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Julián Andrade – Marcaje personal | El INE y las cejas de Zabludovsky

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Los actuales consejeros del INE habrían sancionado a Jacobo Zabludovsky por el simple uso de sus cejas. En los años setenta y ochenta, el control de la información era severo, especialmente en la televisión. Jacobo conducía el noticiario de mayor alcance e influencia. Había momentos en los que se debía difundir alguna nota de ésas que eran mero compromiso político: intrascendentes, por regla general, pero indispensables para tranquilizar el ánimo de los funcionarios y aliviar los dolores de cabeza de sus áreas de comunicación social.

Jacobo, entonces, se limitaba a hacer una mueca o levantar las cejas. Era un pequeño editorial sin necesidad de cortinillas, un mensaje irónico que las audiencias entendían a la perfección. No podía existir reclamo formal: en aquellos tiempos nadie interponía una queja por ironía.

Sin embargo, el INE —como si no tuviera problemas más urgentes— intentó lo impensable: monitorear la ironía y el menosprecio en los medios. Por fortuna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les corrigió la plana; de lo contrario, habríamos presenciado un verdadero disparate, incluso desde la perspectiva del análisis técnico cotidiano.

Lo grave radica en el intento: ese reflejo institucional de considerar a la ciudadanía como menor de edad y pretender educarla de forma absurda. Cada persona sabe qué opinar sobre los gestos, tonos o expresiones de los conductores de radio y televisión, y tiene el poder soberano de apagar el televisor o cambiar de estación. La disputa por las audiencias debe permanecer en el ámbito público, sin la intromisión de autoridades que, además, demuestran entender muy poco del oficio periodístico.

Hay una profunda arrogancia en pretender regular y dirigir la discusión pública. La clave del debate no radica en las prohibiciones, sino en la calidad.

Algo similar le ocurrió a Somos México, la organización política en formación que fue despojada de su nombre y colores. El argumento oficial fue que utilizar ambas palabras representaba una competencia desleal frente a los “desvalidos” partidos tradicionales, cuyos nombres no resultan tan potentes. Es la misma manía tutelar, la misma desconfianza en la autonomía ciudadana, aderezada con una buena dosis de rencor contra los integrantes de la agrupación que ahora se verá obligada a llamarse  Somos, a secas, para no agraviar a nadie.

Las resistencias a las libertades suelen provenir de lugares y personajes insospechados. Muchos de ellos pondrían el grito en el cielo si hicieran una recapitulación serena de su propia trayectoria. Deberían ponderar, ya sin ironía alguna, cómo debilitan a un órgano que alcanzó un enorme prestigio —incluso internacional— en un pasado nada lejano.

Mientras se entretienen supervisando ademanes, tendrían que observar con detenimiento cómo el crimen organizado, sin necesidad de manuales ni monitoreos, imprime su gramática del terror, empañando elecciones y comprometiendo la democracia.

El INE tiene múltiples obligaciones constitucionales, pero ninguna de ellas consiste en educar a los periodistas para evitar que incomoden a los políticos.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | 60 MDP de prerrogativas del PRD-Cdmx, “en el aire”

*El TECDMX revocó resoluciones del IECM que le daban la razón a Lobo Román y su grupo en relación al Partido del Sol Azteca. *Exhortan a la SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales a quienes adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad.*Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”. 

Por Luis Muñoz  

Lo que se vio a media semana confirma el dicho nunca mejor aplicado: “Que del plato a la boca se cae la sopa”. 

Cuando el diputado federal Víctor Hugo Lobo Román y su grupo ya sentían suyas las prerrogativas estimadas en 60millones de pesos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México los paró en seco. Una vez más le dio la razón a quien legítimamente la tiene: la parte promovente encabezada por la diputada Nora Arias Contreras, reconocida como la verdadera dirigente del PRD Ciudad de México.

La persistencia de Lobo Román deja entrever que la principal motivación de esta lucha por apoderarse del PRD capitalino son los 60 millones de pesos que le corresponden al partido del Sol Azteca, aunque hay versiones que señalan que se trata de un acumulado de aproximadamente 81.8 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes a los años 2025 y 2026. 

Pero sean 80 o 60 millones, es lo de menos. El tema es ¿Por qué tendrían que dárselos a alguien que ni siquiera es ya perredista sino morenista? 

¿Por qué el IECM falla a favor de este grupo?

Porque, aunque menguadas, Víctor Hugo Lobo Román tiene influencias y hace uso de ellas sin reparo.

Aunque a veces en este tinglado se menciona a Jesús Zambrano, no tiene caso hablar de este personaje que está más quemado que un muñeco de Judas en Semana Santa.

Por él y Jesús Ortega, conocidos como “Los Chuchos”, el PRD a nivel nacional dejó de existir al perder su registro, pues no alcanzó el 3 % mínimo de la votación válida emitida en las elecciones federales del 2 de junio de 2024.

¿Por qué ese desplome?

La razón: A una severa pérdida de respaldo ciudadano y el desplazamiento de su base electoral histórica. Gran parte de los simpatizantes tradicionales del PRD migraron hacia nuevos movimientos políticos consolidados en los años previos, debilitando su base principal.

En consecuencia, el partido obtuvo apenas alrededor del 1.86 % de la votación válida emitida para la presidencia y cifras similares en el Congreso, l % requerido por el entonces Instituto Nacional Electoral (INE).

REVOCA EL TECDMX RESOLUCIONES DEL IECDM

Ahora, la semana que concluyó, hubo un revés para Lobo Román y su grupo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM) revocó las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral (IECM) en favor del grupo del legislador en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino.

Además exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al mismo.

Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández, cuestionaron su desempeño político.

Se menciona a Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

De entre ellas resalta Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman integrantes del Tribunal Electoral.

De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

Además, pidieron al Instituto Electoral tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.

INCENTIVOS FISCALES AMBIENTALES: PABLO TREJO 

El diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales dirigidos a personas físicas y morales que adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad, la cual fue aprobada.

Durante su intervención en Tribuna, el legislador sostuvo que la capital del país posee una memoria histórica profundamente ligada a su origen lacustre, pero advirtió que la acelerada transformación urbana, la presión sobre los acuíferos y la sobreexplotación de los recursos naturales exigen una transición inmediata hacia un modelo de resiliencia hídrica, ambiental y climática sostenida.

En ese sentido, subrayó que la política pública ambiental local debe evolucionar y superar los esquemas puramente punitivos o de inspección y vigilancia. Señaló que la construcción de una ciudad sustentable requiere migrar con firmeza hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el fomento económico, en el que los instrumentos hacendarios sirvan para impulsar la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad.

CAMBIO CLIMÁTICO NO SE PUEDE IGNORAR

El Congreso de la Ciudad de México fue sede del Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”, en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas, el cual contó con el apoyo de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García. Este encuentro de diálogo fue impulsado por la Red de Legisladores Estatales para el Cambio Climático (RELECC) y las organizaciones Política y Legislación Ambiental (POLEA) e IDEA-Iniciativa Climática de México. 

En su intervención, Espinosa de los Monteros aseveró que el cambio climático es una realidad que no se puede ignorar ni postergar su solución, porque está transformando las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta, y afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos y a las comunidades más vulnerables. 

“Es un verdadero honor participar en este encuentro para abordar un tema que representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para construir un futuro más sostenible, más equitativo y socialmente responsable”, subrayó la legisladora de MORENA. 

Detalló que el incremento de la temperatura; las sequías prolongadas; las lluvias extremas; las inundaciones; los incendios forestales; las pérdidas de la biodiversidad, y la creciente presión sobre el agua y los recursos naturales, son manifestaciones de una crisis climática que urge respuestas inmediatas. 

También aseveró que el cambio climático va más allá de una responsabilidad ambiental porque representa un desafío social, económico, energético y de justicia. Eso obliga a los gobiernos y congresos estatales a replantear políticas públicas en la materia, así como fortalecer las herramientas jurídicas y financieras que permitan construir comunidades más resilientes y un futuro sostenible. 

Admitió que “desde los congresos locales tenemos una responsabilidad fundamental: crear las condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales para que la transición energética sea accesible para todas y todos. La legislación subnacional tiene una enorme capacidad para transformar la realidad cotidiana”, recalcó. Precisó que estos órganos deben explorar fondos estatales y municipales para la transición energética; esquemas de financiamiento verde; incentivos fiscales; alianzas público-privadas; mecanismos de inversión social; programas de financiamiento para pequeñas empresas y, particularmente, instrumentos que permitan que las familias de menores ingresos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías energéticas. 

“La energía limpia debe ser también una energía accesible. Una transición justa debe garantizar que los beneficios económicos y ambientales lleguen a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó.

Como parte de las actividades, participaron tres expertos en la materia: Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora especializada en cambio climático, transición energética y justicia climática; Rodolfo Godínez, catedrático de la UNAM, y Gabriela de la Torre Ríos, representante de C40 Cities, red global climática que acompaña a las ciudades para tener planes de acción climática. 

También Andrés Ávila, Secretario de la RELECC y la diputada María Isabel Ortiz, quien coordinó dicho foro, En su presentación, Ana Sofía Tamborrel afirmó que la injusticia climática refleja una triple desigualdad, pues las personas más pobres son las más vulnerables, ya que tienen menor capacidad de adaptación y resiliencia, en contraste con los más ricos, quienes son responsables de la emisión de gases invernadero. 

“En México, 10% de la población emite casi tres por ciento de gases de efecto invernadero versus los más ricos que emiten casi el 30%”.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morena pone orden rumbo al 2027

Morena comenzó a mover las primeras piezas rumbo a 2027. La definición de sus coordinadores estatales no es un trámite partidista. Es el primer ensayo de una elección que pondrá a prueba al movimiento.

Por Raúl García Araujo

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo pidió perfiles honestos, profesionales y competitivos. Y la dirigencia nacional decidió escuchar antes de que comenzaran las disputas.

Aguascalientes, Campeche y Colima son apenas el principio de una operación mayor. Serán 17 gubernaturas las que estarán en juego el próximo año. Por eso cada nombre tiene una lectura que rebasa a la entidad correspondiente.

La selección también manda señales sobre el tipo de candidatos que Morena quiere construir. Perfiles con trayectoria, reconocimiento territorial y capacidad para competir y gobernar.

Nora Ruvalcaba representa en Aguascalientes experiencia y conocimiento del terreno electoral.

Rosa María Bayardo llega desde Manzanillo con una estructura política construida localmente.

Pero el caso que merece una lectura especial es el de Campeche.

Ahí Pablo Gutiérrez Lazarus no solamente recibió una designación. Recibió también una señal de unidad que puede terminar siendo determinante.

Porque en política no basta con ganar una encuesta. Hay que conseguir que quienes perdieron acepten el resultado y acompañen al ganador.

Eso es justamente lo que ocurrió en Campeche con Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez. Ambos estuvieron presentes después de conocer la decisión y evitaron convertir la derrota en ruptura.

Y esa fotografía política puede valer más que cualquier discurso de unidad. Aquí aparece la mano de Layda Sansores San Román.

La gobernadora entendió que una sucesión dividida podía convertirse en un problema para Morena. Por eso apostó por Pablo Gutiérrez y sostuvo una ruta política sin titubeos.

No permitió que las aspiraciones personales terminaran convirtiéndose en una disputa de grupos. La unidad fue colocada por encima de cualquier proyecto individual.

Esa decisión tiene una explicación sencilla: quien gobierna también debe pensar en el día después. Una candidatura puede ganarse con una encuesta, pero una elección se gana con estructura.

Y una estructura dividida difícilmente responde cuando llega la hora de la campaña. Campeche parece haber entendido esa regla antes que otras entidades. Primero se define al candidato y después se reconstruye la unidad alrededor de él.

El mensaje de Sheinbaum también comienza a tomar forma. La mandataria ha pedido que las candidaturas no sean simples cuotas de grupos políticos.

Quiere perfiles honestos, profesionales y con capacidad para representar al movimiento. Eso obliga a Morena a mirar más allá de las estructuras tradicionales.

Y, sobre todo, a evitar candidatos que puedan convertirse en un problema para el gobierno. Por eso los primeros tres nombres son importantes para Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Ambas tienen ahora la responsabilidad de conducir el proceso más delicado del partido. No solamente tendrán que encontrar competitividad electoral, sino evitar fracturas.

Tendrán que conciliar grupos, contener ambiciones y garantizar que las encuestas sean aceptadas. Y hacerlo, además, bajo la conducción política de Claudia Sheinbaum.

El reto será todavía mayor cuando lleguen estados con disputas internas más profundas. Ahí no bastará con anunciar un coordinador y tomarse una fotografía.

Será necesario construir acuerdos para que quienes no ganen permanezcan dentro del proyecto.

Porque el verdadero adversario de Morena rumbo a 2027 puede estar dentro del propio Morena.

La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen una ventaja: están alineadas con la presidenta. Y esa coincidencia política puede facilitar las decisiones cuando aparezcan los conflictos.

Campeche demuestra que la unidad todavía puede construirse cuando existe conducción. Ahora toca demostrar que esa fórmula puede funcionar en las 14 gubernaturas que faltan.

En Cortito

Nos cuentan que en el estado de México el fervor político rumbo a 2027 ya comenzó a todo lo que da, y Atizapán de Zaragoza es una muestra.

Ante más de mil personas, el diputado federal y ex gobernador Eruviel Ávila, acompañado por Ariel García, líder sindical de Liconsa, respaldó a Luis Montaño Delgado en una reunión de estructuras del Partido Verde, con la presencia del diputado local Héctor García y liderazgos sindicales y comunitarios.

La señal política es clara: el Verde ya trabaja territorio en uno de los municipios más influyentes de la entidad.

Eruviel Ávila destacó el arraigo, experiencia y cercanía de Montaño con las comunidades de Atizapán, y fue contundente al asegurar que “va a pintar de Verde” al municipio.

Todo parece indicar que en este municipio mexiquense podría construirse una candidatura de unidad entre Morena y el Partido Verde, lo que explicaría el cuidado con el que se están moviendo las estructuras.

En lugar de una confrontación entre aliados, la apuesta podría ser encontrar un perfil competitivo que permita sumar fuerzas y evitar una disputa interna. Si esa ruta se confirma, Montaño llega con algo fundamental: tiempo para consolidar territorio y construir acuerdos.

La presencia de Eruviel Ávila tampoco es un dato menor. El ex gobernador conoce perfectamente los tiempos y las estructuras de la política mexiquense, y su respaldo coloca a Montaño en una posición de mayor visibilidad rumbo a 2027.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta acelera la transformación de Puebla

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta acelera la transformación de Puebla

Seiscientos días son suficientes para saber si un gobierno encontró su ritmo. En Puebla, la cifra ya tiene una lectura política propia.

Por Raúl García Araujo

“Puebla va al 600%” no habla solamente del tiempo transcurrido, sino de una manera distinta de gobernar.

Alejandro Armenta ha marcado un estilo basado en territorio, cercanía, coordinación y resultados.

La transformación empieza a medirse en hechos concretos.

La diferencia es importante. Un gobierno puede gastar, inaugurar y comunicar; otro puede preguntarse qué queda después de cada acción. Esa es la verdadera discusión de estos 600 días.

La apuesta de Armenta es que una calle reparada conecte comunidades, que una política de seguridad genere confianza, que el campo recupere productividad y que una institución resuelva problemas que durante años permanecieron sin respuesta.

Gobernar, bajo esta lógica, significa producir capacidades.

Por eso la presencia territorial se ha convertido en una característica de la administración. Jornadas ciudadanas, brigadas, Casas Carmen Serdán y atención directa en los municipios buscan llevar al gobierno donde están las necesidades.

La cercanía no se decreta; se demuestra cuando el ciudadano encuentra respuesta frente a su problema. Ahí comienza la diferencia entre una administración que informa y un gobierno que realmente está presente.

La seguridad será el principal juez. Las Mesas de Paz y la coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y los gobiernos municipales buscan fortalecer la capacidad del Estado.

Los resultados empiezan a medirse en la reducción de la violencia, pero también en la inteligencia que permite anticiparse al delito, recuperar espacios y generar confianza.

Porque en seguridad no basta con reaccionar: un gobierno eficaz debe tener la capacidad de prevenir, contener y recuperar el territorio.

En bienestar y campo también aparece un cambio de enfoque. El Programa de Obra Comunitaria coloca a las comunidades en la decisión y ejecución de proyectos, mientras que mil 500 equipos agrícolas buscan recuperar 200 mil hectáreas, con una meta de 400 mil para el próximo año.

La marca Puebla Cinco de Mayo agrega valor a la producción y abre nuevos mercados. El desafío será que estas políticas se traduzcan en mayor productividad, mejores ingresos y oportunidades reales para las familias.

La infraestructura ofrece otra medida concreta. Rehabilitar 28 mil calles importa por su dimensión, pero más por sus efectos: conectar municipios, reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad y generar condiciones para el desarrollo.

La misma lógica aparece en educación, ciencia e innovación. Kutsari, Yankuilotl y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores colocan a Puebla ante una oportunidad de largo plazo.

El reto es convertir conocimiento en inversión, tecnología y empleos especializados.

En salud, deporte y atención social la transformación también tiene rostro. El CEPOSAMI, las Casas del Abue, los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán y el respaldo a los atletas reflejan una política que busca colocar a las personas en el centro.

El agua representa quizá la mirada más clara hacia el futuro. La Economía Circular del Agua busca tratar, reutilizar y reincorporar el recurso a actividades productivas.

Anticipar una crisis siempre será mejor que administrarla cuando llegue. El agua es infraestructura estratégica y quien la proteja hoy estará gobernando también para las siguientes generaciones.

Vistos en conjunto, los resultados permiten identificar el sello de estos 600 días: presencia territorial, coordinación institucional y capacidad de ejecución.

Hay que resaltar que Alejandro Armenta no ha dejado de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinación con el gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las instituciones federales forma parte de una misma ruta para consolidar en Puebla el segundo piso de la «cuarta transformación«.

El gobernador entiende que coordinar capacidades también es gobernar y que la suma de esfuerzos puede acelerar los resultados.

Ese es el verdadero significado de los 600 días. No son páginas de un calendario ni una cifra para celebrar por sí misma.

Armenta ya imprimió velocidad al gobierno de Puebla. Ahora tiene el desafío de demostrar que esa velocidad puede convertirse en una transformación irreversible.

Y para hacerlo no está solo: tiene la coordinación con la mandataria Claudia Sheinbaum, el respaldo institucional del Gobierno de México y una responsabilidad política que ya no admite pausa.

Los primeros 600 días explican cómo gobierna Armenta. Los que vienen definirán hasta dónde puede transformar Puebla.

En Cortito

Nos cuentan que la emergencia del pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas puso a prueba a las autoridades, y la respuesta fue inmediata.

La coordinación entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno de Morelos permitió movilizar rápidamente a los cuerpos de emergencia.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado convocó al Cabildo para aprobar apoyos extraordinarios de 10 mil pesos por inmueble afectado, además de recursos para mobiliario y hasta 50 mil pesos para negocios perjudicados.

Después, acudió personalmente a Las Granjas, recorrió la zona y escuchó directamente a los vecinos.

También destacó la presencia del diputado local Daniel Martínez Terrazas, quien recorrió la zona, escuchó a las familias y ofreció respaldo a los comerciantes afectados.

Dos actores políticos, desde sus respectivas responsabilidades, estuvieron en el territorio cuando la gente más necesitaba ser escuchada.

El punto es claro: la emergencia no terminó cuando se controló el siniestro. La respuesta continúa, con apoyos económicos, atención a las viviendas y reparación de infraestructura.

Y en esa tarea, el alcalde José Luis Urióstegui ha dejado claro que su gobierno está dispuesto a permanecer en la zona hasta que avance la recuperación de las familias de Las Granjas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.

Por Raúl García Araujo

La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.

Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.

El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.

La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.

Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.

Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.

Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.

La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.

La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.

Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.

El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.

En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.

Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.

Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.

Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.

Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.

En Cortito

Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.

Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.

La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.

La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.

La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.

Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.

La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta entrega resultados a Sheinbaum

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ONU-DH señala a Veracruz como el estado más letal para periodistas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que Veracruz continúa siendo la entidad con más asesinatos de periodistas en los últimos años y urgió a reforzar las medidas de protección y el combate a la impunidad.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

Veracruz continúa siendo la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México, al concentrar el mayor número de asesinatos de comunicadores registrados en los últimos años, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

El organismo internacional alertó que la violencia contra periodistas sigue representando uno de los principales desafíos para la libertad de expresión y el derecho a la información en el país, al tiempo que llamó a fortalecer las investigaciones para evitar que estos delitos permanezcan impunes.

La advertencia coloca nuevamente a Veracruz en el centro del debate sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo, una actividad que continúa enfrentando riesgos derivados de la violencia, la delincuencia organizada y las agresiones contra la prensa.

ONU-DH llama a combatir la impunidad

La Oficina del Alto Comisionado sostuvo que el elevado número de homicidios contra periodistas en Veracruz refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección e investigación para garantizar el ejercicio libre de la actividad periodística.

Asimismo, reiteró que los ataques contra comunicadores no sólo afectan a las víctimas directas, sino también al derecho de la sociedad a recibir información, por lo que insistió en la importancia de que los responsables sean identificados, procesados y sancionados conforme a la ley.

Persisten los riesgos para la prensa

Diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han documentado durante los últimos años agresiones, amenazas, desapariciones y homicidios contra periodistas en distintas regiones del país.

Veracruz figura de manera recurrente entre las entidades con mayor incidencia de estos delitos, situación que ha motivado llamados para fortalecer los mecanismos de protección, garantizar investigaciones eficaces y reducir los niveles de impunidad.

Libertad de expresión, un desafío permanente

Especialistas en derechos humanos consideran que la protección de periodistas constituye un elemento indispensable para el funcionamiento democrático, ya que el libre ejercicio de la prensa permite el acceso de la población a información de interés público y favorece la rendición de cuentas.

La ONU-DH reiteró que las autoridades de los distintos niveles de gobierno deben redoblar esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad que permitan a los comunicadores desarrollar su labor sin amenazas ni actos de violencia. –sn–

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Pacto de impunidad. Milei premia al juez de la causa $LIBRA

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Las mismas diputaciones que impidieron levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves fueron las que protegieron a Fabricio Alvarado

Ayer lunes 27 de abril estaba establecido que se discutiría en dichos informes si se tomaría una decisión sobre el caso pero no hubo quorum para la sesión del plenario legislativo y lo mismo sucedió este martes
La entrada Las mismas diputaciones que impidieron levantar [...]

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Tortura en Puebla es ignorada por la Comisión de derechos humanos de la entidad

Tortura diaria en Puebla persiste mientras CDH minimiza gravedad del delito. Cifras alarmantes.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en los últimos ocho años se abrieron 2 mil 765 carpetas de investigación por tortura, incluyendo tratos y penas crueles, lo que equivale a casi un caso diario. Los datos revelaron que agentes ministeriales, policías municipales y estatales, así como custodios penitenciarios, cometieron estas prácticas. A pesar de la evidencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, soslayó sistemáticamente estos delitos en su informe anual.

El documento de 17 cuartillas dedicó únicamente un renglón y medio al tema de la tortura, equivalente a 20 palabras, lo que evidenció la marginalidad con que fue tratado. Las cifras oficiales mostraron que los casos se concentraron en distintas regiones del estado y afectaron a múltiples víctimas. Esta omisión generó cuestionamientos sobre la función de supervisión y defensa de derechos humanos por parte de la CDH.

Los protocolos internacionales de detección de tortura, conocidos como Protocolos de Estambul, fueron mencionados por la titular únicamente para afirmar un compromiso teórico con su erradicación. Sin embargo, no se detallaron resultados ni acciones concretas contra los responsables. Esto provocó que la sociedad civil y expertos cuestionaran la efectividad de la supervisión de la CDH.

Críticas institucionales

Durante la presentación del informe en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la presidenta invitó solo a simpatizantes y excluyó a ciertos medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente. El término “tortura” se mencionó una sola vez, reduciendo su relevancia frente a otros temas secundarios. La decisión de minimizar el tema fue interpretada como un intento de ocultar la gravedad de la situación.

La solicitud de información con folio 210448325000061 reveló que en lo que va del año la CDH recibió 11 quejas por tortura, lo que indica al menos un caso mensual que llegó a revisión oficial. Durante 2024, el primer año de gestión de Sánchez Soya, se registraron 64 quejas, lo que equivale a más de una por semana. Estas cifras contrastan con la escasa atención otorgada en el informe anual.

En los últimos tres años, la FGE abrió 251 carpetas de investigación por tortura, equivalente a 1.6 casos por día, sin que la CDH emitiera recomendaciones significativas ni informes detallados. La tortura es considerada la máxima violación a los derechos humanos y está tipificada en la Constitución del estado de Puebla como delito imprescriptible. Esta situación refuerza la percepción de ineficiencia y banalización por parte del organismo defensor.

La banalidad del mal

El análisis del informe anual mostró que la presidenta dedicó más espacio a la biblioteca de la CDH, publicaciones y folletos que a la tortura, con cinco párrafos frente a renglón y medio. Esta tendencia se observó en los últimos ocho años, período durante el cual la CDH recibió 719 quejas por tortura y emitió un número mínimo de recomendaciones. Expertos interpretan que la Comisión funciona como un organismo de ornato, cumpliendo formalidades sin enfrentar los crímenes de lesa humanidad.

Hannah Arendt, filósofa alemana citada por Sánchez Soya, describió la trivialización del mal como la “banalidad del mal”, concepto que aplica a organismos que minimizan crímenes sistemáticos. Arendt explicó que la burocracia puede ejecutar violaciones graves como procedimientos rutinarios, ignorando las consecuencias éticas y morales. El investigador Miguel J. Hernández Madrid, del Colegio de Michoacán, señaló que la cita ilustra cómo estructuras oficiales pueden normalizar abusos sin asumir responsabilidades.

La omisión del tema de la tortura evidencia que, pese a las leyes y protocolos, Puebla enfrenta un problema persistente de violencia institucional. La sociedad y organismos de derechos humanos exigieron transparencia, seguimiento de quejas y sanción a los responsables. La combinación de cifras oficiales y negligencia administrativa genera preocupación sobre la protección de garantías fundamentales en el estado. –sn–

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