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Exfuncionario Segob autorizó apuestas en línea a empresa vinculada con familiares de Amílcar Olán: MCCI

Gobernación otorgó permiso para operar apuestas en línea a empresa ligada a Amílcar Olán

Por Iván Alamillo | MCCI                                           

Apenas 24 horas antes de dejar su cargo, Manuel Marcué, director de Juegos y Sorteos del gobierno de AMLO, autorizó la operación de apuestas por internet a una empresa del abuelo materno de Amílcar Olán. El funcionario que otorgó el permiso desarrolló su carrera al lado de Adán Augusto López cuando fue gobernador y luego en la Secretaría de Gobernación. Durante su paso por la administración tabasqueña, Marcué otorgó contratos por más de $214 millones a Romedic, otra empresa de Amílcar, amigo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente

Un día antes de dejar la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, su extitular, Manuel Marcué Díaz, otorgó un permiso para operar apuestas vía internet a una empresa en la que participaron el contador y el abuelo de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de los hijos del expresidente López Obrador.

Marcué Díaz fue nombrado director general de Juegos y Sorteos en enero de 2022 por el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La relación entre ambos se remonta a la gubernatura de López Hernández en Tabasco. Durante su gestión, Marcué Díaz fue designado como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud estatal, cargo desde el cual benefició con contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic SA de CV, compañía de reciente creación propiedad de Amílcar Olán, como reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El 28 de junio de 2023, en uno de sus últimos actos al frente de Juegos y Sorteos, Marcué Díaz entregó a Superjuegos Robin SA de CV –empresa que desde septiembre de 2021 contaba con un permiso para operar casinos– una autorización para captar apuestas en línea en conjunto con Operadora de Entretenimientos y Espectáculos Deportivos Luxury de México SA de CV a través de los sitios betwarrior.mx y betwarrior.com.mx. Su declaración patrimonial de conclusión muestra que dejó el cargo un día después, el 29 de junio.

Actas del Registro Público de Comercio consultadas por MCCI muestran que Operadora de Entretenimientos y Espectáculos Deportivos Luxury de México tuvo como comisario al contador de Amílcar Olán, Jesús Medina Córdova, y como miembro del consejo de administración a su abuelo materno, Amílcar Aparicio Sánchez, quien habría sido usado como prestanombres en al menos otras dos sociedades.

Medina Córdova también fue comisario de Portacelis Gas and Oil SA de CV, compañía ligada a Amílcar Olán que fue denunciada por la Secretaría de Hacienda ante la FGR por subdeclarar más de 83 millones de litros de combustible que importó mediante operaciones de huachicol fiscal, lo que causó un daño al fisco de 834 millones de pesos, como dio a conocer el diario Reforma.

Luxury de México fue constituida en enero de 2023 –cinco meses antes de recibir el permiso para operar apuestas en internet– y tiene como accionistas a los hermanos Óscar Ariel Salgado Soto y Lilian Salgado Soto. 

Las actas mercantiles disponibles no permiten conocer si los presuntos testaferros de Amílcar Olán ingresaron a la estructura de la empresa antes o después de la autorización de Juegos y Sorteos.

El 17 mayo de 2024, la compañía celebró una asamblea en la que su contador y su abuelo renunciaron a sus cargos. Sin embargo, no existe registro de cuándo entraron a la sociedad ni del cargo que tenía su abuelo en el consejo de administración.

En esa misma asamblea, también presentó su renuncia al consejo de administración un personaje cuya identidad y participación en la trama de Amílcar Olán y los hijos del expresidente López Obrador permanecían ocultos hasta hace poco. ¿Su nombre? Víctor Hugo Rosales Angulo.

Pasa del outsourcing ilegal a los negocios con Amílcar Olán

El pasado 24 de septiembre, MCCI dio a conocer que, mientras recibía contratos millonarios en el gobierno de AMLO, Amílcar Olán se convirtió en copropietario de un terreno ubicado en la calle de Sócrates 211 –en el corazón de la colonia Polanco– sobre el que desarrolló un edificio de departamentos de lujo que fue clausurado por construir un quinto piso ilegal.

Uno de los socios de Amílcar en ese inmueble es Baux Inmobiliario SA de CV, empresa administrada por Margarita Rosales Angulo e Irasema Joselyn García Rosales, hermana y sobrina de Víctor Hugo Rosales Angulo, quien, como ahora revela MCCI, también participaba con el contador y el abuelo del tabasqueño en el consejo de administración de Luxury de México.

No existen actas públicas que den cuenta del ingreso de Rosales Angulo al consejo de administración de la compañía casinera ni del cargo que desempeñaba.

Fuentes que accedieron a hablar con MCCI de manera anónima refieren que Rosales Angulo sería el operador financiero de Amílcar Olán y habría tenido bajo su control a Superjuegos Robin y a Luxury de México, sociedades que recibieron de la Dirección de Juegos y Sorteos el permiso para operar de manera conjunta las apuestas en línea.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosales Angulo fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta relación con el caso Oceanografía.

Una investigación publicada en marzo de 2014 por la periodista Peniley Ramírez reveló que Rosales Angulo tejió un esquema de outsourcing ilegal para subcontratar a los trabajadores de Caja Libertad, Grupo Gasolinero Mexicano y los casinos Big Bola, empresas que la PGR llegó a considerar parte de un mismo grupo con Oceanografía.

Una de las compañías utilizadas por Rosales Angulo para subcontratar al personal de Caja Libertad fue Elvag Central Impulsora SA de CV. En julio de 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó un crédito fiscal que obliga a Elvag a pagar mil 300 millones de pesos al SAT por incumplimientos en pagos de ISR e IVA cuando empleaba a los trabajadores de Caja Libertad. 

Pese a que Rosales Angulo no figura en la estructura de Elvag, MCCI pudo comprobar que Alejandro Morales Ramírez, abogado socio de su firma Rosales & Asociados, representó a Elvag en juicios de amparo en los que se buscaba la anulación del crédito fiscal. Mientras que su hermano, José de Jesús Rosales Angulo, registró la marca de la empresa ante el IMPI.

Contador de Amílcar también participó en permisionaria original

El contador de Amílcar Olán, Jesús Medina Córdova, no solo fue comisario de Luxury de México, también ocupó el mismo cargo en Superjuegos Robin, compañía que operaba el permiso original concedido por la Secretaría de Gobernación.

En septiembre de 2021, derivado de una orden judicial, la Dirección General de Juegos y Sorteos otorgó a Superjuegos Robin un permiso para operar un casino en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Dicho permiso, que también permitía recibir apuestas vía telefónica y en centros remotos, tenía una vigencia de tres años, hasta septiembre de 2024. 

En marzo de 2023, tres meses después de que fuera constituida Luxury de México –su futura socia en la captación de apuestas online–, Manuel Marcué Díaz amplió la duración del permiso de Superjuegos Robin por un plazo de 15 años, hasta el 24 de septiembre de 2039.

Los registros mercantiles de Superjuegos Robin cuentan una historia casi paralela a la de Luxury de México. El 17 de mayo de 2024, el contador de Amílcar Olán presentó su renuncia como comisario de Luxury de México. Cinco días después, el 22 de mayo, el mismo movimiento se repitió en Superjuegos Robin. 

En el considerando tercero del permiso en el que se autorizó a Superjuegos Robin operar apuestas por internet en unión con Luxury de México, la Dirección General de Juegos y Sorteos concluyó que no advertía que Luxury tomara, en ningún caso, el control corporativo o administrativo de la sociedad permisionaria original (Robin).

Sin embargo, ambas empresas comparten a varios miembros de su estructura corporativa. Óscar Ariel Salgado Soto, quien aparece en los oficios como apoderado legal de Superjuegos Robin, es dueño del 60 por ciento de las acciones de Luxury de México. Mientras que su hermana, Lilian Salgado Soto, propietaria del 40 por ciento de Luxury, llegó a ocupar un asiento en el consejo de administración de Superjuegos Robin. –sn–

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Balcón Social | ¿Virus de la gripa sinaloense?

¿Será que el virus de la gripa, que mantienen a la mandataria Sheinbaum Pardo convaleciente, habá sido sinaloense?

Dicen que una gripa puede comenzar con un estornudo y terminar en cama. En la política mexicana, algunas gripes tienen síntomas más complejos, aparecen en Sinaloa, viajan hasta Washington, hacen escala en Argentina y terminan en Palacio Nacional.

Rubén Rocha Moya volvió este viernes a la gubernatura de Sinaloa, después de más de tres meses de licencia. Regresó con una acusación estadunidense sobre la espalda y con la defensa de su inocencia como principal argumento.

La historia no comenzó en abril de 2026. En agosto de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que acudió a una reunión en Sinaloa porque Joaquín Guzmán López le habló de un encuentro para resolver diferencias entre Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda. Rocha negó haber participado.

Aquella versión provocó una tormenta política. Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador y Claudia Sheinbaum, entonces presidente electa, también expresó su apoyo. El asunto parecía destinado a convertirse en otra batalla política entre acusaciones y desmentidos.

Pero llegó abril de 2026 y la historia cambió de dimensión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de conspiración relacionada con narcotráfico y armas, además de presuntos vínculos con Los Chapitos.

Según la acusación estadunidense, Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya en su campaña de 2021 y, a cambio, recibido protección política para sus actividades criminales. Es una imputación gravísima, no una sentencia. Rocha la rechaza.

Y aquí aparece el verdadero problema, no basta con creerle a Rocha, ni basta con creerle a Washington. Una acusación de esta magnitud exige pruebas, investigación independiente y resultados judiciales, que aún no se hacen presentes de manera pública.

Uno de los señalados ya enfrentó a la justicia estadunidense. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y armas. El expediente sostiene que recibió pagos de Los Chapitos.

El caso tampoco puede desligarse de la violencia que sacude Sinaloa desde la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa. Mucho menos del asesinato de Cuén y del secuestro de Zambada, asuntos que todavía arrastran preguntas incómodas.

Claudia Sheinbaum ha optado por una posición institucional, México requiere elementos de prueba antes de proceder contra un gobernador mexicano. Esa postura puede ser defendible desde el derecho, siempre que no se convierta en una excusa para no investigar.

La mandataria ha mantenido además un trato cuidadoso hacia Rocha Moya. No lo ha condenado públicamente ni ha convertido una acusación extranjera en sentencia. Esa prudencia merece atención, porque gobernar también significa resistir la presión para dictar culpabilidades antes que los tribunales.

Pero prudencia no significa inmovilidad. Si existen indicios, deben investigarse. Si no existen pruebas, debe quedar claro. Y si aparecen pruebas suficientes, nadie puede estar por encima de la justicia, tenga o no fuero.

La pregunta que queda para México es incómoda: ¿qué ocurre cuando un gobernador es acusado por Estados Unidos de colaborar con una organización criminal, niega los hechos, México dice no haber recibido pruebas suficientes y, aun así, el político vuelve a gobernar?

Tal vez la verdadera enfermedad no sea una «gripa sinaloense«. Tal vez sea la vieja fiebre mexicana de confundir lealtad política con certeza jurídica. Y esa fiebre sí puede contagiar a todo un país.

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📰 Falta de información en un momento sensible: los resultados de fiscalización del Sernac a funerarias
🔗 https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/consumidor/2026/08/13/falta-de-informacion-en-un-momento-sensible-los-resultados-de-fiscalizacion-del-sernac-a-funerarias.shtml

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Acción Nacional exige derecho de réplica en las «mañanera», y propone regular la conferencia presidencial

Jorge Romero Herrera anunció que el PAN impulsará reglas para garantizar el derecho de réplica durante las mañaneras y cuestionó el uso de conferencias oficiales para emitir señalamientos sin mecanismos inmediatos de contraste.

Por Martín García | Reportero                                      

El Partido Acción Nacional (PAN) impulsará una iniciativa para establecer un mecanismo de derecho de réplica durante las conferencias presidenciales, anunció su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, quien cuestionó que desde las mañaneras se emitan señalamientos contra ciudadanos, organizaciones y opositores sin una respuesta inmediata.

El dirigente panista sostuvo que las conferencias del Ejecutivo deben funcionar como espacios de información, rendición de cuentas y contraste de versiones, y no como mecanismos unidireccionales de comunicación política. La propuesta busca establecer reglas para que una persona aludida pueda responder cuando considere que una afirmación difundida desde una conferencia oficial afecta sus derechos.

La iniciativa se presenta en medio del debate nacional sobre los límites de la comunicación gubernamental y la libertad de expresión. En paralelo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene abierta hasta el 21 de agosto una consulta pública sobre nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias, una discusión que ha generado cuestionamientos de partidos de oposición y organizaciones vinculadas con los medios de comunicación.

PAN quiere réplica en tiempo real

Romero Herrera afirmó que las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión buscarán formalizar la propuesta para que exista la posibilidad de responder durante las propias conferencias presidenciales.

“Vamos a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta de la República”, afirmó.

El dirigente panista planteó que existe una diferencia entre las obligaciones que se exigen a medios privados respecto del derecho de réplica y la responsabilidad que corresponde al gobierno federal cuando utiliza un espacio institucional y recursos públicos para difundir información.

Desde su perspectiva, la comunicación oficial debe sujetarse a principios de transparencia, pluralidad y verificación, además de permitir el contraste cuando una persona considere que una afirmación es incorrecta o afecta sus derechos.

Romero cuestiona señalamientos contra opositores

El presidente nacional del PAN también cuestionó los señalamientos formulados desde Palacio Nacional contra integrantes de la oposición.

Como ejemplo mencionó al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, a quien, según Romero, se le han atribuido responsabilidades antes de que concluyan los procedimientos correspondientes.

“Desde el púlpito presidencial se fabrican culpables a diestra y siniestra sin las pruebas suficientes, más que el comentario inquisidor de la presidenta de la República”, sostuvo.

El planteamiento del PAN se relaciona con un debate más amplio sobre la responsabilidad de las autoridades al difundir información desde espacios oficiales y la necesidad de garantizar que las personas señaladas puedan ejercer mecanismos de defensa.

El PAN ya ha colocado a Ruffo Appel en el centro de sus críticas al gobierno federal. El 26 de julio, el partido publicó un posicionamiento de Romero en el que calificó el caso como un supuesto uso político de la justicia.

Debate sobre regulación de medios

Romero Herrera también cuestionó los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias y advirtió que una regulación planteada para proteger a los usuarios podría terminar afectando la libertad de expresión si se utiliza para condicionar los contenidos difundidos por medios y plataformas.

La controversia aumentó después de que la CRT abrió una consulta pública sobre el anteproyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El gobierno federal sostiene que el objetivo es garantizar derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión, mientras sectores de la oposición han advertido sobre posibles riesgos para la libertad de expresión.

El propio debate legislativo y regulatorio ha incorporado la discusión sobre la diferencia entre información y opinión, los códigos de ética de los concesionarios y los mecanismos para que las audiencias puedan presentar inconformidades.

En este contexto, el PAN plantea que el gobierno federal también debe sujetarse a mecanismos de contraste cuando utilice sus conferencias oficiales para difundir información sobre personas o grupos.

Derecho de réplica como mecanismo de rendición de cuentas

La propuesta panista busca trasladar el principio de derecho de réplica al ámbito de las conferencias presidenciales, con reglas que permitan responder de manera oportuna cuando una persona considere que fue afectada por una afirmación difundida desde el Ejecutivo.

Romero sostuvo que el objetivo no debe reducirse a una disputa entre partidos, sino establecer condiciones para que los ciudadanos tengan acceso a distintas versiones de un hecho y puedan contrastar la información proporcionada por las autoridades.

La discusión adquiere relevancia por el alcance de las conferencias presidenciales como herramienta de comunicación pública. El PAN considera que esa capacidad de difusión debe acompañarse de mayores obligaciones de responsabilidad, precisión y rendición de cuentas.

Romero Herrera afirmó que Acción Nacional defenderá la pluralidad, las libertades ciudadanas y el derecho de las personas a expresarse sin temor.

La propuesta será llevada al Congreso de la Unión, donde deberá definirse su contenido, alcance y eventual ruta legislativa. –sn–

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El Reclusorio Oriente, un espejo incómodo de la SSC de Pablo Vázquez Camacho

Se intensifican los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades de Amparo Elizabeth Santamaría Briseño en el Reclusorio Oriente.

La crisis del sistema penitenciario capitalino ya no puede esconderse detrás de discursos oficiales ni de estadísticas cuidadosamente seleccionadas. El caso de la subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Amparo Elizabeth Santamaría Briseño, exhibe una realidad que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México parece incapaz de explicar, menos Clara Crugada, qiuen gobierna esta ciudad capital: la profunda distancia entre la narrativa institucional de combate a la corrupción y los hechos que hoy generan sospechas, indignación y exigencias de transparencia.

Mientras la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, insiste en presentar una imagen de control y profesionalización del sistema penitenciario, los centros de reclusión continúan apareciendo en la conversación pública por motivos muy distintos. Los reportes sobre extorsiones, autogobierno, venta de drogas y redes ilícitas dentro de las cárceles no son nuevos. Han sido denunciados durante años por internos, familiares, organizaciones civiles y materiales documentales que han mostrado prácticas incompatibles con un sistema penitenciario funcional.

https://www.youtube.com/watch?v=fhCvVUA2gHg&t=1s

En ese contexto, resulta inevitable preguntarse cómo una funcionaria que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional dentro del Reclusorio Oriente puede organizar una celebración cuyo costo aparente supera ampliamente los ingresos que públicamente reporta en sus declaraciones patrimoniales. La pregunta no es personal ni privada. Es un asunto de interés público porque involucra a una servidora pública adscrita a una de las áreas más sensibles del gobierno capitalino.

Los datos conocidos generan más interrogantes que respuestas. Una fiesta de XV años con agrupaciones musicales de alto costo, –entre ellas «Los Cadetes de Linares» y  «Zona Rika«– un recinto exclusivo y actividades posteriores en Acapulco representan gastos que difícilmente pasan inadvertidos para cualquier ciudadano que compara esas cifras con los ingresos declarados oficialmente. Si todo tiene una explicación legal y transparente, corresponde a las autoridades presentarla de manera clara y verificable.

Lo preocupante es que este episodio no surge en un vacío institucional. Ocurre precisamente en una cárcel que durante años ha estado bajo señalamientos relacionados con actividades ilícitas. Cuando las sospechas sobre movimientos económicos de funcionarios coinciden con denuncias persistentes de corrupción penitenciaria, el problema deja de ser una anécdota social y se convierte en una cuestión de confianza pública.

https://www.instagram.com/p/DXizpq-jut2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

La administración de Pablo Vázquez Camacho enfrenta aquí una prueba fundamental. No basta con guardar silencio o esperar que el ciclo mediático avance hacia otro tema. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una investigación interna, si se revisarán los movimientos patrimoniales de los funcionarios involucrados y si los mecanismos de control interno realmente funcionan.

Más grave aún es el mensaje que reciben miles de policías honestos y trabajadores públicos que viven exclusivamente de sus salarios. Cuando aparecen casos que exhiben estilos de vida aparentemente incompatibles con los ingresos reportados, la percepción de impunidad se fortalece. Y cuando la autoridad no responde con claridad, esa percepción termina convirtiéndose en desconfianza institucional.

La SSC tampoco puede ignorar el contexto estructural. Los señalamientos de autogobierno en centros penitenciarios no surgen por generación espontánea. Son consecuencia de años de tolerancia, supervisión deficiente y redes de poder que prosperan cuando la vigilancia institucional fracasa. Cada denuncia sobre extorsiones o actividades ilícitas dentro de una prisión representa un cuestionamiento directo a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la legalidad.

El Reclusorio Oriente se ha convertido nuevamente en una ventana hacia problemas más profundos. La discusión ya no gira únicamente en torno a una celebración costosa. Lo verdaderamente relevante es saber qué ocurre detrás de los muros de una de las cárceles más importantes de la capital y por qué continúan apareciendo episodios que alimentan sospechas sobre la integridad de su administración.

Pablo Vázquez Camacho tiene la obligación política y administrativa de responder sobre los cuestionamientos contra Santamaría Briseño. No porque exista una sentencia o una resolución definitiva sobre este caso, sino porque la confianza pública exige explicaciones oportunas cuando surgen cuestionamientos legítimos sobre el comportamiento de funcionarios que ocupan cargos estratégicos dentro del sistema penitenciario.

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Balcón Social | El pato»Merlín» al Palacio Nacional

En política, las prioridades suelen revelarse no por los discursos, sino por los símbolos.

Durante los últimos días, un pato llamado «Merlín» se convirtió en una inesperada celebridad. Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, el animal llamó la atención de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente captó el interés de medios internacionales en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La historia posee todos los ingredientes para triunfar en redes sociales: humildad, espontaneidad, futbol y un personaje entrañable capaz de generar simpatía inmediata entre públicos de distintas edades.

El fenómeno incluso atrajo la atención del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien invitó a los propietarios del ave a compartir su historia y les ofreció la posibilidad de asistir a un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

Hasta ahí, la anécdota encaja en la lógica del entretenimiento contemporáneo. Las redes sociales transforman episodios cotidianos en fenómenos virales y las figuras públicas suelen aprovechar esas tendencias para conectar con la audiencia.

https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2068100496238182512?s=20

El problema aparece cuando el espectáculo comienza a compartir espacio con asuntos que involucran dolor humano, derechos fundamentales y responsabilidades del Estado.

México atraviesa una de las crisis más profundas de desapariciones en su historia reciente. Los registros oficiales acumulan más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una tragedia que afecta a miles de familias distribuidas en prácticamente todo el territorio nacional.

Detrás de cada expediente existe una madre, un padre, un hermano o un hijo que busca respuestas. No se trata únicamente de estadísticas; se trata de vidas suspendidas en la incertidumbre.

Por ello, resultó inevitable que diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas compararan la atención institucional otorgada al fenómeno mediático de Merlín con las dificultades que enfrentan para conseguir una audiencia o una respuesta de las autoridades.

El reclamo no se dirige contra los propietarios del pato ni contra quienes encontraron en la historia un motivo de alegría. El cuestionamiento apunta a las señales que emite el poder cuando decide qué asuntos merecen visibilidad pública y cuáles permanecen en espera.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido reuniones con empresarios, deportistas, representantes de organismos internacionales y figuras públicas de distintos ámbitos. Esa dinámica forma parte de la actividad cotidiana de cualquier jefe de Estado.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2067548103155057148?s=20

Sin embargo, para sectores afectados por la violencia y las desapariciones, la percepción es distinta. Muchos consideran que el acceso a las más altas esferas del poder continúa siendo más sencillo para quienes generan impacto mediático que para quienes buscan justicia.

La política moderna vive sometida al ritmo de la viralidad. Lo que genera clics, vistas y conversación digital suele imponerse sobre temas complejos que requieren tiempo, sensibilidad y respuestas institucionales de largo alcance.

https://twitter.com/GustavoHdezhdez/status/2068092670229066170?s=20

La verdadera discusión no gira alrededor de un pato convertido en celebridad. El debate de fondo consiste en determinar si las instituciones mexicanas mantienen la capacidad de colocar a las víctimas en el centro de la agenda pública.

Un país puede celebrar sus historias virales, disfrutar el futbol y compartir momentos de entretenimiento colectivo. Lo que no debería ocurrir es que esas narrativas ocupen el lugar que corresponde a las demandas de quienes buscan a sus seres queridos.

Porque cuando una sociedad comienza a normalizar que el espectáculo recibe más atención que el sufrimiento, el problema ya no es la popularidad de una mascota: es la distancia creciente entre el poder y el dolor de los ciudadanos.

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Privatizan Campo Marte para eventos del Mundial de futbol: MCCI

El gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte a una empresa para hacer un festival durante los 40 días del Mundial de Fútbol.

Por Eduardo Buendía y Leonardo Núñez | MCCI                                                      

Se estiman ingresos por más de 500 millones de pesos exclusivamente para la compañía privada, sin que haya ningún pago acordado en el contrato con las autoridades, aunque la organizadora afirma que cubrirá el monto que estas determinen por el uso de la instalación militar

Un «convenio de concertación» firmado entre las secretarías de la Defensa y Turismo con la empresa The Mates Contents, vinculada con Televisa, muestra que el Campo Marte será utilizado de manera gratuita para un evento privado, durante los 40 días que durará el Mundial de Fútbol de la FIFA, así lo reveló este miércoles Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

El festival, denominado Campo Marte 26 Santander, podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, pero no tendrá que pagar por utilizar el bien inmueble de la Nación, privatizando la ganancia y transfiriendo costos al gobierno. La empresa tampoco pagaría la seguridad al exterior del evento; el servicio estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad de la CDMX y militares, a solicitud expresa de Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR). En documentos oficiales la SECTUR incluso aparece como organizadora del evento.

El Campo Marte —donde se realizará el festival— es una propiedad histórica federal administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) desde 1937.

https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/2064709942792355871?s=20

En el evento se cobrará a cada asistente por ingresar a las actividades que se realizarán en el contexto del Mundial de Fútbol, sin que a cambio pague alguna contraprestación al Gobierno Federal. En diversas publicaciones comerciales se señala que el evento «no es solo fútbol; es una experiencia». 

Al interior del recinto se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes, habrá bares y restaurantes para consumir alimentos y bebidas alcohólicas; además de conciertos, lucha libre, arte exterior, zona de oficinas, zonas comerciales y VIP con «áreas instagrameables y activaciones especiales para disfrutar con amigos, pareja o familia». 

De acuerdo con el contrato que la empresa organizadora suscribió con la SEDENA y SECTUR, podrán operar hasta las 2 de la mañana y, «en el caso que los permisos de la alcaldía lo permitan», hasta las 3:30 A.M. La mayoría de las actividades requieren comprar boletos con costo adicional.

En el instrumento jurídico se establece que habrá un aforo de más de 15 mil personas diarias. La entrada más económica será de 400 pesos más cargos por día y habrá boletos para experiencias VIP por más de 24 mil pesos. De acuerdo con estimaciones de MCCI, los ingresos sólo por la venta de boletos y el ahorro de la renta del espacio superarían los 500 millones de pesos, esto sin considerar los ingresos adicionales por patrocinios, publicidad y consumo dentro del lugar, cuyos montos se desconocen.

La empresa Ticketmaster también obtendría entre 197 y 349 millones de pesos de ingresos por la venta de boletos considerando que, como documentó El País, actualmente sus cargos por procesamientos de orden se cobran sobre 24% del costo de las entradas.

La Secretaría de Turismo aparece como organizadora del festival de gastronomía llamado «México de Mis Sabores», que será solo una parte de Campo Marte 26 Santander y que ofrecerá hasta 200 servicios gourmet diarios que se cobrarán a los asistentes. 

Oficialmente este festival fue presentado desde Los Pinos por la titular de SECTUR, Josefina Rodríguez Zamora, como el eje de: «una de las experiencias que formarán parte del Mundial Social 2026; se trata de una estrategia que acompañará la fiesta del fútbol con una oferta cultural, gastronómica y de convivencia para toda la población».

Para poder «reservar una mesa» y consumir en la selecta experiencia gastronómica es necesario pagar previamente el boleto de entrada; no se trata de un evento abierto al público.

Por su parte, en respuesta a un cuestionario enviado por MCCI, la compañía The Mates Contents explicó que se encargará de la producción y operación del evento Campo Marte 26; confirmó que dentro de este, la SECTUR realizará actividades para promover a México en el contexto del Mundial 2026.

A pesar de que la participación de la SECTUR será mínima comparada con todas las demás actividades del evento privado, la titular de la dependencia envió oficios directamente a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para solicitar que se hicieran cargo de la seguridad y logística alrededor del evento, por lo que The Mates Contents tampoco cargará con ese gasto y serán recursos públicos los que financien esa tarea.

Todo esto contrasta con el convenio firmado entre SEDENA, SECTUR y la empresa The Mates Contents, pues ahí se establece que la compañía es la única responsable de la seguridad del evento y los trámites correspondientes.

Un recinto de la Nación al servicio de privados

El Campo Marte es un bien de la Nación de más de 45 mil metros cuadrados, al oriente del casi olvidado «Memorial a las Víctimas de la Violencia en México» y al poniente del enorme Auditorio Nacional. En su época, este fue escenario de una de las batallas más sangrientas entre el ejército de los Estados Unidos y el mexicano durante la guerra de 1846 a 1848. Por eso ahí también se encuentra el Monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas y es uno de los espacios predilectos para las ceremonias presidenciales con los militares.
 

El 19 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa firmó un «convenio de concertación de acciones» con el que le entregó de manera gratuita el aprovechamiento del Campo Marte durante toda la duración del Mundial de Fútbol a la empresa. El contrato fue firmado por el general de brigada José Manuel Ramírez Martínez, como director general de Ingenieros y Responsable Inmobiliario.

Al final del acto administrativo aparecen también las rúbricas del coronel intendente Raymundo Barrera García, jefe del Centro de Promoción Social de Defensa; Emmanuel Romain Ernest Rey, director general de Promoción y Asuntos Internacionales de la SECTUR, y Víctor Francisco Vázquez Andrade, administrador único de The Mates Contents. 

La parte más relevante del contrato es también una de las más cortas en las 13 páginas del documento. De acuerdo con la CLÁUSULA TERCERA del convenio (que puede leerse en la página 7) se determinó que no habría ningún pago por el uso del Campo Marte dado que: «Para la concertación objeto del presente instrumento, no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’».

De esta manera, ninguna de las dependencias del gobierno recibiría ingresos por la celebración del festival privado, dejando las ganancias económicas por la explotación del bien de la Nación en manos de la empresa privada. 

Dentro del cuestionario enviado a The Mates Contents se cuestionó si entregará contraprestaciones a las dependencias por entradas, consumo y patrocinios; respondió que “es responsable de manera general de la producción y operación del evento. Así como del financiamiento, diseño, contratación, coordinación de proveedores y pago de gastos”, sin indicar si retribuirá a SECTUR o a SEDENA por estas labores o ganancias del evento. 

Sobre el pago por el uso y aprovechamiento del recinto militar, la compañía expresó: “The Mates pagará el monto que determinen las autoridades competentes por el uso y aprovechamiento del Campo Militar Marte”, sin exponer la cláusula tercera de que no habrá contraprestación, de acuerdo con lo firmado en el convenio entre la empresa y las secretarías.

Es importante notar que en la página 5 del contrato también se establece que la empresa tiene la obligación de «la obtención de los permisos» correspondientes para poder realizar el evento. 

Al tratarse de un evento privado, ese trámite debió haber sido realizado ante la alcaldía Miguel Hidalgo. Las autoridades locales reportan que el evento no cuenta con los trámites correspondientes. En su lugar, se han realizado trámites ante el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México en donde la Secretaría de Turismo se ostenta como la organizadora de todo el evento Campo Marte 26.

Simulan ser un evento del gobierno, no piden permiso a alcaldía

Cuando se trata de eventos masivos, la ley obliga a los organizadores a demostrar y hacerse cargo de todas las medidas, planes, seguros y acciones necesarias para proteger a los asistentes en caso de una emergencia y minimizar riesgos. Esto se plasma en un documento técnico llamado Programa Especial de Protección Civil, que debe entregarse con anticipación a las autoridades.Si los responsables del evento son personas físicas o morales privadas, como sucede con Campo Marte 26 Santander, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que el Programa Especial de Protección Civil debe registrarse y aprobarse en la alcaldía correspondiente. En este caso, el trámite debió realizarse ante la alcaldía Miguel Hidalgo. 

En respuesta a diversas solicitudes de información, las autoridades de la alcaldía reportaron que «NO se localizó registro de trámite de Programa Especial de Protección Civil alguno» para el evento a realizarse en el Campo Marte durante los 40 días del Mundial.

Esto llevó a una serie de acciones legales por parte de vecinos aledaños al Campo Marte y el Bosque de Chapultepec para exigir la cancelación del evento por incumplimientos a la normatividad. Diversos amparos fueron tramitados a partir del 11 de mayo de 2026 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, encabezado desde el 1° de septiembre de 2025 por Alan Arriola Padilla.

El juez de distrito fue uno de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo Federal y resultó ganador durante las elecciones judiciales del año pasado. Obtuvo 47,287 votos, equivalentes a 30% de la votación en su Circuito Judicial.
Mientras que Armour King recibió también en junio de 2025 tres contratos que suman más de 877.6 millones de pesos. Dos de ellos son para vigilar la zona perimetral, el control de accesos, así como puntos de inspección de personas y salas de espera del área nacional en la Terminal 1, mientras que un tercer contrato incluye la seguridad de la zona perimetral y control de accesos de la Terminal 2.

El 5 de junio de 2026, el juez Arriola les negó a los vecinos la suspensión definitiva, por lo que el evento Campo Marte 26 Santander podrá llevarse a cabo sin inconvenientes. Se espera que la audiencia constitucional y la resolución final de los amparos suceda hasta después de que termine el Mundial.

Sin embargo, como parte de las acciones dentro de los litigios promovidos por los vecinos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reportó que sí había registrado un Programa Especial de Protección Civil para el evento Campo Marte 26; pero no ante la alcaldía, sino ante el gobierno de la CDMX. El trámite fue realizado el 20 de mayo a las 18:03 horas, es decir, 9 días después de que los vecinos presentaron los amparos. –sn–

La investigación completa en MCCI

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Anticorrupción sanciona a funcionarios de Pemex, Salud e IMSS

Introducción: Sanciones administrativas alcanzaron a servidores públicos de varias dependencias.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la imposición de diversas sanciones administrativas a servidores públicos adscritos a organismos y dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Salud (Salud), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las medidas fueron determinadas a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex y de los Órganos Internos de Control correspondientes. Las resoluciones se emitieron conforme a los procedimientos administrativos previstos en la legislación vigente.

En el caso de Pemex, la dependencia impuso una inhabilitación de un año a Hilario M., quien se desempeñó como gerente de la Subdirección de Servicios de Salud, por no realizar el acta de entrega-recepción al concluir su encargo. Asimismo, aplicó una suspensión de 30 días a Lourdes C., coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva, por no formalizar el acta correspondiente al término de una responsabilidad temporal. También sancionó con 15 días de suspensión a Gabriela P., jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, por no documentar la falta de entrega de su puesto durante 2025.

Sanciones en Salud

La Secretaría de Salud concentró algunas de las sanciones más relevantes derivadas de actuaciones médicas registradas en años anteriores. La autoridad suspendió durante 30 días a Karen R., médico general “A”, así como a Graciela M., Joaquín L. y Edén L., médicos especialistas “A” adscritos al Hospital General de México. De acuerdo con la resolución administrativa, los servidores públicos omitieron la hospitalización de una paciente, situación que agravó su padecimiento, además de incumplir con la asesoría a médicos residentes del área de Urgencias en 2022.

Las resoluciones fueron emitidas tras las investigaciones y procedimientos correspondientes desarrollados por los órganos de control interno. La dependencia señaló que las determinaciones consideraron los elementos probatorios reunidos durante las indagatorias. También indicó que cada caso fue analizado bajo los principios de legalidad y responsabilidad administrativa.

En Banjercito, la autoridad emitió una amonestación pública contra Gustavo V., subdirector de la Coordinación de Archivo. La medida respondió a la falta de gestión para actualizar las guías institucionales de archivo durante 2023 y 2024. El procedimiento concluyó con la imposición de una sanción considerada acorde con la naturaleza de la falta.

Casos en AIFA e ISSSTE

En el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Órgano Interno de Control suspendió por 15 días a Gibrán C., jefe del Departamento de Mercadotecnia. La resolución derivó de conductas consideradas faltas de respeto hacia una compañera de trabajo durante 2025. El expediente administrativo concluyó con la aplicación de la medida disciplinaria correspondiente.

Por su parte, el ISSSTE aplicó sanciones a dos funcionarios vinculados con procesos de entrega-recepción. La dependencia suspendió por 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación Veracruz, y a América M., jefe de departamento en la Subdelegación Aguascalientes. Ambos casos estuvieron relacionados con la omisión de realizar las actas de entrega al concluir sus respectivos cargos en 2023. –sn–

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Artículo 19 exhibe opacidad tras desaparición del INAI

Indicó que la concentración administrativa dentro del Poder Ejecutivo generó un contexto de regresividad en materia de transparencia.

Por Martín García | Reportero                                      

La organización Artículo 19 informó que prevalece opacidad en el manejo y acceso a la información pública tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El señalamiento aparece en el informe “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”. El documento analiza condiciones relacionadas con transparencia, acceso a la información, medios de comunicación y derechos ciudadanos en México.

De acuerdo con el reporte, el organismo Transparencia para el Pueblo desechó cerca de 99.6 por ciento de los recursos de revisión relacionados con solicitudes de acceso a la información durante sus primeros meses de operación. La organización sostuvo que esa situación afectó la rendición de cuentas dentro del gobierno federal. También señaló que el nuevo esquema administrativo concentró funciones bajo control del Poder Ejecutivo.

El informe detalló que, tras la extinción del INAI, el gobierno federal creó Transparencia para el Pueblo como órgano responsable de asumir funciones relacionadas con transparencia y protección de datos. La nueva institución quedó adscrita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El cambio institucional ocurrió después de la aprobación de la reforma de simplificación orgánica en noviembre de 2024.

Recursos desechados

Según Artículo 19, durante los primeros meses de funcionamiento el organismo recibió 225 mil 312 recursos de revisión. Sin embargo, únicamente resolvió 457 expedientes. De esos casos, 455 terminaron desechados por presuntos incumplimientos administrativos.

La organización documentó que, al inicio de 2025, la mayoría de los recursos ciudadanos no avanzó dentro de los procedimientos administrativos. El reporte señaló que esa situación generó obstáculos para el acceso a documentos y datos públicos. También indicó que el escenario afectó mecanismos de supervisión social sobre acciones gubernamentales.

Para el 28 de octubre de 2025, el portal oficial reportó la recepción de 4 mil 512 recursos de revisión. De ese total, 3 mil 540 fueron admitidos y 753 resultaron desechados. Artículo 19 indicó que las cifras mostraron una disminución en los recursos rechazados y un incremento en los admitidos respecto de meses anteriores.

Desaparición del INAI

El INAI quedó extinguido tras la aprobación legislativa de la reforma institucional impulsada durante el inicio del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. La medida formó parte de una reforma heredada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El Congreso de la Unión avaló la desaparición del organismo autónomo como parte de la reorganización administrativa federal.

Después de la eliminación del instituto, el Ejecutivo federal transfirió funciones a Transparencia para el Pueblo. El nuevo órgano asumió tareas relacionadas con transparencia gubernamental y resguardo de información pública. La reorganización provocó cuestionamientos sobre independencia institucional y capacidad operativa.

El informe sostuvo que durante 2025 persistió falta de criterios claros para el manejo y resguardo de información pública dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). La organización señaló que existieron inconsistencias en procedimientos relacionados con solicitudes ciudadanas. También documentó problemas para dar seguimiento documental a expedientes oficiales.–sn–

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El Salvador enfrento desafíos: Libertad de prensa, contratos gubernamentales y tensiones sociales

Hoy, El Salvador se encuentra en una encrucijada de problemas apremiantes, tanto a nivel nacional como internacional. La atmósfera está cargada de preocupaciones sobre la libertad de prensa, la transparencia gubernamental y la justicia social, reflejando una nación que lucha con dinámicas…

#Akerix #LibertadDePrensa #TransparenciaGubernamental #JusticiaSocial
https://akerix.com/pulse/sv/2026-05-20

Kenia López rechaza reserva de información sobre consejeros del INE

La transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                    

Al señalar que la transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas, la diputadad Kenia López Rabadán, quien preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, expresó su postura en contra de que la información del proceso de selección de consejeros del INE se reserve por 5 años.

En un mensaje leído por el Secretario Técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores Gutiérrez, la diputada presidenta fijó su postura en contra de que el Comité de Transparencia reserve la totalidad de la documentación generada, emitida, recibida, integrada, evaluada y/o resguardada por 5 años del proceso de elección de tres personas para ocupar Consejerías Electorales en el Consejo general del Instituto Nacional Electoral, mismo que concluyó hace unas semanas.

“Cuando las instituciones informan de manera clara cómo toman las decisiones y las abren al escrutinio público, se promueve una mayor participación ciudadana y se mejoran las prácticas. La transparencia permite que los mexicanos ejerzan su derecho a la información, exijan rendición de cuentas y contribuyan a construir un país más justo, eficiente y equitativo, donde prevalezca la honestidad y el respeto por el bienestar colectivo”, indicó.

La transparencia, señaló, no busca perjudicar, sino asegurar que las decisiones y acciones del gobierno sean supervisadas por la sociedad, siempre respetando los límites legales relacionados con la seguridad, la privacidad y los datos sensibles. –sn–

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Balcón Social | Cuando la confianza del Estado dejó de valer

La confianza institucional no se destruye de un día para otro. Se erosiona en silencio, entre favores, expedientes manipulados y redes de protección que convierten áreas estratégicas del Estado en oficinas privadas al servicio de unos cuantos. Eso es lo que hoy vuelve a colocarse bajo sospecha en los Centros de Control de Confianza federal.

Diversas denuncias apuntan hacia Julián Flores de Anda, señalado por operar una estructura interna que manipula evaluaciones de control y confianza, altera resultados y utiliza dichos procesos como moneda de cambio para beneficiar a funcionarios y grupos de interés. La gravedad del señalamiento no radica únicamente en un posible acto de corrupción administrativa. El problema alcanza dimensiones de seguridad nacional.

Las evaluaciones de control de confianza surgen como una respuesta institucional frente a la infiltración criminal en corporaciones de seguridad. Polígrafos, pruebas toxicológicas, evaluaciones psicológicas y análisis patrimoniales pretendían blindar al Estado mexicano de la corrupción. Si esos mecanismos hoy se encuentran comprometidos desde adentro, el país enfrenta una fractura mucho más profunda de la que las autoridades admiten.

La acusación también involucra el supuesto uso de personal gubernamental en actividades privadas relacionadas con empresas del mismo ramo, además de posibles irregularidades en licitaciones para la adquisición de polígrafos. Esta desviación se trata de una red que habría utilizado recursos públicos para negocios de índole particular.

Los diversos testimonios juadicializados, en poder de SOCIEDAD NOTICIAS, añaden otros elementos delicados: represalias contra quienes deciden apartarse de esas prácticas. Bloqueos laborales, difamación e investigaciones internas sin sustento forman parte de un patrón que, según la denuncia, busca aislar y castigar a quienes rompen el pacto de silencio.

Sólo por poner un ejemplo, el caso más reciente involucra a Germán Valencia, servidor público vinculado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien interviene ante personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impedir el ingresos de ídole laboral. Los argumentos son, el «supuesto» extravío de un polígrafo durante servicios prestados en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), aunque, según se relata, no existe denuncia formal, ni notificación oficial alguna, por parte de las instituciones involucradas.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo obtuvo información de un asunto interno alguien ajeno a esa dependencia? La respuesta revela la existencia de redes informales de operación, intercambio de favores y tráfico de información entre áreas sensibles del gobierno federal.

El problema rebasa el ámbito laboral. La persona denunciante asegura que estas acciones afectan la estabilidad económica y emocional de sus hijas menores. Ahí aparece el rostro menos visible de la corrupción burocrática: familias enteras sometidas a presiones, vetos y amenazas silenciosas que rara vez llegan a los tribunales.

De esta forma, México arrastra una larga historia de instituciones contaminadas por intereses personales. Sin embargo, cuando las sospechas alcanzan a los mecanismos encargados de evaluar honestidad, confiabilidad y estabilidad psicológica de servidores públicos, el riesgo adquiere otra dimensión. Un sistema de control corrupto no sólo protege a funcionarios cuestionados; también expulsa perfiles honestos y premia la obediencia.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que su administración no tolerará prácticas heredadas del viejo régimen. Esa narrativa enfrenta ahora una prueba compleja. Ignorar denuncias de esta naturaleza dañaría la credibilidad de un proyecto político que llegó al poder bajo la promesa de limpiar las estructuras públicas y fortalecer la ética gubernamental.

México no debe aspirar a una estrategia sólida de seguridad mientras existan dudas sobre quienes certifican la confiabilidad de policías, custodios, mandos e investigadores. El deterioro institucional inicia cuando la verdad deja de importar dentro de las oficinas encargadas de proteger al Estado.

Y quizá ahí reside la reflexión más inquietante: un país no se derrumba únicamente por el crimen organizado, sino por la normalización de las pequeñas complicidades que terminan por vaciar de legitimidad a sus instituciones. Cuando el miedo sustituye a la denuncia y la corrupción reemplaza al mérito, las próximas décadas dejan de pertenecer a la justicia y comienzan a pertenecer a quienes aprendieron a manipular el sistema desde dentro.

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Balcón Social | La ética pública que emana del Cusaem, empaña a la administración de Delfina Gómez

La crisis de credibilidad en las instituciones mexicanas se ha construido durante décadas a partir de silencio oficial, nombramientos cuestionables y servidores públicos en la Cusaem llegan al poder bajo la sombra de señalamientos judiciales.

La reciente designación de Desiree Cataneo Dávila como coordinadora corporativa del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) abre un debate incómodo sobre los filtros éticos dentro del servicio público mexiquense. La funcionaria enfrenta, junto con su hermano Antonio Enrique Cataneo Dávila, una denuncia penal en Veracruz por presuntos delitos de falsificación de firma y fraude procesal, según la carpeta de investigación 865/2026.

El expediente deriva de un litigio civil iniciado en octubre de 2025 ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz, bajo el número 1402/2025. De acuerdo con la información disponible, la ahora funcionaria tenía conocimiento del conflicto desde diciembre de ese mismo año, cuando se solicitaron copias certificadas del documento presuntamente alterado para promover una denuncia penal.

El asunto trasciende el terreno privado. La dimensión pública aparece cuando una persona bajo investigación policial ocupa un cargo estratégico dentro de una corporación mexiquense señalada históricamente por opacidad administrativa y manejo discrecional de recursos.

El Cusaem, durante años, ha operado bajo un modelo híbrido que le permitió administrar contratos multimillonarios sin los niveles de fiscalización aplicados a otras corporaciones. Diversas auditorías y observaciones legislativas cuestionan ese esquema. Por ello, cualquier nombramiento dentro de su estructura exige escrutinio absoluto.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de mensaje recibe la ciudadanía cuando un alto mando institucional llega al cargo bajo la presión de una denuncia penal activa?

El problema tampoco radica en anticipar culpabilidades. La presunción de inocencia permanece intacta y debe respetarse. Sin embargo, la ética pública demanda algo más que legalidad mínima. Exige congruencia, transparencia y confianza social.

En política, las formas importan tanto como los expedientes. Más aún en un país donde la corrupción destruyó buena parte de la legitimidad gubernamental. La administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez construyó parte de su narrativa sobre la austeridad y el combate a las malas prácticas. Bajo ese contexto, cualquier omisión en la revisión de perfiles golpea directamente el discurso institucional.

Tampoco pasa inadvertido otro elemento, Desiree Cataneo Dávila cuenta con trayectoria dentro del ámbito judicial federal. Esa experiencia vuelve todavía más delicado el señalamiento, pues el conocimiento técnico del sistema jurídico obliga a niveles superiores de prudencia y responsabilidad.

La dimensión política del caso crecerá si las autoridades estatales optan por el silencio. La opacidad nunca reduce el daño; lo multiplica. En tiempos donde la información circula sin control, ocultar suele convertirse en la peor estrategia.

Por si fuera poco, México enfrenta un desgaste profundo de confianza pública. Cada designación cuestionada alimenta la percepción de que las élites políticas continúan protegidas por relaciones, recomendaciones y cercanía con el poder.

Además, el deterioro institucional no siempre inicia con grandes escándalos. A veces comienza cuando la sociedad deja de sorprenderse ante posibles conflictos éticos dentro del gobierno. Ese momento representa el verdadero peligro.

Porque las próximas décadas no pondrán a prueba únicamente la capacidad administrativa de los gobiernos, sino la resistencia moral de las instituciones frente a la tentación de normalizar las sombras. Y cuando un país deja de exigir integridad a quienes ejercen poder, termina por acostumbrarse a vivir entre ruinas éticas.

¿Qué mano veracruzana mese la cuna en la política de la entidad mexiquense?

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Se requieren resultados efectivos contra la tortura en México: GIDH

ONU evalúa compromiso de México contra la tortura: GIDH

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister” señaló que la conclusión de la tercera visita oficial a México del Subcomité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Prevención de la Tortura representa un momento clave para evaluar el compromiso real del Estado mexicano frente a este grave delito.

Su presidente, el doctor Jesús Rey Fierro Hernández explicó que dicha visita tuvo como objetivo examinar las medidas adoptadas por México para enfrentar la tortura y evaluar su impacto institucional, en un proceso que se desarrolló bajo estricta confidencialidad, sin embargo se sabe que, la delegación sostuvo reuniones con al menos 20 dependencias federales.

Fierro Hernández, reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, indicó que la apertura mostrada por el Estado mexicano ante los mecanismos internacionales de derechos humanos es un paso necesario, pero subrayó que la cooperación debe traducirse en resultados verificables. Añadió que la erradicación de la tortura exige acciones sostenidas, sanciones efectivas y garantías de no repetición.

Promoción de libertades

El defensor del pueblo recordó que el Estado mexicano, de esta manera, reafirmó su compromiso con la protección y promoción de las libertades fundamentales, sin embargo, dijo que este compromiso debe reflejarse en la reducción de denuncias, investigaciones diligentes y sentencias firmes contra responsables.

El también abogado litigante explicó que, tras la visita iniciada el 25 de enero, se espera que la delegación del Subcomité emita un comunicado de cierre en los próximos días. El informe final será confidencial, por lo que corresponderá al gobierno federal decidir si lo hace público, un punto que el GIDH consideró crucial para la transparencia.

El Subcomité visitó también centros de detención en diversas entidades federativas para monitorear las condiciones de las personas privadas de la libertad. Estas visitas fueron facilitadas por el gobierno federal en coordinación con autoridades estatales, lo que permitió un acceso directo a espacios de reclusión.

Esfuerzos del Estado

El abogado Fierro Hernández recordó que los esfuerzos del Estado mexicano se sustentan en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011, así como en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura de 2017 y la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016. También mencionó la publicación, el 18 de febrero de 2025, del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con la información oficial, relató Jesús Rey, los encuentros estuvieron encabezados por Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería; Reyna Celeste Ascencio, quien preside la comisión de Derechos Humanos del Senado; y Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. –sn–

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Marko Cortés exige informe por envíos petroleros a Cuba

Cortés exigió transparencia por envíos petroleros y uso de recursos públicos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El senador Marko Cortés Mendoza, del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al gobierno federal un informe exhaustivo, transparente y verificable sobre los envíos de petróleo y combustibles de México a Cuba. La solicitud se formuló ante lo que calificó como opacidad creciente en operaciones financiadas con recursos públicos. El legislador advirtió riesgos económicos, financieros y diplomáticos asociados a esas transferencias.

El representante por Michoacán recordó que información periodística reportó un incremento acelerado en los envíos durante los primeros meses de la actual administración. Los despachos de crudo y combustibles alcanzaron alrededor de tres mil millones de dólares entre mayo y agosto de 2025. La cifra superó lo enviado durante todo el sexenio anterior.

Cortés Mendoza señaló que esos recursos públicos se destinaron fuera de prioridades nacionales. Indicó que el país enfrentó crisis en seguridad, desastres naturales, educación e infraestructura durante el mismo periodo. El senador calificó el manejo presupuestal como inaceptable.

Solicitud de transparencia

Desde octubre pasado, el legislador presentó un punto de acuerdo para solicitar información puntual sobre las operaciones. Reiteró que el informe debía detallar volúmenes totales y valores económicos estimados de petróleo crudo y derivados. También pidió especificar subsidios implícitos involucrados en los envíos.

La solicitud incluyó datos sobre diésel, turbosina y otros combustibles despachados. Cortés Mendoza requirió conocer los puertos de salida en México, entre ellos Coatzacoalcos, Veracruz, y Tampico, Tamaulipas. Asimismo, pidió identificar los puertos de destino en Cuba.

El senador demandó una relación completa de buques utilizados en las operaciones. Solicitó rutas, fechas de zarpe y arribo, además de justificar el uso de embarcaciones sancionadas. La información debía presentarse con documentación verificable. –sn–

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Mejía Berdeja propone eliminar el fuero constitucional

Todos los servidores públicos responderán ante la ley como cualquier ciudadano. El fuero perdió su sentido histórico y se transformó en una forma de protección. Cualquier servidor público podría ser investigado sin requerir aprobación del Congreso.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que plantea eliminar el fuero constitucional en México.

La iniciativa advierte que, todos los servidores públicos, incluidos legisladores, ministros y fiscales, responderán ante la ley como cualquier ciudadano.

El legislador federal por Coahuila –también conocido como Ricardo “El Tigre” Mejía— explicó que, “el fuero perdió su sentido histórico y se transformó en una forma de protección personal que ha perpetuado la impunidad política”.

Declaración de procedencia

De esta forma, se propone modificar los artículos 61 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la figura de la declaración de procedencia; “cambio que suprimiría los mecanismos de inmunidad procesal penal y pondría fin al proceso de desafuero que actualmente protege a los funcionarios”.

La modificación al marco legal, advirtió el ex titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública del gobierno de México, cualquier servidor público podría ser investigado, imputado o procesado directamente por las autoridades competentes sin requerir aprobación del Congreso.

“El fuero no debe ser un privilegio ni una protección personal; su esencia fue garantizar la independencia del Congreso, no encubrir delitos”, expresó el legislador federal Ricardo Mejía Berdeja.

Confianza ciudadana

El también abogado de profesión afirmó que, esta reforma fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones, al eliminar un símbolo de desigualdad que históricamente ha separado a los gobernantes del pueblo; “la medida busca erradicar la impunidad estructural y consolidar un Estado donde prevalezca la rendición de cuentas”.

El legislador sustentó su propuesta con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) elaborada por el INEGI, la cual reflejó que más del 83 por ciento de la población percibe altos niveles de corrupción.

Explicó que este porcentaje evidencia la urgencia de reformar el marco jurídico para garantizar transparencia y justicia en todos los niveles del servicio público; “eliminar el fuero enviaría un mensaje claro a la sociedad mexicana sobre el principio de igualdad ante la ley y la responsabilidad de los funcionarios.

Rendición de cuentas

Mejía Berdeja subrayó que. “la verdadera democracia no se sostiene sobre privilegios, sino sobre integridad, justicia y rendición de cuentas institucional; al tiempo de consolidar el tránsito del privilegio al principio y de la impunidad a la responsabilidad republicana”.

Reiteró que “la eliminación del fuero permitiría una nueva relación entre ciudadanía y representantes, basada en la transparencia y la legalidad; la igualdad ante la ley debe ser la base del pacto social, y que ningún cargo público puede estar por encima de la justicia”. –sn–

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Coyoacán es un gobierno de logros: Giovani Gutiérrez

Destaca la baja del 27% en inseguridad; el combate a chelerías, más de un millón de metros repavimentados y la recuperación de mercados, escuelas y la pintura de Unidades Habitacionales.

SN Redacción

Ante más de 30 mil personas -cifra récord de asistentes- el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar presentó su primer Informe de Gobierno de su segundo periodo a cargo de la alcaldía Coyoacán, en donde aseguró que no hay una sola colonia, unidad, barrio o pueblo en la demarcación en el que no se haya realizado algún trabajo o servicio.

https://youtu.be/ts-cMnqySnc

Al declarar a Coyoacán listo para recibir la Copa del Mundo, el alcalde dijo: “hemos visitado y emprendido acciones en las 163 unidades territoriales de nuestra querida Alcaldía. Los resultados son fehacientes y comprobables, pues han sido replicados y hemos puesto agenda en Coyoacán, desde el combate a las chelerías, la chatarrización, la recuperación de espacios públicos hasta la rehabilitación de mercados, escuelas e instalaciones deportivas”, precisó.
 
Acompañado por diputados federales y locales, senadores, líderes de partidos, representantes de organizaciones civiles y asociaciones diversas, así como con la presencia de la Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes -en representación de la Jefa de Gobierno Clara Brugada- el alcalde sostuvo que su gobierno es de diálogo y su tarea, como en la policía, es convencer y no vencer.

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“Seguiremos siendo una Alcaldía en constante diálogo y coordinación con todos los niveles de Gobierno porque la política es el arte de convencer y no de vencer. Hoy refrendo mi compromiso: hasta el último día de este gobierno, seguiré trabajando con la misma energía, con la misma convicción y con la misma entrega porque Coyoacán lo vale, porque su gente lo merece y porque es mi compromiso personal”, indicó. –sn–

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