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  1. Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

    En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

    Por Raúl García Araujo

    De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

    La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

    Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

    Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

    El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

    Alejandro Armenta

    El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

    Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

    El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

    No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

    A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

    El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

    La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

    Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

    Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

    Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

    La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

    Omar García Harfuch

    Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

    Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

    Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

    La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

    Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

    Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

    Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

    La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

    Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

    En Cortito

    Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

    Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

    La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

    La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

    No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

    Periodista mexicano | Twitter @araujogar

    Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

    Raúl García Araujo

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  2. Julián Andrade – Marcaje personal | El INE y las cejas de Zabludovsky

    La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

    Por Julián Andrade Jardi*                                             

    Los actuales consejeros del INE habrían sancionado a Jacobo Zabludovsky por el simple uso de sus cejas. En los años setenta y ochenta, el control de la información era severo, especialmente en la televisión. Jacobo conducía el noticiario de mayor alcance e influencia. Había momentos en los que se debía difundir alguna nota de ésas que eran mero compromiso político: intrascendentes, por regla general, pero indispensables para tranquilizar el ánimo de los funcionarios y aliviar los dolores de cabeza de sus áreas de comunicación social.

    Jacobo, entonces, se limitaba a hacer una mueca o levantar las cejas. Era un pequeño editorial sin necesidad de cortinillas, un mensaje irónico que las audiencias entendían a la perfección. No podía existir reclamo formal: en aquellos tiempos nadie interponía una queja por ironía.

    Sin embargo, el INE —como si no tuviera problemas más urgentes— intentó lo impensable: monitorear la ironía y el menosprecio en los medios. Por fortuna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les corrigió la plana; de lo contrario, habríamos presenciado un verdadero disparate, incluso desde la perspectiva del análisis técnico cotidiano.

    Jacobo Zabludovsky

    Lo grave radica en el intento: ese reflejo institucional de considerar a la ciudadanía como menor de edad y pretender educarla de forma absurda. Cada persona sabe qué opinar sobre los gestos, tonos o expresiones de los conductores de radio y televisión, y tiene el poder soberano de apagar el televisor o cambiar de estación. La disputa por las audiencias debe permanecer en el ámbito público, sin la intromisión de autoridades que, además, demuestran entender muy poco del oficio periodístico.

    Hay una profunda arrogancia en pretender regular y dirigir la discusión pública. La clave del debate no radica en las prohibiciones, sino en la calidad.

    Algo similar le ocurrió a Somos México, la organización política en formación que fue despojada de su nombre y colores. El argumento oficial fue que utilizar ambas palabras representaba una competencia desleal frente a los “desvalidos” partidos tradicionales, cuyos nombres no resultan tan potentes. Es la misma manía tutelar, la misma desconfianza en la autonomía ciudadana, aderezada con una buena dosis de rencor contra los integrantes de la agrupación que ahora se verá obligada a llamarse  Somos, a secas, para no agraviar a nadie.

    Las resistencias a las libertades suelen provenir de lugares y personajes insospechados. Muchos de ellos pondrían el grito en el cielo si hicieran una recapitulación serena de su propia trayectoria. Deberían ponderar, ya sin ironía alguna, cómo debilitan a un órgano que alcanzó un enorme prestigio —incluso internacional— en un pasado nada lejano.

    Mientras se entretienen supervisando ademanes, tendrían que observar con detenimiento cómo el crimen organizado, sin necesidad de manuales ni monitoreos, imprime su gramática del terror, empañando elecciones y comprometiendo la democracia.

    El INE tiene múltiples obligaciones constitucionales, pero ninguna de ellas consiste en educar a los periodistas para evitar que incomoden a los políticos.

    * Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

    Columna anterior: La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

    Julián Andrade Jardi | @SociedadN_

    Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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  3. Julián Andrade – Marcaje personal | La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

    La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

    Por Julián Andrade Jardi*                                             

    La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán, el 25 de julio de 2024, donde fue asesinado Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser llevado a Estados Unidos.

    Corrales Rodríguez trasladó a Cuén a la cita porque era de su confianza y se requería de discreción, ya que asistirían El Mayo Zambada, entonces líder el Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, para mediar entre el propio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, con el propósito de arreglar problemas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

    El gobernador, ahora con licencia, siempre ha negado su participación en el encuentro, e inclusive argumentó, en su momento, que se encontraba en Los Ángeles, California.

    Más allá de los asistentes, se trató, como se sabe, de una trampa que, además, desató una de las espirales de violencia más grandes en la historia sinaloense, la que luego de dos años no ha concluido.

    ¿Qué es lo que sabe Corrales Rodríguez? ¿Se percató de quiénes en realidad asistieron al lugar? ¿Había presencia de grupos armados, además de las escoltas de los capos?

    El grado de implicación del acompañante de Cuén es incierto y quizá hasta marginal, pero participó en el encubrimiento del asesinato y el secuestro, ya que declaró que la muerte de quien también era diputado electo ocurrió en una gasolinería, como consecuencia de un intento de asalto.

    Esa historia se torna esencial, porque de ahí partió el montaje que realizó la Fiscalía de Sinaloa y que fue descubierto por la FGR cuando su titular era Alejandro Gertz.

    Corrales Rodríguez se había librado del problema hasta ahora, pero la indagatoria hace indispensable que se aclarezca lo ocurrido, para tener una idea de la participación de servidores públicos de la fiscalía local en el enredo.

    Al parecer, en la FGR están decididos a proceder contra diversos participantes en esos hechos, por lo que la detención de Corrales Rodríguez podría ser sólo el principio de otras tantas capturas.

    Después de todo, es indispensable que se conozca a cabalidad lo que ocurrió aquel día en que se desmoronó una paz que estaba sostenida en componendas criminales.

    Las aristas del problema en Sinaloa son complejas y algunas de ellas provienen de Estados Unidos, de ahí que sea indispensable el conocer lo ocurrido para procurar justicia, al menos en la parte que sí está en manos de las autoridades mexicanas. A estas alturas, pasados dos años, no hay detenidos específicos.

    Otro aspecto, también inquietante —sólo relacionado en parte con la muerte de Cuén y el secuestro de El Mayo—, es lo que vendrá del desarrollo de las investigaciones que se realizan al norte del río Bravo, las que significaron una acusación de un gran jurado por la que solicitó la captura del gobernador y otros nueve servidores públicos.

    * Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

    Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

    Julián Andrade Jardi | @SociedadN_

    Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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  4. Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

    La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    (…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

    Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

    En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

    La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

    Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

    En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

    La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

    El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

    Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

    Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

    El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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  5. Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

    Uno de los misterios que prevalecen alrededor del caso Ayotzinapa es la identidad de El Patrón, el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

    Por Julián Andrade Jardi*                                             

    La captura del exgobernador Ángel Aguirre podría abrir el telón y conocer, de una vez, a un sujeto que es, o era, el máximo dirigente de los Guerreros Unidos, superior jerárquico del alcalde José Luis Abarca, y con conexiones y mando sobre corporaciones municipales, estatales y hasta federales.

    La principal testigo contra Aguirre es María del Rocío Estrada Ortega, que fungía como visitadora general del Poder Judicial guerrerense y quien, a decir del propio inculpado, trabajaba para El Patrón.

    Estrada Ortega confesó, como está asentado en la orden de aprehensión de la causa penal 291/2006, que se robó los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de la presidente del Tribunal, Lambertina Galeana, y que son las que captaron lo ocurrido en el Puente de El Chipote, donde, por órdenes de El Patrón, policías municipales de Iguala y Huitzuco, detuvieron a entre 15 y 20 de los estudiantes de Ayotzinapa.

    Estrada Ortega sostiene que entregó los materiales al propio Aguirre, pero no sería extraño que estuviera en realidad protegiendo a su verdadero jefe.

    La entonces visitadora general estuvo sujeta a investigación porque en su calidad de ministerio público entorpeció las diligencias sobre el homicidio de 17 campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995. Es decir, tenía ya un largo historial de abusos y relaciones peligrosas.

    Más allá de responsabilidades concretas de Aguirre, la FGR está en posibilidades de dar un gran paso en la investigación y lo tiene, ahí, a la mano, con la testigo que está colaborando.

    Por supuesto que esto no variará lo que ya se sabe, pero podría permitir el contar con un mapa más acabado de las relaciones de protección con que contaron los perpetradores de las desapariciones en ese momento.

    La CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018, señala que es indispensable que la PGR (ahora FGR) indague sobre la identidad de El Patrón, ya que ello puede conducir al desenlace de la historia y precisar lo que ocurrió con los muchachos.

    A las 23 horas del 26 de septiembre de esa noche trágica, El Patrón dio dos instrucciones, ya no llevar a los estudiantes a Huitzuco, sino trasladarlos a Cocula, y con “luz verde” para deshacerse de ellos.

    Dar con El Patrón sí significaría un vuelco que abriría líneas de investigación que podrían fructificar en conocer y, en su caso, desmontar los apoyos políticos que hicieron posible lo que ocurrió en Iguala.

    Y a ello se debe añadir el envío de los 90 restos óseos, encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan —que pueden tener material genético útil— a la Universidad de Innsbruck, en Austria, como colofón que permita, de una buena vez, propiciar justicia y no seguir enredando el asunto.

    * Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

    Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

    Julián Andrade Jardi | @SociedadN_

    Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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  6. Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

    La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tendrá implicaciones relevantes sobre la forma en que las autoridades actuaron durante las horas y los días que siguieron a partir de la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

    Por Julián Andrade Jardi*                                             

    Un aspecto esencial reside en lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde el autobús 1531 de Estrella Blanca, en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales de Huitzuco e Iguala.

    En teoría, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia debieron captar la escena, pero nunca se tuvo acceso a ellas.

    La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cuenta con evidencias para establecer que fue el propio Aguirre quien ordenó destruir las grabaciones para borrar evidencias de lo acontecido en ese preciso lugar.

    Por esa situación se encuentra detenida, desde mayo de 2025, Lambertina Galeana Marín, quien era la presidente del Poder Judicial guerrerense. Ella ha variado de versión a lo largo del tiempo: pasando del “no sabía”, a la destrucción “porque no aportaban nada” y ahora, con toda probabilidad, a colaborar con la FGR para obtener un criterio de oportunidad.

    43 de Ayotzinapa

    La CNDH, desde abril de 2016, reveló que, en el Puente del Chipote, fueron detenidos entre 14 y 20 normalistas. Inclusive, ya que un testigo de los hechos se animó a contar su versión, se sabe que en el lugar estuvieron también dos agentes de la Policía Federal.

    Como todo era extraño en esos momentos, uno de los federales indagó sobre lo que estaba ocurriendo:

    “¿Qué pasa con los chavos?”, preguntó el federal, y un municipal le aclaró que “allá atrás se chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón decida qué hacer con ellos”.

    Los videos del Palacio de Justicia, de existir, no aportarían más de lo que descubrió la CNDH y sobre lo que recomendó indagar.

    Pero lo que resulta evidente es que lo acontecido en el Puente del Chipote, es clave para determinar una de las rutas de desaparición de los estudiantes y donde es notoria la participación de las autoridades.

    La captura de Aguirre, más allá de las expectativas que generará, no cambiará la hipótesis central de lo ocurrido y que es la que se sostuvo desde los primeros momentos, señalando al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, las policías municipales de Iguala y Huitzuco que, en colusión con los Guerreros Unidos, desaparecieron a los 43 normalistas.

    Político experimentado, tendrá que enfrentar la mayor prueba de su vida para desmontar las acusaciones en su contra, entre ellas las de estructurar toda una operación para borrar evidencias.

    Aguirre, conviene recordarlo, tuvo que solicitar licencia para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre de 2014 y definitiva en abril de 2015.

    Ayotzinapa fue un cisne negro y sus aleteos aún perturban casi 12 años después.

    * Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

    Columna anterior: Plan B: la política del desquite y sus límites

    Julián Andrade Jardi | @SociedadN_

    Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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  7. Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

    La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

    Por José Víctor Rodríguez Nájera

    Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

    No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

    Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

    El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

    La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

    Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

    Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

    El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

    El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

    La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

    Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

    La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

    * Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

    Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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