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Triple asesinato en El Porvenir eleva cifras de violencia en Honduras

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Julián Andrade – Marcaje personal | Daniel Ortega, un Stalin tropical

La revolución en Nicaragua suscitó esperanza en amplias franjas de la izquierda e inclusive de corrientes democráticas y liberales.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La revolución en Nicaragua suscitó esperanza en amplias franjas de la izquierda e inclusive de corrientes democráticas y liberales. En julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) echó del poder al dictador Anastasio Somoza.

En México había efervescencia alrededor de ese acontecimiento, porque, además, sumaba un componente interesante: la participación de comunidades de base y de religiosos comprometidos con el cambio social como el sacerdote Ernesto Cardenal, quien se convertiría en ministro de Cultura.

El gobierno del presidente José López Portillo apoyó al FSLN en todo lo que se pudo, desatando el enojo de la Casa Blanca. El objetivo era respaldar opciones distintas a las de las dictaduras militares que se habían expandido por todo el continente.

Óscar Chávez lanzó el disco Nicaragua Vencerá, cuya carátula diseñó e ilustró Naranjo. Visto con retrospectiva, aquel momento se convertiría en parte de la memoria sentimental de aquellos años, todavía impregnados por la Guerra Fría.

A finales de los ochenta, el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) envió una misión de estudiantes para solidarizarse con los revolucionarios nicas.

Casi cinco décadas después, las cosas están mucho peor que en los años setenta en Nicaragua, y uno de los líderes sandinistas se convirtió en un déspota más ruin que el dictador que ayudó a derrocar.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo gobiernan el país centroamericano con mano de hierro y hacen palidecer los momentos más oscuros del somozismo.

El próximo 17 de septiembre se debatirá en la OEA sobre la situación de Nicaragua. Hay consenso —con la excepción de México y de Brasil— de que se tienen que tomar medidas para que termine el estado policial y para que se establezca una ruta que recobre la democracia.

Todo es cuesta arriba, porque Ortega de plano canceló las elecciones y proscribió, por adelantado, a cualquier oposición, caracterizándola de extranjerizante.

La prensa está en el exilio, porque no existe la libertad de expresión y las opiniones pueden ser castigadas con la cárcel bajo la Ley de Ciberdelitos, que en realidad es una mordaza.

El dictador ejecutó otra medida funesta al despojar de la nacionalidad a 300 de sus compatriotas, entre ellos Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua, y en la actualidad es uno de los escritores más reconocidos, galardonado con el Premio Cervantes de Literatura.

También se quedaron sin pasaporte la poeta Gioconda Belli, apenas galardonada en el FIL de Literatura y Lenguas Romances, y el periodista Carlos F. Chamorro.

El pretexto de la intromisión extranjera ha funcionado como uno de los resortes represivos del régimen.

Pasadas las décadas, valdría la pena analizar dónde estuvo el extravío que no permitió aquilatar el daño que podían causar personajes como Ortega.

Formado en el traqueteo de las guerrillas, supo aprovechar en todo momento las coyunturas que lo fueron catapultando a la cima del poder, traicionando todo lo que alguna vez enarboló para transformarse en un Stalin tropical.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: El INE y las cejas de Zabludovsky

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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📌Ayusópoly, el juego de los áticos de este verano
📌González Amador: reparto de dividendos, retrasos en el juicio, presunto soborno, incongruencias en las cuentas
📌Ayuso se niega a cumplir la ley de salud sexual y reproductiva, aprueba su ley del no nacido y traspasa fondos de Emergencias para pagar facturas de la sanidad madrileña
📌Después de la protesta de Madrid por la gestión de los incendios y la sentencia a recuperar su inversión, Ayuso sube la tasa a cada ciudadano
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Fiscalía de Colombia cita a Álvaro Uribe por masacres paramilitares

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Abogada explicó que investigación del asesinato Sergio Rojas nació muerta por racismo de OIJ y de la Fiscalía de Buenos Aires

Hace cinco años, Rojas Ortiz fue asesinado de múltiples disparos, a pesar de tener medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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#Asesinato #Fiscalía #Impunidad #Indígenas #Oij #País #Salitre #SergioRojas

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Juzgado pone fin a la investigación penal del homicidio impune del líder indígena Sergio Rojas Ortiz

La familia Rojas Lázaro no apelará la decisión del Juzgado; pero exhortó al Estado de Costa Rica a garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte.
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