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Soberanía vs. Seguridad: La encrucijada de Islandia ante un tablero global complejo e incierto

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Donantes, exdiputados y colaboradores del gobierno son ahora nuevos embajadores

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Excelente que nuestros economistas, el FMI y otros organismos internacionales supervisen nuestros temas macroeconómicos

Excelente que nuestros economistas, el FMI y otros organismos internacionales supervisen nuestros temas macroeconómicos
Está claro que el papel mundial que juega el FMI es muy importante y necesario. Inclusive podemos hasta afirmar que el FMI es relativamente justo, en el tanto que sabemos que sus financiamientos no pretenden el lucro propio con sus intervenciones. Pero en el caso de su intervención frecuente en Costa Rica, aunque es probable […]
Redacción
El Mundo CR

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Familiares de presos políticos exigen ante Cancillería que se permita el ingreso de organismos internacionales de DD.HH.

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Preso político, ¿qué es, qué significa y cuándo se considera esa condición?

¿Qué es un preso político? Conoce cómo se define esta figura, cuáles son los criterios utilizados por organismos internacionales, las diferencias con un preso de conciencia y por qué suele generar controversia.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

La expresión «preso político» suele aparecer en momentos de alta tensión política, procesos electorales, conflictos sociales o denuncias por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, pese a su frecuente uso en el debate público, no existe una definición jurídica universalmente aceptada que permita determinar de manera automática cuándo una persona puede ser considerada bajo esa condición.

En la práctica, la expresión se utiliza para describir a personas privadas de la libertad cuya detención, procesamiento o condena habría estado motivada total o parcialmente por razones políticas, ideológicas o por el ejercicio de derechos fundamentales, más que por la comisión de un delito común. Precisamente por ello, cada caso requiere un análisis individual y suele ser objeto de debate entre autoridades, organismos internacionales, especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La calificación de «preso político» no depende únicamente de la postura de un gobierno o de la persona detenida. Diversas organizaciones internacionales han desarrollado criterios para valorar si una privación de la libertad puede responder a una motivación política, aunque la decisión final suele sustentarse en el estudio de los expedientes judiciales, el contexto y las garantías del debido proceso.

Una figura sin definición única

A diferencia de otros conceptos incorporados en tratados internacionales, el término «preso político» no cuenta con una definición uniforme dentro del derecho internacional.

Por esa razón, tribunales nacionales e internacionales suelen analizar diversos elementos para determinar si una detención presenta componentes políticos. Entre ellos destacan la existencia de persecución por motivos ideológicos, el uso del sistema penal para inhibir la oposición política, la ausencia de un juicio imparcial o la aplicación desproporcionada de sanciones.

En algunos países, los gobiernos rechazan la existencia de presos políticos y sostienen que las personas detenidas enfrentan procesos penales por delitos previstos en la legislación. En contraste, organizaciones civiles pueden considerar que esos procesos fueron utilizados como instrumentos de persecución.

¿Qué criterios utilizan los organismos internacionales?

Uno de los referentes más citados es la resolución adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2012, que estableció una serie de parámetros para identificar posibles casos de presos políticos.

Entre ellos se encuentran:

• que la privación de la libertad viole derechos fundamentales reconocidos internacionalmente;
• que la detención tenga una motivación exclusivamente política;
• que la sanción resulte claramente desproporcionada respecto de la conducta atribuida;
• que exista discriminación respecto de otras personas en circunstancias similares;
• que el proceso judicial carezca de independencia o de garantías de imparcialidad.

Estos criterios no constituyen una norma obligatoria para todos los países, pero se han convertido en una referencia utilizada por especialistas y organismos de derechos humanos.

La diferencia entre preso político y preso de conciencia

Con frecuencia ambos conceptos se utilizan como sinónimos, aunque no significan exactamente lo mismo.

La organización Amnistía Internacional emplea la expresión «preso de conciencia» para referirse a personas privadas de la libertad únicamente por sus creencias, identidad, origen, orientación política o por ejercer pacíficamente derechos humanos reconocidos internacionalmente, siempre que no hayan promovido ni participado en actos de violencia.

En cambio, el concepto de preso político es más amplio y puede abarcar situaciones donde existe un proceso penal que, aun cuando se fundamente en delitos previstos por la ley, habría sido impulsado con fines políticos o mediante procedimientos que vulneran garantías fundamentales.

¿Cómo puede originarse un caso considerado político?

Especialistas en derecho constitucional y derechos humanos coinciden en que la existencia de un proceso penal contra una figura pública no convierte automáticamente a esa persona en preso político.

Para que surja esa discusión suelen analizarse circunstancias como:

• investigaciones iniciadas selectivamente contra opositores;
• utilización del aparato judicial para limitar la participación política;
• fabricación o alteración de pruebas;
• detenciones arbitrarias;
• restricciones al derecho de defensa;
• presión política sobre fiscales o jueces;
• prisión preventiva utilizada como mecanismo de castigo y no como medida cautelar.

Cada uno de estos elementos debe acreditarse mediante pruebas y resoluciones judiciales, ya que las afirmaciones por sí solas no permiten clasificar un caso bajo esa categoría.

¿Quién determina si existe un preso político?

No existe una autoridad internacional única encargada de declarar oficialmente que una persona es un preso político.

Dependiendo del caso, pueden intervenir organismos internacionales, tribunales regionales, mecanismos de Naciones Unidas, comisiones de derechos humanos o entidades civiles especializadas que emiten opiniones técnicas con base en estándares internacionales.

En algunos casos, dichas conclusiones pueden influir en decisiones diplomáticas o judiciales, aunque no sustituyen las resoluciones de los tribunales competentes.

Casos que suelen generar controversia

En distintos países, líderes opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, exfuncionarios o dirigentes sociales han sido considerados por algunos sectores como presos políticos, mientras que los gobiernos sostienen que enfrentan procesos por delitos comunes.

Esa diferencia de interpretaciones explica por qué el término suele generar intensos debates políticos y jurídicos, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre la independencia judicial, el respeto al debido proceso o la actuación de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Un concepto que exige análisis caso por caso

Para especialistas en derecho internacional, la existencia de un preso político no puede determinarse únicamente por la notoriedad del detenido ni por su afiliación política.

Cada situación requiere revisar el expediente judicial, las pruebas presentadas, las garantías procesales, la legalidad de la detención, la proporcionalidad de las medidas cautelares y el contexto en el que se desarrolló el procedimiento.

Por ello, la expresión continúa siendo uno de los conceptos más debatidos en materia de derechos humanos y justicia, ya que su aplicación depende de elementos jurídicos, políticos e institucionales que deben analizarse de manera integral. –sn–

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Kenia López pide mayor presencia de México en organismos internacionales

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a fortalecer la presencia de México en organismos multilaterales y expresó preocupación por la seguridad, las desapariciones y la libertad de prensa.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que México debe fortalecer su presencia en los organismos multilaterales para explicar la situación que enfrenta el país y las acciones emprendidas para atender los principales desafíos en materia de seguridad, derechos humanos y justicia.

En conferencia de prensa, la legisladora afirmó que la ausencia de una participación más activa de México en el ámbito internacional ha influido en la percepción que existe sobre el país, por lo que planteó la necesidad de mantener una mayor interlocución con la comunidad internacional.

La diputada también expresó preocupación por diversos temas relacionados con la seguridad pública, las desapariciones de personas y la libertad de prensa.

Señala retos en desapariciones y seguridad

Kenia López Rabadán sostuvo que, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda, el país registra 135 mil 037 personas desaparecidas y no localizadas.

Asimismo, señaló que las madres buscadoras enfrentan diversas dificultades para localizar a sus familiares y consideró necesario reforzar las acciones institucionales en esta materia.

Condena asesinatos de alcalde y periodista

La legisladora también se refirió al asesinato del presidente municipal de Temoac, Morelos, y expresó sus condolencias a la familia del edil.

Además, condenó el homicidio del periodista Alejandro Leyva, ocurrido en Oaxaca, y afirmó que este caso refleja los riesgos que enfrentan los comunicadores en el ejercicio de su labor.

Durante su mensaje, indicó que el asesinato de Alejandro Leyva representa el séptimo caso de un periodista privado de la vida en lo que va del año.

Cuestiona proceso judicial contra Ernesto Ruffo

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también hizo referencia al proceso judicial que enfrenta Ernesto Ruffo, al considerar que su permanencia en un centro penitenciario de alta seguridad es una medida desproporcionada.

La legisladora sostuvo que el caso constituye una injusticia y reiteró su postura de que es necesario fortalecer el Estado de derecho y garantizar la correcta aplicación de la ley.

Finalmente, Kenia López Rabadán reiteró su llamado para que México mantenga una mayor presencia en los foros internacionales y exponga la situación que enfrenta el país, así como las acciones encaminadas a atender los distintos retos nacionales. –sn–

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FAO reporta leve descenso del hambre global

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«No hay límite de acceso»: ONU desmiente trabas hacia ayuda internacional en Venezuela

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Fortalecen cooperación por desapariciones en México

Las autoridades federales señalaron que el intercambio de experiencias y herramientas técnicas permitirá fortalecer las investigaciones.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, sostuvo un encuentro con la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, para fortalecer la cooperación institucional en materia de desaparición de personas.

Ambas funcionarias coincidieron en la necesidad de consolidar mecanismos de colaboración frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país. El encuentro se realizó en el contexto de los trabajos relacionados con la 53 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante la reunión, Andrea Pochak afirmó que México ha desarrollado acciones relevantes para atender el fenómeno de desapariciones. Sin embargo, señaló que la participación de organismos internacionales puede contribuir al fortalecimiento institucional y a la atención de las familias afectadas. La comisionada indicó que la CIDH mantendrá disposición de colaborar con autoridades mexicanas en esta materia.

La representante internacional también subrayó la importancia de brindar certeza a familiares de personas desaparecidas. Indicó que la cooperación regional puede ampliar capacidades de búsqueda, investigación e identificación humana. La funcionaria insistió en que el acompañamiento institucional resulta indispensable frente a la magnitud del problema.

Coordinación institucional permanente

Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, senadora de Morena con liceincia, reconoció el papel de la CIDH en la elaboración del Informe sobre Desapariciones en México. La titular de la FGR afirmó que dicho documento representó un ejercicio profundo y necesario para analizar el fenómeno desde una perspectiva técnica y jurídica. También señaló que el informe permitió identificar avances institucionales y desafíos pendientes.

La funcionaria sostuvo que el fenómeno de desapariciones requiere capacidades especializadas y mecanismos de respuesta inmediata. Añadió que ninguna institución puede enfrentar de manera aislada un problema de esta complejidad. En ese sentido, indicó que la coordinación interinstitucional dejó de ser una alternativa y se convirtió en una necesidad operativa.

Godoy Ramos también reconoció que las desapariciones exigen intercambio permanente de información entre autoridades nacionales e internacionales. Explicó que la colaboración puede fortalecer las tareas de búsqueda, investigación y acceso a la justicia. Asimismo, consideró indispensable consolidar estrategias conjuntas para atender el problema desde distintos niveles institucionales. –sn–

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Alista CIDH su informe sobre desapariciones en México

Se integra a la serie de evaluaciones internacionales sobre desapariciones en México elaboradas por organismos multilaterales.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alista este lunes la presentación de un informe sobre desapariciones en el país, en un contexto marcado por el aumento de víctimas registradas y por la atención internacional al fenómeno. La vicepresidente del organismo, Andrea Pochak, encabezará el acto con la presencia de funcionarios federales y representantes diplomáticos.

Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores confirmaron su participación mediante un comunicado conjunto difundido horas antes del evento. Los subsecretarios Arturo Medina Padilla y Enrique Ochoa anunciaron estar presentes en representación de la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo para asistir a la presentación oficial del documento elaborado por la CIDH.

El informe se presenta a poco más de un mes de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitara la intervención de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para analizar la crisis de desapariciones en México.

Datos oficiales y reportes internacionales estimaron que el número de personas desaparecidas superó las 133 mil víctimas en el territorio nacional. El caso mexicano permanece bajo observación internacional debido a la dimensión de la problemática y a los retos institucionales para atenderla.

Participación internacional

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explicó que el informe incluye hallazgos, metodologías y recomendaciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a las desapariciones.

El organismo indicó que el documento forma parte de sus mecanismos regionales de observación y seguimiento en materia de derechos humanos. La exposición abordó además distintos elementos relacionados con la cooperación entre autoridades mexicanas y organismos multilaterales. –sn–

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OEA despliega misión electoral en Bahamas

Esta Misión de la OEA, la cuarta de su tipo en Las Bahamas tras las realizadas en 2012, 2017 y 2021, es financiada por contribuciones de Brasil, Colombia, Estados Unidos, República de Corea, República Dominicana y Perú.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha desplegado su Misión de Observación Electoral (MOE) en Las Bahamas, de cara a las elecciones generales de 2026.

Liderando la Misión se encuentra Sherry Tross, ex Alta Comisionada de Saint Kitts y Nevis en Canadá y Embajadora en México y Panamá. El equipo de la OEA/MOE, integrado por 21 expertos y observadores de 14 nacionalidades observará temas como la organización electoral y los límites de los distritos electorales, la tecnología electoral, la justicia electoral, el financiamiento político-electoral y la participación política de las mujeres.

Previo a las elecciones del 12 de mayo, la Jefa de Misión y el equipo de la OEA se reunirán con funcionarios gubernamentales, autoridades electorales, candidaturas, representantes de la sociedad civil, entre otros, para recopilar información sobre el proceso electoral. El día de las elecciones, las y los observadores darán segumiento en los centros de votación desde la apertura de las urnas, el proceso de votación, el conteo y la transmisión de los resultados.

Tras la votación, la Misión de Observación Electoral publicará un primer informe que detallará sus conclusiones y recomendaciones para fortalecer las instituciones democráticas de Las Bahamas. –sn–

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Cinco organismos internacionales alertan sobre la corrupción en España, según ABC

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OEA y JA Américas fortalecen apoyo a jóvenes en América

La OEA y JA Worldwide renuevan cooperación para promover la inclusión juvenil y el emprendimiento en las Américas

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y JA Worldwide, a través de su centro regional JA Américas, firmaron un acuerdo marco de cooperación renovado para fortalecer la colaboración en apoyo al desarrollo juvenil, el emprendimiento y la inclusión social en todo el Hemisferio.

El documento, firmado hoy en la sede de la OEA en Washington, DC., por el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin, y la Presidenta de JA Américas, Noël Zemborain, restablece mecanismos de acción conjunta orientados a promover oportunidades económicas, sociales y educativas, particularmente para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se basa en la cooperación previa entre las partes y refuerza su compromiso compartido de empoderar a los jóvenes con habilidades para el empleo y el emprendimiento.

La Presidenta Noël Zemborain afirmó: “Este acuerdo refleja una visión compartida de que empoderar a la juventud es esencial para construir sociedades más inclusivas, prósperas y resilientes. Juntos, no solo reconocemos habilidades, sino que abrimos puertas y creamos caminos para la próxima generación de líderes”. –sn–

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López Rabadán alerta sobre crisis de desapariciones y pide intervención internacional

Esta crisis no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse. Informe de la ONU, oportunidad para recibir apoyo financiero y asistencia especializada en la materia.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La diputada Kenia López Rabadán, quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sostuvo que México no debe ser el referente internacional en desapariciones y afirmó que esta crisis no puede ignorarse, minimizarse ni descalificarse.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada federal señaló que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar, con carácter de urgente, que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para atenderse mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y que México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en la materia.

“Hay una alta responsabilidad por cumplir: investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de ella”, indicó.

López Rabadán recordó que México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos, y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y corregir. –sn–

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Colombia informó sobre reunión del Consejo de Seguridad para abordar agresión a Venezuela

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La ONU aprueba presupuesto 2026 con recorte histórico y eliminación de puestos

La ONU adopta un presupuesto de 3450 millones de dólares para 2026.

Por Adriana López | Reportera                                      

Luego de semanas de arduas negociaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este martes el presupuesto de la Organización para 2026: 3450 millones de dólares, una disminución de más del 7% con respecto al año anterior. Los Estados miembros también aprobaron la eliminación de unos 2600 puestos, culminando una de las negociaciones presupuestarias más difíciles de los últimos años.

El presupuesto para 2026, alcanzado con tanto esfuerzo, refleja un compromiso frágil, que combina disciplina financiera, concesiones políticas y la preservación de la capacidad operativa de la ONU.

Las reducciones acordadas, tanto en el tamaño del presupuesto como en la dotación de personal, eran esperadas, dado que la Organización lleva varios años atravesando una crisis financiera y de liquidez que ha limitado su capacidad de acción. Además, varias delegaciones las habían exigido desde hacía tiempo, específicamente Estados Unidos, el mayor contribuyente financiero de la ONU, seguido de China, Europa y Japón.

Exigencias de Estados Unidos

El representante de Estados Unidos en el Comité de Finanzas de la Asamblea General aplaudió las reformas, calificándolas de “sentido común”, y destacando la reducción de empleos como una herramienta necesaria para reducir la burocracia y modernizar la Organización.

Criticado por concentrar más de la mitad de los atrasos en el presupuesto de la ONU y en el presupuesto separado para las operaciones de mantenimiento de la paz, Estados Unidos rechazó cualquier cuestionamiento a su compromiso político con el multilateralismo. Según el representante de Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, cree en el potencial de la ONU y sus directrices hicieron posibles los recortes necesarios.

Pero el país ha establecido una línea clara: el acuerdo de 2026 es, en su opinión, solo un primer paso. Dado que las reformas son un proceso, Estados Unidos ahora espera propuestas “ambiciosas” para 2027 y 2028, con el fin de lograr cambios estructurales más profundos.

Recortes inferiores a la propuesta original del Secretario General

Si bien los recortes son sustanciales, no alcanzan las propuestas iniciales del Secretario General. El 17 de octubre, António Guterres presentó un proyecto de presupuesto de 3200 millones de dólares e incluyó la eliminación de aproximadamente 2680 puestos, como parte de su iniciativa de reforma ONU80. Tras negociaciones intergubernamentales, esta propuesta se suavizó parcialmente: el presupuesto final es aproximadamente 200 millones de dólares mayor y se han conservado casi 300 puestos.

Para quienes apoyan el compromiso, el acuerdo evita “recortes masivos” que podrían socavar la implementación de los mandatos, a la vez que envía una fuerte señal política sobre el control del gasto. El presupuesto abarca los tres pilares de la Organización: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos, en un momento en que las crisis se multiplican y las necesidades aumentan exponencialmente.

Traducir en acciones

Ahora, estas decisiones deben traducirse en acciones. “Mientras ustedes, las delegaciones, se tomarán un descanso durante el nuevo año, nosotros en las Naciones Unidas emprenderemos un camino aún complejo”, advirtió el contralor de la ONU, Chandramouli Ramanathan.

El funcionario de finanzas, sin embargo, adoptó un tono cautelosamente optimista, celebrando la cifra récord de contribuciones anticipadas en un contexto de recurrentes crisis de liquidez. 

Pero persiste una pregunta: ¿permitirán los pagos previstos que el presupuesto de 2026 alcance su objetivo de 3400 millones de dólares? “El tiempo lo dirá”, respondió el contralor.

Aprobado en vísperas del cierre del ejercicio fiscal, el presupuesto de 2026 se presenta como un compromiso transitorio: la primera expresión cuantificada de las ambiciones de reforma, que también revela las persistentes vulnerabilidades financieras de una Organización obligada a transformarse mientras sigue operando con un presupuesto limitado. –sn–

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