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EU habría retirado visa a Ana Paty Peralta, alcaldesa de Cancún, y a dos familiares

Estados Unidos habría retirado las visas de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro, según información de El Financiero. La alcaldesa negó el reporte y afirmó que su documentación está en orden. La FGR mantiene investigaciones sobre presuntas irregularidades.

Mauricio Ortega | Corresponsal                                         

CANCÚN, Quintana Roo.— Autoridades de Estados Unidos habrían retirado las visas de Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, así como de su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero, de acuerdo con información publicada por El Financiero y atribuida a fuentes con conocimiento del caso.

La versión se conoció mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con un presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones de contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, y supuestos contactos con personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, las autoridades estadunidenses no han hecho públicos los motivos de una eventual cancelación de visas.

La alcaldesa rechazó públicamente el reporte y aseguró que la información sobre ella y su familia es falsa. En un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que su documentación se encuentra en orden, aunque no se ha hecho pública documentación oficial que permita corroborar el estatus de las visas señaladas en el reporte periodístico.

Investigación federal alcanza al entorno de la alcaldesa

La información difundida por El Financiero señala que una de las líneas de investigación de la FGR busca determinar si recursos, personal o estructuras del municipio de Benito Juárez fueron utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

Otra línea se relaciona con operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada en la investigación periodística por presuntas operaciones de transporte de hidrocarburos mediante ferrotanques. De acuerdo con la información publicada, se investigan operaciones que involucrarían 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de combustible presuntamente introducido de manera irregular.

La investigación también contempla posibles contactos de personas del entorno de la funcionaria con individuos relacionados con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, los señalamientos corresponden a líneas de investigación y no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.

Ana Paty Peralta niega el retiro de su visa

Después de que se difundió el reporte, Ana Paty Peralta rechazó los señalamientos y sostuvo que la información publicada sobre ella y su familia es falsa.

“Mi documentación se encuentra en orden”, afirmó en el mensaje difundido en sus redes sociales. La funcionaria también señaló que no entraría en especulaciones ni en polémicas que consideró innecesarias.

La respuesta de la alcaldesa no estuvo acompañada, hasta el momento, de una comunicación pública de las autoridades de Estados Unidos que confirme o desmienta el retiro de las visas. Tampoco se han dado a conocer oficialmente las razones de una eventual medida migratoria.

Las visas y las investigaciones son asuntos distintos

El reporte sobre la situación migratoria de Ana Paty Peralta, su esposo y su suegro coincide temporalmente con las investigaciones federales referidas por El Financiero, pero no existe información pública que permita establecer que la eventual cancelación de las visas esté relacionada directamente con esas indagatorias.

La diferencia resulta relevante: mientras la FGR investiga presuntas irregularidades en México, la decisión migratoria corresponde a autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ninguna de las dos partes ha difundido públicamente información que permita establecer una conexión entre ambos asuntos.

El caso coloca nuevamente bajo escrutinio al gobierno municipal de Benito Juárez y al entorno político de la alcaldesa, en momentos en que Morena desarrolla el proceso interno rumbo a la definición de su candidatura para la gubernatura de Quintana Roo en 2027. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Sheinbaum consolida su poder

Claudia Sheinbaum llega a su Segundo Informe de gobierno más fuerte que nunca.

Por Raúl García Araujo

El 68 por ciento de los mexicanos aprueba su gestión, de acuerdo con la encuesta publicada por El Financiero.

Pero más allá de las cifras, hay un hecho político que ya nadie puede ignorar: la mandataria construyó un liderazgo propio.

En estos casi 24 meses impuso su estilo, su personalidad y una manera distinta de ejercer el poder. La sombra del pasado dejó de ser una amenaza.

Sheinbaum ha demostrado que sabe gobernar y, sobre todo, que sabe mandar.

Su gabinete entiende quién conduce y cuáles son las prioridades del gobierno.

La mandataria mantiene el control político de su equipo y ha evitado que las diferencias internas se conviertan en fracturas.

En Morena hay intereses, grupos y aspiraciones, pero hasta ahora ninguno ha conseguido disputarle el mando.

Su mensaje fue claro: en la «cuarta transformación» no hay rompimiento y nadie debe confundirse.

En el exterior tampoco ha sido un gobierno sencillo. Donald Trump ha presionado a México con aranceles, migración, seguridad y comercio, pero Sheinbaum ha respondido con negociación y firmeza.

No ha buscado una confrontación inútil, pero tampoco ha aceptado subordinación.

La defensa de la soberanía se convirtió en una de las principales banderas de su administración.

En lo social, su gobierno llega con una estructura que alcanza a millones de mexicanos.

Para el cierre de 2026 se estima que los Programas para el Bienestar beneficiarán a 42.8 millones de personas, con una inversión cercana a un billón de pesos.

Adultos mayores, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y trabajadores del campo forman parte de esta política.

Para Sheinbaum no son concesiones, sino derechos. Y esa diferencia es también una de las claves de la fortaleza política de la «cuarta transformación».

La economía ofrece otro argumento. El gobierno reporta una Inversión Extranjera Directa récord de 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, crecimiento del PIB y una tasa de desempleo de 2.7 por ciento.

Todo esto ocurre en medio de un escenario internacional complicado por los aranceles estadounidenses y la incertidumbre global.

No significa que todos los problemas estén resueltos, pero sí que el escenario de crisis que algunos anticiparon no se materializó.

En seguridad, el desafío es todavía mayor. El gobierno reporta una reducción de 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos y una caída de 54 por ciento en los delitos de alto impacto durante 2026 frente a 2018.

También informa de 63 mil detenidos y 207 objetivos prioritarios capturados.

El segundo informe no debe leerse solamente como un balance administrativo.

Es también una fotografía del poder presidencial. Y en ella aparece una Claudia Sheinbaum con aprobación alta, un gabinete bajo control, una base social sólida y una oposición que no ha encontrado todavía la forma de hacerle daño políticamente.

La mandataria llegó a Palacio Nacional con una enorme responsabilidad. Hoy llega a su segundo informe con algo más importante: autoridad propia.

El verdadero reto apenas comienza. Mantener la seguridad, cuidar la economía, contener las disputas internas de Morena y conservar el respaldo ciudadano serán las pruebas que definirán su gobierno.

Porque llegar fuerte al Segundo Informe es importante, pero conservar ese poder cuando aumenten las presiones será la verdadera prueba de liderazgo.

Claudia Sheinbaum ya no necesita demostrar que puede gobernar. Lo está haciendo.

Porque una cosa es recibir el poder y otra muy distinta es convertirlo en liderazgo propio.

Sheinbaum ya cruzó esa frontera. Ahora el tablero político mexicano se mueve alrededor de ella.

En Cortito

Nos cuentan que Claudia Sheinbaum ya tiene un nuevo título político y se lo otorgó Ecatepec: “ecatepense de corazón”.

La frase de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss no fue un simple reconocimiento protocolario; es el reflejo de una relación política que se ha construido con hechos.

El municipio más poblado del país está en el centro del Plan Integral de la Zona Oriente del estado de México, con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para obras y programas. En política, los afectos se demuestran con resultados.

El agua es quizá el mejor ejemplo. La inversión conjunta supera los mil 700 millones de pesos y, de acuerdo con el gobierno municipal, 80 por ciento de la población ya cuenta con el servicio.

A esto se suma que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, además de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la infraestructura de salud y educación.

Por eso Azucena Cisneros fue contundente al reconocer a la presidenta: “Uno no solamente es del lugar donde nace, también es de donde ama, de donde trabaja, desde donde transforma”. Y remató: “Ecatepec es su casa”.

La frase tiene una enorme carga política. Ecatepec representa población, fuerza social y un peso electoral que nadie puede ignorar.

La alcaldesa está dejando claro de qué lado está y, al mismo tiempo, que la mandataria cuenta con una aliada firme en uno de los territorios más importantes del país.

Por eso “ecatepense de corazón” no debe quedar como una frase bonita de una conferencia de prensa. Es un reconocimiento, pero también un compromiso político.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morena pone orden rumbo al 2027

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Morena pone orden rumbo al 2027

Morena comenzó a mover las primeras piezas rumbo a 2027. La definición de sus coordinadores estatales no es un trámite partidista. Es el primer ensayo de una elección que pondrá a prueba al movimiento.

Por Raúl García Araujo

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo pidió perfiles honestos, profesionales y competitivos. Y la dirigencia nacional decidió escuchar antes de que comenzaran las disputas.

Aguascalientes, Campeche y Colima son apenas el principio de una operación mayor. Serán 17 gubernaturas las que estarán en juego el próximo año. Por eso cada nombre tiene una lectura que rebasa a la entidad correspondiente.

La selección también manda señales sobre el tipo de candidatos que Morena quiere construir. Perfiles con trayectoria, reconocimiento territorial y capacidad para competir y gobernar.

Nora Ruvalcaba representa en Aguascalientes experiencia y conocimiento del terreno electoral.

Rosa María Bayardo llega desde Manzanillo con una estructura política construida localmente.

Pero el caso que merece una lectura especial es el de Campeche.

Ahí Pablo Gutiérrez Lazarus no solamente recibió una designación. Recibió también una señal de unidad que puede terminar siendo determinante.

Porque en política no basta con ganar una encuesta. Hay que conseguir que quienes perdieron acepten el resultado y acompañen al ganador.

Eso es justamente lo que ocurrió en Campeche con Carlos Ucan Yam y Roberto Reyes Jiménez. Ambos estuvieron presentes después de conocer la decisión y evitaron convertir la derrota en ruptura.

Y esa fotografía política puede valer más que cualquier discurso de unidad. Aquí aparece la mano de Layda Sansores San Román.

La gobernadora entendió que una sucesión dividida podía convertirse en un problema para Morena. Por eso apostó por Pablo Gutiérrez y sostuvo una ruta política sin titubeos.

No permitió que las aspiraciones personales terminaran convirtiéndose en una disputa de grupos. La unidad fue colocada por encima de cualquier proyecto individual.

Esa decisión tiene una explicación sencilla: quien gobierna también debe pensar en el día después. Una candidatura puede ganarse con una encuesta, pero una elección se gana con estructura.

Y una estructura dividida difícilmente responde cuando llega la hora de la campaña. Campeche parece haber entendido esa regla antes que otras entidades. Primero se define al candidato y después se reconstruye la unidad alrededor de él.

El mensaje de Sheinbaum también comienza a tomar forma. La mandataria ha pedido que las candidaturas no sean simples cuotas de grupos políticos.

Quiere perfiles honestos, profesionales y con capacidad para representar al movimiento. Eso obliga a Morena a mirar más allá de las estructuras tradicionales.

Y, sobre todo, a evitar candidatos que puedan convertirse en un problema para el gobierno. Por eso los primeros tres nombres son importantes para Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

Ambas tienen ahora la responsabilidad de conducir el proceso más delicado del partido. No solamente tendrán que encontrar competitividad electoral, sino evitar fracturas.

Tendrán que conciliar grupos, contener ambiciones y garantizar que las encuestas sean aceptadas. Y hacerlo, además, bajo la conducción política de Claudia Sheinbaum.

El reto será todavía mayor cuando lleguen estados con disputas internas más profundas. Ahí no bastará con anunciar un coordinador y tomarse una fotografía.

Será necesario construir acuerdos para que quienes no ganen permanezcan dentro del proyecto.

Porque el verdadero adversario de Morena rumbo a 2027 puede estar dentro del propio Morena.

La división interna es capaz de hacer lo que ningún partido opositor consiga por sí solo. Los tres primeros nombres son apenas el comienzo de una operación nacional.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández tienen una ventaja: están alineadas con la presidenta. Y esa coincidencia política puede facilitar las decisiones cuando aparezcan los conflictos.

Campeche demuestra que la unidad todavía puede construirse cuando existe conducción. Ahora toca demostrar que esa fórmula puede funcionar en las 14 gubernaturas que faltan.

En Cortito

Nos cuentan que en el estado de México el fervor político rumbo a 2027 ya comenzó a todo lo que da, y Atizapán de Zaragoza es una muestra.

Ante más de mil personas, el diputado federal y ex gobernador Eruviel Ávila, acompañado por Ariel García, líder sindical de Liconsa, respaldó a Luis Montaño Delgado en una reunión de estructuras del Partido Verde, con la presencia del diputado local Héctor García y liderazgos sindicales y comunitarios.

La señal política es clara: el Verde ya trabaja territorio en uno de los municipios más influyentes de la entidad.

Eruviel Ávila destacó el arraigo, experiencia y cercanía de Montaño con las comunidades de Atizapán, y fue contundente al asegurar que “va a pintar de Verde” al municipio.

Todo parece indicar que en este municipio mexiquense podría construirse una candidatura de unidad entre Morena y el Partido Verde, lo que explicaría el cuidado con el que se están moviendo las estructuras.

En lugar de una confrontación entre aliados, la apuesta podría ser encontrar un perfil competitivo que permita sumar fuerzas y evitar una disputa interna. Si esa ruta se confirma, Montaño llega con algo fundamental: tiempo para consolidar territorio y construir acuerdos.

La presencia de Eruviel Ávila tampoco es un dato menor. El ex gobernador conoce perfectamente los tiempos y las estructuras de la política mexiquense, y su respaldo coloca a Montaño en una posición de mayor visibilidad rumbo a 2027.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta acelera la transformación de Puebla

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Cesan a titular del INM en Quintana Roo por presuntas irregularidades

Meta descripción: Carlos Manuel Bandala González fue separado del INM en Quintana Roo tras denuncias sobre documentos migratorios irregulares, presunta falsificación y posibles vínculos con una red que habría utilizado registros de menores para facilitar residencias.

Mauricio Ortega | Corresponsal                                         

El almirante Carlos Manuel Bandala González fue separado de la titularidad de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Quintana Roo, en medio de una investigación por presuntas irregularidades en trámites de regularización migratoria.

Las denuncias señalan un supuesto esquema mediante el cual menores habrían sido registrados como hijos de ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, sin que existiera necesariamente un vínculo familiar real. El mecanismo habría permitido gestionar residencias bajo el criterio de unidad familiar.

De acuerdo con reportes, la investigación también contempla posibles falsificaciones documentales y presuntos vínculos con trata de personas cuando estarían involucrados menores. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que atribuya responsabilidad penal a Bandala González.

Investigan trámites migratorios irregulares

Según las denuncias difundidas, el supuesto procedimiento habría utilizado información y documentación falsa para aparentar relaciones de parentesco entre menores y extranjeros que buscaban regularizar su situación migratoria en México.

En algunos casos, los documentos presuntamente habrían incorporado apellidos relacionados con los propios solicitantes para reforzar la apariencia de un vínculo familiar.

Reportes sobre la investigación señalan que habrían sido detectados alrededor de 935 expedientes considerados irregulares, aunque las cifras y el alcance de la indagatoria requieren confirmación oficial por parte de las autoridades responsables.

Las versiones difundidas también refieren pagos por los trámites. Algunas publicaciones hablan de cantidades de entre 10 mil y 15 mil pesos, mientras otras mencionan cobros de hasta 5 mil dólares; por ello, el monto señalado no puede darse por confirmado.

Posibles delitos, bajo investigación

Las irregularidades denunciadas podrían involucrar delitos relacionados con falsificación de documentos, suplantación de identidad y uso indebido de registros públicos, dependiendo de lo que determinen las autoridades ministeriales.

La posible trata de personas representa uno de los señalamientos más delicados debido a la referencia a menores. Sin embargo, las fuentes consultadas no reportan hasta ahora una resolución judicial que establezca que Bandala González haya cometido ese delito.

Tampoco existe, al momento de esta publicación, un pronunciamiento público del INM que explique oficialmente las causas de la separación del funcionario o confirme el alcance de una investigación penal en su contra. El directorio público del instituto consultado todavía lo identificaba como titular de la oficina de Quintana Roo.

Bandala llegó al cargo en 2023

Carlos Manuel Bandala González asumió la titularidad de la Oficina de Representación del INM en Quintana Roo en enero de 2023, cuando el entonces comisionado Francisco Garduño Yáñez le tomó protesta. El relevo formó parte de un programa institucional de rotación de titulares y personal directivo.

Durante su gestión, Bandala González apareció en reuniones oficiales relacionadas con la operación migratoria en el Aeropuerto Internacional de Cancún y con autoridades estatales y consulares.

En abril de 2026, por ejemplo, el Consulado General de Guatemala en Cancún informó sobre una reunión con Bandala para fortalecer la coordinación en materia de atención a ciudadanos guatemaltecos.

Mauricio Patiño asumiría la representación

Los reportes publicados este 19 de agosto señalan que Mauricio Alejandro Patiño Arroyo quedó al frente de la representación del INM en Quintana Roo después de la salida de Bandala González. La dependencia federal no había informado públicamente, al momento de la consulta, los detalles administrativos del relevo.

El caso permanece sujeto a las investigaciones correspondientes. Cualquier responsabilidad administrativa o penal deberá determinarse mediante los procedimientos establecidos y, en su caso, por las autoridades competentes. –sn–

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta acelera la transformación de Puebla

Seiscientos días son suficientes para saber si un gobierno encontró su ritmo. En Puebla, la cifra ya tiene una lectura política propia.

Por Raúl García Araujo

“Puebla va al 600%” no habla solamente del tiempo transcurrido, sino de una manera distinta de gobernar.

Alejandro Armenta ha marcado un estilo basado en territorio, cercanía, coordinación y resultados.

La transformación empieza a medirse en hechos concretos.

La diferencia es importante. Un gobierno puede gastar, inaugurar y comunicar; otro puede preguntarse qué queda después de cada acción. Esa es la verdadera discusión de estos 600 días.

La apuesta de Armenta es que una calle reparada conecte comunidades, que una política de seguridad genere confianza, que el campo recupere productividad y que una institución resuelva problemas que durante años permanecieron sin respuesta.

Gobernar, bajo esta lógica, significa producir capacidades.

Por eso la presencia territorial se ha convertido en una característica de la administración. Jornadas ciudadanas, brigadas, Casas Carmen Serdán y atención directa en los municipios buscan llevar al gobierno donde están las necesidades.

La cercanía no se decreta; se demuestra cuando el ciudadano encuentra respuesta frente a su problema. Ahí comienza la diferencia entre una administración que informa y un gobierno que realmente está presente.

La seguridad será el principal juez. Las Mesas de Paz y la coordinación con Marina, Defensa, Guardia Nacional y los gobiernos municipales buscan fortalecer la capacidad del Estado.

Los resultados empiezan a medirse en la reducción de la violencia, pero también en la inteligencia que permite anticiparse al delito, recuperar espacios y generar confianza.

Porque en seguridad no basta con reaccionar: un gobierno eficaz debe tener la capacidad de prevenir, contener y recuperar el territorio.

En bienestar y campo también aparece un cambio de enfoque. El Programa de Obra Comunitaria coloca a las comunidades en la decisión y ejecución de proyectos, mientras que mil 500 equipos agrícolas buscan recuperar 200 mil hectáreas, con una meta de 400 mil para el próximo año.

La marca Puebla Cinco de Mayo agrega valor a la producción y abre nuevos mercados. El desafío será que estas políticas se traduzcan en mayor productividad, mejores ingresos y oportunidades reales para las familias.

La infraestructura ofrece otra medida concreta. Rehabilitar 28 mil calles importa por su dimensión, pero más por sus efectos: conectar municipios, reducir tiempos de traslado, mejorar la movilidad y generar condiciones para el desarrollo.

La misma lógica aparece en educación, ciencia e innovación. Kutsari, Yankuilotl y el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores colocan a Puebla ante una oportunidad de largo plazo.

El reto es convertir conocimiento en inversión, tecnología y empleos especializados.

En salud, deporte y atención social la transformación también tiene rostro. El CEPOSAMI, las Casas del Abue, los Centros LIBRE-Casas Carmen Serdán y el respaldo a los atletas reflejan una política que busca colocar a las personas en el centro.

El agua representa quizá la mirada más clara hacia el futuro. La Economía Circular del Agua busca tratar, reutilizar y reincorporar el recurso a actividades productivas.

Anticipar una crisis siempre será mejor que administrarla cuando llegue. El agua es infraestructura estratégica y quien la proteja hoy estará gobernando también para las siguientes generaciones.

Vistos en conjunto, los resultados permiten identificar el sello de estos 600 días: presencia territorial, coordinación institucional y capacidad de ejecución.

Hay que resaltar que Alejandro Armenta no ha dejado de trabajar de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La coordinación con el gobierno de México, las Fuerzas Armadas y las instituciones federales forma parte de una misma ruta para consolidar en Puebla el segundo piso de la «cuarta transformación«.

El gobernador entiende que coordinar capacidades también es gobernar y que la suma de esfuerzos puede acelerar los resultados.

Ese es el verdadero significado de los 600 días. No son páginas de un calendario ni una cifra para celebrar por sí misma.

Armenta ya imprimió velocidad al gobierno de Puebla. Ahora tiene el desafío de demostrar que esa velocidad puede convertirse en una transformación irreversible.

Y para hacerlo no está solo: tiene la coordinación con la mandataria Claudia Sheinbaum, el respaldo institucional del Gobierno de México y una responsabilidad política que ya no admite pausa.

Los primeros 600 días explican cómo gobierna Armenta. Los que vienen definirán hasta dónde puede transformar Puebla.

En Cortito

Nos cuentan que la emergencia del pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas puso a prueba a las autoridades, y la respuesta fue inmediata.

La coordinación entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobierno de Morelos permitió movilizar rápidamente a los cuerpos de emergencia.

El alcalde José Luis Urióstegui Salgado convocó al Cabildo para aprobar apoyos extraordinarios de 10 mil pesos por inmueble afectado, además de recursos para mobiliario y hasta 50 mil pesos para negocios perjudicados.

Después, acudió personalmente a Las Granjas, recorrió la zona y escuchó directamente a los vecinos.

También destacó la presencia del diputado local Daniel Martínez Terrazas, quien recorrió la zona, escuchó a las familias y ofreció respaldo a los comerciantes afectados.

Dos actores políticos, desde sus respectivas responsabilidades, estuvieron en el territorio cuando la gente más necesitaba ser escuchada.

El punto es claro: la emergencia no terminó cuando se controló el siniestro. La respuesta continúa, con apoyos económicos, atención a las viviendas y reparación de infraestructura.

Y en esa tarea, el alcalde José Luis Urióstegui ha dejado claro que su gobierno está dispuesto a permanecer en la zona hasta que avance la recuperación de las familias de Las Granjas.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Delfina, Cervantes y Harfuch avanzan

Delfina Gómez Álvarez encontró en José Luis Cervantes Martínez y Omar García Harfuch a dos aliados fundamentales para enfrentar uno de los mayores desafíos de su gobierno: recuperar la seguridad y cerrar los espacios de impunidad que durante años permitieron crecer a las redes de corrupción en el Estado de México.

Por Raúl García Araujo

La gobernadora entendió que un problema de esta magnitud no se resuelve con esfuerzos aislados, sino con coordinación, inteligencia y decisiones firmes.

Los resultados comienzan a verse en las calles y también en los expedientes judiciales. Mientras Delfina Gómez conduce la estrategia desde el gobierno estatal, Cervantes Martínez, al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha asumido una tarea fundamental: investigar a quienes utilizan el servicio público para delinquir y llevar esas investigaciones hasta sus últimas consecuencias.

La coordinación con García Harfuch permite que esa inteligencia se traduzca en operativos de alto impacto.

El reciente desmantelamiento de una presunta red de extorsión contra propietarios de verificentros y estaciones de servicio es una muestra de ello.

La Fiscalía mexiquense, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y fiscalías de otras entidades, cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos servidores públicos señalados por su probable participación en esa estructura.

Según la investigación, habrían exigido cuotas ilegales y utilizado sus cargos para presionar a las víctimas, generando recursos ilícitos por varias decenas de millones de pesos mensuales.

Aquí el trabajo de Cervantes Martínez adquiere especial relevancia. La Fiscalía no se limitó a recibir denuncias: siguió las líneas de investigación, identificó a presuntos integrantes de la red y consiguió órdenes de aprehensión.

De acuerdo con las indagatorias, uno de los detenidos habría tenido vínculos políticos con el Partido Verde y habría utilizado esa cercanía como presunta protección para intimidar a quienes se negaban a pagar.

Las responsabilidades deberán determinarse ante los tribunales, pero el mensaje político es contundente: ninguna relación partidista puede convertirse en blindaje para quien abuse de un cargo público.

La estrategia también está dando resultados en materia de homicidio doloso. El promedio diario pasó de 6.6 casos en septiembre de 2024 a 2.7 en julio de 2026, una reducción cercana al 59 por ciento.

La cifra por sí sola no resuelve el problema de seguridad, pero sí muestra una tendencia que sería irresponsable ignorar.

Delfina Gómez tiene ahora la responsabilidad de mantenerla, mientras Cervantes Martínez profundiza las investigaciones y García Harfuch sostiene la coordinación federal que permite convertir inteligencia en resultados.

El verdadero reto está en no bajar la guardia. Porque combatir la inseguridad no significa solamente detener delincuentes; también significa desmontar las redes de corrupción que les permiten operar, investigar a quienes desde las instituciones les abren la puerta y cortar las complicidades que durante años hicieron posible la impunidad.

En esa tarea, Cervantes Martínez tiene una responsabilidad central: seguir la ruta del dinero, identificar a todos los involucrados y llegar hasta donde conduzcan las investigaciones.

Delfina Gómez ha apostado por una estrategia en la que el gobierno estatal y la Federación trabajan sobre los mismos objetivos.

Cervantes Martínez pone la investigación y la procuración de justicia; García Harfuch, la inteligencia y la coordinación federal; y la gobernadora, la conducción política para que esa estrategia tenga continuidad.

Si los resultados se mantienen, el Estado de México estará demostrando que recuperar la seguridad también pasa por recuperar la autoridad.

Porque el mensaje de fondo es mucho más poderoso que cualquier estadística: cuando el Estado decide investigar a los intocables, perseguir la corrupción y cerrar las puertas de la impunidad, el poder deja de ser refugio para los corruptos y vuelve a estar del lado de la gente.

En Cortito

Nos cuentan que Azucena Cisneros Coss decidió enfrentar de frente uno de los mayores lastres de cualquier gobierno: la corrupción desde adentro.

Con “Ecatepec Sin Mordidas”, la alcaldesa pone en manos de los ciudadanos una herramienta para denunciar, incluso de forma anónima, a servidores públicos que pidan dinero, abusen de su autoridad o utilicen el cargo para beneficio personal.

La plataforma permite obtener un folio, dar seguimiento a la denuncia y proteger los datos del ciudadano.

La apuesta es clara: que la corrupción deje de combatirse solamente con discursos. La denuncia deberá convertirse en investigación y, cuando existan responsabilidades, en sanción.

La policía municipal es el mejor ejemplo. El gobierno de Ecatepec reporta 510 procedimientos administrativos para separar a malos elementos y 138 policías han sido separados por causas disciplinarias y de control institucional, entre ellos casos derivados de quejas ciudadanas y controles de confianza.

Pero la estrategia también busca profesionalizar a quienes sí cumplen. Los policías municipales ganan actualmente 14 mil pesos mensuales y próximamente recibirán 16 mil, además de mejoras en capacitación y equipamiento.

La lógica es sencilla: cero tolerancia para quien abuse de la placa, pero mejores condiciones para quienes cumplen con su deber.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Armenta entrega resultados a Sheinbaum

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Armenta entrega resultados a Sheinbaum

La visita de la presidente Claudia Sheinbaum a Puebla el próximo domingo tiene una lectura que va mucho más allá de la agenda oficial.

Por Raúl García Araujo

En el círculo cercano de la mandataria saben que Alejandro Armenta llega a ese encuentro con resultados bajo el brazo y con una propuesta que, de concretarse, cambiaría la proyección turística y económica del estado para los próximos años.

No es casualidad que la gira ocurra cuando Puebla acaba de asegurar la sede del Tianguis Turístico 2027.

El mensaje político es evidente: mientras otras entidades siguen compitiendo por atraer inversiones y eventos internacionales, el gobierno poblano ya tiene en sus manos el escaparate más importante de la industria turística del país.

La noticia no es menor. Después de un proceso de evaluación, Puebla convenció a los principales organismos del sector de que cuenta con la infraestructura, la conectividad, la oferta hotelera y las condiciones para organizar un encuentro que reunirá a compradores nacionales e internacionales.

En términos políticos, el logro también representa un voto de confianza a la estrategia que la administración estatal ha impulsado desde el inicio de su gestión.

Pero quienes conocen la ruta que seguirá la conversación entre la presidenta Sheinbaum y el gobernador aseguran que ese será apenas el primer tema.

Alejandro Armenta pondrá sobre la mesa un proyecto todavía más ambicioso: abrir la puerta para que Puebla sea sede de los Latin Grammy en 2027.

La propuesta ya comenzó a analizarse bajo una premisa que el mandatario considera innegociable: que exista una participación importante de la iniciativa privada para que el beneficio económico supere ampliamente la inversión pública.

No sería la primera vez que una decisión de esa naturaleza genera debate. También ocurrió cuando se cuestionó la inversión destinada para traer a la Selección de España.

Al final, los estudios realizados por el propio gobierno concluyeron que la derrama económica para hoteles, restaurantes y prestadores de servicios justificó la apuesta.

Ese precedente hoy fortalece el argumento para pensar en un evento de alcance global.

Hay otro elemento que tampoco pasará desapercibido.

Armenta aprovechará la visita presidencial para entregar un balance de los primeros 600 días de su administración.

No será un documento para acumular cifras ni para alimentar discursos.

La intención es mostrar cómo las decisiones de gobierno comienzan a reflejarse en crecimiento económico, mayor actividad turística, mejores indicadores de seguridad, atracción de inversiones y posicionamiento nacional.

Más de uno en Morena observa con atención ese momento. No solamente porque Puebla se ha convertido en una de las entidades con mayor dinamismo, sino porque la evaluación presidencial suele medir mucho más que indicadores.

También pesa la capacidad de gobernar, cumplir compromisos y mantener una agenda alineada con las prioridades nacionales.

Por eso la gira del domingo difícilmente será protocolaria. Claudia Sheinbaum llegará a un estado que presume resultados, pero también proyectos de largo alcance.

Y en política, cuando un gobernador presenta avances concretos y además plantea nuevas metas, el mensaje suele ser uno: no está administrando el presente; está buscando construir el futuro.

En Cortito

Nos cuentan que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, y su equipo de trabajo tienen ante sí una responsabilidad que va mucho más allá de realizar ajustes administrativos o aceptar la salida de funcionarios.

La crisis generada por las irregularidades detectadas en el primer examen de admisión en línea para licenciatura exige una investigación profunda que permita conocer qué ocurrió, quiénes fueron responsables y qué fallas hicieron posible que un proceso tan sensible para miles de aspirantes quedara bajo cuestionamiento.

El nombramiento de Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario general de la UNAM, en sustitución de Patricia Dolores Dávila Aranda, representa una respuesta inmediata ante la polémica, pero no puede convertirse en el punto final de un problema que afecta directamente la credibilidad de la máxima casa de estudios del país.

La UNAM no sólo es una institución educativa; es un referente nacional e internacional construido durante décadas sobre la base de su rigor académico, transparencia y confianza social.

Por ello, el rector Lomelí debe ir más allá de los cambios en su equipo cercano y encabezar una revisión exhaustiva que permita deslindar responsabilidades, corregir procesos y garantizar que ningún interés interno o externo haya puesto en riesgo el prestigio de la Universidad.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Kukulcán: la estrategia que silenció a los críticos

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Kukulcán: la estrategia que silenció a los críticos

La apuesta por el fracaso de México quedó sepultada con el silbatazo final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Por Raúl García Araujo                                            

Quienes durante meses anunciaron escenarios de violencia, caos y desorden para desacreditar al gobierno de Claudia Sheinbaum se quedaron sin argumentos.

El mundo encontró un país capaz de garantizar la seguridad de millones de visitantes y de organizar con éxito el evento deportivo más importante del planeta.

Detrás de ese resultado hubo una estrategia de Estado que llevó un solo nombre: Plan Kukulcán.

Mientras algunos intentaban instalar la narrativa de que la inseguridad convertiría a México en noticia internacional por las razones equivocadas, las calles de la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llenaron de aficionados de todas las nacionalidades.

Los turistas regresaron hablando de la riqueza cultural del país, de la hospitalidad de su gente, de la gastronomía, de la música y de una fiesta que desbordó estadios, plazas y Fan Fest. La realidad terminó derrotando al discurso del miedo.

El éxito del Plan Kukulcán no fue producto de la casualidad ni de la improvisación. Fue el resultado de meses de planeación, inteligencia y coordinación entre las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, gobiernos estatales y municipales.

Más de 124 mil 500 elementos participaron en una operación que difícilmente tiene precedente por su dimensión y capacidad de respuesta.

El despliegue fue tan amplio como estratégico. Más de 20 mil efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, mil 474 vehículos, aeronaves, radares, sistemas antidrones, binomios caninos especializados, caballos y tecnología para detectar explosivos y agentes químicos formaron parte de un dispositivo diseñado para anticiparse a cualquier riesgo.

No se trató únicamente de reaccionar ante una eventualidad, sino de impedir que ocurriera.

Ahí radica el mayor mérito del Plan Kukulcán. Mientras millones de personas disfrutaban de los partidos y recorrían las ciudades sede con absoluta normalidad, las áreas de inteligencia trabajaban de manera permanente para identificar amenazas y neutralizar cualquier intento de desestabilización.

En los grandes eventos internacionales, el verdadero éxito consiste precisamente en que la seguridad pase inadvertida porque todo funciona como fue planeado.

También quedó en evidencia el fracaso de quienes buscaron utilizar el Mundial como una herramienta de presión política.

La CNTE intentó convertir la atención internacional en un mecanismo de chantaje para empañar el torneo y colocar al gobierno federal contra las cuerdas.

Sin embargo, las movilizaciones nunca lograron robarle protagonismo a una competencia que terminó siendo recordada por la convivencia, la organización y el ambiente de celebración que se vivió en las tres sedes mundialistas.

Por eso, la ceremonia encabezada por la mandataria Claudia Sheinbaum para reconocer a quienes integraron el Plan Kukulcán tuvo un significado que va mucho más allá del protocolo.

Fue el reconocimiento a miles de mujeres y hombres que demostraron que las instituciones del Estado mexicano pueden coordinarse con eficacia cuando existe un objetivo nacional.

También fue un mensaje para quienes dudaban de la capacidad del país para responder a un reto de esta magnitud.

El Mundial dejó beneficios económicos, fortaleció la imagen internacional de México y confirmó que el país tiene la capacidad para organizar eventos de talla global.

Pero, sobre todo, dejó una lección política imposible de ignorar: las campañas de descrédito pueden generar titulares, pero nunca podrán sustituir a los resultados.

El Plan Kukulcán no solo protegió estadios, selecciones y aficionados; protegió el prestigio de México frente al mundo y demostró que, cuando las instituciones actúan con inteligencia, coordinación y compromiso, el país es mucho más grande que la narrativa de sus detractores.

En Cortito

Nos cuentan que durante años hablar de Ecatepec era casi sinónimo de abandono, inseguridad y rezago.

El municipio más poblado del estado de México cargó durante mucho tiempo con una imagen marcada por la falta de atención, la desconfianza ciudadana y la percepción de que sus comunidades estaban olvidadas por las autoridades.

Sin embargo, esa historia comienza a modificarse. Hoy se impulsa una estrategia que busca recuperar el territorio desde la cercanía con la gente, la atención directa a las comunidades y la coordinación entre instituciones.

En materia de seguridad, la estrategia impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum, aplicada en Ecatepec por la policía municipal en coordinación con la Secretaría de Marina y con la participación de los tres niveles de gobierno, empieza a reflejar resultados en la percepción ciudadana.

De acuerdo con los datos presentados, la percepción de inseguridad disminuyó 8.9 puntos, mientras que la confianza en la capacidad de las corporaciones policiales aumentó de 13 a 47 por ciento.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha destacado que estos avances tienen un significado especial porque ocurren precisamente en un territorio de enormes dimensiones y con una complejidad social acumulada durante décadas.

El desafío para el gobierno municipal será mantener este ritmo y convertir los avances iniciales en una transformación de fondo, ya que de lograrlo, la presidenta municipal marcará un antes y un después en Ecatepec.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: El “Mayito Flaco” y “El Geras” desafían Zacatecas

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | El “Mayito Flaco” y “El Geras” desafían Zacatecas

La masacre de diez personas en Zacatecas no sólo volvió a teñir de sangre a la entidad; también dejó al descubierto el tamaño del fracaso de la estrategia de seguridad del gobernador David Monreal Ávila.

Por Raúl García Araujo                                            

Cuando un grupo criminal es capaz de privar de la libertad a sus víctimas, asesinarlas con extrema violencia, abandonar sus cuerpos en distintos puntos del estado y después difundir un video para adjudicarse los hechos y lanzar amenazas, queda claro que algo no está funcionando.

El discurso oficial insiste en que existe coordinación, inteligencia y estrategia. Los hechos cuentan otra historia.

Si realmente existiera un trabajo de inteligencia eficaz, las autoridades habrían detectado los movimientos de las células criminales antes de que consumaran una operación de semejante magnitud.

La prevención brilló por su ausencia y la reacción llegó cuando el daño ya era irreversible.

El gobierno estatal presume reuniones permanentes de la Mesa de Construcción de Paz, operativos conjuntos y coordinación institucional.

Sin embargo, la realidad vuelve a imponerse. Los grupos criminales continúan demostrando capacidad para operar, movilizarse y sembrar terror en distintos municipios sin que las instituciones logren anticiparse a sus acciones.

La difusión del video atribuido a una facción del Cártel de Sinaloa, cuya autenticidad es investigada por las autoridades, representa además un desafío abierto al Estado mexicano.

El mensaje pretende exhibir fuerza, intimidar a las autoridades y enviar una señal de dominio territorial en una entidad donde desde hace años mantienen una disputa violenta el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En ese escenario aparecen nuevamente dos nombres que ocupan un lugar prioritario para el gabinete de seguridad federal: Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, señalado como uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa, y Gerardo González Ramírez, “El Geras”, identificado por autoridades federales como operador regional del CJNG en la zona limítrofe entre Jalisco y Zacatecas.

Mientras ambos grupos mantienen su confrontación, son los ciudadanos quienes pagan el costo de una guerra que parece no tener fin.

Lo verdaderamente preocupante es que los criminales actúan con una audacia que sólo puede explicarse por la enorme capacidad operativa que conservan.

Zacatecas se ha convertido en un terreno donde las organizaciones criminales desafían constantemente a las instituciones, ejecutan acciones de alto impacto y buscan imponer el miedo como mecanismo de control.

Esa realidad obliga a preguntarse si la inteligencia estatal está produciendo resultados acordes con la gravedad del problema.

La mandataria Claudia Sheinbaum no dejó pasar el mensaje.

El reforzamiento inmediato del gabinete de seguridad y la decisión de encomendar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el seguimiento de las investigaciones reflejan que la Federación considera este caso una prioridad nacional.

Cuando el gobierno federal asume directamente la conducción de una investigación de esta magnitud, también envía una señal de la urgencia de fortalecer la respuesta institucional en Zacatecas.

David Monreal asegura que no permitirá el regreso de los años más violentos. Sin embargo, la ciudadanía juzga por resultados, no por discursos.

Y los resultados muestran una realidad difícil de ocultar: mientras las autoridades reaccionan, las organizaciones criminales continúan marcando el ritmo de la violencia.

La paz no regresará con conferencias de prensa ni con balances optimistas.

Regresará cuando el trabajo de inteligencia permita anticipar los golpes del crimen, detener a sus principales generadores de violencia y devolver a los zacatecanos la certeza de que el Estado es quien ejerce la autoridad, y no quienes pretenden desafiarla con sangre y terror.

En Cortito

Nos cuentan que los ciudadanos ya no quieren políticos de escritorio. Quieren dirigentes que caminen las calles, que escuchen sus problemas y que estén presentes cuando más los necesitan.

En Morelos, el PAN parece haber entendido ese mensaje antes que sus adversarios.

Mientras otros partidos permanecen concentrados en la comodidad de las oficinas, los discursos y las estrategias de coyuntura, Acción Nacional decidió regresar al territorio, al lugar donde realmente se construye la confianza ciudadana: el contacto directo con la gente.

Los dos principales referentes del panismo morelense, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, y el diputado local, Daniel Martínez, entendieron el momento político que vive la entidad y comenzaron a cambiar la forma de hacer política.

Dejaron atrás la lógica de esperar los tiempos electorales para salir al encuentro de los ciudadanos y apostaron por una presencia permanente en colonias y comunidades.

La lectura es clara: una elección no se construye solamente durante las campañas. Se gana con anticipación, con trabajo constante y con la capacidad de transformar las preocupaciones de la gente en propuestas reales.

Por eso, recorrer las calles, escuchar las demandas de las familias y conocer de primera mano sus necesidades se convierte en una herramienta política que puede marcar la diferencia.

La estrategia empieza a generar contraste. Mientras algunos partidos parecen confiar únicamente en la fuerza de sus estructuras, los mensajes en redes sociales o las reuniones internas, el PAN apuesta por recuperar la cercanía y reconstruir el vínculo con una ciudadanía que cada vez exige más resultados y menos promesas.

Bajo el liderazgo de José Luis Urióstegui Salgado, Acción Nacional busca reposicionarse como una fuerza política cercana, capaz de escuchar, acompañar y representar las preocupaciones de los morelenses.

El reto es mantener esa ruta y convertir la presencia territorial en una organización sólida rumbo al proceso electoral de 2027.

En política, los tiempos importan. Quienes entienden que el trabajo comienza mucho antes de las urnas tienen una ventaja frente a quienes aparecen únicamente cuando buscan el voto.

El PAN parece haber asumido esa realidad y apuesta por construir desde ahora una relación distinta con los ciudadanos.

Si mantiene esta estrategia de cercanía y presencia permanente, Acción Nacional podría estar edificando una fortaleza que sus adversarios todavía no dimensionan.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Teocaltiche: El silencio también desaparece

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Teocaltiche: El silencio también desaparece

En Teocaltiche, Jalisco, ya no basta con contar desaparecidos. También hay que contabilizar el silencio.

Por Raúl García Araujo                                            

Ese que se instaló en las calles, en los hogares y, sobre todo, en las familias que prefieren guardar el dolor antes que acudir a una autoridad por miedo a convertirse en la siguiente víctima.

Es el silencio de un municipio donde el crimen organizado parece imponer sus reglas mientras el Estado observa desde la distancia. Un silencio que no significa paz, sino terror.

Detrás de la aparente calma que algunos intentan proyectar existe una realidad inocultable.

En lo que va de 2026 suman al menos doce desapariciones de personas, aunque la cifra podría ser mayor porque varias familias jamás denunciaron los hechos.

El miedo terminó por vencer la esperanza de encontrar justicia.

Los testimonios retratan mejor que cualquier estadística la dimensión de la tragedia. Una hermana relata cómo hombres armados interceptaron la motocicleta en la que viajaba con Sergio Daniel Fuentes Ramos, de apenas 15 años.

Le preguntaron su nombre, su edad, le tomaron fotografías y se lo llevaron con la promesa de que solo respondería unas preguntas. Nunca regresó.

Durante meses la familia decidió guardar silencio. No por falta de interés, sino por miedo. Ese dato explica con crudeza el nivel de control que ejerce la delincuencia sobre buena parte del municipio.

La historia volvió a repetirse con Erick Arturo Gómez Aguilera, un joven de 21 años dedicado a la construcción. El pasado 13 de junio fue privado de la libertad por hombres armados que irrumpieron en la casa de un amigo en la colonia El Nejayote.

Preguntaron quién era “Palito”, lo subieron a una camioneta blanca y desapareció.

Un mes después, su familia rompió el silencio y acudió a los medios de comunicación para hacer pública su desesperación.

Su madre lanzó un llamado que resume el sentimiento de decenas de hogares: que le devuelvan a su hijo y que las autoridades, por fin, hagan algo.

Nada indica que estos hechos sean aislados. Habitantes del municipio aseguran que, durante las noches, grupos armados ingresan para llevarse a jóvenes y adultos.

La desaparición parece haberse convertido en un mecanismo sistemático de control criminal.

Las cifras oficiales muestran una tendencia alarmante. En 2025 fueron denunciadas 28 desapariciones en Teocaltiche, un crecimiento drástico respecto de las cinco registradas en 2024, las ocho de 2023 y las tres de 2022.

Sin embargo, esos números tampoco reflejan toda la realidad.

Hay expedientes que nunca llegaron al Ministerio Público porque las familias decidieron callar para proteger a quienes aún permanecen en casa.

No es casualidad que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses haya desplegado una brigada regional para recibir muestras de ADN incluso de familiares que nunca presentaron una denuncia formal.

La medida reconoce una verdad incómoda: en esta región el miedo también desapareció las denuncias.

Mientras tanto, resulta inevitable voltear hacia Casa Jalisco.

Llama la atención que el gobernador Pablo Lemus prácticamente haya dejado de mencionar la crisis de seguridad que vive Teocaltiche, aun después del ataque perpetrado en febrero contra el cuartel de la Guardia Nacional, donde un elemento perdió la vida y otro más resultó herido tras una agresión atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El silencio institucional contrasta con la angustia cotidiana de las familias.

Por ello, cada vez cobra más fuerza la expectativa de que sea el gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien encabece una estrategia capaz de recuperar el control de un municipio donde la autoridad parece haber cedido demasiados espacios.

Porque el problema de Teocaltiche ya no consiste únicamente en que desaparezcan personas.

Lo verdaderamente preocupante es que también desaparecieron la confianza ciudadana, la denuncia y la certeza de que el Estado puede proteger a sus habitantes.

Cuando una familia considera más seguro callar que acudir a la autoridad, el crimen organizado ya consiguió una de sus mayores victorias.

En Cortito

Nos cuentan que la captura de Rafael “N.”, señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de los ataques con arma de fuego contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, envía un mensaje relevante: en Puebla las investigaciones ya no descansan únicamente en la reacción policial, sino en un trabajo coordinado de inteligencia, investigación de campo y análisis pericial.

La detención no solo busca esclarecer los hechos recientes, sino abrir la puerta para revisar si detrás de estos ataques existe un patrón criminal que durante años pasó inadvertido.

La ruta de investigación cobra mayor importancia porque diversos testimonios apuntan a que incidentes similares pudieron registrarse desde 2018.

A ello se suman los homicidios ocurridos en noviembre de 2023 sobre el mismo corredor de Angelópolis. Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido un vínculo entre esos casos y el detenido, pero la revisión de peritajes balísticos, denuncias, reportes de daños y evidencia acumulada permitirá determinar si se trata de hechos aislados o de una misma secuencia delictiva que nunca fue plenamente investigada.

En este contexto, destaca la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta, quien ha insistido en fortalecer la coordinación entre las instituciones estatales, la Fiscalía y las fuerzas federales para privilegiar la inteligencia sobre la improvisación.

El seguimiento de evidencia científica, el trabajo de campo y la integración de información criminal se han convertido en herramientas fundamentales para construir investigaciones sólidas y judicializar los casos con mayores elementos de prueba.

La detención del presunto responsable no representa el cierre del caso, sino el inicio de una etapa en la que los estudios balísticos, las pruebas periciales y el análisis criminal serán determinantes para esclarecer si durante varios años existió un agresor que operó con impunidad en uno de los corredores más transitados de la zona metropolitana de Puebla.

Más allá del impacto mediático de la captura, lo verdaderamente relevante será la capacidad institucional para reconstruir los hechos y ofrecer certeza jurídica a las víctimas.

Si las indagatorias confirman que existía una misma línea criminal detrás de estos hechos, no solo se habrá detenido a un presunto agresor, sino que se habrá demostrado que la inteligencia, el trabajo de campo y la ciencia forense son las herramientas más eficaces para combatir la impunidad.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Puebla gana terreno a la delincuencia

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | Puebla gana terreno a la delincuencia

Durante años, la seguridad fue uno de los mayores desafíos para Puebla.

Por Raúl García Araujo                                            

La presencia de grupos criminales y el crecimiento de actividades ilícitas pusieron a prueba la capacidad de las instituciones.

Hoy, una nueva estrategia comienza a cambiar esa narrativa con resultados que empiezan a marcar una diferencia.

La administración de Alejandro Armenta ha decidido enfrentar el problema desde una visión distinta: inteligencia, coordinación y contundencia operativa.

No se trata únicamente de reaccionar ante los delitos, sino de anticiparse a las estructuras criminales y debilitar sus capacidades antes de que generen mayor daño.

Los resultados hablan por sí mismos. Durante junio de 2026, Puebla registró una disminución del 37.3 por ciento en homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra más baja en los últimos 11 años.

Un dato que refleja el impacto de una estrategia enfocada en proteger la vida de las personas.

Detrás de esta reducción existe un trabajo permanente de las corporaciones de seguridad del Estado.

La inteligencia operativa se ha convertido en una herramienta fundamental para ubicar objetivos prioritarios, investigar redes criminales y actuar contra quienes pretenden imponer la violencia como forma de operación.

Las acciones contra integrantes presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación muestran que Puebla está enfrentando a grupos de alta capacidad delincuencial.

El objetivo no es solamente detener operadores, sino desarticular las cadenas de mando y afectar la estructura que permite su funcionamiento.

En el mismo sentido avanza el combate al huachicol, uno de los delitos que durante años generó importantes ganancias para organizaciones criminales.

Los aseguramientos de hidrocarburo, vehículos, inmuebles y equipos utilizados para esta actividad representan golpes directos a las finanzas de estas redes.

La estrategia poblana también tiene un componente clave: la coordinación con las instituciones federales.

El gobierno de Alejandro Armenta trabaja de manera conjunta con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y con el secretario de Marina, Raymundo Morales.

La delincuencia organizada no reconoce límites territoriales y por ello la respuesta del Estado tampoco puede estar dividida.

La suma de capacidades entre autoridades estatales y federales permite construir operaciones más efectivas y enfrentar amenazas que requieren una visión nacional.

El mensaje político es evidente: en Puebla la autoridad decidió recuperar la iniciativa.

La seguridad no puede quedar en manos de los criminales ni depender de acciones improvisadas; requiere dirección, inteligencia y una estrategia permanente que tenga como prioridad a las familias.

Estos resultados representan un avance, pero también una responsabilidad mayor.

La ciudadanía no espera únicamente cifras positivas, espera instituciones que mantengan el ritmo, que fortalezcan la prevención y que actúen con firmeza cuando la ley sea vulnerada.

Puebla está demostrando que la coordinación y la inteligencia pueden modificar escenarios complejos.

La lucha contra la delincuencia continúa, pero hoy existe una señal clara: el Estado está recuperando terreno y la impunidad encuentra cada vez menos espacios.

Porque la seguridad no se construye con promesas, sino con decisiones, resultados y la capacidad de devolverle a la sociedad algo que durante mucho tiempo exigió: tranquilidad.

En Cortito

“No se hagan bolas”, parafraseando la célebre expresión de la política mexicana. Aunque aún falta tiempo para que inicie formalmente el proceso electoral de 2027, en Acción Nacional las señales comienzan a ser claras.

Daniel Martínez Terrazas se ha convertido en uno de los perfiles con mayor presencia para buscar la alcaldía de Cuernavaca.

Su trabajo desde el Congreso de Morelos ha ido acompañado de un intenso recorrido por colonias y barrios de la capital, donde mantiene un contacto permanente con liderazgos sociales y vecinos para recoger propuestas y atender las principales demandas ciudadanas.

La lógica política tiene explicación. Cuernavaca concentra el mayor peso electoral de Morelos y representa la plaza más importante rumbo a la sucesión gubernamental de 2030.

Mantener la capital significaría para el PAN preservar su principal bastión político, mientras que perderla abriría una oportunidad estratégica para Morena.

En ese contexto, Daniel Martínez Terrazas es visto dentro del panismo como una figura con posibilidades de dar continuidad al proyecto encabezado por el alcalde José Luis Urióstegui Salgado, cuya administración ha fortalecido su perfil político a partir de resultados en rubros como disciplina financiera, fortalecimiento institucional y seguridad pública.

Mientras otros apenas comienzan a posicionarse, Martínez Terrazas ha privilegiado el trabajo territorial.

En política, la construcción de confianza difícilmente se logra desde una oficina; requiere presencia constante, organización y capacidad para escuchar.

Aún falta camino por recorrer y serán los tiempos internos del PAN los que definan la candidatura.

Sin embargo, cuando un proyecto político busca continuidad, suele privilegiar perfiles con presencia territorial, conocimiento del municipio y capacidad para cohesionar a la militancia.

Bajo esa lógica, Daniel Martínez Terrazas aparece hoy como uno de los nombres más visibles en la conversación panista para competir por la capital morelense, una elección que, por su peso político y electoral, también será determinante para el rumbo de Morelos hacia 2030.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: A 7 años de la Guardia Nacional

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Opinión | Raúl García Araujo – En Corto | A 7 años de la Guardia Nacional

Siete años después de su creación, la Guardia Nacional terminó por convertirse en una de las apuestas institucionales más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por Raúl García Araujo                                            

El tiempo ha dado elementos para afirmar que la decisión de crear una nueva corporación nacional de seguridad no fue equivocada, sino una de las transformaciones más relevantes en la estrategia para recuperar la paz.

Los datos que acompañan este aniversario muestran una institución con mayor capacidad operativa, presencia territorial y reconocimiento ciudadano.

La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi revela que siete de cada diez mexicanos confían en la Guardia Nacional, colocándola como una de las corporaciones de seguridad con mayor aprobación entre la población.

La evolución también puede medirse en su crecimiento. De poco más de 78 mil integrantes pasó a superar los 125 mil elementos desplegados en las 32 entidades del país, respaldados por 590 cuarteles distribuidos estratégicamente, lo que les permite responder con mayor rapidez a las necesidades de seguridad y mantener una presencia permanente en prácticamente todo el territorio nacional.

A diferencia de lo que ocurría con la extinta Policía Federal, cuyos elementos debían hospedarse durante días o incluso meses en hoteles cuando participaban en operativos de alto impacto, la Guardia Nacional dispone hoy de instalaciones propias en todo el país.

Esa infraestructura representa una ventaja logística que fortalece su capacidad de reacción, reduce costos operativos y brinda mejores condiciones para el desempeño de sus funciones.

Otro de los cambios relevantes ha sido la coordinación permanente con los gobiernos estatales y municipales.

La comunicación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido construir estrategias conjuntas para combatir al crimen organizado, compartir labores de inteligencia y fortalecer la presencia institucional en regiones donde antes predominaban esfuerzos aislados.

Esa coordinación ya ofrece resultados en distintas entidades. En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta ha reiterado que el trabajo conjunto con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las corporaciones estatales fortalece las acciones para preservar la paz y enfrentar a la delincuencia.

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En Morelos, el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, también ha reconocido que la estrecha colaboración entre las instituciones de seguridad ha permitido mejorar la comunicación, fortalecer las estrategias operativas y avanzar en la recuperación de la tranquilidad para las familias.

La mandataria Claudia Sheinbaum ha señalado que la Guardia Nacional constituye uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad.

A la atención de las causas de la violencia se suman el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación institucional, una fórmula que busca consolidar una política de seguridad con presencia territorial y capacidad operativa.

Los resultados también respaldan esa consolidación. El comandante de la Guardia Nacional, general de División de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, informó que la corporación ha logrado la detención de más de 45 mil personas relacionadas con hechos delictivos, el aseguramiento de más de 23 mil armas de fuego, el decomiso de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de más de 2 mil laboratorios clandestinos para la elaboración de narcóticos.

A ello se suma el crecimiento estructural de la institución, que proyecta alcanzar 170 mil elementos al término de la presente administración.

Por supuesto, nadie puede afirmar que el problema de la inseguridad esté resuelto. México continúa enfrentando enormes desafíos en el combate a la delincuencia.

Pero también es cierto que la Guardia Nacional ha dejado de ser una promesa para convertirse en una institución sólida, disciplinada, con presencia nacional, infraestructura propia y una confianza ciudadana que la coloca entre las corporaciones de seguridad mejor evaluadas del país.

La historia suele poner cada decisión pública en su justa dimensión.

En el caso de la Guardia Nacional, el paso del tiempo parece confirmar que Andrés Manuel López Obrador acertó al impulsar una nueva corporación de seguridad.

Los resultados, la coordinación con los estados y municipios, la confianza de los mexicanos y su consolidación institucional terminan por hablar más fuerte que las descalificaciones que acompañaron su nacimiento hace siete años.

En Cortito

Nos cuentan que en un contexto donde la inseguridad no reconoce límites territoriales, Ecatepec y Tecámac decidieron enviar un mensaje que también tiene lectura política: la coordinación comienza a imponerse sobre la competencia entre gobiernos municipales.

El Operativo Interinstitucional Ecatepec-Tecámac, que moviliza cerca de 280 elementos y 73 unidades de los tres órdenes de gobierno, no sólo representa un despliegue de fuerza pública.

También evidencia que las alcaldesas Azucena Cisneros y Rosi Wong entienden que los delitos de alto impacto se desplazan con facilidad entre municipios y que enfrentarlos exige dejar atrás las fronteras administrativas.

La apuesta es clara: patrullajes coordinados en las colonias limítrofes para inhibir la incidencia delictiva y detectar a los generadores de violencia antes de que consoliden sus operaciones.

Azucena Cisneros sostiene que el modelo impulsado con el respaldo de la Secretaría de Marina–Armada de México ya arroja resultados en Ecatepec, con reducciones en delitos como extorsión, homicidio doloso y robo de vehículos.

Ahora el desafío será demostrar que esos avances pueden replicarse en una estrategia regional y no quedarse como cifras aisladas de un solo municipio.

Periodista mexicano | Twitter @araujogar

Columna anterior: Morena ante su prueba de fuego

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