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Julián Andrade – Marcaje personal | El INE y las cejas de Zabludovsky

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Los actuales consejeros del INE habrían sancionado a Jacobo Zabludovsky por el simple uso de sus cejas. En los años setenta y ochenta, el control de la información era severo, especialmente en la televisión. Jacobo conducía el noticiario de mayor alcance e influencia. Había momentos en los que se debía difundir alguna nota de ésas que eran mero compromiso político: intrascendentes, por regla general, pero indispensables para tranquilizar el ánimo de los funcionarios y aliviar los dolores de cabeza de sus áreas de comunicación social.

Jacobo, entonces, se limitaba a hacer una mueca o levantar las cejas. Era un pequeño editorial sin necesidad de cortinillas, un mensaje irónico que las audiencias entendían a la perfección. No podía existir reclamo formal: en aquellos tiempos nadie interponía una queja por ironía.

Sin embargo, el INE —como si no tuviera problemas más urgentes— intentó lo impensable: monitorear la ironía y el menosprecio en los medios. Por fortuna, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les corrigió la plana; de lo contrario, habríamos presenciado un verdadero disparate, incluso desde la perspectiva del análisis técnico cotidiano.

Lo grave radica en el intento: ese reflejo institucional de considerar a la ciudadanía como menor de edad y pretender educarla de forma absurda. Cada persona sabe qué opinar sobre los gestos, tonos o expresiones de los conductores de radio y televisión, y tiene el poder soberano de apagar el televisor o cambiar de estación. La disputa por las audiencias debe permanecer en el ámbito público, sin la intromisión de autoridades que, además, demuestran entender muy poco del oficio periodístico.

Hay una profunda arrogancia en pretender regular y dirigir la discusión pública. La clave del debate no radica en las prohibiciones, sino en la calidad.

Algo similar le ocurrió a Somos México, la organización política en formación que fue despojada de su nombre y colores. El argumento oficial fue que utilizar ambas palabras representaba una competencia desleal frente a los “desvalidos” partidos tradicionales, cuyos nombres no resultan tan potentes. Es la misma manía tutelar, la misma desconfianza en la autonomía ciudadana, aderezada con una buena dosis de rencor contra los integrantes de la agrupación que ahora se verá obligada a llamarse  Somos, a secas, para no agraviar a nadie.

Las resistencias a las libertades suelen provenir de lugares y personajes insospechados. Muchos de ellos pondrían el grito en el cielo si hicieran una recapitulación serena de su propia trayectoria. Deberían ponderar, ya sin ironía alguna, cómo debilitan a un órgano que alcanzó un enorme prestigio —incluso internacional— en un pasado nada lejano.

Mientras se entretienen supervisando ademanes, tendrían que observar con detenimiento cómo el crimen organizado, sin necesidad de manuales ni monitoreos, imprime su gramática del terror, empañando elecciones y comprometiendo la democracia.

El INE tiene múltiples obligaciones constitucionales, pero ninguna de ellas consiste en educar a los periodistas para evitar que incomoden a los políticos.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Julián Andrade – Marcaje personal | La ruta para esclarecer la trampa de Culiacán

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán (…)

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La detención de Fausto Corrales Rodríguez podría arrojar información muy interesante sobre lo que ocurrió en Huertas del Pedregal, en Culiacán, el 25 de julio de 2024, donde fue asesinado Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser llevado a Estados Unidos.

Corrales Rodríguez trasladó a Cuén a la cita porque era de su confianza y se requería de discreción, ya que asistirían El Mayo Zambada, entonces líder el Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo, para mediar entre el propio Cuén y el gobernador Rubén Rocha Moya, con el propósito de arreglar problemas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El gobernador, ahora con licencia, siempre ha negado su participación en el encuentro, e inclusive argumentó, en su momento, que se encontraba en Los Ángeles, California.

Más allá de los asistentes, se trató, como se sabe, de una trampa que, además, desató una de las espirales de violencia más grandes en la historia sinaloense, la que luego de dos años no ha concluido.

¿Qué es lo que sabe Corrales Rodríguez? ¿Se percató de quiénes en realidad asistieron al lugar? ¿Había presencia de grupos armados, además de las escoltas de los capos?

El grado de implicación del acompañante de Cuén es incierto y quizá hasta marginal, pero participó en el encubrimiento del asesinato y el secuestro, ya que declaró que la muerte de quien también era diputado electo ocurrió en una gasolinería, como consecuencia de un intento de asalto.

Esa historia se torna esencial, porque de ahí partió el montaje que realizó la Fiscalía de Sinaloa y que fue descubierto por la FGR cuando su titular era Alejandro Gertz.

Corrales Rodríguez se había librado del problema hasta ahora, pero la indagatoria hace indispensable que se aclarezca lo ocurrido, para tener una idea de la participación de servidores públicos de la fiscalía local en el enredo.

Al parecer, en la FGR están decididos a proceder contra diversos participantes en esos hechos, por lo que la detención de Corrales Rodríguez podría ser sólo el principio de otras tantas capturas.

Después de todo, es indispensable que se conozca a cabalidad lo que ocurrió aquel día en que se desmoronó una paz que estaba sostenida en componendas criminales.

Las aristas del problema en Sinaloa son complejas y algunas de ellas provienen de Estados Unidos, de ahí que sea indispensable el conocer lo ocurrido para procurar justicia, al menos en la parte que sí está en manos de las autoridades mexicanas. A estas alturas, pasados dos años, no hay detenidos específicos.

Otro aspecto, también inquietante —sólo relacionado en parte con la muerte de Cuén y el secuestro de El Mayo—, es lo que vendrá del desarrollo de las investigaciones que se realizan al norte del río Bravo, las que significaron una acusación de un gran jurado por la que solicitó la captura del gobernador y otros nueve servidores públicos.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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📌Ayusópoly, el juego de los áticos de este verano
📌González Amador: reparto de dividendos, retrasos en el juicio, presunto soborno, incongruencias en las cuentas
📌Ayuso se niega a cumplir la ley de salud sexual y reproductiva, aprueba su ley del no nacido y traspasa fondos de Emergencias para pagar facturas de la sanidad madrileña
📌Después de la protesta de Madrid por la gestión de los incendios y la sentencia a recuperar su inversión, Ayuso sube la tasa a cada ciudadano
https://carabanchel.net
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#educadorasinfantiles #Feijoo #fondos #leydelnonacido #incendios #sentencia #tasa #TSJM #bomberos

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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Texto publicado de manera original en el diario ContraReplica

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Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

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Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

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Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

Uno de los misterios que prevalecen alrededor del caso Ayotzinapa es la identidad de El Patrón, el autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

La captura del exgobernador Ángel Aguirre podría abrir el telón y conocer, de una vez, a un sujeto que es, o era, el máximo dirigente de los Guerreros Unidos, superior jerárquico del alcalde José Luis Abarca, y con conexiones y mando sobre corporaciones municipales, estatales y hasta federales.

La principal testigo contra Aguirre es María del Rocío Estrada Ortega, que fungía como visitadora general del Poder Judicial guerrerense y quien, a decir del propio inculpado, trabajaba para El Patrón.

Estrada Ortega confesó, como está asentado en la orden de aprehensión de la causa penal 291/2006, que se robó los videos de las cámaras de seguridad de las oficinas de la presidente del Tribunal, Lambertina Galeana, y que son las que captaron lo ocurrido en el Puente de El Chipote, donde, por órdenes de El Patrón, policías municipales de Iguala y Huitzuco, detuvieron a entre 15 y 20 de los estudiantes de Ayotzinapa.

Estrada Ortega sostiene que entregó los materiales al propio Aguirre, pero no sería extraño que estuviera en realidad protegiendo a su verdadero jefe.

La entonces visitadora general estuvo sujeta a investigación porque en su calidad de ministerio público entorpeció las diligencias sobre el homicidio de 17 campesinos en Aguas Blancas, en junio de 1995. Es decir, tenía ya un largo historial de abusos y relaciones peligrosas.

Más allá de responsabilidades concretas de Aguirre, la FGR está en posibilidades de dar un gran paso en la investigación y lo tiene, ahí, a la mano, con la testigo que está colaborando.

Por supuesto que esto no variará lo que ya se sabe, pero podría permitir el contar con un mapa más acabado de las relaciones de protección con que contaron los perpetradores de las desapariciones en ese momento.

La CNDH, en su Recomendación 15/VG/ 2018, señala que es indispensable que la PGR (ahora FGR) indague sobre la identidad de El Patrón, ya que ello puede conducir al desenlace de la historia y precisar lo que ocurrió con los muchachos.

A las 23 horas del 26 de septiembre de esa noche trágica, El Patrón dio dos instrucciones, ya no llevar a los estudiantes a Huitzuco, sino trasladarlos a Cocula, y con “luz verde” para deshacerse de ellos.

Dar con El Patrón sí significaría un vuelco que abriría líneas de investigación que podrían fructificar en conocer y, en su caso, desmontar los apoyos políticos que hicieron posible lo que ocurrió en Iguala.

Y a ello se debe añadir el envío de los 90 restos óseos, encontrados en el basurero de Cocula y en el río San Juan —que pueden tener material genético útil— a la Universidad de Innsbruck, en Austria, como colofón que permita, de una buena vez, propiciar justicia y no seguir enredando el asunto.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

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Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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Rechazan excarcelación de militares que ejecutaron a cinco jóvenes en el sur de Perú

https://fed.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/rechazan-excarcelacion-militares-peru/

Julián Andrade – Marcaje personal | Ángel Aguirre y el cisne negro de Ayotzinapa

La detención del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre tendrá implicaciones relevantes sobre la forma en que las autoridades actuaron durante las horas y los días que siguieron a partir de la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Por Julián Andrade Jardi*                                             

Un aspecto esencial reside en lo que ocurrió en el Puente del Chipote, donde el autobús 1531 de Estrella Blanca, en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales de Huitzuco e Iguala.

En teoría, las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia debieron captar la escena, pero nunca se tuvo acceso a ellas.

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que cuenta con evidencias para establecer que fue el propio Aguirre quien ordenó destruir las grabaciones para borrar evidencias de lo acontecido en ese preciso lugar.

Por esa situación se encuentra detenida, desde mayo de 2025, Lambertina Galeana Marín, quien era la presidente del Poder Judicial guerrerense. Ella ha variado de versión a lo largo del tiempo: pasando del “no sabía”, a la destrucción “porque no aportaban nada” y ahora, con toda probabilidad, a colaborar con la FGR para obtener un criterio de oportunidad.

La CNDH, desde abril de 2016, reveló que, en el Puente del Chipote, fueron detenidos entre 14 y 20 normalistas. Inclusive, ya que un testigo de los hechos se animó a contar su versión, se sabe que en el lugar estuvieron también dos agentes de la Policía Federal.

Como todo era extraño en esos momentos, uno de los federales indagó sobre lo que estaba ocurriendo:

“¿Qué pasa con los chavos?”, preguntó el federal, y un municipal le aclaró que “allá atrás se chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón decida qué hacer con ellos”.

Los videos del Palacio de Justicia, de existir, no aportarían más de lo que descubrió la CNDH y sobre lo que recomendó indagar.

Pero lo que resulta evidente es que lo acontecido en el Puente del Chipote, es clave para determinar una de las rutas de desaparición de los estudiantes y donde es notoria la participación de las autoridades.

La captura de Aguirre, más allá de las expectativas que generará, no cambiará la hipótesis central de lo ocurrido y que es la que se sostuvo desde los primeros momentos, señalando al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, las policías municipales de Iguala y Huitzuco que, en colusión con los Guerreros Unidos, desaparecieron a los 43 normalistas.

Político experimentado, tendrá que enfrentar la mayor prueba de su vida para desmontar las acusaciones en su contra, entre ellas las de estructurar toda una operación para borrar evidencias.

Aguirre, conviene recordarlo, tuvo que solicitar licencia para separarse del cargo de gobernador el 23 de octubre de 2014 y definitiva en abril de 2015.

Ayotzinapa fue un cisne negro y sus aleteos aún perturban casi 12 años después.

* Periodista, editor y escritor mexicano / Twitter: @JAndradeJ

Columna anterior: Plan B: la política del desquite y sus límites

Publicada de manera original en el diario La Razón de México

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La modélica transición. Sangres de Agosto 1976-1982 https://loquesomos.es/la-modelica-transicion-sangres-de-agosto-1976-1982/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta #Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

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No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir.

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No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

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50 años de la sangrienta transición. Sangres de julio 1976-1982 https://loquesomos.es/la-modelica-transicion-sangres-de-julio-1976-1981/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
#Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

Fiscalía de Colombia cita a Álvaro Uribe por masacres paramilitares

https://web.brid.gy/r/https://www.telesurtv.net/fiscalia-colombia-uribe-masacre-paramilitares/

50 años de la sangrienta transición. Sangres de junio 1976-1982 https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-sangres-de-junio-1976-1982/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
#Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

50 años de la sangrienta transición. Sangres de mayo 1976-1981 https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-sangres-de-mayo-1976-1981/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
#Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

50 años de la sangrienta transición. Sangres de abril 1976-1981 https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-sangres-de-abril-1976-1981/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
#Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

🔥 ¡VALLEKANAS, A LAS CALLES! 🔥

Los colectivos feministas de Vallecas convocan una 'Reclama Nocturna' y una manifestación por el 8-M 👩💜♀️

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas 8M Vallekas, Ármate Vallekana, Casa de las Mujeres de Vallekas y Punto Morado Atalaya se unen para organizar las jornadas reivindicativas del 6 y 8 de Marzo en los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

En sus comunicados en redes sociales, indican las diferentes vertientes de una Impunidad fascista, machista, racista y sistemática de empresas y de la sociedad que continúan siendo cómplices de sostener un mundo donde no todas tienen cabida y que las criminaliza con sus políticas y sus discursos cargados de odio que limitan el feminismo, coartando derechos básicos. NO PODEMOS MÁS, NOS VA LA VIDA EN ELLO.

Estas reivindicaciones señalan directamente el aumento de casos de violencia machista en todo el territorio nacional en los primeros meses del año, con 10 mujeres asesinadas y 2 menores en contexto de violencia vicaria y los asesinatos perpetrados en los conflictos bélicos y guerras imperialistas que están teniendo lugar en estos instantes en el mundo.

A todos estos hechos se suma una reclamación por parte del colectivo Vallekas está harta, que denuncia la inexistencia de Espacios de Igualdad en el distrito de Puente de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 18 espacios, pero Puente de Vallecas, el cuarto distrito más poblado de la ciudad (de un total de 21 distritos) no tiene ninguno.

Las vallekanas salen este año a las calles con un lema contundente y necesario: BASTA YA DE IMPUNIDAD.

Por todos estos motivos, este año, las vecinas de Vallecas suman fuerzas y juntas, porque unidas son más fuertes y la lucha colectiva es el único camino, convocan al vecindario a la 'Reclama Nocturna' y la manifestación por el 8-M.

▪ 6M - 20:30h - RECLAMA LA NOCHE (Villa de Vallecas) 📍 Metro Sierra de Guadalupe

▪ 8M - 11:00h - MANIFESTACIÓN 8M 📍 Estadio del Rayo - Atocha, para luego sumarnos a la mani del centro.

#DíaInternacionaldelaMujer #MujerTrabajadora #Mujeres #Vallecanas #NiunamásNiUnaMenos #NosqueremosVivas #ReclamalaNocheVallekas #Igualdad #Derechos #Repulsa #Machismo #ViolenciaMachista #Fascismo #Odio #Impunidad #Vallecas #Vallekas

🔥 ¡VALLEKANAS, A LAS CALLES! 🔥

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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas 8M Vallekas, Ármate Vallekana, Casa de las Mujeres de Vallekas y Punto Morado Atalaya se unen para organizar las jornadas reivindicativas del 6 y 8 de Marzo en los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

En sus comunicados en redes sociales, indican las diferentes vertientes de una Impunidad fascista, machista, racista y sistemática de empresas y de la sociedad que continúan siendo cómplices de sostener un mundo donde no todas tienen cabida y que las criminaliza con sus políticas y sus discursos cargados de odio que limitan el feminismo, coartando derechos básicos. NO PODEMOS MÁS, NOS VA LA VIDA EN ELLO.

Estas reivindicaciones señalan directamente el aumento de casos de violencia machista en todo el territorio nacional en los primeros meses del año, con 10 mujeres asesinadas y 2 menores en contexto de violencia vicaria y los asesinatos perpetrados en los conflictos bélicos y guerras imperialistas que están teniendo lugar en estos instantes en el mundo.

A todos estos hechos se suma una reclamación por parte del colectivo Vallekas está harta, que denuncia la inexistencia de Espacios de Igualdad en el distrito de Puente de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 18 espacios, pero Puente de Vallecas, el cuarto distrito más poblado de la ciudad (de un total de 21 distritos) no tiene ninguno.

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▪ 6M - 20:30h - RECLAMA LA NOCHE (Villa de Vallecas) 📍 Metro Sierra de Guadalupe

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#DíaInternacionaldelaMujer #MujerTrabajadora #Mujeres #Vallecanas #NiunamásNiUnaMenos #NosqueremosVivas #ReclamalaNocheVallekas #Igualdad #Derechos #Repulsa #Machismo #ViolenciaMachista #Fascismo #Odio #Impunidad #Vallecas #Vallekas

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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas 8M Vallekas, Ármate Vallekana, Casa de las Mujeres de Vallekas y Punto Morado Atalaya se unen para organizar las jornadas reivindicativas del 6 y 8 de Marzo en los distritos de Puente y Villa de Vallecas.

En sus comunicados en redes sociales, indican las diferentes vertientes de una Impunidad fascista, machista, racista y sistemática de empresas y de la sociedad que continúan siendo cómplices de sostener un mundo donde no todas tienen cabida y que las criminaliza con sus políticas y sus discursos cargados de odio que limitan el feminismo, coartando derechos básicos. NO PODEMOS MÁS, NOS VA LA VIDA EN ELLO.

Estas reivindicaciones señalan directamente el aumento de casos de violencia machista en todo el territorio nacional en los primeros meses del año, con 10 mujeres asesinadas y 2 menores en contexto de violencia vicaria y los asesinatos perpetrados en los conflictos bélicos y guerras imperialistas que están teniendo lugar en estos instantes en el mundo.

A todos estos hechos se suma una reclamación por parte del colectivo Vallekas está harta, que denuncia la inexistencia de Espacios de Igualdad en el distrito de Puente de Vallecas. El Ayuntamiento de Madrid cuenta con 18 espacios, pero Puente de Vallecas, el cuarto distrito más poblado de la ciudad (de un total de 21 distritos) no tiene ninguno.

Las vallekanas salen este año a las calles con un lema contundente y necesario: BASTA YA DE IMPUNIDAD.

Por todos estos motivos, este año, las vecinas de Vallecas suman fuerzas y juntas, porque unidas son más fuertes y la lucha colectiva es el único camino, convocan al vecindario a la 'Reclama Nocturna' y la manifestación por el 8-M.

▪ 6M - 20:30h - RECLAMA LA NOCHE (Villa de Vallecas) 📍 Metro Sierra de Guadalupe

▪ 8M - 11:00h - MANIFESTACIÓN 8M 📍 Estadio del Rayo - Atocha, para luego sumarnos a la mani del centro.

#DíaInternacionaldelaMujer #MujerTrabajadora #Mujeres #Vallecanas #NiunamásNiUnaMenos #NosqueremosVivas #ReclamalaNocheVallekas #Igualdad #Derechos #Repulsa #Machismo #ViolenciaMachista #Fascismo #Odio #Impunidad #Vallecas #Vallekas

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50 años de la sangrienta transición. Sangres de Febrero 1976-1981 https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-sangres-de-febrero-1976-1981/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
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Martín Villa y Daniel Aroca no declararan… ¿La justicia es igual para todos? https://loquesomos.es/teofilo-del-valle-als-50-anys-de-lassassinat/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta #Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima #Verdad #Justicia #Reparación #Alicant #Elda

La Ribera de Deustu recuerda a Yolanda González y reivindica su lucha antifascista https://loquesomos.es/la-ribera-de-deustu-recuerda-a-yolanda-gonzalez-y-reivindica-su-lucha-antifascista/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
#Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

49 años sin ti, 49 años contigo ¡Arturo no te olvidamos! https://loquesomos.es/49-anos-sin-ti-49-anos-contigo-arturo-no-te-olvidamos/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
#Impunidad #Transición #YoTambiénSoyVíctima

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Palabras para un homenaje: Arturo Ruiz https://loquesomos.es/palabras-para-un-homenaje-arturo-ruiz/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
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50 años de la sangrienta transición: recordar el pasado, comprender el presente https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-recordar-el-pasado-comprender-el-presente/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
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50 años de la sangrienta transición. Sangres de Enero 1976-1981 https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-sangres-de-enero-1976-1981/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
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50 años de la sangrienta transición: recordar el pasado, comprender el presente https://loquesomos.es/50-anos-de-la-sangrienta-transicion-recordar-el-pasado-comprender-el-presente/ #50AñosDeTransiciónSangrienta #LaTransiciónFueSangrienta
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Tortura en Puebla es ignorada por la Comisión de derechos humanos de la entidad

Tortura diaria en Puebla persiste mientras CDH minimiza gravedad del delito. Cifras alarmantes.

Por Jorge Hernández | Corresponsal                                     

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que en los últimos ocho años se abrieron 2 mil 765 carpetas de investigación por tortura, incluyendo tratos y penas crueles, lo que equivale a casi un caso diario. Los datos revelaron que agentes ministeriales, policías municipales y estatales, así como custodios penitenciarios, cometieron estas prácticas. A pesar de la evidencia, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, soslayó sistemáticamente estos delitos en su informe anual.

El documento de 17 cuartillas dedicó únicamente un renglón y medio al tema de la tortura, equivalente a 20 palabras, lo que evidenció la marginalidad con que fue tratado. Las cifras oficiales mostraron que los casos se concentraron en distintas regiones del estado y afectaron a múltiples víctimas. Esta omisión generó cuestionamientos sobre la función de supervisión y defensa de derechos humanos por parte de la CDH.

Los protocolos internacionales de detección de tortura, conocidos como Protocolos de Estambul, fueron mencionados por la titular únicamente para afirmar un compromiso teórico con su erradicación. Sin embargo, no se detallaron resultados ni acciones concretas contra los responsables. Esto provocó que la sociedad civil y expertos cuestionaran la efectividad de la supervisión de la CDH.

Críticas institucionales

Durante la presentación del informe en el auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la presidenta invitó solo a simpatizantes y excluyó a ciertos medios de comunicación, entre ellos La Jornada de Oriente. El término “tortura” se mencionó una sola vez, reduciendo su relevancia frente a otros temas secundarios. La decisión de minimizar el tema fue interpretada como un intento de ocultar la gravedad de la situación.

La solicitud de información con folio 210448325000061 reveló que en lo que va del año la CDH recibió 11 quejas por tortura, lo que indica al menos un caso mensual que llegó a revisión oficial. Durante 2024, el primer año de gestión de Sánchez Soya, se registraron 64 quejas, lo que equivale a más de una por semana. Estas cifras contrastan con la escasa atención otorgada en el informe anual.

En los últimos tres años, la FGE abrió 251 carpetas de investigación por tortura, equivalente a 1.6 casos por día, sin que la CDH emitiera recomendaciones significativas ni informes detallados. La tortura es considerada la máxima violación a los derechos humanos y está tipificada en la Constitución del estado de Puebla como delito imprescriptible. Esta situación refuerza la percepción de ineficiencia y banalización por parte del organismo defensor.

La banalidad del mal

El análisis del informe anual mostró que la presidenta dedicó más espacio a la biblioteca de la CDH, publicaciones y folletos que a la tortura, con cinco párrafos frente a renglón y medio. Esta tendencia se observó en los últimos ocho años, período durante el cual la CDH recibió 719 quejas por tortura y emitió un número mínimo de recomendaciones. Expertos interpretan que la Comisión funciona como un organismo de ornato, cumpliendo formalidades sin enfrentar los crímenes de lesa humanidad.

Hannah Arendt, filósofa alemana citada por Sánchez Soya, describió la trivialización del mal como la “banalidad del mal”, concepto que aplica a organismos que minimizan crímenes sistemáticos. Arendt explicó que la burocracia puede ejecutar violaciones graves como procedimientos rutinarios, ignorando las consecuencias éticas y morales. El investigador Miguel J. Hernández Madrid, del Colegio de Michoacán, señaló que la cita ilustra cómo estructuras oficiales pueden normalizar abusos sin asumir responsabilidades.

La omisión del tema de la tortura evidencia que, pese a las leyes y protocolos, Puebla enfrenta un problema persistente de violencia institucional. La sociedad y organismos de derechos humanos exigieron transparencia, seguimiento de quejas y sanción a los responsables. La combinación de cifras oficiales y negligencia administrativa genera preocupación sobre la protección de garantías fundamentales en el estado. –sn–

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: «De Iztapalapa para el mundo»

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Columna Sociedad | El combustible del silencio

En México, la corrupción nunca ha sido un accidente, es un sistema perpretado por décadas en casi todos los rincones del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Las historias que se detallan en el denominado “huachicol fiscal” exponen la magnitud de una maquinaria criminal que ha financiado riqueza, poder e impunidad a ambos lados de la frontera.

Informes policiales y periodísticos detallan que esta red criminal transnacional no sólo ha drenado recursos públicos. También alimenta estructuras políticas que se han consolidado con dinero ilícito. Este tema ha dejado de ser un asunto sólo de combustible; se ha convertido en una estructura de poder que hoy, por decirlo suave, ha dejado moribundo a Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la investigación periodística de la agencia londinense Reuters, firmada por Stephanie Schenbacher, Shari Khan y Stephen Eisenhammer, el empresario Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”, habría financiado campañas de Morena, incluida la de Andrés Manuel López Obrador en 2018, según se citan en informes reservados por las fuerzas de seguridad militar mexicanas.

Carmona fue asesinado a tiros en 2021, –como oportunamente detalló el periodista Ramón Alberto Garza en “Codigo Magenta”; y, quién bautizó esta acción ilícita como “huachicol fiscal”—sin embargo, hasta el momento nadie ha sido detenido. Su nombre se sumó a la lista de figuras clave en una red donde los negocios, la política y la violencia se mezclan con naturalidad alarmante.

En paralelo, la colega Peniley Ramírez ha documentado vínculos de más de 500 empresas relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ellas, presuntas compañías ligadas a Audomaro Martínez, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y uno de los hombres más cercanos al ex presidente López Obrador.

En este sentido, Peniley Ramírez plantea una pregunta que erosiona cualquier defensa institucional con sentido lógico, ¿cómo pudo operar una red de tal magnitud sin que nadie en el poder se percatara? La respuesta es incómoda. O se sabía y se permitió, o se ignoró de manera conveniente.

Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha heredado un sistema de inteligencia contaminado por las omisiones del pasado. Y enfrenta el dilema –político y ético– de romper con esa inercia o convertirse en su continuidad.

El caso Carmona exhibe cómo la corrupción deja rastros no sólo en los contratos y las transferencias bancarias, sino también en las lealtades políticas que se compran con dinero del crimen transnacional. Recordemos nombres como los de Adán Augusto López Hernández; Hernán Bermúdez Requena; Julio Menchaca Salazar; Américo Villarreal Anaya; Rubén Rocha Moya; y muchos más.

Por si fuera poco, este “huachicol fiscal” no es un fenómeno de bodegas clandestinas o pipas adulteradas; como a principios de 2018 se dejó entrever, es una operación transnacional con vínculos entre servidores públicos castrenses de la Secretaría de Marina-Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional y funcionarios de alto nivel, según la documentación citada por la agencia Reuters.

En esta basta red de complicidad gubernamentales, los muertos aparecen como piezas incómodas de un rompecabezas que nadie quiere armar. Cada ejecución o accidente misterioso borra un testimonio, un rastro, una evidencia.

Pero la estructura permanece. No se trata sólo de robo de energéticos, sino de la maquinaria de poder que ese combustible lubrica y que hoy mantiene los hilos del interés criminal en la columna vertebral de diversos gobiernos en el territorio nacional.

El partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha sostenido su discurso de ética y transformación sobre la promesa de no repetir los errores del pasado. Sin embargo, estos vínculos financieros y las sombras que rodean sus campañas dan evidencia de un desafío directo a esta narrativa.

De esta forma, hay que recordar que López Obrador prometió combatir la corrupción “de arriba hacia abajo”. Hoy, los informes sugieren que el flujo del dinero ilícito se ha movido justo en sentido inverso. Ejemplos hay muchos, recuerdo los hallazgos de LatinUs con evidencias exhibidas a través de la serie “El Clan”.

A riesgo de ser ingénuo, descarto que este “huachicol fiscal” muera en este sexenio, es parte de una cultura política que confunde poder con impunidad y control con silencio. El problema es de quién lo mantiene activo desde el Estado, por el jugoso rendimiento económico que se dispersa entre sus jugadores; tenemos registro de estas acciones criminales desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las 500 empresas señaladas, las muertes sin responsables y los informes clasificados revelan un país que aún teme mirar el fondo del pozo. Porque allí no sólo está el crimen, sino los reflejos de quienes debieron combatirlo. El verdadero combustible del sistema podrído no es la gasolina o los combustibles: es el silencio.

Punto Cero

En México, siete de cada diez personas considera que el medio ambiente influye en sus decisiones diarias, no obstante, sólo un tercio mantiene esa preocupación en una práctica constante. Así lo reveló la Tercera Encuesta de Hábitos de Reciclaje de Plástico entre los Mexicanos 2025, realizada por Vida Circular en colaboración con ALPLA y P&G México. Lo importante que es voltear la mirada hacía el medio ambiente.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Agustín Rueda, Jorge Caballero, Vicente Cuervo ¡In memoriam! https://loquesomos.org/agustin-rueda-jorge-caballero-vicente-cuervo-in-memoriam/ #Verdad #Justicia #Reparación #TransiciónSangrienta
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Homenaje de CNT a tres jóvenes anarquistas asesinados por los fascistas https://loquesomos.org/homenaje-de-cnt-a-tres-jovenes-anarquistas-asesinados-por-los-fascistas/ #Verdad #Justicia #Reparación #TransiciónSangrienta
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45 años del asesinato de Yolanda González https://loquesomos.org/45-anos-del-asesinato-de-yolanda-gonzalez/ #TransiciónSangrienta #Impunidad #Transición #Yotambiénsoyvíctima #Verdad #Justicia #Reparación

Admitida a trámite la querella por el asesinato de Teófilo del Valle, durante la transición https://loquesomos.org/admitida-a-tramite-la-querella-por-el-asesinato-de-teofilo-del-valle-durante-la-transicion/ #Verdad #Justicia #Reparación #TransiciónSangrienta
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Los crímenes de la transición seguirán sin JUSTICIA! https://loquesomos.org/los-crimenes-de-la-transicion-seguiran-sin-justicia/ #Verdad #Justicia #Reparación #TransiciónSangrienta
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