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Hallan cinco cuerpos maniatados en Tlalnepantla, Morelos; investigan muertes a un costado de carretera

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, fueron localizadas sin vida y maniatadas en Tlalnepantla, Morelos. La Fiscalía estatal investiga el hallazgo ocurrido a un costado de la carretera Xochimilco-Oaxtepec.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, fueron localizadas sin vida y atadas de pies y manos este jueves en un paraje del municipio de Tlalnepantla, Morelos, a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec.

El hallazgo ocurrió durante la mañana, luego de un reporte al número de emergencias 911 sobre varias personas abandonadas a la orilla de la vía. Elementos de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició las investigaciones para establecer la identidad de las víctimas y determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes. De acuerdo con reportes coincidentes, los cuerpos presentaban huellas de violencia y, según versiones difundidas, lesiones producidas por arma de fuego.

Hallazgo ocurrió en el paraje Los Nogales

Los cuerpos fueron encontrados en las inmediaciones del paraje conocido como Los Nogales, cerca del poblado de Felipe Neri, en una zona próxima a los límites de Morelos con el Estado de México.

Personal de la FGE acordonó el área para permitir la intervención de agentes de investigación y peritos, quienes realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de las cinco personas ni han reportado detenidos relacionados con este caso.

El hallazgo ocurre días después de otros hechos violentos registrados en Morelos. El 26 de septiembre, dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados durante un ataque armado en Cuernavaca, mientras que un tercer adolescente resultó herido.

La violencia también alcanzó recientemente a la comunidad universitaria por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en la UAEM. Por ese caso, la Fiscalía de Morelos obtuvo una orden de aprehensión y posteriormente fue detenido Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable.

La investigación por el hallazgo de Tlalnepantla permanece abierta y corresponderá a la Fiscalía estatal determinar las causas de muerte, identificar a las víctimas y establecer quiénes participaron en los hechos. –sn–

Información relacionada:

• https://sociedad-noticias.com/2026/09/27/asesinan-a-dos-estudiantes-de-la-uaem-en-cuernavaca-fiscalia-de-morelos-investiga-el-ataque/
• https://sociedad-noticias.com/2026/09/17/detienen-a-el-trompas-presunto-feminicida-de-la-estudiante-espanola-claudia-tacoronte-en-morelos/
• https://sociedad-noticias.com/2026/09/14/asesinan-a-estudiante-espanola-en-cuautla-fiscalia-de-morelos-investiga-como-feminicidio/

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Asesinan a juez de Paz de Mazatepec, Morelos; otro funcionario resulta herido

Un ataque armado en Cuauchichinola, Mazatepec, dejó muerto al juez de Paz Alejandro Emiliano Reyes y lesionó a otro funcionario municipal. La Fiscalía de Morelos abrió una investigación.

Por María Gutiérrez | Corresponsal                                                       

Un ataque armado contra dos funcionarios municipales dejó como saldo la muerte de Alejandro Emiliano Reyes, juez de Paz de Mazatepec, y otro servidor público lesionado, la noche del martes 29 de septiembre en la comunidad de Cuauchichinola.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:45 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, donde las víctimas viajaban en un automóvil blanco cuando fueron interceptadas por sujetos armados que dispararon contra la unidad y posteriormente huyeron.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir reportes sobre múltiples detonaciones. En el sitio localizaron a Alejandro Emiliano Reyes sin vida, mientras que el otro funcionario fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Fiscalía de Morelos investiga el ataque

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó la agresión contra los servidores públicos y señaló que las investigaciones estarán a cargo de la Fiscalía Regional Sur Poniente.

La autoridad ministerial deberá establecer el móvil del ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos.

Ataque ocurrió en Cuauchichinola

De acuerdo con los primeros reportes, los funcionarios circulaban por la comunidad cuando fueron interceptados por hombres armados que viajaban en otro vehículo.

Tras efectuar los disparos, los agresores abandonaron el lugar, mientras vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido. Personal policial y de emergencia acudió posteriormente para atender a las víctimas y preservar la zona para las diligencias correspondientes. –sn–

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Asesinan a estudiante de odontología en ataque armado en Morelos

Violencia en Morelos. Joven universitario murió tras agresión armada en Puente de Ixtla.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Oscar Javier Ortíz Figueroa, estudiante de la carrera de Odontología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), murió tras resultar herido durante un ataque armado ocurrido en el municipio de Puente de Ixtla, en el estado de Morelos. El caso cobra relevancia luego de que familiares, compañeros y ciudadanos difundieran mensajes de condolencia y solicitaran el esclarecimiento de los hechos. La agresión ocurrió cerca de un puesto de seguridad ubicado en la colonia Jardines de la Herradura.

Los hechos se registraron el pasado 6 de junio cuando el joven fue atacado mientras se encontraba en la zona señalada. Tras la agresión, la víctima resultó lesionada de gravedad y recibió atención médica. Sin embargo, su fallecimiento fue confirmado este sábado por las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el cuerpo del estudiante fue entregado a sus familiares una vez que concluyeron los procedimientos periciales y legales establecidos por la ley. La institución precisó que las diligencias necesarias permitieron avanzar en la integración del expediente. Asimismo, confirmó la liberación del cuerpo para los servicios funerarios.

Investigación federal

Autoridades locales señalaron que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las indagatorias relacionadas con el ataque armado. Con ello, el expediente pasó al ámbito federal para el desarrollo de las líneas de investigación correspondientes. Hasta el momento no se reportaron personas detenidas por estos hechos.

De acuerdo con publicaciones difundidas en medios locales, Oscar Javier Ortíz Figueroa viajaba a bordo de una camioneta de color negro cuando ocurrió la agresión. Tras recibir los disparos, la unidad impactó contra un inmueble ubicado en la zona. Posteriormente se registró un incendio relacionado con el percance.

La secuencia de los hechos provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad. Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para controlar la situación y realizar las primeras diligencias. El área permaneció bajo resguardo mientras se efectuaban los trabajos periciales.

La muerte del universitario generó reacciones dentro de la comunidad académica de la UPAEP, institución que emitió un posicionamiento público tras confirmarse el fallecimiento. La universidad expresó solidaridad con familiares y personas cercanas al estudiante. También reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla Frente al Mundo

La cuenta regresiva ha comenzado. Mientras el planeta entero dirige la mirada hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, en México los estados empiezan a dimensionar el tamaño de la oportunidad que representa el evento deportivo más importante del mundo.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata solamente de futbol. Se trata de turismo, inversión, promoción internacional y desarrollo económico.

Y Puebla lo entendió desde el primer minuto.

La administración encabezada por Alejandro Armenta tiene claro que el Mundial no sólo se juega en las canchas.

También se disputa en la capacidad de los gobiernos para atraer visitantes, generar derrama económica y mostrar al mundo las fortalezas de su territorio.

Bajo esa visión, el gobierno estatal ha comenzado a construir una estrategia que busca convertir a Puebla en uno de los grandes protagonistas de la fiesta mundialista.

Mascotas Zayu, Cluth y Maple del Mundial 2026

El mensaje es claro y contundente: “El Gobierno de Puebla te trae el Mundial con las mejores selecciones y nuestra Selección”.

La frase encierra algo más que una campaña de promoción. Refleja la intención de proyectar a Puebla como un destino moderno, seguro, competitivo y capaz de recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros que buscarán vivir la emoción del torneo desde territorio poblano.

Y los argumentos están sobre la mesa.

Hoy, Puebla Latido de México, se consolida como una de las entidades con mayor dinamismo turístico del país.

Las cifras respaldan esa posición: se mantiene como el cuarto estado con mayor actividad turística nacional, con una afluencia de 5.57 millones de visitantes, una ocupación hotelera de 48.7 por ciento y una derrama económica superior a los 6 mil 117 millones de pesos.

Más que números, son indicadores de una tendencia que coloca a la entidad en una posición privilegiada para aprovechar el escaparate global que representa la Copa del Mundo.

Alejandro Armenta

A ello se suman más de 190 experiencias de turismo comunitario distribuidas en distintos municipios y la apertura reciente de 12 nuevas rutas aéreas, nueve nacionales y tres internacionales, que fortalecen la conectividad del estado y amplían su alcance hacia nuevos mercados.

Pero Puebla también juega otro partido: el de la identidad.

La riqueza cultural, histórica y gastronómica se ha convertido en uno de sus mayores activos.

No es casualidad que la cocina poblana haya sido incorporada a la Selección de la Guía Michelin, un reconocimiento que coloca a la entidad en el radar de viajeros y especialistas de todo el mundo.

Porque Puebla no sólo presume monumentos, tradiciones y paisajes. Puebla presume talento, orgullo y una enorme capacidad para competir.

Es, como reza uno de sus conceptos institucionales, una auténtica Tierra de Campeonas y Campeones.

La estrategia mundialista tendrá además un punto neurálgico en el corazón de la capital poblana.

El gobierno estatal y el ayuntamiento instalarán una gran Fan Zone en el Zócalo de Puebla para acompañar la inauguración y el desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, permitiendo que miles de personas disfruten la experiencia mundialista en un espacio seguro, accesible y completamente familiar.

Durante los 39 días de competencia habrá pantallas gigantes, actividades recreativas, dinámicas deportivas y espacios de convivencia para que la pasión por el futbol se convierta también en una experiencia comunitaria.

La decisión responde a una lógica operativa y financiera.

José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, explicó que la administración determinó concentrar toda la programación en una sola sede debido a la inversión que requieren los derechos de transmisión y la infraestructura necesaria para garantizar una experiencia de primer nivel.

El Zócalo fue elegido por razones evidentes: su ubicación estratégica, conectividad y capacidad para convertirse en el gran punto de encuentro de aficionados provenientes de la capital, la zona metropolitana y el interior del estado.

La Fan Zone abrirá sus puertas desde el partido inaugural y permanecerá activa durante los casi 40 días que durará la competencia.

El objetivo es sencillo, pero ambicioso: que nadie se quede fuera de la fiesta mundialista.

Porque más allá de los goles, los estadios y las grandes figuras del futbol internacional, el Mundial representa una oportunidad irrepetible para mostrar la mejor versión del estado.

Una Puebla que despierta.

Una Puebla que se transforma.

Una Puebla que fortalece su vocación turística.

Una Puebla que se consolida como epicentro deportivo, cultural y económico.

Una Puebla que entiende que los grandes eventos también son motores de desarrollo.

Y cuando ruede el balón en 2026, el verdadero desafío no será únicamente celebrar los partidos.

Será convertir esa emoción global en inversión, turismo, empleo y oportunidades para las familias poblanas.

Ese parece ser el objetivo del gobernador Alejandro Armenta.

En Cortito

Nos cuentan que Esthela Damián, ex consejera Jurídica de la Presidencia de la República, poco a poco ha comenzado a construir presencia y sumar simpatías en distintos sectores de Guerrero, en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura.

Nos dicen que su estilo cercano, afable y atento ha sido bien recibido por diversos grupos políticos y sociales.

En un estado donde la operación política suele ser determinante, no son pocos los que observan en ella a una mujer con capacidad para construir consensos y fortalecer la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación desde una nueva perspectiva.

La presencia de una oficina de trabajo en el puerto de Acapulco confirma que Esthela Damián no piensa esperar los tiempos desde la distancia, sino que sabe trabajar desde las calles, los barrios y comunidades más apartadas del estado de Guerrero.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Cuernavaca, clave rumbo a 2027 y 2030

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Cuernavaca, clave rumbo a 2027 y 2030

La política morelense comenzó a moverse antes del arranque formal del proceso electoral.

Por Raúl García Araujo                                            

De cara a las elecciones intermedias de 2027, Cuernavaca se perfila como el principal escenario de disputa, no sólo por la alcaldía, sino por la construcción del poder rumbo a 2030.

La capital concentra la mayor atención política y el mayor peso electoral del estado.

Según datos del Instituto Nacional Electoral al 16 de abril de 2026, cuenta con una lista nominal de 326 mil 667 electores, lo que la convierte en la plaza más relevante para definir el futuro político de Morelos.

Por ello, ganar Cuernavaca representa una ventaja estratégica para la sucesión gubernamental, mientras que perderla implica un obstáculo importante en esa ruta.

Para Morena, la elección de 2027 dista de ser un trámite. En la capital enfrenta a una estructura política que ha consolidado presencia y resultados durante los últimos años bajo el liderazgo del alcalde José Luis Urióstegui Salgado.

Urióstegui ha construido su posición a partir de resultados de gobierno. En un contexto de liderazgos dispersos y fragmentación política, su administración ha apostado por la eficacia gubernamental, con énfasis en seguridad, disciplina financiera y coordinación institucional.

La lógica es clara, los resultados generan confianza y la confianza se traduce en capital político.

El ordenamiento de las finanzas municipales y el fortalecimiento institucional han contribuido a consolidar su influencia política.

En ese contexto, Urióstegui aparece como uno de los actores con capacidad de incidir en la sucesión de 2030.

José Luis Urióstegui Salgado

Dentro del PAN, Daniel Martínez Terrazas es identificado como una de las figuras para dar continuidad a ese proyecto político en Cuernavaca.

Actual presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, coordinador de la bancada panista y ex diputado federal, ha construido presencia territorial junto a Urióstegui desde el proceso electoral de 2024.

Daniel Martínez Terrazas

Ambos son reconocidos por sectores de la población como perfiles con experiencia y capacidad de gestión.

A ello se suma la estrategia del PAN de abrir espacios a la participación ciudadana mediante la plataforma “Ahora te toca a ti”, con la intención de ampliar su base social rumbo a 2027.

Mientras tanto, en Morena también comienzan a definirse aspiraciones.

Uno de los nombres que surge es el de Javier Bolaños Aguilar, quien inició su trayectoria en Morelos en 1997 dentro de la administración municipal de Cuernavaca y posteriormente ocupó cargos relacionados con la gestión del agua en el estado.

Javier Bolaños Aguilar

Ahora busca reposicionarse políticamente desde Morena en un escenario altamente competitivo, donde la capital se ha convertido en el centro de la disputa política estatal.

La contienda por Cuernavaca apenas comienza, pero las señales son claras.

Morena deberá competir contra una administración que presume resultados y estabilidad, mientras que el PAN apuesta por la continuidad de un proyecto encabezado por Urióstegui y respaldado por Martínez Terrazas.

Por ello, la elección de 2027 trasciende el ámbito municipal. Lo que ocurra en Cuernavaca será un indicador de fuerza política, organización y liderazgo que anticipará el rumbo de Morelos hacia 2030.

Al final, quien conquiste Cuernavaca obtendrá mucho más que una victoria electoral, ganará la principal plataforma para proyectarse hacia la gubernatura.

En Cortito

Nos cuentan que a dos años del triunfo electoral que abrió paso al «segundo piso de la cuarta transformación», Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado que su liderazgo político no solo se sustenta en la legitimidad de las urnas, sino en una capacidad creciente de convocatoria, comunicación y conexión con amplios sectores de la sociedad mexicana.

La reciente concentración de más de 850 mil mexicanos en plazas públicas de 31 estados del país para seguir su mensaje desde el Monumento a la Revolución constituye una muestra significativa de la fuerza política que ha logrado construir.

Claudia Sheinbaum Pardo

No se trata únicamente de una movilización territorial; es la expresión de un liderazgo que ha logrado mantener cohesión en torno a un proyecto político que busca continuidad y profundización de las transformaciones iniciadas en los últimos años.

Su liderazgo se ha fortalecido mediante una combinación de continuidad programática, capacidad técnica y una presencia pública constante que le permite mantener interlocución directa con distintos sectores de la población.

La magnitud de la participación ciudadana observada en este ejercicio de rendición de cuentas refleja, además, la vigencia de un capital político que trasciende los tiempos electorales.

A dos años de aquella victoria histórica, el respaldo social exhibido en las plazas públicas del país sugiere que Claudia Sheinbaum continúa construyendo una base de apoyo sólida, respaldada por la percepción de que los principios de honestidad, cercanía y compromiso social pueden traducirse en resultados concretos para la población.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche y Nochistlán, en el foco de Harfuch

La presión federal sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado a cerrar la pinza en una de las regiones más críticas del occidente del país…

Por Raúl García Araujo                                            

… la franja que integran Teocaltiche y Villa Hidalgo, en Jalisco, junto con Nochistlán y Apulco, en Zacatecas, donde durante años el crimen organizado no solo ha disputado territorio, sino también control social y político.

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afina los últimos detalles para activar en esa zona la denominada “Operación Enjambre”, una estrategia de gran calado que va mucho más allá de los golpes tradicionales contra objetivos criminales.

El objetivo real, según el diseño federal, es desarticular simultáneamente las estructuras operativas del CJNG y las redes de protección política, policial y administrativa que han permitido su expansión y permanencia.

Dentro del Gabinete de Seguridad existe la convicción de que el fortalecimiento del grupo criminal no puede explicarse sin la existencia de presuntas complicidades institucionales en niveles municipales y estatales.

Por ello, las indagatorias en curso en la Fiscalía General de la República apuntan hacia servidores públicos que habrían facilitado operaciones, filtrado información sensible y garantizado cobertura a integrantes del crimen organizado.

En el centro de esta ofensiva aparece la figura de Gerardo González Ramírez, alias “El Geras”, identificado como uno de los principales operadores regionales del CJNG y objetivo prioritario dentro de la estrategia federal.

Su presencia en la región ha sido clave para la articulación de un corredor criminal dedicado al cobro de piso, desapariciones, tráfico de armas, drogas y homicidios.

Fuentes de seguridad señalan que “El Geras” habría logrado sostener su operación durante años gracias a una red de halcones y filtraciones institucionales que le permitían anticiparse a los operativos federales en municipios clave como Teocaltiche, Villa Hidalgo, Nochistlán y Apulco.

Esa capacidad de evasión no se explica únicamente desde la lógica criminal, sino también desde la penetración de estructuras de poder local.

En ese contexto, la “Operación Enjambre” busca ejecutar un golpe simultáneo y quirúrgico que rompa la arquitectura completa de protección del CJNG en la región.

No se trata únicamente de capturar líderes criminales, sino de desmontar el sistema que les ha permitido operar con ventaja frente al Estado.

El enfoque de esta estrategia, impulsada por García Harfuch, ha sido descrito dentro del propio entorno federal como una operación de inteligencia, contención y judicialización que ya ha mostrado resultados en otras entidades, donde han caído funcionarios municipales y operadores criminales vinculados a esquemas de extorsión y corrupción.

En ese sentido, la lectura política dentro del Gobierno federal es clara: sin romper los vínculos entre criminalidad y estructuras institucionales, cualquier avance sería parcial. De ahí el énfasis en cerrar la pinza sobre el conjunto del ecosistema criminal, no solo sobre sus figuras visibles.

Fuentes consultadas en el entorno de seguridad reconocen además que estas acciones han generado un alto nivel de aceptación en sectores de la población que durante años han vivido bajo presión permanente del crimen organizado, con dinámicas de control territorial, miedo y desplazamiento.

El principio que guía esta ofensiva es el llamado “cierre de pinza”: golpear simultáneamente la estructura criminal y sus posibles redes de protección institucional. Sin esa doble acción, advierten en el Gabinete de Seguridad, el crimen organizado mantiene capacidad de regeneración.

En ese marco, la “Operación Enjambre” no solo representa una ofensiva contra el CJNG, sino una redefinición del control del Estado en territorios donde, durante años, la autoridad fue rebasada por estructuras criminales que operaron con margen de maniobra casi absoluto.

En Cortito

Nos cuentan que el estado de México fue escenario de uno de los golpes más relevantes contra estructuras del crimen organizado que operan bajo fachada de organizaciones sociales, tras la detención de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, identificado como principal generador de violencia del grupo denominado “La Chokiza”.

La operación fue ejecutada de manera coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, encabezada por José Luis Cervantes Rodríguez, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que permitió cumplimentar una orden de aprehensión en contra del presunto líder criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“La Chokiza” ha sido señalada como un grupo de choque con operación en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec, con actividades vinculadas a la extorsión, el despojo, el narcomenudeo, el secuestro y el homicidio, además de mantener presuntos vínculos con otras organizaciones criminales que operan en la región del Valle de México.

Por ello, la detención de este presunto generador de violencia representa un golpe de alto impacto que, de acuerdo con fuentes de seguridad, refleja el fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, bajo la conducción de José Luis Cervantes Rodríguez.

En este contexto, este tipo de acciones se perfilan como un factor clave dentro de la estrategia de combate a estructuras delictivas que durante años operaron con relativa impunidad, al amparo de redes híbridas entre el control territorial, la violencia y la simulación de organización social en el Valle de México.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Nacho Mier contra la memoria

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Nacho Mier contra la memoria

Hay principios políticos que definieron al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde sus orígenes: la lealtad, el reconocimiento a quienes acompañaron el proyecto y la congruencia personal dentro del servicio público.

Por Raúl García Araujo                                            

López Obrador jamás ocultó ni negó a quienes caminaron con él desde la conquista de la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal hasta la Presidencia de la República.

Por el contrario, siempre reconoció públicamente a quienes fueron parte de la construcción del movimiento.

Ahí permanecen figuras como la presidente Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez o su histórico vocero César Yáñez, todos parte de un equipo político que nunca fue desconocido ni borrado de la historia del obradorismo.

Y es precisamente bajo esa lógica donde hoy surgen cuestionamientos hacia el senador de Morena Ignacio Mier Velazco, luego de los señalamientos hechos por Natalia Suárez del Real, delegada del Bienestar en Puebla, quien no sólo lo acusa de violencia política de género, sino que además sostiene que existen registros públicos, reuniones y eventos donde fue presentada como parte del círculo cercano del legislador poblano.

Suárez del Real asegura incluso que distintas personas fueron testigos de su participación política dentro del equipo de Mier.

Ignacio Mier

Y ahí es donde aparece el debate de fondo: la memoria política y la responsabilidad ética que debe acompañar a quienes hoy ocupan posiciones relevantes dentro del servicio público.

Porque una cosa es que existan diferencias personales o políticas y otra muy distinta intentar desconocer relaciones, respaldos o colaboraciones que fueron públicas y visibles dentro de una estructura política.

López Obrador nunca actuó de esa manera. Nunca negó a quienes estuvieron cerca de él cuando el movimiento apenas se abría paso en medio de la adversidad política y electoral.

Hacerlo habría significado traicionar no solamente principios políticos, sino valores éticos y humanos que el propio expresidente colocó constantemente sobre la mesa pública.

Por eso el caso de Ignacio Mier inevitablemente genera comentarios dentro de Morena y entre quienes observan la evolución del movimiento.

Andrés Manuel López Obrador

No se trata únicamente de una disputa interna o de una diferencia entre actores políticos; el tema toca uno de los principios que dieron identidad al obradorismo: la congruencia con quienes ayudaron a construir el proyecto.

Más aún en un momento donde Morena enfrenta nuevos equilibrios de poder, definiciones rumbo al futuro y la exigencia pública de mantener los principios que durante años distinguieron al movimiento.

Porque algo que jamás habría hecho Andrés Manuel López Obrador era borrar políticamente a quienes lo acompañaron en los momentos difíciles sólo porque el poder cambió de manos o las circunstancias se modificaron.

Y justamente ahí es donde algunos senadores morenistas parecen estar perdiendo de vista el origen del movimiento que hoy representan: la lealtad, la congruencia y la memoria como principios básicos del servicio público.

En Cortito

Nos cuentan que Cuernavaca comienza a consolidar una de las transformaciones financieras más importantes de su historia reciente.

El gobierno municipal encabezado por José Luis Urióstegui Salgado logró liquidar 363 millones 878 mil pesos en créditos fiscales heredados de administraciones anteriores, dejando al Ayuntamiento sin pasivos fiscales activos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El dato no solamente tiene relevancia contable; representa un cambio de fondo en la estabilidad financiera de la capital morelense.

Durante años, los adeudos por retenciones de ISR no enteradas al SAT entre 2011, 2015 y 2021 se convirtieron en una pesada carga que limitó la capacidad operativa del municipio y frenó proyectos de desarrollo.

Hoy, la historia comienza a ser distinta.

El tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar, confirmó que el pago más fuerte se realizó entre agosto y diciembre de 2025, periodo en el que fueron cubiertos más de 271 millones de pesos. Finalmente, el pasado 8 de mayo, el SAT notificó oficialmente que Cuernavaca ya no tiene créditos fiscales activos.

Las cifras reflejan algo más profundo: una administración que logró recuperar capacidad financiera y fortalecer la confianza ciudadana.

José Luis Urióstegui Salgado

La recaudación municipal pasó de mil 492 millones de pesos en 2021 a dos mil 547 millones 744 mil pesos en 2025, mientras que el pago anticipado del predial y servicios públicos aumentó de 196 millones 835 mil pesos en 2022 a 279 millones 951 mil pesos en 2026.

Detrás de esos números existe una realidad evidente: más ciudadanos están cumpliendo con sus contribuciones porque observan orden administrativo, estabilidad y una ciudad en movimiento, gracias al trabajo del presidente municipal, José Luis Urióstegui Salgado.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Intrigas contra la cooperación bilateral

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Intrigas contra la cooperación bilateral

Hay historias que no sólo buscan informar, sino sembrar desconfianza.

Por Raúl García Araujo                                            

La difundida por CNN sobre una supuesta participación de la CIA en un atentado ocurrido en Tecámac, estado de México, parece encajar más en esa lógica de tensión política y diplomática que en un ejercicio serio de investigación periodística.

Porque detrás de la estridencia mediática y las versiones filtradas, lo que realmente aparece es un intento por golpear la relación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, justo en un momento en que ambos gobiernos han intensificado la coordinación para enfrentar al crimen organizado transnacional.

La narrativa es delicada: agentes de la CIA ejecutando operaciones letales en territorio mexicano contra presuntos integrantes del narcotráfico.

Francisco Beltrán, alias «El Payín»

Una acusación de ese tamaño no sólo impacta en la opinión pública, también amenaza con erosionar la confianza institucional construida en los últimos meses entre ambas naciones.

Por eso fue contundente la reacción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien rechazó categóricamente cualquier insinuación sobre operaciones encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en México.

Y Harfuch no habló al vacío.

Desde el inicio de la actual estrategia bilateral, el titular de la SSPC y el gabinete de seguridad federal han sostenido encuentros permanentes con autoridades estadounidenses para construir mecanismos conjuntos de combate al tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y operación de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Ha habido reuniones de alto nivel, intercambio de inteligencia, coordinación operativa y acuerdos específicos para atacar estructuras financieras y logísticas de los cárteles. Todo dentro de un marco institucional y bajo reglas claras de cooperación.

Omar García Harfuch

Eso explica por qué la versión difundida por CNN provocó incomodidad tanto en México como en Estados Unidos.

La propia CIA salió rápidamente a desmentir la publicación. Su vocera, Liz Lyons, calificó el reporte como “falso y sensacionalista”, e incluso advirtió que este tipo de narrativas terminan favoreciendo a los cárteles.

Y no le falta razón.

Cuando se pretende instalar la idea de que agencias estadounidenses operan clandestinamente en México, lo que se busca es dinamitar políticamente la cooperación bilateral en seguridad, justo cuando ésta comienza a mostrar resultados relevantes.

Basta revisar los recientes decomisos de droga sintética, los aseguramientos de laboratorios clandestinos, las detenciones de objetivos prioritarios y el combate al tráfico ilegal de armas para entender que existe una coordinación activa entre ambos gobiernos.

Pero esa cooperación tiene límites claros: la soberanía mexicana.

Por eso el mensaje de Harfuch fue quirúrgico. Sí a la colaboración; no a la subordinación.

En el fondo, lo que está ocurriendo es una batalla por el control de la narrativa.

Hay sectores —políticos, criminales y mediáticos— a los que no les conviene una relación sólida entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

La razón es simple: cuando ambos gobiernos trabajan coordinadamente, las estructuras criminales pierden margen de maniobra.

Y en tiempos donde la desinformación también es un arma, no parece casual que aparezcan versiones espectaculares justo cuando se fortalecen los operativos binacionales contra el crimen organizado.

La pregunta es quién gana tratando de confrontar a dos gobiernos que hoy, más allá de las diferencias políticas, entendieron que la seguridad regional ya no puede combatirse de manera aislada.

En Cortito

Nos cuentan que el fiscal del estado de México, José Luis Cervantes Martínez, lanzó un posicionamiento firme, directo y sin concesiones contra CNN por la difusión de información relacionada con los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo de 2026, donde murieron dos personas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó de manera contundente que haya informado a la cadena internacional que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”, como se difundió públicamente.

El mensaje no dejó espacio para interpretaciones: la autoridad mexiquense desmintió la versión y defendió la conducción institucional de la investigación.

La postura del fiscal no fue menor. En lugar de optar por una aclaración tibia o diplomática, José Luis Cervantes Martínez decidió confrontar de frente una narrativa mediática que considera incorrecta y anticipada.

José Luis Cervantes Martínez

El tono del comunicado mostró a una Fiscalía decidida a marcar límites y a dejar claro que no aceptará conclusiones adelantadas mientras la indagatoria siga abierta.

La dependencia sostuvo que la investigación continúa en curso y que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas y circunstancias que provocaron el fallecimiento de las víctimas.

En otras palabras: no hay versión oficial cerrada y cualquier afirmación categórica carece todavía de sustento ministerial.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla: combate real al huachicol

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla: combate real al huachicol

Puebla está colocando cifras sobre la mesa y con ellas construye poder político.

Por Raúl García Araujo                                            

La recuperación de 2.8 millones de litros de hidrocarburos en 2025 y 127 mil 800 litros en lo que va de 2026 no sólo es un dato operativo: es la base de un discurso que busca desmontar la vieja etiqueta del estado como epicentro del huachicol.

El gobierno de Alejandro Armenta ha entendido que en el México actual los números son narrativa. Por eso, junto al combate al robo de combustible, presume 33 vialidades pavimentadas, 146 kilómetros intervenidos y beneficios para 1.9 millones de habitantes.

A ello se suma un crecimiento exponencial en capacidad operativa: de dos máquinas a 277 distribuidas en 16 módulos, con la meta de alcanzar 15 trenes de pavimentación este mismo año.

El respaldo de Pemex también tiene números y mensaje: 19 certificados de obra, 10 patrullas, 6 mil toneladas de AC-20 y un millón de litros de combustible entregados a municipios.

Alejandro Armenta

No es sólo apoyo técnico, es validación política desde el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.

Aquí está el sello del actual gobierno poblano: vincular seguridad con obra pública y convertir esa relación en legitimidad.

Mientras se decomisan millones de litros de combustible robado, se pavimentan calles, se rehabilitan carreteras y se refuerza la presencia institucional en territorio.

Es una lógica simple pero efectiva: resultados medibles en seguridad, resultados visibles en infraestructura.

El dato más revelador no está solo en los litros recuperados, sino en la coordinación. Marina, Defensa, Guardia Nacional, policía estatal y Pemex operan de forma conjunta.

Esa alineación explica por qué Puebla puede hoy presentarse como referente nacional en el combate al huachicol, cuando hace apenas unos años era símbolo del problema.

Armenta ha optado por una estrategia directa: contrastar su gobierno con el pasado y sostener esa diferencia con cifras. Decir que antes el gobierno era parte del problema no es retórica aislada, es un intento de capitalizar políticamente cada resultado obtenido.

En ese contexto, el liderazgo de Alejandro Armenta no se construye desde el discurso, sino desde la ejecución: números que avanzan, obras que se ven y una coordinación institucional que da resultados.

Hoy, Puebla no sólo cambia indicadores, también redefine quién conduce el rumbo político del estado.

En Cortito

Nos cuentan que el anuncio del ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado, sobre la instalación de cien nuevos parabuses inteligentes representa un paso firme hacia una visión más moderna, ordenada y funcional de la ciudad.

Nos dicen que no se trata únicamente de infraestructura urbana, sino de una apuesta seria por reorganizar la movilidad con criterios de eficiencia, seguridad e inclusión social, en una capital que desde hace años demanda soluciones concretas en el espacio público.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su enfoque integral, que no se queda en lo estético ni en lo superficial, sino que busca transformar la experiencia cotidiana de quienes dependen del transporte público.

José Luis Urióstegui Salgado

Los nuevos parabuses no solo atenderán la necesidad básica de resguardo para los usuarios, sino que incorporarán iluminación solar, accesibilidad universal y herramientas digitales como códigos QR vinculados a la atención de emergencias, lo que refuerza el componente de seguridad y respuesta inmediata.

Este tipo de soluciones colocan a la capital de Morelos en una ruta de modernización urbana que entiende que la tecnología y la seguridad no son conceptos aislados, sino elementos que deben convivir y funcionar dentro del espacio público cotidiano.

Más allá de la obra en sí, este proyecto refuerza la narrativa de un gobierno municipal que ha buscado priorizar la rehabilitación urbana con sentido práctico, planeación y visión de futuro.

La inversión en movilidad ordenada, segura e incluyente coloca a la administración de José Luis Urióstegui Salgado en una línea de acción que apunta a consolidar una ciudad más funcional, moderna y con mejores condiciones de vida para los morelenses.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Harfuch, Morales y Trevilla golpean al CJNG

La detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, y de César “N”, “El Güero Conta”, obliga a una lectura estructural.

Por Raúl García Araujo                                            

No se trata únicamente de un operativo exitoso, sino de un golpe directo a las estructuras de mando, operación y financiamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La clave no está solo en la captura, sino en el alcance del impacto: liderazgo y recursos, dos pilares de cualquier organización criminal, fueron vulnerados de manera simultánea.

Hay un elemento central que no puede ignorarse: la apuesta por inteligencia sostenida. Diecinueve meses de seguimiento, cruces de información y vigilancia táctica no son menores en un país donde históricamente la reacción ha sustituido a la planeación.

La operación que derivó en la captura de “El Jardinero”, operador cercano a Rubén Oseguera Cervantes, muestra un intento claro por desarticular estructuras completas, no solo figuras visibles. En esa lógica, la detención de “El Güero Conta” refuerza el golpe al atacar el andamiaje financiero.

Aquí es donde el matiz importa. Si bien estas organizaciones tienen capacidad de reemplazo, la captura simultánea de un operador clave y de su responsable financiero sí representa una afectación real en el corto plazo.

Se interrumpen cadenas de mando, se desordenan rutas logísticas y se presionan los mecanismos de financiamiento. No es el desmantelamiento definitivo, pero sí un debilitamiento tangible.

En ese contexto, el papel del gabinete encabezado en seguridad por Omar García Harfuch, junto con Raymundo Pedro Morales Ángeles y Ricardo Trevilla Trejo, adquiere relevancia.

No solo por el resultado, sino por la ejecución coordinada. Inteligencia naval, seguimiento militar y operación táctica confluyeron en una acción de precisión que pocas veces se logra con este nivel de sincronía.

La figura de la presidenta Claudia Sheinbaum también entra en el análisis. Estos operativos reflejan una línea de mando definida y un intento por mantener control político sobre las decisiones de seguridad.

Eso puede traducirse en coherencia estratégica, pero también implica que los resultados —positivos o negativos— recaen directamente en la conducción presidencial.

Otro punto clave es la cooperación con Estados Unidos. El caso de “El Jardinero”, con orden de extradición y seguimiento por agencias internacionales, vuelve a colocar sobre la mesa una relación bilateral basada en intercambio de inteligencia.

La reacción violenta tras las detenciones —vehículos incendiados y focos de tensión— confirma que el golpe tuvo profundidad. Cada afectación a estas estructuras genera respuestas inmediatas.

La contención rápida por parte del Estado evita escaladas mayores, pero también evidencia que el control territorial sigue en disputa.

Finalmente, el impacto financiero no es menor. La detención del operador encargado del lavado de dinero y el seguimiento a sus redes representan una vía más eficaz para debilitar a largo plazo a estas organizaciones.

Sin recursos, la capacidad de recomposición se reduce significativamente.

En suma, lo ocurrido no es un episodio aislado ni un simple éxito operativo.

Es un golpe relevante que debilita al CJNG en sus estructuras clave. Marca una dirección: inteligencia, coordinación y ataques simultáneos a liderazgo y financiamiento.

El reto, como siempre, será sostener esa presión en el tiempo para que el debilitamiento no sea temporal, sino acumulativo.

En Cortito

Nos cuentan que lo que comenzó como una investigación local terminó por convertirse en un modelo nacional de combate a la colusión entre autoridades y crimen organizado.

La llamada Operación Enjambre no nació en los escritorios federales ni en grandes anuncios políticos.

Fue impulsada desde la Fiscalía del Estado de México bajo la conducción de José Luis Cervantes Martínez, a partir de un caso que evidenció algo más profundo que la violencia: la infiltración del crimen en estructuras institucionales de seguridad y gobierno.

Los resultados son difíciles de ignorar. Más de mil 146 años de prisión acumulados en sentencias contra 20 objetivos prioritarios no son un dato estadístico cualquiera. Son el reflejo de un proceso judicial sostenido que logró ir más allá del arresto y llegar a la etapa más compleja del sistema: la condena.

La operación también exhibe una realidad incómoda: la participación de servidores públicos en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

El alcance de las sentencias contra ex policías municipales, ex comisarios, ex alcaldes y mandos de seguridad refuerza una lectura política más amplia: el problema de seguridad no puede entenderse únicamente desde el enfrentamiento armado o la presencia del crimen organizado en territorio, sino desde la captura institucional en niveles de gobierno local.

Al final, el punto de fondo es claro. Combatir al crimen organizado sin tocar la corrupción institucional es una estrategia incompleta. Ningún despliegue operativo es suficiente si las estructuras internas siguen siendo permeables o cómplices.

Lo que puso sobre la mesa José Luis Cervantes Martínez es precisamente esa dimensión: que la línea entre autoridad y delincuencia, cuando se cruza, no puede quedar en el terreno político o administrativo, sino que debe investigarse, judicializarse y sancionarse con la misma contundencia que cualquier otro delito de alto impacto.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Violencia desborda a Morelos

Raúl García Araujo

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Violencia desborda a Morelos

En Morelos la violencia dejó de ser noticia para convertirse en rutina, y lo más grave no es la frecuencia de los hechos, sino la insistencia del gobierno estatal por administrarlos desde el discurso, minimizarlos en los hechos y diluir su gravedad ante una ciudadanía que vive, todos los días, bajo la sombra del miedo.

Por Raúl García Araujo                                            

Lo ocurrido en los últimos días no admite eufemismos ni matices. El asesinato de Brenda Kelly Analco Santanero, enganchada con una falsa oferta de trabajo y localizada sin vida días después, evidencia no sólo la brutalidad del crimen, sino la fragilidad absoluta en la que se encuentran las mujeres frente a redes delictivas que operan con impunidad.

La respuesta institucional, como ya es costumbre, llegó tarde. Siempre llega tarde.

A la par, la masacre en el bar “El Rincón de la Banda” en Ayala —ocho personas ejecutadas sin piedad— confirma que amplias zonas del estado están bajo control de la violencia.

No fue un hecho aislado, fue un mensaje. Y el mensaje fue claro: aquí no hay autoridad que contenga, ni estrategia que disuada.

Como tampoco la hay en Cuautla, donde un cuerpo decapitado fue abandonado en plena vía pública, con un nivel de saña que habla de la normalización del horror.

O en Temixco, donde un comandante de la policía fue asesinado a plena luz del día, elevando a diez el número de elementos de seguridad ejecutados en lo que va del año. Ni quienes deberían garantizar la seguridad están a salvo.

Mientras tanto, la zona oriente —Ayala, Cuautla— sigue hundida en una crisis de violencia que supera ya los cinco años, sin que los operativos, refuerzos militares o despliegues especiales hayan logrado cambiar la realidad. Los anuncios van y vienen. Los muertos, también.

En este contexto, los llamados de organizaciones civiles y del sector empresarial no sólo han sido ignorados, sino prácticamente despreciados. Se pide acción, se exige estrategia, se reclama presencia del Estado. Pero la respuesta ha sido el silencio, la evasión o, peor aún, la narrativa de que las cosas “no están tan mal”.

La gobernadora Margarita González Saravia tiene hoy una responsabilidad que no admite excusas. Gobernar no es administrar crisis desde el discurso, es enfrentarlas con resultados. Y esos resultados no están a la vista.

Margarita González Saravia

Tampoco lo están en el desempeño del secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia Lozano, ni en el del fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

Ambos han quedado rebasados por la realidad. Los homicidios no disminuyen, los feminicidios no se detienen y la percepción de inseguridad crece. No hay estrategia visible, no hay golpe de timón, no hay señales de control.

Y cuando un gobierno pierde el control de la seguridad, lo pierde todo.

Porque aquí el problema ya no es sólo la violencia desbordada, sino la negación sistemática de esa violencia. Es el intento constante de bajarle el volumen a una crisis que grita por todos lados. Es la peligrosa apuesta por simular normalidad en medio del caos.

Morelos no está bien. Y pretender lo contrario no sólo es irresponsable, es ofensivo para quienes todos los días entierran a sus muertos.

Al final, la crudeza de la realidad termina por exhibir lo que el discurso intenta ocultar. Y es ahí donde cobra sentido aquella frase que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador lanzaba sin rodeos: “hay maderas que de plano no agarran el barniz”.

Hoy, en Morelos, esa frase ya no suena a crítica política.

Suena a diagnóstico.

En Cortito

Nos cuentan que la reducción de delitos de alto impacto en Ecatepec no es sólo un dato estadístico ni un informe administrativo: es un movimiento político que busca reposicionar al municipio dentro del debate nacional sobre seguridad pública.

La presidente municipal, Azucena Cisneros Coss, colocó sobre la mesa una caída del 36 por ciento en delitos como extorsión, robo de vehículo y robo a transporte en el primer trimestre del año, una cifra que, más allá de su valor técnico, tiene una lectura inevitable en el contexto mexiquense: demostrar que incluso en los territorios más complejos es posible revertir tendencias delictivas cuando hay coordinación y operación constante.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reducción se detalla en varios frentes: 49 por ciento menos extorsión, 38 por ciento en robo de vehículo, 38 por ciento en robo a negocio, 27 por ciento en robo a transeúnte y 29 por ciento en homicidio doloso.

Presidencia municipal de Ecatepec

En términos fríos, se trata de una baja simultánea en delitos de alto impacto que, en otros contextos, suelen moverse de forma independiente.

La narrativa oficial sostiene que estos resultados derivan de la implementación territorial de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, con el respaldo del gobierno del estado de México encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El énfasis no es menor: se trata de vincular un caso municipal con un diseño de política pública federal.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Rumores fallan: Alcalde se queda

Raúl García Araujo

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