#impunidad — Public Fediverse posts
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A seis meses, la masacre de niños en escuela de Minab sigue impune
Pese a que diversos medios internacionales han confirmado la autenticidad de videos que muestran el ataque con misiles Tomahawk, exclusivos del ejército de EEUU y que organismos independientes como Amnistía Internacional, Human Right Watch han exigido insistentemente que se aclare la responsabilidad de la masacre, el Pentágono ha respondido con evasivas y se limita a decir que “se está investigando.
La entrada A seis meses, la masacre de niños en escuela de Minab sigue impune aparece primero en Semanario Universidad.#BombardeoEEUU #GuerraContraIrán #Impunidad #MasacreEnEscuela #Minab #MisilesTomahawk #Mundo #ÚltimaHora
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A seis meses, la masacre de niños en escuela de Minab sigue impune
Pese a que diversos medios internacionales han confirmado la autenticidad de videos que muestran el ataque con misiles Tomahawk, exclusivos del ejército de EEUU y que organismos independientes como Amnistía Internacional, Human Right Watch han exigido insistentemente que se aclare la responsabilidad de la masacre, el Pentágono ha respondido con evasivas y se limita a decir que “se está investigando.
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A seis meses, la masacre de niños en escuela de Minab sigue impune
Pese a que diversos medios internacionales han confirmado la autenticidad de videos que muestran el ataque con misiles Tomahawk, exclusivos del ejército de EEUU y que organismos independientes como Amnistía Internacional, Human Right Watch han exigido insistentemente que se aclare la responsabilidad de la masacre, el Pentágono ha respondido con evasivas y se limita a decir que “se está investigando.
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A seis meses, la masacre de niños en escuela de Minab sigue impune
Pese a que diversos medios internacionales han confirmado la autenticidad de videos que muestran el ataque con misiles Tomahawk, exclusivos del ejército de EEUU y que organismos independientes como Amnistía Internacional, Human Right Watch han exigido insistentemente que se aclare la responsabilidad de la masacre, el Pentágono ha respondido con evasivas y se limita a decir que “se está investigando.
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Julián Andrade – Marcaje personal | La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán
La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)
Por Julián Andrade Jardi*
La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán, el 25 de julio de 2024, donde fue asesinado Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser llevado a Estados Unidos.
Corrales Rodríguez trasladó a Cuén a la cita porque era de su confianza y se requería de discreción, ya que asistirían El Mayo Zambada, entonces líder el Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, para mediar entre el propio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, con el propósito de arreglar problemas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El gobernador, ahora con licencia, siempre ha negado su participación en el encuentro, e inclusive argumentó, en su momento, que se encontraba en Los Ángeles, California.
Más allá de los asistentes, se trató, como se sabe, de una trampa que, además, desató una de las espirales de violencia más grandes en la historia sinaloense, la que luego de dos años no ha concluido.
¿Qué es lo que sabe Corrales Rodríguez? ¿Se percató de quiénes en realidad asistieron al lugar? ¿Había presencia de grupos armados, además de las escoltas de los capos?
El grado de implicación del acompañante de Cuén es incierto y quizá hasta marginal, pero participó en el encubrimiento del asesinato y el secuestro, ya que declaró que la muerte de quien también era diputado electo ocurrió en una gasolinería, como consecuencia de un intento de asalto.
Esa historia se torna esencial, porque de ahí partió el montaje que realizó la Fiscalía de Sinaloa y que fue descubierto por la FGR cuando su titular era Alejandro Gertz.
Corrales Rodríguez se había librado del problema hasta ahora, pero la indagatoria hace indispensable que se aclarezca lo ocurrido, para tener una idea de la participación de servidores públicos de la fiscalía local en el enredo.
Al parecer, en la FGR están decididos a proceder contra diversos participantes en esos hechos, por lo que la detención de Corrales Rodríguez podría ser sólo el principio de otras tantas capturas.
Después de todo, es indispensable que se conozca a cabalidad lo que ocurrió aquel día en que se desmoronó una paz que estaba sostenida en componendas criminales.
Las aristas del problema en Sinaloa son complejas y algunas de ellas provienen de Estados Unidos, de ahí que sea indispensable el conocer lo ocurrido para procurar justicia, al menos en la parte que sí está en manos de las autoridades mexicanas. A estas alturas, pasados dos años, no hay detenidos específicos.
Otro aspecto, también inquietante —sólo relacionado en parte con la muerte de Cuén y el secuestro de El Mayo—, es lo que vendrá del desarrollo de las investigaciones que se realizan al norte del río Bravo, las que significaron una acusación de un gran jurado por la que solicitó la captura del gobernador y otros nueve servidores públicos.
* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ
Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa
Julián Andrade Jardi | @SociedadN_Publicada de manera original en el diario La Razón de México
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📌Ayusópoly, el juego de los áticos de este verano
📌González Amador: reparto de dividendos, retrasos en el juicio, presunto soborno, incongruencias en las cuentas
📌Ayuso se niega a cumplir la ley de salud sexual y reproductiva, aprueba su ley del no nacido y traspasa fondos de Emergencias para pagar facturas de la sanidad madrileña
📌Después de la protesta de Madrid por la gestión de los incendios y la sentencia a recuperar su inversión, Ayuso sube la tasa a cada ciudadano
https://carabanchel.net
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📰 El ángel kastigador
El ángel kastigador llega para imponer un orden. Orden que se compone de dos polos: el de la…
🔗 https://lavozdelosquesobran.cl/opinion/el-angel-kastigador/10082026 -
Acosta Naranjo acusa a Sheinbaum de proteger a López Obrador y sus familiares
Guadalupe Acosta Naranjo acusó a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo de mantener un supuesto pacto de impunidad para proteger a Andrés Manuel López Obrador, sus colaboradores y familiares.
Por Adriana López | Reportera
El dirigente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo de mantener un supuesto “pacto de impunidad” para proteger al expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus colaboradores y familiares.
A través de su cuenta de X, @acostanaranjo sostuvo que esa presunta protección involucra a personas que, según su señalamiento, estarían relacionadas con acusaciones de narcotráfico, y afirmó que las decisiones del gobierno federal podrían poner en riesgo al país y a sus ciudadanos.
https://twitter.com/acostanaranjo/status/2090884812764516799?s=20
“El pacto de impunidad, la protección a los narcoterroristas, el cinismo y la cobardía perseguirán a la presidenta @Claudiashein por siempre”, escribió el dirigente opositor.
En el mismo mensaje, Acosta Naranjo afirmó que la supuesta protección tendría como propósito beneficiar a López Obrador, además de “sus cómplices y familiares”. Sus expresiones constituyen señalamientos políticos y no prueban por sí mismas la existencia de un pacto de impunidad ni vínculos delictivos.
Acosta Naranjo endurece críticas contra el gobierno federal
Las declaraciones se producen en un contexto de fuertes cuestionamientos de sectores de la oposición hacia el gobierno federal por la relación política con el expresidente López Obrador y por distintos casos relacionados con seguridad, presuntos actos de corrupción y posibles vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales.
En días recientes, uno de los asuntos que generó mayor controversia fue la cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente. La presidente Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la revocación de una visa no constituye por sí misma motivo para iniciar una investigación penal y afirmó que cualquier acusación de delito debe sustentarse en pruebas.
El dirigente de Somos México ha mantenido una postura crítica contra Morena y el gobierno federal. En julio pasado también pidió investigar a personajes vinculados con la denominada Cuarta Transformación a raíz de investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
Acosta Naranjo, quien busca consolidar a Somos México como una alternativa política rumbo a las elecciones de 2027, ha planteado una oposición más amplia frente a Morena y ha llamado a separar al Estado de estructuras vinculadas con el narcotráfico. –sn–
https://sociedad-noticias.com/2026/08/21/balcon-social-virus-de-la-gripa-sinaloense/
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Kenia López pide que regreso de Rocha Moya a Sinaloa no sea para buscar fuero
Kenia López Rabadán pidió que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa no implique la búsqueda de fuero y exigió que las investigaciones continúen con apego a la ley.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa no debe tener como propósito buscar fuero frente a los señalamientos que enfrenta.
“Ojalá y su regreso no sea buscando fuero”, señaló la legisladora, quien consideró que la impunidad no beneficia a México y sostuvo que las autoridades deben garantizar la aplicación de la ley sin excepciones.
Rocha Moya anunció este viernes su regreso al cargo después de 112 días de licencia, periodo durante el cual se presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las investigaciones relacionadas con señalamientos formulados desde Estados Unidos. El gobernador ha rechazado las acusaciones y sostiene que carecen de sustento.
López Rabadán relaciona regreso de Rocha con hechos recientes
En entrevista con medios de comunicación, previo a la entrega de un reconocimiento a la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán consideró que el regreso del mandatario sinaloense ocurre en un contexto marcado por acontecimientos relevantes en materia de seguridad y justicia.
La diputada se refirió a la detención de Fausto Corrales Rodríguez, identificado como testigo clave en las investigaciones relacionadas con el presunto secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, así como al traslado a México del excontralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
Sobre ambos acontecimientos, López Rabadán sostuvo que “en política no hay casualidades” y planteó que las autoridades deben esclarecer los hechos sin que el fuero constitucional se convierta en un mecanismo para impedir responsabilidades.
El regreso de Rocha Moya ocurre además en un momento de tensión en la relación entre México y Estados Unidos por los señalamientos estadounidenses sobre presuntos vínculos de funcionarios de Sinaloa con organizaciones delictivas. Reuters reportó que el gobernador retomó sus funciones después de una licencia de aproximadamente tres meses y que las acusaciones en su contra han sido rechazadas por el mandatario.
Pide aplicar la ley sin persecución política
La presidente de la Cámara de Diputados también cuestionó que la sucesión de acontecimientos coloque a México ante mayores dificultades con su principal socio comercial y llamó al Estado mexicano a ofrecer un ejemplo de legalidad y respeto a las instituciones.
“Que no se proteja a nadie, que el fuero constitucional no sea el marco referencial para estar en impunidad”, sostuvo.
Respecto del trabajo de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, López Rabadán señaló que el órgano legislativo debe actuar conforme a la ley y evitar tanto la persecución política como cualquier intento de favorecer a funcionarios o políticos señalados por posibles responsabilidades.
“La Sección Instructora, evidentemente, es aplicar la ley y sancionar en caso de que eso sea necesario y no exculpar a quienes puedan tener alguna responsabilidad”, afirmó. –sn–
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
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El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
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El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
Carlos Slim HelúLa advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
Alimentos saludablesEl documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Claudia SheinbaumUna alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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#Internacional 🇺🇸 | Estados Unidos anunció este martes sanciones para la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, en lo que supone un nuevo paso dentro de la campaña del Gobierno del presidente, Donald Trump, para desmantelar el tribunal.
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta acelera la transformación de Puebla
Seiscientos días son suficientes para saber si un gobierno encontró su ritmo. En Puebla, la cifra ya tiene una lectura política propia.
Por Raúl García Araujo
“Puebla va al 600%” no habla solamente del tiempo transcurrido, sino de una manera distinta de gobernar.
Alejandro Armenta ha marcado un estilo basado en territorio, cercanía, coordinación y resultados.
La transformación empieza a medirse en hechos concretos.
La diferencia es importante. Un gobierno puede gastar, inaugurar y comunicar; otro puede preguntarse qué queda después de cada acción. Esa es la verdadera discusión de estos 600 días.
La apuesta de Armenta es que una calle reparada conecte comunidades, que una política de seguridad genere confianza, que el campo recupere productividad y que una institución resuelva problemas que durante años permanecieron sin respuesta.
Gobernar, bajo esta lógica, significa producir capacidades.
Por eso la presencia territorial se ha convertido en una característica de la administración. Jornadas ciudadanas, brigadas, Casas Carmen Serdán y atención directa en los municipios buscan llevar al gobierno donde están las necesidades.
La cercanía no se decreta; se demuestra cuando el ciudadano encuentra respuesta frente a su problema. Ahí comienza la diferencia entre una administración que informa y un gobierno que realmente está presente.
La seguridad será el principal juez. Las Mesas de Paz y la coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y los gobiernos municipales buscan fortalecer la capacidad del Estado.
Alejandro ArmentaLos resultados empiezan a medirse en la reducción de la violencia, pero también en la inteligencia que permite anticiparse al delito, recuperar espacios y generar confianza.
Porque en seguridad no basta con reaccionar: un gobierno eficaz debe tener la capacidad de prevenir, contener y recuperar el territorio.
En bienestar y campo también aparece un cambio de enfoque. El Programa de Obra Comunitaria coloca a las comunidades en la decisión y ejecución de proyectos, mientras que mil 500 equipos agrícolas buscan recuperar 200 mil hectáreas, con una meta de 400 mil para el próximo año.
La marca Puebla Cinco de Mayo agrega valor a la producción y abre nuevos mercados. El desafío será que estas políticas se traduzcan en mayor productividad, mejores ingresos y oportunidades reales para las familias.
La infraestructura ofrece otra medida concreta. Rehabilitar 28 mil calles importa por su dimensión, pero más por sus efectos: conectar municipios, reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad y generar condiciones para el desarrollo.
La misma lógica aparece en educación, ciencia e innovación. Kutsari, Yankuilotl y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores colocan a Puebla ante una oportunidad de largo plazo.
El reto es convertir conocimiento en inversión, tecnología y empleos especializados.
En salud, deporte y atención social la transformación también tiene rostro. El CEPOSAMI, las Casas del Abue, los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán y el respaldo a los atletas reflejan una política que busca colocar a las personas en el centro.
El agua representa quizá la mirada más clara hacia el futuro. La Economía Circular del Agua busca tratar, reutilizar y reincorporar el recurso a actividades productivas.
Anticipar una crisis siempre será mejor que administrarla cuando llegue. El agua es infraestructura estratégica y quien la proteja hoy estará gobernando también para las siguientes generaciones.
Vistos en conjunto, los resultados permiten identificar el sello de estos 600 días: presencia territorial, coordinación institucional y capacidad de ejecución.
Hay que resaltar que Alejandro Armenta no ha dejado de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La coordinación con el gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las instituciones federales forma parte de una misma ruta para consolidar en Puebla el segundo piso de la «cuarta transformación«.
El gobernador entiende que coordinar capacidades también es gobernar y que la suma de esfuerzos puede acelerar los resultados.
Ese es el verdadero significado de los 600 días. No son páginas de un calendario ni una cifra para celebrar por sí misma.
Armenta ya imprimió velocidad al gobierno de Puebla. Ahora tiene el desafío de demostrar que esa velocidad puede convertirse en una transformación irreversible.
Y para hacerlo no está solo: tiene la coordinación con la mandataria Claudia Sheinbaum, el respaldo institucional del Gobierno de México y una responsabilidad política que ya no admite pausa.
Los primeros 600 días explican cómo gobierna Armenta. Los que vienen definirán hasta dónde puede transformar Puebla.
En Cortito
Nos cuentan que la emergencia del pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas puso a prueba a las autoridades, y la respuesta fue inmediata.
La coordinación entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno de Morelos permitió movilizar rápidamente a los cuerpos de emergencia.
El alcalde José Luis Urióstegui Salgado convocó al Cabildo para aprobar apoyos extraordinarios de 10 mil pesos por inmueble afectado, además de recursos para mobiliario y hasta 50 mil pesos para negocios perjudicados.
José Luis Urióstegui SalgadoDespués, acudió personalmente a Las Granjas, recorrió la zona y escuchó directamente a los vecinos.
También destacó la presencia del diputado local Daniel Martínez Terrazas, quien recorrió la zona, escuchó a las familias y ofreció respaldo a los comerciantes afectados.
Dos actores políticos, desde sus respectivas responsabilidades, estuvieron en el territorio cuando la gente más necesitaba ser escuchada.
El punto es claro: la emergencia no terminó cuando se controló el siniestro. La respuesta continúa, con apoyos económicos, atención a las viviendas y reparación de infraestructura.
Y en esa tarea, el alcalde José Luis Urióstegui ha dejado claro que su gobierno está dispuesto a permanecer en la zona hasta que avance la recuperación de las familias de Las Granjas.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan
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🚨 ¡La #impunidad no debe seguir avanzando! 🇵🇪 En #Perú, el Proyecto de Ley 14337 pone en riesgo la #justicia en varios casos: El secuestro y asesinato de un profesor y 9 estudiantes en #LaCantuta, con sentencia ya dictada. Esterilizaciones forzadas de miles de mujeres, en su mayoría campesinas e indígenas. Las protestas de 2022/23, con 50 personas muertas y miles heridas. ✍️ Firma la petición de #AmnistíaInternacional y exige verdad y justicia: https://amnistia.org.pe/anuncio/ddhh-riesgo-2026-mail ⚖️ #DerechosHumanos
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Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa
Uno de los misterios que prevalecen alrededor del caso Ayotzinapa es la identidad de El Patrón, el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Por Julián Andrade Jardi*
La captura del exgobernador Ángel Aguirre podría abrir el telón y conocer, de una vez, a un sujeto que es, o era, el máximo dirigente de los Guerreros Unidos, superior jerárquico del alcalde José Luis Abarca, y con conexiones y mando sobre corporaciones municipales, estatales y hasta federales.
La principal testigo contra Aguirre es María del Rocío Estrada Ortega, que fungía como visitadora general del Poder Judicial guerrerense y quien, a decir del propio inculpado, trabajaba para El Patrón.
Estrada Ortega confesó, como está asentado en la orden de aprehensión de la causa penal 291/2006, que se robó los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de la presidente del Tribunal, Lambertina Galeana, y que son las que captaron lo ocurrido en el Puente de El Chipote, donde, por órdenes de El Patrón, policías municipales de Iguala y Huitzuco, detuvieron a entre 15 y 20 de los estudiantes de Ayotzinapa.
Estrada Ortega sostiene que entregó los materiales al propio Aguirre, pero no sería extraño que estuviera en realidad protegiendo a su verdadero jefe.
La entonces visitadora general estuvo sujeta a investigación porque en su calidad de ministerio público entorpeció las diligencias sobre el homicidio de 17 campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995. Es decir, tenía ya un largo historial de abusos y relaciones peligrosas.
Más allá de responsabilidades concretas de Aguirre, la FGR está en posibilidades de dar un gran paso en la investigación y lo tiene, ahí, a la mano, con la testigo que está colaborando.
Por supuesto que esto no variará lo que ya se sabe, pero podría permitir el contar con un mapa más acabado de las relaciones de protección con que contaron los perpetradores de las desapariciones en ese momento.
La CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018, señala que es indispensable que la PGR (ahora FGR) indague sobre la identidad de El Patrón, ya que ello puede conducir al desenlace de la historia y precisar lo que ocurrió con los muchachos.
A las 23 horas del 26 de septiembre de esa noche trágica, El Patrón dio dos instrucciones, ya no llevar a los estudiantes a Huitzuco, sino trasladarlos a Cocula, y con “luz verde” para deshacerse de ellos.
Dar con El Patrón sí significaría un vuelco que abriría líneas de investigación que podrían fructificar en conocer y, en su caso, desmontar los apoyos políticos que hicieron posible lo que ocurrió en Iguala.
Y a ello se debe añadir el envío de los 90 restos óseos, encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan —que pueden tener material genético útil— a la Universidad de Innsbruck, en Austria, como colofón que permita, de una buena vez, propiciar justicia y no seguir enredando el asunto.
* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ
Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa
Julián Andrade Jardi | @SociedadN_Publicada de manera original en el diario La Razón de México
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Fracasa tercer intento de atrasar audiencia preliminar del caso Aldesa
Al día de hoy y según la curaduría del Poder Judicial, Aldesa adeuda $171,582,116 a sus inversores.
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Rechazan excarcelación de militares que ejecutaron a cinco jóvenes en el sur de Perú
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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan
Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.
Por Raúl García Araujo
La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.
Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.
El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.
La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.
Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.
Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.
De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.
Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.
La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.
La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.
Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.
El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.
En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.
Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.
Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.
Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.
Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.
En Cortito
Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.
Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.
La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.
La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.
La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.
Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.
La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.
Periodista mexicano | Twitter @araujogar
Columna anterior: Armenta entrega resultados a Sheinbaum
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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx
Cecy Ocampo asegura que el Partido del Sol Azteca es un “cascarón vacío” | Acusa a Isaías Villa y Polimnia Romana de querer aprovecharse de los 81 millones de prerrogativas | Ajusta el IECM fechas y plazos correspondientes a los periodos de precampaña
Por Luis Muñoz
Con la premisa de que el PRD Cdmx se convirtió en un cascarón vacío, sin rumbo social, sin un proyecto real para la gente y convertido en un nido de mapacheo político, la presidente de la Asociación Civil Movimiento Nueva Aztlán, Cecy Ocampo, anunció su renuncia como militante del sol azteca y criticó severamente a los supuestos líderes del partido como Isaías Villa y Polimnia Romana, quienes sólo buscan los 81 millones de pesos de prerrogativas.
En un amplio comunicado la dirigente de Nueva Aztlán dijo que “el PRD Cdmx se quedó sin gente, sin dignidad, sin discurso y atrapado en el pasado de siempre”.
Su salía del partido del sol azteca no tendrá ningún efecto negativo para ella porque “no necesita de siglas congeladas, líderes improvisados, fantasmas del pasado, ni oradores que solo hablan ocurrencias”.
Sostiene que el futuro y la verdadera gestión social le pertenecen a quienes caminamos todos los días junto al pueblo. En ese sentido, dijo que seguirá con el trabajo territorial, impulsando la lucha por el bienestar de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc.
“Hoy, enfatizó, esa fuerza viva con la que seguimos caminando las colonias y los barrios se llama Movimiento Nueva Aztlán; nosotros no respondemos a cúpulas, a discursos improvisados ni a vividores de la política”.
“Que les quede muy claro a los políticos de siempre: ¡Vamos a seguir construyendo comunidad desde la sociedad civil! No necesitamos siglas congeladas, ni líderes improvisados.
Cecy OcampoCecy Ocampo aseguró que Nueva Aztlán responde a verdaderas causas, como la vivienda digna para las familias; la defensa verdadera contra el despojo y la gentrificación en la alcaldía Cuauhtémoc; alimentos básicos a bajo costo y sin intermediarios, apoyando directo a la economía del hogar.
Explicó que el objetivo será mantener “la cercanía absoluta con los vecinos, escuchando y resolviendo sus necesidades con hechos, de frente, no con palabras vacías”.
La dirigente social dio a conocer los motivos de su separación: “Renuncié de manera firme al ver con mis propios ojos la decadencia en la que terminó el partido; se convirtió en un cascarón vacío, sin rumbo social, sin un proyecto real para la gente y convertido en un nido de mapacheo político”.
Se lanzó duro al señalar que los supuestos “líderes” perredistas sean simples marionetas “cuyos hilos son movidos por políticos de Morena que los quieren absorber, y por funcionarios de alcaldías panistas como Cuauhtémoc y Benito Juárez que los usan como moneda de cambio para sus propios intereses. ¡Qué lamentable final!
Cecy Ocampo fue más allá y señaló que “mientras ellos se pelean en tribunales por los más de 81 millones de las prerrogativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las calles los han abandonado por completo.
“Hoy vi con profunda tristeza y coraje el evento tan pobre y desolado que armó la cúpula del PRD local en el Monumento a Lázaro Cárdenas. Quisieron presumir un supuesto músculo de las 16 alcaldías y la plaza les quedó gigantesca”.
Luego se echó porras…
“Qué diferencia a las imágenes de 2024, cuando yo, como su candidata al Distrito 12 Local, cerré campaña en ese mismo lugar cobijada por el cariño real de miles de líderes vecinales, comerciantes y familias que sí creían en el proyecto”.
Agregó que “dio pena ajena ver la plaza vacía y, peor aún, escuchar sus discursos tan huecos y sin sustancia. De verdad, ¡no saben hablar! Ojalá hubieran escuchado las barbaridades…
Por un lado, Polimnia Romana salió a decir que hoy están ahí “para darle consejos a las personas”, como si la gente necesitara sermones y no soluciones; y otra de las que intervino apenas pudo expresar que “van a tratar de impulsar nuevamente la cercanía…”
Acaso ignora que “la cercanía no se intenta; la cercanía se vive todos los días en nuestras calles y barrios, ahí donde nuestra gente se duele por no tener qué comer, por no tener lo suficiente para pagar la renta o por no contar con un trabajo digno”.
La “cereza del pastel” fue el discurso de Isaías Villa, el gran enterrador del PRD Cdmx que ni ganar pudo las últimas elecciones. Este hombre se ha quedado completamente sin ideas y subió al templete a hablar de la vieja historia del partido, queriendo seguir convenciendo a la gente con sus discursos obsoletos”.
Para la dirigente de Nueva Aztlán eso solo significa una cosa: quedar atrapado en el pasado; no trae un proyecto nuevo, fresco ni de futuro, porque no tiene la menor estrategia real de cómo bajar al territorio y ganar una elección. Su única y verdadera intención sigue siendo enriquecerse a costa de los restos del partido”, finalizó.
HOMOLGAN CALENDARIO ELECTORAL
El consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el ajuste de las fechas y plazos correspondientes a los periodos de precampaña, captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido; así como de la recepción de la documentación para el registro de candidaturas.
De igual forma estableció las fechas límite para la presentación de plataformas electorales, la emisión del dictamen sobre el cumplimiento del apoyo de la ciudadanía y la solicitud de registro de convenios de coalición, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.
Las modificaciones derivan de la Resolución INE/CG478/2026, mediante la cual el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció la facultad de atracción para homologar, por bloques, las fechas de conclusión de las precampañas y del periodo para recabar apoyo de la ciudadanía en los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2026-2027.
Estos ajustes no modifican la naturaleza ni la duración de las etapas previstas en la legislación electoral local, sino que armonizan el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 con las fechas homologadas por la autoridad electoral nacional, a fin de fortalecer la coordinación institucional y brindar certeza jurídica a partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas sin partido y ciudadanía.
IECMComo parte de las adecuaciones al calendario electoral, las precampañas para Diputaciones al Congreso de la ciudad de México, alcaldías y concejalías se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, conservando la duración de 40 días prevista en la legislación local.
También ajustó el periodo para la captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido, quedando del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027.
En cuanto a la presentación de solicitudes de registro de convenio de coalición electoral, el consejo general estableció que la fecha límite será hasta el 4 de enero de 2027; el plazo para la presentación de solicitudes de registro de plataformas electorales, del 17 de febrero al 3 de marzo de 2027; y la fecha límite para la conclusión de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía hacia candidaturas sin partido y la emisión del dictamen correspondiente, el 1° de marzo de 2027.
*Periodista: [email protected]
Columna anterior: Capacitan a personal de Módulos Legislativos en materia de despojo
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Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa
La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tendrá implicaciones relevantes sobre la forma en que las autoridades actuaron durante las horas y los días que siguieron a partir de la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Por Julián Andrade Jardi*
Un aspecto esencial reside en lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde el autobús 1531 de Estrella Blanca, en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales de Huitzuco e Iguala.
En teoría, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia debieron captar la escena, pero nunca se tuvo acceso a ellas.
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cuenta con evidencias para establecer que fue el propio Aguirre quien ordenó destruir las grabaciones para borrar evidencias de lo acontecido en ese preciso lugar.
Por esa situación se encuentra detenida, desde mayo de 2025, Lambertina Galeana Marín, quien era la presidente del Poder Judicial guerrerense. Ella ha variado de versión a lo largo del tiempo: pasando del “no sabía”, a la destrucción “porque no aportaban nada” y ahora, con toda probabilidad, a colaborar con la FGR para obtener un criterio de oportunidad.
43 de AyotzinapaLa CNDH, desde abril de 2016, reveló que, en el Puente del Chipote, fueron detenidos entre 14 y 20 normalistas. Inclusive, ya que un testigo de los hechos se animó a contar su versión, se sabe que en el lugar estuvieron también dos agentes de la Policía Federal.
Como todo era extraño en esos momentos, uno de los federales indagó sobre lo que estaba ocurriendo:
“¿Qué pasa con los chavos?”, preguntó el federal, y un municipal le aclaró que “allá atrás se chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón decida qué hacer con ellos”.
Los videos del Palacio de Justicia, de existir, no aportarían más de lo que descubrió la CNDH y sobre lo que recomendó indagar.
Pero lo que resulta evidente es que lo acontecido en el Puente del Chipote, es clave para determinar una de las rutas de desaparición de los estudiantes y donde es notoria la participación de las autoridades.
La captura de Aguirre, más allá de las expectativas que generará, no cambiará la hipótesis central de lo ocurrido y que es la que se sostuvo desde los primeros momentos, señalando al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, las policías municipales de Iguala y Huitzuco que, en colusión con los Guerreros Unidos, desaparecieron a los 43 normalistas.
Político experimentado, tendrá que enfrentar la mayor prueba de su vida para desmontar las acusaciones en su contra, entre ellas las de estructurar toda una operación para borrar evidencias.
Aguirre, conviene recordarlo, tuvo que solicitar licencia para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre de 2014 y definitiva en abril de 2015.
Ayotzinapa fue un cisne negro y sus aleteos aún perturban casi 12 años después.
* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ
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Julián Andrade Jardi | @SociedadN_Publicada de manera original en el diario La Razón de México
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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Capacitan a personal de Módulos Legislativos en materia de despojo
No todos los casos son de despojo. Pueden tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil | Presentan resultados del Mundial; deja una derrama a las arcas de la Cdmx entre 44 mil y 66 mil millones de pesos | “Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”
Por Luis Muñoz
El curso “Capacitación en materia de prevención, identificación y canalización de casos relacionados con el delito de despojo”, en el que participaron funcionarios del gobierno de la ciudad de México y legisladores locales, se reduce a eso: a orientar a las víctimas de este delito sobre a qué instancia recurrir para exponer su situación.
La coordinadora del grupo parlamentario de Morena del Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, explicó que no todos los casos que la ciudadanía identifica como despojo necesariamente corresponden a este delito, ya que puede tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil.
La diputada Juana María Juárez López, quien preside el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, señaló que esta capacitación a 150 trabajadores permitirá que el personal de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia coadyuven a atender un problema que afecta directamente el patrimonio, la seguridad jurídica y la tranquilidad de miles de familias.
Además, reafirmó su compromiso con la capacitación continua, impulsando acciones institucionales para que todo el personal conozca plenamente las nuevas estrategias integrales que se han promovido desde la Jefatura de Gobierno para poner un alto y combatir este delito”.
La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, aclaró que quienes laboran en los Módulos Legislativos no son gestores, sino que su labor consiste en escuchar las demandas ciudadanas y canalizarlas a las instancias correspondientes.
En síntesis, todo deriva de un Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente para que el personal de todos los Módulos Legislativos de los 66 diputados locales cuente con las herramientas necesarias para identificar si se trata de un despojo y orientar a las personas hacia la respectiva instancia.
Durante el curso también se expuso que el delito de despojo no se está incrementando debido a que se presentan solo nueve denuncias al día y porque es una constante desde tiempo atrás.
La directora de Cabildo y Enlace con las Alcaldías de la Secretaría de Gobierno, Valeria Sánchez González, quien también es encargada de la atención del gabinete contra despojos, comentó que desde hace un año se implementó una estrategia encaminada a brindar certeza jurídica sobre distintas problemáticas que enfrenta la población, las cuales se presentan por diversas vías, como el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) y el “Zócalo de Gobierno Ciudadano”.
EL MUNDIAL DEJÓ UNA DERRAMA DE 66 MMDP
En la mesa de trabajo de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 del Congreso de la Ciudad de México, las Secretarías responsables presentaron los resultados de la participación de la capital como sede mundialista, un ejercicio de rendición de cuentas que refleja la vocación de buen gobierno de la Capital de la Transformación, gobernada por Clara Brugada Molina desde la cercanía con el pueblo.
Los datos:
Más de 12.5 millones de personas disfrutaron el Mundial en el espacio público de la capital, con el pueblo como protagonista de la fiesta futbolera.
La ciudad recibió 4.4 millones de turistas, 21% más que en las mismas fechas del año pasado, con una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.
El “FIFA Fan Fest” del Zócalo, con 2 millones 507 mil asistentes en 39 días, fue el más concurrido del Mundial.
Presentaron los resultados la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; Nashieli Ramírez Hernández, secretaria de la Contraloría General, y la doctora Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien celebró a los cientos de miles de funcionarios públicos que acercaron el Mundial a cada rincón de la ciudad.
La doctora Eréndira Cruzvillegas dijo que fueron 140 mil servidores públicos que atendieron a los capitalinos y a visitantes.
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo expresó: “gracias a las mujeres pioneras de la Selección Femenil de México 1971 que abrieron camino”.
Se desplegó el Plan Kukulcán, con un plan de seguridad para cada partido, operativos en la Última Milla y en los hoteles de las selecciones, y coordinación con embajadas. Más de 60 mil personas fueron movilizadas con los sistemas Ride y Park and Ride, reconocidos por la FIFA como caso de éxito.
La derrama económica se estimó entre 44 mil y 66 mil millones de pesos. El Impuesto Sobre Hospedaje de junio creció 20.6% respecto a 2025 y el IMSS reportó 100 mil empleos formales nuevos en junio. Las llegadas internacionales por ambos aeropuertos, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, aumentaron 3.5% en el segundo trimestre.
La jefe de gobierno, Clara Brugada, presidió los Comités de la ciudad de México para el Mundial, con 78 asambleas vecinales y coordinación permanente entre gobiernos, la FIFA y la comunidad.
Se realizaron más de 2 mil obras que se quedan para siempre, entre ellas 250 kilómetros de pavimentación, 500 escuelas renovadas y el Parque Elevado Tlalpan.
En cuanto al programa Hospedaje Seguro, éste operó con 270 hoteles y la Tarjeta Azul de UNICEF contra la explotación infantil. Se capacitó gratuitamente a 136 mil personas y se rindió homenaje a Las Pioneras del 71, invitadas de honor de la mesa de trabajo.
El diputado Ángel Tamariz señaló que “la ciudad de México demostró una vez más que es una urbe de clase mundial, pero sobre todo una ciudad con alma, con memoria y con una vocación inquebrantable por la justicia social. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”.
Por último se mencionó que esta capital recibió aficionados de 84 nacionalidades y generó más de 171 mil artículos en la prensa internacional. De acuerdo con la encuesta De las Heras Demotecnia 2026, 72% de las personas considera que la imagen de México ante el mundo mejoró.
RADIOGRAFÍA DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) conoció el “Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”, documento que sistematiza los principales resultados del proceso de registro, validación y dictaminación de las propuestas ciudadanas presentadas para ambos ejercicios fiscales, en el que 22 mil 853 proyectos llegaron a las boletas para ser sometidos a votación, de un total de 37 mil 43 solicitudes recibidas.
El informe, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación y presentado ante el Consejo General, tiene como propósito generar insumos para la rendición de cuentas, la planeación institucional y la mejora continua de los instrumentos de democracia participativa. Para ello, analiza el comportamiento de las solicitudes registradas en las 16 alcaldías, las 33 Direcciones Distritales y las mil 764 Unidades Territoriales de la ciudad de México.
De acuerdo con el análisis, 33 mil 798 solicitudes cumplieron con los requisitos iniciales y obtuvieron folio para ser remitidas a los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías.
Posteriormente, y una vez realizados los ajustes derivados de acuerdos institucionales, solicitudes de las personas proponentes y el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales, el universo definitivo quedó integrado por 33 mil 603 proyectos, de los cuales 22 mil 853 fueron considerados viables y 10 mil 750 no viables, lo que representa una tasa de viabilidad cercana al 68 por ciento.
El documento identifica que 61% de las propuestas fueron presentadas por mujeres y también mostró que el proceso de registro transitó de 37 mil 43 solicitudes recibidas a 22 mil 853 proyectos que participaron en la Consulta, lo que representa una tasa de conversión de 61.7 por ciento. Adicionalmente, identifica la distribución territorial de las propuestas, en el que tres alcaldías (Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo. A Madero) concentran el 41% de todas las solicitudes registradas.
*Periodista: [email protected]
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Audiencia preliminar del caso Aldesa continuará este lunes
El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial declaró inadmisibles los recursos de apelación planteados por la defensa para que se suspendiera la audiencia.
La entrada Audiencia preliminar del caso Aldesa continuará este lunes aparece primero en Semanario Universidad.#Aldesa #Estafa #Impunidad #País #PoderJudicial #ÚltimaHora
https://semanariouniversidad.com/pais/audiencia-preliminar-del-caso-aldesa-continuara-este-lunes/
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🧿 El abogado del exministro Antonio Gonçalves, Leonardo Stagg, cuestionó la ausencia de representantes de Progen -entre ellos John Manning- en el caso Apagón. Señaló que hasta ahora no han recibido notificaciones formales y criticó que permanezcan fuera del alcance de la justicia ecuatoriana, mientras otros procesados ya enfrentan medidas cautelares.
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🧿 El abogado del exministro Antonio Gonçalves, Leonardo Stagg, cuestionó la ausencia de representantes de Progen -entre ellos John Manning- en el caso Apagón. Señaló que hasta ahora no han recibido notificaciones formales y criticó que permanezcan fuera del alcance de la justicia ecuatoriana, mientras otros procesados ya enfrentan medidas cautelares.
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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Depredadores del erario público
Lobo y compañía reclaman prerrogativas del PRD ciudad de México sin tener ningún derecho | Propone la diputada Rebeca Peralta crear un programa anual de teatro penitenciario en cárceles de la Cdmx | La decisión de retirar las estatuas del “Ché” Guevara y de Castro “es una visión reducida de la democracia”: Sánchez Barrios
Por Luis Muñoz
Las características de un buen político es aquello que los distingue de los demás: la honestidad, la empatía, la transparencia; priorizan el bienestar social por encima de intereses personales, pero, sobre todo, actúan con ética.
Los sociólogos, que saben bastante de esto, porque a eso se dedican: a estudiar cómo se comportan las personas en grupo y cómo funciona la sociedad, ven a los políticos como una élite de poder separada del pueblo.
Pero no hay que generalizar, pues hay más buenos que los malos. Estos últimos son como “el negrito en el arroz”. Son fáciles de descubrir. Sus acciones los delatan…
A leguas se ve quien es corrupto, soberbios; amante de la mentira y proclive a usar el poder de mala manera.
Hace unos días, dirigentes del PRD ciudad de México revelaron que en un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del partido del Sol Azteca, Mario Tripp Reyna, secuaz del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román, presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Cdmx para que le entreguen los recursos que suman algo así como ¡81.8 millones de pesos! correspondientes a periodos anteriores.
También, recientemente, denunciaron ante instancias penales a funcionarios del Instituto Electoral capitalino por la falta de ministración de dichos fondos a que tiene derecho el partido.
Los mismos dirigentes del PRD capitalino han señalado que Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara Baja, exigió a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Un mandato del Congreso capitalino, aprobado por el Pleno, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025 que no se ejercieron debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.
El 31 de julio de éste 2026, Tripp Reyna pidió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades ni elementos para hacerlo. Ante esa demanda, las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez le aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.
Por lo tanto, según explicaron los dirigentes perredistas, “cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del Partido del Sol Azteca, cosa que no pueden comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes de PRD Cdmx.
Además, advirtieron que a esos personajes –Loboy su grupo- los van a desenmascarar y a exhibir como lo que son: depredadores de las prerrogativas del PRD Cdmx.
Ahí está la muestra de su ambición: el 31 de julio quedó al descubierto de manera pública su codicia.
REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CULTURA: REBECA PERALTA
Con el objetivo de construir una reinserción social más humana y efectiva, la diputada Rebeca Peralta del PVEM en el Congreso, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Cultura de la ciudad de México a crear un Programa anual de teatro penitenciario como mecanismo de reinserción social que contemple la realización de funciones culturales intramuros y cuando las condiciones lo permitan realizar presentaciones extramuros de personas privadas de la libertad.
La propuesta parte de una idea sencilla: el teatro no solo forma actores, también fortalece valores, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y habilidades para la vida, elementos fundamentales para que las personas privadas de la libertad puedan reconstruir su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad.
La legisladora destacó que la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen la cultura como parte del proceso de reinserción social, por lo que impulsar actividades artísticas dentro de los centros penitenciarios representa una inversión en seguridad, inclusión y reconstrucción del tejido social.
El Punto de Acuerdo propone que en todos los centros penitenciarios de la ciudad de México se desarrollen actividades permanentes de formación y producción teatral, además de realizar, al menos, una jornada anual de funciones al interior de los centros, con acceso controlado para familiares, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público previamente registrado, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.
“La reinserción social no termina con el cumplimiento de una sentencia; comienza cuando brindamos oportunidades reales para que las personas desarrollen capacidades, recuperen la confianza en sí mismas y reconstruyan sus vínculos con la sociedad”, señaló Peralta León.
Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer una política pública que coloque a la cultura como un eje de la reinserción social y reafirme que la seguridad también se construye generando oportunidades de cambio.
LAS ESTATUAS DEL “CHE” Y CASTRO NO SON MONEDA DE CAMBIO
“Las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro no son únicamente la representación de dos personajes históricos: recuerdan un episodio ocurrido en territorio mexicano que tuvo repercusiones continentales. Son testimonio de una relación histórica entre México y América Latina, de una época y de un contexto que no desaparecen porque una autoridad decidió retirar un monumento.
Una ciudad que renuncia a su memoria termina empobreciendo su capacidad para comprender su presente y construir su futuro. Si aceptamos que el patrimonio histórico y cultural depende de las preferencias ideológicas y políticas de quién gobierna una alcaldía, dejaremos de tener memoria pública para convertir el espacio urbano en un escenario de revancha política. El patrimonio histórico no tiene partido, pero sí tiene ciudadanos que tienen derecho a conservarlo”.
Lo anterior fue señalado por la diputada y coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente Diana Sánchez Barrios, debido a que las estatuas de estos personajes las quieren utilizar como moneda de cambio para obtener mayores recursos económicos en la alcaldía Cuauhtémoc.
Sánchez Barrios dejó en claro que el patrimonio histórico no constituye una mercancía ni un instrumento de compensación financiera. “Su valor trasciende cualquier cálculo económico porque representa la memoria colectiva, la identidad cultural y la historia compartida de la ciudad de México”.
“Si la intención de retirar esculturas fuera facilitar su intercambio, donación o enajenación con el propósito de beneficios materiales para una alcaldía, se estaría enviando un mensaje profundamente equivocado: que el patrimonio público puede convertirse en moneda de cambio según las necesidades presupuestales o las prioridades políticas de una administración”, precisó la legisladora.
Resaltó Sánchez Barrios que “las ciudades democráticas no se construyen borrando la historia, sino aprendiendo de ella. La decisión de retirar, en su momento, las esculturas del “Che” Guevara y de Fidel Castro del patrimonio público de la Cdmx por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, representa “una visión reducida de la democracia”, donde el poder político pretende decidir qué episodios históricos merecen permanecer en la memoria colectiva y cuáles deben desaparecer del paisaje urbano”.
*Periodista: [email protected]
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Abogados de acusados en el caso Aldesa intentan retrasar nuevamente audiencia preliminar
El caso data de 2019 cuando la corporación dejó de remitir dividendos a sus inversionistas
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ONU-DH señala a Veracruz como el estado más letal para periodistas
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que Veracruz continúa siendo la entidad con más asesinatos de periodistas en los últimos años y urgió a reforzar las medidas de protección y el combate a la impunidad.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Veracruz continúa siendo la entidad más peligrosa para el ejercicio del periodismo en México, al concentrar el mayor número de asesinatos de comunicadores registrados en los últimos años, advirtió la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
El organismo internacional alertó que la violencia contra periodistas sigue representando uno de los principales desafíos para la libertad de expresión y el derecho a la información en el país, al tiempo que llamó a fortalecer las investigaciones para evitar que estos delitos permanezcan impunes.
La advertencia coloca nuevamente a Veracruz en el centro del debate sobre la seguridad de quienes ejercen el periodismo, una actividad que continúa enfrentando riesgos derivados de la violencia, la delincuencia organizada y las agresiones contra la prensa.
ONU-DH llama a combatir la impunidad
La Oficina del Alto Comisionado sostuvo que el elevado número de homicidios contra periodistas en Veracruz refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, protección e investigación para garantizar el ejercicio libre de la actividad periodística.
Asimismo, reiteró que los ataques contra comunicadores no sólo afectan a las víctimas directas, sino también al derecho de la sociedad a recibir información, por lo que insistió en la importancia de que los responsables sean identificados, procesados y sancionados conforme a la ley.
Persisten los riesgos para la prensa
Diversas organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión han documentado durante los últimos años agresiones, amenazas, desapariciones y homicidios contra periodistas en distintas regiones del país.
Veracruz figura de manera recurrente entre las entidades con mayor incidencia de estos delitos, situación que ha motivado llamados para fortalecer los mecanismos de protección, garantizar investigaciones eficaces y reducir los niveles de impunidad.
Libertad de expresión, un desafío permanente
Especialistas en derechos humanos consideran que la protección de periodistas constituye un elemento indispensable para el funcionamiento democrático, ya que el libre ejercicio de la prensa permite el acceso de la población a información de interés público y favorece la rendición de cuentas.
La ONU-DH reiteró que las autoridades de los distintos niveles de gobierno deben redoblar esfuerzos para garantizar condiciones de seguridad que permitan a los comunicadores desarrollar su labor sin amenazas ni actos de violencia. –sn–
Periodistas fotógrafos reporteros en protesta
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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Inician reuniones para atender problemas en centros de reclusión de la Cdmx
La diputada Rebeca Peralta revisará junto con la CDHCM temas relacionados con las personas privadas de la libertad | Aprueban convocatorias para realizar una Jornada Extraordinaria de la Elección de la Copaco 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 | Todo un éxito la Guelaguetza en Azcapotzalco, dijo la alcaldesa Nancy Núñez
Por Luis Muñoz
Los derechos humanos en las cárceles de la ciudad de México merecen la mayor atención, pues enfrentan grandes retos como el hacinamiento, la falta de salud adecuada y la violencia.
A pesar de las leyes, las personas presas sufren constantes abusos que frenan su vida digna. La vigilancia de estas normas corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), con el apoyo del Congreso local.
En este contexto, desde el ámbito de sus facultades, la diputada del Partido Verde, Rebeca Peralta León ha venido realizando un importante trabajo en los centros penitenciarios a través de diversas acciones y acompañamientos, buscando contribuir a los procesos de reinserción social, promoviendo actividades que fortalezcan la dignidad, la esperanza y las oportunidades de cambio para las personas privadas de su libertad.
Esta semana inició con una reunión de trabajo junto al equipo de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX para revisar diversos temas relacionados precisamente con las personas privadas de la libertad y fortalecer las acciones en favor del respeto y la protección de sus derechos.
La legisladora precisó que seguirán impulsando el trabajo coordinado entre instituciones para avanzar en políticas públicas que promuevan la reinserción social, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.
Se sabe que los principales problemas que enfrentan los centros penitenciarios de la capital, son diversos. Entre ellos:
Sobrepoblación: Falta de espacio y saturación grave en varios centros de reclusión locales.
Salud deficiente: Escasez de medicinas, personal médico y atención especializada.
Violencia y corrupción: Malos tratos y fallas en la seguridad interna de las cárceles.
Derechos Fundamentales
Integridad: Derecho a no sufrir tortura ni tratos crueles.
Comunicación: Contacto regular y digno con familiares y abogados.
Reinserción: Acceso a educación, trabajo y salud para preparar el retorno a la sociedad.
Como antecedente de este tipo de reuniones está la jornada de actividades públicas organizadas por el gobierno capitalino y la CDHCM. Su objetivo principal es promover, difundir y defender las garantías fundamentales mediante conversatorios, ferias de servicios y expresiones artísticas en espacios públicos.
Se enfocan en la atención territorial, la revisión de políticas públicas y el fortalecimiento institucional de las garantías fundamentales en las 16 demarcaciones de la Cdmx.
Ahora, la jornada que encabeza la diputada Peralta León contempla acciones dirigidas a grupos específicos como mujeres, infancias, personas con discapacidad, juventudes y comunidades en situación de vulnerabilidad.
La colaboración institucional entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la diputada Rebeca Peralta León se ha centrado históricamente en mesas de trabajo legislativo, revisión presupuestal y acciones de reinserción social.
Destaca la Revisión presupuestal. El análisis de recursos para la prevención de la violencia de género y operación de la comisión. Además el impulso a iniciativas sobre hijas e hijos de personas privadas de la libertad. Y la promoción de derechos para comunidades diversas y garantía de protección en la capital.
REPONDRAN JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDANA EN LA CUAUHTÉMOC
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó las convocatorias para realizar una Jornada Extraordinaria de la Elección de la Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 en la Unidad Territorial Vista Alegre, así como una Jornada Extraordinaria de Consulta en San Simón Tolnahuac, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.
El IECM informó que la Jornada Extraordinaria se realizará el 16 de agosto de 2026, de 9:00 a 17:00 horas mediante la modalidad tradicional, en las Mesas Receptoras de Opinión (MRO).
IECMSeñaló, además, que conservarán su validez las opiniones emitidas durante la Jornada Anticipada celebrada del 20 al 30 de abril de 2026, tanto aquellas registradas por vía remota a través de la aplicación móvil del Sistema Electrónico por Internet (SEI), como las recabadas mediante dispositivos electrónicos proporcionados por el Instituto Electoral para las personas en estado de postración, personas cuidadoras primarias y personas en prisión preventiva. Igualmente, se preservarán las opiniones anticipadas emitidas mediante boletas impresas, de manera que no se requerirá utilizar el SEI para recabar la opinión en la Jornada Extraordinaria.
El instituto explicó que la determinación da cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) en los juicios TECDMX-JEL-252/2026 y acumulados, así como TECDMX-JEL-232/2026 y acumulados, una vez que las resoluciones quedaron firmes y concluyeron las controversias relacionadas con la jornada ordinaria.
Durante la Jornada Única celebrada el 3 de mayo de 2026 se registraron incidentes en Vista Alegre en donde un grupo de personas sustrajo de forma violenta las urnas de votación, mientras que, en San Simón Tolnahuac, un individuo ingresó a la mesa receptora y robó las urnas; hechos que obligaron a suspender definitivamente la recepción de votos y opiniones.
Derivado de estos acontecimientos, se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México y diversas personas promovieron medios de impugnación ante el TECDMX, cuyas resoluciones ordenaron reponer los ejercicios de participación ciudadana en las unidades territoriales involucradas.
En el caso de Vista Alegre se realizará nuevamente la elección de la Copaco 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, mientras que en San Simón Tolnahuac se repondrá únicamente la Consulta de Presupuesto Participativo para ambos ejercicios fiscales, conforme a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional.
CONCLUYE CON ÉXITO LA GUELAGUETZA EN AZCAPOTZALCO
La Guelaguetza, la fiesta cultural más grande de Oaxaca, conocida también como los Lunes del Cerro, concluyó con éxito en Azcapotzalco por el interés y amplia convocatoria que generó a la comunidad chintolola esta fiesta tradicional llevada al corazón de la demarcación, con una oferta de más de 100 artesanos y artesanas de las 8 regiones del estado de Oaxaca y de la alcaldía.
A lo largo del fin de semana se dieron cita más de 10 mil personas, para ser parte de esta magna celebración que incluyó una calenda en el centro de la demarcación y otra que recorrió las calles de Azcapotzalco, desde la mítica Glorieta de Camarones, hasta el Jardín Hidalgo.
La alcaldesa Nancy Núñez afirmó que estos eventos refuerzan la trascendencia en materia cultural que mantiene la demarcación y fortalece la propuesta en la materia, no solo para la comunidad chintolola sino también para quienes viven en los municipios y alcaldías circundantes.
Azcapotzalco se consolida, así, como un referente cultural en la región, donde estos eventos que reivindican la riqueza ancestral de los pueblos se reconocen como derechos de las y los chintololos.
*Periodista: [email protected]
Columna anterior: Señalan a consejeros del IECM de retener recursos del PRD-Cdmx
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CIDH lleva a Corte IDH caso por ejecución de Víctor Torres
La CIDH llevó ante la Corte IDH el caso de Víctor Emmanuel Torres Leyva, ejecutado por policías en 2005. La Comisión responsabilizó internacionalmente a México por uso arbitrario de la fuerza, falta de investigación diligente e impunidad.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Víctor Emmanuel Torres Leyva, quien murió durante una persecución policial en la entonces Distrito Federal en agosto de 2005, al considerar que México es responsable internacionalmente por violaciones a sus derechos y los de su familia.
El caso 13.170, denominado Víctor Emmanuel Torres Leyva y familia, fue remitido a la Corte IDH el 17 de marzo de 2026. La CIDH concluyó que el uso de la fuerza policial fue arbitrario e injustificado y que el Estado mexicano no investigó los hechos con la debida diligencia ni dentro de un plazo razonable.
La decisión también mantiene abierto el reclamo de justicia y reparación para la familia de Torres Leyva, quien tenía 29 años y trabajaba como ajustador de seguros empresariales cuando fue perseguido por policías después de circular en sentido contrario sobre la Calzada de la Viga. La investigación determinó que no disparó ningún arma antes de morir.
Así ocurrió la persecución policial en 2005
De acuerdo con la documentación de la CIDH y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el 19 de agosto de 2005 policías preventivos de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detectaron un Pontiac Sunfire que circulaba en sentido contrario.
La persecución involucró al menos siete patrullas, desde las cuales se realizaron disparos contra el vehículo. Después de que el automóvil chocó contra un autolavado, los agentes solicitaron una ambulancia y Torres Leyva fue encontrado muerto dentro del vehículo.
La investigación ministerial estableció que el automóvil tenía 10 orificios de bala y que Torres Leyva presentaba cuatro heridas por proyectil. También determinó que no había disparado ningún arma ni realizado maniobras de defensa o forcejeo antes de morir.
El análisis de las armas entregadas a los policías estableció además que, durante su turno, los agentes dispararon 98 balas. La investigación señaló que dos de los agresores dispararon contra Torres Leyva desde atrás, mientras él permanecía en el asiento del conductor.
Tres policías fueron condenados, pero dos quedaron libres
El proceso penal derivó inicialmente en condenas contra tres agentes por homicidio calificado con ventaja. El 11 de agosto de 2006, cada uno recibió una pena de 27 años y seis meses de prisión.
Posteriormente, tras recursos de amparo, la sentencia fue revocada respecto de Marco Vázquez y Fidencio Cortés, quienes recuperaron su libertad en 2007. La autoridad judicial argumentó que no existían elementos suficientes para determinar que sus disparos hubieran causado la muerte de Torres Leyva.
En el caso de Víctor Ríos, la responsabilidad penal fue confirmada en 2007. En 2018, la pena fue reducida a 20 años, 11 meses y siete días, y en febrero de 2019 obtuvo el beneficio de libertad condicionada.
La CIDH señaló que las investigaciones no permitieron esclarecer plenamente aspectos fundamentales de los hechos, entre ellos quién inició la persecución, quién disparó primero, cuántas balas fueron utilizadas durante ésta y las circunstancias en las que fue modificada la posición original del cuerpo de Torres Leyva.
CIDH responsabiliza internacionalmente a México
En su Informe de Fondo 258/23, la CIDH tomó nota de que el Estado mexicano reconoció que Torres Leyva fue privado de la vida como consecuencia de un uso irracional y desproporcionado de la fuerza.
La Comisión concluyó que la actuación policial fue arbitraria e injustificada y que México incumplió los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. También determinó que las autoridades no cumplieron con los estándares de debida diligencia en la investigación, sanción y juzgamiento de los hechos.
La CIDH estableció que México violó los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, previstos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Torres Leyva y sus familiares.
La Comisión también señaló que, aunque el Estado realizó algunas acciones, entre ellas el pago de gastos funerarios y una indemnización, no se ha concretado una reparación integral para las víctimas. En marzo de 2026, el Estado informó además que las víctimas promovieron un amparo contra una resolución administrativa relacionada con el plan de reparación, lo que paralizó su ejecución.
¿Qué pidió la CIDH a la Corte IDH?
Al remitir el caso, la CIDH solicitó a la Corte IDH que ordene a México cuatro medidas principales:
- Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como inmaterial.
- Adoptar medidas de compensación económica, satisfacción y atención de salud física y mental para las víctimas, de acuerdo con su voluntad.
- Realizar una investigación seria, efectiva y conforme a estándares internacionales para esclarecer los hechos, identificar a todos los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
- Adecuar la legislación o los protocolos internos sobre uso de la fuerza y prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía de la ciudad de México.
La remisión a la Corte IDH abre ahora una nueva etapa del caso. La Comisión pidió al tribunal interamericano que determine la responsabilidad internacional de México y establezca las reparaciones correspondientes por la muerte de Torres Leyva y las afectaciones sufridas por su familia. –sn–
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda.
La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.
Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.
El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.
La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.
Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.
La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Educación militarizada?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda.
La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.
Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.
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La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
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Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
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La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda.
La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.
Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.
El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.
La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.
Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.
La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Educación militarizada?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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