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Detienen a Mario Arturo Castillo y nueve policías de Coyuca de Benítez por caso de José Ángel López

Mario Arturo Castillo Ramos, secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, y nueve policías municipales fueron detenidos tras la investigación por la desaparición y muerte de José Ángel López Girón.

Por Martín García | Reportero                                      

El secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Mario Arturo Castillo Ramos, y nueve policías municipales fueron detenidos este jueves en Guerrero, en un operativo relacionado con la investigación por la desaparición y muerte de José Ángel López Girón, quien fue detenido por agentes municipales durante un retén el 11 de septiembre.

El caso tomó relevancia después de que López Girón fuera localizado sin vida el 13 de septiembre, a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez. Reportes periodísticos señalan que el cuerpo presentaba impactos de arma de fuego y huellas de tortura.

https://twitter.com/juanbaaq/status/2100693771864186993?s=20

La detención de Castillo Ramos y de los elementos municipales ocurre mientras las autoridades investigan la posible participación de policías de Coyuca de Benítez en los hechos. El operativo incluyó el aseguramiento de instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de al menos dos patrullas oficiales.

¿Qué ocurrió con José Ángel López Girón?

De acuerdo con testimonios de familiares, José Ángel López Girón, de 37 años, viajaba con integrantes de su familia cuando fue detenido alrededor de las 16:00 horas del 11 de septiembre en un punto de revisión instalado sobre el bulevar de Coyuca de Benítez.

Según la denuncia de sus familiares, los policías hicieron descender al hombre del vehículo y se lo llevaron, mientras sus acompañantes fueron liberadas. La familia posteriormente acudió a instalaciones de Seguridad Pública para conocer su situación, sin obtener información sobre su paradero.

Los familiares también acudieron ante autoridades ministeriales para reportar la desaparición y solicitar que se investigara la actuación de los policías municipales.

Localizan muerto al hombre detenido en el retén

Dos días después de la detención, el cuerpo de López Girón fue localizado en las inmediaciones de El Papayo, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

La familia señaló públicamente que el hombre había sido detenido por policías municipales antes de desaparecer. Incluso difundió un video en redes sociales en el que se observa un operativo de revisión a un vehículo durante el retén.

A partir de estos hechos se abrió una investigación relacionada con la desaparición de López Girón y su posterior muerte. Reportes recientes señalan que las autoridades judiciales ordenaron las detenciones de elementos de la corporación municipal.

Operativo en la Secretaría de Seguridad Pública

Durante el despliegue realizado este jueves, las autoridades aseguraron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez y dos patrullas municipales, mientras elementos federales y estatales mantuvieron presencia en la zona.

Entre las corporaciones que participaron en el operativo se reportó la presencia de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades ministeriales.

La situación jurídica de los detenidos deberá determinarse ante la autoridad judicial correspondiente. La investigación busca establecer las circunstancias en las que López Girón fue detenido, qué ocurrió después de su traslado y quiénes tuvieron participación en su desaparición y muerte. –sn–

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Por este motivo, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas. Por este motivo, el Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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🧿 Se reportó un ataque contra la embarcación Siempre Don Carlos por parte de marinos gringos

El propietario del barco presentó una denuncia ante la Fiscalía de #Manta por la desaparición forzada de 25 tripulantes.

En total, se registran 11 embarcaciones afectadas y 206 tripulantes involucrados.

#DesapariciónForzada #ViolaciónSoberanía #Ecuador

🧿 Se reportó un ataque contra la embarcación Siempre Don Carlos por parte de marinos gringos

El propietario del barco presentó una denuncia ante la Fiscalía de #Manta por la desaparición forzada de 25 tripulantes.

En total, se registran 11 embarcaciones afectadas y 206 tripulantes involucrados.

#DesapariciónForzada #ViolaciónSoberanía #Ecuador

🧿 Se reportó un ataque contra la embarcación Siempre Don Carlos por parte de marinos gringos

El propietario del barco presentó una denuncia ante la Fiscalía de #Manta por la desaparición forzada de 25 tripulantes.

En total, se registran 11 embarcaciones afectadas y 206 tripulantes involucrados.

#DesapariciónForzada #ViolaciónSoberanía #Ecuador

🧿 Se reportó un ataque contra la embarcación Siempre Don Carlos por parte de marinos gringos

El propietario del barco presentó una denuncia ante la Fiscalía de #Manta por la desaparición forzada de 25 tripulantes.

En total, se registran 11 embarcaciones afectadas y 206 tripulantes involucrados.

#DesapariciónForzada #ViolaciónSoberanía #Ecuador

Abogados de Tareck El Aissami denuncian desconocer su paradero

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/09/abogados-de-tareck-el-aissami-denuncian-desconocer-su-paradero/

Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.

Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum y gobierno de Puebla: alianza vs la impunidad

En Puebla se está construyendo una de las alianzas políticas y operativas más importantes de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum.

Por Raúl García Araujo

De un lado, el gobernador Alejandro Armenta; del otro, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y uno de los funcionarios de mayor confianza de la mandataria.

La coincidencia entre ambos tiene un objetivo concreto: cerrar el paso al crimen organizado, recuperar el control territorial y desmantelar estructuras que durante años encontraron espacios para operar con impunidad.

Lo ocurrido recientemente demuestra que esta coordinación ya pasó del discurso a los hechos.

Inteligencia federal, capacidad operativa y decisión política trabajan bajo una misma ruta para golpear a las organizaciones criminales y, al mismo tiempo, impedir que encuentren protección dentro de las instituciones.

El mensaje es claro: en Puebla no habrá vía libre para quienes pretendan controlar carreteras, municipios o utilizar cargos públicos para favorecer intereses delictivos.

El Operativo Enjambre es una muestra contundente. En Esperanza fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo y detenidas nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Entre los detenidos están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

El golpe fue acompañado por el aseguramiento de 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett; 52 cargadores; 11 vehículos, cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta; además de ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

No se trata únicamente de detener personas, sino de afectar la capacidad operativa de una organización que presuntamente había convertido un corredor estratégico en territorio para delinquir.

A esta acción se suma la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

El mensaje político es inevitable: un cargo público no puede convertirse en patente de corso ni una posición de poder en escudo frente a la justicia.

La ley debe alcanzar a todos, especialmente a quienes tienen la obligación de proteger a la sociedad.

Y la ofensiva continuó en Lomas de Angelópolis, donde fue detenido Govén Ulisses “N”, alias “El Amarillo” o “El Gobén”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco.

Se le relaciona con extorsión, secuestro, homicidio y tráfico y distribución de drogas. Junto con él fueron detenidas dos personas y se aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

Lo relevante es que estas operaciones responden a trabajos de inteligencia e investigación y no a golpes aislados.

La estrategia busca identificar objetivos prioritarios, conocer sus redes, ubicar sus recursos y desarticular su capacidad para operar.

Esa es precisamente la lógica que Omar García Harfuch ha colocado en el centro de la política federal de seguridad y que en Puebla encuentra en Alejandro Armenta un aliado dispuesto a llevarla al territorio.

Puebla es demasiado importante por su ubicación, sus carreteras y su actividad económica como para permitir que grupos criminales pretendan apropiarse de corredores estratégicos.

Armenta lo sabe y por eso la coordinación con la Federación representa también una definición política: recuperar la autoridad del Estado y cerrar cualquier espacio de complicidad.

La seguridad exige inteligencia, operación y, sobre todo, voluntad para enfrentar intereses que durante años pudieron sentirse intocables.

Por eso la alianza Harfuch-Armenta trasciende lo institucional.

Harfuch aporta inteligencia y capacidad operativa; Armenta, autoridad política y territorial; y Claudia Sheinbaum respalda una estrategia nacional de cero impunidad.

Los resultados deberán sostenerse en el tiempo, pero las acciones recientes muestran una ruta clara: golpear a las organizaciones criminales, cortar sus redes y evitar que se infiltren en las instituciones.

La alianza contra el crimen ya está en marcha. Harfuch y Armenta decidieron dejar de administrar el problema y comenzar a enfrentarlo de frente.

Y el mensaje para quienes durante años creyeron que podían operar desde las sombras es contundente: en Puebla, la autoridad recuperó la iniciativa y el Estado está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario para recuperar el territorio y hacer valer la ley.

En Cortito

Nos cuentan que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tiene otro gran aliado en la lucha contra el crimen organizado: el fiscal general de Justicia del estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

Y es que, en una acción coordinada entre la Fiscalía mexiquense, la SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fueron ubicados y detenidos dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

La coordinación entre autoridades del estado de México, la ciudad de México y el gobierno federal permitió ubicar a los dos sujetos y detenerlos en menos de 12 horas.

La velocidad de la respuesta merece destacarse. Frente a un crimen de esta gravedad, la coordinación entre Harfuch y Cervantes Martínez demostró que cuando las instituciones comparten inteligencia, información y capacidad operativa, los resultados pueden llegar en tiempo récord.

No cabe duda de que la alianza estratégica en el Estado de México entre el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general estatal, José Luis Cervantes Martínez, se consolida como un factor clave en la región, con un impacto que ya genera atención a nivel nacional.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Sheinbaum consolida su poder

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FGR y Segob alistan nuevo informe antes del 26 de septiembre del caso Ayotzinapa: Sheinbaum

La FGR y Gobernación presentarán antes del 26 de septiembre un nuevo informe sobre Ayotzinapa, con avances, nuevas líneas de investigación y posibles detenciones.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación preparan un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, que será presentado antes del 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los 43 normalistas.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo informó que el reporte podría realizarse de manera conjunta entre la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación y el fiscal especializado para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez.

El documento explicará las nuevas líneas de investigación, los avances obtenidos y las acciones que continuarán para esclarecer la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

Nuevas investigaciones pueden derivar en más detenciones

Sheinbaum señaló que la posibilidad de nuevas detenciones corresponde a la FGR, instancia que determinará si existen elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión contra otros posibles implicados.

La presidente respondió así al ser cuestionada sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y sobre la posibilidad de que la nueva metodología aplicada en la investigación derive en acciones judiciales adicionales.

La FGR informó que el nuevo modelo de investigación contempla un reanálisis exhaustivo de las actuaciones existentes, con el propósito de abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes.

Análisis de comunicaciones abrió nuevas líneas

Uno de los elementos señalados por el gobierno federal es el análisis de registros de llamadas correspondientes a la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Sheinbaum explicó que parte de esa información no había sido analizada a fondo en investigaciones anteriores y que su revisión permitió identificar nuevas líneas relacionadas con personas que no habían sido involucradas previamente en el caso.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que las nuevas metodologías y herramientas tecnológicas también han permitido obtener datos mediante trabajo de campo y análisis de información, elementos que han contribuido a investigaciones y procesos contra personas que anteriormente no estaban consideradas.

Rodríguez afirmó que no habrá impunidad y que las autoridades continuarán trabajando con la FGR para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Ángel Aguirre, vinculado a proceso

El avance más reciente de alto perfil ocurrió en agosto, cuando la FGR obtuvo la prisión preventiva contra Ángel Aguirre por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

El 12 de agosto, la autoridad judicial vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero por su probable participación en la desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante relacionada con la investigación de los 43 normalistas.

La FGR sostiene que la investigación contra Aguirre forma parte del nuevo modelo aplicado al caso Ayotzinapa, a partir del reanálisis de actuaciones y de información que permitió abrir nuevas líneas de investigación. –sn–

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Columna Sociedad | “Hotel La Torre” de Coahuila

¿Qué ocurrió en La Torre cuando dejó de ser hotel y fue señalado como sitio de detención y tortura?, es una de tantas preguntas que las autoridades de Coahuila deberán de responder pronto a la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La Torre nació como símbolo de modernidad. Construida entre 1975 y 1976, formó parte del crecimiento de Saltillo y alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de México 1986, cuando albergó a la selección de Portugal. Décadas después cerró sus puertas y quedó abandonada.

En 2013, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) difundió información proporcionada por la Casa del Migrante de Saltillo sobre 35 migrantes hondureños que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Varias víctimas identificaron el Hotel La Torre como uno de los sitios donde habrían sido detenidas y sometidas a tortura por agentes municipales y elementos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS).

Los testimonios incluyen señalamientos de tratos degradantes como asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. La OMCT también refirió que los migrantes habrían sido detenidos para obtener auto incriminaciones relacionadas con delitos contra la salud. Los testimonios recabados constituyen indicios documentales que merecen una investigación seria y profunda, hasta ahora negada.

Más aún. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado violaciones graves cometidas por corporaciones de seguridad de Coahuila. En 2024 emitió la Recomendación 169VG/2024 por desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles contra 21 personas entre 2013 y 2014. En 2019, otra recomendación, la 25VG/2019, abordó la desaparición forzada de tres personas en Monclova y señaló violaciones al acceso a la justicia y a la verdad.

Hay otro elemento que obliga a mirar el inmueble con mayor atención. Un expediente de derechos humanos relacionado con una desaparición ocurrida en Saltillo en 2013 contiene el testimonio de familiares que buscaron información sobre la víctima en distintos lugares, incluido el Hotel La Torre.

Por este motivo, es relevante que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja haya solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar un análisis de campo y prospección forense en el predio. Además de plantear la preservación y acordonamiento del lugar antes de cualquier acción para demoler, excavar, nivelar o de construcción que pudiera destruir posibles indicios.

El legislador ha citado, además, información obtenida mediante transparencia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), según la cual existirían 127 desapariciones registradas entre 2007 y 2025 en las que habrían sido señaladas la intervención de agentes de corporaciones de seguridad o instituciones gubernamentales de Coahuila.

El gobierno de Manolo Jiménez Salinas tiene la oportunidad, incómoda, de demostrar que la administración de Coahuila cuenta con instituciones de seguridad, procuración de justicia y búsqueda, con capacidad de responder –con pruebas científicas– a las víctimas.

Lo que no resulta aceptable es que un inmueble relacionado con testimonios de víctimas termine convertido en escenario de entretenimiento, proyecto inmobiliario o una simple ruina, antes de que se ubiquen pruebas por la comisión de delitos de agentes del Estado mexicano, según se deriva de las acusaciones formales.

La posibilidad de que durante años hayan existido preguntas documentadas, que hoy existan herramientas para buscar respuestas y que, aun así, las instituciones, o más bien los políticos, prefieran dejar que el tiempo haga lo que ningún investigador debería permitir, borrar las huellas de la verdad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La ingeniería social de salud

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder

Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.

Por Raúl García Araujo

El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.

Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.

En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.

Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.

Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.

La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.

En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.

Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.

En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.

No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.

La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.

En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.

Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.

Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».

La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.

No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.

En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.

También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.

El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.

Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.

La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.

El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.

Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.

Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.

Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.

Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.

En Cortito

Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.

La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.

El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.

El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.

A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.

Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.

La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.

La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.

Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027

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Palabras de las Abejas de Acteal en el Día de las Víctimas de #desapariciónforzada: https://youtu.be/g6XDnmhoHzI

:tx: - En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos y madres buscadoras marcharon en Culiacán. Además de exigir verdad y justicia, denunciaron discriminación y trato desigual por parte de las autoridades.

Vía: @noroestemx
#DesapariciónForzada #Culiacán

https://buff.ly/9eJz1ir

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Mejía Berdeja pide búsqueda forense en antiguo hotel de Saltillo, ante desaparición de personas y tortura de corporaciones policiales de Coahuila

Tratos degradantes y tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño. Hay testimonios de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja solicitó este fin de semana a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizar acciones de búsqueda de campo y prospección forense en los terrenos del antiguo hotel “La Torre”, en Saltillo, Coahuila, ante indicios y testimonios que relacionan el inmueble con posibles casos de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

“El lugar fue creado funcionó como sitio de detención arbitraria y tortura de civiles; a grado tal que la población lo identifica como «el cuartel de la tortura»”, resaltó el legislador federal en la solicitud formal que presentó a la CNB, atribuyendo datos de investigaciones previas donde han sido reportados actos degradantes y de tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño.

En el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el legislador federal coahuilense pidió que la intervención se lleve a cabo antes de cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción en el predio, debido al riesgo de que una modificación del terreno pueda destruir indicios relevantes para esclarecer hechos y localizar a personas desaparecidas.

Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que, “no se debe permitir que un posible sitio de interés forense sea alterado antes de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva”, por lo que planteó preservar, resguardar y acordonar el inmueble mientras concluyen las diligencias correspondientes.

El diputado federal explicó que su solicitud tiene como antecedente información documentada desde 2013, cuando la Organización Mundial Contra la Tortura reportó 35 casos de personas migrantes hondureñas, entre ellas niñas y niños, que habrían sufrido violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el documento presentado por Mejía Berdeja, diversas personas sobrevivientes también han referido que las instalaciones del antiguo hotel habrían sido utilizadas como base operativa del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM/GROMS) de Saltillo, así como para la detención arbitraria y tortura de civiles.

“Estamos hablando de señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades competentes. Precisamente por eso estamos solicitando una intervención forense profesional, para que la verdad salga a flote. Lo que necesitamos es preservar cualquier evidencia que pueda contribuir a conocer la verdad y hacer justicia a las familias”, planteó.

El legislador federal señaló además que el 9 de noviembre de 2024, el titular del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila manifestó públicamente que no había recibido una solicitud formal para intervenir el inmueble, circunstancia que, agregó, hace necesaria la intervención de la CNB, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ricardo “El Tigre” Mejía refirió que, información obtenida a través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se sabe que hay registro de 127 desapariciones ocurridas entre 2007 y 2025 en las que fueron señaladas corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno de esta entidad federativa.

De ese universo, 17 casos estarían relacionados con integrantes de los grupos GATES, GATEM y GROM, según datos emanados de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC/170/2013/SALT/PPM, CDHEC/193/2013/SALT/PPM y CDHEC/220/2013/SALT/PPM); y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y de un total de 642 personas desaparecidas en Saltillo, al corte de mayo de 2026, según versiones periodísticas.

“Estos datos no permiten sacar conclusiones por sí solos, pero sí justifican plenamente una investigación minuciosa. Cada desaparición representa a una persona, una familia y un derecho que el Estado tiene la obligación de atender”, expresó el diputado petista.

En este sentido, el legislador federal por Coahuila advirtió que existe información sobre un posible proyecto inmobiliario para utilizar el inmueble y sus terrenos, situación que incrementa la urgencia de realizar las diligencias de búsqueda.

“Si primero se demuele, excava o modifica el terreno y después queremos investigar, podemos perder para siempre indicios que quizá sean fundamentales. La prioridad debe ser la búsqueda y la verdad, no cualquier proyecto inmobiliario”, afirmó.

Por ello, solicitó que se preserve y resguarde el inmueble y que se suspenda cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción hasta que concluyan las diligencias forenses correspondientes.

Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía pidió a las autoridades informar por escrito las acciones que determinen, el calendario previsto y los resultados obtenidos, al considerar que la transparencia y la participación de las familias son indispensables para recuperar la confianza y avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Tenemos que estar del lado de las familias buscadoras. Su lucha por encontrar a sus seres queridos merece toda la atención del Estado mexicano y todas las herramientas científicas disponibles”, concluyó. –sn–

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Mejía Berdeja pide búsqueda forense en antiguo hotel de Saltillo, ante desaparición de personas y tortura de corporaciones policiales de Coahuila

Tratos degradantes y tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño. Hay testimonios de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja solicitó este fin de semana a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizar acciones de búsqueda de campo y prospección forense en los terrenos del antiguo hotel “La Torre”, en Saltillo, Coahuila, ante indicios y testimonios que relacionan el inmueble con posibles casos de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

“El lugar fue creado funcionó como sitio de detención arbitraria y tortura de civiles; a grado tal que la población lo identifica como «el cuartel de la tortura»”, resaltó el legislador federal en la solicitud formal que presentó a la CNB, atribuyendo datos de investigaciones previas donde han sido reportados actos degradantes y de tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño.

En el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el legislador federal coahuilense pidió que la intervención se lleve a cabo antes de cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción en el predio, debido al riesgo de que una modificación del terreno pueda destruir indicios relevantes para esclarecer hechos y localizar a personas desaparecidas.

Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que, “no se debe permitir que un posible sitio de interés forense sea alterado antes de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva”, por lo que planteó preservar, resguardar y acordonar el inmueble mientras concluyen las diligencias correspondientes.

El diputado federal explicó que su solicitud tiene como antecedente información documentada desde 2013, cuando la Organización Mundial Contra la Tortura reportó 35 casos de personas migrantes hondureñas, entre ellas niñas y niños, que habrían sufrido violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el documento presentado por Mejía Berdeja, diversas personas sobrevivientes también han referido que las instalaciones del antiguo hotel habrían sido utilizadas como base operativa del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM/GROMS) de Saltillo, así como para la detención arbitraria y tortura de civiles.

“Estamos hablando de señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades competentes. Precisamente por eso estamos solicitando una intervención forense profesional, para que la verdad salga a flote. Lo que necesitamos es preservar cualquier evidencia que pueda contribuir a conocer la verdad y hacer justicia a las familias”, planteó.

El legislador federal señaló además que el 9 de noviembre de 2024, el titular del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila manifestó públicamente que no había recibido una solicitud formal para intervenir el inmueble, circunstancia que, agregó, hace necesaria la intervención de la CNB, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ricardo “El Tigre” Mejía refirió que, información obtenida a través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se sabe que hay registro de 127 desapariciones ocurridas entre 2007 y 2025 en las que fueron señaladas corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno de esta entidad federativa.

De ese universo, 17 casos estarían relacionados con integrantes de los grupos GATES, GATEM y GROM, según datos emanados de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC/170/2013/SALT/PPM, CDHEC/193/2013/SALT/PPM y CDHEC/220/2013/SALT/PPM); y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y de un total de 642 personas desaparecidas en Saltillo, al corte de mayo de 2026, según versiones periodísticas.

“Estos datos no permiten sacar conclusiones por sí solos, pero sí justifican plenamente una investigación minuciosa. Cada desaparición representa a una persona, una familia y un derecho que el Estado tiene la obligación de atender”, expresó el diputado petista.

En este sentido, el legislador federal por Coahuila advirtió que existe información sobre un posible proyecto inmobiliario para utilizar el inmueble y sus terrenos, situación que incrementa la urgencia de realizar las diligencias de búsqueda.

“Si primero se demuele, excava o modifica el terreno y después queremos investigar, podemos perder para siempre indicios que quizá sean fundamentales. La prioridad debe ser la búsqueda y la verdad, no cualquier proyecto inmobiliario”, afirmó.

Por ello, solicitó que se preserve y resguarde el inmueble y que se suspenda cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción hasta que concluyan las diligencias forenses correspondientes.

Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía pidió a las autoridades informar por escrito las acciones que determinen, el calendario previsto y los resultados obtenidos, al considerar que la transparencia y la participación de las familias son indispensables para recuperar la confianza y avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Tenemos que estar del lado de las familias buscadoras. Su lucha por encontrar a sus seres queridos merece toda la atención del Estado mexicano y todas las herramientas científicas disponibles”, concluyó. –sn–

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:tx: - 🪧En México hay más de 132 mil personas desaparecidas. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos y familias colocaron fichas y defendieron la Glorieta como espacio de memoria.

#DesapariciónForzada #México

📸: @m_nochebuena

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Hartmut Hopp, condenado en Chile y libre en Alemania: nueva protesta denuncia impunidad de Colonia Dignidad | vía #UChileRadio

https://radio.uchile.cl/2026/08/30/hartmut-hopp-condenado-en-chile-y-libre-en-alemania-nueva-protesta-denuncia-impunidad-de-colonia-dignidad/

#coloniadignidad #derechoshumanos #desaparicionforzada #hartmuthopp #krefeld #paulschafer

Hartmut Hopp, condenado en Chile y libre en Alemania: nueva protesta denuncia impunidad de Colonia Dignidad | vía #UChileRadio

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Hartmut Hopp, condenado en Chile y libre en Alemania: nueva protesta denuncia impunidad de Colonia Dignidad | vía #UChileRadio

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | 60 MDP de prerrogativas del PRD-Cdmx, “en el aire”

*El TECDMX revocó resoluciones del IECM que le daban la razón a Lobo Román y su grupo en relación al Partido del Sol Azteca. *Exhortan a la SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales a quienes adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad.*Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”. 

Por Luis Muñoz  

Lo que se vio a media semana confirma el dicho nunca mejor aplicado: “Que del plato a la boca se cae la sopa”. 

Cuando el diputado federal Víctor Hugo Lobo Román y su grupo ya sentían suyas las prerrogativas estimadas en 60millones de pesos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México los paró en seco. Una vez más le dio la razón a quien legítimamente la tiene: la parte promovente encabezada por la diputada Nora Arias Contreras, reconocida como la verdadera dirigente del PRD Ciudad de México.

La persistencia de Lobo Román deja entrever que la principal motivación de esta lucha por apoderarse del PRD capitalino son los 60 millones de pesos que le corresponden al partido del Sol Azteca, aunque hay versiones que señalan que se trata de un acumulado de aproximadamente 81.8 millones de pesos por concepto de prerrogativas correspondientes a los años 2025 y 2026. 

Pero sean 80 o 60 millones, es lo de menos. El tema es ¿Por qué tendrían que dárselos a alguien que ni siquiera es ya perredista sino morenista? 

¿Por qué el IECM falla a favor de este grupo?

Porque, aunque menguadas, Víctor Hugo Lobo Román tiene influencias y hace uso de ellas sin reparo.

Aunque a veces en este tinglado se menciona a Jesús Zambrano, no tiene caso hablar de este personaje que está más quemado que un muñeco de Judas en Semana Santa.

Por él y Jesús Ortega, conocidos como “Los Chuchos”, el PRD a nivel nacional dejó de existir al perder su registro, pues no alcanzó el 3 % mínimo de la votación válida emitida en las elecciones federales del 2 de junio de 2024.

¿Por qué ese desplome?

La razón: A una severa pérdida de respaldo ciudadano y el desplazamiento de su base electoral histórica. Gran parte de los simpatizantes tradicionales del PRD migraron hacia nuevos movimientos políticos consolidados en los años previos, debilitando su base principal.

En consecuencia, el partido obtuvo apenas alrededor del 1.86 % de la votación válida emitida para la presidencia y cifras similares en el Congreso, l % requerido por el entonces Instituto Nacional Electoral (INE).

REVOCA EL TECDMX RESOLUCIONES DEL IECDM

Ahora, la semana que concluyó, hubo un revés para Lobo Román y su grupo. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDM) revocó las resoluciones emitidas por el Instituto Electoral (IECM) en favor del grupo del legislador en relación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino.

Además exhibió que las autoridades electorales en cuestión, hayan permitido la injerencia de Lobo Román en el PRD e incurrido en nepotismo debido a que su hijo Alan Lobo Rodríguez fue electo presidente del partido político sin estar afiliado al mismo.

Respecto de los otros supuestos integrantes denominados “espurios”, las magistradas y magistrados Karina Salgado Luna, Laura Patricia Jiménez Castillo, José Jesús Hernández Rodríguez, Osiris Vázquez Rangel y Armando Ambriz Hernández, cuestionaron su desempeño político.

Se menciona a Karla López Celis, Polimnia Romana Sierra Bárcena, Luz del Carmen Rocha Silva y Sergio Iván Galindo Hernández”, que habían sido expulsados por el Órgano de Justicia Intrapartidista.

De entre ellas resalta Polimnia Romana Sierra Bárcena, quien fue destituida de la alcaldía Cuajimalpa por el (mal) manejo de los llamados Cendis. Además, tiene denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por despojo ante la Fiscalía de la CDMX”, afirman integrantes del Tribunal Electoral.

De Sergio Galindo Hernández, reportaron que se encuentra en un proceso de inhabilitación, derivado de su desempeño como director de Servicios Urbanos en la alcaldía Tlalpan; y de Karla López Celis, destacaron que también tienen denuncias por despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Respecto de las manifestaciones de la presunta violencia política en razón de género, las magistradas y magistrados, solicitaron al IECM investigue y determine lo que a derecho corresponda.

Además, pidieron al Instituto Electoral tomar en consideración la totalidad de los planteamientos expuestos en las demandas y las pruebas aportadas por las partes promoventes.

INCENTIVOS FISCALES AMBIENTALES: PABLO TREJO 

El diputado Pablo Trejo Pérez presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo para exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) a fortalecer la difusión de incentivos fiscales dirigidos a personas físicas y morales que adopten ecotecnologías y esquemas de sustentabilidad, la cual fue aprobada.

Durante su intervención en Tribuna, el legislador sostuvo que la capital del país posee una memoria histórica profundamente ligada a su origen lacustre, pero advirtió que la acelerada transformación urbana, la presión sobre los acuíferos y la sobreexplotación de los recursos naturales exigen una transición inmediata hacia un modelo de resiliencia hídrica, ambiental y climática sostenida.

En ese sentido, subrayó que la política pública ambiental local debe evolucionar y superar los esquemas puramente punitivos o de inspección y vigilancia. Señaló que la construcción de una ciudad sustentable requiere migrar con firmeza hacia un modelo de gobernanza basado en la corresponsabilidad activa y el fomento económico, en el que los instrumentos hacendarios sirvan para impulsar la reconversión ecológica del sector productivo y de la sociedad.

CAMBIO CLIMÁTICO NO SE PUEDE IGNORAR

El Congreso de la Ciudad de México fue sede del Foro “Financiamiento para la Transición Energética Justa desde la Legislación Subnacional”, en el que participaron expertos en la materia y legisladores de 23 entidades federativas, el cual contó con el apoyo de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros García. Este encuentro de diálogo fue impulsado por la Red de Legisladores Estatales para el Cambio Climático (RELECC) y las organizaciones Política y Legislación Ambiental (POLEA) e IDEA-Iniciativa Climática de México. 

En su intervención, Espinosa de los Monteros aseveró que el cambio climático es una realidad que no se puede ignorar ni postergar su solución, porque está transformando las condiciones de vida de millones de personas en todo el planeta, y afecta con mayor intensidad a las personas con menos recursos y a las comunidades más vulnerables. 

“Es un verdadero honor participar en este encuentro para abordar un tema que representa uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, pero también una de las mayores oportunidades para construir un futuro más sostenible, más equitativo y socialmente responsable”, subrayó la legisladora de MORENA. 

Detalló que el incremento de la temperatura; las sequías prolongadas; las lluvias extremas; las inundaciones; los incendios forestales; las pérdidas de la biodiversidad, y la creciente presión sobre el agua y los recursos naturales, son manifestaciones de una crisis climática que urge respuestas inmediatas. 

También aseveró que el cambio climático va más allá de una responsabilidad ambiental porque representa un desafío social, económico, energético y de justicia. Eso obliga a los gobiernos y congresos estatales a replantear políticas públicas en la materia, así como fortalecer las herramientas jurídicas y financieras que permitan construir comunidades más resilientes y un futuro sostenible. 

Admitió que “desde los congresos locales tenemos una responsabilidad fundamental: crear las condiciones jurídicas, presupuestales e institucionales para que la transición energética sea accesible para todas y todos. La legislación subnacional tiene una enorme capacidad para transformar la realidad cotidiana”, recalcó. Precisó que estos órganos deben explorar fondos estatales y municipales para la transición energética; esquemas de financiamiento verde; incentivos fiscales; alianzas público-privadas; mecanismos de inversión social; programas de financiamiento para pequeñas empresas y, particularmente, instrumentos que permitan que las familias de menores ingresos puedan beneficiarse de las nuevas tecnologías energéticas. 

“La energía limpia debe ser también una energía accesible. Una transición justa debe garantizar que los beneficios económicos y ambientales lleguen a las comunidades que históricamente han enfrentado mayores condiciones de vulnerabilidad”, puntualizó.

Como parte de las actividades, participaron tres expertos en la materia: Ana Sofía Tamborrel Signoret, consultora especializada en cambio climático, transición energética y justicia climática; Rodolfo Godínez, catedrático de la UNAM, y Gabriela de la Torre Ríos, representante de C40 Cities, red global climática que acompaña a las ciudades para tener planes de acción climática. 

También Andrés Ávila, Secretario de la RELECC y la diputada María Isabel Ortiz, quien coordinó dicho foro, En su presentación, Ana Sofía Tamborrel afirmó que la injusticia climática refleja una triple desigualdad, pues las personas más pobres son las más vulnerables, ya que tienen menor capacidad de adaptación y resiliencia, en contraste con los más ricos, quienes son responsables de la emisión de gases invernadero. 

“En México, 10% de la población emite casi tres por ciento de gases de efecto invernadero versus los más ricos que emiten casi el 30%”.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx

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CIDH urge a Estados de América a fortalecer identificación de personas desaparecidas

La CIDH llamó a los Estados de América a fortalecer sus capacidades forenses, financieras y tecnológicas para identificar personas desaparecidas y garantizar verdad, justicia y entrega digna de restos humanos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados de América a fortalecer sus capacidades institucionales, financieras, forenses y tecnológicas para identificar a personas desaparecidas, incluidas víctimas de desaparición forzada, y garantizar los derechos de sus familiares a la verdad y la justicia.

El organismo planteó que la identificación humana debe formar parte de una política pública coordinada que permita responder de manera diferenciada tanto a la localización con vida como al hallazgo sin vida de las personas desaparecidas. También pidió garantizar la notificación a familiares, la reunificación voluntaria y, cuando corresponda, la entrega digna de restos humanos.

El pronunciamiento fue emitido el 28 de agosto de 2026, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto. La CIDH señaló que la región todavía enfrenta las consecuencias de desapariciones ocurridas tanto en el pasado reciente como en el presente.

Identificación forense enfrenta obstáculos estructurales

La localización e identificación de restos humanos continúa condicionada por el paso del tiempo, la degradación de los restos, los métodos utilizados para ocultarlos y las capacidades forenses limitadas. A estos factores se suman la falta de información, los pactos de silencio y las dificultades para preservar sitios de interés forense.

La CIDH también señaló deficiencias relacionadas con la independencia de instituciones de medicina legal y servicios forenses, recursos financieros insuficientes, capacidades humanas y tecnológicas limitadas, fragmentación de información y problemas en la preservación y custodia de muestras, cuerpos y restos humanos.

El organismo pidió fortalecer las bases de datos forenses y genéticas, así como desarrollar capacidades multidisciplinarias y especializadas que permitan ofrecer certeza a las familias que buscan a sus seres queridos. También consideró necesario reforzar la protección de quienes participan en las labores de búsqueda.

Familias y organizaciones tienen un papel central

La Comisión Interamericana reconoció que parte de los avances en identificación humana se debe al trabajo sostenido de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil. También señaló la importancia de los equipos forenses independientes, cuya experiencia ha contribuido a las investigaciones y al fortalecimiento de capacidades estatales.

La participación de las familias debe incorporarse en la toma de decisiones públicas relacionadas con la búsqueda y la identificación. La CIDH señaló además que las labores de búsqueda, encabezadas principalmente por mujeres, deben ser protegidas como parte del ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

El organismo advirtió que los errores en la identificación pueden generar nuevas afectaciones para las familias. Por ello, consideró necesario reforzar la trazabilidad de muestras biológicas, cuerpos y restos humanos, así como el acompañamiento psicosocial durante los procesos de reunificación familiar y entrega de restos.

Identificación humana está vinculada con verdad y justicia

Los estándares interamericanos establecen que los Estados deben determinar con certeza la identidad de las personas desaparecidas mediante métodos confiables. La identificación permite esclarecer las circunstancias de la desaparición, orientar las investigaciones y, cuando corresponde, facilitar la entrega digna de los restos a sus familiares.

La CIDH también señaló que estos procesos constituyen medidas de reparación para las víctimas y sus familias, al contribuir a la restitución de derechos y permitir, cuando no sea posible localizar con vida a una persona, avanzar en procesos de duelo conforme a sus tradiciones y creencias.

México enfrenta una crisis forense documentada por la CIDH

El pronunciamiento adquiere relevancia para México, donde la propia CIDH publicó en mayo de 2026 un informe específico sobre desapariciones. El organismo señaló entonces que, con información disponible hasta junio de 2025, había más de 128 mil personas desaparecidas y que organizaciones civiles calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia estatal sin identificar.

En ese informe, la CIDH recomendó fortalecer la identificación humana mediante un enfoque masivo, mejorar la coordinación entre instituciones y hacer interoperables los registros y bancos de datos, además de reforzar el resguardo y la entrega digna de cuerpos. –sn–

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Desaparición de un familiar provoca un duelo sin cierre y mantiene a las familias en alerta

La desaparición de una persona puede generar una pérdida ambigua: un duelo sin certeza que afecta la salud emocional, la economía y la dinámica familiar, explica especialista de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La desaparición de un familiar puede provocar un proceso de duelo sin cierre, marcado por la incertidumbre, la esperanza y el temor ante la imposibilidad de confirmar si la persona está viva o murió, explicó Ana Patricia González Rodríguez, directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

Este fenómeno, conocido como pérdida ambigua, puede mantener a las familias en un estado prolongado de alerta y dificultar la reorganización de la vida cotidiana. La especialista señaló que conservar las pertenencias de la persona desaparecida, mantener activo su teléfono o reservarle un lugar en la mesa no necesariamente constituye una negación patológica, sino una forma de mantener el vínculo mientras no existe certeza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En 2026, la fecha adquiere además relevancia por el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

¿Qué es la pérdida ambigua?

El concepto de pérdida ambigua fue desarrollado por la psicoterapeuta e investigadora estadounidense Pauline Boss para describir situaciones de pérdida en las que no existe una confirmación definitiva que permita concluir el proceso de duelo.

En los casos de desaparición, la ausencia no tiene un desenlace definido. La familia puede conservar la esperanza de encontrar a la persona con vida y, al mismo tiempo, enfrentar el temor de que haya muerto.

González Rodríguez explicó que esta incertidumbre interrumpe los rituales sociales asociados con la muerte y dificulta que la familia reorganice sus roles. Por ello, la desaparición no representa únicamente la ausencia física de una persona, sino una situación que puede prolongarse durante años.

La desaparición mantiene activa la incertidumbre

La especialista señaló que los familiares pueden desarrollar una búsqueda constante de información: revisar mensajes, hospitales, expedientes, redes sociales y noticias relacionadas con posibles hallazgos.

Aunque esta conducta puede cumplir una función concreta en la localización de la persona desaparecida, también puede mantener al organismo en un estado permanente de alerta.

La incertidumbre puede acompañarse de insomnio, pesadillas, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, tristeza persistente, ansiedad y reacciones intensas ante llamadas, fechas o noticias relacionadas con el caso.

La exposición repetida a fotografías, expedientes y posibles hallazgos también puede provocar reactivaciones traumáticas, según la especialista.

Culpa, miedo y cambios en la dinámica familiar

Otro efecto frecuente es el pensamiento contrafactual, expresado en preguntas como “¿por qué no le llamé?”, “¿pude impedirlo?” o “¿estoy haciendo lo suficiente?”. De acuerdo con González Rodríguez, este mecanismo puede representar un intento de recuperar la sensación de control frente a un hecho imprevisible.

Sin embargo, la culpa puede aparecer incluso cuando el familiar no tuvo responsabilidad alguna en la desaparición.

La ausencia también puede modificar profundamente la organización familiar. Cuando la persona desaparecida era proveedora económica, cuidadora o una figura central, otros integrantes deben asumir nuevas responsabilidades, mientras los gastos de búsqueda, transporte y asesoría pueden generar presión económica y conflictos internos.

En el caso de menores de edad, la especialista advirtió que pueden asumir responsabilidades propias de adultos antes de tiempo.

Más de 128 mil personas desaparecidas en México

El impacto psicológico ocurre dentro de una crisis de desapariciones que también tiene consecuencias jurídicas, económicas y sociales.

En mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Desapariciones en México, en el que señaló que el fenómeno genera una grave crisis de derechos humanos. Al cierre del informe, con información hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y, de acuerdo con conteos independientes citados por la Comisión, más de 70 mil cuerpos permanecían bajo custodia del Estado sin identificar.

La CIDH señaló que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, aunque también documentó casos de desaparición forzada en los que habrían existido vínculos entre organizaciones criminales y autoridades encargadas de seguridad, procuración de justicia y autoridades políticas. El informe incluyó 40 recomendaciones para fortalecer las políticas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.

La dimensión del problema también alcanza a distintos grupos sociales. La CIDH identificó particularidades en casos que involucran a menores de edad, mujeres, personas LGBTIQ+, periodistas y defensores de derechos humanos.

La ausencia también genera pérdidas económicas y sociales

Las familias pueden enfrentar pérdida de ingresos, ausencias laborales, gastos de transporte y asesoría, además de estigmatización.

Las insinuaciones de que una persona desaparecida “estaba involucrada en algo” pueden trasladar injustamente la sospecha hacia la víctima y generar aislamiento para sus familiares.

La ONU también reconoce que las desapariciones tienen consecuencias que trascienden a la víctima directa. Las familias y comunidades enfrentan angustia, incertidumbre, afectaciones económicas y sociales, además del derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida.

La incertidumbre no equivale automáticamente a una enfermedad

González Rodríguez señaló que sentir miedo, insomnio, tristeza, culpa o hipervigilancia ante la desaparición de un familiar puede constituir una respuesta comprensible frente a una situación extrema.

Estos síntomas no deben convertirse automáticamente en diagnósticos. Para determinar si existe un trastorno se requiere una evaluación profesional que considere su duración, intensidad y repercusión en el funcionamiento cotidiano.

La especialista planteó que la literatura especializada ha relacionado esta experiencia con estrés postraumático, depresión, ansiedad y aflicción intensa y persistente, además de proponer que la incertidumbre prolongada puede entenderse como una forma de trauma crónico.

Coloquio abordará violencia, subjetividad y crisis humanitaria

En este contexto, el Colegio de Psicología de la UCSJ realizará los días 28 y 29 de septiembre el Coloquio Internacional “Crisis Humanitaria, violencias, subjetividad y estados de marginalidad”, con la participación de investigadores y académicos de distintas instituciones.

El encuentro contempla también la participación de las periodistas María Cortina y Marcela de Jesús Natalia, defensora de derechos humanos e integrante del pueblo Ñomndaa’, además de otros especialistas.

El objetivo del encuentro será propiciar el intercambio académico sobre las distintas manifestaciones de la violencia y sus efectos en la subjetividad, así como discutir propuestas relacionadas con la práctica clínica y las políticas de atención e inclusión.

La desaparición de una persona, por tanto, no termina con el momento en que se pierde su rastro. Para quienes la buscan, la ausencia puede convertirse en una experiencia cotidiana en la que la esperanza y el temor coexisten sin una respuesta definitiva. –sn–

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Desaparición de un familiar provoca un duelo sin cierre y mantiene a las familias en alerta

La desaparición de una persona puede generar una pérdida ambigua: un duelo sin certeza que afecta la salud emocional, la economía y la dinámica familiar, explica especialista de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La desaparición de un familiar puede provocar un proceso de duelo sin cierre, marcado por la incertidumbre, la esperanza y el temor ante la imposibilidad de confirmar si la persona está viva o murió, explicó Ana Patricia González Rodríguez, directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

Este fenómeno, conocido como pérdida ambigua, puede mantener a las familias en un estado prolongado de alerta y dificultar la reorganización de la vida cotidiana. La especialista señaló que conservar las pertenencias de la persona desaparecida, mantener activo su teléfono o reservarle un lugar en la mesa no necesariamente constituye una negación patológica, sino una forma de mantener el vínculo mientras no existe certeza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En 2026, la fecha adquiere además relevancia por el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

¿Qué es la pérdida ambigua?

El concepto de pérdida ambigua fue desarrollado por la psicoterapeuta e investigadora estadounidense Pauline Boss para describir situaciones de pérdida en las que no existe una confirmación definitiva que permita concluir el proceso de duelo.

En los casos de desaparición, la ausencia no tiene un desenlace definido. La familia puede conservar la esperanza de encontrar a la persona con vida y, al mismo tiempo, enfrentar el temor de que haya muerto.

González Rodríguez explicó que esta incertidumbre interrumpe los rituales sociales asociados con la muerte y dificulta que la familia reorganice sus roles. Por ello, la desaparición no representa únicamente la ausencia física de una persona, sino una situación que puede prolongarse durante años.

La desaparición mantiene activa la incertidumbre

La especialista señaló que los familiares pueden desarrollar una búsqueda constante de información: revisar mensajes, hospitales, expedientes, redes sociales y noticias relacionadas con posibles hallazgos.

Aunque esta conducta puede cumplir una función concreta en la localización de la persona desaparecida, también puede mantener al organismo en un estado permanente de alerta.

La incertidumbre puede acompañarse de insomnio, pesadillas, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, tristeza persistente, ansiedad y reacciones intensas ante llamadas, fechas o noticias relacionadas con el caso.

La exposición repetida a fotografías, expedientes y posibles hallazgos también puede provocar reactivaciones traumáticas, según la especialista.

Culpa, miedo y cambios en la dinámica familiar

Otro efecto frecuente es el pensamiento contrafactual, expresado en preguntas como “¿por qué no le llamé?”, “¿pude impedirlo?” o “¿estoy haciendo lo suficiente?”. De acuerdo con González Rodríguez, este mecanismo puede representar un intento de recuperar la sensación de control frente a un hecho imprevisible.

Sin embargo, la culpa puede aparecer incluso cuando el familiar no tuvo responsabilidad alguna en la desaparición.

La ausencia también puede modificar profundamente la organización familiar. Cuando la persona desaparecida era proveedora económica, cuidadora o una figura central, otros integrantes deben asumir nuevas responsabilidades, mientras los gastos de búsqueda, transporte y asesoría pueden generar presión económica y conflictos internos.

En el caso de menores de edad, la especialista advirtió que pueden asumir responsabilidades propias de adultos antes de tiempo.

Más de 128 mil personas desaparecidas en México

El impacto psicológico ocurre dentro de una crisis de desapariciones que también tiene consecuencias jurídicas, económicas y sociales.

En mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Desapariciones en México, en el que señaló que el fenómeno genera una grave crisis de derechos humanos. Al cierre del informe, con información hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y, de acuerdo con conteos independientes citados por la Comisión, más de 70 mil cuerpos permanecían bajo custodia del Estado sin identificar.

La CIDH señaló que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, aunque también documentó casos de desaparición forzada en los que habrían existido vínculos entre organizaciones criminales y autoridades encargadas de seguridad, procuración de justicia y autoridades políticas. El informe incluyó 40 recomendaciones para fortalecer las políticas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.

La dimensión del problema también alcanza a distintos grupos sociales. La CIDH identificó particularidades en casos que involucran a menores de edad, mujeres, personas LGBTIQ+, periodistas y defensores de derechos humanos.

La ausencia también genera pérdidas económicas y sociales

Las familias pueden enfrentar pérdida de ingresos, ausencias laborales, gastos de transporte y asesoría, además de estigmatización.

Las insinuaciones de que una persona desaparecida “estaba involucrada en algo” pueden trasladar injustamente la sospecha hacia la víctima y generar aislamiento para sus familiares.

La ONU también reconoce que las desapariciones tienen consecuencias que trascienden a la víctima directa. Las familias y comunidades enfrentan angustia, incertidumbre, afectaciones económicas y sociales, además del derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida.

La incertidumbre no equivale automáticamente a una enfermedad

González Rodríguez señaló que sentir miedo, insomnio, tristeza, culpa o hipervigilancia ante la desaparición de un familiar puede constituir una respuesta comprensible frente a una situación extrema.

Estos síntomas no deben convertirse automáticamente en diagnósticos. Para determinar si existe un trastorno se requiere una evaluación profesional que considere su duración, intensidad y repercusión en el funcionamiento cotidiano.

La especialista planteó que la literatura especializada ha relacionado esta experiencia con estrés postraumático, depresión, ansiedad y aflicción intensa y persistente, además de proponer que la incertidumbre prolongada puede entenderse como una forma de trauma crónico.

Coloquio abordará violencia, subjetividad y crisis humanitaria

En este contexto, el Colegio de Psicología de la UCSJ realizará los días 28 y 29 de septiembre el Coloquio Internacional “Crisis Humanitaria, violencias, subjetividad y estados de marginalidad”, con la participación de investigadores y académicos de distintas instituciones.

El encuentro contempla también la participación de las periodistas María Cortina y Marcela de Jesús Natalia, defensora de derechos humanos e integrante del pueblo Ñomndaa’, además de otros especialistas.

El objetivo del encuentro será propiciar el intercambio académico sobre las distintas manifestaciones de la violencia y sus efectos en la subjetividad, así como discutir propuestas relacionadas con la práctica clínica y las políticas de atención e inclusión.

La desaparición de una persona, por tanto, no termina con el momento en que se pierde su rastro. Para quienes la buscan, la ausencia puede convertirse en una experiencia cotidiana en la que la esperanza y el temor coexisten sin una respuesta definitiva. –sn–

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Desaparición de un familiar provoca un duelo sin cierre y mantiene a las familias en alerta

La desaparición de una persona puede generar una pérdida ambigua: un duelo sin certeza que afecta la salud emocional, la economía y la dinámica familiar, explica especialista de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La desaparición de un familiar puede provocar un proceso de duelo sin cierre, marcado por la incertidumbre, la esperanza y el temor ante la imposibilidad de confirmar si la persona está viva o murió, explicó Ana Patricia González Rodríguez, directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

Este fenómeno, conocido como pérdida ambigua, puede mantener a las familias en un estado prolongado de alerta y dificultar la reorganización de la vida cotidiana. La especialista señaló que conservar las pertenencias de la persona desaparecida, mantener activo su teléfono o reservarle un lugar en la mesa no necesariamente constituye una negación patológica, sino una forma de mantener el vínculo mientras no existe certeza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En 2026, la fecha adquiere además relevancia por el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

¿Qué es la pérdida ambigua?

El concepto de pérdida ambigua fue desarrollado por la psicoterapeuta e investigadora estadounidense Pauline Boss para describir situaciones de pérdida en las que no existe una confirmación definitiva que permita concluir el proceso de duelo.

En los casos de desaparición, la ausencia no tiene un desenlace definido. La familia puede conservar la esperanza de encontrar a la persona con vida y, al mismo tiempo, enfrentar el temor de que haya muerto.

González Rodríguez explicó que esta incertidumbre interrumpe los rituales sociales asociados con la muerte y dificulta que la familia reorganice sus roles. Por ello, la desaparición no representa únicamente la ausencia física de una persona, sino una situación que puede prolongarse durante años.

La desaparición mantiene activa la incertidumbre

La especialista señaló que los familiares pueden desarrollar una búsqueda constante de información: revisar mensajes, hospitales, expedientes, redes sociales y noticias relacionadas con posibles hallazgos.

Aunque esta conducta puede cumplir una función concreta en la localización de la persona desaparecida, también puede mantener al organismo en un estado permanente de alerta.

La incertidumbre puede acompañarse de insomnio, pesadillas, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, tristeza persistente, ansiedad y reacciones intensas ante llamadas, fechas o noticias relacionadas con el caso.

La exposición repetida a fotografías, expedientes y posibles hallazgos también puede provocar reactivaciones traumáticas, según la especialista.

Culpa, miedo y cambios en la dinámica familiar

Otro efecto frecuente es el pensamiento contrafactual, expresado en preguntas como “¿por qué no le llamé?”, “¿pude impedirlo?” o “¿estoy haciendo lo suficiente?”. De acuerdo con González Rodríguez, este mecanismo puede representar un intento de recuperar la sensación de control frente a un hecho imprevisible.

Sin embargo, la culpa puede aparecer incluso cuando el familiar no tuvo responsabilidad alguna en la desaparición.

La ausencia también puede modificar profundamente la organización familiar. Cuando la persona desaparecida era proveedora económica, cuidadora o una figura central, otros integrantes deben asumir nuevas responsabilidades, mientras los gastos de búsqueda, transporte y asesoría pueden generar presión económica y conflictos internos.

En el caso de menores de edad, la especialista advirtió que pueden asumir responsabilidades propias de adultos antes de tiempo.

Más de 128 mil personas desaparecidas en México

El impacto psicológico ocurre dentro de una crisis de desapariciones que también tiene consecuencias jurídicas, económicas y sociales.

En mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Desapariciones en México, en el que señaló que el fenómeno genera una grave crisis de derechos humanos. Al cierre del informe, con información hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y, de acuerdo con conteos independientes citados por la Comisión, más de 70 mil cuerpos permanecían bajo custodia del Estado sin identificar.

La CIDH señaló que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, aunque también documentó casos de desaparición forzada en los que habrían existido vínculos entre organizaciones criminales y autoridades encargadas de seguridad, procuración de justicia y autoridades políticas. El informe incluyó 40 recomendaciones para fortalecer las políticas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.

La dimensión del problema también alcanza a distintos grupos sociales. La CIDH identificó particularidades en casos que involucran a menores de edad, mujeres, personas LGBTIQ+, periodistas y defensores de derechos humanos.

La ausencia también genera pérdidas económicas y sociales

Las familias pueden enfrentar pérdida de ingresos, ausencias laborales, gastos de transporte y asesoría, además de estigmatización.

Las insinuaciones de que una persona desaparecida “estaba involucrada en algo” pueden trasladar injustamente la sospecha hacia la víctima y generar aislamiento para sus familiares.

La ONU también reconoce que las desapariciones tienen consecuencias que trascienden a la víctima directa. Las familias y comunidades enfrentan angustia, incertidumbre, afectaciones económicas y sociales, además del derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida.

La incertidumbre no equivale automáticamente a una enfermedad

González Rodríguez señaló que sentir miedo, insomnio, tristeza, culpa o hipervigilancia ante la desaparición de un familiar puede constituir una respuesta comprensible frente a una situación extrema.

Estos síntomas no deben convertirse automáticamente en diagnósticos. Para determinar si existe un trastorno se requiere una evaluación profesional que considere su duración, intensidad y repercusión en el funcionamiento cotidiano.

La especialista planteó que la literatura especializada ha relacionado esta experiencia con estrés postraumático, depresión, ansiedad y aflicción intensa y persistente, además de proponer que la incertidumbre prolongada puede entenderse como una forma de trauma crónico.

Coloquio abordará violencia, subjetividad y crisis humanitaria

En este contexto, el Colegio de Psicología de la UCSJ realizará los días 28 y 29 de septiembre el Coloquio Internacional “Crisis Humanitaria, violencias, subjetividad y estados de marginalidad”, con la participación de investigadores y académicos de distintas instituciones.

El encuentro contempla también la participación de las periodistas María Cortina y Marcela de Jesús Natalia, defensora de derechos humanos e integrante del pueblo Ñomndaa’, además de otros especialistas.

El objetivo del encuentro será propiciar el intercambio académico sobre las distintas manifestaciones de la violencia y sus efectos en la subjetividad, así como discutir propuestas relacionadas con la práctica clínica y las políticas de atención e inclusión.

La desaparición de una persona, por tanto, no termina con el momento en que se pierde su rastro. Para quienes la buscan, la ausencia puede convertirse en una experiencia cotidiana en la que la esperanza y el temor coexisten sin una respuesta definitiva. –sn–

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Desaparición de un familiar provoca un duelo sin cierre y mantiene a las familias en alerta

La desaparición de una persona puede generar una pérdida ambigua: un duelo sin certeza que afecta la salud emocional, la economía y la dinámica familiar, explica especialista de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La desaparición de un familiar puede provocar un proceso de duelo sin cierre, marcado por la incertidumbre, la esperanza y el temor ante la imposibilidad de confirmar si la persona está viva o murió, explicó Ana Patricia González Rodríguez, directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ).

Este fenómeno, conocido como pérdida ambigua, puede mantener a las familias en un estado prolongado de alerta y dificultar la reorganización de la vida cotidiana. La especialista señaló que conservar las pertenencias de la persona desaparecida, mantener activo su teléfono o reservarle un lugar en la mesa no necesariamente constituye una negación patológica, sino una forma de mantener el vínculo mientras no existe certeza.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En 2026, la fecha adquiere además relevancia por el vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

¿Qué es la pérdida ambigua?

El concepto de pérdida ambigua fue desarrollado por la psicoterapeuta e investigadora estadounidense Pauline Boss para describir situaciones de pérdida en las que no existe una confirmación definitiva que permita concluir el proceso de duelo.

En los casos de desaparición, la ausencia no tiene un desenlace definido. La familia puede conservar la esperanza de encontrar a la persona con vida y, al mismo tiempo, enfrentar el temor de que haya muerto.

González Rodríguez explicó que esta incertidumbre interrumpe los rituales sociales asociados con la muerte y dificulta que la familia reorganice sus roles. Por ello, la desaparición no representa únicamente la ausencia física de una persona, sino una situación que puede prolongarse durante años.

La desaparición mantiene activa la incertidumbre

La especialista señaló que los familiares pueden desarrollar una búsqueda constante de información: revisar mensajes, hospitales, expedientes, redes sociales y noticias relacionadas con posibles hallazgos.

Aunque esta conducta puede cumplir una función concreta en la localización de la persona desaparecida, también puede mantener al organismo en un estado permanente de alerta.

La incertidumbre puede acompañarse de insomnio, pesadillas, fatiga, irritabilidad, problemas de concentración, tristeza persistente, ansiedad y reacciones intensas ante llamadas, fechas o noticias relacionadas con el caso.

La exposición repetida a fotografías, expedientes y posibles hallazgos también puede provocar reactivaciones traumáticas, según la especialista.

Culpa, miedo y cambios en la dinámica familiar

Otro efecto frecuente es el pensamiento contrafactual, expresado en preguntas como “¿por qué no le llamé?”, “¿pude impedirlo?” o “¿estoy haciendo lo suficiente?”. De acuerdo con González Rodríguez, este mecanismo puede representar un intento de recuperar la sensación de control frente a un hecho imprevisible.

Sin embargo, la culpa puede aparecer incluso cuando el familiar no tuvo responsabilidad alguna en la desaparición.

La ausencia también puede modificar profundamente la organización familiar. Cuando la persona desaparecida era proveedora económica, cuidadora o una figura central, otros integrantes deben asumir nuevas responsabilidades, mientras los gastos de búsqueda, transporte y asesoría pueden generar presión económica y conflictos internos.

En el caso de menores de edad, la especialista advirtió que pueden asumir responsabilidades propias de adultos antes de tiempo.

Más de 128 mil personas desaparecidas en México

El impacto psicológico ocurre dentro de una crisis de desapariciones que también tiene consecuencias jurídicas, económicas y sociales.

En mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Desapariciones en México, en el que señaló que el fenómeno genera una grave crisis de derechos humanos. Al cierre del informe, con información hasta junio de 2025, se contabilizaban más de 128 mil personas desaparecidas y, de acuerdo con conteos independientes citados por la Comisión, más de 70 mil cuerpos permanecían bajo custodia del Estado sin identificar.

La CIDH señaló que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, aunque también documentó casos de desaparición forzada en los que habrían existido vínculos entre organizaciones criminales y autoridades encargadas de seguridad, procuración de justicia y autoridades políticas. El informe incluyó 40 recomendaciones para fortalecer las políticas de prevención, búsqueda, investigación, sanción y reparación.

La dimensión del problema también alcanza a distintos grupos sociales. La CIDH identificó particularidades en casos que involucran a menores de edad, mujeres, personas LGBTIQ+, periodistas y defensores de derechos humanos.

La ausencia también genera pérdidas económicas y sociales

Las familias pueden enfrentar pérdida de ingresos, ausencias laborales, gastos de transporte y asesoría, además de estigmatización.

Las insinuaciones de que una persona desaparecida “estaba involucrada en algo” pueden trasladar injustamente la sospecha hacia la víctima y generar aislamiento para sus familiares.

La ONU también reconoce que las desapariciones tienen consecuencias que trascienden a la víctima directa. Las familias y comunidades enfrentan angustia, incertidumbre, afectaciones económicas y sociales, además del derecho a conocer la verdad sobre el paradero de la persona desaparecida.

La incertidumbre no equivale automáticamente a una enfermedad

González Rodríguez señaló que sentir miedo, insomnio, tristeza, culpa o hipervigilancia ante la desaparición de un familiar puede constituir una respuesta comprensible frente a una situación extrema.

Estos síntomas no deben convertirse automáticamente en diagnósticos. Para determinar si existe un trastorno se requiere una evaluación profesional que considere su duración, intensidad y repercusión en el funcionamiento cotidiano.

La especialista planteó que la literatura especializada ha relacionado esta experiencia con estrés postraumático, depresión, ansiedad y aflicción intensa y persistente, además de proponer que la incertidumbre prolongada puede entenderse como una forma de trauma crónico.

Coloquio abordará violencia, subjetividad y crisis humanitaria

En este contexto, el Colegio de Psicología de la UCSJ realizará los días 28 y 29 de septiembre el Coloquio Internacional “Crisis Humanitaria, violencias, subjetividad y estados de marginalidad”, con la participación de investigadores y académicos de distintas instituciones.

El encuentro contempla también la participación de las periodistas María Cortina y Marcela de Jesús Natalia, defensora de derechos humanos e integrante del pueblo Ñomndaa’, además de otros especialistas.

El objetivo del encuentro será propiciar el intercambio académico sobre las distintas manifestaciones de la violencia y sus efectos en la subjetividad, así como discutir propuestas relacionadas con la práctica clínica y las políticas de atención e inclusión.

La desaparición de una persona, por tanto, no termina con el momento en que se pierde su rastro. Para quienes la buscan, la ausencia puede convertirse en una experiencia cotidiana en la que la esperanza y el temor coexisten sin una respuesta definitiva. –sn–

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Denuncian desaparición forzada de abogada defensora de derechos humanos en Nicaragua

Desde el 25 de agosto se desconoce el paradero de Thelma Montenegro, quien fue detenida cuando se aprestaba a renovar su licencia de conducir.
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#Centroamérica #DerechosHumanos #DesapariciónForzada #Mundo #Nicaragua #ÚltimaHora

https://semanariouniversidad.com/mundo/denuncian-desaparicion-forzada-de-abogada-defensora-de-derechos-humanos-en-nicaragua/

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Desde el 25 de agosto se desconoce el paradero de Thelma Montenegro, quien fue detenida cuando se aprestaba a renovar su licencia de conducir.
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Denuncian desaparición forzada de abogada defensora de derechos humanos en Nicaragua

Desde el 25 de agosto se desconoce el paradero de Thelma Montenegro, quien fue detenida cuando se aprestaba a renovar su licencia de conducir.
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Denuncian desaparición forzada de abogada defensora de derechos humanos en Nicaragua

Desde el 25 de agosto se desconoce el paradero de Thelma Montenegro, quien fue detenida cuando se aprestaba a renovar su licencia de conducir.
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Familias de Ayotzinapa llegan a Palacio Nacional; exigen avances y mantener a Ángel Aguirre en prisión

Familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reúnen con Claudia Sheinbaum para exigir avances en la investigación y conocer nuevas líneas sobre el caso.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa ingresaron este jueves a Palacio Nacional para reunirse con la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, a un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los estudiantes.

El encuentro tiene como propósito revisar los avances de la investigación, conocer nuevas líneas abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) y abordar la situación jurídica del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien fue detenido y vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada.

Las familias llegan al encuentro con la exigencia de obtener información concreta sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero. También mantienen como pendientes el acceso a documentos militares, el análisis de comunicaciones telefónicas y la apertura de nuevas líneas de investigación.

Familias de Ayotzinapa piden evitar libertad de Aguirre

Cristina Bautista, madre del normalista Benjamín Ascencio, planteó que la FGR debe presentar las pruebas necesarias para impedir que Aguirre Rivero obtenga su libertad o continúe su proceso bajo prisión domiciliaria.

Los familiares también buscan conocer qué información tuvo el exgobernador sobre los hechos ocurridos en Iguala y qué elementos de la investigación permitieron establecer su presunta responsabilidad.

La detención de Aguirre ocurrió el pasado 6 de agosto y, de acuerdo con la información difundida por el gobierno federal, la investigación de la FGR incorporó un análisis más detallado de registros telefónicos de la noche de la desaparición, además de otras diligencias relacionadas con el caso.

Sheinbaum informará sobre nuevas líneas de investigación

Antes del encuentro, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que los familiares recibirían información sobre las investigaciones que permitieron la detención de Aguirre Rivero, así como sobre otras líneas abiertas en el caso.

La mandataria señaló que el fiscal encargado de la investigación, Mauricio Pazarán, explicaría a las familias cómo se desarrollaron las pesquisas que llevaron a la captura del exgobernador. También indicó que existe la posibilidad de presentar información pública sobre las nuevas investigaciones antes del próximo 26 de septiembre, siempre que ello no afecte las indagatorias en curso.

Uno de los elementos que el gobierno federal ha colocado entre las nuevas vertientes del caso es el análisis de los registros de llamadas correspondientes a la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes, información que, según Sheinbaum, no habría sido revisada a fondo durante las primeras investigaciones.

A casi 12 años, las familias mantienen sus exigencias

La reunión ocurre tres meses después del encuentro del 28 de mayo entre las familias y Sheinbaum. Para los padres y madres de los estudiantes, uno de los principales reclamos continúa siendo conocer el paradero de los 43 normalistas y establecer responsabilidades por su desaparición.

El caso Ayotzinapa permanece como uno de los principales pendientes de justicia en México. A 12 años de los hechos, las familias mantienen la exigencia de conocer la verdad, localizar a los estudiantes y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

La reunión de este jueves será también una oportunidad para que las familias conozcan directamente el alcance de las nuevas investigaciones y determinen si los avances presentados responden a sus principales demandas. –sn–

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Amnistía Internacional exige liberar a los detenidos de manera arbitraria en Venezuela

https://fed.brid.gy/r/https://www.elnacional.com/2026/08/amnistia-internacional-exige-liberar-a-los-detenidos-de-manera-arbitraria-en-venezuela/

Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morena pone orden rumbo al 2027

Morena comenzó a mover las primeras piezas rumbo a 2027. La definición de sus coordinadores estatales no es un trámite partidista. Es el primer ensayo de una elección que pondrá a prueba al movimiento.

Por Raúl García Araujo

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo pidió perfiles honestos, profesionales y competitivos. Y la dirigencia nacional decidió escuchar antes de que comenzaran las disputas.

Aguascalientes, Campeche y Colima son apenas el principio de una operación mayor. Serán 17 gubernaturas las que estarán en juego el próximo año. Por eso cada nombre tiene una lectura que rebasa a la entidad correspondiente.

La selección también manda señales sobre el tipo de candidatos que Morena quiere construir. Perfiles con trayectoria, reconocimiento territorial y capacidad para competir y gobernar.

Nora Ruvalcaba representa en Aguascalientes experiencia y conocimiento del terreno electoral.

Rosa María Bayardo llega desde Manzanillo con una estructura política construida localmente.

Pero el caso que merece una lectura especial es el de Campeche.

Ahí Pablo Gutiérrez Lazarus no solamente recibió una designación. Recibió también una señal de unidad que puede terminar siendo determinante.

Porque en política no basta con ganar una encuesta. Hay que conseguir que quienes perdieron acepten el resultado y acompañen al ganador.

Eso es justamente lo que ocurrió en Campeche con Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez. Ambos estuvieron presentes después de conocer la decisión y evitaron convertir la derrota en ruptura.

Y esa fotografía política puede valer más que cualquier discurso de unidad. Aquí aparece la mano de Layda Sansores San Román.

La gobernadora entendió que una sucesión dividida podía convertirse en un problema para Morena. Por eso apostó por Pablo Gutiérrez y sostuvo una ruta política sin titubeos.

No permitió que las aspiraciones personales terminaran convirtiéndose en una disputa de grupos. La unidad fue colocada por encima de cualquier proyecto individual.

Esa decisión tiene una explicación sencilla: quien gobierna también debe pensar en el día después. Una candidatura puede ganarse con una encuesta, pero una elección se gana con estructura.

Y una estructura dividida difícilmente responde cuando llega la hora de la campaña. Campeche parece haber entendido esa regla antes que otras entidades. Primero se define al candidato y después se reconstruye la unidad alrededor de él.

El mensaje de Sheinbaum también comienza a tomar forma. La mandataria ha pedido que las candidaturas no sean simples cuotas de grupos políticos.

Quiere perfiles honestos, profesionales y con capacidad para representar al movimiento. Eso obliga a Morena a mirar más allá de las estructuras tradicionales.

Y, sobre todo, a evitar candidatos que puedan convertirse en un problema para el gobierno. Por eso los primeros tres nombres son importantes para Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Ambas tienen ahora la responsabilidad de conducir el proceso más delicado del partido. No solamente tendrán que encontrar competitividad electoral, sino evitar fracturas.

Tendrán que conciliar grupos, contener ambiciones y garantizar que las encuestas sean aceptadas. Y hacerlo, además, bajo la conducción política de Claudia Sheinbaum.

El reto será todavía mayor cuando lleguen estados con disputas internas más profundas. Ahí no bastará con anunciar un coordinador y tomarse una fotografía.

Será necesario construir acuerdos para que quienes no ganen permanezcan dentro del proyecto.

Porque el verdadero adversario de Morena rumbo a 2027 puede estar dentro del propio Morena.

La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen una ventaja: están alineadas con la presidenta. Y esa coincidencia política puede facilitar las decisiones cuando aparezcan los conflictos.

Campeche demuestra que la unidad todavía puede construirse cuando existe conducción. Ahora toca demostrar que esa fórmula puede funcionar en las 14 gubernaturas que faltan.

En Cortito

Nos cuentan que en el estado de México el fervor político rumbo a 2027 ya comenzó a todo lo que da, y Atizapán de Zaragoza es una muestra.

Ante más de mil personas, el diputado federal y ex gobernador Eruviel Ávila, acompañado por Ariel García, líder sindical de Liconsa, respaldó a Luis Montaño Delgado en una reunión de estructuras del Partido Verde, con la presencia del diputado local Héctor García y liderazgos sindicales y comunitarios.

La señal política es clara: el Verde ya trabaja territorio en uno de los municipios más influyentes de la entidad.

Eruviel Ávila destacó el arraigo, experiencia y cercanía de Montaño con las comunidades de Atizapán, y fue contundente al asegurar que “va a pintar de Verde” al municipio.

Todo parece indicar que en este municipio mexiquense podría construirse una candidatura de unidad entre Morena y el Partido Verde, lo que explicaría el cuidado con el que se están moviendo las estructuras.

En lugar de una confrontación entre aliados, la apuesta podría ser encontrar un perfil competitivo que permita sumar fuerzas y evitar una disputa interna. Si esa ruta se confirma, Montaño llega con algo fundamental: tiempo para consolidar territorio y construir acuerdos.

La presencia de Eruviel Ávila tampoco es un dato menor. El ex gobernador conoce perfectamente los tiempos y las estructuras de la política mexiquense, y su respaldo coloca a Montaño en una posición de mayor visibilidad rumbo a 2027.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

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El debate | ¿Tiene sentido seguir buscando el cadáver de Lorca?

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Familiares y victimas exigen justicia por ataques militares de EE.UU. a pescadores ecuatorianos

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Familiares y victimas exigen justicia por ataques militares de EE.UU. a pescadores ecuatorianos

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta acelera la transformación de Puebla

Seiscientos días son suficientes para saber si un gobierno encontró su ritmo. En Puebla, la cifra ya tiene una lectura política propia.

Por Raúl García Araujo

“Puebla va al 600%” no habla solamente del tiempo transcurrido, sino de una manera distinta de gobernar.

Alejandro Armenta ha marcado un estilo basado en territorio, cercanía, coordinación y resultados.

La transformación empieza a medirse en hechos concretos.

La diferencia es importante. Un gobierno puede gastar, inaugurar y comunicar; otro puede preguntarse qué queda después de cada acción. Esa es la verdadera discusión de estos 600 días.

La apuesta de Armenta es que una calle reparada conecte comunidades, que una política de seguridad genere confianza, que el campo recupere productividad y que una institución resuelva problemas que durante años permanecieron sin respuesta.

Gobernar, bajo esta lógica, significa producir capacidades.

Por eso la presencia territorial se ha convertido en una característica de la administración. Jornadas ciudadanas, brigadas, Casas Carmen Serdán y atención directa en los municipios buscan llevar al gobierno donde están las necesidades.

La cercanía no se decreta; se demuestra cuando el ciudadano encuentra respuesta frente a su problema. Ahí comienza la diferencia entre una administración que informa y un gobierno que realmente está presente.

La seguridad será el principal juez. Las Mesas de Paz y la coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y los gobiernos municipales buscan fortalecer la capacidad del Estado.

Los resultados empiezan a medirse en la reducción de la violencia, pero también en la inteligencia que permite anticiparse al delito, recuperar espacios y generar confianza.

Porque en seguridad no basta con reaccionar: un gobierno eficaz debe tener la capacidad de prevenir, contener y recuperar el territorio.

En bienestar y campo también aparece un cambio de enfoque. El Programa de Obra Comunitaria coloca a las comunidades en la decisión y ejecución de proyectos, mientras que mil 500 equipos agrícolas buscan recuperar 200 mil hectáreas, con una meta de 400 mil para el próximo año.

La marca Puebla Cinco de Mayo agrega valor a la producción y abre nuevos mercados. El desafío será que estas políticas se traduzcan en mayor productividad, mejores ingresos y oportunidades reales para las familias.

La infraestructura ofrece otra medida concreta. Rehabilitar 28 mil calles importa por su dimensión, pero más por sus efectos: conectar municipios, reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad y generar condiciones para el desarrollo.

La misma lógica aparece en educación, ciencia e innovación. Kutsari, Yankuilotl y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores colocan a Puebla ante una oportunidad de largo plazo.

El reto es convertir conocimiento en inversión, tecnología y empleos especializados.

En salud, deporte y atención social la transformación también tiene rostro. El CEPOSAMI, las Casas del Abue, los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán y el respaldo a los atletas reflejan una política que busca colocar a las personas en el centro.

El agua representa quizá la mirada más clara hacia el futuro. La Economía Circular del Agua busca tratar, reutilizar y reincorporar el recurso a actividades productivas.

Anticipar una crisis siempre será mejor que administrarla cuando llegue. El agua es infraestructura estratégica y quien la proteja hoy estará gobernando también para las siguientes generaciones.

Vistos en conjunto, los resultados permiten identificar el sello de estos 600 días: presencia territorial, coordinación institucional y capacidad de ejecución.

Hay que resaltar que Alejandro Armenta no ha dejado de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinación con el gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las instituciones federales forma parte de una misma ruta para consolidar en Puebla el segundo piso de la «cuarta transformación«.

El gobernador entiende que coordinar capacidades también es gobernar y que la suma de esfuerzos puede acelerar los resultados.

Ese es el verdadero significado de los 600 días. No son páginas de un calendario ni una cifra para celebrar por sí misma.

Armenta ya imprimió velocidad al gobierno de Puebla. Ahora tiene el desafío de demostrar que esa velocidad puede convertirse en una transformación irreversible.

Y para hacerlo no está solo: tiene la coordinación con la mandataria Claudia Sheinbaum, el respaldo institucional del Gobierno de México y una responsabilidad política que ya no admite pausa.

Los primeros 600 días explican cómo gobierna Armenta. Los que vienen definirán hasta dónde puede transformar Puebla.

En Cortito

Nos cuentan que la emergencia del pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas puso a prueba a las autoridades, y la respuesta fue inmediata.

La coordinación entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno de Morelos permitió movilizar rápidamente a los cuerpos de emergencia.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado convocó al Cabildo para aprobar apoyos extraordinarios de 10 mil pesos por inmueble afectado, además de recursos para mobiliario y hasta 50 mil pesos para negocios perjudicados.

Después, acudió personalmente a Las Granjas, recorrió la zona y escuchó directamente a los vecinos.

También destacó la presencia del diputado local Daniel Martínez Terrazas, quien recorrió la zona, escuchó a las familias y ofreció respaldo a los comerciantes afectados.

Dos actores políticos, desde sus respectivas responsabilidades, estuvieron en el territorio cuando la gente más necesitaba ser escuchada.

El punto es claro: la emergencia no terminó cuando se controló el siniestro. La respuesta continúa, con apoyos económicos, atención a las viviendas y reparación de infraestructura.

Y en esa tarea, el alcalde José Luis Urióstegui ha dejado claro que su gobierno está dispuesto a permanecer en la zona hasta que avance la recuperación de las familias de Las Granjas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

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Fiscalías acuerdan reforzar búsqueda de desaparecidos y combate a extorsión

Fiscalías de México acordaron fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, los registros forenses, la investigación de extorsiones y la capacitación ministerial.

Por Martín García | Reportero                                      

Las fiscalías del país acordaron fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de extorsiones y las capacidades forenses durante la 54 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), celebrada en Nayarit.

Entre los acuerdos figura actualizar el Protocolo Homologado de Investigación sobre desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, además de establecer acciones de capacitación y certificación para personal ministerial, pericial y policial.

Las instituciones también prevén recursos específicos en los presupuestos de 2027 para fortalecer las fiscalías especializadas, mejorar su infraestructura y garantizar condiciones suficientes para atender las investigaciones y a las familias de las víctimas.

Búsqueda de desaparecidos

El encuentro reunió a las fiscalías y procuradurías del país para revisar estrategias relacionadas con personas desaparecidas, materia en la que la coordinación entre autoridades federales y estatales constituye uno de los principales retos institucionales.

La actualización del protocolo deberá acompañarse de acciones para su difusión, capacitación y certificación, con el propósito de homologar criterios de actuación entre agentes ministeriales, policías y especialistas forenses.

Los acuerdos también contemplan fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses, mejorar la calidad de sus registros y facilitar el intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas.

La participación de representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México permitió incorporar una perspectiva centrada en los derechos de las víctimas y sus familias, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).

Más recursos para fiscalías

La asignación de recursos específicos para 2027 busca atender una de las condiciones necesarias para mejorar la capacidad institucional: contar con personal, infraestructura y herramientas suficientes para investigar delitos y buscar a personas desaparecidas.

En materia forense, las autoridades acordaron dar seguimiento a las capacidades existentes en las fiscalías y procuradurías, así como fortalecer los mecanismos que permiten compartir información para identificar y procesar datos relacionados con personas desaparecidas.

El acuerdo adquiere relevancia en Nayarit, donde la fiscal general estatal Elvia Ludmila Heredia Verdugo ha participado en reuniones nacionales relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

La CNPJ también conoció un manual para la operación de fiscalías y unidades especializadas encargadas de recibir denuncias, investigar y perseguir el delito de extorsión, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer capacidades.

Capacitación contra extorsión

La profesionalización del personal quedó incorporada entre las prioridades de la reunión, con énfasis en la capacitación relacionada con investigación y persecución de la extorsión.

Para ello, se acordó difundir la oferta educativa del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), con especial atención en programas vinculados con el combate a este delito.

Las fiscalías también analizaron propuestas de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales orientadas a agilizar y fortalecer las investigaciones, aunque su eventual aprobación dependerá del proceso legislativo correspondiente.

En materia de feminicidio, los integrantes de la CNPJ conocieron la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio, presentada por el Ejecutivo federal y turnada al Congreso para su análisis.

Acuerdos sobre feminicidio

La propuesta busca homologar en todo el país los criterios para investigar y sancionar el feminicidio, además de establecer mecanismos de coordinación, atención a víctimas y reparación integral del daño.

El proyecto plantea un tipo penal homologado, penas de 50 a 70 años de prisión y agravantes vinculadas con circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas, entre otros elementos.

La iniciativa permanecía en trámite legislativo al cierre de esta información, luego de que la Comisión Permanente recibiera la propuesta y la turnara para su análisis en comisiones del Congreso de la Unión.

La Asamblea Plenaria concluyó con el compromiso de trasladar los acuerdos a acciones institucionales concretas, entre ellas la aplicación de protocolos, el fortalecimiento de investigaciones y la atención a víctimas y familiares.

La reunión fue encabezada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, presidenta de la CNPJ, y se realizó en Nayarit como sede de la 54 Asamblea Plenaria, fuera de la Cdmx.

Para la Fiscalía General de la República, la coordinación con las fiscalías estatales forma parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de investigación y mejorar la respuesta institucional frente a delitos de alto impacto.

Los acuerdos alcanzados colocan la búsqueda de personas desaparecidas, la capacidad forense, la extorsión y el feminicidio entre los asuntos prioritarios de coordinación nacional en materia de procuración de justicia.

El reto para las instituciones será convertir las decisiones adoptadas en recursos, capacitación, protocolos aplicados y mejores resultados para las víctimas, especialmente en investigaciones que requieren coordinación entre distintos niveles de gobierno. –sn–

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México procesa a exgobernador Ángel Aguirre por desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.

Por Raúl García Araujo

La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.

Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.

El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.

La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.

Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.

Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.

Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.

La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.

La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.

Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.

El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.

En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.

Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.

Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.

Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.

Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.

En Cortito

Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.

Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.

La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.

La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.

La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.

Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.

La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta entrega resultados a Sheinbaum

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | La dirigente de Nueva Aztlán renuncia al PRD-Cdmx

Cecy Ocampo asegura que el Partido del Sol Azteca es un “cascarón vacío” | Acusa a Isaías Villa y Polimnia Romana de querer aprovecharse de los 81 millones de prerrogativas | Ajusta el IECM fechas y plazos correspondientes a los periodos de precampaña

Por Luis Muñoz  

Con la premisa de que el PRD Cdmx se convirtió en un cascarón vacío, sin rumbo social, sin un proyecto real para la gente y convertido en un nido de mapacheo político, la presidente de la Asociación Civil Movimiento Nueva Aztlán, Cecy Ocampo, anunció su renuncia como militante del sol azteca y criticó severamente a los supuestos líderes del partido como Isaías Villa y Polimnia Romana, quienes sólo buscan los 81 millones de pesos de prerrogativas.

En un amplio comunicado la dirigente de Nueva Aztlán dijo que “el PRD Cdmx se quedó sin gente, sin dignidad, sin discurso y atrapado en el pasado de siempre”.

Su salía del partido del sol azteca no tendrá ningún efecto negativo para ella porque “no necesita de siglas congeladas, líderes improvisados, fantasmas del pasado, ni oradores que solo hablan ocurrencias”.

Sostiene que el futuro y la verdadera gestión social le pertenecen a quienes caminamos todos los días junto al pueblo. En ese sentido, dijo que seguirá con el trabajo territorial, impulsando la lucha por el bienestar de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc. 

“Hoy, enfatizó, esa fuerza viva con la que seguimos caminando las colonias y los barrios se llama Movimiento Nueva Aztlán; nosotros no respondemos a cúpulas, a discursos improvisados ni a vividores de la política”.

“Que les quede muy claro a los políticos de siempre: ¡Vamos a seguir construyendo comunidad desde la sociedad civil! No necesitamos siglas congeladas, ni líderes improvisados.

Cecy Ocampo aseguró que Nueva Aztlán responde a verdaderas causas, como la vivienda digna para las familias; la defensa verdadera contra el despojo y la gentrificación en la alcaldía Cuauhtémoc; alimentos básicos a bajo costo y sin intermediarios, apoyando directo a la economía del hogar.

Explicó que el objetivo será mantener “la cercanía absoluta con los vecinos, escuchando y resolviendo sus necesidades con hechos, de frente, no con palabras vacías”.

La dirigente social dio a conocer los motivos de su separación: “Renuncié de manera firme al ver con mis propios ojos la decadencia en la que terminó el partido; se convirtió en un cascarón vacío, sin rumbo social, sin un proyecto real para la gente y convertido en un nido de mapacheo político”. 

Se lanzó duro al señalar que los supuestos “líderes” perredistas sean simples marionetas “cuyos hilos son movidos por políticos de Morena que los quieren absorber, y por funcionarios de alcaldías panistas como Cuauhtémoc y Benito Juárez que los usan como moneda de cambio para sus propios intereses. ¡Qué lamentable final!

Cecy Ocampo fue más allá y señaló que “mientras ellos se pelean en tribunales por los más de 81 millones de las prerrogativas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, las calles los han abandonado por completo. 

“Hoy vi con profunda tristeza y coraje el evento tan pobre y desolado que armó la cúpula del PRD local en el Monumento a Lázaro Cárdenas. Quisieron presumir un supuesto músculo de las 16 alcaldías y la plaza les quedó gigantesca”.

Luego se echó porras…

“Qué diferencia a las imágenes de 2024, cuando yo, como su candidata al Distrito 12 Local, cerré campaña en ese mismo lugar cobijada por el cariño real de miles de líderes vecinales, comerciantes y familias que sí creían en el proyecto”.

Agregó que “dio pena ajena ver la plaza vacía y, peor aún, escuchar sus discursos tan huecos y sin sustancia. De verdad, ¡no saben hablar! Ojalá hubieran escuchado las barbaridades…

Por un lado, Polimnia Romana salió a decir que hoy están ahí “para darle consejos a las personas”, como si la gente necesitara sermones y no soluciones; y otra de las que intervino apenas pudo expresar que “van a tratar de impulsar nuevamente la cercanía…”

Acaso ignora que “la cercanía no se intenta; la cercanía se vive todos los días en nuestras calles y barrios, ahí donde nuestra gente se duele por no tener qué comer, por no tener lo suficiente para pagar la renta o por no contar con un trabajo digno”.

La “cereza del pastel” fue el discurso de Isaías Villa, el gran enterrador del PRD Cdmx que ni ganar pudo las últimas elecciones. Este hombre se ha quedado completamente sin ideas y subió al templete a hablar de la vieja historia del partido, queriendo seguir convenciendo a la gente con sus discursos obsoletos”.

Para la dirigente de Nueva Aztlán eso solo significa una cosa: quedar atrapado en el pasado; no trae un proyecto nuevo, fresco ni de futuro, porque no tiene la menor estrategia real de cómo bajar al territorio y ganar una elección. Su única y verdadera intención sigue siendo enriquecerse a costa de los restos del partido”, finalizó.

HOMOLGAN CALENDARIO ELECTORAL

El consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el ajuste de las fechas y plazos correspondientes a los periodos de precampaña, captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido; así como de la recepción de la documentación para el registro de candidaturas. 

De igual forma estableció las fechas límite para la presentación de plataformas electorales, la emisión del dictamen sobre el cumplimiento del apoyo de la ciudadanía y la solicitud de registro de convenios de coalición, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las modificaciones derivan de la Resolución INE/CG478/2026, mediante la cual el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) ejerció la facultad de atracción para homologar, por bloques, las fechas de conclusión de las precampañas y del periodo para recabar apoyo de la ciudadanía en los procesos electorales locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Estos ajustes no modifican la naturaleza ni la duración de las etapas previstas en la legislación electoral local, sino que armonizan el calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 con las fechas homologadas por la autoridad electoral nacional, a fin de fortalecer la coordinación institucional y brindar certeza jurídica a partidos políticos, personas aspirantes a candidaturas sin partido y ciudadanía. 

Como parte de las adecuaciones al calendario electoral, las precampañas para Diputaciones al Congreso de la ciudad de México, alcaldías y concejalías se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, conservando la duración de 40 días prevista en la legislación local. 

También ajustó el periodo para la captación de apoyo de la ciudadanía por parte de las personas aspirantes a candidaturas sin partido, quedando del 15 de diciembre de 2026 al 12 de febrero de 2027.

En cuanto a la presentación de solicitudes de registro de convenio de coalición electoral, el consejo general estableció que la fecha límite será hasta el 4 de enero de 2027; el plazo para la presentación de solicitudes de registro de plataformas electorales, del 17 de febrero al 3 de marzo de 2027; y la fecha límite para la conclusión de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía hacia candidaturas sin partido y la emisión del dictamen correspondiente, el 1° de marzo de 2027.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: Capacitan a personal de Módulos Legislativos en materia de despojo

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Ángel Aguirre ya enfrentaba señalamientos por Ayotzinapa; en 2023 acusó al Ejército de ocultarle información

Ángel Aguirre Rivero aseguró en 2023 que un mando militar le informó que los 43 normalistas de Ayotzinapa estaban en la escuela y que su desaparición era una invención. Hoy enfrenta un proceso por el caso.

Por Martín García | Reportero                                                                

El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero aseguró en septiembre de 2023 que el entonces comandante de la Novena Región Militar, Martín Cordero Luqueño, le informó dos días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que los estudiantes se encontraban en la Escuela Normal Rural y que los hechos de Iguala eran una invención.

La declaración cobra nueva relevancia tras la detención de Aguirre el 6 de agosto de 2026 por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con el caso Ayotzinapa. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ordenado ocultar o destruir material videográfico considerado relevante para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Actualmente, Aguirre se encuentra sujeto a prisión preventiva y enfrenta un proceso por delitos relacionados con la investigación del caso. Su defensa ha rechazado las acusaciones y el exmandatario había negado previamente cualquier participación en la destrucción de videos.

¿Qué dijo Aguirre sobre el Ejército y los 43 normalistas?

En declaraciones realizadas el 17 de septiembre de 2023, después de un homenaje al exgobernador Alejandro Cervantes Delgado, Aguirre sostuvo que el Ejército no le proporcionó información oportuna sobre los acontecimientos de Iguala.

Según su versión, Cordero Luqueño le comunicó dos días después de los ataques que los estudiantes estaban en la Normal de Ayotzinapa, en Tixtla, y que la desaparición reportada en Iguala era una supuesta invención.

Aguirre calificó esa información como falsa y cuestionó que el gobernador no hubiera recibido información en tiempo real sobre los acontecimientos, pese a que, según afirmó, el Ejército tenía control del Centro de Comunicación, Control y Comando (C4) de Iguala.

La acusación de Aguirre coincide parcialmente con señalamientos contenidos en informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En su informe sobre el caso, el grupo documentó que elementos de inteligencia militar tuvieron acceso a información transmitida en tiempo real sobre los ataques y señaló inconsistencias en versiones proporcionadas por integrantes del Ejército.

Aguirre cuestionó la actuación militar

El entonces gobernador también afirmó que las autoridades estatales estuvieron marginadas de la investigación y que no tuvieron acceso completo al expediente.

En aquella entrevista sostuvo que las madres y los padres de los 43 estudiantes tenían razones para exigir una investigación de fondo sobre la actuación del Ejército. También manifestó su disposición para continuar colaborando con la investigación y recordó que había comparecido en varias ocasiones ante la Fiscalía especial encargada del caso.

Aguirre señaló además a Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), como uno de los funcionarios que, según su versión, pretendió involucrarlo a él y al exprocurador estatal Iñaki Blanco Cabrera con la delincuencia organizada.

El exgobernador había dejado el cargo en octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El caso Ayotzinapa y la información del C4

La participación del Ejército y el acceso de autoridades militares a información generada durante los ataques se mantiene como uno de los puntos controvertidos de la investigación.

El GIEI documentó que integrantes del Ejército tuvieron acceso a información del C4 y que existían registros sobre los ataques a los estudiantes. El organismo también señaló inconsistencias en declaraciones de militares sobre sus movimientos y conocimiento de los hechos.

La investigación federal también ha seguido otras líneas relacionadas con material videográfico de las cámaras de seguridad de Iguala. En 2026, la FGR retomó esa evidencia como parte de las indagatorias que derivaron en la detención de Aguirre.

Sin embargo, existen versiones encontradas sobre el destino y manejo de algunos de esos videos. Una investigación publicada este domingo señala que documentos de la entonces Procuraduría General de la República registran copias de material videográfico desde 2014, lo que plantea interrogantes sobre la versión actual de la Fiscalía respecto del supuesto ocultamiento de las grabaciones.

¿Qué ha ocurrido con el caso Ayotzinapa?

La desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 en Iguala continúa sin una explicación judicial definitiva sobre el paradero de todos los jóvenes.

Durante los últimos años se han incorporado nuevas declaraciones, documentos, archivos militares, información telefónica y evidencia proveniente de investigaciones realizadas en México y Estados Unidos. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la unidad especial de la FGR han mantenido distintas líneas de investigación.

En este contexto, las declaraciones que Aguirre realizó en 2023 adquieren una nueva dimensión: quien entonces acusaba al Ejército de haberle ocultado información ahora enfrenta una investigación federal en la que la Fiscalía sostiene que, durante su gobierno, se habría ordenado ocultar evidencia relacionada con los hechos.

La acusación, no obstante, deberá ser acreditada ante un juez y Aguirre conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial. –sn–

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Capacitan a personal de Módulos Legislativos en materia de despojo

No todos los casos son de despojo. Pueden tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil | Presentan resultados del Mundial; deja una derrama a las arcas de la Cdmx entre 44 mil y 66 mil millones de pesos | “Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027” 

Por Luis Muñoz  

El curso “Capacitación en materia de prevención, identificación y canalización de casos relacionados con el delito de despojo”, en el que participaron funcionarios del gobierno de la ciudad de México y legisladores locales, se reduce a eso: a orientar a las víctimas de este delito sobre a qué instancia recurrir para exponer su situación.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena del Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, explicó que no todos los casos que la ciudadanía identifica como despojo necesariamente corresponden a este delito, ya que puede tratarse de conflictos de arrendamiento, disputas familiares o litigios de carácter civil.

La diputada Juana María Juárez López, quien preside el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, señaló que esta capacitación a 150 trabajadores permitirá que el personal de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Apoyo de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia coadyuven a atender un problema que afecta directamente el patrimonio, la seguridad jurídica y la tranquilidad de miles de familias. 

Además, reafirmó su compromiso con la capacitación continua, impulsando acciones institucionales para que todo el personal conozca plenamente las nuevas estrategias integrales que se han promovido desde la Jefatura de Gobierno para poner un alto y combatir este delito”.

La consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, aclaró que quienes laboran en los Módulos Legislativos no son gestores, sino que su labor consiste en escuchar las demandas ciudadanas y canalizarlas a las instancias correspondientes. 

En síntesis, todo deriva de un Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente para que el personal de todos los Módulos Legislativos de los 66 diputados locales cuente con las herramientas necesarias para identificar si se trata de un despojo y orientar a las personas hacia la respectiva instancia.

Durante el curso también se expuso que el delito de despojo no se está incrementando debido a que se presentan solo nueve denuncias al día y porque es una constante desde tiempo atrás.

La directora de Cabildo y Enlace con las Alcaldías de la Secretaría de Gobierno, Valeria Sánchez González, quien también es encargada de la atención del gabinete contra despojos, comentó que desde hace un año se implementó una estrategia encaminada a brindar certeza jurídica sobre distintas problemáticas que enfrenta la población, las cuales se presentan por diversas vías, como el Sistema Único de Atención Ciudadana (SUAC) y el “Zócalo de Gobierno Ciudadano”. 

EL MUNDIAL DEJÓ UNA DERRAMA DE 66 MMDP

En la mesa de trabajo de la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 del Congreso de la Ciudad de México, las Secretarías responsables presentaron los resultados de la participación de la capital como sede mundialista, un ejercicio de rendición de cuentas que refleja la vocación de buen gobierno de la Capital de la Transformación, gobernada por Clara Brugada Molina desde la cercanía con el pueblo.

Los datos:

Más de 12.5 millones de personas disfrutaron el Mundial en el espacio público de la capital, con el pueblo como protagonista de la fiesta futbolera.

La ciudad recibió 4.4 millones de turistas, 21% más que en las mismas fechas del año pasado, con una derrama económica estimada entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.

El “FIFA Fan Fest” del Zócalo, con 2 millones 507 mil asistentes en 39 días, fue el más concurrido del Mundial. 

Presentaron los resultados la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; Nashieli Ramírez Hernández, secretaria de la Contraloría General, y la doctora Eréndira Cruzvillegas Fuentes, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien celebró a los cientos de miles de funcionarios públicos que acercaron el Mundial a cada rincón de la ciudad.

La doctora Eréndira Cruzvillegas dijo que fueron 140 mil servidores públicos que atendieron a los capitalinos y a visitantes.

Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo expresó: “gracias a las mujeres pioneras de la Selección Femenil de México 1971 que abrieron camino”. 

Se desplegó el Plan Kukulcán, con un plan de seguridad para cada partido, operativos en la Última Milla y en los hoteles de las selecciones, y coordinación con embajadas. Más de 60 mil personas fueron movilizadas con los sistemas Ride y Park and Ride, reconocidos por la FIFA como caso de éxito.

La derrama económica se estimó entre 44 mil y 66 mil millones de pesos. El Impuesto Sobre Hospedaje de junio creció 20.6% respecto a 2025 y el IMSS reportó 100 mil empleos formales nuevos en junio. Las llegadas internacionales por ambos aeropuertos, el Benito Juárez y el Felipe Ángeles, aumentaron 3.5% en el segundo trimestre.

La jefe de gobierno, Clara Brugada, presidió los Comités de la ciudad de México para el Mundial, con 78 asambleas vecinales y coordinación permanente entre gobiernos, la FIFA y la comunidad. 

Se realizaron más de 2 mil obras que se quedan para siempre, entre ellas 250 kilómetros de pavimentación, 500 escuelas renovadas y el Parque Elevado Tlalpan.

En cuanto al programa Hospedaje Seguro, éste operó con 270 hoteles y la Tarjeta Azul de UNICEF contra la explotación infantil. Se capacitó gratuitamente a 136 mil personas y se rindió homenaje a Las Pioneras del 71, invitadas de honor de la mesa de trabajo.

El diputado Ángel Tamariz señaló que “la ciudad de México demostró una vez más que es una urbe de clase mundial, pero sobre todo una ciudad con alma, con memoria y con una vocación inquebrantable por la justicia social. Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada”.

Por último se mencionó que esta capital recibió aficionados de 84 nacionalidades y generó más de 171 mil artículos en la prensa internacional. De acuerdo con la encuesta De las Heras Demotecnia 2026, 72% de las personas considera que la imagen de México ante el mundo mejoró.

RADIOGRAFÍA DE PROYECTOS DE PRESUPUESTO 

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) conoció el “Análisis integral de las solicitudes de proyectos de Presupuesto Participativo 2026 y 2027”, documento que sistematiza los principales resultados del proceso de registro, validación y dictaminación de las propuestas ciudadanas presentadas para ambos ejercicios fiscales, en el que 22 mil 853 proyectos llegaron a las boletas para ser sometidos a votación, de un total de 37 mil 43 solicitudes recibidas. 

El informe, elaborado por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación y presentado ante el Consejo General, tiene como propósito generar insumos para la rendición de cuentas, la planeación institucional y la mejora continua de los instrumentos de democracia participativa. Para ello, analiza el comportamiento de las solicitudes registradas en las 16 alcaldías, las 33 Direcciones Distritales y las mil 764 Unidades Territoriales de la ciudad de México. 

De acuerdo con el análisis, 33 mil 798 solicitudes cumplieron con los requisitos iniciales y obtuvieron folio para ser remitidas a los Órganos Dictaminadores de las Alcaldías. 

Posteriormente, y una vez realizados los ajustes derivados de acuerdos institucionales, solicitudes de las personas proponentes y el cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales, el universo definitivo quedó integrado por 33 mil 603 proyectos, de los cuales 22 mil 853 fueron considerados viables y 10 mil 750 no viables, lo que representa una tasa de viabilidad cercana al 68 por ciento.

El documento identifica que 61% de las propuestas fueron presentadas por mujeres y también mostró que el proceso de registro transitó de 37 mil 43 solicitudes recibidas a 22 mil 853 proyectos que participaron en la Consulta, lo que representa una tasa de conversión de 61.7 por ciento. Adicionalmente, identifica la distribución territorial de las propuestas, en el que tres alcaldías (Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo. A Madero) concentran el 41% de todas las solicitudes registradas.

*Periodista: [email protected]

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Ángel Aguirre queda en prisión preventiva por caso Ayotzinapa; FGR lo acusa de ocultar evidencias

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quedó en prisión preventiva por su probable participación en el caso Ayotzinapa. La FGR lo acusa de ordenar el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero quedó sujeto a prisión preventiva tras ser detenido y presentado ante un juez federal por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, durante la audiencia inicial, un juez calificó como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión y permitió al Ministerio Público de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa formular imputación contra el exmandatario.

La defensa de Aguirre Rivero solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia quedó programada para el martes 11 de agosto. La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica, por sí misma, una sentencia de culpabilidad.

FGR acusa a Aguirre de ocultar evidencias

De acuerdo con la FGR, el nuevo análisis de las actuaciones relacionadas con la desaparición de los estudiantes permitió abrir nuevas líneas de investigación sobre el manejo de evidencias durante las primeras indagatorias del caso.

La fiscalía sostiene que existen datos de prueba que apuntan a la posible participación de Aguirre Rivero en el ocultamiento de información relevante para conocer el paradero de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

La acusación se concentra en el presunto ocultamiento de grabaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Según la FGR, la instrucción para realizar esa acción habría sido girada directamente por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

La dependencia sostiene que el ocultamiento de las grabaciones no habría sido una omisión aislada, sino parte de una operación deliberada que involucró a funcionarios del gobierno estatal.

Reabren líneas de investigación sobre Ayotzinapa

La FGR explicó que las nuevas acciones forman parte de un modelo de investigación desarrollado en coordinación con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El objetivo de este trabajo es revisar nuevamente las actuaciones acumuladas durante años de investigación para identificar elementos que permitan esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

La investigación sobre las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala ya había generado procesos contra exfuncionarios durante 2026. En marzo, dos exfuncionarias del gobierno de Guerrero fueron vinculadas a proceso en una investigación relacionada con la pérdida, ocultamiento o destrucción de material videográfico de ese recinto.

¿Qué sigue en el proceso contra Ángel Aguirre?

La audiencia continuará el 11 de agosto, después de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. En esa diligencia el juez deberá resolver la solicitud de vinculación a proceso presentada por la FGR.

Mientras tanto, Aguirre Rivero permanecerá sujeto a la medida cautelar impuesta por el órgano jurisdiccional.

La investigación constituye uno de los nuevos frentes abiertos por la FGR para esclarecer qué ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y determinar la responsabilidad que pudiera corresponder a funcionarios involucrados en el manejo de información y evidencias durante las primeras investigaciones.

El caso continúa abierto y cualquier responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades judiciales mediante el debido proceso. –sn–

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Opinión | Segunda Vuelta – Luis Muñoz | Depredadores del erario público

Lobo y compañía reclaman prerrogativas del PRD ciudad de México sin tener ningún derecho | Propone la diputada Rebeca Peralta crear un programa anual de teatro penitenciario en cárceles de la Cdmx | La decisión de retirar las estatuas del “Ché” Guevara y de Castro “es una visión reducida de la democracia”: Sánchez Barrios

Por Luis Muñoz  

Las características de un buen político es aquello que los distingue de los demás: la honestidad, la empatía, la transparencia; priorizan el bienestar social por encima de intereses personales, pero, sobre todo, actúan con ética.

Los sociólogos, que saben bastante de esto, porque a eso se dedican: a estudiar cómo se comportan las personas en grupo y cómo funciona la sociedad, ven a los políticos como una élite de poder separada del pueblo.

Pero no hay que generalizar, pues hay más buenos que los malos. Estos últimos son como “el negrito en el arroz”. Son fáciles de descubrir. Sus acciones los delatan…

A leguas se ve quien es corrupto, soberbios; amante de la mentira y proclive a usar el poder de mala manera.

Hace unos días, dirigentes del PRD ciudad de México revelaron que en un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del partido del Sol Azteca, Mario Tripp Reyna, secuaz del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román, presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Cdmx para que le entreguen los recursos que suman algo así como ¡81.8 millones de pesos! correspondientes a periodos anteriores. 

También, recientemente, denunciaron ante instancias penales a funcionarios del Instituto Electoral capitalino por la falta de ministración de dichos fondos a que tiene derecho el partido.

Los mismos dirigentes del PRD capitalino han señalado que Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara Baja, exigió a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Un mandato del Congreso capitalino, aprobado por el Pleno, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025 que no se ejercieron debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.

El 31 de julio de éste 2026, Tripp Reyna pidió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades ni elementos para hacerlo. Ante esa demanda, las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez le aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.

Por lo tanto, según explicaron los dirigentes perredistas, “cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del Partido del Sol Azteca, cosa que no pueden comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes de PRD Cdmx.

Además, advirtieron que a esos personajes –Loboy su grupo- los van a desenmascarar y a exhibir como lo que son: depredadores de las prerrogativas del PRD Cdmx.

Ahí está la muestra de su ambición: el 31 de julio quedó al descubierto de manera pública su codicia.

REINSERCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA CULTURA: REBECA PERALTA

Con el objetivo de construir una reinserción social más humana y efectiva, la diputada Rebeca Peralta del PVEM en el Congreso, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y a la Secretaría de Cultura de la ciudad de México a crear un Programa anual de teatro penitenciario como mecanismo de reinserción social que contemple la realización de funciones culturales intramuros y cuando las condiciones lo permitan realizar presentaciones extramuros de personas privadas de la libertad.

La propuesta parte de una idea sencilla: el teatro no solo forma actores, también fortalece valores, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo y habilidades para la vida, elementos fundamentales para que las personas privadas de la libertad puedan reconstruir su proyecto de vida y reintegrarse a la sociedad.

La legisladora destacó que la Constitución y la Ley Nacional de Ejecución Penal reconocen la cultura como parte del proceso de reinserción social, por lo que impulsar actividades artísticas dentro de los centros penitenciarios representa una inversión en seguridad, inclusión y reconstrucción del tejido social.

El Punto de Acuerdo propone que en todos los centros penitenciarios de la ciudad de México se desarrollen actividades permanentes de formación y producción teatral, además de realizar, al menos, una jornada anual de funciones al interior de los centros, con acceso controlado para familiares, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil y público previamente registrado, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.

“La reinserción social no termina con el cumplimiento de una sentencia; comienza cuando brindamos oportunidades reales para que las personas desarrollen capacidades, recuperen la confianza en sí mismas y reconstruyan sus vínculos con la sociedad”, señaló Peralta León.

Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer una política pública que coloque a la cultura como un eje de la reinserción social y reafirme que la seguridad también se construye generando oportunidades de cambio.

LAS ESTATUAS DEL “CHE” Y CASTRO NO SON MONEDA DE CAMBIO

“Las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro no son únicamente la representación de dos personajes históricos: recuerdan un episodio ocurrido en territorio mexicano que tuvo repercusiones continentales. Son testimonio de una relación histórica entre México y América Latina, de una época y de un contexto que no desaparecen porque una autoridad decidió retirar un monumento.

Una ciudad que renuncia a su memoria termina empobreciendo su capacidad para comprender su presente y construir su futuro. Si aceptamos que el patrimonio histórico y cultural depende de las preferencias ideológicas y políticas de quién gobierna una alcaldía, dejaremos de tener memoria pública para convertir el espacio urbano en un escenario de revancha política. El patrimonio histórico no tiene partido, pero sí tiene ciudadanos que tienen derecho a conservarlo”.

Lo anterior fue señalado por la diputada y coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente Diana Sánchez Barrios, debido a que las estatuas de estos personajes las quieren utilizar como moneda de cambio para obtener mayores recursos económicos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sánchez Barrios dejó en claro que el patrimonio histórico no constituye una mercancía ni un instrumento de compensación financiera. “Su valor trasciende cualquier cálculo económico porque representa la memoria colectiva, la identidad cultural y la historia compartida de la ciudad de México”.

“Si la intención de retirar esculturas fuera facilitar su intercambio, donación o enajenación con el propósito de beneficios materiales para una alcaldía, se estaría enviando un mensaje profundamente equivocado: que el patrimonio público puede convertirse en moneda de cambio según las necesidades presupuestales o las prioridades políticas de una administración”, precisó la legisladora.

Resaltó Sánchez Barrios que “las ciudades democráticas no se construyen borrando la historia, sino aprendiendo de ella. La decisión de retirar, en su momento, las esculturas del “Che” Guevara y de Fidel Castro del patrimonio público de la Cdmx por parte de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, representa “una visión reducida de la democracia”, donde el poder político pretende decidir qué episodios históricos merecen permanecer en la memoria colectiva y cuáles deben desaparecer del paisaje urbano”.

*Periodista: [email protected]

Columna anterior: Inician reuniones para atender problemas en centros de reclusión de la Cdmx

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Detienen a Ángel Aguirre Rivero por presunto ocultamiento de evidencias en el caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias durante las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos en materia de derechos humanos y procuración de justicia en México.

La captura representa uno de los movimientos más relevantes en la investigación desde que ocurrieron los hechos, el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 normalistas desaparecieron en Iguala, Guerrero, y seis personas fueron asesinadas durante una serie de ataques registrados en esa ciudad.

De acuerdo con la FGR, la aprehensión deriva de un reanálisis integral del expediente realizado bajo el denominado «nuevo modelo de investigación», mediante el cual se identificaron nuevos actos de investigación que, según la institución, permitieron establecer la posible participación del exmandatario estatal en el ocultamiento de elementos de prueba relacionados con el paradero de los estudiantes.

FGR atribuye nuevos hallazgos al reanálisis del expediente

La dependencia federal explicó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que el nuevo enfoque de investigación permitió revisar actuaciones previas y desarrollar diligencias adicionales que no habían sido consideradas en etapas anteriores del proceso.

Como resultado, el Ministerio Público Federal solicitó una orden de aprehensión contra Aguirre Rivero, la cual fue concedida por un juez y posteriormente cumplimentada por las autoridades federales.

La FGR sostiene que el exgobernador habría participado en acciones encaminadas a ocultar evidencias relevantes para esclarecer el destino de los estudiantes desaparecidos, una de las principales líneas de investigación abiertas en el caso Ayotzinapa.

Caso Ayotzinapa continúa bajo nuevas líneas de investigación

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa provocó una amplia movilización nacional e internacional y dio lugar a diversas investigaciones sobre la actuación de autoridades municipales, estatales y federales, así como de integrantes de grupos delictivos.

En los últimos años, la FGR ha reabierto diversas líneas de investigación, promovido nuevas órdenes de aprehensión y judicializado procesos contra exfuncionarios presuntamente relacionados con irregularidades, encubrimiento y obstrucción de la justicia en torno al caso.

La detención de Aguirre Rivero se suma a esa estrategia de revisión de actuaciones previas con el propósito de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades de servidores públicos que participaron en las investigaciones originales.

Hasta el momento, la FGR no ha informado la fecha en que el exgobernador será presentado ante la autoridad judicial para la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente. –sn–

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Fuerza Aérea de Ecuador pide disculpas por desaparición y asesinato de cuatro niños

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🧿El comandante general de la #FAE, Mauricio Salazar, pidió disculpas públicas a las familias de Josué, Steven, Ismael y Nehemías, los cuatro niños de Las Malvinas, por su desaparición forzada y posterior muerte.

#NiPerdonNiOlvido #Ecuador #LasMalvinas #DesaparicionForzada

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🧿El comandante general de la #FAE, Mauricio Salazar, pidió disculpas públicas a las familias de Josué, Steven, Ismael y Nehemías, los cuatro niños de Las Malvinas, por su desaparición forzada y posterior muerte.

#NiPerdonNiOlvido #Ecuador #LasMalvinas #DesaparicionForzada

#Nicaragua
‼️Compartimos Pronunciamiento de Organizaciones de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua en relación a la reciente comunicación sobre el estado de Salud del Líder de los pueblos miskitos, Brooklyn Rivera Bryan.

Desde PBI nos solidarizamos con el dolor del pueblo miskito y de las organizaciones. Hacemos un llamado a la Comunidad Internacional a escuchar sus peticiones.

#Nicaragua #DDHH #DesapariciónForzada #PueblosIndígenas

Desaparición forzada y muerte, el temor latente por los presos políticos en Venezuela

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“Ninguna de nosotras nos conocíamos. Solo nos encontramos en este dolor”: Familiares de personas migrantes desaparecidas en México; procedentes de Cuba, Honduras y Ecuador, recorren Chiapas como parte de la V Brigada Internacional de desaparecidos “Tejiendo Rutas”.

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#Mexico #DesapariciónForzada #Migrantes #desaparecidos

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