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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías
Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.
El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.
Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.
Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.
Pies de bebéLa Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.
Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.
Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.
En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.
Hospital del IMSSSi hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.
A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.
La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: Día Internacional de la Democracia
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías
Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.
El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.
Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.
Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.
Pies de bebéLa Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.
Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.
Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.
En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.
Hospital del IMSSSi hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.
A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.
La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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Ayotzinapa | CIDH pide a México acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes
La CIDH llamó a México a preservar los avances de la investigación, profundizar las líneas pendientes y acelerar la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a 12 años de su desaparición.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano preservar los avances de las investigaciones, profundizar las líneas pendientes y acelerar las acciones para determinar la suerte o paradero de los jóvenes.
La CIDH señaló que los hechos ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no han sido esclarecidos de manera definitiva y que el destino de los procesos judiciales continúa siendo incierto. La Comisión sostuvo que los avances alcanzados fueron posibles por el trabajo conjunto de las familias, sus representantes, autoridades y organizaciones nacionales e internacionales.
CIDH mantiene vigente su medida cautelar
La Comisión recordó que el 3 de octubre de 2014 emitió la medida cautelar 409/14, mediante la cual solicitó al Estado mexicano determinar el paradero de los estudiantes y brindar atención a los sobrevivientes de los ataques.
A partir de esa medida, la CIDH participó en el seguimiento del caso y, mediante acuerdos con el Estado mexicano, impulsó en distintos periodos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La Comisión también dio seguimiento a las recomendaciones del grupo mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA).
El trabajo del GIEI permitió cuestionar científicamente la llamada “verdad histórica”, particularmente la hipótesis de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Sus investigaciones también documentaron irregularidades en la integración de pruebas y diligencias relacionadas con el caso.
La CIDH recordó además que, durante la última etapa del GIEI, fueron revisados videos que mostraban que la Secretaría de Marina (Semar) había documentado diligencias realizadas por la entonces Procuraduría General de la República en el basurero de Cocula.
Investigación mantiene nuevas líneas abiertas
La Comisión Interamericana señaló que organizaciones nacionales e internacionales han contribuido mediante la revisión de cientos de tomos de las investigaciones, el análisis de declaraciones, la identificación de inconsistencias y la realización de nuevas entrevistas.
https://sociedad-noticias.com/2026/08/20/la-cidh-historia-funciones-y-poder-en-los-derechos-humanos/
Entre las organizaciones que han acompañado a las familias se encuentran Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz.
La CIDH también señaló que estos trabajos permitieron documentar afectaciones psicosociales entre los sobrevivientes y familiares, así como denuncias relacionadas con posibles actos de tortura durante interrogatorios a personas vinculadas con las investigaciones.
La postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre algunos de estos aportes generó un nuevo punto de desacuerdo. De acuerdo con la CIDH, cuestionar la asistencia técnica internacional puede afectar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La CNDH, por su parte, ha sostenido públicamente posiciones distintas respecto de algunas conclusiones sobre la participación militar en el caso.
Responsabilidades deben determinarse con pruebas
A 12 años de los hechos, la CIDH expresó preocupación por el resurgimiento de narrativas que cuestionan o minimizan la participación de integrantes de las fuerzas militares en los acontecimientos de Iguala.
La Comisión precisó que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de investigar y sancionar los hechos, con base en las pruebas disponibles y conforme al marco constitucional mexicano y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En ese proceso participa la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), creada específicamente para investigar y judicializar los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
La CIDH ha señalado que las investigaciones deben considerar la posible responsabilidad en distintos niveles, incluida la cadena de mando político, la actuación de corporaciones de seguridad y la participación de agentes encargados de la procuración de justicia.
También ha planteado profundizar las investigaciones sobre posibles vínculos entre integrantes de fuerzas militares y policiales y grupos criminales que operaban en Guerrero durante el periodo de los hechos. –sn–
Persona incada por los desaparecidos de Ayotzinapa | Foto: José Víctor Rodríguez @SociedadN_¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Ayotzinapa, 12 años sin saber del paradero de 43 estudiantes normalistas
Ayotzinapa cumple 12 años sin esclarecer el destino de los 43 normalistas. Este reportaje reconstruye los hechos, las víctimas, las investigaciones, los avances, las promesas de AMLO y Sheinbaum y el uso político del caso.
Por Martín García y José Víctor Rodríguez | Reporteros
La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos en Iguala, Guerrero. Doce años después, el Estado mexicano ha confirmado la identidad de tres de ellos mediante restos óseos, pero el destino de los otros 40 continúa sin esclarecerse.
La desaparición ocurrió durante una serie de ataques que dejaron además seis personas asesinadas y decenas de heridos. Entre las víctimas estuvieron estudiantes normalistas, integrantes del equipo de futbol Los Avispones y personas que se encontraban en la zona. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), documentó al menos 180 víctimas directas de los distintos ataques de aquella noche.
El caso modificó la discusión pública sobre desaparición forzada, participación de autoridades, crimen organizado, responsabilidad estatal y acceso a la justicia. También convirtió a los 43 estudiantes en uno de los principales símbolos de la crisis de desapariciones en México.
¿Qué pasó la noche del 26 de septiembre?
Los estudiantes salieron de la Normal de Ayotzinapa hacia Iguala con la intención de conseguir autobuses para trasladarse posteriormente a la Ciudad de México.
La investigación del GIEI estableció que los normalistas tomaron varios autobuses en Iguala. Uno de ellos, un Estrella Roja, fue omitido inicialmente de la reconstrucción oficial y posteriormente se convirtió en una de las líneas relevantes para entender la violencia de esa noche.
Caso Ayotzinapa a 12 años | Infografía Sociedad NoticiasEntre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, los autobuses fueron interceptados en distintos puntos. Policías municipales y otros agentes participaron en ataques contra los estudiantes, mientras grupos criminales también estuvieron involucrados.
La violencia no se limitó a los normalistas. Un autobús del equipo de futbol Los Avispones fue atacado cuando circulaba por la zona y también hubo agresiones contra otros vehículos y personas.
Los 43 estudiantes fueron detenidos y posteriormente desaparecidos. Desde entonces, la investigación ha intentado determinar quién ordenó las operaciones, quiénes participaron directamente, qué ocurrió con los jóvenes después de su captura y quiénes intervinieron en el posterior ocultamiento de información.
La versión que se derrumbó
La primera investigación federal construyó la llamada “verdad histórica”, presentada en enero de 2015 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Esa versión sostuvo que los estudiantes habían sido entregados por policías municipales a integrantes de Guerreros Unidos, trasladados al basurero de Cocula, asesinados e incinerados masivamente en ese sitio.
Jesús Murillo KaramEl GIEI cuestionó elementos centrales de esa explicación. Sus investigaciones concluyeron que no existían pruebas que sustentaran la posibilidad de una incineración masiva de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
Los expertos también documentaron irregularidades en la investigación oficial, entre ellas diligencias cuestionadas, posibles actos de tortura, inconsistencias testimoniales, manipulación de escenas y omisiones en líneas de investigación.
La CIDH posteriormente señaló que el trabajo del GIEI contribuyó a desvirtuar la denominada “verdad histórica” y a documentar que agentes estatales tuvieron conocimiento de los ataques y de la desaparición de los estudiantes desde el momento en que ocurrieron.
¿Quiénes fueron las víctimas?
Los principales afectados son los 43 estudiantes desaparecidos y sus familias.
Pero la dimensión de la tragedia es mayor. El GIEI documentó seis personas asesinadas durante los hechos, más de 40 heridos y otras personas atacadas mientras intentaban auxiliar a los estudiantes.
Entre los jóvenes asesinados estuvo Julio César Mondragón, cuyo cuerpo fue localizado con signos de extrema violencia.
Persona incada por los desaparecidos de Ayotzinapa | Foto: José Víctor Rodríguez @SociedadN_Las familias de los 43 normalistas han mantenido durante 12 años la exigencia de conocer el paradero de sus hijos y establecer responsabilidades penales. En el camino han sido acompañadas por organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Tres estudiantes identificados
Hasta septiembre de 2026 han sido identificados plenamente tres de los 43 estudiantes mediante análisis genéticos.
Se trata de Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Los análisis fueron realizados con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Universidad de Innsbruck.
La identificación de estos tres jóvenes aportó evidencia científica sobre su muerte, pero no resolvió cómo ocurrieron las desapariciones ni permitió establecer el destino de los otros 40 estudiantes.
¿Quiénes participaron?
La investigación ha señalado la participación de distintos niveles de autoridad y de integrantes del crimen organizado.
En la zona operaban policías municipales de Iguala y otros municipios, corporaciones estatales y federales, además de integrantes de Guerreros Unidos.
Taller infantil | Fotografía Axel Hernández | @SociedadN_Los informes del GIEI también analizaron la actuación de la Policía Federal, la Policía Estatal, autoridades ministeriales y el 27 Batallón de Infantería.
La participación de integrantes del Ejército se convirtió en uno de los puntos más controvertidos del caso. Los expertos documentaron que militares tuvieron conocimiento de distintos acontecimientos ocurridos aquella noche y solicitaron acceso a información y testimonios relacionados con el batallón establecido en Iguala.
La discusión no equivale a atribuir responsabilidad penal a toda la institución militar. Las responsabilidades deben determinarse de manera individual mediante investigaciones y procesos judiciales.
Las fechas que cambiaron el caso
26 de septiembre de 2014: comienzan los ataques contra los estudiantes en Iguala.
27 de septiembre de 2014: se confirma la desaparición de los 43 normalistas y comienzan las primeras investigaciones y búsquedas.
3 de octubre de 2014: la CIDH emite medidas cautelares para la búsqueda y localización de los estudiantes.
18 de noviembre de 2014: se formaliza el acuerdo de asistencia técnica de la CIDH con México y representantes de los estudiantes.
Enero de 2015: Jesús Murillo Karam presenta la llamada “verdad histórica”.
2015-2016: el GIEI realiza sus primeras investigaciones y cuestiona aspectos centrales de la versión oficial.
2018: un tribunal federal ordena crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala.
3 de diciembre de 2018: Andrés Manuel López Obrador firma el decreto para establecer condiciones de investigación y acceso a la verdad para las familias.
2019: comienza formalmente la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ).
2020: el GIEI es reinstalado para continuar con asistencia técnica internacional.
2021: avanzan búsquedas y análisis de restos localizados en Guerrero.
2022: la CoVAJ presenta un informe que califica los hechos como un crimen de Estado y señala la participación de integrantes de Guerreros Unidos y agentes de distintas instituciones.
2022: es detenido Jesús Murillo Karam, acusado de delitos relacionados con la investigación del caso.
2023: el GIEI concluye su participación en México después de documentar obstáculos para continuar con las investigaciones.
2024: el gobierno de López Obrador abre archivos del Estado relacionados con el caso y mantiene reuniones con las familias.
2025: el gobierno de Claudia Sheinbaum retoma el análisis de nuevas líneas, entre ellas registros de llamadas y otras fuentes de información.
6 de agosto de 2026: la Fiscalía General de la República (FGR) detiene al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su probable participación en el ocultamiento de evidencias.
12 de agosto de 2026: un juez vincula a proceso a Aguirre por su probable participación en el delito de desaparición forzada.
27 de agosto de 2026: Sheinbaum se reúne con las familias y anuncia nuevas líneas de investigación y la presentación de información pública.
25 de septiembre de 2026: el gobierno federal informa que el nuevo reporte público será presentado el 28 de septiembre.
¿Qué prometió López Obrador?
Durante la campaña de 2018, Andrés Manuel López Obrador convirtió Ayotzinapa en uno de los casos de referencia de su discurso sobre verdad y justicia.
El 3 de diciembre de 2018, ya como presidente, firmó el decreto que dio origen a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.
Andrés Manuel López Obrador | @SociedadN_Su compromiso público consistió en esclarecer lo ocurrido, localizar a los estudiantes, identificar a los responsables y evitar la impunidad.
Durante su administración se realizaron nuevas búsquedas, se recuperó información, se abrieron líneas de investigación y se produjeron procesos judiciales contra algunos funcionarios y presuntos responsables.
En 2022, la comisión presidencial sostuvo que la desaparición constituía un crimen de Estado y que había elementos para continuar investigaciones contra diversos funcionarios y participantes.
Sin embargo, al concluir el gobierno de López Obrador los 43 estudiantes no habían sido localizados y las familias seguían reclamando información sobre archivos militares y otras líneas de investigación.
¿Qué ha prometido Sheinbaum?
Claudia Sheinbaum asumió la Presidencia en octubre de 2024 y mantuvo el caso Ayotzinapa dentro de las investigaciones prioritarias.
En diciembre de 2024 señaló cinco ejes de trabajo: búsqueda en campo, identificación humana, verdad y justicia, extradiciones y ruptura del llamado pacto de lealtad criminal.
Claudia Sheinbaum PardoSu administración también abrió nuevas líneas relacionadas con registros telefónicos y análisis de información que, según la Presidencia, no había sido estudiada a profundidad.
En 2025 Sheinbaum informó a las familias sobre avances de esas investigaciones y sostuvo reuniones con ellas.
En agosto de 2026 anunció nuevas líneas de investigación, incluida la revisión de comunicaciones telefónicas de la noche de los hechos y de personas que no habían sido incorporadas anteriormente a las indagatorias.
La detención y posterior vinculación a proceso del exgobernador Ángel Aguirre representa uno de los movimientos judiciales más recientes. La FGR sostiene que existen elementos para acusarlo de participar en el ocultamiento de grabaciones relacionadas con los hechos.
Aguirre niega responsabilidad en la desaparición y el proceso deberá determinar judicialmente los hechos que se le atribuyen.
El nuevo giro de 2026
La FGR informó en agosto que reanalizó actuaciones acumuladas durante más de una década y abrió nuevas líneas.
Una de ellas se relaciona con grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala. La Fiscalía sostiene que esas imágenes registraron el momento en que policías interceptaron un autobús de los estudiantes y que posteriormente se habría ocultado información sobre esas grabaciones.
La investigación también incorporó testimonios obtenidos durante 2026.
La detención de Ángel Aguirre elevó nuevamente la atención sobre las autoridades estatales que gobernaban Guerrero durante los hechos de 2014.
La FGR mantiene otras líneas relacionadas con comunicaciones telefónicas, nuevos participantes y posibles responsables.
El 28 de septiembre de 2026 está prevista la presentación pública de un nuevo informe de la investigación.
Lo que todavía falta por resolver
A 12 años, las preguntas centrales permanecen.
- ¿Dónde están los 40 estudiantes cuya identificación aún no ha sido posible?
- ¿Qué ocurrió exactamente con ellos después de su detención?
- ¿Quién ordenó las operaciones?
- ¿Qué autoridades conocieron los hechos en tiempo real?
- ¿Qué responsabilidad individual corresponde a policías, funcionarios y otros participantes?
- ¿Quiénes participaron en el ocultamiento de información?
- ¿Qué documentos militares permanecen pendientes de esclarecer?
- ¿Qué ocurrió con las evidencias que pudieron haber sido alteradas, destruidas u ocultadas?
Y, finalmente, ¿quiénes deberán responder penalmente por la desaparición de los jóvenes?
La CIDH mantiene vigente la medida cautelar adoptada en 2014 y ha pedido al Estado mexicano continuar con la búsqueda, esclarecer el paradero de los estudiantes, sancionar a los responsables y garantizar atención a los sobrevivientes y familiares.
Ayotzinapa y el uso político del caso
Ayotzinapa también se convirtió en un asunto central de la disputa política mexicana.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica” se convirtió en la principal explicación oficial de los hechos. La posterior investigación del GIEI y otros organismos cuestionó elementos esenciales de esa versión.
Enrique Peña NietoEn 2018, López Obrador utilizó Ayotzinapa como uno de los ejemplos de su compromiso con la verdad y contra la impunidad. Ya en el gobierno, creó una comisión presidencial y colocó el caso dentro de las prioridades de su administración.
La investigación también fue utilizada en el debate público para cuestionar el desempeño de gobiernos anteriores, mientras que las diferencias entre el Ejecutivo, organizaciones de derechos humanos, familiares y expertos internacionales produjeron nuevos episodios de confrontación pública.
Durante el gobierno de Sheinbaum, el caso volvió a adquirir relevancia política por las discusiones sobre los archivos militares, el papel de las Fuerzas Armadas, las nuevas líneas de investigación y las responsabilidades de autoridades estatales.
El uso político del caso, sin embargo, no sustituye la responsabilidad de las instituciones encargadas de investigar y juzgar. Las acusaciones contra personas concretas deben sostenerse con pruebas y resolverse mediante procesos judiciales.
Doce años después, una investigación todavía incompleta
Ayotzinapa ha producido una cantidad extraordinaria de expedientes, informes, testimonios, búsquedas, peritajes y procesos judiciales. También ha dejado tres identificaciones científicas, detenciones de funcionarios y una reconstrucción mucho más amplia de lo ocurrido que la presentada inicialmente por el Estado.
Pero esos avances no equivalen a una respuesta completa.
El punto central continúa siendo el destino de los estudiantes desaparecidos y la determinación de responsabilidades individuales.
El nuevo proceso de investigación enfrenta una doble obligación: avanzar sobre nuevas líneas sin repetir las irregularidades que marcaron las primeras investigaciones y demostrar con evidencia científica y judicial cada una de sus conclusiones.
Doce años después, Ayotzinapa no es solamente la historia de una noche de violencia en Iguala. Es también la historia de una investigación que cambió de rumbo, de familias que continúan buscando respuestas y de un Estado que todavía tiene pendiente explicar, con pruebas suficientes, qué ocurrió con 43 jóvenes que salieron de su escuela y nunca regresaron.
–sn–
43 de Ayotzinapa¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Vinculan a proceso a 7 policías de Coyuca por desaparición
Siete policías municipales de Coyuca de Benítez fueron vinculados a proceso por desaparición forzada. Permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación por la detención y posterior muerte de José Ángel López Girón.
Por Martín García | Reportero
Siete policías municipales de Coyuca de Benítez fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, informó la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).
Los imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante la investigación complementaria, luego de que un Juez de Control consideró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. El plazo para concluir esta etapa vencerá el 23 de enero de 2027.
El caso está relacionado con José Ángel López Girón, quien fue detenido el 11 de septiembre durante un filtro de seguridad instalado sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en Coyuca de Benítez, y posteriormente localizado sin vida. La Fiscalía investiga las circunstancias de su desaparición y muerte.
Siete policías quedan vinculados
La FGE identificó a los policías como Jesús Manuel N, Rigoberto N, Librado N, José Neftalí N, Viridiana N, Zenón N y Ana Karen N, todos integrantes de la Policía Preventiva Municipal de Coyuca de Benítez.
Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con la investigación. El Juez de Control los valoró y determinó vincular a proceso a los siete imputados por su probable responsabilidad en desaparición forzada.
La resolución judicial no implica una sentencia definitiva. Las siete personas imputadas mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.
La medida cautelar impuesta es prisión preventiva oficiosa, por lo que los policías permanecerán internos en el Centro de Reinserción Social de Acapulco de Juárez, mientras avanza el proceso.
Investigan detención de José Ángel
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el 11 de septiembre los policías realizaban un filtro de seguridad sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo cuando presuntamente detuvieron a José Ángel López Girón y lo trasladaron con rumbo desconocido. Días después fue localizado sin vida.
La detención de los siete agentes ocurrió el 17 de septiembre, después de un operativo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Coyuca de Benítez. En esa acción también fueron aseguradas dos patrullas oficiales para las diligencias correspondientes.
Según información difundida previamente por la Fiscalía, los agentes fueron detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 11 de septiembre. La víctima fue localizada posteriormente en un tramo de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en las inmediaciones de El Papayo. –sn–
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