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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar 

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

Periodistas fotógrafos reporteros en protesta
| @SociedadN_

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Edificio sede de la ONU | @SociedadN_

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

Corte Penal Internacional

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

43 de Ayotzinapa

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa

La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.

El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.

En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.

Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.

En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.

El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.

Genaro García Luna

De esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.

Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.

Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.

Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.

En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Soberanía y solidaridad

Texto publicado de manera original en SDP Noticias

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