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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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#Internacional 🇵🇸 | La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advierte de que la retirada masiva de escombros en Gaza podría borrar pruebas de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. El FLP ha asegurado que Israel ya lo está haciendo.

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Los altavoces del festival sionista Own Spirit siguen sonando con total impunidad

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Triple asesinato en El Porvenir eleva cifras de violencia en Honduras

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📌Ayusópoly, el juego de los áticos de este verano
📌González Amador: reparto de dividendos, retrasos en el juicio, presunto soborno, incongruencias en las cuentas
📌Ayuso se niega a cumplir la ley de salud sexual y reproductiva, aprueba su ley del no nacido y traspasa fondos de Emergencias para pagar facturas de la sanidad madrileña
📌Después de la protesta de Madrid por la gestión de los incendios y la sentencia a recuperar su inversión, Ayuso sube la tasa a cada ciudadano
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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https://m.youtube.com/watch?v=WdLWk2p65qc

#314Proyecto. Reflexionamos sobre: ¿qué se necesita para que el Proyecto Nikitskaya i - Land entre en fase de organización?

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#314Proyecto. Reflexionamos sobre Qué es el feminismo en sentido positivo.

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#314Proyecto. Hoy reflexionamos sobre asuntos pendientes con los aborígenes del Continente Americano.

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¿Qué es el Estatuto de Roma?

El Estatuto de Roma constituye el principal instrumento jurídico internacional para perseguir delitos como genocidios, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y ataques masivos contra civiles.

Por Martín García | Reportero                                      

El Estatuto de Roma es el tratado internacional que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI), el primer tribunal permanente encargado de juzgar a personas acusadas de cometer los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.

El tratado fue adoptado el 17 de julio de 1998 durante una conferencia diplomática celebrada en Roma, de ahí su nombre. Entró en vigor el 1 de julio de 2002, después de que al menos 60 países lo ratificaran.

¿Para qué sirve?

El Estatuto de Roma establece las normas de funcionamiento de la Corte Penal Internacional y define los delitos que pueden ser investigados y juzgados por ese tribunal.

Su objetivo principal es combatir la impunidad de quienes cometen crímenes de extrema gravedad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren procesarlos.

¿Qué delitos contempla?

El Estatuto reconoce cuatro grandes categorías de crímenes internacionales:

• Genocidio: actos destinados a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
• Crímenes de lesa humanidad: asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, esclavitud, persecución política y otros ataques sistemáticos contra la población civil.
• Crímenes de guerra: violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables durante conflictos armados.
• Crimen de agresión: uso ilegal de la fuerza militar por un Estado contra otro.

¿Cómo funciona la Corte Penal Internacional?

La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya y actúa bajo el principio de complementariedad. Esto significa que interviene únicamente cuando las autoridades nacionales no investigan o no pueden hacerlo de manera efectiva.

La CPI puede iniciar investigaciones por tres vías:

• A petición de un Estado miembro.
• Por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
• Por iniciativa propia de la Fiscalía de la Corte, con autorización judicial.

México y el Estatuto de Roma

México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre de 2000 y lo ratificó el 28 de octubre de 2005, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada.

La ratificación implicó reformas constitucionales y adecuaciones legales para armonizar el derecho mexicano con las obligaciones internacionales derivadas del tratado.

Desde entonces, México reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para los delitos previstos en el Estatuto, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el propio tratado.

Importancia histórica

La aprobación del Estatuto de Roma representó uno de los avances más relevantes del derecho internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Juristas lo consideran heredero de los principios establecidos en los Juicios de Núremberg, que procesaron a dirigentes nazis tras la guerra.

Actualmente, más de 120 países forman parte del tratado, aunque algunas potencias como Estados Unidos, China y Rusia no participan plenamente en la Corte o no han ratificado el Estatuto.

¿Por qué es relevante hoy?

El Estatuto de Roma constituye el principal instrumento jurídico internacional para perseguir delitos como genocidios, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y ataques masivos contra civiles. Su existencia busca garantizar que los responsables de esas conductas puedan ser juzgados, incluso cuando cuenten con poder político, militar o económico en sus países de origen. –sn–

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🔥 ¡VALLEKANAS, A LAS CALLES! 🔥

Los colectivos feministas de Vallecas convocan una 'Reclama Nocturna' y una manifestación por el 8-M 👩💜♀️

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas 8M Vallekas, Ármate Vallekana, Casa de las Mujeres de Vallekas y Punto Morado Atalaya se unen para organizar las jornadas reivindicativas del 6 y 8 de Marzo en los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

En sus comunicados en redes sociales, indican las diferentes vertientes de una Impunidad fascista, machista, racista y sistemática de empresas y de la sociedad que continúan siendo cómplices de sostener un mundo donde no todas tienen cabida y que las criminaliza con sus políticas y sus discursos cargados de odio que limitan el feminismo, coartando derechos básicos. NO PODEMOS MÁS, NOS VA LA VIDA EN ELLO.

Estas reivindicaciones señalan directamente el aumento de casos de violencia machista en todo el territorio nacional en los primeros meses del año, con 10 mujeres asesinadas y 2 menores en contexto de violencia vicaria y los asesinatos perpetrados en los conflictos bélicos y guerras imperialistas que están teniendo lugar en estos instantes en el mundo.

A todos estos hechos se suma una reclamación por parte del colectivo Vallekas está harta, que denuncia la inexistencia de Espacios de Igualdad en el distrito de Puente de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 18 espacios, pero Puente de Vallecas, el cuarto distrito más poblado de la ciudad (de un total de 21 distritos) no tiene ninguno.

Las vallekanas salen este año a las calles con un lema contundente y necesario: BASTA YA DE IMPUNIDAD.

Por todos estos motivos, este año, las vecinas de Vallecas suman fuerzas y juntas, porque unidas son más fuertes y la lucha colectiva es el único camino, convocan al vecindario a la 'Reclama Nocturna' y la manifestación por el 8-M.

▪ 6M - 20:30h - RECLAMA LA NOCHE (Villa de Vallecas) 📍 Metro Sierra de Guadalupe

▪ 8M - 11:00h - MANIFESTACIÓN 8M 📍 Estadio del Rayo - Atocha, para luego sumarnos a la mani del centro.

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