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«Claudia Sheinbaum protege narcogobernadores»: lona instalada en el Zócalo

El colectivo Mexicanos al Grito de Paz sostuvo que continuará realizando protestas y acciones públicas sobre el tema. El caso mantuvo atención política y mediática debido a sus implicaciones judiciales, diplomáticas y partidistas.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

Integrantes del colectivo Mexicanos al Grito de Paz instalaron una lona frente a Palacio Nacional con mensajes dirigidos a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y referencias al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La protesta ocurrió en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México (Cdmx). El material contenía imágenes de ambos políticos y consignas relacionadas con presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.

Los manifestantes denunciaron en redes sociales que un grupo de personas identificado por ellos como “reventadores” impidió la colocación de la lona. Según las publicaciones difundidas por el colectivo, esas personas retiraron el material después de un forcejeo registrado en videos compartidos en plataformas digitales. Hasta el momento, ninguna autoridad capitalina emitió una postura oficial sobre los hechos ocurridos en el Zócalo capitalino.

El colectivo señaló que la protesta buscó exhibir cuestionamientos públicos relacionados con las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos. En sus mensajes, integrantes de Mexicanos al Grito de Paz afirmaron que continuarían con movilizaciones y acciones de denuncia pública. También sostuvieron que el debate sobre presunta impunidad política permanecería vigente pese al retiro de la lona.

Acusaciones en Nueva York

El caso tomó relevancia después de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York formalizó cargos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. La acusación incluyó presuntos delitos relacionados con conspiración para importar fentanilo, heroína y cocaína hacia territorio estadounidense. Además, el expediente mencionó posesión de armamento de uso militar y supuestos actos de corrupción institucional vinculados con el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones presentadas en Estados Unidos colocaron por primera vez a un gobernador en funciones bajo señalamientos relacionados con presuntos vínculos criminales de alto nivel. De acuerdo con el expediente judicial, los cargos contemplaron penas que oscilaron entre 50 años de prisión y cadena perpetua. El caso provocó reacciones inmediatas de organizaciones civiles y actores políticos de oposición en México.

Diversos sectores exigieron al gobierno federal fijar una postura sobre el proceso judicial iniciado en territorio estadounidense. Organizaciones y legisladores solicitaron investigaciones relacionadas con los señalamientos contra exfuncionarios sinaloenses. También pidieron claridad sobre posibles procedimientos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

Protesta genera tensión

En videos difundidos por usuarios en redes sociales aparecieron personas forcejeando con la lona instalada frente a Palacio Nacional. Integrantes del colectivo denunciaron que el grupo intentó impedir la protesta mediante el retiro del material y la confrontación física. El episodio generó comentarios y especulaciones entre usuarios digitales sobre la identidad de quienes participaron en el incidente.

Las imágenes mostraron a manifestantes desplegando lonas de gran tamaño en la Plaza de la Constitución de la ciudad de México (Cdmx). Algunos participantes portaron mensajes relacionados con exigencias de ruptura de presuntos pactos de impunidad política. El acto ocurrió durante el día y frente a estructuras instaladas en el primer cuadro de la capital mexicana. –sn–

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FGR analiza extradición contra Rocha Moya y funcionarios

Finalmente, la dependencia indicó que el caso seguirá en evaluación hasta contar con elementos suficientes. La resolución determinará si procede o no la detención y extradición de los implicados.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia de Morena, Ernestina Godoy Ramos, informó que analizó las solicitudes presentadas por autoridades de los Estados Unidos para detener y extraditar a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa.

La institución precisó que el proceso se centró en verificar la legalidad y suficiencia de las pruebas; el vocero Ulises Lara López explicó que la revisión se realizó conforme a los protocolos establecidos.

El funcionario indicó que la FGR evaluó la documentación recibida con el objetivo de determinar si existían elementos probatorios suficientes. Señaló que este análisis resultó indispensable para definir la viabilidad de las solicitudes internacionales. También puntualizó que el procedimiento se apega a las disposiciones del marco jurídico mexicano.

El vocero subrayó que la dependencia inició una investigación paralela para establecer si procedían órdenes de aprehensión en territorio nacional. Esta indagatoria buscó verificar los fundamentos legales de las acusaciones. La revisión incluyó el análisis técnico y jurídico de cada documento.

Revisión internacional en curso

La FGR detalló que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada para Asuntos Internacionales, instancia encargada de este tipo de procesos. Esta área se responsabilizó de examinar las solicitudes enviadas por la Fiscalía de Nueva York. El objetivo consistió en corroborar la consistencia de los elementos presentados.

De acuerdo con Ulises Lara López, también se revisó la información canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El análisis incluyó la verificación de pruebas y su congruencia con las leyes mexicanas. La dependencia sostuvo que el procedimiento debía cumplir con estándares internacionales.

El vocero explicó que el tratado bilateral en materia de extradición establece criterios estrictos. Entre ellos, se exige que las pruebas resulten suficientes conforme a la legislación del país requerido. En este caso, México debía validar la solidez jurídica de los elementos presentados. –sn–

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