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ONU exige a Sri Lanka frenar abusos, reformar cárceles y avanzar en justicia por violaciones de derechos humanos
La ONU pidió a Sri Lanka reforzar la rendición de cuentas, investigar abusos, reformar las cárceles y derogar la Ley de Prevención del Terrorismo ante denuncias de tortura, vigilancia y detenciones arbitrarias.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno de Sri Lanka acelerar las investigaciones por violaciones de derechos humanos, reforzar la rendición de cuentas y avanzar en la reconciliación, ante denuncias de tortura, muertes bajo custodia, detenciones arbitrarias y vigilancia contra periodistas y activistas.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), correspondiente al periodo de octubre de 2025 a julio de 2026, reconoce avances en investigaciones relacionadas con asesinatos políticos, desapariciones forzadas, corrupción y los atentados del Domingo de Pascua de 2019, pero advierte que persisten graves obstáculos para superar décadas de impunidad.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Anura Kumara Dissanayake consolidar las medidas adoptadas y adoptar acciones concretas para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado y en años recientes.
ONU cuestiona aplicación de ley antiterrorista
El organismo internacional señaló que, pese a las promesas de reformas legales e institucionales, las autoridades continúan aplicando la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), utilizada para realizar arrestos arbitrarios y mantener detenciones prolongadas sin cargos.
Türk pidió establecer una moratoria sobre la aplicación de esa legislación mientras se concreta su derogación, además de liberar a las personas que permanecen detenidas durante largos periodos bajo sus disposiciones.
El informe también documentó denuncias de vigilancia estatal contra integrantes de organizaciones civiles, activistas y periodistas. La información recibida por la ONU, según el documento, apunta a un patrón persistente de vigilancia, intimidación y represalias atribuido a funcionarios militares y de inteligencia.
Las personas interrogadas habrían sido cuestionadas sobre viajes a Ginebra, participación en mecanismos de derechos humanos de la ONU, afiliaciones organizativas, fuentes de financiamiento y asistencia a protestas o actos de conmemoración.
Tortura y muertes bajo custodia
La situación penitenciaria figura entre las principales preocupaciones del informe. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka registró 602 casos de tortura y malos tratos durante 2025 y otros 138 hasta abril de 2026.
El organismo nacional también recibió denuncias sobre 18 muertes bajo custodia en 2025 y tres más hasta abril de este año. Uno de los casos corresponde a un hombre de 40 años detenido por un delito menor relacionado con drogas, quien murió el 3 de mayo en la prisión de Welikada, en Colombo, presuntamente después de recibir una brutal golpiza.
La ONU también llamó la atención sobre los disturbios ocurridos en la prisión de Negombo en julio, que dejaron 32 muertos y más de un centenar de heridos. El episodio puso nuevamente bajo escrutinio el hacinamiento y otras deficiencias estructurales del sistema penitenciario.
Persisten casos de la guerra civil
El informe sostiene que los esfuerzos para esclarecer los abusos cometidos durante el conflicto armado todavía presentan deficiencias, particularmente en la investigación y procesamiento de crímenes graves.
Türk consideró necesario adoptar medidas contra los responsables de violaciones cometidas por cualquiera de las partes durante el conflicto que se prolongó durante más de dos décadas.
Entre los avances recientes, la ONU tomó nota de la decisión del fiscal general de procesar al ex primer ministro de la Provincia Oriental, Sivanesathurai Chandrakathan, conocido como Pillayan, y a otras tres personas por el presunto secuestro y asesinato del exvicerrector de la Universidad Oriental, Subramanian Ravindranath, ocurrido en 2006.
Sin embargo, el Alto Comisionado cuestionó que otros casos emblemáticos continúen sin resolverse. Entre ellos mencionó el asesinato de 17 trabajadores humanitarios de Action Contre La Faim en Muttur, ocurrido hace dos décadas.
ONU pide proteger a víctimas y liberar territorios
La ONU pidió al gobierno de Sri Lanka intensificar las medidas de reconciliación y rendición de cuentas, así como garantizar que las personas señaladas de manera creíble por violaciones de derechos humanos no ocupen altos cargos gubernamentales, de seguridad o diplomáticos mientras las acusaciones no sean investigadas y resueltas de manera efectiva.
Türk también instó a las autoridades a respaldar las iniciativas de conmemoración de las víctimas y avanzar en la liberación de territorios que permanecen bajo ocupación militar.
El informe reconoce que el gobierno ha denunciado el racismo y promovido la unidad nacional, pero advierte que la falta de avances en verdad y justicia puede frenar el proceso de transformación institucional que reclaman las víctimas y sus familias.
El llamado de la ONU ocurre mientras Sri Lanka enfrenta el desafío de convertir las investigaciones recientes en procesos judiciales efectivos y establecer mecanismos capaces de impedir que las violaciones de derechos humanos permanezcan sin consecuencias. –sn–
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder
Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.
Por Raúl García Araujo
El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.
Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.
En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.
Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.
Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.
La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.
En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.
Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.
En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.
No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.
La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.
En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.
Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.
Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.
Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».
La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.
Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.
No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.
En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.
También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.
El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.
Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.
La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.
El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.
Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.
Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.
Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.
Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.
En Cortito
Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.
La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.
El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.
El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.
A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.
Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.
La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.
La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.
Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027
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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | 60 MDP de prerrogativas del PRD-Cdmx, “en el aire”
*El TECDMX revocó resoluciones del IECM que le daban la razón a Lobo Román y su grupo en relación al Partido del Sol Azteca. *Exhortan a la SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales a quienes adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad.*Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”.
Por Luis Muñoz
Lo que se vio a media semana confirma el dicho nunca mejor aplicado: “Que del plato a la boca se cae la sopa”.
Cuando el diputado federal Víctor Hugo Lobo Román y su grupo ya sentían suyas las prerrogativas estimadas en 60millones de pesos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México los paró en seco. Una vez más le dio la razón a quien legítimamente la tiene: la parte promovente encabezada por la diputada Nora Arias Contreras, reconocida como la verdadera dirigente del PRD Ciudad de México.
La persistencia de Lobo Román deja entrever que la principal motivación de esta lucha por apoderarse del PRD capitalino son los 60 millones de pesos que le corresponden al partido del Sol Azteca, aunque hay versiones que señalan que se trata de un acumulado de aproximadamente 81.8 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes a los años 2025 y 2026.
Pero sean 80 o 60 millones, es lo de menos. El tema es ¿Por qué tendrían que dárselos a alguien que ni siquiera es ya perredista sino morenista?
¿Por qué el IECM falla a favor de este grupo?
Porque, aunque menguadas, Víctor Hugo Lobo Román tiene influencias y hace uso de ellas sin reparo.
Aunque a veces en este tinglado se menciona a Jesús Zambrano, no tiene caso hablar de este personaje que está más quemado que un muñeco de Judas en Semana Santa.
Por él y Jesús Ortega, conocidos como “Los Chuchos”, el PRD a nivel nacional dejó de existir al perder su registro, pues no alcanzó el 3 % mínimo de la votación válida emitida en las elecciones federales del 2 de junio de 2024.
¿Por qué ese desplome?
La razón: A una severa pérdida de respaldo ciudadano y el desplazamiento de su base electoral histórica. Gran parte de los simpatizantes tradicionales del PRD migraron hacia nuevos movimientos políticos consolidados en los años previos, debilitando su base principal.
En consecuencia, el partido obtuvo apenas alrededor del 1.86 % de la votación válida emitida para la presidencia y cifras similares en el Congreso, l % requerido por el entonces Instituto Nacional Electoral (INE).
REVOCA EL TECDMX RESOLUCIONES DEL IECDM
Ahora, la semana que concluyó, hubo un revés para Lobo Román y su grupo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM) revocó las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral (IECM) en favor del grupo del legislador en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino.
Además exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al mismo.
Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández, cuestionaron su desempeño político.
Se menciona a Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.
De entre ellas resalta Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman integrantes del Tribunal Electoral.
De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.
Además, pidieron al Instituto Electoral tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.
INCENTIVOS FISCALES AMBIENTALES: PABLO TREJO
El diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales dirigidos a personas físicas y morales que adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad, la cual fue aprobada.
Durante su intervención en Tribuna, el legislador sostuvo que la capital del país posee una memoria histórica profundamente ligada a su origen lacustre, pero advirtió que la acelerada transformación urbana, la presión sobre los acuíferos y la sobreexplotación de los recursos naturales exigen una transición inmediata hacia un modelo de resiliencia hídrica, ambiental y climática sostenida.
En ese sentido, subrayó que la política pública ambiental local debe evolucionar y superar los esquemas puramente punitivos o de inspección y vigilancia. Señaló que la construcción de una ciudad sustentable requiere migrar con firmeza hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el fomento económico, en el que los instrumentos hacendarios sirvan para impulsar la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad.
CAMBIO CLIMÁTICO NO SE PUEDE IGNORAR
El Congreso de la Ciudad de México fue sede del Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”, en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas, el cual contó con el apoyo de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García. Este encuentro de diálogo fue impulsado por la Red de Legisladores Estatales para el Cambio Climático (RELECC) y las organizaciones Política y Legislación Ambiental (POLEA) e IDEA-Iniciativa Climática de México.
En su intervención, Espinosa de los Monteros aseveró que el cambio climático es una realidad que no se puede ignorar ni postergar su solución, porque está transformando las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta, y afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos y a las comunidades más vulnerables.
“Es un verdadero honor participar en este encuentro para abordar un tema que representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para construir un futuro más sostenible, más equitativo y socialmente responsable”, subrayó la legisladora de MORENA.
Detalló que el incremento de la temperatura; las sequías prolongadas; las lluvias extremas; las inundaciones; los incendios forestales; las pérdidas de la biodiversidad, y la creciente presión sobre el agua y los recursos naturales, son manifestaciones de una crisis climática que urge respuestas inmediatas.
También aseveró que el cambio climático va más allá de una responsabilidad ambiental porque representa un desafío social, económico, energético y de justicia. Eso obliga a los gobiernos y congresos estatales a replantear políticas públicas en la materia, así como fortalecer las herramientas jurídicas y financieras que permitan construir comunidades más resilientes y un futuro sostenible.
Admitió que “desde los congresos locales tenemos una responsabilidad fundamental: crear las condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales para que la transición energética sea accesible para todas y todos. La legislación subnacional tiene una enorme capacidad para transformar la realidad cotidiana”, recalcó. Precisó que estos órganos deben explorar fondos estatales y municipales para la transición energética; esquemas de financiamiento verde; incentivos fiscales; alianzas público-privadas; mecanismos de inversión social; programas de financiamiento para pequeñas empresas y, particularmente, instrumentos que permitan que las familias de menores ingresos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías energéticas.
“La energía limpia debe ser también una energía accesible. Una transición justa debe garantizar que los beneficios económicos y ambientales lleguen a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó.
Como parte de las actividades, participaron tres expertos en la materia: Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora especializada en cambio climático, transición energética y justicia climática; Rodolfo Godínez, catedrático de la UNAM, y Gabriela de la Torre Ríos, representante de C40 Cities, red global climática que acompaña a las ciudades para tener planes de acción climática.
También Andrés Ávila, Secretario de la RELECC y la diputada María Isabel Ortiz, quien coordinó dicho foro, En su presentación, Ana Sofía Tamborrel afirmó que la injusticia climática refleja una triple desigualdad, pues las personas más pobres son las más vulnerables, ya que tienen menor capacidad de adaptación y resiliencia, en contraste con los más ricos, quienes son responsables de la emisión de gases invernadero.
“En México, 10% de la población emite casi tres por ciento de gases de efecto invernadero versus los más ricos que emiten casi el 30%”.
*Periodista: [email protected]
Columna anterior: La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda.
La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.
Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.
El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.
La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.
Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.
La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Educación militarizada?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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📌La Universidad Complutense investigada por su inacción ante un caso de agresión sexual
https://carabanchel.net/la-universidad-complutense-investigada-por-su-inaccion-ante-un-caso-de-agresion-sexual/
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Tortura en Puebla es ignorada por la Comisión de derechos humanos de la entidad
Tortura diaria en Puebla persiste mientras CDH minimiza gravedad del delito. Cifras alarmantes.
Por Jorge Hernández | CorresponsalLa Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en los últimos ocho años se abrieron 2 mil 765 carpetas de investigación por tortura, incluyendo tratos y penas crueles, lo que equivale a casi un caso diario. Los datos revelaron que agentes ministeriales, policías municipales y estatales, así como custodios penitenciarios, cometieron estas prácticas. A pesar de la evidencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, soslayó sistemáticamente estos delitos en su informe anual.
El documento de 17 cuartillas dedicó únicamente un renglón y medio al tema de la tortura, equivalente a 20 palabras, lo que evidenció la marginalidad con que fue tratado. Las cifras oficiales mostraron que los casos se concentraron en distintas regiones del estado y afectaron a múltiples víctimas. Esta omisión generó cuestionamientos sobre la función de supervisión y defensa de derechos humanos por parte de la CDH.
Los protocolos internacionales de detección de tortura, conocidos como Protocolos de Estambul, fueron mencionados por la titular únicamente para afirmar un compromiso teórico con su erradicación. Sin embargo, no se detallaron resultados ni acciones concretas contra los responsables. Esto provocó que la sociedad civil y expertos cuestionaran la efectividad de la supervisión de la CDH.
Críticas institucionales
Durante la presentación del informe en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la presidenta invitó solo a simpatizantes y excluyó a ciertos medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente. El término “tortura” se mencionó una sola vez, reduciendo su relevancia frente a otros temas secundarios. La decisión de minimizar el tema fue interpretada como un intento de ocultar la gravedad de la situación.
La solicitud de información con folio 210448325000061 reveló que en lo que va del año la CDH recibió 11 quejas por tortura, lo que indica al menos un caso mensual que llegó a revisión oficial. Durante 2024, el primer año de gestión de Sánchez Soya, se registraron 64 quejas, lo que equivale a más de una por semana. Estas cifras contrastan con la escasa atención otorgada en el informe anual.
En los últimos tres años, la FGE abrió 251 carpetas de investigación por tortura, equivalente a 1.6 casos por día, sin que la CDH emitiera recomendaciones significativas ni informes detallados. La tortura es considerada la máxima violación a los derechos humanos y está tipificada en la Constitución del estado de Puebla como delito imprescriptible. Esta situación refuerza la percepción de ineficiencia y banalización por parte del organismo defensor.
La banalidad del mal
El análisis del informe anual mostró que la presidenta dedicó más espacio a la biblioteca de la CDH, publicaciones y folletos que a la tortura, con cinco párrafos frente a renglón y medio. Esta tendencia se observó en los últimos ocho años, período durante el cual la CDH recibió 719 quejas por tortura y emitió un número mínimo de recomendaciones. Expertos interpretan que la Comisión funciona como un organismo de ornato, cumpliendo formalidades sin enfrentar los crímenes de lesa humanidad.
Hannah Arendt, filósofa alemana citada por Sánchez Soya, describió la trivialización del mal como la “banalidad del mal”, concepto que aplica a organismos que minimizan crímenes sistemáticos. Arendt explicó que la burocracia puede ejecutar violaciones graves como procedimientos rutinarios, ignorando las consecuencias éticas y morales. El investigador Miguel J. Hernández Madrid, del Colegio de Michoacán, señaló que la cita ilustra cómo estructuras oficiales pueden normalizar abusos sin asumir responsabilidades.
La omisión del tema de la tortura evidencia que, pese a las leyes y protocolos, Puebla enfrenta un problema persistente de violencia institucional. La sociedad y organismos de derechos humanos exigieron transparencia, seguimiento de quejas y sanción a los responsables. La combinación de cifras oficiales y negligencia administrativa genera preocupación sobre la protección de garantías fundamentales en el estado. –sn–
Rosa Isela Sánchez Soya¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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