga, planteada tras un análisis minucioso por la titular del Ejecutivo Federal, permitirá diseñar un proceso mucho más accesible para la ciudadanía.

«Ahora viene un segundo proceso que permitirá una boleta más amigable, un proceso más accesible para las y los electores del país y de las entidades federativas», apuntó.

Asimismo, criticó que las bancadas de la oposición se hayan aislado y limitado a hacer planteamientos de naturaleza puramente política en lugar de aportar elementos sustantivos para enriquecer la reforma.

Recordó que la iniciativa atiende demandas de las propias minorías parlamentarias al crear comités especiales de evaluación para evitar que personas vinculadas a estructuras criminales o de violencia de género puedan postularse. –sn–

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Fallece Javier Coello Trejo, “El Fiscal de Hierro”

Su trayectoria profesional abarcó funciones públicas, litigio privado y participación académica en temas jurídicos nacionales.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El abogado Javier Coello Trejo, conocido públicamente como “El Fiscal de Hierro”, falleció este domingo a los 77 años, de acuerdo con reportes difundidos por el periodista Edmundo Cazarez. La noticia se conoció a través de publicaciones en redes sociales, donde diversas figuras políticas y jurídicas expresaron condolencias por su muerte.

Javier Coello Trejo alcanzó notoriedad pública durante las décadas de 1980 y 1990 por su actuación como fiscal en investigaciones de alto impacto.

El sobrenombre de “El Fiscal de Hierro” surgió debido a la firmeza que mostró en procedimientos judiciales relacionados con corrupción, narcotráfico y delitos federales. Su figura permaneció ligada a una etapa de fortalecimiento institucional en áreas de procuración de justicia y combate a estructuras criminales.

Carrera y reconocimiento

El abogado ocupó distintos cargos dentro del sistema judicial y administrativo mexicano a lo largo de su carrera profesional. Entre sus responsabilidades figuraron funciones relacionadas con investigación criminal y representación jurídica dentro de dependencias federales. También desarrolló actividades como litigante y consultor en materia penal tras concluir su etapa dentro del servicio público.

En el ámbito jurídico, Javier Coello Trejo participó en procesos relevantes relacionados con delitos de alto perfil político y financiero. Su experiencia lo convirtió en una referencia para sectores especializados en derecho penal y litigio estratégico. A lo largo de varias décadas intervino en casos que recibieron atención mediática y seguimiento nacional.

El ex fiscal también participó en espacios académicos y foros relacionados con derecho penal, procuración de justicia y seguridad pública. Universidades, colegios de abogados y organismos civiles lo convocaron en múltiples ocasiones para compartir análisis sobre el sistema judicial mexicano. Sus intervenciones estuvieron relacionadas con reformas legales y funcionamiento institucional de las fiscalías.

Figura pública nacional

La trayectoria de Javier Coello Trejo estuvo marcada por investigaciones que colocaron su nombre dentro de la agenda pública nacional. Durante su desempeño institucional participó en procedimientos que involucraron a funcionarios, empresarios y organizaciones criminales. Su presencia mediática aumentó debido a declaraciones públicas relacionadas con casos de interés nacional.

En distintos momentos, el abogado mantuvo presencia constante en medios de comunicación y programas de análisis político y judicial. Analistas y especialistas lo identificaron como una de las figuras más visibles del litigio penal mexicano contemporáneo. Su estilo directo y postura firme consolidaron su reconocimiento dentro de sectores jurídicos y políticos.

https://www.youtube.com/watch?v=O3BsjjCWIqc&t=1s

El legado profesional de Javier Coello Trejo también quedó vinculado con la formación de nuevas generaciones de abogados penalistas. Diversos juristas reconocieron su experiencia dentro de investigaciones complejas y procesos judiciales de gran relevancia. Sus aportaciones fueron retomadas en debates relacionados con procuración de justicia y combate a la corrupción.

https://youtu.be/wjPu4zJtPhY?t=13

La muerte de “El Fiscal de Hierro” provocó mensajes de reconocimiento de actores políticos y representantes del ámbito judicial. Legisladores, abogados y figuras públicas recordaron su participación dentro de instituciones federales y procesos judiciales emblemáticos. Las condolencias se extendieron a familiares y colaboradores cercanos del abogado mexicano. –sn–

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Brugada promete justicia por asesinato de sus colaborades Ximena y Pepe

Reiteró que la investigación continuaría hasta esclarecer completamente el crimen ocurrido en mayo de 2025. La jefe de gobierno sostuvo que las instituciones capitalinas mantendrían coordinación.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Clara Brugada Molina, jefe de gobierno de la ciudad de México (Cdmx), aseguró que el asesinato de sus colaboradores José Muñoz y Ximena Guzmán no quedará impune a casi un año del ataque ocurrido el 20 de mayo de 2025. La mandataria capitalina afirmó que el compromiso de esclarecer el caso permaneció vigente junto con las investigaciones ministeriales y operativas. También sostuvo que la búsqueda de justicia representó una obligación institucional con las familias de las víctimas y con la ciudadanía.

Durante un mensaje público, Clara Brugada Molina afirmó que conocer la verdad sobre el doble homicidio constituyó una prioridad para su administración. La titular del gobierno capitalino señaló que no existiría olvido ni impunidad en torno al crimen que privó de la vida a quienes fungían como coordinador de asesores y secretaria particular. La funcionaria reiteró que las instituciones continuarían con las acciones judiciales hasta concluir el caso.

Aunque 18 personas relacionadas con la ejecución y planeación del atentado fueron detenidas, las autoridades reconocieron que aún faltaba capturar al presunto tirador. La investigación mantuvo abiertas diversas líneas de seguimiento para localizar al responsable material de los disparos contra ambas víctimas. Las corporaciones de seguridad y procuración de justicia mantuvieron coordinación permanente para ampliar las indagatorias.

Investigación del ataque

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la ciudad de México (Cdmx), Pablo Vázquez Camacho, informó que el doble homicidio fue ejecutado por integrantes de un grupo delictivo con operaciones en la capital y el Estado de México. El funcionario indicó que los indicios recabados permitieron identificar la participación de una célula criminal en la planeación y ejecución del atentado. También precisó que las investigaciones avanzaron a partir de pruebas periciales, testimonios y trabajos de inteligencia.

La SSC, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-Cdmx), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó 11 cateos y acciones operativas relacionadas con el caso. Seis diligencias ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, mientras cinco más se efectuaron en los municipios mexiquenses de Otumba y Coacalco. Las operaciones derivaron en la detención de 13 personas el 20 de agosto de 2025.

Pablo Vázquez Camacho explicó que seis de los detenidos tuvieron participación material en los hechos y uno más formó parte activa de la célula de ejecución. El secretario sostuvo que ese implicado habría fungido como autor material en un primer intento de homicidio previsto para el 14 de mayo de 2025. Las investigaciones confirmaron que dicho ataque no se concretó debido a cambios en la rutina de las víctimas. –sn–

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Fortalecen cooperación por desapariciones en México

Las autoridades federales señalaron que el intercambio de experiencias y herramientas técnicas permitirá fortalecer las investigaciones.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo un encuentro con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, para fortalecer la cooperación institucional en materia de desaparición de personas.

Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de consolidar mecanismos de colaboración frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país. El encuentro se realizó en el contexto de los trabajos relacionados con la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante la reunión, Andrea Pochak afirmó que México ha desarrollado acciones relevantes para atender el fenómeno de desapariciones. Sin embargo, señaló que la participación de organismos internacionales puede contribuir al fortalecimiento institucional y a la atención de las familias afectadas. La comisionada indicó que la CIDH mantendrá disposición de colaborar con autoridades mexicanas en esta materia.

La representante internacional también subrayó la importancia de brindar certeza a familiares de personas desaparecidas. Indicó que la cooperación regional puede ampliar capacidades de búsqueda, investigación e identificación humana. La funcionaria insistió en que el acompañamiento institucional resulta indispensable frente a la magnitud del problema.

Coordinación institucional permanente

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, senadora de Morena con liceincia, reconoció el papel de la CIDH en la elaboración del Informe sobre Desapariciones en México. La titular de la FGR afirmó que dicho documento representó un ejercicio profundo y necesario para analizar el fenómeno desde una perspectiva técnica y jurídica. También señaló que el informe permitió identificar avances institucionales y desafíos pendientes.

La funcionaria sostuvo que el fenómeno de desapariciones requiere capacidades especializadas y mecanismos de respuesta inmediata. Añadió que ninguna institución puede enfrentar de manera aislada un problema de esta complejidad. En ese sentido, indicó que la coordinación interinstitucional dejó de ser una alternativa y se convirtió en una necesidad operativa.

Godoy Ramos también reconoció que las desapariciones exigen intercambio permanente de información entre autoridades nacionales e internacionales. Explicó que la colaboración puede fortalecer las tareas de búsqueda, investigación y acceso a la justicia. Asimismo, consideró indispensable consolidar estrategias conjuntas para atender el problema desde distintos niveles institucionales. –sn–

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Investigan a escoltas por muerte del asesino de Carlos Manzo

Tirado en el piso, rodeado presuntamente por los escoltas del alcalde de Uruapan y tras recibir insultos, recibió un disparo que lo mató.

Por Alfredo Martinez | Corresponsal                                          

Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, el asesino de Carlos Manzo, fue detenido y sometido segundos después de ejecutar al edil en un evento público. Tirado en el piso, rodeado presuntamente por los escoltas del alcalde de Uruapan y tras recibir insultos, recibió un disparo que lo mató.

Ayer el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la Fiscalía estatal indaga a los escoltas por el homicidio del joven. El homicida pudo haber sido entregado a autoridades ministeriales, pues lo tenían detenido.

“Se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida; porque al homicida lo detienen momentos después, hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”, reveló en conferencia de prensa Ramírez Bedolla. –sn–

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Sentencian a 18 años a ladrón de repartidor de Didi tras despojarlo de su moto en Tlane

Fiscalía mexiquense logra condena contra Ignacio Gómez Ponce y refuerza combate a delitos violentos.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió una sentencia de 18 años, 11 meses y siete días de prisión contra Ignacio Gómez Ponce, al acreditarse su responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia ocurrido en Tlalnepantla.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se registraron el 7 de octubre de 2024, cuando la víctima, un repartidor de alimentos por aplicación, circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj modelo 2023. Durante una pausa, fue interceptado por el ahora sentenciado.

El agresor lo amenazó con un arma de fuego y lo despojó de la motocicleta. Instantes después, otro individuo llegó al sitio, obligó al trabajador a entregar sus pertenencias y lo intimidó para que se retirara del lugar sin pedir ayuda.

Investigación y captura

Tras la denuncia, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, logrando establecer la identidad de Ignacio Gómez Ponce como uno de los autores del robo con violencia.

La FGJEM solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada por elementos de la Policía de Investigación del Estado de México.

Durante el proceso, se presentaron pruebas sólidas que confirmaron la participación directa del acusado en los hechos, entre ellas testimonios, peritajes y la identificación positiva de la víctima.

Sentencia y sanciones

Una vez analizados los elementos de prueba, el Juez de Control determinó la responsabilidad penal del imputado por el delito de robo de vehículo con violencia.

En consecuencia, fue condenado a 18 años, 11 meses y siete días de prisión, además del pago de una multa de 6 mil 79 pesos como reparación del daño.

El fallo judicial fue emitido en estricto apego a la ley y forma parte de las acciones del gobierno federal y estatal para reforzar la procuración de justicia en delitos de alto impacto.

Reforzamiento institucional

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Autoridades judiciales subrayaron que la sentencia representa un precedente relevante en el combate al robo de vehículos con violencia en el Valle de México.

Asimismo, destacaron la colaboración interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los órganos judiciales para lograr resultados efectivos en materia de seguridad pública. –sn–

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Sentencian a 18 años a ladrón de repartidor de Didi tras despojarlo de su moto en Tlane

Fiscalía mexiquense logra condena contra Ignacio Gómez Ponce y refuerza combate a delitos violentos.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) consiguió una sentencia de 18 años, 11 meses y siete días de prisión contra Ignacio Gómez Ponce, al acreditarse su responsabilidad en el delito de robo de vehículo con violencia ocurrido en Tlalnepantla.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los hechos se registraron el 7 de octubre de 2024, cuando la víctima, un repartidor de alimentos por aplicación, circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj modelo 2023. Durante una pausa, fue interceptado por el ahora sentenciado.

El agresor lo amenazó con un arma de fuego y lo despojó de la motocicleta. Instantes después, otro individuo llegó al sitio, obligó al trabajador a entregar sus pertenencias y lo intimidó para que se retirara del lugar sin pedir ayuda.

Investigación y captura

Tras la denuncia, el Agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, logrando establecer la identidad de Ignacio Gómez Ponce como uno de los autores del robo con violencia.

La FGJEM solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada por elementos de la Policía de Investigación del Estado de México.

Durante el proceso, se presentaron pruebas sólidas que confirmaron la participación directa del acusado en los hechos, entre ellas testimonios, peritajes y la identificación positiva de la víctima.

Sentencia y sanciones

Una vez analizados los elementos de prueba, el Juez de Control determinó la responsabilidad penal del imputado por el delito de robo de vehículo con violencia.

En consecuencia, fue condenado a 18 años, 11 meses y siete días de prisión, además del pago de una multa de 6 mil 79 pesos como reparación del daño.

El fallo judicial fue emitido en estricto apego a la ley y forma parte de las acciones del gobierno federal y estatal para reforzar la procuración de justicia en delitos de alto impacto.

Reforzamiento institucional

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

Autoridades judiciales subrayaron que la sentencia representa un precedente relevante en el combate al robo de vehículos con violencia en el Valle de México.

Asimismo, destacaron la colaboración interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los órganos judiciales para lograr resultados efectivos en materia de seguridad pública. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Adiós a la SCJN dorada

Culmina toda una vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación…

Por Raúl García Araujo                                            

(…) de resoluciones hechas a la medida de los poderosos, de dictámenes por consigna para favorecer al presidente en turno, de burocracia dorada que vivió de espaldas al pueblo. Se apaga una época de privilegios insultantes.

Empieza ahora una nueva era para sus integrantes salientes, once ministros que regresarán a una vida terrenal, donde deberán pagar sus propios gastos, sus comidas, sus viajes, su gasolina, sin el séquito ni la parafernalia que por años los rodeó en su reino de opulencia.

La debacle de la Corte comenzó con la errática conducción de su presidente, Norma Piña Hernández, quien, cerrada a escuchar al pueblo, se atrincheró en la soberbia y terminó entregando el Poder Judicial en bandeja de plata. Creyó que la institución era intocable, que los ministros eran intocables, y lo único que consiguió fue acelerar el derrumbe.

Piña tuvo en sus manos la posibilidad histórica de impulsar la más grande reforma judicial de nuestra vida pública. Prefirió mirar hacia otro lado. Fue Andrés Manuel López Obrador quien tomó la bandera y, con el respaldo popular, la convirtió en una Reforma Judicial que ya es irreversible.

La presidente de la Corte apostó a desafiar al Ejecutivo y perdió. Pensó que con gestos de desdén, como negarse a ponerse de pie en Querétaro en la ceremonia constitucional; con promesas vacías, como el supuesto destino de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco; o con el silencio cómplice de sus ministros frente a los llamados de autorregulación, bastaba para contener la marea. Pero en realidad lo único que hacía era cavar la tumba del Poder Judicial.

Y a la par, desde dentro, Arturo Zaldívar se encargó de dinamitar lo que quedaba de su autoridad, mientras desde las mañaneras se exhibían sus contradicciones, excesos y privilegios. Lo que derrumbó a Piña no fue solo la fuerza del Ejecutivo, sino su propia incapacidad política.

Hoy Norma Piña será recordada como la presidente que permitió la demolición de la Suprema Corte. La que, en lugar de defender la institución, la arrastró a la peor crisis de su historia, dejando abandonados a miles de trabajadores honestos y al descubierto la corrupción de quienes convirtieron al Poder Judicial en un negocio familiar.

Su legado no es de independencia ni de dignidad, sino de claudicación. Pasará a la historia no como la mujer que reformó la justicia, sino como la ministra que selló la rendición del Poder Judicial ante el pueblo organizado.

Y ese es el punto central: no fue López Obrador quien derrotó a la Corte. Fue el pueblo de México, cansado de jueces corruptos, ministros de lujo y sentencias al servicio del dinero. La gente decidió que la justicia no puede seguir siendo privilegio de unos cuantos.

Norma Piña podrá decir que será la historia la que la juzgue. Pero el juicio ya está dictado: su nombre quedará marcado como el de la presidente que dejó morir a la Corte, que dejó sin defensa a su propio poder y que abrió paso a una nueva justicia popular que ya no se detendrá.

En Cortito

No hay que perder de vista lo que ocurre dentro de Morena, donde los excesos y extravagancias de sus líderes, diputados y senadores están ahogando el discurso de austeridad que tanto pregonó su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador.

Los morenistas dejaron de predicar con el ejemplo. Sin la férrea presencia y control de López Obrador, comenzaron a mostrar su verdadero rostro: intereses personales, privilegios y una ambición desmedida que choca con los principios que alguna vez defendieron. El maquillaje del partido se cae y, con él, la credibilidad ante el electorado.

La prueba de fuego para Morena recaerá sobre Luisa María Alcalde y su capacidad de mantener la cohesión y disciplina dentro del partido. Será un examen ineludible: demostrar que Morena puede sostener su proyecto político más allá de la figura del ex presidente o sucumbir ante los intereses individuales de quienes hoy gobiernan bajo la sombra del poder.

Si no se actúa con firmeza, el mensaje será claro: sin López Obrador, Morena no solo pierde la moral, sino también la conexión con la gente que alguna vez confió en él. Y esa lección, inevitablemente, se reflejará en las urnas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche, la violencia imparable

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Sheinbaum afirma que no debe haber linchamiento mediático sobre Adán Augusto

Sheinbaum respalda investigación sin encubrir a nadie. Niega protección a morenistas y rechaza linchamientos.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó una reunión con Adán Augusto López, senador de Morena, y aseguró que ni su gobierno ni la Fiscalía General de la República (FGR) encubrirán a nadie, aunque pertenezcan al partido oficial. Aclaró también que se opone a los linchamientos mediáticos sin pruebas.

Durante su tradiccional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Sheinbaum abordó la presunta relación de Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo y acusado de liderar al grupo criminal La Barredora. Afirmó que las investigaciones seguirán su curso de manera autónoma.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, ni la Fiscalía”, puntualizó la mandataria, al subrayar que corresponde al Ministerio Público determinar responsabilidades con base en pruebas, no en especulaciones. También rechazó acusaciones sin sustento lanzadas desde medios o redes.

Aseguró que debe existir el mismo rigor probatorio tanto para sancionar a funcionarios como para deslindarlos públicamente. “Así como se deben presentar pruebas para imputar, también deben existir para acusar públicamente”, dijo.

Reunión con coordinadores parlamentarios

Sheinbaum explicó que el encuentro con Adán Augusto López se dio el lunes 14 de julio como parte de las reuniones periódicas que mantiene con los coordinadores legislativos, entre ellos Ricardo Monreal. Indicó que el propósito fue revisar la agenda legislativa federal.

Negó que dicha reunión tuviera como fin discutir o resolver temas personales o jurídicos. Aclaró que su carácter fue institucional y en el marco de trabajo legislativo ordinario. “Fue para revisar leyes aprobadas y pendientes”, puntualizó.

Sobre el caso Bermúdez, reiteró que corresponde a la FGR determinar si existe algún nexo con el senador, sin intervención del Ejecutivo. Confirmó que la Fiscalía mantiene la investigación abierta.

La presidente enfatizó que el gobierno federal respeta la autonomía del Ministerio Público y no presiona en ninguna dirección. “La justicia no puede estar supeditada ni a linchamientos ni a complicidades”, señaló.

Sin protección para nadie

Respecto a la posibilidad de que Adán Augusto López sea citado a declarar, Sheinbaum indicó que el propio senador manifestó su disposición para colaborar con las autoridades. “Si lo llaman, él va a presentarse”, afirmó.

El exsecretario de Gobernación también asistió al Consejo Político Nacional de Morena este domingo, donde algunos asistentes lo recibieron con gritos de “¡No estás solo!”. La presencia generó reacciones diversas dentro del partido.

En ese contexto, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aclaró públicamente que no se encubrirán malas prácticas, ni se protegerá a militantes que incurran en actos ilícitos o colusión con el crimen.

Investigación continúa

Sheinbaum reiteró que no emitirá posicionamiento alguno hasta que existan elementos jurídicos concretos. Insistió en que su administración no encubre a funcionarios implicados en actos de corrupción o vínculos con la delincuencia organizada.

Al mismo tiempo, sostuvo que no tolerará linchamientos políticos sin sustento. “Tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de redes sociales”, expresó al recalcar su compromiso con la justicia y la presunción de inocencia.

Añadió que las instituciones deben actuar conforme a la ley y que el proceso contra Hernán Bermúdez debe esclarecer todos los posibles vínculos, sin importar filiaciones partidistas o pasados cargos públicos.

Concluyó que las reuniones con legisladores continuarán bajo su formato institucional y que ningún asunto judicial será negociado fuera de los canales formales de procuración de justicia. –sn–

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CJF y Alemania presentan herramienta judicial

Sistema SimojuDH permitirá evaluar protección de derechos

Por Martín García | Reportero                                      

El Consejo de la Judicatura Federal y la embajada de Alemania concluyeron el proyecto Fortajus-DH. Presentaron el Sistema de Monitoreo Judicial para Derechos Humanos como herramienta evaluativa.

El sistema se consolidó como una de las primeras plataformas de evaluación judicial en América Latina. Permitirá medir el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Proyecto Fortajus-DH concluye con avances estratégicos en justicia

Durante el cierre del proyecto, la consejera Lilia Mónica López Benítez afirmó que el CJF divulgará la información técnica del sistema. Incluirá el modelo operativo, metodología y materiales desarrollados en los últimos años.

“El sistema permite, por primera vez, vincular información estratégica dispersa y ordenar procesos institucionales”, expresó. Añadió que el enfoque de derechos permitirá mejorar la forma de impartir justicia desde el Poder Judicial Federal.

La funcionaria remarcó que el proyecto forma parte de una estrategia integral del CJF. Su objetivo ha sido consolidar una cultura institucional de evaluación permanente en materia de derechos humanos.

La iniciativa también permite generar conocimiento útil. Esto contribuirá no sólo al diagnóstico judicial, sino a la mejora continua del acceso a la justicia.

SimojuDH, un sistema vivo con enfoque internacional

El director general de Derechos Humanos del CJF, Arturo Guerrero Zazueta, explicó los orígenes del programa. Señaló que Fortajus-DH surgió en 2021 para cumplir las recomendaciones de organismos internacionales.

Durante cuatro años, el proyecto recibió apoyo de la GIZ y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Esta colaboración técnica fortaleció los indicadores institucionales y metodologías con enfoque internacional.

Guerrero Zazueta expuso que Fortajus-DH dejó como legado herramientas útiles como la “Guía para imaginar la justicia”. También aportó lineamientos operativos y formatos validados por estándares internacionales.

Por su parte, Andrea Heisel, directora del proyecto Fortajus-DH por parte de GIZ, reconoció el trabajo conjunto con el CJF. Resaltó el carácter abierto y adaptable del nuevo sistema.

Un ecosistema digital robusto para seguimiento judicial

“El sistema de monitoreo se diseñó como una herramienta viva”, explicó Andrea Heisel. Añadió que su construcción colaborativa permite evaluar el cumplimiento de tratados y estándares internacionales.

Subrayó que el sistema se integrará a un ecosistema digital más amplio del Consejo de la Judicatura Federal. Esto facilitará su implementación en diversas unidades judiciales del país.

El proyecto busca dar continuidad a la profesionalización del personal del Poder Judicial. También proporcionará insumos para las áreas responsables de garantizar una justicia con perspectiva de derechos.

El CJF informó que en las próximas semanas publicará una plataforma con acceso a la información estructurada del proyecto. Esto incluirá datos, gráficos, metodologías y módulos interactivos de capacitación.

México se posiciona en la región

La plataforma SimojuDH representa un avance estratégico para el país. Contribuirá a fortalecer el sistema de justicia y mejorar el acceso a derechos fundamentales.

Autoridades del CJF y de la embajada alemana coincidieron en la relevancia del trabajo bilateral. El fortalecimiento institucional fue posible gracias a la cooperación internacional.

El cierre de Fortajus-DH reafirmó el compromiso del Poder Judicial con los derechos humanos. La evaluación será ahora una herramienta permanente para mejorar la justicia mexicana.

El acto contó con la presencia de funcionarios de la GIZ y especialistas de Naciones Unidas. También participaron integrantes del Consejo y representantes de organizaciones civiles.

El CJF reiteró que la herramienta SimojuDH se actualizará periódicamente. Su diseño contempla un enfoque modular y retroalimentación constante. –sn–

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