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Birmingham 1963: treinta y nueve años de impunidad tras el atentado de la Calle 16
Cuatro niñas negras muriero
https://afrofeminas.com/2026/09/15/birmingham-1963-treinta-y-nueve-anos-de-impunidad-tras-el-atentado-de-la-calle-16/
#Antirracismo #DESTACADO #afrodescendientes #Afrofminas #Afrofeminas #Alabama #Birmingham #DerechosCiviles #dispora #discriminacin #HistoriaNegra #impunidad #KuKluxKlan #MujerNegra #racismo #RacismoEstructural #reparaciones #SarahCollinsRudolph #ViolenciaRacista

Birmingham 1963: treinta y nueve años de impunidad tras el atentado de la Calle 16
Cuatro niñas negras muriero
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder

Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.

Por Raúl García Araujo

El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.

Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.

En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.

Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.

Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.

La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.

En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.

Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.

En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.

No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.

La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.

En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.

Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.

Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».

La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.

No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.

En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.

También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.

El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.

Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.

La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.

El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.

Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.

Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.

Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.

Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.

En Cortito

Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.

La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.

El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.

El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.

A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.

Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.

La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.

La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.

Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morena pone orden rumbo al 2027

Morena comenzó a mover las primeras piezas rumbo a 2027. La definición de sus coordinadores estatales no es un trámite partidista. Es el primer ensayo de una elección que pondrá a prueba al movimiento.

Por Raúl García Araujo

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo pidió perfiles honestos, profesionales y competitivos. Y la dirigencia nacional decidió escuchar antes de que comenzaran las disputas.

Aguascalientes, Campeche y Colima son apenas el principio de una operación mayor. Serán 17 gubernaturas las que estarán en juego el próximo año. Por eso cada nombre tiene una lectura que rebasa a la entidad correspondiente.

La selección también manda señales sobre el tipo de candidatos que Morena quiere construir. Perfiles con trayectoria, reconocimiento territorial y capacidad para competir y gobernar.

Nora Ruvalcaba representa en Aguascalientes experiencia y conocimiento del terreno electoral.

Rosa María Bayardo llega desde Manzanillo con una estructura política construida localmente.

Pero el caso que merece una lectura especial es el de Campeche.

Ahí Pablo Gutiérrez Lazarus no solamente recibió una designación. Recibió también una señal de unidad que puede terminar siendo determinante.

Porque en política no basta con ganar una encuesta. Hay que conseguir que quienes perdieron acepten el resultado y acompañen al ganador.

Eso es justamente lo que ocurrió en Campeche con Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez. Ambos estuvieron presentes después de conocer la decisión y evitaron convertir la derrota en ruptura.

Y esa fotografía política puede valer más que cualquier discurso de unidad. Aquí aparece la mano de Layda Sansores San Román.

La gobernadora entendió que una sucesión dividida podía convertirse en un problema para Morena. Por eso apostó por Pablo Gutiérrez y sostuvo una ruta política sin titubeos.

No permitió que las aspiraciones personales terminaran convirtiéndose en una disputa de grupos. La unidad fue colocada por encima de cualquier proyecto individual.

Esa decisión tiene una explicación sencilla: quien gobierna también debe pensar en el día después. Una candidatura puede ganarse con una encuesta, pero una elección se gana con estructura.

Y una estructura dividida difícilmente responde cuando llega la hora de la campaña. Campeche parece haber entendido esa regla antes que otras entidades. Primero se define al candidato y después se reconstruye la unidad alrededor de él.

El mensaje de Sheinbaum también comienza a tomar forma. La mandataria ha pedido que las candidaturas no sean simples cuotas de grupos políticos.

Quiere perfiles honestos, profesionales y con capacidad para representar al movimiento. Eso obliga a Morena a mirar más allá de las estructuras tradicionales.

Y, sobre todo, a evitar candidatos que puedan convertirse en un problema para el gobierno. Por eso los primeros tres nombres son importantes para Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Ambas tienen ahora la responsabilidad de conducir el proceso más delicado del partido. No solamente tendrán que encontrar competitividad electoral, sino evitar fracturas.

Tendrán que conciliar grupos, contener ambiciones y garantizar que las encuestas sean aceptadas. Y hacerlo, además, bajo la conducción política de Claudia Sheinbaum.

El reto será todavía mayor cuando lleguen estados con disputas internas más profundas. Ahí no bastará con anunciar un coordinador y tomarse una fotografía.

Será necesario construir acuerdos para que quienes no ganen permanezcan dentro del proyecto.

Porque el verdadero adversario de Morena rumbo a 2027 puede estar dentro del propio Morena.

La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen una ventaja: están alineadas con la presidenta. Y esa coincidencia política puede facilitar las decisiones cuando aparezcan los conflictos.

Campeche demuestra que la unidad todavía puede construirse cuando existe conducción. Ahora toca demostrar que esa fórmula puede funcionar en las 14 gubernaturas que faltan.

En Cortito

Nos cuentan que en el estado de México el fervor político rumbo a 2027 ya comenzó a todo lo que da, y Atizapán de Zaragoza es una muestra.

Ante más de mil personas, el diputado federal y ex gobernador Eruviel Ávila, acompañado por Ariel García, líder sindical de Liconsa, respaldó a Luis Montaño Delgado en una reunión de estructuras del Partido Verde, con la presencia del diputado local Héctor García y liderazgos sindicales y comunitarios.

La señal política es clara: el Verde ya trabaja territorio en uno de los municipios más influyentes de la entidad.

Eruviel Ávila destacó el arraigo, experiencia y cercanía de Montaño con las comunidades de Atizapán, y fue contundente al asegurar que “va a pintar de Verde” al municipio.

Todo parece indicar que en este municipio mexiquense podría construirse una candidatura de unidad entre Morena y el Partido Verde, lo que explicaría el cuidado con el que se están moviendo las estructuras.

En lugar de una confrontación entre aliados, la apuesta podría ser encontrar un perfil competitivo que permita sumar fuerzas y evitar una disputa interna. Si esa ruta se confirma, Montaño llega con algo fundamental: tiempo para consolidar territorio y construir acuerdos.

La presencia de Eruviel Ávila tampoco es un dato menor. El ex gobernador conoce perfectamente los tiempos y las estructuras de la política mexiquense, y su respaldo coloca a Montaño en una posición de mayor visibilidad rumbo a 2027.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta acelera la transformación de Puebla

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📌Ayusópoly, el juego de los áticos de este verano
📌González Amador: reparto de dividendos, retrasos en el juicio, presunto soborno, incongruencias en las cuentas
📌Ayuso se niega a cumplir la ley de salud sexual y reproductiva, aprueba su ley del no nacido y traspasa fondos de Emergencias para pagar facturas de la sanidad madrileña
📌Después de la protesta de Madrid por la gestión de los incendios y la sentencia a recuperar su inversión, Ayuso sube la tasa a cada ciudadano
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta acelera la transformación de Puebla

Seiscientos días son suficientes para saber si un gobierno encontró su ritmo. En Puebla, la cifra ya tiene una lectura política propia.

Por Raúl García Araujo

“Puebla va al 600%” no habla solamente del tiempo transcurrido, sino de una manera distinta de gobernar.

Alejandro Armenta ha marcado un estilo basado en territorio, cercanía, coordinación y resultados.

La transformación empieza a medirse en hechos concretos.

La diferencia es importante. Un gobierno puede gastar, inaugurar y comunicar; otro puede preguntarse qué queda después de cada acción. Esa es la verdadera discusión de estos 600 días.

La apuesta de Armenta es que una calle reparada conecte comunidades, que una política de seguridad genere confianza, que el campo recupere productividad y que una institución resuelva problemas que durante años permanecieron sin respuesta.

Gobernar, bajo esta lógica, significa producir capacidades.

Por eso la presencia territorial se ha convertido en una característica de la administración. Jornadas ciudadanas, brigadas, Casas Carmen Serdán y atención directa en los municipios buscan llevar al gobierno donde están las necesidades.

La cercanía no se decreta; se demuestra cuando el ciudadano encuentra respuesta frente a su problema. Ahí comienza la diferencia entre una administración que informa y un gobierno que realmente está presente.

La seguridad será el principal juez. Las Mesas de Paz y la coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y los gobiernos municipales buscan fortalecer la capacidad del Estado.

Los resultados empiezan a medirse en la reducción de la violencia, pero también en la inteligencia que permite anticiparse al delito, recuperar espacios y generar confianza.

Porque en seguridad no basta con reaccionar: un gobierno eficaz debe tener la capacidad de prevenir, contener y recuperar el territorio.

En bienestar y campo también aparece un cambio de enfoque. El Programa de Obra Comunitaria coloca a las comunidades en la decisión y ejecución de proyectos, mientras que mil 500 equipos agrícolas buscan recuperar 200 mil hectáreas, con una meta de 400 mil para el próximo año.

La marca Puebla Cinco de Mayo agrega valor a la producción y abre nuevos mercados. El desafío será que estas políticas se traduzcan en mayor productividad, mejores ingresos y oportunidades reales para las familias.

La infraestructura ofrece otra medida concreta. Rehabilitar 28 mil calles importa por su dimensión, pero más por sus efectos: conectar municipios, reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad y generar condiciones para el desarrollo.

La misma lógica aparece en educación, ciencia e innovación. Kutsari, Yankuilotl y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores colocan a Puebla ante una oportunidad de largo plazo.

El reto es convertir conocimiento en inversión, tecnología y empleos especializados.

En salud, deporte y atención social la transformación también tiene rostro. El CEPOSAMI, las Casas del Abue, los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán y el respaldo a los atletas reflejan una política que busca colocar a las personas en el centro.

El agua representa quizá la mirada más clara hacia el futuro. La Economía Circular del Agua busca tratar, reutilizar y reincorporar el recurso a actividades productivas.

Anticipar una crisis siempre será mejor que administrarla cuando llegue. El agua es infraestructura estratégica y quien la proteja hoy estará gobernando también para las siguientes generaciones.

Vistos en conjunto, los resultados permiten identificar el sello de estos 600 días: presencia territorial, coordinación institucional y capacidad de ejecución.

Hay que resaltar que Alejandro Armenta no ha dejado de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinación con el gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las instituciones federales forma parte de una misma ruta para consolidar en Puebla el segundo piso de la «cuarta transformación«.

El gobernador entiende que coordinar capacidades también es gobernar y que la suma de esfuerzos puede acelerar los resultados.

Ese es el verdadero significado de los 600 días. No son páginas de un calendario ni una cifra para celebrar por sí misma.

Armenta ya imprimió velocidad al gobierno de Puebla. Ahora tiene el desafío de demostrar que esa velocidad puede convertirse en una transformación irreversible.

Y para hacerlo no está solo: tiene la coordinación con la mandataria Claudia Sheinbaum, el respaldo institucional del Gobierno de México y una responsabilidad política que ya no admite pausa.

Los primeros 600 días explican cómo gobierna Armenta. Los que vienen definirán hasta dónde puede transformar Puebla.

En Cortito

Nos cuentan que la emergencia del pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas puso a prueba a las autoridades, y la respuesta fue inmediata.

La coordinación entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno de Morelos permitió movilizar rápidamente a los cuerpos de emergencia.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado convocó al Cabildo para aprobar apoyos extraordinarios de 10 mil pesos por inmueble afectado, además de recursos para mobiliario y hasta 50 mil pesos para negocios perjudicados.

Después, acudió personalmente a Las Granjas, recorrió la zona y escuchó directamente a los vecinos.

También destacó la presencia del diputado local Daniel Martínez Terrazas, quien recorrió la zona, escuchó a las familias y ofreció respaldo a los comerciantes afectados.

Dos actores políticos, desde sus respectivas responsabilidades, estuvieron en el territorio cuando la gente más necesitaba ser escuchada.

El punto es claro: la emergencia no terminó cuando se controló el siniestro. La respuesta continúa, con apoyos económicos, atención a las viviendas y reparación de infraestructura.

Y en esa tarea, el alcalde José Luis Urióstegui ha dejado claro que su gobierno está dispuesto a permanecer en la zona hasta que avance la recuperación de las familias de Las Granjas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

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Fracasa tercer intento de atrasar audiencia preliminar del caso Aldesa

Al día de hoy y según la curaduría del Poder Judicial, Aldesa adeuda $171,582,116 a sus inversores.
La entrada Fracasa tercer intento de atrasar audiencia preliminar del caso Aldesa aparece primero en Semanario Universidad.

#Aldesa #Estafa #Impunidad #Justicia #País #ÚltimaHora

https://semanariouniversidad.com/pais/fracasa-tercer-intento-de-atrasar-audiencia-preliminar-del-caso-aldesa/

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.

Por Raúl García Araujo

La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.

Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.

El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.

La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.

Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.

Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.

Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.

La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.

La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.

Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.

El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.

En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.

Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.

Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.

Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.

Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.

En Cortito

Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.

Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.

La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.

La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.

La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.

Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.

La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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Audiencia preliminar del caso Aldesa continuará este lunes

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial declaró inadmisibles los recursos de apelación planteados por la defensa para que se suspendiera la audiencia.
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Abogados de acusados en el caso Aldesa intentan retrasar nuevamente audiencia preliminar

El caso data de 2019 cuando la corporación dejó de remitir dividendos a sus inversionistas
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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¿Qué es el Estatuto de Roma?

El Estatuto de Roma constituye el principal instrumento jurídico internacional para perseguir delitos como genocidios, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y ataques masivos contra civiles.

Por Martín García | Reportero                                      

El Estatuto de Roma es el tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente encargado de juzgar a personas acusadas de cometer los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.

El tratado fue adoptado el 17 de julio de 1998 durante una conferencia diplomática celebrada en Roma, de ahí su nombre. Entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de que al menos 60 países lo ratificaran.

¿Para qué sirve?

El Estatuto de Roma establece las normas de funcionamiento de la Corte Penal Internacional y define los delitos que pueden ser investigados y juzgados por ese tribunal.

Su objetivo principal es combatir la impunidad de quienes cometen crímenes de extrema gravedad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesarlos.

¿Qué delitos contempla?

El Estatuto reconoce cuatro grandes categorías de crímenes internacionales:

• Genocidio: actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
• Crímenes de lesa humanidad: asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, esclavitud, persecución política y otros ataques sistemáticos contra la población civil.
• Crímenes de guerra: violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables durante conflictos armados.
• Crimen de agresión: uso ilegal de la fuerza militar por un Estado contra otro.

¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya y actúa bajo el principio de complementariedad. Esto significa que interviene únicamente cuando las autoridades nacionales no investigan o no pueden hacerlo de manera efectiva.

La CPI puede iniciar investigaciones por tres vías:

• A petición de un Estado miembro.
• Por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Por iniciativa propia de la Fiscalía de la Corte, con autorización judicial.

México y el Estatuto de Roma

México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 y lo ratificó el 28 de octubre de 2005, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

La ratificación implicó reformas constitucionales y adecuaciones legales para armonizar el derecho mexicano con las obligaciones internacionales derivadas del tratado.

Desde entonces, México reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para los delitos previstos en el Estatuto, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el propio tratado.

Importancia histórica

La aprobación del Estatuto de Roma representó uno de los avances más relevantes del derecho internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Juristas lo consideran heredero de los principios establecidos en los Juicios de Núremberg, que procesaron a dirigentes nazis tras la guerra.

Actualmente, más de 120 países forman parte del tratado, aunque algunas potencias como Estados Unidos, China y Rusia no participan plenamente en la Corte o no han ratificado el Estatuto.

¿Por qué es relevante hoy?

El Estatuto de Roma constituye el principal instrumento jurídico internacional para perseguir delitos como genocidios, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y ataques masivos contra civiles. Su existencia busca garantizar que los responsables de esas conductas puedan ser juzgados, incluso cuando cuenten con poder político, militar o económico en sus países de origen. –sn–

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Cristina Rivera Garza: Conferencia magistral Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel - TV UNAM

📺 https://www.youtube.com/watch?v=XqQJis-vlMo

🌍 https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Rivera_Garza

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