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Exdirectiva de aduanas se asocia en Texas con presunto operador financiero de Florian Tudor: MCCI

Exdirectiva de Aduanas se asocia con operador de mafia rumana; compra residencia de 1 millón de dólares

Por Iván Alamillo y Verónica Ayala | MCCI                                           

Tras dejar la Dirección de Recursos Materiales de la Agencia Nacional de Aduanas, Araceli Hernández Perea constituyó dos empresas en Texas con un presunto operador financiero de la mafia rumana y adquirió una residencia de lujo en San Antonio valuada en cerca de un millón de dólares. En su paso por la ANAM tuvo a su cargo contrataciones multimillonarias en áreas sensibles para la seguridad nacional, como la compra de equipos de rayos X en las aduanas.

Araceli Hernández Perea, exdirectiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante las gestiones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo, se asoció en los Estados Unidos con Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado como uno de los principales operadores financieros de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México.

Actualmente, Arcos Romero, quien fue particular de Marín Mollinedo en la ANAM, es un cercano colaborador en su campaña por la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, como reveló ayer Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea –quien habría sido pareja de Arcos Romero– tuvo bajo su encargo la adjudicación de contratos multimillonarios en áreas sensibles para la seguridad nacional, como los relacionados con equipos de rayos X para la inspección de contenedores, equipaje y vehículos en las aduanas del país.

Una revisión en registros mercantiles de Estados Unidos realizada por MCCI revela que, en junio y noviembre de 2024, la exdirectiva de Aduanas constituyó en Texas las empresas Quiereme Mucho Spirits LLC y Fantastic Five Builders LLC, en las que está asociada con Arcos Romero, presunto operador financiero de la organización delictiva encabezada por Tudor.

Simultáneamente, también en junio de 2024, Hernández Perea adquirió una casa de mil 214 metros cuadrados de construcción ubicada en The Dominion, uno de los conjuntos residenciales más lujosos y exclusivos de la ciudad de San Antonio, Texas. El valor comercial de propiedades de dimensiones similares en esta zona ronda e incluso supera el millón de dólares, según información de sitios especializados en bienes raíces.

Cuestionada por MCCI respecto a si tenía otros ingresos adicionales a sus percepciones por los cargos públicos que había ocupado, la exfuncionaria de la ANAM refirió que la pensión de sus cuatro hijos. 

A pregunta expresa, Hernández Perea dijo no tener ninguna relación con Arcos Romero al día de hoy y, aunque figura en las dos empresas creadas junto con él en Texas, solo reconoció participar en Quiereme Mucho Spirits LLC, la cual, aseguró, se creó para la distribución de mezcal.

Como parte de la Operación Caribe, que buscaba desmantelar la estructura financiera de la mafia rumana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Arcos Romero en febrero de 2021.

Las acciones contra esta banda, dedicada a clonación de tarjetas en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos, fueron coordinadas con las autoridades de Estados Unidos, que a través del Departamento de Justicia solicitó al gobierno mexicano el bloqueo de cuentas de Arcos Romero y de otros integrantes de la organización criminal, como dio a conocer MCCI en una primera entrega.

Sale como directiva de Aduanas y compra casa de lujo en EE. UU.

De acuerdo con funcionarios de Aduanas consultados por MCCI, Araceli Hernández Perea era identificada como pareja de Alejandro Enrique Arcos Romero, con quien aparece posando en una fotografía publicada por una revista social en febrero de 2024, durante la presentación de un cantante en un restaurante de la capital poblana.

Al menos entre febrero de 2022 y marzo de 2023, Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM, abarcando una parte de los periodos de Horacio Duarte y de Rafael Marín Mollinedo como titulares. Y, de acuerdo con información derivada de una solicitud de información, mantuvo contratos temporales. 

Al igual que Arcos Romero, no hay declaraciones patrimoniales públicas que den cuenta de su paso por la ANAM, pese a que su puesto implicaba el manejo de recursos públicos. Sin embargo, contratos con su firma y documentos de procesos de licitación donde figura como responsable, confirman que estuvo al frente de dicha área encargada de las compras y contrataciones de bienes y servicios en Aduanas.

Entre los contratos suscritos por la ex funcionaria se encuentran, por ejemplo, uno por más de mil millones de pesos otorgado en mayo de 2022 a Seguritech Privada SA de CV y otro de septiembre de 2022 con Ingeniería Operativa SA de CV por 275 millones de pesos, ambos por servicios de atención y solución de fallas de equipos de inspección de rayos X para contenedores y equipaje.

En junio de 2024, un año después de su salida de la ANAM, Hernández Perea constituyó en Texas las empresas Fantastic Five Builders LLC y Quiereme Mucho Spirits LLC junto con Arcos Romero. En esta última compañía, filial de la mezcalera mexicana Quiéreme Mucho Destilería SAPI de CV, la exfuncionaria también se asoció con sus hijos, Diego Pérez Hernández e Iván Pérez Hernández.

A la par que la ex directiva de la ANAM se asociaba con el presunto operador de la mafia rumana en empresas en Estados Unidos, adquirió en junio de 2024 la residencia en The Dominion, un fraccionamiento privado de lujo ubicado al noroeste de San Antonio, Texas, a unos minutos del exclusivo club con campo de golf del conjunto residencial.

La vivienda está edificada en un lote de mil 456 metros cuadrados y cuenta con un amplio jardín y un terreno a un costado para instalar una alberca, de acuerdo con páginas de bienes raíces. La casa, según se detalla, cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, sala de cine, sala de juegos, tres áreas de estar, cocina equipada con acabados de lujo, recámara principal con techos altos y dos vestidores, y garaje para tres vehículos.

A finales de mayo, Arcos Romero –quien está afiliado a Morena en Quintana Roo, de acuerdo con información de la PNT– presentó una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar la marca “Rafa Marín” como representante legal de Marín Mollinedo, como dio a conocer el pasado 19 de junio el Sol de Yucatán. 

Marín Mollinedo ha sido desde hace décadas, como él mismo presume, incondicional del ex presidente López Obrador y es primo de Nicolás Mollinedo, conocido por haber sido el chofer y coordinador de logística de AMLO. De acuerdo con fuentes morenistas, el ex titular de la ANAM sería la apuesta de Morena para ser el candidato a gobernador en Quintana Roo si se rompe la alianza con el Partido Verde para postular a Eugenio “Gino” Segura.

MCCI contactó desde el viernes 7 de agosto a Marín Mollinedo a través de su equipo cercano para obtener su postura, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Hernández Perea adquirió la propiedad ubicada en el número 24706 de la calle Covent Garden en 875 mil dólares. Actualmente, su valor comercial está estimado en 927 mil 700 dólares –unos 16 millones de pesos– según sitios de bienes raíces como Zillow.

Para hacerse de la ostentosa residencia, Hernández Perea adquirió un crédito hipotecario de 546 mil dólares a pagar en 30 años con Lendz Financial LLC. En el documento, la exdirectiva de Aduanas –ahora socia de quien sería uno de los principales miembros la banda de la Riviera Maya– declaró como su domicilio particular un edificio de departamentos de lujo ubicado en el número 330 de la calle Séneca en Polanco II Sección, en la ciudad de México.

Llega a la ANAM con orden de aprehensión

Antes de ingresar a Aduanas, Hernández Perea fungió como directora de Recursos Materiales –el mismo cargo que posteriormente tendría en la ANAM– en la entonces Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), cuando Raymundo Collins era su titular.

Su paso como funcionaria de la SSP fue turbio. En enero de 2022, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por una servidora pública. 

La orden para su captura derivó de una denuncia presentada en julio de 2020 por el Órgano Interno de Control de la actual Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por el otorgamiento irregular en 2018 de un contrato a la empresa Hebra Estrategias Financieras SA de CV por 5.2 millones de pesos, monto que fue considerado desproporcionado por la Fiscalía capitalina.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2086815612764926205?s=20

Hernández Perea, en su calidad de directora de Recursos Materiales de la SSP, elaboró la justificación para contratar vía adjudicación directa a la compañía para otorgar “los servicios legales de análisis y verificación de los mecanismos contractuales de control y protección de datos personales”, labores que, según la FGJ, pudieron haber sido realizadas por las áreas y el personal ya existente en la dependencia.

En febrero de 2022, ya como directora de Recursos Materiales de la ANAM, Hernández Perea presentó una demanda de amparo contra la orden de aprehensión que se le giró, misma que fue cancelada en julio de 2022 por el juez segundo de Distrito de Amparo en Material Penal de la Cdmx al considerar que el delito que se le imputaba ya había prescrito. 

El hijo de Araceli Hernández Perea, Diego Pérez Hernández, también ha trabajado en la ANAM. Una declaración patrimonial presentada en mayo de 2025 lo ubicaba entonces, con apenas la preparatoria terminada, como enlace de la Dirección Jurídica de Aduanas. Actualmente aparece en Nómina Transparente como Analista de Investigación y Fiscalización Aduanera, de acuerdo con la última actualización al 15 de julio. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Importaciones de armas del Ejército aumentaron 285% desde 2023, revela análisis de MCCI

¿Abrazos, no balazos? Disparan AMLO y Sheinbaum compra de armas y municiones.

Por Verónica Ayala | MCCI                                           

Mientras el Gobierno de López Obrador sostenía la política de «abrazos, no balazos» y Claudia Sheinbaum ha llamado en foros internacionales a reducir el gasto militar, la Secretaría de la Defensa Nacional multiplicó sus compras de armas en el extranjero. Un análisis de las importaciones oficiales realizado por MCCI revela que, a partir de 2023, el valor del armamento adquirido por el Ejército creció 285% respecto al periodo previo y alcanzó su nivel más alto durante el primer año completo del actual gobierno.

A partir del 2023, el Gobierno mexicano disparó la compra de armas y municiones por parte del Ejército, revela un análisis de las importaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Este periodo abarca la primera parte del gobierno de Claudia Sheinbaum y los últimos dos años del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría implementado una política de “abrazos, no balazos” en materia de seguridad. 

Mientras que de 2019 a 2022, el gobierno de AMLO importó armamento y carga por un valor apenas superior a los 68 millones de dólares, de 2023 a mayo de 2026 la suma de las importaciones de Sedena en el mismo rubro alcanzó los 262 millones de dólares, lo que representa un incremento del 285 por ciento.

El armamento importado incluye todo tipo de armas de fuego y de guerra, como pistolas, revólveres, fusiles, carabinas y escopetas, hasta granadas y lanzagranadas, y por supuesto un arsenal de municiones. 

Esta información se desprende de un análisis de datos consultados en plataformas de comercio exterior, en el que MCCI filtró únicamente las importaciones correspondientes a todo tipo de armas, sus partes, aditamentos y accesorios, así como municiones y artefactos explosivos y de defensa.

Las importaciones de armas y suministros se multiplicaron a partir del 2023, cuando ingresaron al país, según lo declarado por las propias autoridades, mercancías de este tipo por un valor superior a los 62 millones de dólares, esto es 3.7 veces lo importado el año anterior, cuando el valor fue de cerca de 16.6 millones de dólares. 

Mientras que el mayor monto corresponde al 2025 –el primer año gobernado en su totalidad por Sheinbaum– cuando el valor de las importaciones de armamento y municiones rebasó los 91.3 millones de dólares.

El pasado mes de abril, al hablar ante líderes mundiales durante su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, Sheinbaum llamó a frenar el gasto militar e incluso planteó destinar el 10 por ciento del gasto mundial en armamento para crear un programa de reforestación a escala global. 

El monto récord en 2025 también coincide con el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien intensificó sus presiones al Gobierno mexicano respecto al combate a las organizaciones del crimen organizado, a quienes designó como organizaciones terroristas y acusa de tener el control del país.

De acuerdo con información consultada en plataformas de comercio exterior como Veritrade, alrededor de dos terceras partes de estas importaciones –registradas bajo decenas de partidas arancelarias– fueron realizadas a través de la Dirección General de Industria Militar (DGIM) y un tercio de ellas se importó de manera directa por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Arsenal bajo la lupa

La mayor parte de las importaciones, más del 70 por ciento, corresponde a armas de fuego -cortas y largas- y armas de guerra, rubro que incluye desde pistolas, revólveres, rifles, carabinas y escopetas, hasta fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, entre otras, así como partes esenciales para su funcionamiento.

De acuerdo con un análisis detallado por clasificación de las importaciones realizadas desde 2019 y hasta el primer trimestre del 2026, el Gobierno mexicano importó en ese periodo armamento por 227.8 millones de dólares, en mayor proporción a partir del 2023.

En cuanto a mayor monto, le sigue el rubro de Municiones o carga, que suma importaciones por un valor superior a los 71.1 millones de dólares en el mismo periodo, que representa más del 22 por ciento del total. Esta categoría incluye básicamente todos los cartuchos de distintos calibres y algunos tipos de proyectiles. 

Mientras que en tercer lugar se ubica el grupo de Granadas, artefactos explosivos y de defensa, que incluye desde granadas, espoletas, tirafrictores, detonadores y fulminantes y algunos tipos de proyectiles no letales, hasta sustancias explosivas y artefactos de defensa como aerosoles y gas lacrimógeno. De este rubro han ingresado artículos por más de 18.6 millones de dólares, es decir, menos del 6 por ciento de las importaciones en armamento y municiones.

La última categoría incluye accesorios y aditamentos de armas –como fundas, estuches, miras telescópicas, kits de limpieza y lubricantes para el funcionamiento de armas– y representa sólo el 0.17 por ciento de lo importado, con artículos que suman apenas poco más de medio millón de dólares.

Lideran EE.UU. e Israel como proveedores

El grueso del armamento y municiones que ha adquirido el Gobierno mexicano en los últimos años proviene principalmente de Estados Unidos y de su aliado Israel, que en conjunto concentran el 52.89 por ciento de las importaciones de material bélico realizadas por la Sedena de 2019 al primer trimestre del 2026.

Más de 100.7 millones de dólares en armas y municiones corresponden a importaciones estadounidenses, mientras que la industria armamentista israelí envió a México mercancías por más de 67.5 millones de dólares.

En cuanto a países de origen, le sigue República Checa, con importaciones por más de 35.9 millones de dólares; Italia, con más de 34.6 millones de dólares; España, con 21.9 millones de dólares; y, en menor proporción, Austria, Turquía, Corea del Sur, Portugal y Hungría. 

Sin embargo, el peso particularmente de Israel queda de manifiesto en el análisis por empresas exportadoras, donde Israel Weapon Industries (IWI), uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, figura –muy por encima del resto– como la principal proveedora de armamento del Ejército mexicano. 

IWI, conocida por fabricar armas de fuego empleadas tanto por las Fuerzas de Defensa de Israel como por fuerzas de seguridad y ejércitos alrededor del mundo, ha aportado principalmente armamento y partes esenciales por un valor de más de 58.5 millones de dólares, de acuerdo con la información reportada ante aduanas. 

A esta compañía israelí le sigue Ceska Zbrojovk, un fabricante de armas de fuego checo –de los más importantes a nivel mundial y que exporta la mayor parte de su producción al extranjero– de quien el Gobierno mexicano ha importado armas por un valor superior a los 20.5 millones de dólares del 2019 a marzo pasado. 

Le siguen la estadounidense Sophos Inc., que ha exportado a México millones de cartuchos, con valor superior a los 18.2 millones de dólares, y la austríaca Glock –conocido fabricante de pistolas semiautomáticas– con importaciones por más de 16.8 millones de dólares. 

Lideran EE.UU. e Israel como proveedores

El grueso del armamento y municiones que ha adquirido el Gobierno mexicano en los últimos años proviene principalmente de Estados Unidos y de su aliado Israel, que en conjunto concentran el 52.89 por ciento de las importaciones de material bélico realizadas por la Sedena de 2019 al primer trimestre del 2026.

Más de 100.7 millones de dólares en armas y municiones corresponden a importaciones estadounidenses, mientras que la industria armamentista israelí envió a México mercancías por más de 67.5 millones de dólares.
 

Mientras que de Sig Sauer, otras de las más importantes fabricantes de armas –de origen europeo pero ahora con base en Estados Unidos– provienen armas y sus piezas por más de 15.8 millones de dólares importadas por México. 

Le sigue la empresa Intman SA de CV –con importaciones por cerca de 14.8 millones de dólares– que en julio de 2025 suministró al Ejército mexicano más de 5 mil lanzacohetes que en registros aparecen como de origen checo. En agosto de 2024, la entonces Secretaría de la Función Pública impuso a esta compañía mexicana una inhabilitación de un año por intentar vender a la Sedena fusiles Barrett a sobreprecio. 

El 6 de julio, el diario El Financiero informó que Intman es investigada por la Fiscalía General de la República como parte de una red de proveedores de la Defensa por presunto fraude fiscal y reveló que se le determinó un crédito fiscal por 95.7 millones de pesos, al identificar operaciones simuladas por 40 millones de pesos. 

En el top ten de empresas exportadoras o proveedores también aparecen las italianas Beretta y Benelli Armi, de las que se importaron hasta marzo mercancías por casi 14.6 y 7.7 millones de dólares, respectivamente; así como las estadounidenses Barrett Firearms y Colt´s Manufacturing, con 7.7 y 7.3 millones de dólares, en dicho orden.

Y recurren a empresas estadounidenses denunciadas

Al menos cinco de las empresas fabricantes de armas que en agosto de 2021 fueron denunciadas por el Gobierno mexicano en Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en la violencia del narco en México, han suministrado armamento a la Sedena, que incluso triplicó sus importaciones de las compañías demandadas.

El 4 de agosto de 2021, el Gobierno de México, representado por el entonces Canciller Marcelo Ebrard -actual Secretario de Economía- presentó una demanda en un Tribunal Federal de los EE.UU. en Massachusetts por 10 mil millones de dólares contra algunos de los principales fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, alegando prácticas comerciales negligentes que facilitan su tráfico ilegal hacia México y su contribución a la violencia del crimen organizado en el país.

Entre las compañías demandadas se encuentran Glock Inc., Beretta U.S.A. (la filial estadounidense de la fabricante italiana), Barret Firearms, Colt´s Manufacturing y Smith & Wesson, de las que el Ejército mexicano ha importado armas por más de 46.5 millones de dólares de 2019 a marzo pasado, irónicamente en su gran mayoría después de la presentación de la demanda que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos desestimó en junio de 2025.

De ese monto, más de 35.9 millones de dólares –que representan el 77 por ciento– corresponden a importaciones de armamento realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional después de la demanda, principalmente entre 2022 y 2024.

Aunque la mayoría de las empresas estadounidenses señaladas tenían actividad comercial con la Sedena previo a la acción promovida por autoridades mexicanas, los datos de sus importaciones revelan que el flujo se intensificó posterior a ella. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Michoacán hace pagos a contribuyentes señalados por el SAT como simuladores de operaciones: MCCI

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que el gobierno de Michoacán realizó pagos a contribuyentes incluidos por el SAT en listas de presuntos simuladores de operaciones fiscales.

Por Valeria Durán | MCCI                                           

Entre julio y septiembre de 2023, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán realizó una serie de pagos a dos empresas fantasma definitivas y a tres más incluidas en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. MCCI solicitó vía Transparencia las facturas que amparan esos pagos, pero el Gobierno michoacano ocultó la información

El gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, realizó pagos a contribuyentes oficialmente declarados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas fantasmas, además de hacer una serie de pagos a personas físicas que están siendo investigadas por simulación de operaciones.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2082828868998631661?s=20

Los pagos se realizaron para cubrir supuestos servicios de hospedaje, combustible y alimentos en comisiones que realizó personal de la Subsecretaría de Investigación Especializada, que forma parte de la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

Las facturas por estos supuestos servicios se realizaron mientras José Antonio Cruz Medina, actual Secretario de Seguridad Pública, ocupó el cargo de subsecretario de Investigación Especializada.

El 16 de noviembre de 2025, Alfredo Ramírez Bedolla informó que José Antonio Cruz Medina asumiría el cargo de Secretario de Seguridad de Michoacán, en sustitución de Juan Carlos Oseguera Cortés. 

El relevo, declaró Ramírez Bedolla, fue para consolidar el “Plan Michoacán”, el cual fue implementado por autoridades federales y locales luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” es una estrategia integral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025 para atender la crisis de violencia y fortalecer el desarrollo económico y social en Michoacán. A diferencia de un operativo exclusivamente policial, el plan combina acciones de seguridad con inversiones en infraestructura, programas sociales, educación y desarrollo regional.

Previo a ocupar su cargo actual, José Antonio Cruz Medina estuvo aproximadamente tres meses como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Las facturas fantasma 

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a una serie de facturas que fueron pagadas por el Gobierno del Estado de Michoacán, a las personas físicas Baltazar Díaz Sánchez y Enrique Alejandro Santiaguillo Rivera. Ambos contribuyentes han sido incluidos por el SAT en la lista definitiva de simuladores de operaciones, coloquialmente conocidos como empresas fantasma.

Los pagos a Baltazar Díaz fueron por hospedaje y alimentos, mientras que Alejandro Santiaguillo facturó a nombre de un hotel llamado “Mi Solar”, por los mismos conceptos además de venta de combustible.

Además, se pagaron otro grupo de facturas a las personas físicas Constantina Corona Bello, Efren Caldelas Quino -Nuevo Hotel México- y Joaquín Rossainz Hernández -Hotel Hernández-. Este grupo de contribuyentes aparece en la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones fiscales. 

MCCI verificó los folios fiscales de cada una de las facturas emitidas por este grupo de contribuyentes y confirmó que el estado de cada uno de los CFDIs aparece como “vigente”.

Vía Plataforma Nacional de Transparencia, MCCI solicitó copia de todas las facturas pagadas a nombre de las personas físicas que aparecen tanto en el listado definitivo como las que están en el listado de presuntas simuladoras de operaciones.

Las solicitudes fueron enviadas a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán. 

Como documento adjunto se les envió a esas dependencias un PDF con una de las facturas emitidas por cada contribuyente, donde aparecía el RFC del Gobierno del Estado de Michoacán. 

Pese a que se enviaron evidencias de que las facturas existen, todas las dependencias michoacanas negaron tener información de pagos realizados a nombre de esos contribuyentes. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Usa Morena al Finabien para dispersar apoyos sociales no reportados al INE: MCCI

La red oculta de pagos de Morena: 252 mil “apoyos sociales” mediante Finabien.

Por Eduardo Buendía y Raúl Olmos | MCCI                                                      

Documentos oficiales obtenidos por MCCI revelan que Morena utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar para dispersar millones de pesos en “apoyos sociales”, en un convenio que permaneció vigente hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de la elección presidencial en la que resultó electa Claudia Sheinbaum. La operación no fue reportada al INE y una auditoría detectó irregularidades en el cobro de comisiones, reintegros millonarios y omisiones en controles antilavado de dinero. Un ex consejero electoral compara estas transferencias con el “Monexgate”

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, durante la gestión de Mario Delgado, recurrió a la infraestructura del organismo público “Financiera para el Bienestar” (Finabien, antes Telecomm Telégrafos) para dispersar hasta 252 mil pagos “de apoyos sociales” en todo el país, que habrían representado un desembolso millonario.

Ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena consideran entre las atribuciones de los partidos el pago de “apoyos sociales”, por lo que se pudo haber incurrido en una ilegalidad.

https://www.youtube.com/watch?v=BNzXXV-2G44

Aunque el contrato para dispersar esos apoyos se firmó el 1 de junio de 2022, fue hasta el 28 de junio de 2024 -semanas después de la elección federal- cuando se dio por concluido el acuerdo entre el CEN de Morena y Finabien, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contrato inicial de Morena y Finabien tendría vigencia de un año, pero se suscribió un acuerdo modificatorio que lo extendió hasta 2024. Al convenio se le asignó la clave DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/60/2022, aunque en una auditoría del Órgano Interno de Control se le identificó con el número DRS/SCRS/GCSFB/SEPJ/44/2025.

MCCI revisó los informes de rendición de cuentas entregados al INE en el periodo 2022-2024 y corroboró que Morena no reportó a la autoridad electoral el contrato suscrito con Finabien.

En los informes financieros de los años en que estuvo vigente el contrato tampoco se especifica de qué partida de Morena salió el pago de los “apoyos sociales” ni el monto.

En la propia auditoría se menciona textual que el concepto del contrato celebrado con el CEN de Morena fue “para la prestación del servicio de ‘pago de apoyos sociales’”.

En el documento no se detalla cómo fueron dispersados esos pagos ni el monto de cada uno. Sólo se refiere que las transferencias se realizaron a partir del 5 de julio, sin precisar de cuál de los tres años en que estuvo vigente el contrato.

Aun con un monto mínimo de 100 pesos por operación, el desembolso de Morena sería millonario, sin que de ello se haya dado cuenta a las autoridades electorales.

Mexicanos contra la Corrupción envió un cuestionario sobre este reportaje al CEN de Morena. Al cierre de esta publicación no hubo respuesta. 

Omiten ley antilavado de dinero

En la cédula de resultados de una auditoría interna, emitida en diciembre de 2025, se menciona que “en el caso del contrato celebrado con Morena” se incumplió con las acciones de prevención de lavado de dinero. 

“Se observó que no se llevó a cabo ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, refiere el documento oficial.

La auditoría menciona que desde enero de 2023 se alertó de la necesidad de aplicar sistemas de control antilavado en el contrato con Morena, pero al cierre de la revisión, no se atendió el exhorto.

“A través de correo electrónico de fecha 6 de enero de 2023, enviado por personal adscrito a la gerencia comercial, se realizó a la Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección, la solicitud de análisis del contrato CEN Morena; en respuesta con oficio OC/064/2023 de fecha 10 de febrero de 2023, la subdirección señaló los elementos que se debían de considerar respecto al cumplimiento normativo que regula la seguridad para operaciones financieras; sin embargo, el área fiscalizada no presentó evidencia alguna que desvirtuara el hallazgo obtenido en el acto de fiscalización”, se lee en el reporte de cierre de auditoría del 18 de diciembre de 2025.

La auditoría

En los documentos del Órgano Interno de Control (OIC) de Finabien se menciona que el contrato con Morena se cerró hasta el 28 de junio de 2024, semanas después de las elecciones federales del 2 de junio de aquel año, en las que Claudia Sheinbaum fue designada presidenta de México con más de 35 millones de sufragios y su partido Morena consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión en coalición con sus aliados históricos el PT y Verde Ecologista.

MCCI consultó a expertos en auditoría y en procesos electorales, quienes coincidieron que los partidos políticos no tienen atribuciones para dispersar “apoyos sociales” ya que lo prohíben las leyes de partidos y electorales. 

Los documentos en los que se describe el contrato entre Morena y Finabien forman parte de la auditoría financiera de cumplimiento 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005. El informe final de esa fiscalización consta de 58 páginas y la cédula de resultados de otras 93 páginas.

Dispersión de ‘apoyos sociales’ por partidos, acto ilegal

En el marco legal que rige la actuación de partidos políticos y los procesos electorales en México, la dispersión de “apoyos sociales” no es función de los partidos políticos, por lo que esta acción es ilegal, dijo un ex consejero electoral a MCCI.

En esa consulta, mencionó que estas operaciones pueden responder al pago de representantes de casilla como los hacen todos los institutos políticos en elecciones. Comenta que estas dispersiones para pago al personal no suelen ser reportadas al Instituto Nacional Electoral (INE) pues se corre el riesgo de que se rebasen los topes de gastos de campaña, algo que puede ser sancionado con la anulación de las elecciones. 

Dentro de los informes de gastos de campaña de 2024 a nivel federal se verificó que los aspirantes de Morena en lo individual (candidatos a senadores y diputados federales) declararon 5 mil 240 operaciones por 154.9 millones de pesos. 

Mientras que, a nivel global, la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-Verde) declaró un total de 27 mil 698 operaciones por recursos de casi mil 031 millones de pesos. Estos informes tienen como fecha de presentación el 19 de junio de 2024.

En conjunto, suman casi 33 mil operaciones financieras tanto en lo individual como en coalición, mientras que las transferencias contratadas con Finabien fueron más de 250 mil, de las cuales 140 mil fueron “efectivamente pagadas”, como se describió anteriormente. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Privatizan Campo Marte para eventos del Mundial de futbol: MCCI

El gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte a una empresa para hacer un festival durante los 40 días del Mundial de Fútbol.

Por Eduardo Buendía y Leonardo Núñez | MCCI                                                      

Se estiman ingresos por más de 500 millones de pesos exclusivamente para la compañía privada, sin que haya ningún pago acordado en el contrato con las autoridades, aunque la organizadora afirma que cubrirá el monto que estas determinen por el uso de la instalación militar

Un «convenio de concertación» firmado entre las secretarías de la Defensa y Turismo con la empresa The Mates Contents, vinculada con Televisa, muestra que el Campo Marte será utilizado de manera gratuita para un evento privado, durante los 40 días que durará el Mundial de Fútbol de la FIFA, así lo reveló este miércoles Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

El festival, denominado Campo Marte 26 Santander, podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, pero no tendrá que pagar por utilizar el bien inmueble de la Nación, privatizando la ganancia y transfiriendo costos al gobierno. La empresa tampoco pagaría la seguridad al exterior del evento; el servicio estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y militares, a solicitud expresa de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). En documentos oficiales la SECTUR incluso aparece como organizadora del evento.

El Campo Marte —donde se realizará el festival— es una propiedad histórica federal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 1937.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2064709942792355871?s=20

En el evento se cobrará a cada asistente por ingresar a las actividades que se realizarán en el contexto del Mundial de Fútbol, sin que a cambio pague alguna contraprestación al Gobierno Federal. En diversas publicaciones comerciales se señala que el evento «no es solo fútbol; es una experiencia». 

Al interior del recinto se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes, habrá bares y restaurantes para consumir alimentos y bebidas alcohólicas; además de conciertos, lucha libre, arte exterior, zona de oficinas, zonas comerciales y VIP con «áreas instagrameables y activaciones especiales para disfrutar con amigos, pareja o familia». 

De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.

En el instrumento jurídico se establece que habrá un aforo de más de 15 mil personas diarias. La entrada más económica será de 400 pesos más cargos por día y habrá boletos para experiencias VIP por más de 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los ingresos sólo por la venta de boletos y el ahorro de la renta del espacio superarían los 500 millones de pesos, esto sin considerar los ingresos adicionales por patrocinios, publicidad y consumo dentro del lugar, cuyos montos se desconocen.

La empresa Ticketmaster también obtendría entre 197 y 349 millones de pesos de ingresos por la venta de boletos considerando que, como documentó El País, actualmente sus cargos por procesamientos de orden se cobran sobre 24% del costo de las entradas.

La Secretaría de Turismo aparece como organizadora del festival de gastronomía llamado «México de Mis Sabores», que será solo una parte de Campo Marte 26 Santander y que ofrecerá hasta 200 servicios gourmet diarios que se cobrarán a los asistentes. 

Oficialmente este festival fue presentado desde Los Pinos por la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, como el eje de: «una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026; se trata de una estrategia que acompañará la fiesta del fútbol con una oferta cultural, gastronómica y de convivencia para toda la población».

Para poder «reservar una mesa» y consumir en la selecta experiencia gastronómica es necesario pagar previamente el boleto de entrada; no se trata de un evento abierto al público.

Por su parte, en respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la compañía The Mates Contents explicó que se encargará de la producción y operación del evento Campo Marte 26; confirmó que dentro de este, la SECTUR realizará actividades para promover a México en el contexto del Mundial 2026.

A pesar de que la participación de la SECTUR será mínima comparada con todas las demás actividades del evento privado, la titular de la dependencia envió oficios directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para solicitar que se hicieran cargo de la seguridad y logística alrededor del evento, por lo que The Mates Contents tampoco cargará con ese gasto y serán recursos públicos los que financien esa tarea.

Todo esto contrasta con el convenio firmado entre SEDENA, SECTUR y la empresa The Mates Contents, pues ahí se establece que la compañía es la única responsable de la seguridad del evento y los trámites correspondientes.

Un recinto de la Nación al servicio de privados

El Campo Marte es un bien de la Nación de más de 45 mil metros cuadrados, al oriente del casi olvidado «Memorial a las Víctimas de la Violencia en México» y al poniente del enorme Auditorio Nacional. En su época, este fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército de los Estados Unidos y el mexicano durante la guerra de 1846 a 1848. Por eso ahí también se encuentra el Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas y es uno de los espacios predilectos para las ceremonias presidenciales con los militares.
 

El 19 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa firmó un «convenio de concertación de acciones» con el que le entregó de manera gratuita el aprovechamiento del Campo Marte durante toda la duración del Mundial de Fútbol a la empresa. El contrato fue firmado por el general de brigada José Manuel Ramírez Martínez, como director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario.

Al final del acto administrativo aparecen también las rúbricas del coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa; Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de Promoción y Asuntos Internacionales de la SECTUR, y Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents. 

La parte más relevante del contrato es también una de las más cortas en las 13 páginas del documento. De acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA del convenio (que puede leerse en la página 7) se determinó que no habría ningún pago por el uso del Campo Marte dado que: «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’».

De esta manera, ninguna de las dependencias del gobierno recibiría ingresos por la celebración del festival privado, dejando las ganancias económicas por la explotación del bien de la Nación en manos de la empresa privada. 

Dentro del cuestionario enviado a The Mates Contents se cuestionó si entregará contraprestaciones a las dependencias por entradas, consumo y patrocinios; respondió que “es responsable de manera general de la producción y operación del evento. Así como del financiamiento, diseño, contratación, coordinación de proveedores y pago de gastos”, sin indicar si retribuirá a SECTUR o a SEDENA por estas labores o ganancias del evento. 

Sobre el pago por el uso y aprovechamiento del recinto militar, la compañía expresó: “The Mates pagará el monto que determinen las autoridades competentes por el uso y aprovechamiento del Campo Militar Marte”, sin exponer la cláusula tercera de que no habrá contraprestación, de acuerdo con lo firmado en el convenio entre la empresa y las secretarías.

Es importante notar que en la página 5 del contrato también se establece que la empresa tiene la obligación de «la obtención de los permisos» correspondientes para poder realizar el evento. 

Al tratarse de un evento privado, ese trámite debió haber sido realizado ante la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades locales reportan que el evento no cuenta con los trámites correspondientes. En su lugar, se han realizado trámites ante el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México en donde la Secretaría de Turismo se ostenta como la organizadora de todo el evento Campo Marte 26.

Simulan ser un evento del gobierno, no piden permiso a alcaldía

Cuando se trata de eventos masivos, la ley obliga a los organizadores a demostrar y hacerse cargo de todas las medidas, planes, seguros y acciones necesarias para proteger a los asistentes en caso de una emergencia y minimizar riesgos. Esto se plasma en un documento técnico llamado Programa Especial de Protección Civil, que debe entregarse con anticipación a las autoridades.Si los responsables del evento son personas físicas o morales privadas, como sucede con Campo Marte 26 Santander, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que el Programa Especial de Protección Civil debe registrarse y aprobarse en la alcaldía correspondiente. En este caso, el trámite debió realizarse ante la alcaldía Miguel Hidalgo. 

En respuesta a diversas solicitudes de información, las autoridades de la alcaldía reportaron que «NO se localizó registro de trámite de Programa Especial de Protección Civil alguno» para el evento a realizarse en el Campo Marte durante los 40 días del Mundial.

Esto llevó a una serie de acciones legales por parte de vecinos aledaños al Campo Marte y el Bosque de Chapultepec para exigir la cancelación del evento por incumplimientos a la normatividad. Diversos amparos fueron tramitados a partir del 11 de mayo de 2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, encabezado desde el 1° de septiembre de 2025 por Alan Arriola Padilla.

El juez de distrito fue uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y resultó ganador durante las elecciones judiciales del año pasado. Obtuvo 47,287 votos, equivalentes a 30% de la votación en su Circuito Judicial.
Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

El 5 de junio de 2026, el juez Arriola les negó a los vecinos la suspensión definitiva, por lo que el evento Campo Marte 26 Santander podrá llevarse a cabo sin inconvenientes. Se espera que la audiencia constitucional y la resolución final de los amparos suceda hasta después de que termine el Mundial.

Sin embargo, como parte de las acciones dentro de los litigios promovidos por los vecinos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que sí había registrado un Programa Especial de Protección Civil para el evento Campo Marte 26; pero no ante la alcaldía, sino ante el gobierno de la CDMX. El trámite fue realizado el 20 de mayo a las 18:03 horas, es decir, 9 días después de que los vecinos presentaron los amparos. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Privatizan Campo Marte para eventos del Mundial de futbol: MCCI

El gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte a una empresa para hacer un festival durante los 40 días del Mundial de Fútbol.

Por Eduardo Buendía y Leonardo Núñez | MCCI                                                      

Se estiman ingresos por más de 500 millones de pesos exclusivamente para la compañía privada, sin que haya ningún pago acordado en el contrato con las autoridades, aunque la organizadora afirma que cubrirá el monto que estas determinen por el uso de la instalación militar

Un «convenio de concertación» firmado entre las secretarías de la Defensa y Turismo con la empresa The Mates Contents, vinculada con Televisa, muestra que el Campo Marte será utilizado de manera gratuita para un evento privado, durante los 40 días que durará el Mundial de Fútbol de la FIFA, así lo reveló este miércoles Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

El festival, denominado Campo Marte 26 Santander, podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, pero no tendrá que pagar por utilizar el bien inmueble de la Nación, privatizando la ganancia y transfiriendo costos al gobierno. La empresa tampoco pagaría la seguridad al exterior del evento; el servicio estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y militares, a solicitud expresa de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). En documentos oficiales la SECTUR incluso aparece como organizadora del evento.

El Campo Marte —donde se realizará el festival— es una propiedad histórica federal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 1937.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2064709942792355871?s=20

En el evento se cobrará a cada asistente por ingresar a las actividades que se realizarán en el contexto del Mundial de Fútbol, sin que a cambio pague alguna contraprestación al Gobierno Federal. En diversas publicaciones comerciales se señala que el evento «no es solo fútbol; es una experiencia». 

Al interior del recinto se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes, habrá bares y restaurantes para consumir alimentos y bebidas alcohólicas; además de conciertos, lucha libre, arte exterior, zona de oficinas, zonas comerciales y VIP con «áreas instagrameables y activaciones especiales para disfrutar con amigos, pareja o familia». 

De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.

En el instrumento jurídico se establece que habrá un aforo de más de 15 mil personas diarias. La entrada más económica será de 400 pesos más cargos por día y habrá boletos para experiencias VIP por más de 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los ingresos sólo por la venta de boletos y el ahorro de la renta del espacio superarían los 500 millones de pesos, esto sin considerar los ingresos adicionales por patrocinios, publicidad y consumo dentro del lugar, cuyos montos se desconocen.

La empresa Ticketmaster también obtendría entre 197 y 349 millones de pesos de ingresos por la venta de boletos considerando que, como documentó El País, actualmente sus cargos por procesamientos de orden se cobran sobre 24% del costo de las entradas.

La Secretaría de Turismo aparece como organizadora del festival de gastronomía llamado «México de Mis Sabores», que será solo una parte de Campo Marte 26 Santander y que ofrecerá hasta 200 servicios gourmet diarios que se cobrarán a los asistentes. 

Oficialmente este festival fue presentado desde Los Pinos por la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, como el eje de: «una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026; se trata de una estrategia que acompañará la fiesta del fútbol con una oferta cultural, gastronómica y de convivencia para toda la población».

Para poder «reservar una mesa» y consumir en la selecta experiencia gastronómica es necesario pagar previamente el boleto de entrada; no se trata de un evento abierto al público.

Por su parte, en respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la compañía The Mates Contents explicó que se encargará de la producción y operación del evento Campo Marte 26; confirmó que dentro de este, la SECTUR realizará actividades para promover a México en el contexto del Mundial 2026.

A pesar de que la participación de la SECTUR será mínima comparada con todas las demás actividades del evento privado, la titular de la dependencia envió oficios directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para solicitar que se hicieran cargo de la seguridad y logística alrededor del evento, por lo que The Mates Contents tampoco cargará con ese gasto y serán recursos públicos los que financien esa tarea.

Todo esto contrasta con el convenio firmado entre SEDENA, SECTUR y la empresa The Mates Contents, pues ahí se establece que la compañía es la única responsable de la seguridad del evento y los trámites correspondientes.

Un recinto de la Nación al servicio de privados

El Campo Marte es un bien de la Nación de más de 45 mil metros cuadrados, al oriente del casi olvidado «Memorial a las Víctimas de la Violencia en México» y al poniente del enorme Auditorio Nacional. En su época, este fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército de los Estados Unidos y el mexicano durante la guerra de 1846 a 1848. Por eso ahí también se encuentra el Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas y es uno de los espacios predilectos para las ceremonias presidenciales con los militares.
 

El 19 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa firmó un «convenio de concertación de acciones» con el que le entregó de manera gratuita el aprovechamiento del Campo Marte durante toda la duración del Mundial de Fútbol a la empresa. El contrato fue firmado por el general de brigada José Manuel Ramírez Martínez, como director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario.

Al final del acto administrativo aparecen también las rúbricas del coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa; Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de Promoción y Asuntos Internacionales de la SECTUR, y Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents. 

La parte más relevante del contrato es también una de las más cortas en las 13 páginas del documento. De acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA del convenio (que puede leerse en la página 7) se determinó que no habría ningún pago por el uso del Campo Marte dado que: «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’».

De esta manera, ninguna de las dependencias del gobierno recibiría ingresos por la celebración del festival privado, dejando las ganancias económicas por la explotación del bien de la Nación en manos de la empresa privada. 

Dentro del cuestionario enviado a The Mates Contents se cuestionó si entregará contraprestaciones a las dependencias por entradas, consumo y patrocinios; respondió que “es responsable de manera general de la producción y operación del evento. Así como del financiamiento, diseño, contratación, coordinación de proveedores y pago de gastos”, sin indicar si retribuirá a SECTUR o a SEDENA por estas labores o ganancias del evento. 

Sobre el pago por el uso y aprovechamiento del recinto militar, la compañía expresó: “The Mates pagará el monto que determinen las autoridades competentes por el uso y aprovechamiento del Campo Militar Marte”, sin exponer la cláusula tercera de que no habrá contraprestación, de acuerdo con lo firmado en el convenio entre la empresa y las secretarías.

Es importante notar que en la página 5 del contrato también se establece que la empresa tiene la obligación de «la obtención de los permisos» correspondientes para poder realizar el evento. 

Al tratarse de un evento privado, ese trámite debió haber sido realizado ante la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades locales reportan que el evento no cuenta con los trámites correspondientes. En su lugar, se han realizado trámites ante el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México en donde la Secretaría de Turismo se ostenta como la organizadora de todo el evento Campo Marte 26.

Simulan ser un evento del gobierno, no piden permiso a alcaldía

Cuando se trata de eventos masivos, la ley obliga a los organizadores a demostrar y hacerse cargo de todas las medidas, planes, seguros y acciones necesarias para proteger a los asistentes en caso de una emergencia y minimizar riesgos. Esto se plasma en un documento técnico llamado Programa Especial de Protección Civil, que debe entregarse con anticipación a las autoridades.Si los responsables del evento son personas físicas o morales privadas, como sucede con Campo Marte 26 Santander, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que el Programa Especial de Protección Civil debe registrarse y aprobarse en la alcaldía correspondiente. En este caso, el trámite debió realizarse ante la alcaldía Miguel Hidalgo. 

En respuesta a diversas solicitudes de información, las autoridades de la alcaldía reportaron que «NO se localizó registro de trámite de Programa Especial de Protección Civil alguno» para el evento a realizarse en el Campo Marte durante los 40 días del Mundial.

Esto llevó a una serie de acciones legales por parte de vecinos aledaños al Campo Marte y el Bosque de Chapultepec para exigir la cancelación del evento por incumplimientos a la normatividad. Diversos amparos fueron tramitados a partir del 11 de mayo de 2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, encabezado desde el 1° de septiembre de 2025 por Alan Arriola Padilla.

El juez de distrito fue uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y resultó ganador durante las elecciones judiciales del año pasado. Obtuvo 47,287 votos, equivalentes a 30% de la votación en su Circuito Judicial.
Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

El 5 de junio de 2026, el juez Arriola les negó a los vecinos la suspensión definitiva, por lo que el evento Campo Marte 26 Santander podrá llevarse a cabo sin inconvenientes. Se espera que la audiencia constitucional y la resolución final de los amparos suceda hasta después de que termine el Mundial.

Sin embargo, como parte de las acciones dentro de los litigios promovidos por los vecinos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que sí había registrado un Programa Especial de Protección Civil para el evento Campo Marte 26; pero no ante la alcaldía, sino ante el gobierno de la CDMX. El trámite fue realizado el 20 de mayo a las 18:03 horas, es decir, 9 días después de que los vecinos presentaron los amparos. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Red de empresas señaladas por «operaciones simuladas» mantiene contratos y licitaciones con notaría de Adán Augusto: MCCI

Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica recibió contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua, revela MCCI

Por Iván Alamillo | MCCI

Una red de diez empresas sin experiencia en obra hidráulica, cuyo epicentro es una compañía constituida en la notaría del senador Adán Augusto López y declarada este año como “facturera” por el SAT, recibió contratos por 2 mil 314 millones de pesos de la Conagua así lo reveló este jueves el periodista Iván Alamillo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). se afirma que, casi el 80% de esos recursos fue adjudicado por un área que fue encabezada por la hija de la actual secretaria de Gobernación y por un exintegrante de la Ayudantía Presidencial sin experiencia en el sector. Pese a su estatus de empresa fantasma, la facturera y la red siguen participando en licitaciones federales.

Marco Antonio Juárez Altamirano era un arquitecto originario de Acapulco que llevaba una vida modesta. En diciembre de 2008, invirtió 245 mil pesos en una pequeña compañía local, llamada Jylco Construcciones, con la esperanza de convertirse algún día en contratista del gobierno. Era una meta que nunca logró.

En febrero de 2022, Marco Antonio murió de COVID-19 en medio de dificultades económicas. «Mi hermano nunca tuvo… bueno, ni casa tuvo. Nosotros entre todos le entramos a estar comprando el medicamento, porque estuvo como 15 días entubado», recuerda su hermana Francisca.

Lo que Francisca no sabía –lo que nadie en su familia sabía– es que la empresa de su hermano se convirtió en contratista millonaria del gobierno federal. En mayo de 2021, nueve meses antes de su muerte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le otorgó a Jylco Construcciones un contrato de 177 millones de pesos para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

Marco Antonio nunca firmó ese contrato. Para entonces, la empresa había caído en manos de unos empresarios tabasqueños que se apoderaron de ella.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2062536325719581082?s=20

Jylco Construcciones es solo una pieza de un entramado mayor. Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, una red de diez compañías, sin experiencia alguna en construcción de obras hidráulicas y que simula competencia entre sí, ha obtenido contratos por 2 mil 314 millones de pesos con la Conagua.

Su epicentro es Ferroclin U&Q, constituida en 2014 en la notaría del ex gobernador de Tabasco –hoy senador de Morena– Adán Augusto López Hernández, e incluida en la lista de “factureras” definitivas del SAT en enero de este año, tras haber recibido contratos por más de 329 millones de pesos con la Conagua entre 2019 y 2023.

La constelación de empresas, que comparte accionistas, gerentes, comisarios, administradores únicos y notarios, ha recibido sus contratos más cuantiosos en las obras hídricas prioritarias del gobierno de López Obrador, como la construcción de la presa Santa María en Sinaloa, la ampliación del distrito de riego del pueblo Yaqui en Sonora y el distrito de riego de la presa Picachos, también en Sinaloa.

Un puñado de altos directivos de la Conagua, conformado por antiguos miembros de la Ayudantía de AMLO y funcionarios cercanos a la cúpula de la 4T, estuvo a cargo tanto de la asignación como de la supervisión de la mayor parte de las obras que esta red ganó en el sexenio del tabasqueño.

Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue titular entre octubre de 2020 y mayo de 2021 de la Gerencia de Recursos Materiales, área que otorgó 38 de los 42 contratos detectados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Tras la salida de Martínez Rodríguez, la Gerencia fue encabezada hasta diciembre de 2024 por Ángel Manuel Medel Ríos, un ex integrante de la Ayudantía de López Obrador con nulo conocimiento del sector hídrico.

En conjunto, ambos funcionarios otorgaron casi el 80% (mil 841 millones de pesos) de los 2 mil 314 millones de pesos que este entramado de diez compañías, sin antecedentes en proyectos de ingeniería hidráulica, ha recibido.

En junio de 2021, el ex presidente López Obrador designó a Martínez Rodríguez al frente de la Subdirección General de Administración de la Conagua, área donde gestionó los recursos financieros de la dependencia y desde donde supervisó, durante casi dos años, los contratos que Medel Ríos asignaba en la Gerencia de Recursos Materiales.

La hija de la actual titular de la Segob dejó la Subdirección General de Administración en abril de 2023, solo para ser suplida por José Antonio Zamora Gayosso, otro ex miembro de la Ayudantía de AMLO, quien se mantiene hasta la fecha en el cargo.

Ya en el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, con Zamora Gayosso al frente de las finanzas de la Conagua, la red ha seguido recibiendo contratos desde la Gerencia de Recursos Materiales, la cual ahora se encuentra bajo la titularidad de Mariana Puig López, ex tesorera de la Cámara de Diputados entre 2019 y 2023.

Pese a ya estar catalogada como una empresa fantasma, Ferroclin U&Q continúa participando en licitaciones de la Conagua. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva del SAT, la compañía participó en una licitación para la construcción de un bordo en la margen derecha del río Suchiate en Chiapas.

Jylco Construcciones, la compañía de Marco Antonio, reportó tener su domicilio en una casa ubicada en la colonia Renacimiento de Acapulco, una de las más marginadas del puerto. Ahí no hay rastro alguno de la empresa que ha recibido cientos de millones de pesos con la Conagua, pero sí existe el recuerdo de ella.

«Él [Marco Antonio] le vendió la empresa a unos tabasqueños antes del COVID, por ahí del 2019 o 2020″, dijo a MCCI un hombre que atendió la puerta de un despacho contable ubicado en el domicilio registrado por Jylco Construcciones. «Que yo sepa por eso la vendió, porque no hizo nada… pues ya saben, si no tienes padrino [en el gobierno] es difícil conseguir contratos».

El testimonio del hombre coincide, al menos parcialmente, con la historia que cuentan las asambleas de la compañía inscritas en el Registro Público del Comercio. En agosto de 2020, un desconocido empresario tabasqueño de nombre Alejandro Ramos Martínez se convirtió en administrador único de Jylco Construcciones. Sin embargo, de acuerdo con las actas consultadas por MCCI, Marco Antonio y su socio, Luis Carlos –quien también falleció unos años atrás por complicaciones de diabetes–, nunca vendieron ni transmitieron sus acciones antes de morir.

Menos de un año después de la entrada del empresario tabasqueño como administrador único, la suerte de la pequeña compañía acapulqueña cambió radicalmente.

El 4 de mayo de 2021, sin que contara con algún tipo de trayectoria como contratista en obras hidráulicas, la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua otorgó el contrato de 177 millones de pesos a Jylco Construcciones para la construcción de los dos primeros kilómetros del canal principal de la margen izquierda del río Presidio en Sinaloa.

El fallo de la licitación fue firmado por Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien en ese momento dirigía la Gerencia de Recursos Materiales.

Como parte del proyecto Baluarte-Presidio –una de las obras hidráulicas prioritarias del gobierno de López Obrador–, el canal es el encargado de llevar el agua del río Presidio a las más de 22 mil 500 hectáreas que conforman el Distrito de Riego 111, que abarca los municipios de Concordia, Rosario y Mazatlán. Su origen se encuentra en la presa derivadora Siqueros, obra donde Ferroclin U&Q (la empresa fantasma constituida en la notaría de Adán Augusto) también obtuvo contratos millonarios en ese periodo.

El patrón se repite en cuatro empresas de la red, todas constituidas en Acapulco entre 1999 y 2011. En los últimos años, los mismos empresarios, abogados y contadores tabasqueños se han apoderado de ellas sin que sus accionistas originales cedieran su participación.

Ramos Martínez, el mismo tabasqueño que tomó el control de Jylco, ocupa también el cargo de administrador único en Constructora e Inmobiliaria Clapa, otra sociedad acapulqueña. El mecanismo fue idéntico: llegó en febrero de 2023, y a inicios de 2024 la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua –encabezada por Ángel Manuel Medel Ríos, ex integrante de la Ayudantía– le otorgó dos contratos que sumaron 333 millones de pesos para la construcción de los canales laterales y sublaterales de la zona de riego del pueblo Yaqui, en Sonora.

José Luis Campos Chávez, comisario de Jylco, es a su vez administrador único de Constructora Campos Rocha –fundada en Acapulco en 1999–, que acumula contratos por 549 millones de pesos en obras hídricas prioritarias como la construcción de las líneas de conducción de la presa Santa María en Sinaloa y la red de distribución del canal sublateral de la zona de riego del pueblo Yaqui.

En junio de 2023, Constructora Campos Rocha y Jylco Construcciones simularon competir en la licitación para la rehabilitación del bordo existente en la margen derecha del río Bobos, en Veracruz. De las 18 propuestas recibidas, solo cinco cumplieron los requisitos técnicos, entre las que se encontraban las de Campos Rocha y Jylco, vinculadas entre sí por medio de José Luis Campos Chávez. El contrato de 87 millones de pesos quedó en manos de Campos Rocha.

Existe un vínculo que amarra a casi todo el entramado. Siete de las diez compañías de la red designaron, ante los mismos notarios públicos y con apenas unos días de diferencia, a los mismos tres gerentes administrativos.

El 6 de mayo de 2024, ante la notaría 1 de Guerrero, cuyo titular es Luis Arévalo Contreras, tres empresas de la red –Constructora Campos Rocha, Estudios y Diseños Constructivos y Constructora e Inmobiliaria Clapa– nombraron simultáneamente a los mismos tres gerentes: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos, este último un abogado tabasqueño que preside la firma Menchaca Burgos & Asociados en Villahermosa.

Tres días después, el 9 de mayo de 2024, Corporativo Aries Mexicana y Grupo R.R. del Sureste –que comparten como accionista a Daniel Rodríguez García– nombraron a los mismos tres gerentes en la notaría 12 de Tabasco, presidida por José Miguel Cervantes Calcáneo.

Ferroclin U&Q, catalogada a inicios de este año como “facturera” o simuladora de operaciones por el SAT, también designó a los mismos tres personajes como gerentes administrativos el 11 de septiembre de 2024 en la notaría de Cervantes Calcáneo.

FLUYEN 329 MILLONES A FACTURERA CONSTITUIDA EN NOTARÍA DE ADÁN AUGUSTO

El 25 de agosto de 2024, López Obrador acudió a Sinaloa a entregar una de las últimas obras hídricas pendientes de su gobierno: el distrito de riego de la presa Picachos.

A su lado estaban la entonces presidente electa, Claudia Sheinbaum; el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; y dos ex integrantes de la Ayudantía convertidos en directivos de la Conagua: José Antonio Zamora Gayosso, subdirector General de Administración, y Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien se desempeñó como director de la Cuenca Pacífico Norte y encargado del Proyecto Picachos entre enero de 2022 y diciembre de 2024.

«Es una obra muy importante que permite regar las tierras, pero también tener agua para consumo doméstico. ¡No les va a faltar agua en muchos años!», celebró AMLO.

Como parte del proyecto, la Conagua asignó en 2022 la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros –una obra fundamental dentro del sistema hidráulico del río Presidio– a Ferroclin U&Q, la empresa fantasma constituida en la notaría 27 de Tabasco, de la cual es titular el actual senador de Morena y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Mientras que la presa Picachos (inaugurada en 2012 por el ex presidente Felipe Calderón) funciona como el vaso de almacenamiento del río Presidio, la presa Siqueros es la encargada de captar el agua río abajo para canalizarla desde su margen derecha al acueducto de Mazatlán y desde su margen izquierda al Distrito de Riego 111, que se extiende por 22 mil 500 hectáreas en los municipios de Concordia, Rosario y Mazatlán.

En la licitación, la red simuló competir entre sí. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por los funcionarios de Conagua, de las 18 propuestas que recibió la dependencia, únicamente dos empresas presentaron ofertas solventes: Estudios y Diseños Constructivos y Ferroclin U&Q.

Ambas compañías han participado de manera conjunta en otras licitaciones. También cuentan con los mismos tres gerentes administrativos: Julio César Gómez García, Ismael Rodríguez García y Roberto Menchaca Burgos, quienes ocupan el mismo cargo en siete de las diez empresas que conforman la red.

El 22 de junio de 2022, la Gerencia de Recursos Materiales de la Conagua –dirigida por Medel Ríos, ex integrante de la Ayudantía Presidencial– asignó a Ferroclin el contrato de 90.5 millones de pesos para la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros. Menos de un año después, el 9 de marzo de 2023, Ferroclin recibió otro contrato de 156 millones de pesos, esta vez por adjudicación directa, para la conclusión de la segunda etapa de la construcción de la presa.

En enero de 2026, luego de haber recibido 329 millones de pesos con la Conagua durante el sexenio de AMLO, el SAT la declaró como una empresa fantasma por ausencia de activos y de personal, así como por falta de infraestructura.

Como encargado del Proyecto Picachos, Alejandro Isauro Martínez Orozco, quien también custodió a López Obrador en sus giras presidenciales como antiguo miembro de la Ayudantía, tuvo la tarea de supervisar las obras que realizó la “facturera” en la presa Siqueros.

Antes de ingresar al gobierno federal, Martínez Orozco únicamente se había desempeñado como profesor de filosofía y como coordinador estatal de defensa del voto en Morena, de acuerdo con su declaración patrimonial y de intereses.

El 27 de mayo, MCCI envió un cuestionario a la Conagua preguntando cómo una compañía sin activos y sin personal como Ferroclin pudo construir la sobreelevación de la presa Siqueros. También se le cuestionó a la dependencia por qué contrató a esta red de diez empresas sin experiencia para la construcción de sus proyectos prioritarios. El 1 de junio, la Conagua se limitó a contestar que la información de los contratos es pública y que en caso de recibir denuncias por presuntos actos de corrupción se harán del conocimiento de las instancias correspondientes.

Diego Armando Naranjo Álvarez, accionista mayoritario de Ferroclin, presumía en su Linkedin algunas de las obras hídricas realizadas por otras empresas de la red pese a que, al menos en el papel, no tiene participación en ellas. Luego de que MCCI visitó el domicilio de Ferroclin en Cunduacán, Tabasco, borró las publicaciones.

Naranjo Álvarez también ha sido representante en licitaciones del gobierno de Tabasco de Quality Designt System, otra de las sociedades que integran el entramado y cuyo dueño es el empresario Gamaliel Martínez Bocanegra.

MCCI se contactó vía telefónica con un representante de Ferroclin que se negó a identificarse. En la llamada, el representante aseguró que la empresa se encuentra intentando desvirtuar la clasificación como simuladora de operaciones del SAT y afirmó que únicamente tiene una relación de trabajo con las otras compañías de la red.

Sin embargo, el número telefónico por el que MCCI contactó a Ferroclin también ha sido utilizado en grupos de Facebook por Constructora Campos Rocha (otra de las compañías de la red) y por la empresa Grupo Costamarq para solicitar operadores de maquinaria en las obras del Tren Maya en Escárcega, Campeche.

Esta constelación de diez compañías, a la que Conagua abrió la llave de los recursos públicos, parece conducir a Gamaliel Martínez Bocanegra. Este empresario, originario de Palenque, Chiapas, inyectó 32 millones de pesos al capital de Grupo Costamarq –sociedad constituida en Acapulco en 2006 y de la que se convirtió en accionista en septiembre de 2020– para luego participar en las obras del Tren Maya, siguiendo el mismo patrón de la red.

En Costamarq, Martínez Bocanegra tiene como socio a Ismael Rodríguez García, uno de los tres gerentes administrativos designados en siete de las diez empresas de la red.

La declaratoria del SAT no ha detenido a Ferroclin. En marzo de 2026, dos meses después de ser incluida en la lista definitiva de empresas que facturan operaciones simuladas, participó en una licitación de la CONAGUA para construir un bordo en la margen derecha del río Suchiate en Chiapas.

En ella, presentó una propuesta conjunta con Estudios y Diseños Constructivos, empresa con la que en 2022 “compitió” por el contrato para la construcción de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros en Sinaloa.

La red sigue operando y los contratos siguen fluyendo. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Sheinbaum afirma «injerencia extranjera» en elecciones de México

Injerencia extranjera y nulidad electoral tensaron el debate político nacional.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre un posible riesgo de injerencia extranjera en las próximas elecciones de México y vinculó ese escenario con la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia electoral. La mandataria señaló que la nueva disposición permitirá anular procesos electorales cuando exista evidencia de intervención externa. La discusión surgió un día después de que la Cámara de Diputados aprobara cambios constitucionales impulsados por Ricardo Monreal y respaldados por la bancada de Morena.

Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal afirmó que la decisión legislativa respondió al contexto político internacional y a casos previos relacionados con financiamiento extranjero en actividades políticas mexicanas. Claudia Sheinbaum Pardo mencionó a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) como antecedente de recursos provenientes de instituciones estadounidenses. La presidente sostuvo que en México las decisiones electorales corresponden exclusivamente a la ciudadanía mexicana.

La mandataria recordó que desde febrero de 2025 promovió modificaciones constitucionales para impedir cualquier tipo de intervención extranjera en asuntos políticos nacionales. En ese momento, la iniciativa buscó reforzar el artículo 40 de la Constitución para blindar la soberanía nacional frente a intereses externos. La declaración presidencial ocurrió mientras el Congreso avanzó en reformas vinculadas con nulidad electoral y mecanismos de impugnación.

Reforma y soberanía

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados fue promovida por el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, después de más de 15 horas de debate legislativo. El dictamen obtuvo 307 votos a favor y posteriormente fue enviado al Senado de la República para continuar el proceso constitucional. La propuesta incorporó como causal de nulidad electoral la intervención de actores extranjeros en campañas o procesos políticos mexicanos.

https://sociedad-noticias.com/2026/05/28/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-jueves-28-de-mayo-2026/

El proyecto planteó reformas al artículo 41 constitucional y modificaciones secundarias a la legislación electoral y de medios de impugnación. El documento estableció que una elección podrá invalidarse cuando exista financiamiento o influencia extranjera acreditada legalmente. La discusión legislativa colocó en el centro del debate la protección de la soberanía electoral y los mecanismos de verificación jurídica.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país enfrenta una “ofensiva desde fuera” y sostuvo que el Estado mexicano mantendrá vigilancia sobre cualquier intento de presión internacional. La mandatario recordó declaraciones previas relacionadas con asesores políticos estadounidenses y procesos electorales internacionales. También reiteró que “México no es piñata de nadie”, frase utilizada en meses recientes durante posicionamientos diplomáticos. –sn–

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«Energy Refinados» acumula deuda millonaria con el SAT por huachicol fiscal ligado al entorno de Rocío Nahle

Empresa señalada de presunto huachicol transfirió millones a yerno de Nahle. Energy Refinados, empresa que transfirió recursos a una compañía del yerno de Rocío Nahle, incurrió en dos operaciones de posible huachicol fiscal al omitir el pago de IEPS en la importación de combustibles.

SN Readacción | MCCI                                                      

Energy Refinados, empresa que en 2023 transfirió dinero a una compañía en la que es accionista el yerno de Rocío Nahle, realizó ese mismo año operaciones de importación de combustibles que apuntan a posible huachicol fiscal, reveló este jueves una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los documentos oficiales consultados por MCCI refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.

Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.

La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.

Energy Refinados impugnó la determinación del SAT mediante un juicio de nulidad, con el que buscó invalidar el cobro de los créditos fiscales. Sin embargo, en el expediente se señala que la empresa no garantizó el adeudo -como exige la legislación fiscal para suspender su cobro-, por lo que la autoridad consideró el crédito como exigible e inició el procedimiento administrativo de ejecución, lo que abre la puerta al embargo de bienes para recuperar los montos reclamados.

En el expediente se mencionan dos operaciones de importación realizadas el 25 de septiembre de 2023, en las que la empresa omitió el pago del IEPS por dos millones 68 mil pesos. Además, en las mismas transacciones, las autoridades determinaron que se incumplió con el pago adicional de 1 millón 514 mil pesos por concepto de derechos por servicios de Trámite Aduanero y el pago del IVA.

El importe actualizado, con recargos, asciende a más de 5 millones 269 mil pesos por adeudos del IEPS, IVA y trámites aduaneros. Además, las autoridades fiscales le han aplicado a la empresa multas por 12 millones 302 mil pesos por infracciones a las leyes tributarias federales y a las disposiciones sobre comercio exterior.

Equivale a 25 pipas

El monto de 2 millones 68 mil pesos que las autoridades fiscales identificaron como IEPS omitido por Energy Refinados, permite dimensionar el volumen de combustible involucrado.

Con base en las cuotas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 2023 –que es la semana en la que se realizaron las dos importaciones- esa omisión equivale aproximadamente a 748 mil litros si se trata de gasolina regular, 607 mil litros en caso de gasolina premium, o 758 mil litros si corresponde a diésel; ese volumen alcanza para llenar entre 20 y 25 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una.

En esa misma semana, la Secretaría de Hacienda aplicó un estímulo fiscal al IEPS mediante el mecanismo de cuotas disminuidas, lo que redujo el impuesto por litro respecto de la cuota base anual.

La cuota general del IEPS para el diésel se ubicaba en 2023 en 6.5055 pesos por litro, pero con el estímulo fiscal aplicado por la Secretaría de Hacienda, la cuota efectiva se redujo en la semana del 23 al 29 de septiembre de ese año a 2.7259 pesos por litro.

En los documentos oficiales consultados por MCCI no se precisa sobre qué tipo de combustible omitió Energy Refinados el pago del IEPS.

La empresa

El 16 de mayo de 2024, N+ Focus reportó que entre 2019 y 2023 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por 30 años para venta y transporte de hidrocarburos a compañías que depositaron millones de pesos a empresas de Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle. 

En el caso de Energy Refinados, el permiso para la comercialización de petrolíferos lo otorgó la CRE el 30 de septiembre de 2019, constató MCCI.

N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

N+ menciona que Servicios y Premezclados Forte, empresa en la que es socio Bilbao Arrieta, recibió en 2023 dinero de permisionarias de la CRE como Energy Refinados, quien aportó al menos 3.3 millones de pesos.

Servicios y Premezclados Forte fue creada en abril de 2018 en Monterrey, teniendo como socio y presidente del consejo a Fernando Bilbao Arrieta, y ha permanecido en ese cargo desde entonces, según consta en actas mercantiles.

Mientras que Energy Refinados fue constituida en febrero de 2017 también en Monterrey, Nuevo León, con el objeto social principal de comercialización de productos derivados del petróleo; en diciembre del año siguiente inició su trámite ante la CRE para obtener el permiso de comercialización de combustibles, el cual obtuvo nueve meses después.

El reportaje de N+ mencionó que el yerno de Nahle multiplicó sus ingresos con el gobierno de López Obrador, pues pasó de reportar al SAT 1,300 pesos de ingresos en 2018 a más de 100 millones en 2024.

El 18 de mayo de 2024, Reforma publicó que una red de empresas vinculadas al yerno habían recibido entre 2019 y 2024 al menos 316 millones de pesos.

Adicionalmente,un reportaje de Animal Político reportó el 6 de mayo de 2025 que el IMSS entregó más de mil millones de pesos en contratos de medicamentos a socios del yerno de Nahle, que vendió hasta 800% más caro. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Administración de Sheinbaum destina millones para financiar libros a Cuba: MCCI

Ahora Sheinbaum financia 7 millones de libros cubanos: gasta $189 millones; sumado al suministro de combustible.

Por Verónica Ayala | Reportera MCCI                                                      

MCCI reveló en junio de 2025 que el gobierno de AMLO había gastado 387.4 millones de pesos en imprimir 15 millones de libros para el régimen cubano; nuevos documentos revelan la renovación de un acuerdo para imprimir otros 7 millones de ejemplares, de los cuales ya se enviaron 4 millones a la isla a finales de noviembre de 2025.

El gobierno de Claudia Sheinbaum financió ahora la impresión de más de 7 millones de libros de textos para el sistema educativo cubano, con un costo superior a los 189 millones de pesos, revela una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Grupos académicos de cubanos en el exilio aseguran que los libros impresos por México tienen una fuerte carga de adoctrinamiento contra los Estados Unidos.

Tras asignarse en julio pasado el contrato para la impresión de los nuevos textos escolares, en el que deliberadamente se oculta que son para Cuba, a finales de noviembre se enviaron vía marítima a la Isla los primeros dos cargamentos con más de 4 millones de libros. Faltarían por entregarse otros tres millones de ejemplares.

Estos se se suman a los cerca de 15 millones de libros de texto que se imprimieron y enviaron a Cuba en la pasada administración del ex presidente López Obrador, con un gasto al erario de más de 387.4 millones de pesos, como reveló MCCI en junio de 2025.

Al mes siguiente de la publicación de MCCI, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), asignó un nuevo contrato a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA) para imprimir 7.1 millones de materiales educativos. Este nuevo contrato no había sido difundido, hasta ahora.

A diferencia de los contratos anteriores suscritos en la gestión de AMLO, ésta vez se omitió mencionar que los libros serían destinados a los estudiantes en Cuba, lo que se corroboró con el nombre del programa educativo cubano al que hace referencia, las claves subsecuentes para imprimir los ejemplares y los propios envíos posteriores. 

Aunque se desconoce si éstos nuevos materiales ya fueron distribuidos entre alumnos cubanos, el contenido de los libros de texto cubanos impresos y financiados por el Gobierno mexicano ha sido cuestionado por expertos del Observatorio de Libertad Académica (OLA) por tener una mayor carga ideológica contra Estados Unidos. 

Ocultan destino cubano

El contrato fue suscrito en agosto de 2025 a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), organismo descentralizado de la SEP, actualmente encabezada por el ex dirigente nacional morenista Mario Delgado.

En el documento, que aparece en la página de la Conaliteg, ésta se compromete a pagar casi 189 millones 360 mil pesos a Impresora y Encuadernadora Progreso (IEPSA), empresa de participación estatal mayoritaria, por la impresión de 7.1 millones de ejemplares de 144 materiales educativos del “Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación”. 

Con ese nombre se le conoce al plan de actualización del sistema educativo cubano, al que hacen referencia los dos contratos anteriores para producir los libros de texto para Cuba.

En los contratos suscritos en 2023 y 2024, aparece una clave de orden que inicia con las siglas PPE -en referencia al programa cubano- y un número con el que se identifica a cada uno de los títulos de los que se imprimieron ejemplares. Mientras que ambos incluyen un listado de libros identificados desde la orden PPE001 hasta la PPE268, éste nuevo y último contrato que revela ahora MCCI inicia con la orden subsecuente PPE269 y abarca hasta la PPE412.
 

Nuevos envíos: mandan 4.1 millones de textos

El gobierno mexicano habría enviado ya cerca del 58 por ciento de los más de 7.1 millones de libros cubanos impresos a partir de este último contrato, que la Conaliteg asignó a IEPSA en julio de 2025 y fue firmado por ambas partes en agosto, como se detalla en el mismo. 

Al igual que los materiales educativos suministrados por la anterior gestión de López Obrador, los envíos fueron de nueva cuenta realizados vía marítima a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ahora encabeza Juan Ramón de la Fuente.

En éstas operaciones aparece como importador Editorial Pueblo y Educación, que anteriormente imprimía los materiales del sistema educativo cubano, y se reporta un valor unitario de cada libro similar, de 1.257 y 1.256 dólares.
 

Gasta la 4T $576.8 millones en libros… para Cuba

Con el nuevo acuerdo suscrito en agosto de 2025, los gobiernos de la 4T han gastado más de 576.8 millones de pesos en la impresión de cerca de 22 millones de libros de texto para los estudiantes del sistema educativo cubano, sin contar los gastos de envío vía marítima hacia la Isla. A la fecha se han enviado 19 millones de ejemplares y faltan tres millones por mandarse.

Esta cifra, equivalente a cerca de 33.5 millones de dólares (al tipo de cambio actual), es la suma de los montos de los tres contratos hasta ahora conocidos, y revelados por MCCI, para producir los materiales educativos que desde 2023 se envían y distribuyen en Cuba. 

El gasto representa el 74 por ciento del presupuesto -de 781.5 millones de pesos- para el Programa Nacional de Inglés de la SEP en 2026; es 1.3 veces el monto presupuestado para la Política Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que asciende a 430.2 millones de pesos; y es 2.6 veces los 223 millones de pesos asignados al Programa de Fomento al Cine Mexicano, de la Secretaría de Cultura.

El monto gastado en la impresión de libros de texto cubanos en los últimos años se suma a los cargamentos de petróleo crudo y combustible subsidiado que se han enviado desde 2023 y que suman hasta el 2025 un valor de alrededor de 4 mil millones de dólares, según la información declarada por Pemex en aduanas y reportes financieros ante la SEC.

Los envíos de hidrocarburos a la Isla se frenaron el pasado mes de enero ante la presión de los Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump incluso emitió una orden ejecutiva para imponer aranceles contra importaciones de países que vendan o suministren petróleo a Cuba. –sn–

La investigación periodística completa está en MCCI

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Compra hermano de Hernán Bermúdez depa de 1.3 millones de dólares en Miami: MCCI

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cubfan135 spotted on #mcci fishing today

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Admito que estoy confundida.

Forbes saca una nota de irregularidades en una asociación en la que Josefina Vázquez Mota es presidenta y quien denuncia es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de la que Claudio X. Gonzáles Guajardo es presidente (si no es que el "dueño" enmascarado como suele ser en todas las ONGs).

¿Qué no son cuates todos ellos?

#MCCI #Desvíos #Corrupción #Forbes #PAN #Empresarios

Fuente:

https://www.forbes.com.mx/asf-halla-irregularidades-en-recursos-para-iniciativa-de-vazquez-mota/