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#Internacional 🇵🇸 | La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advierte de que la retirada masiva de escombros en Gaza podría borrar pruebas de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. El FLP ha asegurado que Israel ya lo está haciendo.

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#Genocidio #Impunidad #Israel #ONU #Palestina

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Los altavoces del festival sionista Own Spirit siguen sonando con total impunidad

https://tardigram.com/m/Actualidad/t/64029

Triple asesinato en El Porvenir eleva cifras de violencia en Honduras

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/triple-asesinato-eleva-cifras-violencia-honduras/

Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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🔥 ¡VALLEKANAS, A LAS CALLES! 🔥

Los colectivos feministas de Vallecas convocan una 'Reclama Nocturna' y una manifestación por el 8-M 👩💜♀️

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas 8M Vallekas, Ármate Vallekana, Casa de las Mujeres de Vallekas y Punto Morado Atalaya se unen para organizar las jornadas reivindicativas del 6 y 8 de Marzo en los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

En sus comunicados en redes sociales, indican las diferentes vertientes de una Impunidad fascista, machista, racista y sistemática de empresas y de la sociedad que continúan siendo cómplices de sostener un mundo donde no todas tienen cabida y que las criminaliza con sus políticas y sus discursos cargados de odio que limitan el feminismo, coartando derechos básicos. NO PODEMOS MÁS, NOS VA LA VIDA EN ELLO.

Estas reivindicaciones señalan directamente el aumento de casos de violencia machista en todo el territorio nacional en los primeros meses del año, con 10 mujeres asesinadas y 2 menores en contexto de violencia vicaria y los asesinatos perpetrados en los conflictos bélicos y guerras imperialistas que están teniendo lugar en estos instantes en el mundo.

A todos estos hechos se suma una reclamación por parte del colectivo Vallekas está harta, que denuncia la inexistencia de Espacios de Igualdad en el distrito de Puente de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 18 espacios, pero Puente de Vallecas, el cuarto distrito más poblado de la ciudad (de un total de 21 distritos) no tiene ninguno.

Las vallekanas salen este año a las calles con un lema contundente y necesario: BASTA YA DE IMPUNIDAD.

Por todos estos motivos, este año, las vecinas de Vallecas suman fuerzas y juntas, porque unidas son más fuertes y la lucha colectiva es el único camino, convocan al vecindario a la 'Reclama Nocturna' y la manifestación por el 8-M.

▪ 6M - 20:30h - RECLAMA LA NOCHE (Villa de Vallecas) 📍 Metro Sierra de Guadalupe

▪ 8M - 11:00h - MANIFESTACIÓN 8M 📍 Estadio del Rayo - Atocha, para luego sumarnos a la mani del centro.

#DíaInternacionaldelaMujer #MujerTrabajadora #Mujeres #Vallecanas #NiunamásNiUnaMenos #NosqueremosVivas #ReclamalaNocheVallekas #Igualdad #Derechos #Repulsa #Machismo #ViolenciaMachista #Fascismo #Odio #Impunidad #Vallecas #Vallekas

Tortura en Puebla es ignorada por la Comisión de derechos humanos de la entidad

Tortura diaria en Puebla persiste mientras CDH minimiza gravedad del delito. Cifras alarmantes.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en los últimos ocho años se abrieron 2 mil 765 carpetas de investigación por tortura, incluyendo tratos y penas crueles, lo que equivale a casi un caso diario. Los datos revelaron que agentes ministeriales, policías municipales y estatales, así como custodios penitenciarios, cometieron estas prácticas. A pesar de la evidencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, soslayó sistemáticamente estos delitos en su informe anual.

El documento de 17 cuartillas dedicó únicamente un renglón y medio al tema de la tortura, equivalente a 20 palabras, lo que evidenció la marginalidad con que fue tratado. Las cifras oficiales mostraron que los casos se concentraron en distintas regiones del estado y afectaron a múltiples víctimas. Esta omisión generó cuestionamientos sobre la función de supervisión y defensa de derechos humanos por parte de la CDH.

Los protocolos internacionales de detección de tortura, conocidos como Protocolos de Estambul, fueron mencionados por la titular únicamente para afirmar un compromiso teórico con su erradicación. Sin embargo, no se detallaron resultados ni acciones concretas contra los responsables. Esto provocó que la sociedad civil y expertos cuestionaran la efectividad de la supervisión de la CDH.

Críticas institucionales

Durante la presentación del informe en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la presidenta invitó solo a simpatizantes y excluyó a ciertos medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente. El término “tortura” se mencionó una sola vez, reduciendo su relevancia frente a otros temas secundarios. La decisión de minimizar el tema fue interpretada como un intento de ocultar la gravedad de la situación.

La solicitud de información con folio 210448325000061 reveló que en lo que va del año la CDH recibió 11 quejas por tortura, lo que indica al menos un caso mensual que llegó a revisión oficial. Durante 2024, el primer año de gestión de Sánchez Soya, se registraron 64 quejas, lo que equivale a más de una por semana. Estas cifras contrastan con la escasa atención otorgada en el informe anual.

En los últimos tres años, la FGE abrió 251 carpetas de investigación por tortura, equivalente a 1.6 casos por día, sin que la CDH emitiera recomendaciones significativas ni informes detallados. La tortura es considerada la máxima violación a los derechos humanos y está tipificada en la Constitución del estado de Puebla como delito imprescriptible. Esta situación refuerza la percepción de ineficiencia y banalización por parte del organismo defensor.

La banalidad del mal

El análisis del informe anual mostró que la presidenta dedicó más espacio a la biblioteca de la CDH, publicaciones y folletos que a la tortura, con cinco párrafos frente a renglón y medio. Esta tendencia se observó en los últimos ocho años, período durante el cual la CDH recibió 719 quejas por tortura y emitió un número mínimo de recomendaciones. Expertos interpretan que la Comisión funciona como un organismo de ornato, cumpliendo formalidades sin enfrentar los crímenes de lesa humanidad.

Hannah Arendt, filósofa alemana citada por Sánchez Soya, describió la trivialización del mal como la “banalidad del mal”, concepto que aplica a organismos que minimizan crímenes sistemáticos. Arendt explicó que la burocracia puede ejecutar violaciones graves como procedimientos rutinarios, ignorando las consecuencias éticas y morales. El investigador Miguel J. Hernández Madrid, del Colegio de Michoacán, señaló que la cita ilustra cómo estructuras oficiales pueden normalizar abusos sin asumir responsabilidades.

La omisión del tema de la tortura evidencia que, pese a las leyes y protocolos, Puebla enfrenta un problema persistente de violencia institucional. La sociedad y organismos de derechos humanos exigieron transparencia, seguimiento de quejas y sanción a los responsables. La combinación de cifras oficiales y negligencia administrativa genera preocupación sobre la protección de garantías fundamentales en el estado. –sn–

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Corte Interamericana de #DDHH condena al Estado de #Chile por rebajar penas a criminales de lesa humanidad
#corteidh #impunidad
https://radio.uchile.cl/2024/09/26/corte-interamericana-de-ddhh-condena-al-estado-de-chile-por-rebajar-penas-a-criminales-de-lesa-humanidad/

Abogada explicó que investigación del asesinato Sergio Rojas nació muerta por racismo de OIJ y de la Fiscalía de Buenos Aires

Hace cinco años, Rojas Ortiz fue asesinado de múltiples disparos, a pesar de tener medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La entrada Abogada explicó que investigación del asesinato Sergio Rojas nació muerta por racismo de OI [...]

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https://semanariouniversidad.com/pais/abogada-explico-que-investigacion-del-asesinato-sergio-rojas-nacio-muerta-por-racismo-de-oij-y-de-la-fiscalia-de-buenos-aires/

Juzgado pone fin a la investigación penal del homicidio impune del líder indígena Sergio Rojas Ortiz

La familia Rojas Lázaro no apelará la decisión del Juzgado; pero exhortó al Estado de Costa Rica a garantizar la vida e integridad física de las personas indígenas amenazadas de muerte.
La entrada Juzgado pone fin a la investigación penal del homicidio impun [...]

#Defensor #DerechosHumanos #Homicidio #Impunidad #Indígena #Juzgado #País #Salitre #SergioRojas #ÚltimaHora

https://semanariouniversidad.com/pais/juzgado-pone-fin-a-la-investigacion-penal-del-homicidio-impune-del-lider-indigena-sergio-rojas-ortiz/