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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder

Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.

Por Raúl García Araujo

El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.

Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.

En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.

Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.

Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.

La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.

En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.

Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.

En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.

No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.

La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.

En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.

Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.

Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».

La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.

No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.

En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.

También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.

El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.

Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.

La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.

El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.

Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.

Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.

Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.

Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.

En Cortito

Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.

La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.

El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.

El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.

A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.

Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.

La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.

La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.

Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Martín Villa y Daniel Aroca no declararan… ¿La justicia es igual para todos? https://loquesomos.es/teofilo-del-valle-als-50-anys-de-lassassinat/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta #Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima #Verdad #Justicia #Reparación #Alicant #Elda

📌La arquitectura de la impunidad en la gestión sanitaria pública-privada. Dobles pagos y opacidad
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