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Madrid, ‘The New Miami’: Mexican Oligarchy and Politicians Turn Spain into a Favorite Destination

This article by Armando G. Tejeda originally appeared in the September 6, 2026 edition of La Jornada, Mexico’s…
#Spain #ES #Europe #Europa #EU #CarlosSalinas #corruption #EnriquePeñaNieto #FelipeCalderón #Madrid #MexicanOligarchy
https://www.europesays.com/spain/81753/

Mauricio Garduño, cercano a Andy López Beltrán, acumula contratos públicos por más de 33 mil mdp

Mauricio Garduño, fundador de Sixsigma Networks, suma 198 contratos federales por más de 33 mil millones de pesos desde 2006, de acuerdo con una revisión citada por El Universal.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

Mauricio Garduño González Elizondo, empresario que participó en la reunión privada de Andy López Beltrán en la colonia Condesa, es fundador de Sixsigma Networks, compañía que acumula 198 contratos con el gobierno federal por más de 33 mil millones de pesos desde 2006, de acuerdo con información publicada este miércoles por El Universal.

Los contratos abarcan las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. El registro citado no señala que las operaciones sean ilegales, aunque documenta que una parte de las contrataciones se realizó mediante adjudicación directa.

La trayectoria empresarial de Garduño adquiere relevancia pública por su participación en el encuentro del 24 de agosto en el restaurante Magazzino, donde también estuvieron Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y el empresario Juan Domingo Beckmann. La reunión duró al menos cinco horas y fue revelada mediante videos publicados por el periodista Héctor de Mauleón.

Sixsigma Networks y los contratos federales

Sixsigma Networks, empresa especializada en telecomunicaciones y servicios tecnológicos, comenzó a obtener contratos federales desde 2006. Según la información revisada por El Universal, durante el gobierno de Felipe Calderón recibió 60 contratos.

Entre ellos figuran uno suscrito en 2007 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por 540 millones de pesos; otro con Financiera Rural, en 2008, por mil 696 millones de pesos, y uno más con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en 2010, por 529 millones de pesos.

https://sociedad-noticias.com/2026/08/31/amilcar-olan-amplio-su-red-empresarial-en-texas-un-mes-antes-de-la-cancelacion-de-visa-de-andy-lopez-beltran/

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la compañía obtuvo 81 contratos. Entre los montos reportados aparecen uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 700 millones de pesos y otro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por 344 millones, ambos adjudicados directamente en 2013.

También figura un contrato con Bansefi para la creación de un centro de datos, cuya operación representó mil 810 millones de pesos al tipo de cambio referido en la información publicada.

El contrato de PITA con el SAT

Uno de los principales negocios vinculados con Sixsigma Networks ocurrió en 2016, cuando la empresa participó junto con IBM en el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El proyecto originalmente superó los 9 mil 900 millones de pesos y estuvo relacionado con la modernización tecnológica de las aduanas mexicanas. El procedimiento fue cuestionado en la Cámara de Diputados y posteriormente enfrentó una disputa jurídica.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó reponer el fallo. En mayo de 2018, la operación cobró vigencia con un monto final reportado de 8 mil 540 millones de pesos.

Los negocios durante el gobierno de López Obrador

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Sixsigma Networks obtuvo 49 contratos federales, cerca de 40 por ciento mediante adjudicación directa, según la información publicada.

https://sociedad-noticias.com/2026/08/31/andy-lopez-beltran-se-reune-con-empresarios-durante-cinco-horas-en-restaurante-de-la-condesa/

Entre las operaciones aparece un servicio de infraestructura de datos para el ISSSTE por 301 millones de pesos y un contrato para el servicio integral de centro de datos del Banco del Bienestar, adjudicado directamente en 2022 por mil 739 millones de pesos.

La compañía también obtuvo un contrato en 2018 con el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros para un servicio de atención a clientes, por 98 millones de pesos.

Contratos durante el gobierno de Sheinbaum

La actividad contractual de Sixsigma Networks continuó durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con la información difundida por El Universal, la empresa suma ocho contratos en esta administración.

El de mayor monto corresponde a 2025, cuando obtuvo un contrato con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la administración de un centro de datos, por más de 542 millones de pesos.

La existencia de estos contratos no acredita por sí misma una conducta ilícita. El interés público del caso deriva de la coincidencia entre la trayectoria contractual de la compañía fundada por Garduño y su presencia en el encuentro privado con López Beltrán, en un contexto de cuestionamientos políticos sobre las relaciones empresariales del entorno del hijo del expresidente.

Garduño también es socio de una empresa vinculada con puertos y combustibles

Además de Sixsigma Networks, Garduño aparece como socio minoritario de JDBL y Compañía, sociedad constituida el 17 de julio de 2020 junto con Juan Domingo Beckmann, de acuerdo con documentos citados por El Universal.

https://sociedad-noticias.com/2026/08/29/hacienda-pide-accion-penal-contra-empresa-ligada-al-contador-de-amigo-de-andy-por-huachicol-fiscal-de-834-mdp/

La empresa fue creada durante el gobierno de López Obrador con facultades para invertir en puertos, infraestructura y suministro de combustibles y lubricantes en zonas portuarias. Beckmann figura como accionista mayoritario y Garduño como socio minoritario.

Ambos empresarios participaron posteriormente en la reunión con Andy y Gonzalo López Beltrán en la Condesa. Sin embargo, la información pública disponible no acredita que ese encuentro haya tenido como propósito negociar contratos públicos ni demuestra por sí mismo alguna actividad ilegal. –sn–

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Opinión – Jonathan Cordero | «La Captura», dos agentes y un dilema que marcaría el rumbo de todo un país

Más de 10 años han pasado desde la última captura de Joaquín Guzmán Loera, quien por décadas fue líder del Cártel de Sinaloa, hasta que el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa (…)

Por Jonathan Cordero

Más de 10 años han pasado desde la última captura de Joaquín Guzmán Loera, quien por décadas fue líder del Cártel de Sinaloa, hasta que el 8 de enero de 2016, en Los Mochis, Sinaloa, no pudo eludir más a la justicia, tras el operativo “Cisne Negro” ejecutado por la Marina y otros acontecimientos casi fortuitos. Hoy, “El Chapo” cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos.

Con esa premisa, el director Chava Cartas, originario de Guadalajara, Jalisco, decidió llevar a la pantalla “La Captura”, que se estrenó apenas este 21 de agosto a través de Netflix, y que en solo unas horas ya es el filme más visto de la plataforma en más de 90 países, lo que deja claro el alcance no solo del streaming, sino del personaje criminal que en algún momento ocupó el sitio 701 en la lista de las personas más ricas del mundo realizada por la revista Forbes.

Basado en una crónica del periodista Héctor de Mauleón, el thriller es protagonizado por Alfonso Herrera, y coprotagonizado por Noe Hernández, quienes dan vida a un par de agentes de la extinta Policía Federal, que prácticamente por lo que algunos llamamos destino, aprehenden al líder del cártel y a su jefe de seguridad “El Cholo Iván”, y a partir de ahí se desata una serie de hechos que mantienen el suspenso en todo momento.

En la trama hay sin duda un punto central, el dilema. Y es que, de acuerdo con la historia, Joaquín Guzmán en más de una vez ofreció millones de pesos a los agentes federales para que lo liberaran en algún lugar de Sinaloa, que en ese momento ya estaba sitiado por halcones y gatilleros del cártel, sin que ni ellos ni la autoridad tuvieran certeza de dónde estaba el capo más buscado del mundo.

Lo que eso demuestra es que Guzmán Loera estaba seguro de que los dos policías que lo capturaron luego de su fallida huida en un Ford Focus color rojo robado en calles de Los Mochis tenían un precio; sin embargo, ante el dilema, los agentes no ceden y continúan con su labor, quizá sin imaginar los alcances de lo que esa captura representaba.

Surgen preguntas elementales, ¿Y si hubieran aceptado el soborno? ¿Y si hubieran sido otros los agentes? Lo cierto es que con el paso de las horas la pareja de policías toma decisiones que los conducen hasta un motel en las afueras de la ciudad de Los Mochis, desde donde solicitan apoyo de su superior, quien a su vez da aviso a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reiniciar el operativo y llegar por “El Chapo” y “El Cholo Iván” antes de que lo hagan sus células criminales.

Por inverosímil que parezca, porque recordemos que no hablamos de una historia ficticia, en la habitación 51 de aquel motel aguardaba su destino Joaquín Guzmán Loera, pero su suerte estaba echada, porque aún con la presión, amenazas en contra de su familia y la desconfianza de lo que pudiera pasar, el agente se mantuvo firme en su decisión y esperó hasta que arribaron los elementos de la Marina que finalmente arrestaron al jefe del cártel.

Siempre quedará la duda sobre lo que hubiera pasado si alguna de las determinaciones de los agentes hubiera sido distinta, pero más allá de eso, la película destaca sobre todo el buen actuar de dos policías que antepusieron su vocación, lealtad y amor a México por encima de intereses personales, de su integridad y la de sus familias. A 10 años de aquel suceso la duda quizá radica en qué ha cambiado en Sinaloa.

https://www.youtube.com/watch?v=uIaPDKA0-Y4&t=3s

*Periodista

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Visas, Cerimedo y el silencio

En las últimas semanas, dos hechos han llamado la atención. Uno muy propagado. El segundo, prácticamente desaparecido en los medios de comunicación, escritos y electrónicos.

Por Mario A. Medina

El primero, tiene que ver con la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, asunto que él mismo dio a conocer. El segundo la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, personaje de la ultraderecha, detenido en Bolivia, acusado de haber mandado a asesinar a su expareja en ese país.

Me llama la atención el tratamiento que algunos medios y opinadores les han dado a los dos hechos. Veamos:

Efectivamente la cancelación de la visa de López Beltrán “ha generado una serie de especulaciones y controversias”, por decir lo menos. La cancelación ha sido objeto de versiones que es más que claro, se busca sembrar la narrativa que le fue cancelada por estar “involucrado” en el huachicol fiscal y una supuesta relación con grupos del narcotráfico. Hasta hoy sus acusadores no han mostrado una sola prueba fehaciente de sus aseveraciones. Sólo especulaciones. 

La embajada de EU publicó un comunicado destacando que se retirarán las visas cuando se considere que “existen razones para hacerlo”. Es claro que EU y cualquiera otro país tiene derecho a otorgarlas o cancelarlas.

Existe un listado de al menos diez causales de retiro, entre otras: “orden de deportación o salida voluntaria, cometer delitos dentro o fuera del territorio de EU, promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses, participar en esquemas de fraude, representar una amenaza directa para seguridad nacional”.

Varios opinadores en sus textos buscaron deslizar que la causa de la cancelación de la visa a López Betrán tiene que ver con un “asunto grave”. Joaquín López Dóriga escribió que la negación del permiso al hijo del expresidente, “no anuncia nada bueno”. “El mensaje es que, si México se sigue negando a siquiera detenerlos (a Rocha Moya), irán por más”, alertó Alejandro Domínguez, ambos en Milenio Diario.

En el mismo rotativo, Héctor Aguilar Camín ha señalado que mientras que México no investiga a los “narcopoliticos morenistas”, “el gobierno de EU sí investiga a los narcopolíticos”. Como estos, he podido leer y escuchar fraseos similares en varios medios escritos, electrónicos y redes sociales. Su propósito, hacer parecer que la cancelación tiene que ver con una supuesta relación del hijo del ex presidente Andrés Manuel con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU no ha documentado hasta hoy sus acusaciones contra varios gobernadores. No estoy diciendo que no o que sí son culpables; lo que digo es que el gobierno estadunidense no ha presentado prueba fehaciente alguna.        

El tema aquí es que estos opinadores pretenden esconder que el retiro de las visas a políticos mexicanos y a políticos de otros países cercanos a la izquierda o de izquierda, tiene que ver con presiones de EU y/o “castigos” contra funcionarios.

Por ejemplo, durante el gobierno chileno de Gabriel Boric, a varios funcionarios del país andino les retiraron sus visas por estar al frente de un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que uniera a China con Chile. Casos similares les ocurrió a burócratas de Argentina, Costa Rica y Panamá, como dio a conocer el diario estadunidense, The New York Times.

¿Por qué no tocan este tema en sus artículos donde tratan de sembrar la versión de que López Beltrán está metido en “algo sucio”? Utilizan la mentira para tratar de sembrar la narrativa de “narcogobierno”, “narcopresidenta”; una campaña que busca descalificar no tanto a López Beltrán, sino a su padre, al gobierno de la mandataria Sheinbaum y al proyecto de la 4t.

No estoy afirmando que los gobiernos morenistas son impolutos, el problema es que, como publicó The New York Times, Washington “utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión”.

Es conocido, principalmente por diarios del extranjero, que EU ha cancelado o revocado de visas como una “herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina con diversos argumentos”. Destacan el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, (septiembre de 2025) por participar en una manifestación propalestina en Nueva York.

Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (en 1987), Óscar Arias, “por mantener una postura crítica hacia Trump”; lo mismo les sucedió a figuras políticas de oposición de este país, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente, Cynthia Córdoba.

La misma suerte corrieron varios integrantes de la junta directiva del diario costarricense, La Nación. El medio ha señalado que, en alianza con el actual gobierno tico, Washington les retiró sus visas para castigarlos por sus criticas y ser adversarios políticos.

En Brasil el Departamento de Estado le retiró su visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente de derecha y amigo de Trump, Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X. La medida alcanzó también a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, simplemente por no ser del agrado de la Casa Blanca en medio de los intentos de Donald Trump para descalificar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué muchos opinadores callan estos datos importantes en sus “análisis” del retiro de visas a López Beltrán y de otros funcionarios morenistas?  La respuesta es simple, porque les permite especular y estar en tono con Washington que busca descalificar a funcionarios cuatroteístas para tratar de tirar a la 4t y ensanchar en América Latina la mancha de la derecha y su influencia continental.

Que no le cuenten…

Abro las páginas de los llamados diarios nacionales, sus secciones de opinión, e internacionales nadie -salvo La Jornada-, da cuenta de la detención del argentino Fernando Cerimedo, el mismo que en 2021 fundó La Derecha Diario en su país, propiedad del español Javier Negre, quien abrió también La Derecha Diario en México para golpear a la 4t. Amigo del presidente Argentino Javier Milei y asesor del Boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de “tentativa de homicidio” contra su pareja. Creador de las llamadas granjas de bots pagados para simular opinión pública en redes sociales. Ha sido señalado de trabajar para la CIA y es conocido por ser amigo y asesor de Ricardo Salinas Pliego.  

¡Ah! Ya entendí por qué aquí los medios y opinadores, guardan silencio sobre quién es y quién lo apadrina en México.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | Visas, Cerimedo y el silencio

En las últimas semanas, dos hechos han llamado la atención. Uno muy propagado. El segundo, prácticamente desaparecido en los medios de comunicación, escritos y electrónicos.

Por Mario A. Medina

El primero, tiene que ver con la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, asunto que él mismo dio a conocer. El segundo la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, personaje de la ultraderecha, detenido en Bolivia, acusado de haber mandado a asesinar a su expareja en ese país.

Me llama la atención el tratamiento que algunos medios y opinadores les han dado a los dos hechos. Veamos:

Efectivamente la cancelación de la visa de López Beltrán “ha generado una serie de especulaciones y controversias”, por decir lo menos. La cancelación ha sido objeto de versiones que es más que claro, se busca sembrar la narrativa que le fue cancelada por estar “involucrado” en el huachicol fiscal y una supuesta relación con grupos del narcotráfico. Hasta hoy sus acusadores no han mostrado una sola prueba fehaciente de sus aseveraciones. Sólo especulaciones. 

La embajada de EU publicó un comunicado destacando que se retirarán las visas cuando se considere que “existen razones para hacerlo”. Es claro que EU y cualquiera otro país tiene derecho a otorgarlas o cancelarlas.

Existe un listado de al menos diez causales de retiro, entre otras: “orden de deportación o salida voluntaria, cometer delitos dentro o fuera del territorio de EU, promover violencia en contra de ciudadanos estadounidenses, participar en esquemas de fraude, representar una amenaza directa para seguridad nacional”.

Varios opinadores en sus textos buscaron deslizar que la causa de la cancelación de la visa a López Betrán tiene que ver con un “asunto grave”. Joaquín López Dóriga escribió que la negación del permiso al hijo del expresidente, “no anuncia nada bueno”. “El mensaje es que, si México se sigue negando a siquiera detenerlos (a Rocha Moya), irán por más”, alertó Alejandro Domínguez, ambos en Milenio Diario.

En el mismo rotativo, Héctor Aguilar Camín ha señalado que mientras que México no investiga a los “narcopoliticos morenistas”, “el gobierno de EU sí investiga a los narcopolíticos”. Como estos, he podido leer y escuchar fraseos similares en varios medios escritos, electrónicos y redes sociales. Su propósito, hacer parecer que la cancelación tiene que ver con una supuesta relación del hijo del ex presidente Andrés Manuel con el crimen organizado.

El Departamento de Estado de EU no ha documentado hasta hoy sus acusaciones contra varios gobernadores. No estoy diciendo que no o que sí son culpables; lo que digo es que el gobierno estadunidense no ha presentado prueba fehaciente alguna.        

El tema aquí es que estos opinadores pretenden esconder que el retiro de las visas a políticos mexicanos y a políticos de otros países cercanos a la izquierda o de izquierda, tiene que ver con presiones de EU y/o “castigos” contra funcionarios.

Por ejemplo, durante el gobierno chileno de Gabriel Boric, a varios funcionarios del país andino les retiraron sus visas por estar al frente de un proyecto en evaluación para construir un cable submarino de fibra óptica que uniera a China con Chile. Casos similares les ocurrió a burócratas de Argentina, Costa Rica y Panamá, como dio a conocer el diario estadunidense, The New York Times.

¿Por qué no tocan este tema en sus artículos donde tratan de sembrar la versión de que López Beltrán está metido en “algo sucio”? Utilizan la mentira para tratar de sembrar la narrativa de “narcogobierno”, “narcopresidenta”; una campaña que busca descalificar no tanto a López Beltrán, sino a su padre, al gobierno de la mandataria Sheinbaum y al proyecto de la 4t.

No estoy afirmando que los gobiernos morenistas son impolutos, el problema es que, como publicó The New York Times, Washington “utiliza la cancelación de visas para enviar mensajes contundentes a funcionarios mexicanos sin revelar las pruebas o información de inteligencia detrás de cada decisión”.

Es conocido, principalmente por diarios del extranjero, que EU ha cancelado o revocado de visas como una “herramienta de presión frente a funcionarios y figuras políticas de América Latina con diversos argumentos”. Destacan el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, (septiembre de 2025) por participar en una manifestación propalestina en Nueva York.

Al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz (en 1987), Óscar Arias, “por mantener una postura crítica hacia Trump”; lo mismo les sucedió a figuras políticas de oposición de este país, como el legislador Francisco Nicolás y la diputada independiente, Cynthia Córdoba.

La misma suerte corrieron varios integrantes de la junta directiva del diario costarricense, La Nación. El medio ha señalado que, en alianza con el actual gobierno tico, Washington les retiró sus visas para castigarlos por sus criticas y ser adversarios políticos.

En Brasil el Departamento de Estado le retiró su visa al magistrado del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes. La decisión estuvo relacionada con las actuaciones judiciales de Moraes contra el expresidente de derecha y amigo de Trump, Jair Bolsonaro y con sus decisiones respecto a plataformas digitales como X. La medida alcanzó también a la embajadora de Brasil en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, simplemente por no ser del agrado de la Casa Blanca en medio de los intentos de Donald Trump para descalificar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

¿Por qué muchos opinadores callan estos datos importantes en sus “análisis” del retiro de visas a López Beltrán y de otros funcionarios morenistas?  La respuesta es simple, porque les permite especular y estar en tono con Washington que busca descalificar a funcionarios cuatroteístas para tratar de tirar a la 4t y ensanchar en América Latina la mancha de la derecha y su influencia continental.

Que no le cuenten…

Abro las páginas de los llamados diarios nacionales, sus secciones de opinión, e internacionales nadie -salvo La Jornada-, da cuenta de la detención del argentino Fernando Cerimedo, el mismo que en 2021 fundó La Derecha Diario en su país, propiedad del español Javier Negre, quien abrió también La Derecha Diario en México para golpear a la 4t. Amigo del presidente Argentino Javier Milei y asesor del Boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo fue detenido en Bolivia acusado de “tentativa de homicidio” contra su pareja. Creador de las llamadas granjas de bots pagados para simular opinión pública en redes sociales. Ha sido señalado de trabajar para la CIA y es conocido por ser amigo y asesor de Ricardo Salinas Pliego.  

¡Ah! Ya entendí por qué aquí los medios y opinadores, guardan silencio sobre quién es y quién lo apadrina en México.

*Periodista: @MarioA_Medina

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

En días pasados viajaba en el Metro. En la línea B llegan muchas personas del rumbo de Ecatepec, de Villa de las flores, de “La Bola”; de colonias de la Gustavo A. Madero. Dos mujeres platicaban:

Por Mario A. Medina

-¡Nooo! Sería una desgracia para el país. No sólo no pagaría impuestos, además preferiría a su televisora, a la Chapoy, al pinche pedrito mayonesa; jajajaja.

– Sí, sería una desgracia. Ese güey es un transa, no respeta a las mujeres; un corrupto de primera.

-Un corrupto de herencia – acotó la otra-.

Supongo que el tema ya lo venían platicando antes de que yo subiera. No escuché el porqué de la trama, pero esas dos mujeres -me imagino de una tienda departamental por su vestimenta- me provocaron el convencimiento de que estaban bastante bien informadas y que sus fuentes, desde luego, no era “Hechos” ni el noticiero estelar de Televisa, ni los radiofónicos. Supongo lo hacen a través de portales de periodistas y/o youtuberos.  Quién sabe.

Aunque no escuché de ellas el nombre de Ricardo Salinas Pliego, ni de TV Azteca, era claro que se referían al magnate, propietario de Grupo Salinas. Al bajar del vagón empecé a imaginar qué le podría pasar al país si el ahora apodado: “la perrita de Trump” fuera presidente de México.

Me distraje al cruzar la avenida Mosqueta rumbo a Paseo de la Reforma. Seguí caminado recordando qué otras actividades de mi agenda del día tenía que atender.

De repente me interrumpió un nombre: Silvio Berlusconi. El empresario italiano, magnate de la televisión de aquel país. Tres veces fue primer ministro; un populista de la derecha; digamos una especie anterior a Donald Trump.

Y es que cómo se parece Salinas Pliego a Berlusconi. Y aunque no empezó con una cadena de tiendas de venta de línea blanca y televisores, el empresario del país de la bota fue adueñándose de cadenas regionales por cable, trasformando esas televisoras en una televisión nacional, una acción que algunos la llegaron a calificar de “ilegal”, otros no, pero aceptaban que se había hecho de las emisoras gracias a una “chicana”, a una trampa y a la corrupción gubernamental.

Al final de su tercer y último periodo de gobierno en 2011, Berlusconi fue inhabilitado debido a su condena por fraude al fisco -sí como Salinas Pliego-. Fue senador y se asoció al gobierno de coalición de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Propietario del equipo de futbol Milán y de muchas empresas, en 2009 Forbes lo ubicó entre los hombres más ricos del planeta; fue condenado a siete años de cárcel por prostitución de menores. Quienes lo estudiaron han destacado su falta de ética en sus prácticas políticas y empresariales. En 2013 la Corte Suprema de Casación lo condenó en forma definitiva a cuatro años de prisión por su fraudar al fisco.

Berlusconi tejió una red de complicidades para fortalecer su personalidad que lo llevó al gobierno durante tres periodos convenciendo a la población; una población poco informada, más bien desinformada, alejada de la política.

Salinas Pliego ha seguido de alguna manera el mismo esquema. Financia a un nutrido grupo de comunicadores que se dedican a enaltecerlo y proyectarlo como “el presidente que México necesita”.  En sus redes sociales y en los noticieros de la televisora que tiene concesionada, miente, difama, ofende a la presidentA Claudia Sheinbaum, a Citlalli Hernández o a la periodista Sabina Berman y a todo aquel o aquella que se atreve a criticarlo, amén de generar horas y horas de telebasura.

Aunque el gran poder que tuvo Berlusconi se dio en el contexto del siglo pasado, pareciera que Ricardo Salinas tiene en el italiano su ídolo, la figura a seguir. Como aquel, está “ensayando la misma ruta” para ser candidato presidencial de la ultraderecha.

Si viviera Berlusconi, Ricardo Salinas le podría cantar: “me parezco tanto a tiiii”. Los biógrafos de Berlusconi destacan “su amor propio y autoestima”; hablan de “un polémico sentido del humor” que le gustaba presumir en actos públicos, además de “carismático, deslenguado, insolente, indomable, machista, gamberro” (grosero), tramposo.

Sin embargo, hay al menos una diferencia. De Berlusconi se dice, “innovó” la televisión italiana. De Salinas se ha documentado que asaltó, se robó el canal 40 y lo acusan -no me costa- de no haberle pagado a otro Salinas, a Raúl Salinas, lo que le prestó para hacerse de la estatal Imevisión. Enfrenta juicios en EU por deudas con sus socios.

Lástima que nunca me enteré por qué y cómo empezó aquella charla entre esas dos señoras, pero sí me quiero imaginar que todo comenzó con una pregunta de una de ellas: “¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?”, y la otra le contestó: “¡Ay nanita, nooo!”

Que no le cuenten…

El enojo de un grupo de periodistas por el listado que presentó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde que, a decir de éstos, “remite a prácticas de regímenes totalitarios”, es entendible, pues son exhibidos, efectivamente, como un grupo que recurren constantemente a la mentira, y así lo es.

Lo que hizo María Luisa es exactamente lo que hace la revista del Consumidor. Alcalde presentó una lista de opinadores, sus características, cómo funcionan en redes y lo que provocan en el “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. La revista analiza diferentes productos; pueden ser electrónicos, muebles, alimentos. Los somete a exámenes de laboratorio y luego publica lo que encontró: sus características buenas o malas para la salud del consumidor, compara precios, pero también, exhibe si la marca miente sobre las “bondes” de su producto. El propósito de la revista es beneficiar al consumidor, que no le vayan a dar gato por liebre. Creo que el de la Consejera Jurídica es parecido, que, a las audiencias, a los lectores de medios no nos quieran contar un cuento.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: El secuestro de El Ché y Fidel

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | ¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?   

En días pasados viajaba en el Metro. En la línea B llegan muchas personas del rumbo de Ecatepec, de Villa de las flores, de “La Bola”; de colonias de la Gustavo A. Madero. Dos mujeres platicaban:

Por Mario A. Medina

-¡Nooo! Sería una desgracia para el país. No sólo no pagaría impuestos, además preferiría a su televisora, a la Chapoy, al pinche pedrito mayonesa; jajajaja.

– Sí, sería una desgracia. Ese güey es un transa, no respeta a las mujeres; un corrupto de primera.

-Un corrupto de herencia – acotó la otra-.

Supongo que el tema ya lo venían platicando antes de que yo subiera. No escuché el porqué de la trama, pero esas dos mujeres -me imagino de una tienda departamental por su vestimenta- me provocaron el convencimiento de que estaban bastante bien informadas y que sus fuentes, desde luego, no era “Hechos” ni el noticiario estelar de Televisa, ni los radiofónicos. Supongo lo hacen a través de portales de periodistas y/o youtuberos.  Quién sabe.

Aunque no escuché de ellas el nombre de Ricardo Salinas Pliego, ni de TV Azteca, era claro que se referían al magnate, propietario de Grupo Salinas. Al bajar del vagón empecé a imaginar qué le podría pasar al país si el ahora apodado: “la perrita de Trump” fuera presidente de México.

Me distraje al cruzar la avenida Mosqueta rumbo a Paseo de la Reforma. Seguí caminado recordando qué otras actividades de mi agenda del día tenía que atender.

De repente me interrumpió un nombre: Silvio Berlusconi. El empresario italiano, magnate de la televisión de aquel país. Tres veces fue primer ministro; un populista de la derecha; digamos una especie anterior a Donald Trump.

Y es que cómo se parece Salinas Pliego a Berlusconi. Y aunque no empezó con una cadena de tiendas de venta de línea blanca y televisores, el empresario del país de la bota fue adueñándose de cadenas regionales por cable, trasformando esas televisoras en una televisión nacional, una acción que algunos la llegaron a calificar de “ilegal”, otros no, pero aceptaban que se había hecho de las emisoras gracias a una “chicana”, a una trampa y a la corrupción gubernamental.

Al final de su tercer y último periodo de gobierno en 2011, Berlusconi fue inhabilitado debido a su condena por fraude al fisco -sí como Salinas Pliego-. Fue senador y se asoció al gobierno de coalición de la ultraderechista Giorgia Meloni.

Propietario del equipo de futbol Milán y de muchas empresas, en 2009 Forbes lo ubicó entre los hombres más ricos del planeta; fue condenado a siete años de cárcel por prostitución de menores. Quienes lo estudiaron han destacado su falta de ética en sus prácticas políticas y empresariales. En 2013 la Corte Suprema de Casación lo condenó en forma definitiva a cuatro años de prisión por su fraudar al fisco.

Berlusconi tejió una red de complicidades para fortalecer su personalidad que lo llevó al gobierno durante tres periodos convenciendo a la población; una población poco informada, más bien desinformada, alejada de la política.

Salinas Pliego ha seguido de alguna manera el mismo esquema. Financia a un nutrido grupo de comunicadores que se dedican a enaltecerlo y proyectarlo como “el presidente que México necesita”.  En sus redes sociales y en los noticiarios de la televisora que tiene concesionada, miente, difama, ofende a la mandataria Claudia Sheinbaum, a Citlalli Hernández o a la periodista Sabina Berman y a todo aquel o aquella que se atreve a criticarlo, amén de generar horas y horas de telebasura.

Aunque el gran poder que tuvo Berlusconi se dio en el contexto del siglo pasado, pareciera que Ricardo Salinas tiene en el italiano su ídolo, la figura a seguir. Como aquel, está “ensayando la misma ruta” para ser candidato presidencial de la ultraderecha.

Si viviera Berlusconi, Ricardo Salinas le podría cantar: “me parezco tanto a tiiii”. Los biógrafos de Berlusconi destacan “su amor propio y autoestima”; hablan de “un polémico sentido del humor” que le gustaba presumir en actos públicos, además de “carismático, deslenguado, insolente, indomable, machista, gamberro” (grosero), tramposo.

Sin embargo, hay al menos una diferencia. De Berlusconi se dice, “innovó” la televisión italiana. De Salinas se ha documentado que asaltó, se robó el canal 40 y lo acusan -no me costa- de no haberle pagado a otro Salinas, a Raúl Salinas, lo que le prestó para hacerse de la estatal Imevisión. Enfrenta juicios en EU por deudas con sus socios.

Lástima que nunca me enteré por qué y cómo empezó aquella charla entre esas dos señoras, pero sí me quiero imaginar que todo comenzó con una pregunta de una de ellas: “¿Y si Ricardo Salinas fuera presidente?”, y la otra le contestó: “¡Ay nanita, nooo!”

Que no le cuenten…

El enojo de un grupo de periodistas por el listado que presentó la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde que, a decir de éstos, “remite a prácticas de regímenes totalitarios”, es entendible, pues son exhibidos, efectivamente, como un grupo que recurren constantemente a la mentira, y así lo es.

Lo que hizo María Luisa es exactamente lo que hace la revista del Consumidor. Alcalde presentó una lista de opinadores, sus características, cómo funcionan en redes y lo que provocan en el “ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias”. La revista analiza diferentes productos; pueden ser electrónicos, muebles, alimentos. Los somete a exámenes de laboratorio y luego publica lo que encontró: sus características buenas o malas para la salud del consumidor, compara precios, pero también, exhibe si la marca miente sobre las “bondes” de su producto. El propósito de la revista es beneficiar al consumidor, que no le vayan a dar gato por liebre. Creo que el de la Consejera Jurídica es parecido, que, a las audiencias, a los lectores de medios no nos quieran contar un cuento.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: El secuestro de El Ché y Fidel

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | El secuestro de El Ché y Fidel

Apenas la consejera Jurídica del gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján, había anunciado una consulta pública .

Por Mario A. Medina

Hizo ya un año que las estatuas de El Ché Guevara y de Fidel Castro, fueron “removidas” de su ubicación en la Plaza San Carlos en colonia Tabacalera por órdenes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Argumentó su “retiro”, por “no representar los valores de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos”.

Las figuras, obra del escultor Óscar Ponzanelli, recuerdan “el histórico encuentro entre ambos líderes en México en 1955”. Fueron sentadas en el jardín en diciembre de 2017.

En un comunicado y video difundido en redes, en su momento, Rojo de la Vega explicó que su decisión estaba fundaba por motivos legales: “Falta de aval legal: no contaban con la cédula del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP); ausencia de documentación oficial: no existía respaldo en los archivos de la alcaldía; resguardo informal: las piezas estaban bajo custodia irregular por parte de un trabajador sin base legal”.

El retiro, según el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (COMAEP), fue sin su autorización, y debió provocar una investigación formal por parte de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México.

En septiembre pasado, el Comité solicitó a la Contraloría General se investigara el retiro “irregular” del conjunto escultórico, el cual, según el COMAEP, “se colocó en cumplimiento estricto de la normatividad vigente desde 2017”.

Según un trabajo periodístico de Infobae, destacaba que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (MetrópolisCDMX), reiteraba que “toda instalación, reubicación o retiro de monumentos en espacios públicos debe apegarse estrictamente a la normatividad vigente y contar con la autorización expresa del COMAEP”.

A decir de la dependencia, “el retiro de la obra escultórica se llevó a cabo sin la autorización del COMAEP”, “en contravención de lo dispuesto en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de marzo de 2013, que establece que este comité es la única instancia facultada para decidir sobre la permanencia, reubicación o retiro de monumentos en espacios públicos”.

Sin embargo, la Alcaldía contraargumentó y en un comunicado oficial, dijo que removieron la escultura porque la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) determinó que la escultura fue colocada “sin contar con la autorización correspondiente por parte del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México”, esto, “tras una revisión administrativa”.

El retiro de los bronces generó molestia de diferentes grupos sociales particularmente de izquierda en la ciudad de México, quienes argumentaron que El Ché y Fidel“son símbolos de la lucha antiimperialista, la autodeterminación de los pueblos y la resistencia contra el capitalismo” y que, “más allá de la simpatía o antipatía por estos personajes, su presencia en el espacio público forma parte de la historia política y social de México y Latinoamérica”.

El “retiro” de la obra de Ponzanelli es claro que va más allá de lo “legal” o “ilegal”; si se tenían el permiso o no de colocar la “banca” en la Plaza San Carlos. La decisión de Rojo de la Vega tiene que ver con su posición política, y para justificarse llegó a difundir en redes sociales un video donde aseguró que “muchas veces” los vecinos le solicitaron quitar las esculturas.  

“Nos pidieron muchas veces recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera. Nos decían: ‘quiero volver a caminar libremente por la banqueta, descansar, disfrutar del parque’”. Una “argumentación” tan falsa como endeble. Nunca mostró cartas, ni dejó ver videos de los supuestos inconformes.

Un año después Alessandra Rojo de la Vega ha propuesto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, “realizar un intercambio de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara por recursos destinados a obras y servicios públicos”. Si decía que la razón legal le asistía, entonces ¿qué pasó con sus argumentos “legales” que, según ella, la llevaron a tomar tal decisión?

A cambio de los bronces del El Ché y Fidel, la alcaldesa pide rescate, recursos económicos, según ella, para obras y servicios públicos, es decir, para rehabilitar calles, cubrir baches, fortalecer el sistema de drenaje y la adquisición de nuevos camiones recolectores de basura. Cabe recordar que al menos el presupuesto participativo 2026 de la alcaldía para estas obras asciende a poco más de 178 millones de pesos, un rubro en el que Rojo de la Vega está muy mal calificada. En contraste, la obra artística se hizo a instancias de Ricardo Monreal cuando fue alcalde de Cuauhtémoc, y se afirma que se pagó 600 mil pesos al escultor.  

Una cosa es cierta, si el “retiro”, como ella le llama, de las estatuas de Ernesto, El Ché, Guevara y de Fidel Castro se hizo conforme a la ley, entonces ¿por qué le propuso una “negociación”, “cambalache” o “trueque” a la jefa de gobierno? Su propuesta no fue para hacerse de más presupuesto en favor de los vecinos de la Cuauhtémoc. De la Vega pretendió extorsionar, chantajear a Brugada. Por el contrario, es violatoria de la ley.

Como explicó la jefa de gobierno, el artículo 20 de la Ley de Alcaldías, en su fracción XVIII señala: “una de las finalidades de las demarcaciones es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna”. Lo que ella pidió a cambio de los bronces fue dinero.

En fin, Alessandra Rojo de la Vega se ha mostrado como una demagoga, ignorante, de impericia política y como una vulgar secuestradora de estatuas, de una obra artística que es patrimonio de la ciudad de México.

Que no le cuenten…

¿Ah, que don Ciro! Los contrastes.

En aquel julio de 2025, Ciro Gómez Leyva aplaudió la decisión de Rojo de la Vega de retirar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto El Ché Guevara. Fue un acto un acto “valiente” y “estratégico”. “Alessandra parece saber lo que está haciendo”, escribió el columnista de Excélsior. Lleva tres semanas reclamando al gobierno federal el por qué no levanta la estatua de Felipe Calderón que está tirada, por la caída de un árbol, en el Complejo Cultural “Los Pinos”. Se enoja, y dice: “¡ahora sí, se montaron en su macho!, como si fuera de ellos. Como si no fuera patrimonio público que tienen que resguardar”.

Y qué, ¿las estatuas de El Ché y Fidel, no es patrimonio de la Ciudad de México? ¿Alessandra puede hacer lo que ella quiera con los bronces, embodegarlos, pedir rescate, sin importar la ley don Ciro?   

Un amigo me dijo: “lo que no entiende Ciro es que hasta la estatua de Felipe tiene derecho a echarse sus bacardis”.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Si usted es fabricante de mentiras, ¡preocúpese!

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Opinión | Mario A Medina – Que no le digan… | El secuestro de El Ché y Fidel

Hizo ya un año que las estatuas de El Ché Guevara y de Fidel Castro, fueron “removidas” de su ubicación en la Plaza San Carlos en colonia Tabacalera (….)

Por Mario A. Medina

(…) por órdenes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Argumentó su “retiro”, por “no representar los valores de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos”.

Las figuras, obra del escultor Óscar Ponzanelli, recuerdan “el histórico encuentro entre ambos líderes en México en 1955”. Fueron sentadas en el jardín en diciembre de 2017.

En un comunicado y video difundido en redes, en su momento, Rojo de la Vega explicó que su decisión estaba fundaba por motivos legales: “Falta de aval legal: no contaban con la cédula del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (Comaep); ausencia de documentación oficial: no existía respaldo en los archivos de la alcaldía; resguardo informal: las piezas estaban bajo custodia irregular por parte de un trabajador sin base legal”.

El retiro, según el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep), fue sin su autorización, y debió provocar una investigación formal por parte de la Contraloría general del gobierno de la ciudad de México.

En septiembre pasado, el Comité solicitó a la Contraloría General se investigara el retiro “irregular” del conjunto escultórico, el cual, según el Comaep, “se colocó en cumplimiento estricto de la normatividad vigente desde 2017”.

Según un trabajo periodístico de Infobae, destacaba que la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), reiteraba que “toda instalación, reubicación o retiro de monumentos en espacios públicos debe apegarse estrictamente a la normatividad vigente y contar con la autorización expresa del Comaep”.

A decir de la dependencia, “el retiro de la obra escultórica se llevó a cabo sin la autorización del Comaep”, “en contravención de lo dispuesto en el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la ciudad de México el 14 de marzo de 2013, que establece que este comité es la única instancia facultada para decidir sobre la permanencia, reubicación o retiro de monumentos en espacios públicos”.

Sin embargo, la alcaldía contraargumentó y en un comunicado oficial, dijo que removieron la escultura porque la dirección general de Cultura y Educación (CE) determinó que la escultura fue colocada “sin contar con la autorización correspondiente por parte del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México”, esto, “tras una revisión administrativa”.

El retiro de los bronces generó molestia de diferentes grupos sociales particularmente de izquierda en la ciudad de México, quienes argumentaron que El Ché y Fidel“son símbolos de la lucha antiimperialista, la autodeterminación de los pueblos y la resistencia contra el capitalismo” y que, “más allá de la simpatía o antipatía por estos personajes, su presencia en el espacio público forma parte de la historia política y social de México y Latinoamérica”.

El “retiro” de la obra de Ponzanelli es claro que va más allá de lo “legal” o “ilegal”; si se tenían el permiso o no de colocar la “banca” en la Plaza San Carlos. La decisión de Rojo de la Vega tiene que ver con su posición política, y para justificarse llegó a difundir en redes sociales un video donde aseguró que “muchas veces” los vecinos le solicitaron quitar las esculturas.  

“Nos pidieron muchas veces recuperar las banquetas del Jardín Tabacalera. Nos decían: ‘quiero volver a caminar libremente por la banqueta, descansar, disfrutar del parque’”. Una “argumentación” tan falsa como endeble. Nunca mostró cartas, ni dejó ver videos de los supuestos inconformes.

Un año después Alessandra Rojo de la Vega ha propuesto a la jefe de gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada, “realizar un intercambio de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto «Che» Guevara por recursos destinados a obras y servicios públicos”. Si decía que la razón legal le asistía, entonces ¿qué pasó con sus argumentos “legales” que, según ella, la llevaron a tomar tal decisión?

A cambio de los bronces del El Ché y Fidel, la alcaldesa pide rescate, recursos económicos, según ella, para obras y servicios públicos, es decir, para rehabilitar calles, cubrir baches, fortalecer el sistema de drenaje y la adquisición de nuevos camiones recolectores de basura. Cabe recordar que al menos el presupuesto participativo 2026 de la alcaldía para estas obras asciende a poco más de 178 millones de pesos, un rubro en el que Rojo de la Vega está muy mal calificada. En contraste, la obra artística se hizo a instancias de Ricardo Monreal cuando fue alcalde de Cuauhtémoc, y se afirma que se pagó 600 mil pesos al escultor.  

Una cosa es cierta, si el “retiro”, como ella le llama, de las estatuas de Ernesto, El Ché, Guevara y de Fidel Castro se hizo conforme a la ley, entonces ¿por qué le propuso una “negociación”, “cambalache” o “trueque” a la jefa de gobierno? Su propuesta no fue para hacerse de más presupuesto en favor de los vecinos de la Cuauhtémoc. De la Vega pretendió extorsionar, chantajear a Brugada. Por el contrario, es violatoria de la ley.

Como explicó la jefe de gobierno, el artículo 20 de la Ley de Alcaldías, en su fracción XVIII señala: “una de las finalidades de las demarcaciones es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna”. Lo que ella pidió a cambio de los bronces fue dinero.

En fin, Alessandra Rojo de la Vega se ha mostrado como una demagoga, ignorante, de impericia política y como una vulgar secuestradora de estatuas, de una obra artística que es patrimonio de la ciudad de México.

Que no le cuenten…

¿Ah, que don Ciro! Los contrastes.

En aquel julio de 2025, Ciro Gómez Leyva aplaudió la decisión de Rojo de la Vega de retirar las estatuas de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Fue un acto un acto “valiente” y “estratégico”. “Alessandra parece saber lo que está haciendo”, escribió el columnista de Excélsior. Lleva tres semanas reclamando al gobierno federal el por qué no levanta la estatua de Felipe Calderón que está tirada, por la caída de un árbol, en el Complejo Cultural “Los Pinos”. Se enoja, y dice: “¡ahora sí, se montaron en su macho!, como si fuera de ellos. Como si no fuera patrimonio público que tienen que resguardar”.

Y qué, ¿las estatuas de El Ché y Fidel, no es patrimonio de la ciudad de México? ¿Alessandra puede hacer lo que ella quiera con los bronces, embodegarlos, pedir rescate, sin importar la ley don Ciro?   

Un amigo me dijo: “lo que no entiende Ciro es que hasta la estatua de Felipe tiene derecho a echarse sus bacardis”.

*Periodista: @MarioA_Medina

Columna anterior: Si usted es fabricante de mentiras, ¡preocúpese!

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Sedena aclara que no supervisa escuelas militarizadas; atribuciones fueron eliminadas desde 2008

El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, afirmó que la dependencia no tiene facultades para supervisar escuelas militarizadas desde 2008. La declaración ocurre tras el caso de Dafne, ocurrido en Tamaulipas.

Por Martín García | Reportero                                      

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tiene facultades legales para supervisar el funcionamiento de las escuelas militarizadas que operan en México, informó el titular de la dependencia, Ricardo Trevilla Trejo, quien explicó que esas atribuciones fueron eliminadas mediante un decreto publicado en 2008.

La aclaración se produjo en el contexto de las investigaciones por el caso de Dafne, la adolescente que perdió la vida en una institución educativa militarizada en Tamaulipas, hecho que generó cuestionamientos sobre la supervisión de este tipo de planteles.

De acuerdo con el secretario, desde ese cambio normativo las escuelas militarizadas funcionan de manera independiente, por lo que la Sedena no interviene en sus planes de estudio, organización o actividades académicas.

Sedena perdió facultades de supervisión en 2008

Ricardo Trevilla Trejo explicó que desde 1943 la Sedena contaba con atribuciones para supervisar los planes de estudio de escuelas militarizadas y autorizar su funcionamiento. Sin embargo, señaló que durante el sexenio del entonces presidente Felipe Calderón se emitió un decreto que derogó esas disposiciones.

«En aquel entonces se instruyó a la Sedena para supervisar planes de estudio y se crearon escuelas militarizadas. Pero en 2008 se emitió un decreto en el que se derogaban todas esas disposiciones, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional ya no tiene ninguna relación respecto al funcionamiento de los planteles militarizados», indicó el titular de la dependencia.

Con ello, precisó, la institución dejó de tener cualquier responsabilidad sobre la operación de estos centros educativos.

Mantiene vigilancia sobre insignias y uniformes militares

Aunque la Sedena ya no supervisa las escuelas militarizadas, Ricardo Trevilla Trejo explicó que la dependencia sí mantiene vigilancia respecto al uso indebido de insignias, logotipos, uniformes y otros distintivos oficiales de las Fuerzas Armadas.

https://sociedad-noticias.com/2026/07/28/columna-sociedad-educacion-militarizada/

El secretario indicó que el uso no autorizado de estos elementos puede constituir un delito, por lo que la institución interviene únicamente cuando existen posibles violaciones a la legislación en esa materia.

Caso Dafne reabre el debate

Las declaraciones del titular de la Sedena ocurren mientras continúan las investigaciones por la muerte de Dafne en una escuela militarizada de Tamaulipas, caso que ha colocado bajo escrutinio público las condiciones de operación y los mecanismos de supervisión de este tipo de instituciones educativas.

La aclaración de la dependencia delimita el ámbito de sus responsabilidades y establece que la supervisión administrativa y académica de esos planteles no corresponde actualmente a la autoridad militar. –sn–

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

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El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

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Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

Punto cero

El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: El zumbido al moscardón

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).

La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.

Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.

Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.

Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.

Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.

México forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.

Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.

La desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.

El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Detienen a excolaborador de García Luna por desvío millonario

FGR captura a exfuncionario ligado a contratos de penales.

Por Martín García | Reportero                                      

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Antonio Molina Díaz y lo señaló por presuntos delitos de peculado y delincuencia organizada.

La FGR informó que elementos federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Antonio Molina Díaz, quien se desempeñó como coordinador general de Centros Federales entre 2006 y 2012. La institución sostuvo que el exfuncionario presuntamente participó en una red de operaciones vinculadas al desvío de recursos públicos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con las investigaciones federales, Molina Díaz habría actuado en coordinación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente procesado en Estados Unidos por diversos delitos. La carpeta de investigación señaló posibles irregularidades relacionadas con contratos para infraestructura penitenciaria federal.

La captura se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Durante el operativo, agentes federales aseguraron diversas identificaciones con nombres distintos, equipos de telefonía móvil y cantidades de dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera.

Investigación por contratos

La Fiscalía General de la República (FGR) precisó que la orden judicial se relacionó con los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia indicó que las acusaciones derivaron de una investigación sobre el manejo de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

Según la información oficial, el exfuncionario habría firmado contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Las autoridades sostuvieron que dichos convenios habrían permitido el desvío de más de cinco mil millones de pesos.

Las indagatorias apuntaron a que los contratos habrían sido simulados y suscritos con empresas consideradas fachada. La autoridad ministerial señaló que esos mecanismos presuntamente facilitaron operaciones financieras irregulares vinculadas al uso de recursos públicos. –sn–

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PAN arropa a Maru Campos ante posible juicio político

Calderón y Fox respaldan a Maru Campos en Chihuahua.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                    

La gobernadora Maru Campos recibió el respaldo público de dirigentes y figuras históricas del Partido Acción Nacional (PAN) durante un acto celebrado en la ciudad de Chihuahua, donde militantes y simpatizantes cerraron filas ante la posibilidad de un juicio político impulsado por legisladores de Morena. El encuentro reunió a exmandatarios, legisladores y dirigentes nacionales. La movilización se desarrolló en medio de la controversia por la participación de agentes estadounidenses en operativos contra laboratorios clandestinos en la Sierra Tarahumara.

Desde semanas anteriores, la administración de Maru Campos mantuvo diferencias con el gobierno federal a raíz de un operativo en el que participaron cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. La polémica derivó en cuestionamientos políticos y legislativos. Integrantes de Morena promovieron acciones para analizar la permanencia de la mandataria estatal en el cargo.

El evento principal se realizó en el Centro de Convenciones de Chihuahua, recinto que congregó a cientos de asistentes identificados con el panismo. La consigna #YoConMaru dominó la jornada política. La propia gobernadora participó en el acto y agradeció las muestras de respaldo recibidas por parte de dirigentes y militantes.

Respaldo panista

Horas antes del encuentro, simpatizantes encabezados por el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Robles, realizaron una movilización pública en apoyo a la mandataria estatal. La marcha partió desde las inmediaciones de la Ciudad Deportiva y concluyó en el recinto donde se efectuó el evento político. Los participantes expresaron su rechazo a las investigaciones relacionadas con el caso.

Durante el acto, diversas figuras del panismo cuestionaron la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía General de la República (FGR). Los oradores coincidieron en manifestar respaldo a la gobernadora de Chihuahua. También señalaron que las indagatorias debían conducirse conforme a derecho.

Uno de los mensajes más esperados correspondió al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien defendió la estrategia de combate al narcotráfico aplicada durante su administración. El exmandatario sostuvo que, pese a errores y limitaciones, consideró correcta aquella decisión. Además, expresó públicamente su apoyo a Maru Campos por las acciones emprendidas en materia de seguridad. –sn–

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Claudia Sheinbaum rechaza que al partido Morena lo declaren «organización terrorista»

El gobierno federal sostuvo que las decisiones nacionales continuaron bajo principios de soberanía y representación popular.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este lunes que el gonbierno de los Estados Unidos pudiera designar al partido Morena como organización terrorista para justificar una intervención en México.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, sostuvo que no existe ningún riesgo relacionado con esa posibilidad. También descartó consecuencias derivadas de la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz a autoridades estadounidenses.

La titular del Ejecutivo federal afirmó que en México ocurrió una transformación política basada en decisiones orientadas al pueblo. Indicó que el gobierno federal dejó atrás esquemas vinculados con intereses extranjeros y sostuvo que las instituciones nacionales actuaron con autonomía. Sus declaraciones surgieron después de cuestionamientos sobre la relación bilateral con Estados Unidos y los señalamientos relacionados con seguridad.

Relación con Estados Unidos

Durante la conferencia en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó en diversas ocasiones que México estuvo gobernado por narcotraficantes. Sin embargo, aclaró que el mandatario estadounidense nunca realizó esa afirmación de manera directa hacia su persona. La presidente sostuvo que respondió a Donald Trump que en México gobernó el pueblo.

La mandatario federal insistió en que el combate al narcotráfico también correspondió a las autoridades estadounidenses desde una perspectiva interna. Señaló que Estados Unidos enfrentó retos relacionados con salud pública, distribución de drogas y lavado de dinero. Además, sostuvo que la cooperación bilateral debía enfocarse en responsabilidades compartidas entre ambos países.

Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la presencia del ejército estadounidense en territorio mexicano no representó una solución contra el narcotráfico. Explicó que las acciones de seguridad correspondieron a las instituciones nacionales y a los cuerpos encargados de la estrategia interna. También reiteró que México mantuvo soberanía sobre sus decisiones en materia de seguridad y política pública. –sn–

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Le gritan “¡asesino!” a Felipe Calderón en un panel en París

El expresidente Felipe Calderón fue increpado durante su ponencia en la cumbre de Líderes y Jóvenes 2026, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de París; alumnos le gritaron “¡asesino!” #felipecalderon #sciencespo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- MÁS NOTICIAS DE EL UNIVERSAL: SUSCRÍBETE a EL UNIVERSAL PLUS: Con tu…

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El sexenio de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa en México (2006-2012) de muchas maneras marcó la etapa histórica que estamos viviendo, y por lo visto hace mucha falta recordarlo para no romantizarlo

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https://www.maikciveira.com/2021/10/memorias-del-calderonato.html?m=1

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🍼🪦 18 août, un jour, une vie, un décès https://www.election-politique.com/election.php?ref=931

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Que no le digan… | Mario A Medina | El poder del miedo

#PeriodismoParaTi #SociedadNoticias
#QueNoLeDigan @MarioA_Medina
@lopezobrador_ @Claudiashein @PartidoMorenaMx @mario_delgado #MIedo #EnriqueSemo #FelipeCalderón #LilianaFelipe

http://sociedad-noticias.com/2024/05/28/que-no-le-digan-mario-a-medina-el-poder-del-miedo/

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#FelipeCalderon tuiteando versículos de la Biblia, justo hoy, cuando uno de los ex-líderes del Cártel del Milenio (que es de donde se desprendió el Cártel Jalisco Nueva Generación) lo acusa de haber recibido dinero de ellos y de haber también dado dinero a su secretario de seguridad en aquel entonces, Genaro García Luna. Que por cierto, todo esto está saliendo a la luz en el juicio de éste último que se está llevando a cabo de Nueva York.

El juicio de García Luna junto con el de 'El Chapo' son los juicios del siglo.

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The trial of Genaro García Luna, the former top law enforcement official in Mexico accused of accepting millions from cartels, could result in major revelations about politicians and the DEA.
https://www.vice.com/en/article/z34dqa/genaro-garcia-luna-trial-el-chapo
#News #mexico #Crime #dea #CARTELS #Drugs #felipecalderon

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Felipe Calderón chantajeaba el apoyo del ejército a cambio de contratos: Moreira
https://www.tolucanoticias.com/2022/09/felipe-calderon-chantajeaba-el-apoyo.html
#pan #corrupción #política #méxico #noticias #news #expresidente #borolas #borracho #felipe #calderon #FelipeCalderón #moreira #chantaje

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