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  1. Exfuncionario Segob autorizó apuestas en línea a empresa vinculada con familiares de Amílcar Olán: MCCI

    Gobernación otorgó permiso para operar apuestas en línea a empresa ligada a Amílcar Olán

    Por Iván Alamillo | MCCI                                           

    Apenas 24 horas antes de dejar su cargo, Manuel Marcué, director de Juegos y Sorteos del gobierno de AMLO, autorizó la operación de apuestas por internet a una empresa del abuelo materno de Amílcar Olán. El funcionario que otorgó el permiso desarrolló su carrera al lado de Adán Augusto López cuando fue gobernador y luego en la Secretaría de Gobernación. Durante su paso por la administración tabasqueña, Marcué otorgó contratos por más de $214 millones a Romedic, otra empresa de Amílcar, amigo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente

    Un día antes de dejar la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, su extitular, Manuel Marcué Díaz, otorgó un permiso para operar apuestas vía internet a una empresa en la que participaron el contador y el abuelo de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de los hijos del expresidente López Obrador.

    Marcué Díaz fue nombrado director general de Juegos y Sorteos en enero de 2022 por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

    La relación entre ambos se remonta a la gubernatura de López Hernández en Tabasco. Durante su gestión, Marcué Díaz fue designado como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal, cargo desde el cual benefició con contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic SA de CV, compañía de reciente creación propiedad de Amílcar Olán, como reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    El 28 de junio de 2023, en uno de sus últimos actos al frente de Juegos y Sorteos, Marcué Díaz entregó a Superjuegos Robin SA de CV –empresa que desde septiembre de 2021 contaba con un permiso para operar casinos– una autorización para captar apuestas en línea en conjunto con Operadora de Entretenimientos y Espectáculos Deportivos Luxury de México SA de CV a través de los sitios betwarrior.mx y betwarrior.com.mx. Su declaración patrimonial de conclusión muestra que dejó el cargo un día después, el 29 de junio.

    Actas del Registro Público de Comercio consultadas por MCCI muestran que Operadora de Entretenimientos y Espectáculos Deportivos Luxury de México tuvo como comisario al contador de Amílcar Olán, Jesús Medina Córdova, y como miembro del consejo de administración a su abuelo materno, Amílcar Aparicio Sánchez, quien habría sido usado como prestanombres en al menos otras dos sociedades.

    Medina Córdova también fue comisario de Portacelis Gas and Oil SA de CV, compañía ligada a Amílcar Olán que fue denunciada por la Secretaría de Hacienda ante la FGR por subdeclarar más de 83 millones de litros de combustible que importó mediante operaciones de huachicol fiscal, lo que causó un daño al fisco de 834 millones de pesos, como dio a conocer el diario Reforma.

    Luxury de México fue constituida en enero de 2023 –cinco meses antes de recibir el permiso para operar apuestas en internet– y tiene como accionistas a los hermanos Óscar Ariel Salgado Soto y Lilian Salgado Soto. 

    Las actas mercantiles disponibles no permiten conocer si los presuntos testaferros de Amílcar Olán ingresaron a la estructura de la empresa antes o después de la autorización de Juegos y Sorteos.

    El 17 mayo de 2024, la compañía celebró una asamblea en la que su contador y su abuelo renunciaron a sus cargos. Sin embargo, no existe registro de cuándo entraron a la sociedad ni del cargo que tenía su abuelo en el consejo de administración.

    En esa misma asamblea, también presentó su renuncia al consejo de administración un personaje cuya identidad y participación en la trama de Amílcar Olán y los hijos del expresidente López Obrador permanecían ocultos hasta hace poco. ¿Su nombre? Víctor Hugo Rosales Angulo.

    Pasa del outsourcing ilegal a los negocios con Amílcar Olán

    El pasado 24 de septiembre, MCCI dio a conocer que, mientras recibía contratos millonarios en el gobierno de AMLO, Amílcar Olán se convirtió en copropietario de un terreno ubicado en la calle de Sócrates 211 –en el corazón de la colonia Polanco– sobre el que desarrolló un edificio de departamentos de lujo que fue clausurado por construir un quinto piso ilegal.

    Uno de los socios de Amílcar en ese inmueble es Baux Inmobiliario SA de CV, empresa administrada por Margarita Rosales Angulo e Irasema Joselyn García Rosales, hermana y sobrina de Víctor Hugo Rosales Angulo, quien, como ahora revela MCCI, también participaba con el contador y el abuelo del tabasqueño en el consejo de administración de Luxury de México.

    No existen actas públicas que den cuenta del ingreso de Rosales Angulo al consejo de administración de la compañía casinera ni del cargo que desempeñaba.

    Fuentes que accedieron a hablar con MCCI de manera anónima refieren que Rosales Angulo sería el operador financiero de Amílcar Olán y habría tenido bajo su control a Superjuegos Robin y a Luxury de México, sociedades que recibieron de la Dirección de Juegos y Sorteos el permiso para operar de manera conjunta las apuestas en línea.

    Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosales Angulo fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta relación con el caso Oceanografía.

    Una investigación publicada en marzo de 2014 por la periodista Peniley Ramírez reveló que Rosales Angulo tejió un esquema de outsourcing ilegal para subcontratar a los trabajadores de Caja Libertad, Grupo Gasolinero Mexicano y los casinos Big Bola, empresas que la PGR llegó a considerar parte de un mismo grupo con Oceanografía.

    Una de las compañías utilizadas por Rosales Angulo para subcontratar al personal de Caja Libertad fue Elvag Central Impulsora SA de CV. En julio de 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó un crédito fiscal que obliga a Elvag a pagar mil 300 millones de pesos al SAT por incumplimientos en pagos de ISR e IVA cuando empleaba a los trabajadores de Caja Libertad. 

    Pese a que Rosales Angulo no figura en la estructura de Elvag, MCCI pudo comprobar que Alejandro Morales Ramírez, abogado socio de su firma Rosales & Asociados, representó a Elvag en juicios de amparo en los que se buscaba la anulación del crédito fiscal. Mientras que su hermano, José de Jesús Rosales Angulo, registró la marca de la empresa ante el IMPI.

    Contador de Amílcar también participó en permisionaria original

    El contador de Amílcar Olán, Jesús Medina Córdova, no solo fue comisario de Luxury de México, también ocupó el mismo cargo en Superjuegos Robin, compañía que operaba el permiso original concedido por la Secretaría de Gobernación.

    En septiembre de 2021, derivado de una orden judicial, la Dirección General de Juegos y Sorteos otorgó a Superjuegos Robin un permiso para operar un casino en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Dicho permiso, que también permitía recibir apuestas vía telefónica y en centros remotos, tenía una vigencia de tres años, hasta septiembre de 2024. 

    En marzo de 2023, tres meses después de que fuera constituida Luxury de México –su futura socia en la captación de apuestas online–, Manuel Marcué Díaz amplió la duración del permiso de Superjuegos Robin por un plazo de 15 años, hasta el 24 de septiembre de 2039.

    Los registros mercantiles de Superjuegos Robin cuentan una historia casi paralela a la de Luxury de México. El 17 de mayo de 2024, el contador de Amílcar Olán presentó su renuncia como comisario de Luxury de México. Cinco días después, el 22 de mayo, el mismo movimiento se repitió en Superjuegos Robin. 

    En el considerando tercero del permiso en el que se autorizó a Superjuegos Robin operar apuestas por internet en unión con Luxury de México, la Dirección General de Juegos y Sorteos concluyó que no advertía que Luxury tomara, en ningún caso, el control corporativo o administrativo de la sociedad permisionaria original (Robin).

    Sin embargo, ambas empresas comparten a varios miembros de su estructura corporativa. Óscar Ariel Salgado Soto, quien aparece en los oficios como apoderado legal de Superjuegos Robin, es dueño del 60 por ciento de las acciones de Luxury de México. Mientras que su hermana, Lilian Salgado Soto, propietaria del 40 por ciento de Luxury, llegó a ocupar un asiento en el consejo de administración de Superjuegos Robin. –sn–

    Sociedad Noticias

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  2. Amílcar Olán Aparicio compra predio millonario en Polanco mientras recibe contratos con AMLO: MCCI

    Incursiona Amílcar Olán en el cártel inmobiliario: construye edificio ilegal de lujo en Polanco

    Por Ivan Alamillo | MCCI                                           

    Los negocios de Amílcar Olán trascendieron los contratos públicos y se extendieron a bienes raíces de alta plusvalía. El amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán incursionó como desarrollador de un edificio de departamentos de lujo en Polanco, el cual fue clausurado por construir ilegalmente un quinto piso no autorizado. El proyecto, ejecutado en un lote valuado en $47 millones, revela una trama que conduce hasta un exfuncionario de Hacienda involucrado en los casos Oceanografía y Caja Libertad

    A la par que recibía contratos millonarios en el gobierno de AMLO, el cercano amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán, Jorge Amílcar Olán Aparicio, se convirtió en copropietario de un terreno de 463 metros cuadrados –situado en el corazón de la colonia Polanco de la Ciudad de México– en el que actualmente se construye un edificio de departamentos de lujo. 

    El inmueble, ubicado en el número 211 de la calle Sócrates, fue clausurado en junio pasado luego de que autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo descubrieran que se construía un quinto piso de manera ilegal, pese a que el certificado único de zonificación de uso de suelo del predio permitía únicamente la edificación de cuatro niveles.

    De acuerdo con un avalúo que forma parte de la escritura obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el inmueble tenía un valor comercial de 47 millones 170 mil pesos en mayo de 2022.

    Entre junio y noviembre de ese mismo año, Amílcar Olán pagó de contado 8.89 millones de pesos para adquirir el 19.55% de la propiedad, cuando, según imágenes satelitales, apenas comenzaban las obras de cimentación del edificio.

    De los 8.89 millones de pesos, el tabasqueño pagó ocho millones mediante dos transferencias en junio de 2022, cinco meses antes de la firma de la escritura. Mientras que los 895 mil pesos restantes los liquidó el 15 de noviembre, el mismo día de la firma. 

    En la misma operación de compraventa, la empresa Pyramid Desarrollos Inmobiliarios  adquirió el 17.46% de los derechos de copropiedad del inmueble, por los que pagó 7.94 millones de pesos que fueron transferidos el 11 de noviembre desde una cuenta en Kuspit Casa de Bolsa.

    Pyramid Desarrollos Inmobiliarios fue constituida en marzo de 2022 –ocho meses antes de la firma de la escritura– y tiene como accionistas y comisario a tres empleados de la firma Estudio Legal & Finanzas México, que provee servicios de derecho fiscal y corporativo.

    Tanto Pyramid como Amílcar Olán compraron su participación en el inmueble a Elías Dayan Chayo y a Nadlan Lety, compañía que mantuvo un porcentaje de copropiedad tras la venta y que tiene como accionista mayoritario a Marcos Fuad Amiga Smeke.

    Ambos, Dayan Chayo y Amiga Smeke, son empresarios dedicados a la construcción de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México.

    La sombra del exfuncionario investigado por Oceanografía

    Amílcar Olán comparte la titularidad del inmueble con otros cuatro copropietarios, entre los que destaca la empresa Baux Inmobiliario. Los hilos de esta compañía conducen a Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda investigado en 2015 por la entonces PGR por su presunta relación con el fraude de Oceanografía. Su hermana, Margarita Rosales Angulo, es la accionista mayoritaria de la sociedad, mientras que su sobrina, Irasema Joselyn García Rosales, funge como apoderada legal.

    Baux Inmobiliario también ha tenido como administrador único a Víctor Hugo Rosales Morales, hijo del exfuncionario.

    De acuerdo con una investigación publicada en marzo de 2014 por la periodista Peniley Ramírez en Reporte Índigo, Rosales Angulo fue el operador detrás de una red de compañías de outsourcing que pagaban los salarios de los trabajadores de Caja Libertad, Grupo Gasolinero Mexicano y los casinos Big Bola, empresas en las que tenían participación Francisco Javier Rodríguez Borgio y Martín Díaz Álvarez, este último también socio de la naviera Oceanografía.

    Gracias al esquema de subcontratación tejido por Rosales Angulo, las compañías de Rodríguez Borgio y Díaz Álvarez eludieron el pago de impuestos y cuotas patronales al IMSS y al INFONAVIT.

    Una de las sociedades fachada empleadas para subcontratar al personal de Caja Libertad fue Elvag Central Impulsora. En julio de 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó un crédito fiscal que obliga a Elvag a pagar mil 300 millones de pesos al SAT por incumplimientos en pagos del ISR e IVA cuando empleaba a los trabajadores de Caja Libertad.

    Aunque no hay rastro del exfuncionario en la estructura de Elvag Central Impulsora, MCCI pudo comprobar que Alejandro Morales Ramírez, abogado socio de su firma, Rosales & Asociados, representó a Elvag en juicios de amparo donde se buscaba la anulación del crédito fiscal. Mientras que su hermano, José de Jesús Rosales Angulo, registró la marca de la empresa ante el IMPI.

    Los vínculos políticos de Rosales Angulo, según relataron distintas fuentes a la periodista Peniley Ramírez, llegaban hasta Juan Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto que encabezó hasta 2012 el consejo de administración de Caja Libertad.

    El 15 de noviembre de 2022, Amílcar Olán acudió a la notaría 201 de la Ciudad de México a firmar la escritura de Sócrates 211. Uno de los dos testigos presentes en la firma fue Irasema Joselyn García Rosales, sobrina de Rosales Angulo que acudió en representación de la compañía Baux Inmobiliario como copropietaria.

    García Rosales no solo tiene una relación familiar con Víctor Hugo Rosales Angulo, también trabaja con él como asociada en su despacho Rosales & Asociados. Incluso, García Rosales es accionista de Ci Londres Viga, empresa que ha presentado demandas de amparo contra la colocación de sellos de clausura en un edificio ubicado en la calle de Temístocles 119 en la colonia Polanco, sede de la firma Rosales & Asociados donde también se construía un nivel excedente.

    El quinto piso ilegal de Sócrates 211

    Autoridades de la Alcaldía Miguel Hidalgo han suspendido la construcción del edificio del que Amílcar Olán es copropietario en múltiples ocasiones durante los últimos años. La más reciente el 26 de junio de 2026, cuando el alcalde, Mauricio Tabe, aseguró que en el inmueble –que tenía permitida la construcción de cuatro niveles– se edificaba un quinto piso de manera ilegal.

    En el video subido a sus redes sociales el pasado 1 de julio, el alcalde mostró que su administración colocó tapiales luego de que más de 30 trabajadores violaran los sellos de una clausura previa.

    Imágenes de dron tomadas por el propio Tabe revelan, cubierto por una lona, el quinto nivel que se levantó ilegalmente.

    El certificado único de zonificación de uso de suelo del inmueble, del que MCCI posee una copia, permite que en Sócrates 211 se construyan cuatro pisos y un máximo de ocho departamentos con una superficie mínima por vivienda de 150 metros cuadrados.

    Un solitario anuncio de preventa publicado en 2025 muestra que un departamento de 180 metros cuadrados de construcción –con tres recámaras, tres baños y dos cajones de estacionamiento– se ofertaba en obra gris por 13 millones 500 mil pesos. El edificio se encuentra entre las calles de Homero y Horacio, a una cuadra del Palacio de Hierro de Polanco, en lo que es una de las zonas más exclusivas y con mayor plusvalía de la Ciudad de México.

    Pese a la existencia de ese único anuncio, el desarrollo no cuenta con un sitio web ni es ofertado en otras páginas de bienes raíces que permitan consultar las características de las viviendas que se construyen. En esa misma zona, departamentos terminados con superficies similares se llegan a cotizar hasta en 30 millones de pesos.

    Las obras de Sócrates 211 se aceleraron luego de que Amílcar adquiriera el 19.55% de la propiedad en noviembre de 2022, de acuerdo con imágenes satelitales y registros históricos de Google Street consultados por MCCI. 

    La construcción ha tenido como Director Responsable de Obra a Epitacio Marcelino De Anda López, quien ha sido señalado por supervisar inmuebles que violan los niveles permitidos. En julio de 2023, el diario El País dio a conocer que De Anda López ha avalado la edificación de múltiples obras con pisos en exceso en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

    La meteórica expansión inmobiliaria de Amílcar Olán

    El crecimiento del portafolio inmobiliario de Amílcar Olán comenzó desde los primeros días del sexenio de López Obrador y se aceleró mientras sus empresas se convertían en las proveedoras de balasto para el Tren Maya y eran contratadas para surtir de medicamentos a gobiernos morenistas como los de Tabasco y Quintana Roo, como reveló en su momento MCCI.

    En diciembre de 2023, MCCI dio a conocer que el amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán adquirió en tan solo un millón de pesos un terreno de 18 hectáreas en Paraíso, Tabasco, ubicado a seis kilómetros de la refinería de Dos Bocas. El predio, que llegó a ser rentado por contratistas de la refinería, fue comprado por Amílcar el 7 de diciembre de 2018, seis días después de que López Obrador asumiera la presidencia.

    Mientras que en Villahermosa, Amílcar Olán compró en octubre de 2020 un terreno de mil metros cuadrados a Luis Carlos Vizcarra Millán, un empresario que ganó contratos multimillonarios con Pemex durante el gobierno de AMLO con su compañía Perfolat de México. Por este inmueble, el tabasqueño únicamente pagó 1.5 millones de pesos, pese a que un avalúo reveló que tenía un valor comercial de al menos 9.4 millones de pesos, como reveló MCCI.

    La revista Proceso también documentó que, en enero y septiembre de 2023, Amílcar Olán adquirió dos departamentos de lujo en Cancún por los que pagó 24 y 6 millones de pesos respectivamente. El primero de ellos, un penthouse de dos pisos con vista al mar ubicado en el complejo Harbour Beach, uno de los más exclusivos del Caribe mexicano. –sn–

    Reportaje completo en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

    Amílcar Olán | Inmobiliario | MCCI

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  3. Gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo dieron más de 150 mdp a empresas vinculadas con red de huachicol

    El gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo otorgaron más de 150 mdp a cinco empresas vinculadas con Tabasco Capital, identificada por la FGR en una red de huachicol relacionada con Raúl Rocha Cantú.

    Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

    El gobierno de Mara Lezama y municipios de Quintana Roo otorgaron entre 2023 y 2024 más de 150 millones de pesos en contratos a cinco empresas que comparten socios, apoderados o domicilios con Tabasco Capital, compañía identificada por la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.

    Los contratos fueron destinados a obras de alumbrado, señalética, parques, canchas, escuelas y proyectos urbanos. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó las conexiones corporativas mediante actas mercantiles y documentos oficiales.

    La relación empresarial adquiere relevancia porque la FGR identificó a Tabasco Capital como una compañía utilizada para facturar producto obtenido ilícitamente. Además, investigaciones sobre la red de huachicol vincularon a la empresa con operaciones atribuidas al grupo de Raúl Rocha Cantú, empresario señalado en la indagatoria federal por contrabando de hidrocarburos.

    Empresas con vínculos corporativos

    De acuerdo con la investigación difundida por MCCI y Reforma, entre las compañías que recibieron contratos en Quintana Roo se encuentran Construindustrial y de Servicios SIMMA, Construservicios ESL y AF Instalaciones, cuyos vínculos con Tabasco Capital aparecen en registros corporativos mediante socios, administradores, apoderados o domicilios compartidos.

    Uno de los casos documentados corresponde a SIMMA, que participó en una licitación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo en noviembre de 2023. En los documentos del procedimiento, la compañía declaró como domicilio el ubicado en San Martín de Porres 111, en Querétaro, dirección que también aparece relacionada con Tabasco Capital.

    Los contratos públicos fueron asignados para infraestructura y equipamiento urbano, por lo que el caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de revisión aplicados por las autoridades estatales y municipales antes de contratar a las compañías.

    ¿Qué relación tiene Tabasco Capital con la investigación por huachicol?

    La conexión se encuentra en una investigación federal sobre una red dedicada al contrabando y comercialización ilegal de hidrocarburos. En un cateo efectuado el 22 de febrero de 2025 en un inmueble de Querétaro, agentes federales aseguraron documentación relacionada con Tabasco Capital.

    Según la información difundida sobre la investigación, la FGR consideró que la empresa era utilizada para facturar combustible obtenido ilícitamente. También fueron documentadas transferencias de Tabasco Capital a Jacobo Reyes León, identificado como uno de los operadores de la estructura investigada.

    El empresario Raúl Rocha Cantú, quien posteriormente obtuvo la calidad de testigo protegido en la investigación federal, reconoció ante la FGR haber participado en operaciones de contrabando de combustible y señaló a Reyes León como uno de los principales responsables de la organización. En su declaración también mencionó que la red utilizaba facturas expedidas por Tabasco Capital, entre otras compañías.

    Los contratos en Quintana Roo

    La investigación periodística señala que los recursos públicos entregados a las empresas relacionadas con Tabasco Capital provinieron tanto del gobierno estatal como de municipios de Quintana Roo.

    Los trabajos contratados incluyeron infraestructura urbana, alumbrado público, señalización, parques, canchas y obras en escuelas. La coincidencia de domicilios, representantes y vínculos societarios con Tabasco Capital fue identificada a partir de documentos mercantiles y expedientes oficiales.

    El caso coloca bajo escrutinio los procedimientos de contratación utilizados entre 2023 y 2024, particularmente los mecanismos mediante los cuales las autoridades verificaron los antecedentes corporativos de las empresas antes de asignarles recursos públicos.

    La información disponible no establece que el gobierno de Quintana Roo o los municipios hayan participado en las actividades ilícitas investigadas por la FGR, ni que los contratos públicos hayan sido utilizados para financiar la red de contrabando. El vínculo documentado corresponde a las relaciones corporativas identificadas entre las empresas contratistas y Tabasco Capital. –sn–

    Mara Lezama | Ilustración MCCI

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  4. Amílcar Olán amplió su red empresarial en Texas un mes antes de la cancelación de visa de Andy López Beltrán

    Amílcar Olán extiende su red empresarial… a Estados Unidos.

    Por Ivan Alamillo | MCCI                                           

    Un mes antes de que Andy López Beltrán hiciera pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos, su amigo Amílcar Olán extendía su red empresarial a Texas. El empresario, beneficiado con contratos multimillonarios durante el gobierno de AMLO, constituyó una compañía y se asoció en otra con una mujer señalada como operadora de sus negocios de balasto en las obras ferroviarias de la 4T

    Mientras la administración del presidente Donald Trump elevaba la presión sobre el gobierno y las autoridades mexicanas, Jorge Amílcar Olán Aparicio, el cercano amigo de Andy López Beltrán que recibió contratos multimillonarios durante el gobierno de AMLO, extendió su red de negocios a Estados Unidos.Mientras la administración del presidente Donald Trump elevaba la presión sobre el gobierno y las autoridades mexicanas, Jorge Amílcar Olán Aparicio, el cercano amigo de Andy López Beltrán que recibió contratos multimillonarios durante el gobierno de AMLO, extendió su red de negocios a Estados Unidos.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2094428117481689385?s=20

    Registros mercantiles de la Secretaría de Estado de Texas obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelan que, el pasado 25 de junio de 2026, Amílcar Olán constituyó la compañía Stone Basaltico LLC, en la que figura como único accionista y donde su tía, Teresa de Jesús Olán Rodríguez, funge como agente para recibir notificaciones judiciales.

    El mismo día en que la sociedad de Amílcar Olán fue dada de alta, el empresario tabasqueño José Andrés Quintero Martínez de Escobar y Silvia Gabriela Cárdenas Arias –quien de acuerdo con audios difundidos por Latinus sería una operadora de Amílcar en la venta irregular de balasto para las obras ferroviarias de la 4T– registraron en Texas una segunda empresa: Quincar LLC.

    https://sociedad-noticias.com/2026/08/31/andy-lopez-beltran-se-reune-con-empresarios-durante-cinco-horas-en-restaurante-de-la-condesa/

    Amílcar Olán y Silvia Cárdenas emplearon estas dos compañías para dar a luz el 2 de julio de 2026 a una tercera sociedad llamada Basalt Group LLC, la cual reporta el mismo domicilio que Stone Basaltico LLC en el número 1 de la calle Bordeaux Cir, en la ciudad de Bay City, Texas.

    MCCI pudo comprobar que dicha dirección corresponde a la vivienda de su tía, Teresa Olán, quien es dueña de la propiedad junto con su esposo desde el año 2016.

    Las tres empresas –Stone Basaltico, Quincar y su sociedad conjunta, Basalt Group– tienen como organizadora a Alejandra González, una abogada de McAllen que consiguió su licencia de la Barra de Abogados de Texas en abril del año pasado y que habría sido la encargada de firmar y presentar los documentos de constitución ante la Secretaría de Estado de la entidad.

    Las leyes texanas permiten la creación de compañías sin la presencia física de los accionistas, por lo que Amílcar Olán pudo haber realizado su registro de manera remota por medio del portal SOSDirect con la ayuda de su abogada.

    MCCI consultó plataformas de comercio exterior para verificar si las empresas del amigo de Andy López Beltrán han realizado importaciones o exportaciones de materiales pétreos o cualquier otro tipo de mercancía, pero hasta la publicación de este reportaje no se encontró registro alguno.

    El 13 de agosto de 2026, Andy López Beltrán difundió en sus redes sociales una carta dirigida a Donald Trump, en la que reveló que el gobierno de Estados Unidos le había cancelado la visa para ingresar a ese país. Atribuyó la decisión al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y aseguró que las autoridades estadounidenses no tenían pruebas en su contra por algún acto delictivo. En contraste, apenas un mes antes del retiro de la visa a Andy, su amigo Amílcar Olán había terminado de establecer una red de empresas en Texas.

    https://sociedad-noticias.com/2026/08/29/hacienda-pide-accion-penal-contra-empresa-ligada-al-contador-de-amigo-de-andy-por-huachicol-fiscal-de-834-mdp/

    Desde diciembre de 2023, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó que los negocios de Amílcar se multiplicaron con el gobierno de López Obrador. Empresas propiedad de Amílcar o ligadas a él han obtenido contratos para abastecer medicinas: 490 millones de pesos con fondos del extinto INSABI y 344 millones de pesos del IMSS, con sobreprecios de hasta mil por ciento.

    Además, en audios difundidos por Latinus y MCCI, Amílcar expresa su cercanía con Andy y Gonzalo López Beltrán –hijos del ex presidente López Obrador– e incluso ha referido que gracias a ellos expandió sus negocios de venta de balasto para el Tren Maya. Tres días antes de que AMLO dejara la presidencia, Portacelis Gas and Oil, creada por el contador de Amílcar, recibió permisos para importar más de 50 millones de litros de combustible y enfrenta acusaciones de huachicol fiscal.

    Esas acusaciones escalaron al terreno penal. La Secretaría de Hacienda pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal por delitos fiscales contra los propietarios de Portacelis Gas and Oil, a la que se atribuyen operaciones de huachicol fiscal que habrían ocasionado un daño al erario superior a 834 millones de pesos, según reveló Reforma el 29 de agosto.

    MCCI publicó el pasado 27 de julio un extracto del libro “Huchicol Fiscal, la madre de todas las estafas”, de Raúl Olmos, en el que se documenta que Portacelis también tuvo como proveedor a Ikon Midstream, empresa texana investigada por el FBI y la FGR por abastecer a compañías señaladas de operar al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ikon quedó bajo investigación por enviar a México buques con millones de litros de combustible declarado como aditivos, una modalidad utilizada para eludir el pago de impuestos. En abril de 2026, agentes federales catearon sus oficinas en Houston y aseguraron documentos sobre sus transacciones, incluidas las realizadas con Portacelis.

    Llega a Estados Unidos tras modificación a ley antilavado

    La expansión del entramado empresarial de Amílcar Olán a Texas se dio luego de cambios realizados por el Departamento del Tesoro al reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), la cual obligaba a la mayoría de las empresas constituidas en territorio estadounidense a reportar sus beneficiarios finales ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

    Dicho reporte debía incluir los nombres, domicilios, fechas de nacimiento y documentos de identificación vigentes –como el pasaporte o licencia de conducir– de los beneficiarios finales de las compañías sin importar que fueran ciudadanos estadounidenses o extranjeros. Un beneficiario final era definido como aquel accionista que posee el 25% o más de una empresa o como cualquier persona que ejerza un control sustancial sobre las decisiones de la compañía.

    Con esto, el Departamento del Tesoro buscaba tener una supervisión más estricta y detallada de sociedades que pudieran ser usadas como fachada por lavadores de dinero, narcotraficantes, cibercriminales o hasta terroristas.

    En marzo de 2025, ya durante la presidencia de Donald Trump, el Departamento del Tesoro anunció una regla interina que suspendía la obligación de presentar esta información a FinCEN, lo que generó críticas de expertos en materia antilavado y congresistas demócratas.

    Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Banca del Senado, señaló que la medida “es un regalo para los cárteles, los delincuentes y los adversarios de Estados Unidos que se aprovechan de las empresas fachada para mover millones a través de nuestro sistema financiero”.
     

    Incluso, la Oficina de la Contraloría General (GAO) advirtió que la regla interina que entró en vigor en marzo de 2025 eliminó la responsabilidad del 99% de las entidades que antes estaban obligadas a reportar y podría perpetuar los riesgos de delitos financieros.

    Bajo el antiguo reglamento de la Ley de Transparencia Corporativa, las sociedades constituidas por Amílcar Olán habrían tenido 30 días naturales para reportar a sus beneficiarios finales, es decir, a inicios del mes de agosto de 2026.

    Por ejemplo, Basalt Group LLC –que tiene como accionistas a Stone Basaltico LLC y a Quincar LLC– habría tenido que identificar a Jorge Amílcar Olán Aparicio, quien aparece como socio único de Stone Basaltico, y a Silvia Gabriela Cárdenas Arias y José Andrés Quintero Martínez de Escobar, socios de Quincar. 

    El pasado 11 de agosto, el Departamento del Tesoro emitió la regla final que elimina permanentemente la obligación de reportar los beneficiarios finales de las corporaciones constituidas en Estados Unidos y anunció que eliminará la base de datos con la información previamente reportada por millones de compañías.

    –sn–

    Amilcar Olan | MCCI

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  5. Exdirectiva de aduanas se asocia en Texas con presunto operador financiero de Florian Tudor: MCCI

    Exdirectiva de Aduanas se asocia con operador de mafia rumana; compra residencia de 1 millón de dólares

    Por Iván Alamillo y Verónica Ayala | MCCI                                           

    Tras dejar la Dirección de Recursos Materiales de la Agencia Nacional de Aduanas, Araceli Hernández Perea constituyó dos empresas en Texas con un presunto operador financiero de la mafia rumana y adquirió una residencia de lujo en San Antonio valuada en cerca de un millón de dólares. En su paso por la ANAM tuvo a su cargo contrataciones multimillonarias en áreas sensibles para la seguridad nacional, como la compra de equipos de rayos X en las aduanas.

    Araceli Hernández Perea, exdirectiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante las gestiones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo, se asoció en los Estados Unidos con Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado como uno de los principales operadores financieros de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México.

    Actualmente, Arcos Romero, quien fue particular de Marín Mollinedo en la ANAM, es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, como reveló ayer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea –quien habría sido pareja de Arcos Romero– tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país.

    Una revisión en registros mercantiles de Estados Unidos realizada por MCCI revela que, en junio y noviembre de 2024, la exdirectiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiereme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.

    Simultáneamente, también en junio de 2024, Hernández Perea adquirió una casa de mil 214 metros cuadrados de construcción ubicada en The Dominion, uno de los conjuntos residenciales más lujosos y exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas. El valor comercial de propiedades de dimensiones similares en esta zona ronda e incluso supera el millón de dólares, según información de sitios especializados en bienes raíces.

    Cuestionada por MCCI respecto a si tenía otros ingresos adicionales a sus percepciones por los cargos públicos que había ocupado, la exfuncionaria de la ANAM refirió que la pensión de sus cuatro hijos. 

    A pregunta expresa, Hernández Perea dijo no tener ninguna relación con Arcos Romero al día de hoy y, aunque figura en las dos empresas creadas junto con él en Texas, solo reconoció participar en Quiereme Mucho Spirits LLC, la cual, aseguró, se creó para la distribución de mezcal.

    Como parte de la Operación Caribe, que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero en febrero de 2021.

    Las acciones contra esta banda, dedicada a clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos, fueron coordinadas con las autoridades de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó al gobierno mexicano el bloqueo de cuentas de Arcos Romero y de otros integrantes de la organización criminal, como dio a conocer MCCI en una primera entrega.

    Sale como directiva de Aduanas y compra casa de lujo en EE. UU.

    De acuerdo con funcionarios de Aduanas consultados por MCCI, Araceli Hernández Perea era identificada como pareja de Alejandro Enrique Arcos Romero, con quien aparece posando en una fotografía publicada por una revista social en febrero de 2024, durante la presentación de un cantante en un restaurante de la capital poblana.

    Al menos entre febrero de 2022 y marzo de 2023, Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM, abarcando una parte de los periodos de Horacio Duarte y de Rafael Marín Mollinedo como titulares. Y, de acuerdo con información derivada de una solicitud de información, mantuvo contratos temporales. 

    Al igual que Arcos Romero, no hay declaraciones patrimoniales públicas que den cuenta de su paso por la ANAM, pese a que su puesto implicaba el manejo de recursos públicos. Sin embargo, contratos con su firma y documentos de procesos de licitación donde figura como responsable, confirman que estuvo al frente de dicha área encargada de las compras y contrataciones de bienes y servicios en Aduanas.

    Entre los contratos suscritos por la ex funcionaria se encuentran, por ejemplo, uno por más de mil millones de pesos otorgado en mayo de 2022 a Seguritech Privada SA de CV y otro de septiembre de 2022 con Ingeniería Operativa SA de CV por 275 millones de pesos, ambos por servicios de atención y solución de fallas de equipos de inspección de rayos X para contenedores y equipaje.

    En junio de 2024, un año después de su salida de la ANAM, Hernández Perea constituyó en Texas las empresas Fantastic Five Builders LLC y Quiereme Mucho Spirits LLC junto con Arcos Romero. En esta última compañía, filial de la mezcalera mexicana Quiéreme Mucho Destilería SAPI de CV, la exfuncionaria también se asoció con sus hijos, Diego Pérez Hernández e Iván Pérez Hernández.

    A la par que la ex directiva de la ANAM se asociaba con el presunto operador de la mafia rumana en empresas en Estados Unidos, adquirió en junio de 2024 la residencia en The Dominion, un fraccionamiento privado de lujo ubicado al noroeste de San Antonio, Texas, a unos minutos del exclusivo club con campo de golf del conjunto residencial.

    La vivienda está edificada en un lote de mil 456 metros cuadrados y cuenta con un amplio jardín y un terreno a un costado para instalar una alberca, de acuerdo con páginas de bienes raíces. La casa, según se detalla, cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, sala de cine, sala de juegos, tres áreas de estar, cocina equipada con acabados de lujo, recámara principal con techos altos y dos vestidores, y garaje para tres vehículos.

    A finales de mayo, Arcos Romero –quien está afiliado a Morena en Quintana Roo, de acuerdo con información de la PNT– presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal de Marín Mollinedo, como dio a conocer el pasado 19 de junio el Sol de Yucatán. 

    Marín Mollinedo ha sido desde hace décadas, como él mismo presume, incondicional del ex presidente López Obrador y es primo de Nicolás Mollinedo, conocido por haber sido el chofer y coordinador de logística de AMLO. De acuerdo con fuentes morenistas, el ex titular de la ANAM sería la apuesta de Morena para ser el candidato a gobernador en Quintana Roo si se rompe la alianza con el Partido Verde para postular a Eugenio “Gino” Segura.

    MCCI contactó desde el viernes 7 de agosto a Marín Mollinedo a través de su equipo cercano para obtener su postura, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

    Hernández Perea adquirió la propiedad ubicada en el número 24706 de la calle Covent Garden en 875 mil dólares. Actualmente, su valor comercial está estimado en 927 mil 700 dólares –unos 16 millones de pesos– según sitios de bienes raíces como Zillow.

    Para hacerse de la ostentosa residencia, Hernández Perea adquirió un crédito hipotecario de 546 mil dólares a pagar en 30 años con Lendz Financial LLC. En el documento, la exdirectiva de Aduanas –ahora socia de quien sería uno de los principales miembros la banda de la Riviera Maya– declaró como su domicilio particular un edificio de departamentos de lujo ubicado en el número 330 de la calle Séneca en Polanco II Sección, en la ciudad de México.

    Llega a la ANAM con orden de aprehensión

    Antes de ingresar a Aduanas, Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales –el mismo cargo que posteriormente tendría en la ANAM– en la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), cuando Raymundo Collins era su titular.

    Su paso como funcionaria de la SSP fue turbio. En enero de 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por una servidora pública. 

    La orden para su captura derivó de una denuncia presentada en julio de 2020 por el Órgano Interno de Control de la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el otorgamiento irregular en 2018 de un contrato a la empresa Hebra Estrategias Financieras SA de CV por 5.2 millones de pesos, monto que fue considerado desproporcionado por la Fiscalía capitalina.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2086815612764926205?s=20

    Hernández Perea, en su calidad de directora de Recursos Materiales de la SSP, elaboró la justificación para contratar vía adjudicación directa a la compañía para otorgar “los servicios legales de análisis y verificación de los mecanismos contractuales de control y protección de datos personales”, labores que, según la FGJ, pudieron haber sido realizadas por las áreas y el personal ya existente en la dependencia.

    En febrero de 2022, ya como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea presentó una demanda de amparo contra la orden de aprehensión que se le giró, misma que fue cancelada en julio de 2022 por el juez segundo de Distrito de Amparo en Material Penal de la Cdmx al considerar que el delito que se le imputaba ya había prescrito. 

    El hijo de Araceli Hernández Perea, Diego Pérez Hernández, también ha trabajado en la ANAM. Una declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 lo ubicaba entonces, con apenas la preparatoria terminada, como enlace de la Dirección Jurídica de Aduanas. Actualmente aparece en Nómina Transparente como Analista de Investigación y Fiscalización Aduanera, de acuerdo con la última actualización al 15 de julio. –sn–

    La investigación completa en MCCI

    Araceli Hernández Perea | Ilustracion MCCI

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  6. Importaciones de armas del Ejército aumentaron 285% desde 2023, revela análisis de MCCI

    ¿Abrazos, no balazos? Disparan AMLO y Sheinbaum compra de armas y municiones.

    Por Verónica Ayala | MCCI                                           

    Mientras el Gobierno de López Obrador sostenía la política de «abrazos, no balazos» y Claudia Sheinbaum ha llamado en foros internacionales a reducir el gasto militar, la Secretaría de la Defensa Nacional multiplicó sus compras de armas en el extranjero. Un análisis de las importaciones oficiales realizado por MCCI revela que, a partir de 2023, el valor del armamento adquirido por el Ejército creció 285% respecto al periodo previo y alcanzó su nivel más alto durante el primer año completo del actual gobierno.

    A partir del 2023, el Gobierno mexicano disparó la compra de armas y municiones por parte del Ejército, revela un análisis de las importaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

    Este periodo abarca la primera parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y los últimos dos años del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría implementado una política de “abrazos, no balazos” en materia de seguridad. 

    Mientras que de 2019 a 2022, el gobierno de AMLO importó armamento y carga por un valor apenas superior a los 68 millones de dólares, de 2023 a mayo de 2026 la suma de las importaciones de Sedena en el mismo rubro alcanzó los 262 millones de dólares, lo que representa un incremento del 285 por ciento.

    El armamento importado incluye todo tipo de armas de fuego y de guerra, como pistolas, revólveres, fusiles, carabinas y escopetas, hasta granadas y lanzagranadas, y por supuesto un arsenal de municiones. 

    Esta información se desprende de un análisis de datos consultados en plataformas de comercio exterior, en el que MCCI filtró únicamente las importaciones correspondientes a todo tipo de armas, sus partes, aditamentos y accesorios, así como municiones y artefactos explosivos y de defensa.

    Las importaciones de armas y suministros se multiplicaron a partir del 2023, cuando ingresaron al país, según lo declarado por las propias autoridades, mercancías de este tipo por un valor superior a los 62 millones de dólares, esto es 3.7 veces lo importado el año anterior, cuando el valor fue de cerca de 16.6 millones de dólares. 

    Mientras que el mayor monto corresponde al 2025 –el primer año gobernado en su totalidad por Sheinbaum– cuando el valor de las importaciones de armamento y municiones rebasó los 91.3 millones de dólares.

    El pasado mes de abril, al hablar ante líderes mundiales durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, Sheinbaum llamó a frenar el gasto militar e incluso planteó destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento para crear un programa de reforestación a escala global. 

    El monto récord en 2025 también coincide con el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien intensificó sus presiones al Gobierno mexicano respecto al combate a las organizaciones del crimen organizado, a quienes designó como organizaciones terroristas y acusa de tener el control del país.

    De acuerdo con información consultada en plataformas de comercio exterior como Veritrade, alrededor de dos terceras partes de estas importaciones –registradas bajo decenas de partidas arancelarias– fueron realizadas a través de la Dirección General de Industria Militar (DGIM) y un tercio de ellas se importó de manera directa por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

    Arsenal bajo la lupa

    La mayor parte de las importaciones, más del 70 por ciento, corresponde a armas de fuego -cortas y largas- y armas de guerra, rubro que incluye desde pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas, hasta fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, entre otras, así como partes esenciales para su funcionamiento.

    De acuerdo con un análisis detallado por clasificación de las importaciones realizadas desde 2019 y hasta el primer trimestre del 2026, el Gobierno mexicano importó en ese periodo armamento por 227.8 millones de dólares, en mayor proporción a partir del 2023.

    En cuanto a mayor monto, le sigue el rubro de Municiones o carga, que suma importaciones por un valor superior a los 71.1 millones de dólares en el mismo periodo, que representa más del 22 por ciento del total. Esta categoría incluye básicamente todos los cartuchos de distintos calibres y algunos tipos de proyectiles. 

    Mientras que en tercer lugar se ubica el grupo de Granadas, artefactos explosivos y de defensa, que incluye desde granadas, espoletas, tirafrictores, detonadores y fulminantes y algunos tipos de proyectiles no letales, hasta sustancias explosivas y artefactos de defensa como aerosoles y gas lacrimógeno. De este rubro han ingresado artículos por más de 18.6 millones de dólares, es decir, menos del 6 por ciento de las importaciones en armamento y municiones.

    La última categoría incluye accesorios y aditamentos de armas –como fundas, estuches, miras telescópicas, kits de limpieza y lubricantes para el funcionamiento de armas– y representa sólo el 0.17 por ciento de lo importado, con artículos que suman apenas poco más de medio millón de dólares.

    Lideran EE.UU. e Israel como proveedores

    El grueso del armamento y municiones que ha adquirido el Gobierno mexicano en los últimos años proviene principalmente de Estados Unidos y de su aliado Israel, que en conjunto concentran el 52.89 por ciento de las importaciones de material bélico realizadas por la Sedena de 2019 al primer trimestre del 2026.

    Más de 100.7 millones de dólares en armas y municiones corresponden a importaciones estadounidenses, mientras que la industria armamentista israelí envió a México mercancías por más de 67.5 millones de dólares.

    En cuanto a países de origen, le sigue República Checa, con importaciones por más de 35.9 millones de dólares; Italia, con más de 34.6 millones de dólares; España, con 21.9 millones de dólares; y, en menor proporción, Austria, Turquía, Corea del Sur, Portugal y Hungría. 

    Sin embargo, el peso particularmente de Israel queda de manifiesto en el análisis por empresas exportadoras, donde Israel Weapon Industries (IWI), uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, figura –muy por encima del resto– como la principal proveedora de armamento del Ejército mexicano. 

    IWI, conocida por fabricar armas de fuego empleadas tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel como por fuerzas de seguridad y ejércitos alrededor del mundo, ha aportado principalmente armamento y partes esenciales por un valor de más de 58.5 millones de dólares, de acuerdo con la información reportada ante aduanas. 

    A esta compañía israelí le sigue Ceska Zbrojovk, un fabricante de armas de fuego checo –de los más importantes a nivel mundial y que exporta la mayor parte de su producción al extranjero– de quien el Gobierno mexicano ha importado armas por un valor superior a los 20.5 millones de dólares del 2019 a marzo pasado. 

    Le siguen la estadounidense Sophos Inc., que ha exportado a México millones de cartuchos, con valor superior a los 18.2 millones de dólares, y la austríaca Glock –conocido fabricante de pistolas semiautomáticas– con importaciones por más de 16.8 millones de dólares. 

    Lideran EE.UU. e Israel como proveedores

    El grueso del armamento y municiones que ha adquirido el Gobierno mexicano en los últimos años proviene principalmente de Estados Unidos y de su aliado Israel, que en conjunto concentran el 52.89 por ciento de las importaciones de material bélico realizadas por la Sedena de 2019 al primer trimestre del 2026.

    Más de 100.7 millones de dólares en armas y municiones corresponden a importaciones estadounidenses, mientras que la industria armamentista israelí envió a México mercancías por más de 67.5 millones de dólares.
     

    Mientras que de Sig Sauer, otras de las más importantes fabricantes de armas –de origen europeo pero ahora con base en Estados Unidos– provienen armas y sus piezas por más de 15.8 millones de dólares importadas por México. 

    Le sigue la empresa Intman SA de CV –con importaciones por cerca de 14.8 millones de dólares– que en julio de 2025 suministró al Ejército mexicano más de 5 mil lanzacohetes que en registros aparecen como de origen checo. En agosto de 2024, la entonces Secretaría de la Función Pública impuso a esta compañía mexicana una inhabilitación de un año por intentar vender a la Sedena fusiles Barrett a sobreprecio. 

    El 6 de julio, el diario El Financiero informó que Intman es investigada por la Fiscalía General de la República como parte de una red de proveedores de la Defensa por presunto fraude fiscal y reveló que se le determinó un crédito fiscal por 95.7 millones de pesos, al identificar operaciones simuladas por 40 millones de pesos. 

    En el top ten de empresas exportadoras o proveedores también aparecen las italianas Beretta y Benelli Armi, de las que se importaron hasta marzo mercancías por casi 14.6 y 7.7 millones de dólares, respectivamente; así como las estadounidenses Barrett Firearms y Colt´s Manufacturing, con 7.7 y 7.3 millones de dólares, en dicho orden.

    Y recurren a empresas estadounidenses denunciadas

    Al menos cinco de las empresas fabricantes de armas que en agosto de 2021 fueron denunciadas por el Gobierno mexicano en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México, han suministrado armamento a la Sedena, que incluso triplicó sus importaciones de las compañías demandadas.

    El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México, representado por el entonces Canciller Marcelo Ebrard -actual Secretario de Economía- presentó una demanda en un Tribunal Federal de los EE.UU. en Massachusetts por 10 mil millones de dólares contra algunos de los principales fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, alegando prácticas comerciales negligentes que facilitan su tráfico ilegal hacia México y su contribución a la violencia del crimen organizado en el país.

    Entre las compañías demandadas se encuentran Glock Inc., Beretta U.S.A. (la filial estadounidense de la fabricante italiana), Barret Firearms, Colt´s Manufacturing y Smith & Wesson, de las que el Ejército mexicano ha importado armas por más de 46.5 millones de dólares de 2019 a marzo pasado, irónicamente en su gran mayoría después de la presentación de la demanda que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desestimó en junio de 2025.

    De ese monto, más de 35.9 millones de dólares –que representan el 77 por ciento– corresponden a importaciones de armamento realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional después de la demanda, principalmente entre 2022 y 2024.

    Aunque la mayoría de las empresas estadounidenses señaladas tenían actividad comercial con la Sedena previo a la acción promovida por autoridades mexicanas, los datos de sus importaciones revelan que el flujo se intensificó posterior a ella. –sn–

    La investigación completa en MCCI

    Armas de fuego en México | Ilustración MCCI

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  7. Michoacán hace pagos a contribuyentes señalados por el SAT como simuladores de operaciones: MCCI

    Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que el gobierno de Michoacán realizó pagos a contribuyentes incluidos por el SAT en listas de presuntos simuladores de operaciones fiscales.

    Por Valeria Durán | MCCI                                           

    Entre julio y septiembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizó una serie de pagos a dos empresas fantasma definitivas y a tres más incluidas en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. MCCI solicitó vía Transparencia las facturas que amparan esos pagos, pero el Gobierno michoacano ocultó la información

    El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, realizó pagos a contribuyentes oficialmente declarados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas fantasmas, además de hacer una serie de pagos a personas físicas que están siendo investigadas por simulación de operaciones.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2082828868998631661?s=20

    Los pagos se realizaron para cubrir supuestos servicios de hospedaje, combustible y alimentos en comisiones que realizó personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que forma parte de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

    Las facturas por estos supuestos servicios se realizaron mientras José Antonio Cruz Medina, actual Secretario de Seguridad Pública, ocupó el cargo de subsecretario de Investigación Especializada.

    El 16 de noviembre de 2025, Alfredo Ramírez Bedolla informó que José Antonio Cruz Medina asumiría el cargo de Secretario de Seguridad de Michoacán, en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés. 

    El relevo, declaró Ramírez Bedolla, fue para consolidar el “Plan Michoacán”, el cual fue implementado por autoridades federales y locales luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

    “El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” es una estrategia integral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025 para atender la crisis de violencia y fortalecer el desarrollo económico y social en Michoacán. A diferencia de un operativo exclusivamente policial, el plan combina acciones de seguridad con inversiones en infraestructura, programas sociales, educación y desarrollo regional.

    Previo a ocupar su cargo actual, José Antonio Cruz Medina estuvo aproximadamente tres meses como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

    Las facturas fantasma 

    Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a una serie de facturas que fueron pagadas por el Gobierno del Estado de Michoacán, a las personas físicas Baltazar Díaz Sánchez y Enrique Alejandro Santiaguillo Rivera. Ambos contribuyentes han sido incluidos por el SAT en la lista definitiva de simuladores de operaciones, coloquialmente conocidos como empresas fantasma.

    Los pagos a Baltazar Díaz fueron por hospedaje y alimentos, mientras que Alejandro Santiaguillo facturó a nombre de un hotel llamado “Mi Solar”, por los mismos conceptos además de venta de combustible.

    Además, se pagaron otro grupo de facturas a las personas físicas Constantina Corona Bello, Efren Caldelas Quino -Nuevo Hotel México- y Joaquín Rossainz Hernández -Hotel Hernández-. Este grupo de contribuyentes aparece en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. 

    MCCI verificó los folios fiscales de cada una de las facturas emitidas por este grupo de contribuyentes y confirmó que el estado de cada uno de los CFDIs aparece como “vigente”.

    Vía Plataforma Nacional de Transparencia, MCCI solicitó copia de todas las facturas pagadas a nombre de las personas físicas que aparecen tanto en el listado definitivo como las que están en el listado de presuntas simuladoras de operaciones.

    Las solicitudes fueron enviadas a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán. 

    Como documento adjunto se les envió a esas dependencias un PDF con una de las facturas emitidas por cada contribuyente, donde aparecía el RFC del Gobierno del Estado de Michoacán. 

    Pese a que se enviaron evidencias de que las facturas existen, todas las dependencias michoacanas negaron tener información de pagos realizados a nombre de esos contribuyentes. –sn–

    La investigación completa en MCCI

    Alfredo Ramírez Bedolla | Gráfico: MCCI

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  8. Usa Morena al Finabien para dispersar apoyos sociales no reportados al INE: MCCI

    La red oculta de pagos de Morena: 252 mil “apoyos sociales” mediante Finabien.

    Por Eduardo Buendía y Raúl Olmos | MCCI                                                      

    Documentos oficiales obtenidos por MCCI revelan que Morena utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar para dispersar millones de pesos en “apoyos sociales”, en un convenio que permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial en la que resultó electa Claudia Sheinbaum. La operación no fue reportada al INE y una auditoría detectó irregularidades en el cobro de comisiones, reintegros millonarios y omisiones en controles antilavado de dinero. Un ex consejero electoral compara estas transferencias con el “Monexgate”

    El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, durante la gestión de Mario Delgado, recurrió a la infraestructura del organismo público “Financiera para el Bienestar” (Finabien, antes Telecomm Telégrafos) para dispersar hasta 252 mil pagos “de apoyos sociales” en todo el país, que habrían representado un desembolso millonario.

    Ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena consideran entre las atribuciones de los partidos el pago de “apoyos sociales”, por lo que se pudo haber incurrido en una ilegalidad.

    https://www.youtube.com/watch?v=BNzXXV-2G44

    Aunque el contrato para dispersar esos apoyos se firmó el 1 de junio de 2022, fue hasta el 28 de junio de 2024 -semanas después de la elección federal- cuando se dio por concluido el acuerdo entre el CEN de Morena y Finabien, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    El contrato inicial de Morena y Finabien tendría vigencia de un año, pero se suscribió un acuerdo modificatorio que lo extendió hasta 2024. Al convenio se le asignó la clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, aunque en una auditoría del Órgano Interno de Control se le identificó con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/44/2025.

    MCCI revisó los informes de rendición de cuentas entregados al INE en el periodo 2022-2024 y corroboró que Morena no reportó a la autoridad electoral el contrato suscrito con Finabien.

    En los informes financieros de los años en que estuvo vigente el contrato tampoco se especifica de qué partida de Morena salió el pago de los “apoyos sociales” ni el monto.

    En la propia auditoría se menciona textual que el concepto del contrato celebrado con el CEN de Morena fue “para la prestación del servicio de ‘pago de apoyos sociales’”.

    En el documento no se detalla cómo fueron dispersados esos pagos ni el monto de cada uno. Sólo se refiere que las transferencias se realizaron a partir del 5 de julio, sin precisar de cuál de los tres años en que estuvo vigente el contrato.

    Aun con un monto mínimo de 100 pesos por operación, el desembolso de Morena sería millonario, sin que de ello se haya dado cuenta a las autoridades electorales.

    Mexicanos contra la Corrupción envió un cuestionario sobre este reportaje al CEN de Morena. Al cierre de esta publicación no hubo respuesta. 

    Omiten ley antilavado de dinero

    En la cédula de resultados de una auditoría interna, emitida en diciembre de 2025, se menciona que “en el caso del contrato celebrado con Morena” se incumplió con las acciones de prevención de lavado de dinero. 

    “Se observó que no se llevó a cabo ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, refiere el documento oficial.

    La auditoría menciona que desde enero de 2023 se alertó de la necesidad de aplicar sistemas de control antilavado en el contrato con Morena, pero al cierre de la revisión, no se atendió el exhorto.

    “A través de correo electrónico de fecha 6 de enero de 2023, enviado por personal adscrito a la gerencia comercial, se realizó a la Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección, la solicitud de análisis del contrato CEN Morena; en respuesta con oficio OC/064/2023 de fecha 10 de febrero de 2023, la subdirección señaló los elementos que se debían de considerar respecto al cumplimiento normativo que regula la seguridad para operaciones financieras; sin embargo, el área fiscalizada no presentó evidencia alguna que desvirtuara el hallazgo obtenido en el acto de fiscalización”, se lee en el reporte de cierre de auditoría del 18 de diciembre de 2025.

    La auditoría

    En los documentos del Órgano Interno de Control (OIC) de Finabien se menciona que el contrato con Morena se cerró hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de las elecciones federales del 2 de junio de aquel año, en las que Claudia Sheinbaum fue designada presidenta de México con más de 35 millones de sufragios y su partido Morena consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión en coalición con sus aliados históricos el PT y Verde Ecologista.

    MCCI consultó a expertos en auditoría y en procesos electorales, quienes coincidieron que los partidos políticos no tienen atribuciones para dispersar “apoyos sociales” ya que lo prohíben las leyes de partidos y electorales. 

    Los documentos en los que se describe el contrato entre Morena y Finabien forman parte de la auditoría financiera de cumplimiento 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005. El informe final de esa fiscalización consta de 58 páginas y la cédula de resultados de otras 93 páginas.

    Dispersión de ‘apoyos sociales’ por partidos, acto ilegal

    En el marco legal que rige la actuación de partidos políticos y los procesos electorales en México, la dispersión de “apoyos sociales” no es función de los partidos políticos, por lo que esta acción es ilegal, dijo un ex consejero electoral a MCCI.

    En esa consulta, mencionó que estas operaciones pueden responder al pago de representantes de casilla como los hacen todos los institutos políticos en elecciones. Comenta que estas dispersiones para pago al personal no suelen ser reportadas al Instituto Nacional Electoral (INE) pues se corre el riesgo de que se rebasen los topes de gastos de campaña, algo que puede ser sancionado con la anulación de las elecciones. 

    Dentro de los informes de gastos de campaña de 2024 a nivel federal se verificó que los aspirantes de Morena en lo individual (candidatos a senadores y diputados federales) declararon 5 mil 240 operaciones por 154.9 millones de pesos. 

    Mientras que, a nivel global, la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-Verde) declaró un total de 27 mil 698 operaciones por recursos de casi mil 031 millones de pesos. Estos informes tienen como fecha de presentación el 19 de junio de 2024.

    En conjunto, suman casi 33 mil operaciones financieras tanto en lo individual como en coalición, mientras que las transferencias contratadas con Finabien fueron más de 250 mil, de las cuales 140 mil fueron “efectivamente pagadas”, como se describió anteriormente. –sn–

    La red oculta de pagos de Morena | MCCI

    La investigación completa en MCCI

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  9. Privatizan Campo Marte para eventos del Mundial de futbol: MCCI

    El gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte a una empresa para hacer un festival durante los 40 días del Mundial de Fútbol.

    Por Eduardo Buendía y Leonardo Núñez | MCCI                                                      

    Se estiman ingresos por más de 500 millones de pesos exclusivamente para la compañía privada, sin que haya ningún pago acordado en el contrato con las autoridades, aunque la organizadora afirma que cubrirá el monto que estas determinen por el uso de la instalación militar

    Un «convenio de concertación» firmado entre las secretarías de la Defensa y Turismo con la empresa The Mates Contents, vinculada con Televisa, muestra que el Campo Marte será utilizado de manera gratuita para un evento privado, durante los 40 días que durará el Mundial de Fútbol de la FIFA, así lo reveló este miércoles Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

    El festival, denominado Campo Marte 26 Santander, podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, pero no tendrá que pagar por utilizar el bien inmueble de la Nación, privatizando la ganancia y transfiriendo costos al gobierno. La empresa tampoco pagaría la seguridad al exterior del evento; el servicio estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y militares, a solicitud expresa de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). En documentos oficiales la SECTUR incluso aparece como organizadora del evento.

    El Campo Marte —donde se realizará el festival— es una propiedad histórica federal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 1937.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2064709942792355871?s=20

    En el evento se cobrará a cada asistente por ingresar a las actividades que se realizarán en el contexto del Mundial de Fútbol, sin que a cambio pague alguna contraprestación al Gobierno Federal. En diversas publicaciones comerciales se señala que el evento «no es solo fútbol; es una experiencia». 

    Al interior del recinto se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes, habrá bares y restaurantes para consumir alimentos y bebidas alcohólicas; además de conciertos, lucha libre, arte exterior, zona de oficinas, zonas comerciales y VIP con «áreas instagrameables y activaciones especiales para disfrutar con amigos, pareja o familia». 

    De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.

    En el instrumento jurídico se establece que habrá un aforo de más de 15 mil personas diarias. La entrada más económica será de 400 pesos más cargos por día y habrá boletos para experiencias VIP por más de 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los ingresos sólo por la venta de boletos y el ahorro de la renta del espacio superarían los 500 millones de pesos, esto sin considerar los ingresos adicionales por patrocinios, publicidad y consumo dentro del lugar, cuyos montos se desconocen.

    La empresa Ticketmaster también obtendría entre 197 y 349 millones de pesos de ingresos por la venta de boletos considerando que, como documentó El País, actualmente sus cargos por procesamientos de orden se cobran sobre 24% del costo de las entradas.

    La Secretaría de Turismo aparece como organizadora del festival de gastronomía llamado «México de Mis Sabores», que será solo una parte de Campo Marte 26 Santander y que ofrecerá hasta 200 servicios gourmet diarios que se cobrarán a los asistentes. 

    Oficialmente este festival fue presentado desde Los Pinos por la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, como el eje de: «una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026; se trata de una estrategia que acompañará la fiesta del fútbol con una oferta cultural, gastronómica y de convivencia para toda la población».

    Para poder «reservar una mesa» y consumir en la selecta experiencia gastronómica es necesario pagar previamente el boleto de entrada; no se trata de un evento abierto al público.

    Por su parte, en respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la compañía The Mates Contents explicó que se encargará de la producción y operación del evento Campo Marte 26; confirmó que dentro de este, la SECTUR realizará actividades para promover a México en el contexto del Mundial 2026.

    A pesar de que la participación de la SECTUR será mínima comparada con todas las demás actividades del evento privado, la titular de la dependencia envió oficios directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para solicitar que se hicieran cargo de la seguridad y logística alrededor del evento, por lo que The Mates Contents tampoco cargará con ese gasto y serán recursos públicos los que financien esa tarea.

    Todo esto contrasta con el convenio firmado entre SEDENA, SECTUR y la empresa The Mates Contents, pues ahí se establece que la compañía es la única responsable de la seguridad del evento y los trámites correspondientes.

    Un recinto de la Nación al servicio de privados

    El Campo Marte es un bien de la Nación de más de 45 mil metros cuadrados, al oriente del casi olvidado «Memorial a las Víctimas de la Violencia en México» y al poniente del enorme Auditorio Nacional. En su época, este fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército de los Estados Unidos y el mexicano durante la guerra de 1846 a 1848. Por eso ahí también se encuentra el Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas y es uno de los espacios predilectos para las ceremonias presidenciales con los militares.
     

    El 19 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa firmó un «convenio de concertación de acciones» con el que le entregó de manera gratuita el aprovechamiento del Campo Marte durante toda la duración del Mundial de Fútbol a la empresa. El contrato fue firmado por el general de brigada José Manuel Ramírez Martínez, como director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario.

    Al final del acto administrativo aparecen también las rúbricas del coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa; Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de Promoción y Asuntos Internacionales de la SECTUR, y Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents. 

    La parte más relevante del contrato es también una de las más cortas en las 13 páginas del documento. De acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA del convenio (que puede leerse en la página 7) se determinó que no habría ningún pago por el uso del Campo Marte dado que: «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’».

    De esta manera, ninguna de las dependencias del gobierno recibiría ingresos por la celebración del festival privado, dejando las ganancias económicas por la explotación del bien de la Nación en manos de la empresa privada. 

    Dentro del cuestionario enviado a The Mates Contents se cuestionó si entregará contraprestaciones a las dependencias por entradas, consumo y patrocinios; respondió que “es responsable de manera general de la producción y operación del evento. Así como del financiamiento, diseño, contratación, coordinación de proveedores y pago de gastos”, sin indicar si retribuirá a SECTUR o a SEDENA por estas labores o ganancias del evento. 

    Sobre el pago por el uso y aprovechamiento del recinto militar, la compañía expresó: “The Mates pagará el monto que determinen las autoridades competentes por el uso y aprovechamiento del Campo Militar Marte”, sin exponer la cláusula tercera de que no habrá contraprestación, de acuerdo con lo firmado en el convenio entre la empresa y las secretarías.

    Es importante notar que en la página 5 del contrato también se establece que la empresa tiene la obligación de «la obtención de los permisos» correspondientes para poder realizar el evento. 

    Al tratarse de un evento privado, ese trámite debió haber sido realizado ante la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades locales reportan que el evento no cuenta con los trámites correspondientes. En su lugar, se han realizado trámites ante el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México en donde la Secretaría de Turismo se ostenta como la organizadora de todo el evento Campo Marte 26.

    Simulan ser un evento del gobierno, no piden permiso a alcaldía

    Cuando se trata de eventos masivos, la ley obliga a los organizadores a demostrar y hacerse cargo de todas las medidas, planes, seguros y acciones necesarias para proteger a los asistentes en caso de una emergencia y minimizar riesgos. Esto se plasma en un documento técnico llamado Programa Especial de Protección Civil, que debe entregarse con anticipación a las autoridades.Si los responsables del evento son personas físicas o morales privadas, como sucede con Campo Marte 26 Santander, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que el Programa Especial de Protección Civil debe registrarse y aprobarse en la alcaldía correspondiente. En este caso, el trámite debió realizarse ante la alcaldía Miguel Hidalgo. 

    En respuesta a diversas solicitudes de información, las autoridades de la alcaldía reportaron que «NO se localizó registro de trámite de Programa Especial de Protección Civil alguno» para el evento a realizarse en el Campo Marte durante los 40 días del Mundial.

    Esto llevó a una serie de acciones legales por parte de vecinos aledaños al Campo Marte y el Bosque de Chapultepec para exigir la cancelación del evento por incumplimientos a la normatividad. Diversos amparos fueron tramitados a partir del 11 de mayo de 2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, encabezado desde el 1° de septiembre de 2025 por Alan Arriola Padilla.

    El juez de distrito fue uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y resultó ganador durante las elecciones judiciales del año pasado. Obtuvo 47,287 votos, equivalentes a 30% de la votación en su Circuito Judicial.
    Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

    El 5 de junio de 2026, el juez Arriola les negó a los vecinos la suspensión definitiva, por lo que el evento Campo Marte 26 Santander podrá llevarse a cabo sin inconvenientes. Se espera que la audiencia constitucional y la resolución final de los amparos suceda hasta después de que termine el Mundial.

    Sin embargo, como parte de las acciones dentro de los litigios promovidos por los vecinos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que sí había registrado un Programa Especial de Protección Civil para el evento Campo Marte 26; pero no ante la alcaldía, sino ante el gobierno de la CDMX. El trámite fue realizado el 20 de mayo a las 18:03 horas, es decir, 9 días después de que los vecinos presentaron los amparos. –sn–

    Campo Marte | MMCC

    La investigación completa en MCCI

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  10. Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI

    Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica recibió contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua, revela MCCI

    Por Iván Alamillo | MCCI

    Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica, cuyo epicentro es una compañía constituida en la notaría del senador Adán Augusto López y declarada este año como “facturera” por el SAT, recibió contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua así lo reveló este jueves el periodista Iván Alamillo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). se afirma que, casi el 80% de esos recursos fue adjudicado por un área que fue encabezada por la hija de la actual secretaria de Gobernación y por un exintegrante de la Ayudantía Presidencial sin experiencia en el sector. Pese a su estatus de empresa fantasma, la facturera y la red siguen participando en licitaciones federales.

    Marco Antonio Juárez Altamirano era un arquitecto originario de Acapulco que llevaba una vida modesta. En diciembre de 2008, invirtió 245 mil pesos en una pequeña compañía local, llamada Jylco Construcciones, con la esperanza de convertirse algún día en contratista del gobierno. Era una meta que nunca logró.

    En febrero de 2022, Marco Antonio murió de COVID-19 en medio de dificultades económicas. «Mi hermano nunca tuvo… bueno, ni casa tuvo. Nosotros entre todos le entramos a estar comprando el medicamento, porque estuvo como 15 días entubado», recuerda su hermana Francisca.

    Lo que Francisca no sabía –lo que nadie en su familia sabía– es que la empresa de su hermano se convirtió en contratista millonaria del gobierno federal. En mayo de 2021, nueve meses antes de su muerte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le otorgó a Jylco Construcciones un contrato de 177 millones de pesos para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

    Marco Antonio nunca firmó ese contrato. Para entonces, la empresa había caído en manos de unos empresarios tabasqueños que se apoderaron de ella.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2062536325719581082?s=20

    Jylco Construcciones es solo una pieza de un entramado mayor. Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, una red de diez compañías, sin experiencia alguna en construcción de obras hidráulicas y que simula competencia entre sí, ha obtenido contratos por 2 mil 314 millones de pesos con la Conagua.

    Su epicentro es Ferroclin U&Q, constituida en 2014 en la notaría del ex gobernador de Tabasco –hoy senador de Morena– Adán Augusto López Hernández, e incluida en la lista de “factureras” definitivas del SAT en enero de este año, tras haber recibido contratos por más de 329 millones de pesos con la Conagua entre 2019 y 2023.

    La constelación de empresas, que comparte accionistas, gerentes, comisarios, administradores únicos y notarios, ha recibido sus contratos más cuantiosos en las obras hídricas prioritarias del gobierno de López Obrador, como la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui en Sonora y el distrito de riego de la presa Picachos, también en Sinaloa.

    Un puñado de altos directivos de la Conagua, conformado por antiguos miembros de la Ayudantía de AMLO y funcionarios cercanos a la cúpula de la 4T, estuvo a cargo tanto de la asignación como de la supervisión de la mayor parte de las obras que esta red ganó en el sexenio del tabasqueño.

    Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue titular entre octubre de 2020 y mayo de 2021 de la Gerencia de Recursos Materiales, área que otorgó 38 de los 42 contratos detectados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Tras la salida de Martínez Rodríguez, la Gerencia fue encabezada hasta diciembre de 2024 por Ángel Manuel Medel Ríos, un ex integrante de la Ayudantía de López Obrador con nulo conocimiento del sector hídrico.

    En conjunto, ambos funcionarios otorgaron casi el 80% (mil 841 millones de pesos) de los 2 mil 314 millones de pesos que este entramado de diez compañías, sin antecedentes en proyectos de ingeniería hidráulica, ha recibido.

    En junio de 2021, el ex presidente López Obrador designó a Martínez Rodríguez al frente de la Subdirección General de Administración de la Conagua, área donde gestionó los recursos financieros de la dependencia y desde donde supervisó, durante casi dos años, los contratos que Medel Ríos asignaba en la Gerencia de Recursos Materiales.

    La hija de la actual titular de la Segob dejó la Subdirección General de Administración en abril de 2023, solo para ser suplida por José Antonio Zamora Gayosso, otro ex miembro de la Ayudantía de AMLO, quien se mantiene hasta la fecha en el cargo.

    Ya en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, con Zamora Gayosso al frente de las finanzas de la Conagua, la red ha seguido recibiendo contratos desde la Gerencia de Recursos Materiales, la cual ahora se encuentra bajo la titularidad de Mariana Puig López, ex tesorera de la Cámara de Diputados entre 2019 y 2023.

    Pese a ya estar catalogada como una empresa fantasma, Ferroclin U&Q continúa participando en licitaciones de la Conagua. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva del SAT, la compañía participó en una licitación para la construcción de un bordo en la margen derecha del río Suchiate en Chiapas.

    Jylco Construcciones, la compañía de Marco Antonio, reportó tener su domicilio en una casa ubicada en la colonia Renacimiento de Acapulco, una de las más marginadas del puerto. Ahí no hay rastro alguno de la empresa que ha recibido cientos de millones de pesos con la Conagua, pero sí existe el recuerdo de ella.

    «Él [Marco Antonio] le vendió la empresa a unos tabasqueños antes del COVID, por ahí del 2019 o 2020″, dijo a MCCI un hombre que atendió la puerta de un despacho contable ubicado en el domicilio registrado por Jylco Construcciones. «Que yo sepa por eso la vendió, porque no hizo nada… pues ya saben, si no tienes padrino [en el gobierno] es difícil conseguir contratos».

    El testimonio del hombre coincide, al menos parcialmente, con la historia que cuentan las asambleas de la compañía inscritas en el Registro Público del Comercio. En agosto de 2020, un desconocido empresario tabasqueño de nombre Alejandro Ramos Martínez se convirtió en administrador único de Jylco Construcciones. Sin embargo, de acuerdo con las actas consultadas por MCCI, Marco Antonio y su socio, Luis Carlos –quien también falleció unos años atrás por complicaciones de diabetes–, nunca vendieron ni transmitieron sus acciones antes de morir.

    Menos de un año después de la entrada del empresario tabasqueño como administrador único, la suerte de la pequeña compañía acapulqueña cambió radicalmente.

    El 4 de mayo de 2021, sin que contara con algún tipo de trayectoria como contratista en obras hidráulicas, la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua otorgó el contrato de 177 millones de pesos a Jylco Construcciones para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

    El fallo de la licitación fue firmado por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en ese momento dirigía la Gerencia de Recursos Materiales.

    Como parte del proyecto Baluarte-Presidio –una de las obras hidráulicas prioritarias del gobierno de López Obrador–, el canal es el encargado de llevar el agua del río Presidio a las más de 22 mil 500 hectáreas que conforman el Distrito de Riego 111, que abarca los municipios de Concordia, Rosario y Mazatlán. Su origen se encuentra en la presa derivadora Siqueros, obra donde Ferroclin U&Q (la empresa fantasma constituida en la notaría de Adán Augusto) también obtuvo contratos millonarios en ese periodo.

    El patrón se repite en cuatro empresas de la red, todas constituidas en Acapulco entre 1999 y 2011. En los últimos años, los mismos empresarios, abogados y contadores tabasqueños se han apoderado de ellas sin que sus accionistas originales cedieran su participación.

    Ramos Martínez, el mismo tabasqueño que tomó el control de Jylco, ocupa también el cargo de administrador único en Constructora e Inmobiliaria Clapa, otra sociedad acapulqueña. El mecanismo fue idéntico: llegó en febrero de 2023, y a inicios de 2024 la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua –encabezada por Ángel Manuel Medel Ríos, ex integrante de la Ayudantía– le otorgó dos contratos que sumaron 333 millones de pesos para la construcción de los canales laterales y sublaterales de la zona de riego del pueblo Yaqui, en Sonora.

    José Luis Campos Chávez, comisario de Jylco, es a su vez administrador único de Constructora Campos Rocha –fundada en Acapulco en 1999–, que acumula contratos por 549 millones de pesos en obras hídricas prioritarias como la construcción de las líneas de conducción de la presa Santa María en Sinaloa y la red de distribución del canal sublateral de la zona de riego del pueblo Yaqui.

    En junio de 2023, Constructora Campos Rocha y Jylco Construcciones simularon competir en la licitación para la rehabilitación del bordo existente en la margen derecha del río Bobos, en Veracruz. De las 18 propuestas recibidas, solo cinco cumplieron los requisitos técnicos, entre las que se encontraban las de Campos Rocha y Jylco, vinculadas entre sí por medio de José Luis Campos Chávez. El contrato de 87 millones de pesos quedó en manos de Campos Rocha.

    Existe un vínculo que amarra a casi todo el entramado. Siete de las diez compañías de la red designaron, ante los mismos notarios públicos y con apenas unos días de diferencia, a los mismos tres gerentes administrativos.

    El 6 de mayo de 2024, ante la notaría 1 de Guerrero, cuyo titular es Luis Arévalo Contreras, tres empresas de la red –Constructora Campos Rocha, Estudios y Diseños Constructivos y Constructora e Inmobiliaria Clapa– nombraron simultáneamente a los mismos tres gerentes: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos, este último un abogado tabasqueño que preside la firma Menchaca Burgos & Asociados en Villahermosa.

    Tres días después, el 9 de mayo de 2024, Corporativo Aries Mexicana y Grupo R.R. del Sureste –que comparten como accionista a Daniel Rodríguez García– nombraron a los mismos tres gerentes en la notaría 12 de Tabasco, presidida por José Miguel Cervantes Calcáneo.

    Ferroclin U&Q, catalogada a inicios de este año como “facturera” o simuladora de operaciones por el SAT, también designó a los mismos tres personajes como gerentes administrativos el 11 de septiembre de 2024 en la notaría de Cervantes Calcáneo.

    FLUYEN 329 MILLONES A FACTURERA CONSTITUIDA EN NOTARÍA DE ADÁN AUGUSTO

    El 25 de agosto de 2024, López Obrador acudió a Sinaloa a entregar una de las últimas obras hídricas pendientes de su gobierno: el distrito de riego de la presa Picachos.

    A su lado estaban la entonces presidente electa, Claudia Sheinbaum; el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; y dos ex integrantes de la Ayudantía convertidos en directivos de la Conagua: José Antonio Zamora Gayosso, subdirector General de Administración, y Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien se desempeñó como director de la Cuenca Pacífico Norte y encargado del Proyecto Picachos entre enero de 2022 y diciembre de 2024.

    «Es una obra muy importante que permite regar las tierras, pero también tener agua para consumo doméstico. ¡No les va a faltar agua en muchos años!», celebró AMLO.

    Como parte del proyecto, la Conagua asignó en 2022 la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros –una obra fundamental dentro del sistema hidráulico del río Presidio– a Ferroclin U&Q, la empresa fantasma constituida en la notaría 27 de Tabasco, de la cual es titular el actual senador de Morena y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

    Mientras que la presa Picachos (inaugurada en 2012 por el ex presidente Felipe Calderón) funciona como el vaso de almacenamiento del río Presidio, la presa Siqueros es la encargada de captar el agua río abajo para canalizarla desde su margen derecha al acueducto de Mazatlán y desde su margen izquierda al Distrito de Riego 111, que se extiende por 22 mil 500 hectáreas en los municipios de Concordia, Rosario y Mazatlán.

    En la licitación, la red simuló competir entre sí. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por los funcionarios de Conagua, de las 18 propuestas que recibió la dependencia, únicamente dos empresas presentaron ofertas solventes: Estudios y Diseños Constructivos y Ferroclin U&Q.

    Ambas compañías han participado de manera conjunta en otras licitaciones. También cuentan con los mismos tres gerentes administrativos: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos, quienes ocupan el mismo cargo en siete de las diez empresas que conforman la red.

    El 22 de junio de 2022, la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua –dirigida por Medel Ríos, ex integrante de la Ayudantía Presidencial– asignó a Ferroclin el contrato de 90.5 millones de pesos para la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros. Menos de un año después, el 9 de marzo de 2023, Ferroclin recibió otro contrato de 156 millones de pesos, esta vez por adjudicación directa, para la conclusión de la segunda etapa de la construcción de la presa.

    En enero de 2026, luego de haber recibido 329 millones de pesos con la Conagua durante el sexenio de AMLO, el SAT la declaró como una empresa fantasma por ausencia de activos y de personal, así como por falta de infraestructura.

    Como encargado del Proyecto Picachos, Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien también custodió a López Obrador en sus giras presidenciales como antiguo miembro de la Ayudantía, tuvo la tarea de supervisar las obras que realizó la “facturera” en la presa Siqueros.

    Antes de ingresar al gobierno federal, Martínez Orozco únicamente se había desempeñado como profesor de filosofía y como coordinador estatal de defensa del voto en Morena, de acuerdo con su declaración patrimonial y de intereses.

    El 27 de mayo, MCCI envió un cuestionario a la Conagua preguntando cómo una compañía sin activos y sin personal como Ferroclin pudo construir la sobreelevación de la presa Siqueros. También se le cuestionó a la dependencia por qué contrató a esta red de diez empresas sin experiencia para la construcción de sus proyectos prioritarios. El 1 de junio, la Conagua se limitó a contestar que la información de los contratos es pública y que en caso de recibir denuncias por presuntos actos de corrupción se harán del conocimiento de las instancias correspondientes.

    Diego Armando Naranjo Álvarez, accionista mayoritario de Ferroclin, presumía en su Linkedin algunas de las obras hídricas realizadas por otras empresas de la red pese a que, al menos en el papel, no tiene participación en ellas. Luego de que MCCI visitó el domicilio de Ferroclin en Cunduacán, Tabasco, borró las publicaciones.

    Naranjo Álvarez también ha sido representante en licitaciones del gobierno de Tabasco de Quality Designt System, otra de las sociedades que integran el entramado y cuyo dueño es el empresario Gamaliel Martínez Bocanegra.

    MCCI se contactó vía telefónica con un representante de Ferroclin que se negó a identificarse. En la llamada, el representante aseguró que la empresa se encuentra intentando desvirtuar la clasificación como simuladora de operaciones del SAT y afirmó que únicamente tiene una relación de trabajo con las otras compañías de la red.

    Sin embargo, el número telefónico por el que MCCI contactó a Ferroclin también ha sido utilizado en grupos de Facebook por Constructora Campos Rocha (otra de las compañías de la red) y por la empresa Grupo Costamarq para solicitar operadores de maquinaria en las obras del Tren Maya en Escárcega, Campeche.

    Esta constelación de diez compañías, a la que Conagua abrió la llave de los recursos públicos, parece conducir a Gamaliel Martínez Bocanegra. Este empresario, originario de Palenque, Chiapas, inyectó 32 millones de pesos al capital de Grupo Costamarq –sociedad constituida en Acapulco en 2006 y de la que se convirtió en accionista en septiembre de 2020– para luego participar en las obras del Tren Maya, siguiendo el mismo patrón de la red.

    En Costamarq, Martínez Bocanegra tiene como socio a Ismael Rodríguez García, uno de los tres gerentes administrativos designados en siete de las diez empresas de la red.

    La declaratoria del SAT no ha detenido a Ferroclin. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva de empresas que facturan operaciones simuladas, participó en una licitación de la CONAGUA para construir un bordo en la margen derecha del río Suchiate en Chiapas.

    En ella, presentó una propuesta conjunta con Estudios y Diseños Constructivos, empresa con la que en 2022 “compitió” por el contrato para la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros en Sinaloa.

    La red sigue operando y los contratos siguen fluyendo. –sn–

    Sociedad Noticias

    La investigación completa en MCCI

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  11. Sheinbaum afirma «injerencia extranjera» en elecciones de México

    Injerencia extranjera y nulidad electoral tensaron el debate político nacional.

    Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

    La presidente Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre un posible riesgo de injerencia extranjera en las próximas elecciones de México y vinculó ese escenario con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia electoral. La mandataria señaló que la nueva disposición permitirá anular procesos electorales cuando exista evidencia de intervención externa. La discusión surgió un día después de que la Cámara de Diputados aprobara cambios constitucionales impulsados por Ricardo Monreal y respaldados por la bancada de Morena.


    Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal afirmó que la decisión legislativa respondió al contexto político internacional y a casos previos relacionados con financiamiento extranjero en actividades políticas mexicanas. Claudia Sheinbaum Pardo mencionó a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como antecedente de recursos provenientes de instituciones estadounidenses. La presidente sostuvo que en México las decisiones electorales corresponden exclusivamente a la ciudadanía mexicana.

    La mandataria recordó que desde febrero de 2025 promovió modificaciones constitucionales para impedir cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos políticos nacionales. En ese momento, la iniciativa buscó reforzar el artículo 40 de la Constitución para blindar la soberanía nacional frente a intereses externos. La declaración presidencial ocurrió mientras el Congreso avanzó en reformas vinculadas con nulidad electoral y mecanismos de impugnación.

    Reforma y soberanía

    La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados fue promovida por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, después de más de 15 horas de debate legislativo. El dictamen obtuvo 307 votos a favor y posteriormente fue enviado al Senado de la República para continuar el proceso constitucional. La propuesta incorporó como causal de nulidad electoral la intervención de actores extranjeros en campañas o procesos políticos mexicanos.

    https://sociedad-noticias.com/2026/05/28/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-jueves-28-de-mayo-2026/

    El proyecto planteó reformas al artículo 41 constitucional y modificaciones secundarias a la legislación electoral y de medios de impugnación. El documento estableció que una elección podrá invalidarse cuando exista financiamiento o influencia extranjera acreditada legalmente. La discusión legislativa colocó en el centro del debate la protección de la soberanía electoral y los mecanismos de verificación jurídica.

    Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país enfrenta una “ofensiva desde fuera” y sostuvo que el Estado mexicano mantendrá vigilancia sobre cualquier intento de presión internacional. La mandatario recordó declaraciones previas relacionadas con asesores políticos estadounidenses y procesos electorales internacionales. También reiteró que “México no es piñata de nadie”, frase utilizada en meses recientes durante posicionamientos diplomáticos. –sn–

    Urna de Revocación de Mandato | @SociedadN_

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  12. «Energy Refinados» acumula deuda millonaria con el SAT por huachicol fiscal ligado al entorno de Rocío Nahle

    Empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones a yerno de Nahle. Energy Refinados, empresa que transfirió recursos a una compañía del yerno de Rocío Nahle, incurrió en dos operaciones de posible huachicol fiscal al omitir el pago de IEPS en la importación de combustibles.

    SN Readacción | MCCI                                                      

    Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal, reveló este jueves una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Los documentos oficiales consultados por MCCI refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.

    Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.

    La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.

    Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, con el que buscó invalidar el cobro de los créditos fiscales. Sin embargo, en el expediente se señala que la empresa no garantizó el adeudo -como exige la legislación fiscal para suspender su cobro-, por lo que la autoridad consideró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la puerta al embargo de bienes para recuperar los montos reclamados.

    En el expediente se mencionan dos operaciones de importación realizadas el 25 de septiembre de 2023, en las que la empresa omitió el pago del IEPS por dos millones 68 mil pesos. Además, en las mismas transacciones, las autoridades determinaron que se incumplió con el pago adicional de 1 millón 514 mil pesos por concepto de derechos por servicios de Trámite Aduanero y el pago del IVA.

    El importe actualizado, con recargos, asciende a más de 5 millones 269 mil pesos por adeudos del IEPS, IVA y trámites aduaneros. Además, las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.

    Equivale a 25 pipas

    El monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.

    Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 –que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones- esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; ese volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

    En esa misma semana, la Secretaría de Hacienda aplicó un estímulo fiscal al IEPS mediante el mecanismo de cuotas disminuidas, lo que redujo el impuesto por litro respecto de la cuota base anual.

    La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo fiscal aplicado por la Secretaría de Hacienda, la cuota efectiva se redujo en la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año a 2.7259 pesos por litro.

    En los documentos oficiales consultados por MCCI no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.

    La empresa

    El 16 de mayo de 2024, N+ Focus reportó que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a empresas de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle. 

    En el caso de Energy Refinados, el permiso para la comercialización de petrolíferos lo otorgó la CRE el 30 de septiembre de 2019, constató MCCI.

    N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

    Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

    N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

    Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

    Mientras que Energy Refinados fue constituida en febrero de 2017 también en Monterrey, Nuevo León, con el objeto social principal de comercialización de productos derivados del petróleo; en diciembre del año siguiente inició su trámite ante la CRE para obtener el permiso de comercialización de combustibles, el cual obtuvo nueve meses después.

    El reportaje de N+ mencionó que el yerno de Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, pues pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.

    El 18 de mayo de 2024, Reforma publicó que una red de empresas vinculadas al yerno habían recibido entre 2019 y 2024 al menos 316 millones de pesos.

    Adicionalmente,un reportaje de Animal Político reportó el 6 de mayo de 2025 que el IMSS entregó más de mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Nahle, que vendió hasta 800% más caro. –sn–

    Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Nahle

    La investigación completa en MCCI

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  13. Se desvela una red financiera en caso de huachicol fiscal con la detención de Farías Laguna

    Sobrino de ex secretario de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) transfirió y recibió millones de empresario sentenciado en EU. La historia llega hasta la familia del gobernador de Sonora, Alfonos Durazo, también líder del partido Movimiento de Renegeración Nacional (Morena).

    Por Iván Alamillo y Verónica Ayala | MCCI                                                      

    Empresas de Gilberto Salazar Escoboza –sentenciado por un esquema de exportaciones simuladas– transfirieron y recibieron recursos del contralmirante de la Semar Fernando Farías Laguna, detenido este jueves en Argentina y acusado de ser el líder de una mafia de huachicol fiscal. Las operaciones se entrelazan con negocios de un socio del mando de la Marina y vínculos con el entorno político en Sonora, reveló este viernes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    El contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de la Secretaría de Marina – Armada de México (Semar) Rafael Ojeda Durán y líder de una red de huachicol fiscal, mantuvo operaciones financieras por 15 millones de pesos con compañías de Gilberto Salazar Escoboza, empresario sonorense sentenciado en 2013 en los Estados Unidos por defraudar al gobierno norteamericano mediante un esquema millonario de exportaciones simuladas.

    Las transferencias fueron catalogadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y forman parte de la causa penal que la FGR sigue en contra de Farías Laguna y otros miembros de la Secretaría de Marina que integraban la red de huachicol fiscal que el gobierno federal descubrió tras el arribo del buque Challenge Procyon al puerto de Tampico en marzo de 2025.

    El expediente, al que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso, detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman más de 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, entre las que destaca una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa Agroexportadora SE. 

    Por su parte, el contralmirante de la Semar realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen tres operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE.

    Aunque la causa penal no menciona quiénes son los accionistas o representantes de Agronegocio SE y Agroexportadora SE, MCCI pudo comprobar, mediante una búsqueda en registros mercantiles, que detrás de ellas se encuentra Gilberto Salazar Escoboza, quien preside el Consejo de Administración en ambas empresas. Mientras que sus hijos, María Eugenia y Gilberto Salazar Escalante, son los accionistas de las dos compañías.

    La causa penal tampoco establece el motivo de las transferencias; sin embargo, ambas sociedades tienen como objeto social la compraventa y comercialización de ganado, hortalizas, frutas y verduras, así como la inversión en todo tipo de actividad agrícola.

    El 14 de julio de 2012, Salazar Escoboza fue detenido en San Diego, Estados Unidos, y acusado de tres cargos de fraude bancario por defraudar por más de 4.4 millones de dólares a El Banco de Exportaciones e Importaciones de EE. UU. (EXIM Bank), institución cuya misión es facilitar las exportaciones de productos estadounidenses a través del otorgamiento de préstamos a compañías extranjeras que tengan la solvencia de comprarlos e importarlos a sus países de origen. 

    La acusación, presentada por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Oeste de Texas, señala que, entre 2008 y 2009, Salazar Escoboza presentó documentos y cheques falsos afirmando que sus empresas habían comprado y recibido mercancía de la compañía estadounidense Cal-Pine, cuando en realidad dichas operaciones comerciales nunca se realizaron.

    Esto le permitió obtener tres préstamos que sumaban 4.4 millones de dólares con el Frost Bank de San Antonio. En dichos créditos, EXIM Bank (el gobierno de EE.UU.) actuaba como intermediario y garante; si el deudor no pagaba, EXIM Bank cubría la deuda pendiente.

    De acuerdo con la acusación, Salazar Escoboza usó los fondos para enriquecerse ilícitamente. 

    Pese a que cada uno de los cargos implicaba una pena máxima de 30 años, Salazar Escoboza formalizó un acuerdo de culpabilidad que implicó resarcir 2.7 de los 4.4 millones de dólares defraudados, pagar una multa de 500 mil dólares y recibir un año de libertad condicional. 

    En marzo de 2013, Salazar Escoboza fue declarado culpable de un solo cargo por declaración falsa a un banco y fue deportado a México.

    Salazar Escoboza: en negocios con socio de Farías Laguna

    Documentos del Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG) consultados por MCCI revelan que las empresas de Gilberto Salazar Escoboza también ha mantenido relaciones de negocios con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez, quien es socio del Contralmirante Fernando Farías Laguna en la compañía Inmobiliaria Falaycava SA de CV.

    En noviembre de 2023, Agroexportadora SE –con la que Farías Laguna mantuvo operaciones millonarias– solicitó un crédito de 7 millones de pesos a la SOFOM LC Liquidez Corporativa. Como garantía de pago, la empresa de Salazar Escoboza dejó en prenda 21 vacas “cargadas”, 16 vacas “vacías”, 26 vaquillas tiernas y 2 vacas paridas cuya propiedad acreditó con la factura número F1936 de fecha 17 de octubre de 2022, emitida por Ramón Ángel Castillo Vázquez.

    En septiembre de 2025, LatinUS dio a conocer que Castillo Vázquez también es socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en la empresa Sedona Springs SA de CV.

    Castillo Vázquez, como se reveló entonces, también se encuentra asociado en Estados Unidos con Durazo Chávez en la empresa Proxima Centauri LLC, la cual ha construido desarrollos inmobiliarios en Arizona, Estados Unidos.

    Sus vínculos con el poder en Sonora


    Además de este vínculo con el hijo del actual Mandatario morenista, el empresario agroindustrial de Hermosillo, sentenciado en Estados Unidos, ha estado ligado al poder político en Sonora y se le ha relacionado con los ex gobernadores antecesores de Durazo. 

    Durante su audiencia de detención preventiva en San Diego, el 24 de julio de 2012, la defensa de Salazar Escoboza presentó una carta de apoyo firmada por el entonces gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien estuvo en prisión más de dos años y enfrentó acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal. 

    La misiva de Padrés fue incluida junto con numerosas cartas que fueron presentadas por la defensa del empresario para dar testimonio de su buena reputación. –sn–

    Fernando Farías Laguna, huachicol | MCCI

    La investigación completa en MCCI

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  14. Administración de Sheinbaum destina millones para financiar libros a Cuba: MCCI

    Ahora Sheinbaum financia 7 millones de libros cubanos: gasta $189 millones; sumado al suministro de combustible.


    Por Verónica Ayala | Reportera MCCI                                                      

    MCCI reveló en junio de 2025 que el gobierno de AMLO había gastado 387.4 millones de pesos en imprimir 15 millones de libros para el régimen cubano; nuevos documentos revelan la renovación de un acuerdo para imprimir otros 7 millones de ejemplares, de los cuales ya se enviaron 4 millones a la isla a finales de noviembre de 2025.

    El gobierno de Claudia Sheinbaum financió ahora la impresión de más de 7 millones de libros de textos para el sistema educativo cubano, con un costo superior a los 189 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Grupos académicos de cubanos en el exilio aseguran que los libros impresos por México tienen una fuerte carga de adoctrinamiento contra los Estados Unidos.

    Tras asignarse en julio pasado el contrato para la impresión de los nuevos textos escolares, en el que deliberadamente se oculta que son para Cuba, a finales de noviembre se enviaron vía marítima a la Isla los primeros dos cargamentos con más de 4 millones de libros. Faltarían por entregarse otros tres millones de ejemplares.

    Estos se se suman a los cerca de 15 millones de libros de texto que se imprimieron y enviaron a Cuba en la pasada administración del ex presidente López Obrador, con un gasto al erario de más de 387.4 millones de pesos, como reveló MCCI en junio de 2025.

    Al mes siguiente de la publicación de MCCI, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), asignó un nuevo contrato a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA) para imprimir 7.1 millones de materiales educativos. Este nuevo contrato no había sido difundido, hasta ahora.

    A diferencia de los contratos anteriores suscritos en la gestión de AMLO, ésta vez se omitió mencionar que los libros serían destinados a los estudiantes en Cuba, lo que se corroboró con el nombre del programa educativo cubano al que hace referencia, las claves subsecuentes para imprimir los ejemplares y los propios envíos posteriores. 

    Aunque se desconoce si éstos nuevos materiales ya fueron distribuidos entre alumnos cubanos, el contenido de los libros de texto cubanos impresos y financiados por el Gobierno mexicano ha sido cuestionado por expertos del Observatorio de Libertad Académica (OLA) por tener una mayor carga ideológica contra Estados Unidos. 

    Ocultan destino cubano

    El contrato fue suscrito en agosto de 2025 a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la SEP, actualmente encabezada por el ex dirigente nacional morenista Mario Delgado.

    En el documento, que aparece en la página de la Conaliteg, ésta se compromete a pagar casi 189 millones 360 mil pesos a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), empresa de participación estatal mayoritaria, por la impresión de 7.1 millones de ejemplares de 144 materiales educativos del “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”. 

    Con ese nombre se le conoce al plan de actualización del sistema educativo cubano, al que hacen referencia los dos contratos anteriores para producir los libros de texto para Cuba.

    En los contratos suscritos en 2023 y 2024, aparece una clave de orden que inicia con las siglas PPE -en referencia al programa cubano- y un número con el que se identifica a cada uno de los títulos de los que se imprimieron ejemplares. Mientras que ambos incluyen un listado de libros identificados desde la orden PPE001 hasta la PPE268, éste nuevo y último contrato que revela ahora MCCI inicia con la orden subsecuente PPE269 y abarca hasta la PPE412.
     

    Nuevos envíos: mandan 4.1 millones de textos


    El gobierno mexicano habría enviado ya cerca del 58 por ciento de los más de 7.1 millones de libros cubanos impresos a partir de este último contrato, que la Conaliteg asignó a IEPSA en julio de 2025 y fue firmado por ambas partes en agosto, como se detalla en el mismo. 

    Al igual que los materiales educativos suministrados por la anterior gestión de López Obrador, los envíos fueron de nueva cuenta realizados vía marítima a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ahora encabeza Juan Ramón de la Fuente.

    En éstas operaciones aparece como importador Editorial Pueblo y Educación, que anteriormente imprimía los materiales del sistema educativo cubano, y se reporta un valor unitario de cada libro similar, de 1.257 y 1.256 dólares.
     

    Gasta la 4T $576.8 millones en libros… para Cuba


    Con el nuevo acuerdo suscrito en agosto de 2025, los gobiernos de la 4T han gastado más de 576.8 millones de pesos en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para los estudiantes del sistema educativo cubano, sin contar los gastos de envío vía marítima hacia la Isla. A la fecha se han enviado 19 millones de ejemplares y faltan tres millones por mandarse.

    Esta cifra, equivalente a cerca de 33.5 millones de dólares (al tipo de cambio actual), es la suma de los montos de los tres contratos hasta ahora conocidos, y revelados por MCCI, para producir los materiales educativos que desde 2023 se envían y distribuyen en Cuba. 

    El gasto representa el 74 por ciento del presupuesto -de 781.5 millones de pesos- para el Programa Nacional de Inglés de la SEP en 2026; es 1.3 veces el monto presupuestado para la Política Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asciende a 430.2 millones de pesos; y es 2.6 veces los 223 millones de pesos asignados al Programa de Fomento al Cine Mexicano, de la Secretaría de Cultura.

    El monto gastado en la impresión de libros de texto cubanos en los últimos años se suma a los cargamentos de petróleo crudo y combustible subsidiado que se han enviado desde 2023 y que suman hasta el 2025 un valor de alrededor de 4 mil millones de dólares, según la información declarada por Pemex en aduanas y reportes financieros ante la SEC.

    Los envíos de hidrocarburos a la Isla se frenaron el pasado mes de enero ante la presión de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump incluso emitió una orden ejecutiva para imponer aranceles contra importaciones de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. –sn–

    Libros: MCCI

    La investigación periodística completa está en MCCI

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  15. Maradona, granos y Venezuela: las exportaciones desde Sinaloa ligadas al régimen de Maduro

    El negocio Maradona-Maduro en México

    Por Valería Durán | MCCI                                                      

    Mientras se dirigía a Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona también operaba como intermediario comercial en una empresa italiana que abastecía de alimentos al régimen de Nicolás Maduro, así lo revela la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Desde el puerto sinaloense de Topolobampo se enviaron millas de toneladas de maíz y trigo a Venezuela. Por cada tonelada, el futbolista cobraba una comisión.

    Mientras Diego Armando Maradona dirigía al club Dorados de Sinaloa, desde el puerto sinaloense de Topolobampo salieron de manera sostenida cargamentos de maíz y trigo con destino a Venezuela. Esos envíos se realizaron a través de Casillo Commodities Italia SpA, una empresa italiana en la que el ex futbolista argentino fungía como comisionista y representante comercial.
     
    Los envíos ocurrieron a lo largo de 2019, el mismo periodo en el que Maradona residía en Sinaloa y mantenía vínculos comerciales con la empresa italiana dedicada al comercio internacional de cereales. Fueron 10 exportaciones que, en conjunto, superaron 188 mil 400 toneladas, con un valor de 41 millones 601 mil dólares, según consta en documentos aduanales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

    Los 10 cargamentos salieron del puerto de Topolobampo, en Sinaloa, una terminal especializada en carga a granel agrícola, conectada por ferrocarril y carretera con las zonas productoras del noroeste del país. Además, otros dos cargamentos de 70 mil toneladas de trigo, valuados en 17.3 millones de dólares, salieron del puerto de Guaymas, Sonora.
     
    Desde ambos puertos, los buques zarparon rumbo al Caribe, con Puerto Cabello como destino final, siguiendo rutas marítimas que implican el cruce del Canal de Panamá.
     
    De acuerdo con el sitio Armando.info -uno de los medios más críticos del régimen de Maduro- la empresa italiana Casillo se convirtió en una de las empresas clave para el suministro de cereales a Venezuela en años de crisis, operando como intermediaria internacional del gobierno venezolano en un contexto marcado por sanciones financieras y escasez de divisas.
     
    La figura de Diego Armando Maradona está vinculada a esa operación. El mismo sitio reveló que el futbolista había sido fichado desde mayo de 2013, por un periodo de diez años, por la empresa Casillo para actuar como representante comercial y facilitar relaciones con gobiernos y compradores en América Latina, particularmente en Venezuela y Cuba.
     
    Audios difundidos por Infobae muestran conversaciones entre Maradona y su abogado, Matías Morla, en las que se habla de gestiones directas ante autoridades venezolanas, de comisiones asociadas a toneladas de grano exportadas y de la dificultad del régimen para cumplir pagos a la empresa italiana debido al cerco financiero internacional.

    En esos audios, fechados también en 2019, se menciona de manera explícita la posibilidad de que Venezuela cubriera adeudos con pagos en lingotes de oro, ante la imposibilidad de transferir recursos mediante el sistema financiero tradicional.
     
    “Ahí están haciendo unos pagos en oro porque tienen todas las cuentas bloqueadas, pero bueno, si Dios quiere vamos solucionando los contratos para que siga todo igual”, se escucha que le dice su abogado a Maradona, en un audio fechado en marzo de 2019, cuando el futbolista trabajaba como director técnico de Dorados de Sinaloa, y coincidentemente cuando se habían realizado los tres primeros envíos de maíz a Venezuela desde Topolobampo, según corroboró MCCI en operaciones en ese puerto sinaloense.
     
    De acuerdo con Infobae, Maradona tenía un contrato con la empresa italiana para realizar gestiones en Cuba, Nicaragua y Venezuela, regímenes con los que el futbolista tenía buen trato. A cambio, cobraba una comisión de entre 3 y 5 dólares por cada tonelada vendida a esos países.
     
    Nueve de los doce envíos de maíz a Venezuela, a través Casillo Commodities fueron realizados por la empresa NG Logística, que tiene su domicilio en el despacho de un edificio de oficinas ubicado en la calle Carolina 80, en la colonia Ciudad de los Deportes. Esa misma dirección es la que ha reportado Gradesa, otra gran exportadora de alimentos a Venezuela.

    Un contador que fungía como apoderado de la empresa cuando se realizaron los envíos a Venezuela, también dijo tener su domicilio en el mismo despacho.
     
    Maradona permaneció como técnico de Dorados de Sinaloa entre septiembre de 2018 y mediados de 2019. En noviembre del año siguiente falleció a los 60 años, en su casa de Argentina.
     
    Con motivo del fallecimiento de Maradona, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, difundió un mensaje en el que mostró su cercanía con el futbolista: “Diego fue leal, valientemente leal a nuestra amistad, por la causa de Venezuela, a la Revolución Bolivariana. No todo el mundo aguanta eso, porque Diego es una celebridad mundial”.
     
    En ese mensaje, Maduro relató que en distintas ocasiones Maradona fue requerido por empresas, banqueros y figuras del mundo para firmar millonarios contratos publicitarios pero con la condición de alejarse de Venezuela y su Revolución. “Y Maradona me dijo que respondió: ‘agarre su contrato y váyanse al carajo’. “Me dijo: ‘jamás voy a romper mi juramento de lealtad, hasta la muerte estaré con ustedes’; y así fue”.
     
    Casillo Commodities -para quien trabajaba Maradona- continuó realizando operaciones desde los puertos de Topolobampo, Sinaloa, y Guaymas, en Sonora. Entre 2019 y 2023 documentó cargamentos de trigo a Italia, Turquía y al norte de África, en particular Argelia y Túnez. –sn–

    Diargo Armando Maradona | MCCI

    El reportaje periodístico completo en MCCI.

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  16. Pemex omite reportar a EU 87% del valor real de envíos de petróleo a Cuba: MCCI

    En el más reciente informe público presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de EU, Pemex reportó que entre enero y septiembre de 2025 envió a Cuba petróleo y derivados con valor de 400 millones de dólares. Sin embargo, el valor de los envíos declarados en aduanas en el mismo periodo supera los 3 mil millones de dólares


    Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

    Del valor de las exportaciones de petróleo crudo y productos derivados a Cuba que Pemex registró ante autoridades aduanales en 2025, solamente reportó un 13 por ciento ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizado por la periodista Valeria Durán.

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2011801806133719235?s=20

    En el más reciente informe presentado ante la SEC, fechado en diciembre pasado, Pemex reportó que los hidrocarburos exportados a Cuba a través de su filial Gasolinas Bienestar en los primeros nueve meses de 2025 -hasta el 30 de septiembre- sumaron un monto de 400 millones de dólares.

    Sin embargo, una revisión de la información reportada por las propias autoridades mexicanas ante aduanas arroja que el Gobierno mexicano envió en ese mismo periodo (enero-septiembre de 2025) petróleo y derivados -sobre todo combustibles- con un valor de más de 3 mil 048 millones de dólares.

    La cifra de 400 millones de dólares reportada por Pemex en el informe ante la SEC, el organismo federal de Estados Unidos que regula los mercados de valores y protege a los inversionistas, representa apenas el 13 por ciento de lo declarado ante aduanas.

    “Desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar, nuestra subsidiaria de propiedad absoluta, adquiere petróleo crudo y productos derivados del petróleo de algunas de nuestras afiliadas para su exportación a la República de Cuba”, señala el reporte de diciembre de 2025 entregado a inversionistas de la Bolsa en Estados Unidos.

    El mismo reporte informa cifras de los envíos a Cuba: “Durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2025, Gasolinas Bienestar exportó 17,200 barriles diarios de petróleo crudo y 2,000 barriles diarios de productos derivados del petróleo, por un monto total de 7,900 millones de pesos ($400 millones de dólares)”.

    Esto contrasta con la información de aduanas en plataformas de comercio exterior, como ImportKey y Veritrade, que concentran datos de exportaciones e importaciones a nivel internacional.

    Ambas herramientas reportan hasta septiembre cifras idénticas: un total de 60 envíos por parte de Gasolinas Bienestar a Cuba, con la empresa estatal cubana Coreydan como importadora, y con un valor de cargamentos que supera los 3 mil 048 millones de dólares.

    En su mayoría, detallan estas plataformas, las exportaciones realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de septiembre de 2025 salieron del puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, e incluyen productos como petróleo crudo, gasolina, diésel y turbosina.

    Desde el 13 de octubre, MCCI reveló que los envíos de combustible subsidiado a Cuba se habían disparado en el gobierno de Claudia Sheinbaum, al exportar en el segundo cuatrimestre del año hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares -tres veces los 1 mil millones de dólares enviados por AMLO entre julio de 2023 a septiembre de 2024- y empleando incluso al buque Sandino, sancionado desde 2019 por Estados Unidos.

    Tras la difusión de esta información, que generó críticas por parte de congresistas estadounidenses e incluso de funcionarios de la Administración de Trump, los envíos de combustible subsidiado a la Isla disminuyeron considerablemente en los meses subsecuentes, a partir de septiembre, como consignó MCCI el pasado 18 de diciembre. 

    Sin embargo, y pese a las crecientes presiones por frenar estos envíos, los cargamentos de hidrocarburos por parte de Pemex siguieron llegando a Cuba en el cierre del 2025 y el arranque del 2026, como se documentó a inicios de año con base en herramientas de rastreo satelital que dieron cuenta de los traslados del buque Ocean Mariner -con capacidad para 14 millones de litros de combustible- desde Coatzacoalcos hacia La Habana. 

    El pasado 6 de enero, el diario británico Financial Times publicó que, de acuerdo con datos de la industria, México había superado a Venezuela al convertirse en 2025 en el principal proveedor de petróleo para Cuba, en un reporte donde cita información de MCCI. 

    La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido estos apoyos alegando que se trata de ayuda humanitaria y ha prometido informar sobre los envíos de combustible a la Isla. Sin embargo, hasta la fecha ni ella ni Pemex han detallado sus exportaciones a Cuba. –sn–

    Combustible de Pemex México-Cuba ¬MCCI

    Reportaje periodístico completo en MCCI

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  17. Pemex envía a Cuba 14 millones de litros de combustible en vísperas de Navidad: MCCI

    El pasado 23 de diciembre de 2025 arribó a La Habana el buque «Ocean Mariner», proveniente de la terminal de Pemex en Coatzacoalcos. Los envíos de Gasolinas Bienestar a Cuba no han cesado, pese a presiones en EU.


    Por Verónica Ayala | Reportera                                                       

    En la víspera de la pasda Navidad, Petróleos Mexicanos (Pemex) envió a Cuba un buque con 14 millones de litros de combustible, reveló este miércoles la peridista Verónica Ayala, de la organización Mexicanos contra la corrupción e impunidad (MCCI).

    En medio de las crecientes presiones del gobierno de los Estados Unidos contra los regímenes de Venezuela y Cuba, el gobierno mexicano consintió a la Isla con el envío de combustible subsidiado hasta en plena temporada navideña.

    https://twitter.com/AztecaNoticias/status/2008764309577273365?s=20

    En el cierre del 2025, la administración de Claudia Sheinbaum continuó en noviembre y diciembre con los cargamentos de Pemex al Gobierno cubano, de acuerdo con registros en plataformas de comercio exterior y herramientas de rastreo satelital de embarcaciones consultados por MCCI.

    El 24 de noviembre se exportaron cerca de 13 millones de litros de “diésel automotriz”, con un valor de más de 14.6 millones de dólares, según lo reportado por las propias autoridades mexicanas en la plataforma de Veritrade.

    Al igual que la mayoría de los envíos anteriores, el cargamento que tiene como exportador a Gasolinas Bienestar -filial de Pemex- salió desde la aduana de Coatzacoalcos, Veracruz, y tiene como importador a la empresa estatal cubana Coreydan S.A., con sede en La Habana.

    Aunque disminuyó su proporción, los envíos de combustible a la Isla siguieron en los últimos meses del año.

    Un segundo cargamento partió el pasado 19 de diciembre desde la Laguna de Pajaritos, en Coatzacoalcos, donde se encuentra una terminal marítima de Pemex, y llegaría a la Habana el 23 de diciembre, a bordo del buque Ocean Mariner, de acuerdo con información de plataformas de rastreo satelital. 

    https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2009080842094817789?s=20

    Al menos desde el mes de mayo de 2025, ésta embarcación de bandera de Liberia que tiene capacidad para transportar 86 mil 195 barriles -unos 14 millones de litros- ha realizado múltiples traslados entre México y Cuba, zarpando desde puertos mexicanos como Coatzacoalcos hacia puertos cubanos como La Habana, Moa y Cienfuegos, donde está la refinería Camilo Cienfuegos.

    El último cargamento en el buque Ocean Mariner arribó a La Habana en la víspera de Navidad.

    El 13 de octubre, MCCI reveló que en el segundo cuatrimestre del 2025, el Gobierno de Sheinbaum había triplicado los envíos de combustible subsidiado a Cuba, al exportar entre mayo y agosto del año pasado hidrocarburos por más de 3 mil millones de dólares, tres veces lo que el ex presidente López Obrador había enviado entre 2023 y 2024.

    En estas operaciones participó el buque petrolero cubano Sandino, que desde el 2019 fue sancionado por el Gobierno estadounidense e incluido en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro por transportar petróleo de Venezuela a Cuba. 

    Tras los fuertes cuestionamientos de congresistas norteamericanos e incluso por parte  funcionarios de la Administración de Trump, los envíos de combustible subsidiado a Cuba se redujeron en los meses posteriores de septiembre y octubre, cuando se realizaron solo tres envíos de petróleo crudo y derivados por un valor cercano a los 70 millones de pesos, como consignó MCCI el 18 de diciembre.

    Aunque disminuyeron considerablemente, éstos apoyos a Cuba han continuado pese a los llamados del Gobierno estadounidense y representantes a frenar la ayuda al régimen cubano.

    Ayer, el Financial Times publicó que México había superado a Venezuela al convertirse en el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025, de acuerdo con datos de la industria. El reporte de la publicación británica cita información de MCCI. –sn–

    Buque – Pemex | Mcci

    La investigación periodística completa en MCCI

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  18. FGR va contra María Amparo Casar, quien preside MCCI

    FGR avanza imputación penal por pensión de Pemex. FGR busca imputar por pensión Pemex


    Por Martín García | Reportero                                      

    La Fiscalía General de la República (FGR), que dirige la senadora con licencia por Morena, Ernestina Godoy, informó que intentará imputar a María Amparo Casar por uso ilícito de atribuciones. La acusación se vincula con la pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla. El caso quedó relacionado con presuntas irregularidades en el otorgamiento del beneficio.

    La FGR citó a María Amparo Casar, quien preside Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), para una audiencia inicial. La comparecencia quedó programada para el 16 de diciembre. La diligencia se realizará en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.

    La imputación derivó de una carpeta judicializada por la FGR. La institución sostuvo que la pensión se concedió tras el fallecimiento ocurrido el 7 de octubre de 2004. La investigación señaló que el deceso se clasificó como suicidio.

    imputación en curso

    La FGR dio a conocer que la indagatoria inició el 5 de abril de 2024. Pemex presentó la denuncia contra María Amparo Casar y sus hijos. La empresa argumentó que la pensión post mortem resultó improcedente.

    La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asentó inicialmente que la muerte ocurrió por accidente. Años después, la investigación federal afirmó que el fallecimiento ocurrió por suicidio. Esta determinación modificó la base legal del beneficio otorgado.

    La familia recibió más de 17 millones de pesos por seguro de vida y gastos funerarios. Además, se pagó una pensión mensual cercana a 130 mil pesos a María Amparo Casar. Cada hijo recibió 15 mil 434 pesos mensuales hasta cumplir 25 años y concluir estudios. –sn–

    Fiscalia General de la Republica (FGR)

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  19. Fernández Noroña habita residencia en predio irregular en Tepoztlán, Morelos: MCCI

    Casa de Tepoz: Noroña habita en predio irregular

    Por Eduardo Buendía y Vanessa Cisneros | MCCI

    El senador Gerardo Fernández Noroña asegura que a fines de 2024 compró a plazos la residencia que habita en Tepoztlán, pero documentos obtenidos por MCCI demuestran que el predio rústico en el que fue construida la casa fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad hace apenas un mes, y no a nombre de él, sino de la ciudadana extranjera Gisela María Hengl Fleissner.

    Documentos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad de Morelos revelan que el predio en el que se encuentra la casa de Gerardo Fernández Noroña, en Tepoztlán, fue formalmente registrado hace apenas un mes, el pasado 29 de julio de 2025 , a pesar de que el senador de Morena aseguró que compró el inmueble en noviembre de 2024 por 12 millones de pesos.

    Lo anterior fue verificado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) luego de que Fernández Noroña mantuvo una discusión en redes sociales con Perseo Quiroz Rendón, alcalde de Tepoztlán, a quien reclamó que la persona “dueña de la casa que estoy pagando” ha cumplido con sus pagos de predial, agregando un documento con el que se pudo constatar que la dueña del predio en el que vive el senador es Gisela María Hengl Fleissner.

    En el Registro Público morelense se solicitó una consulta, la cual demostró que actualmente Hengl Fleissner es propietaria de tres predios, todos ubicados en Antiguo Camino a Santo Domingo Ocotitlán, calle en que se encuentra la “Casa del Silencio” como también es conocida la propiedad que habita Fernández Noroña.

    Dicha información suma una irregularidad más a la adquisición de la propiedad por parte del senador morenista, ya que de haber comprado el inmueble en noviembre de 2024, esta se habría realizado sin que los predios estuvieran subdivididos, por lo que la supuesta adquisición de la casa carece de validez legal.

    Además, en ningún documento oficial del Registro Público de la Propiedad aparece el nombre de Fernández Noroña como adquirente, y mucho menos hay alguna anotación del préstamo o crédito con el que él dice compró el inmueble.

    Los antecedentes de la “Casa del Silencio”

    En los datos consultados en el xse conoció que el primer antecedente registral por parte de Gisela María Hengl Fleissner, dueña de la casa que Noroña está pagando, ocurrió el 14 de noviembre de 2017. En el historial de trámites, se lee que en dicha fecha ocurrió una “inmatriculación”, que significa que fue el primer registro de esa propiedad en el estado de Morelos.

    Como domicilio, se describe en el documento que es un predio rústico denominado “Huactzingo”, con una superficie total de 2,035 metros cuadrados.

    Fue que hasta ocho años después, el 11 de julio de 2025, se tramitó una “subdivisión de predio” en tres partes, las cuales quedaron registradas formalmente hasta el día 29 de ese mismo mes.

    De esa subdivisión surgieron tres nuevos predios con una extensión de 194, 567 y 1,007 metros cuadrados.

    A pesar de que Fernández Noroña afirma que ya había hecho los trámites para compra-venta de su propiedad en noviembre de 2024, la cual asegura en su declaración patrimonial que es de 1,201 metros, ninguna de las extensiones de los predios coincide con la que el senador hizo público. 

    En el Registro se solicitó una búsqueda a nombre de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, pero el sistema no arrojó ningún resultado.
     

    ¿Quién es Gisela María Hengl?

    Gisela María Hengl Fleissner, la dueña legal de la casa, es una mujer austriaca de mediana edad que da clases de meditación y yoga, quien vive y trabaja en Tepoztlán. Tiene un sitio de internet “The Work”, en donde promociona sus servicios: sanaciones energéticas y capacitaciones empresariales, entre otros. 

    Esta mujer ha publicado varios libros relacionados con el tema de la meditación y sanación. 

    En el año 2003 fundó la empresa Mexie SA de CV, dedicada a la compra-venta, importación y exportación de todo tipo de productos, que al paso de los años se especializó en señalización y equipamiento de obras viales, con contratos tanto en los estados como en la Federación.

    En los inicios de la empresa, Gisela Hengl fungía como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa, pero se separó al poco tiempo. La empresa continúa, pero con otros dueños.

    Son tierras comunales

    La semana pasada, luego de que se diera a conocer el precio que supuestamente pagó Fernández Noroña por el inmueble, un grupo de personas que se proclamaron comuneros fueron a manifestarse afuera del inmueble.

    Los comuneros, quienes se presentaron a la casa con pancartas y lonas, advirtieron que la casa del senador es propiedad comunal y que su compraventa no se hizo como se debe pues primero este acto tenía que pasar por un acuerdo previo con la asamblea de comuneros.

    “Aquí no se puede vender ni traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, dijo un adulto de la tercera edad, quien entre gritos de “¡Fuera Noroña!” afirmó que el ahora ex presidente del Senado “está usurpando bienes que no le corresponden”.

    “Aquí esta propiedad no es propiedad, es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán”, dijo el hombre. Frente a esto, Fernández Noroña publicó en X que la casa tiene 16 años de construida. “Consta de escrituras, y es una lástima que armas cortas use a la gente de esa manera. Su golpeteo no les servirá de nada.”

    Este fin de semana Proceso reveló que autoridades de bienes comunales y del ayuntamiento de Tepoztlán confirmaron que no tenían registro de propiedad alguna a nombre de Noroña, a lo que el morenista contestó:

    “No sean ridículos, yo no tengo ninguna propiedad en Tepoztlán, por lo tanto no tengo obligación de pagar impuesto alguno. La persona dueña de la casa que estoy pagando, ha cumplido con todas sus responsabilidades impositivas respecto a la casa”.

    De acuerdo con la publicación, el ex presidente del Senado estaría incurriendo en un posible incumplimiento de la normativa pues los documentos del predial que él mismo reveló están a nombre de Gisela María Hengl Fleissner, a pesar de que haya puesto en su declaración patrimonial como servidor público que es poseedor del inmueble.

    Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó vía telefónica una entrevista con Gisela María además de que acudió al predio, en donde un hombre llamado Miguel confirmó que ella vive ahí, sin embargo tanto telefónica como presencialmente se negó a hablar. –sn–

    Gerardo Fernandez Noroña | MCCI

    Reportaje completo en: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

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  20. Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

    Hermano de Hernán Bermúdez compró depa de 1.3 millones de dólares en Miami

    Por Iván Alamillo | Reportero | MMCI                                                       

    Las autoridades federales investigan las empresas de apuestas del hermano del ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto como parte de las acciones “para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y la corrupción”, según un reporte oficial. Hacienda le congeló cuentas y Gobernación suspendió operaciones a sus casinos. El departamento en Miami lo adquirió a través de una empresa recién creada en noviembre de 2024

    Humberto Bermúdez Requena, a quien la Secretaría de Hacienda le congeló sus cuentas ante sospechas de lavado de dinero, compró recientemente un departamento de lujo en Miami, con acceso a un muelle de yates en la exclusiva zona de North Miami Beach.

    El inmueble del hermano de Hernán Bermúdez, valuado en 1.3 millones de dólares y ubicado en el condominio de lujo Marina Palms Residences, lo compró a través de la empresa MPN906 LLC, la cual fue establecida en Florida el 8 de noviembre de 2024 por su esposa, Flor María de los Ángeles Moguel.

    El 26 de diciembre de 2024, un mes después de la creación de la empresa, Humberto Bermúdez Requena y su familia compraron el departamento 906, el cual cuenta con 200 metros cuadrados, tres recámaras, cuatro baños y una terraza panorámica con vista al Lago Maule.

    Un documento oficial fechado el 13 de febrero de 2025 refiere que en la mencionada empresa participa Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco que es buscado en todo el mundo por la Interpol, por enfrentar orden de aprehensión y acusaciones por sus vínculos con el grupo criminal “La Barredora”.

    Documentos del condado de Miami revelan que MPN906 LLC, empresa controlada por la familia de Humberto Bermúdez Requena, solicitó un crédito hipotecario al Banco Bradesco por 700 mil dólares para cubrir una parte del costo del inmueble.

    En el acta de creación de MPN906 LLC quedó registrado que el domicilio de la empresa estaba en Turnberry Plaza, un edificio de 10 pisos en la zona de Aventura, donde hace más de una década se habían creado un par de empresas ligadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Calderón y preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.

    En informes de inteligencia militar dados a conocer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde 2022 se menciona a Hernán Bermúdez como líder de La Barredora. Un reporte está fechado en noviembre de 2019, días antes de que el entonces gobernador electo Adán Augusto López nombrara a Hernán como Secretario de Seguridad en Tabasco.

    El pasado 14 de julio, MCCI reveló nuevos documentos de inteligencia militar que  mencionan al ex funcionario tabasqueño en la red de vínculos con grupo criminal que pretendía extraer 38 millones de litros de combustible del puerto de Dos Bocas.

    Y en un nuevo reporte del pasado 21 de julio, MCCI reveló que en conversaciones interceptadas por la Sedena, integrantes de “La Barredora” confesaron planes para rentar terrenos y suministrar 180 mil litros de huachicol semanales para las obras del tren maya, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por un sobrino de Bermúdez Requena.

    Le bloquean cuentas y suspenden sus casinos

    El Gobierno federal informó ayer que se congelaron las cuentas de Hernán Bermúdez, de sus familiares y de empresas relacionadas, incluidos los casinos que pertenecen a Humberto Bermúdez Requena.

    “Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares”, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

    “Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, añadió el reporte oficial.

    De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación informó que suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de seguridad pública de Tabasco.

    “Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, añadió Gobernación en el comunicado conjunto con Hacienda.

    Adán Augusto notarió uno de sus casinos

    Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el pasado miércoles 23 de julio que la Procuraduría de Paraguay había detenido a un sobrino de Hernán Bermúdez Requena, acusado de operar sin autorización apuestas deportivas a través de los casinos Crown City.

    MCCI también documentó que el nombre comercial de los casinos pertenece a la empresa “Crown City Premium Corporativo”, en la que es accionista Humberto Bermúdez Requena, hermano y ex socio en otros negocios de Hernán Bermúdez, el prófugo ex secretario de Seguridad tabasqueño.

    Humberto Bermúdez Requena maneja además los sitios digitales de apuestas “CrownCity” y “CityBets”, que pertenecen a “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste SA de CV”, empresa que fue constituida en noviembre de 2017 en la notaría de Adán Augusto en Villahermosa.

    En México, los Bermúdez empezaron a operar en el negocio de las apuestas a través de Crown City Premium SA de CV, empresa establecida el 2 de junio de 2011 en la Ciudad de México, teniendo como socio fundador a Humberto Bermúdez Requena.

    En diciembre de 2012 se crearon dos nuevas sociedades: Crown City Premium Mérida y Crown City Premium Corporativo en Villahermosa. En 2013 y 2014 la familia Bermúdez expandió el negocio de los juegos con las empresas “Con Suerte y Alegría” en Mérida, Yucatán, y en Navojoa, Sonora. En todas las empresas tiene como socio al empresario costarricense Josef Alexander Arguedas Troyo, aunque en ocasiones se han aliado con otros casineros.

    Por ejemplo, en la cadena “Suerte y Alegría” han estado asociados con la empresa “Pur Umazal Tov”, la cual recibió en octubre de 2022 una ampliación de 10 años en su permiso para la operación de casinos, según informó este martes 22 de julio el sitio emeequis.com. La extensión se otorgó cuando Adán Augusto López se desempeñaba como Secretario de Gobernación. Otro caso: El sitio web crowncitybets.mx/es/ es operado por “Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste” con el permiso de Gobernación DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, el cual fue otorgado a la empresa hidalguense “Operadora de Coincidencias Numéricas” con vigencia de 12 años.

    En mayo de 2022 Crown City se transformó en Royalty Casino, la cual tiene 12 locales de juegos y apuestas en 10 ciudades. –sn–

    Adan Augusto Lopez Hernandez y Hernán Bermúdez

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  21. En el Tren Maya hizo negocios con “La Barredora” de Bermúdez Requena: MCCI

    El Tren Maya abrió una veta de negocios al grupo criminal “La Barredora”, el cual -según reportes de inteligencia militar- era encabezado por Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto López, actual senador por Morena. En conversaciones interceptadas por la Sedena, los delincuentes confiesan aviones para alquilar terrenos y suministraban 180 mil litros de huachicol semanales para las obras del tren, cuyos tramos 4 y 5 fueron coordinados por un sobrino de Bermúdez Requena.


    Por Verónica Ayala | MCCI

    La construcción del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador, abrió una veta de negocios al grupo criminal “La Barredora”, revelan conversaciones interceptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

    En informes de inteligencia militar consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se detallan los aviones de integrantes de “La Barredora” para suministrar 180 mil litros semanales de combustible robado en Tabasco para los trabajos de construcción del Tren Maya en su tramo de Campeche y la renta al gobierno federal de 9 hectáreas en Quintana Roo para la misma obra.

    En los informes militares se menciona que uno de los líderes de “La Barredora” era Hernán Bermúdez Requena, quien en diciembre de 2019 fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Tabasco por el entonces gobernador de aquella entidad, Adán Augusto López Hernández, actual senador por Morena.
    Raúl Bermúdez Arreola, sobrino de Bermúdez Requena, se identifica como responsable de los tramos 4 y 5 del Tren Maya, y fue destituido de su cargo por acusación de corrupción.

    Raúl Bermúdez Arreola

    Bermúdez Requena huyó del país en febrero de 2025, luego de que se giró orden de aprehensión en su contra por sus nexos con este grupo criminal, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. La Interpol emitió una ficha roja de búsqueda internacional.

    El pasado 14 de julio, MCCI reveló que “La Barredora” estaba involucrada en el robo de combustible de los barcos que atracaban en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, lugar donde se construyó la refinería Olmeca, otra de las obras emblemáticas del sexenio de AMLO.

    Ahora, nuevos documentos revelan que los operadores del robo a barcos en Dos Bocas son los mismos que buscaban enviar huachicol a la obra del Tren Maya.

    Huachicol en obras del tren

    Un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, correspondiente a octubre de 2021, detalla que había interés en abastecer a la obra del tren 180 mil litros semanales del diésel traficado desde Estados Unidos y que había arribado por Tabasco.

    El reporte detalla las conversaciones interceptadas a integrantes del grupo criminal, entre ellos un operador financiero que negociaba la compra y distribución del huachicol en Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Campeche y Tabasco.

    En una conversación, un hombre identificado como Gabriel ofrece al operador financiero el diésel extraído del puerto de Dos Bocas “a 16.50 pesos por litro, sin factura”. En otra comunicación interceptada, el mismo operador informa que “tenía 300 ferrotanques de diésel USLD (ultra bajo en azufre) a 14.50 pesos por litro, que lo están vendiendo por parte del SAT, pero debían pagar el 25 por ciento”.

    El informe militar describe otra conversación en la que un traficante identificado como “HNI” le confió al operador financiero de “La Barredora” que “también querían saber si podrían suministrar 180 mil litros semanales, para Campeche para lo del Tren Maya”.

    En respuesta, el operador dijo que “por el momento no tiene quién reparta cerca de Escárcega, Campeche” (una de las localidades por donde pasa el tren maya), pero que en los siguientes días se resolvería el problema y adelantó que él facturaría “toda la producción” con una empresa de Tabasco.

    Otro informe hace mención a negociaciones para vender 30 mil litros de diésel de procedencia ilícita a una empresa proveedora del tren.

    Alquiler de terrenos para el tren

    En otros dos informes militares de enero y febrero de 2022, también del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste, se advierte que la ex esposa de un integrante “La Barredora” buscaba beneficiarse con la renta de terrenos para el proyecto del Tren Maya.

    Derivado del seguimiento a un jefe de plaza en Tabasco identificado como “JJ”, los militares interceptaron llamadas con uno de sus principales operadores llamado “Chua”.

    En una de esas llamadas, “Chua propuso a JJ invertir para un trámite y rentarle al gobierno federal nueve hectáreas en Quintana Roo (propiedad de Vanesa ex esposa de Chua) donde están realizando el proyecto del Tren Maya, de las cuales recibiría 700,000 pesos al mes por cada hectárea”, detallan dos informes de inteligencia militar.

    En ambos informes se incluyen organigramas donde aparece, con nombre y apellido e incluso fotografía, el ex secretario de Seguridad de Tabasco a la cabeza de una red de vínculos del grupo criminal.

    En el momento de elaborarse esos informes, Adán Augusto López ya había dejado la gubernatura de Tabasco y se desempeñaba como secretario de Gobernación en la administración de López Obrador. Su sustituto, Carlos Merino Campos, permaneció como Secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, pese a los señalamientos de sus vínculos con traficantes de combustible.

    Actualmente Merino Campos es director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dependencia responsable de administrar 60 estaciones de combustible en aeropuertos.

    Sugieren negociar con Javier May

    El 15 de marzo de 2022, el Cerfi Sureste elaboró un nuevo reporte en el que una persona no identificada le informa a “Chua” que el titular de Fonatur en Tabasco “sólo supervisará de Boca del Cerro, Tabasco, hasta Escárcega, Campeche, y no habrá manera que los ayude en Quintana Roo”, en aparente referencia a las 9 hectáreas que buscaba alquilar para el Tren Maya.

    El mismo reporte refiere que “Chua” le dijo a su interlocutor no identificado que “el encargado del proyecto del Tren Maya es Javier May Rodríguez (director general del Fondo de Fomento al Turismo) y tendrían que buscar reunirse con él”.

    Javier May dejó su cargo en Fonatur y en la coordinación del tren maya en septiembre de 2023 y actualmente es el gobernador de Tabasco.

    El 13 de noviembre de 2024, cuando acababa de cumplir un mes como gobernador de Tabasco, Javier May acusó a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López, de haber sido el líder del grupo criminal “La Barredora”.

    «Todos saben, aquí era vox populi quién comandaba ‘La Barredora‘. ¿O no sabemos?», cuestionó May en una rueda de prensa en la que dijo que los gobiernos estatales anteriores -en referencia a Adán Augusto– tendrían que explicar si hubo complicidad oficial.

    Dos años antes, el 5 de octubre de 2022, MCCI publicó informes de inteligencia militar en los que se señalaba a Bermúdez Requena ya dos de sus colaboradores como cómplices de “La Barredora”.

    Sin embargo, los informes de inteligencia militar que lo vinculan con grupos criminales datan de noviembre de 2019, un mes antes de haber sido designado en el cargo por el entonces gobernador Adán Augusto López.

    Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena: MCCI

    (( Reportaje completo en MCCI ))

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  22. Today, on a single grotto run on #MCCi fishing, I pulled FIVE legendary treasures from blue treasure spots.
    I got four duplicate cosmetic tokens, one new cosmetic token, and a lotta fishing supplies.

  23. I open the tab list and go, "Hey, Martyn's online!".

    And then he runs right by me.

    #ITLW #MCCI

  24. Disappearing/reappearing blocks in #MCCI Parkour Warrior have me acting like an optometrist. One, two. One, two. One, two.

  25. #MCCI is like a VRChat world in Minecraft and I love it.

  26. cubfan135 spotted on #mcci fishing today

  27. Admito que estoy confundida.

    Forbes saca una nota de irregularidades en una asociación en la que Josefina Vázquez Mota es presidenta y quien denuncia es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de la que Claudio X. Gonzáles Guajardo es presidente (si no es que el "dueño" enmascarado como suele ser en todas las ONGs).

    ¿Qué no son cuates todos ellos?

    #MCCI #Desvíos #Corrupción #Forbes #PAN #Empresarios

    Fuente:

    forbes.com.mx/asf-halla-irregu

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