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Veracruz sin información adicional sobre la muerte de Zenyazen Escobar: Rocío Nahle García

Rocío Nahle pidió esperar el reporte de la FGR sobre la muerte de Zenyazen Escobar. La necropsia concluyó y la Fiscalía de Veracruz colaborará en la investigación.

Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, pidió esperar los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la muerte del diputado federal Zenyazen Escobar García, cuyo cuerpo fue localizado el viernes dentro de un vehículo en Puente Nacional.

La mandataria acudió este sábado a la funeraria Bosques del Recuerdo, en Xalapa, para acompañar a los familiares del legislador de Morena. Ahí informó que la necropsia concluyó durante la madrugada, pero que todavía no cuenta con información sobre sus resultados.

La FGR atrajo la investigación debido a la condición de diputado federal de Escobar García, mientras la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) colaborará en las diligencias que le soliciten las autoridades federales. La propia FGR confirmó el viernes que asumiría el caso.

Nahle evita adelantar conclusiones

Durante un breve encuentro con periodistas, Nahle señaló que las autoridades todavía trabajan en la investigación y que corresponde a las fiscalías informar oficialmente sobre las circunstancias de la muerte.

La gobernadora lamentó el fallecimiento de Escobar García, a quien identificó como compañero, amigo, funcionario y diputado federal representante del distrito de Córdoba, además de expresar sus condolencias a su esposa, hijas y demás familiares.

“Hay que esperar”, respondió Nahle al ser cuestionada sobre los avances de las indagatorias. La mandataria insistió en que todavía no dispone de información adicional que permita establecer qué ocurrió.

FGR encabeza investigación por muerte del diputado

El cuerpo de Zenyazen Escobar fue localizado el viernes 4 de septiembre en la localidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional, sobre la carretera federal Veracruz-Xalapa. La FGE acudió inicialmente al sitio para realizar las primeras diligencias.

La FGR informó posteriormente que atraería la investigación por tratarse de un legislador federal. La autoridad federal deberá determinar las circunstancias del fallecimiento con base en los dictámenes periciales y demás elementos incorporados a la carpeta de investigación.

Hasta este domingo 6 de septiembre no existe un reporte oficial de la FGR que establezca públicamente la causa y mecánica de la muerte. Por ello, las versiones difundidas sobre el caso deben considerarse con cautela mientras avanzan las diligencias ministeriales. –sn–

Sociedad Noticias

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Ataque armado en Omealca deja dos agentes federales muertos y una herida: Harfuch

Dos agentes federales murieron y una agente resultó herida durante un ataque armado en Omealca, Veracruz. Omar García Harfuch informó que autoridades desplegaron un operativo para localizar a los responsables.

Por Martín García | Reportero                                      

Dos agentes federales murieron y una agente resultó herida durante un ataque armado ocurrido mientras realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, informó este sábado Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El funcionario señaló que los elementos fueron atacados con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Tras la agresión, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

https://twitter.com/OHarfuch/status/2096204597068964081?s=20

García Harfuch expresó sus condolencias a las familias, compañeros y personas cercanas de los agentes fallecidos y reconoció su labor en tareas de seguridad e investigación. El secretario aseguró que los responsables serán llevados ante la justicia.

Operativo de seguridad en Omealca

En las acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Veracruz, además de autoridades de Oaxaca, de acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC.

El ataque ocurrió después de que agentes realizaban labores de investigación en el municipio. Los primeros reportes ubicaron la movilización en la zona de las comunidades de Paso Amapa y Río Moreno, donde durante la noche del viernes se registró un enfrentamiento.

Medios locales reportaron que agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) participaban en acciones relacionadas con el posible rescate de una persona privada de la libertad. Esa versión no ha sido confirmada en detalle por la autoridad federal.

Autoridades buscan a los responsables

De acuerdo con los reportes disponibles, civiles armados habrían disparado contra los agentes cuando detectaron su presencia, lo que derivó en un intercambio de disparos.

La información oficial difundida por García Harfuch confirma el saldo de dos agentes federales muertos y una agente lesionada, así como el despliegue de un operativo para ubicar a los responsables. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la agresión.

El hecho ocurre en un contexto de violencia reciente en Omealca. El jueves 3 de septiembre se registró otro ataque armado en el municipio que dejó dos personas muertas, aunque no existe información oficial que vincule ambos acontecimientos. –sn–

Patrullas de la GUardia Nacional

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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud

La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…

Por José Víctor Rodríguez Nájera

(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.

Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.

En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.

La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.

En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.

La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.

El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.

Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.

Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.

El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?

La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.

No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.

Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.

El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda. 

La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.

Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.

Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.

El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.

La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.

Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.

La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Educación militarizada?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?

De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.

México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.

Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.

De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.

Ceremonia del Pentathlon

Este modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.

Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.

También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.

Bandera UNAM

Así, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.

Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.

Punto cero

El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón

La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.

La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar 

El panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.

México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.

Periodistas fotógrafos reporteros en protesta
| @SociedadN_

En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.

Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.

Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias

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Fiscalía de Veracruz confirma hallazgo de los restos de la periodista Roxana Guzmán; hay ocho detenidos

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó que los restos localizados corresponden a la periodista Roxana Guzmán. Por el caso fueron detenidas ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales, quienes enfrentan investigaciones por homicidio calificado.

Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó este viernes que los restos humanos localizados durante las investigaciones corresponden a la periodista Roxana Guzmán, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

https://www.youtube.com/watch?v=4lc1WW2i0h4&t=14s

La identificación fue realizada mediante estudios periciales y forenses, cuyos resultados permitieron confirmar científicamente la identidad de la comunicadora y continuar la investigación por el delito de homicidio doloso calificado.

Ocho personas fueron detenidas

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía informó que ejecutó ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del crimen.

Entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, además de otros presuntos integrantes del grupo involucrado en el secuestro y asesinato de la periodista. Todos quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Hallazgo fortalece la investigación

La FGE señaló que los dictámenes forenses fortalecen las líneas de investigación y las acciones emprendidas para esclarecer el caso.

https://sociedad-noticias.com/2026/06/02/secuestran-a-comunicadora-en-veracruz-la-privacion-ilegal-queda-videograbada/

Las diligencias permitieron ubicar los restos en un predio localizado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, en el sur de Veracruz, donde previamente se realizaron cateos y operativos derivados de trabajos de inteligencia.

Caso fue atraído por la FGR

El secuestro de Roxana Guzmán ocurrió el 2 de junio y generó una amplia condena de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de periodistas, luego de que se difundiera un video del momento en que un grupo armado irrumpió en su domicilio.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo parte de la investigación a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, mientras la Fiscalía de Veracruz continuó con las investigaciones locales.

El caso se suma a la violencia que enfrenta el gremio periodístico en Veracruz, una de las entidades con mayor número de agresiones contra comunicadores en el país. –sn–

Roxana Berenice Guzmán Ramírez

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Vinculan a proceso a periodista en Veracruz

Fiscalía informó imputación y medidas cautelares contra comunicador en Coatzacoalcos.

Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

La fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó la vinculación a proceso del periodista Rafael León. La funcionaria precisó que se retiraron los cargos por terrorismo inicialmente señalados. Indicó que la imputación quedó limitada a delitos distintos.

En conferencia de prensa, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) explicó que se imputaron los delitos de encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública. Detalló que la determinación se basó en la valoración de datos de prueba presentados ante el juez. Señaló que la resolución se apegó al Código Nacional de Procedimientos Penales.

https://twitter.com/azucenau/status/2006109183817449817?s=20

La fiscal veracruzana indicó que el juez dictó el auto de vinculación conforme al artículo 316 del marco legal vigente. Precisó que la imputación quedó acotada a los delitos mencionados. Confirmó que la autoridad judicial descartó otras acusaciones iniciales.

Resolución judicial

Además de la vinculación a proceso, el juez estableció como medida cautelar la prisión domiciliaria. La resolución ordenó que Rafael León permaneciera en arraigo durante un año. La medida se aplicó mientras continuaron las investigaciones correspondientes.

https://twitter.com/AztecaNoticias/status/2006101499387232662?s=20

La autoridad judicial determinó que el periodista cumpliera la medida cautelar en su domicilio. La resolución incluyó la supervisión durante el periodo establecido. El proceso penal continuó conforme a los plazos legales.

De acuerdo con la información oficial, la audiencia de imputación tuvo una duración superior a siete horas. Durante ese tiempo se presentaron argumentos de la fiscalía y la defensa. Al concluir, el juez emitió la resolución correspondiente. –sn–

Rafael León Segovia

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Fiscalía de Veracruz detiene al periodista León Segovia y juez dicta prisión preventiva

Detención de periodista en Veracruz activó proceso penal y reacciones gremiales documentadas.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó la detención del periodista Rafael León Segovia. La autoridad señaló que el comunicador enfrentó cargos por presunto terrorismo. El caso se registró en la víspera de navidad.

La orden judicial fue emitida por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Veracruz. El mandamiento judicial se encuentra registrado dentro del expediente C. OA 718/2025, por hechos considerados como agravios contra la seguridad del Estado, así como contra la administración y procuración de justicia y la seguridad pública.

https://twitter.com/JoseVictor_Rdz/status/2004347295031349677?s=20

De acuerdo con la FGE, la detención incluyó señalamientos por encubrimiento por favorecimiento. También se le imputaron delitos contra las instituciones de seguridad pública. La información fue difundida mediante un comunicado oficial.

El periodista fue presentado ante un juez de control el mismo día. La autoridad judicial calificó como legal la detención. Posteriormente se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Proceso judicial en curso

Durante la audiencia inicial, el juez determinó fijar prisión preventiva. La resolución se emitió tras validar los actos ministeriales. El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial.

https://twitter.com/Arouet_V/status/2004307376883777771?s=20

La Fiscalía precisó que la medida cautelar se mantuvo mientras avanzó el proceso. El expediente continuó bajo investigación formal. No se detallaron públicamente las pruebas presentadas.

El próximo sábado 29 de diciembre se programó una nueva audiencia. En esa sesión se previó el desarrollo de la investigación complementaria. El procedimiento quedó sujeto a los plazos legales. –sn–

Rafael León Segovia

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CNDH ordena a Fiscalía de Veracruz aceptar recomendación

La Recomendación 126/2025 exige que la Fiscalía de Veracruz cumpla con la resolución estatal.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE) a aceptar la resolución emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH).

La medida derivó de la Recomendación 126/2025, que acreditó deficiencias en las investigaciones sobre el paradero de dos personas desaparecidas. El caso reveló omisiones del Ministerio Público estatal, que impidieron garantizar los derechos a la verdad y a la justicia.

Queja ante la CEDH

En marzo de 2019, dos personas acudieron a la CEDH para presentar una queja en contra de la FGE por irregularidades en la indagatoria.

Tras analizar el expediente, la comisión estatal emitió la Recomendación 062/2024, al comprobar violaciones a derechos fundamentales de las víctimas directas e indirectas. Sin embargo, la Fiscalía de Veracruz se negó a aceptar el instrumento, lo que motivó la intervención del organismo nacional.

Revisión por la CNDH

Las víctimas interpusieron un Recurso de Impugnación ante la CNDH, que asumió competencia y analizó la actuación ministerial.

El organismo concluyó que existieron violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y derecho de búsqueda. En total, se documentaron afectaciones a cuatro personas directas y catorce indirectas, además de la vulneración al derecho a la verdad.

Retraso en la búsqueda

De acuerdo con la CNDH, el Ministerio Público no ejecutó de forma inmediata las acciones necesarias para localizar a las víctimas.

La denuncia por desaparición fue presentada el 13 de mayo de 2013, pero solo se giraron cuatro oficios en los días siguientes. Otras ocho solicitudes de información se realizaron hasta septiembre y octubre de 2014, generando un retraso injustificado.

Diligencias ineficaces

La CEDH documentó que en la carpeta de investigación se asentó la llamada de un supuesto compañero de una de las víctimas.

El testimonio aportaba datos relevantes sobre la desaparición, pero la autoridad no indagó su contenido. Esta omisión resultó en diligencias inefectivas que obstaculizaron el cumplimiento del deber de búsqueda inmediata.

Incumplimiento de protocolo

El organismo nacional señaló que la Fiscalía de Veracruz incumplió el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Dicho instrumento exige que las investigaciones ministeriales, periciales y policiales se activen dentro de las 72 horas posteriores a la denuncia. La falta de aplicación del protocolo afectó la eficacia de la indagatoria y vulneró los derechos de las víctimas y sus familias.

Medidas ordenadas por la CNDH

La persona titular de la FGE de Veracruz deberá emitir una circular interna instruyendo la aceptación formal de la Recomendación 062/2024 en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Asimismo, se deberá garantizar la reparación integral del daño a las personas afectadas por las omisiones institucionales. De persistir la negativa, la Fiscalía deberá fundar, motivar y hacer pública su postura ante la Legislatura estatal.

Seguimiento y transparencia

La CNDH advirtió que supervisará el cumplimiento de las medidas emitidas y notificará cualquier desacato a las autoridades correspondientes.

El organismo subrayó la importancia de que la Fiscalía de Veracruz asuma su responsabilidad en los casos de desaparición. Con ello, se busca fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. –sn–

Sede de la CNDH

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Hallan sin vida a maestra-taxista secuestrada en Veracruz; «Con la Mafia Veracruzana no se juega», advirtió

Hallan sin vida a maestra secuestrada en Veracruz. Fiscalía confirma identidad.

Por Roberto Córdova | Corresponsal                                     

El cuerpo de la maestra jubilada Irma N fue localizado sin vida en el municipio de Álamo, Veracruz. La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 18 de julio, tras ser secuestrada por un grupo criminal.

Tenía 62 años, trabajó en la zona escolar 041 y, tras jubilarse, se dedicó al transporte como taxista. Su cuerpo apareció en la localidad de Tepetzintlilla, luego de que vecinos reportaron el abandono de un cadáver femenino durante la noche.

La Fiscalía de Veracruz confirmó el hallazgo mediante un comunicado oficial, en el que explicó que se realizaron trabajos de gabinete y campo para dar con el paradero de la víctima. El hallazgo corresponde al seguimiento por la no localización de una persona con las iniciales I.H.C.

SOCIEDAD NOTICIAS dio a conocer en la vispera que la mujer fue privada de su libertad en el centro de Álamo, y días después apareció en un video donde, rodeada por hombres armados, exhortó a los taxistas a pagar cuotas al crimen organizado.

https://twitter.com/JJDiazMachuca/status/1947497617677488260

Fiscalía confirma identidad

De acuerdo con la autoridad ministerial, un equipo forense multidisciplinario llevó a cabo las diligencias para identificar plenamente el cuerpo. La identidad fue confirmada con base en peritajes realizados en el lugar de los hechos.

Tras concluir los protocolos de identificación, la institución notificó a los familiares de manera oportuna, garantizando un proceso respetuoso y apegado a los principios legales.

“La actuación se mantuvo dentro del marco jurídico, con sensibilidad y respeto a la víctima”, puntualizó la Fiscalía de Veracruz en el comunicado difundido. La dependencia estatal no detalló si el cuerpo presentaba signos visibles de violencia ni el tiempo estimado del fallecimiento.

Abandonan cuerpo en Tepetzintlilla

La víctima fue localizada luego de que vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo femenino en estado de abandono. El reporte permitió activar los protocolos de búsqueda.

Elementos de seguridad estatal y peritos acudieron a la escena del hallazgo para acordonar el área y realizar los levantamientos correspondientes.

El sitio donde fue encontrado el cuerpo se ubica en las inmediaciones de un camino rural en la comunidad de Tepetzintlilla, municipio de Álamo Temapache. El hallazgo ocurrió seis días después del secuestro, lo que generó conmoción entre la población de la zona norte del estado.

Inician investigaciones penales

La Fiscalía Regional Tuxpan abrió la carpeta de investigación correspondiente y continúa con diligencias para esclarecer los hechos y ubicar a los probables responsables. Las autoridades ministeriales también buscan identificar el grupo criminal que difundió el video donde aparece la víctima, y que opera en el corredor del norte veracruzano.

https://sociedad-noticias.com/2025/07/22/con-la-mafia-veracruzana-no-se-juega-maestra-jubilada-y-taxista-en-veracruz-tras-aparecer-en-video-con-hombres-armados/

El caso ha sido clasificado como homicidio doloso y desaparición con presunción de participación del crimen organizado. Además, se analizan cámaras de seguridad cercanas a la zona del secuestro para establecer rutas de escape de los agresores.

Llamado a taxistas en el video

En el video que circuló días antes del hallazgo, la víctima exhortó a los operadores del transporte a entregar pagos mensuales a los delincuentes. Dicha grabación sirvió para activar una línea de investigación sobre las extorsiones contra taxistas en Álamo y otros municipios de la región.

La aparición del video contribuyó a ubicar el círculo delictivo que mantenía privada de la libertad a la víctima. El audiovisual fue considerado una evidencia clave en el caso, aunque hasta el momento no hay detenidos. –sn–

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