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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Día Internacional de la Democracia

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Ayotzinapa | CIDH pide a México acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes

La CIDH llamó a México a preservar los avances de la investigación, profundizar las líneas pendientes y acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a 12 años de su desaparición.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano preservar los avances de las investigaciones, profundizar las líneas pendientes y acelerar las acciones para determinar la suerte o paradero de los jóvenes.

La CIDH señaló que los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no han sido esclarecidos de manera definitiva y que el destino de los procesos judiciales continúa siendo incierto. La Comisión sostuvo que los avances alcanzados fueron posibles por el trabajo conjunto de las familias, sus representantes, autoridades y organizaciones nacionales e internacionales.

CIDH mantiene vigente su medida cautelar

La Comisión recordó que el 3 de octubre de 2014 emitió la medida cautelar 409/14, mediante la cual solicitó al Estado mexicano determinar el paradero de los estudiantes y brindar atención a los sobrevivientes de los ataques.

https://sociedad-noticias.com/2026/09/26/ayotzinapa-12-anos-sin-saber-del-paradero-de-43-estudiantes-normalistas/

A partir de esa medida, la CIDH participó en el seguimiento del caso y, mediante acuerdos con el Estado mexicano, impulsó en distintos periodos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La Comisión también dio seguimiento a las recomendaciones del grupo mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).

El trabajo del GIEI permitió cuestionar científicamente la llamada “verdad histórica”, particularmente la hipótesis de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Sus investigaciones también documentaron irregularidades en la integración de pruebas y diligencias relacionadas con el caso.

La CIDH recordó además que, durante la última etapa del GIEI, fueron revisados videos que mostraban que la Secretaría de Marina (Semar) había documentado diligencias realizadas por la entonces Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula.

Investigación mantiene nuevas líneas abiertas

La Comisión Interamericana señaló que organizaciones nacionales e internacionales han contribuido mediante la revisión de cientos de tomos de las investigaciones, el análisis de declaraciones, la identificación de inconsistencias y la realización de nuevas entrevistas.

https://sociedad-noticias.com/2026/08/20/la-cidh-historia-funciones-y-poder-en-los-derechos-humanos/

Entre las organizaciones que han acompañado a las familias se encuentran Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz.

La CIDH también señaló que estos trabajos permitieron documentar afectaciones psicosociales entre los sobrevivientes y familiares, así como denuncias relacionadas con posibles actos de tortura durante interrogatorios a personas vinculadas con las investigaciones.

La postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre algunos de estos aportes generó un nuevo punto de desacuerdo. De acuerdo con la CIDH, cuestionar la asistencia técnica internacional puede afectar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La CNDH, por su parte, ha sostenido públicamente posiciones distintas respecto de algunas conclusiones sobre la participación militar en el caso.

Responsabilidades deben determinarse con pruebas

A 12 años de los hechos, la CIDH expresó preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de integrantes de las fuerzas militares en los acontecimientos de Iguala.

La Comisión precisó que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de investigar y sancionar los hechos, con base en las pruebas disponibles y conforme al marco constitucional mexicano y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese proceso participa la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), creada específicamente para investigar y judicializar los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes.

La CIDH ha señalado que las investigaciones deben considerar la posible responsabilidad en distintos niveles, incluida la cadena de mando político, la actuación de corporaciones de seguridad y la participación de agentes encargados de la procuración de justicia.

También ha planteado profundizar las investigaciones sobre posibles vínculos entre integrantes de fuerzas militares y policiales y grupos criminales que operaban en Guerrero durante el periodo de los hechos. –sn–

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