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  1. Lysette Raquel Lameiro Camacho, vinculada con el Cártel de Sinaloa, encabeza instituto de administración pública en Chiapas: MCCI

    Lysette Raquel Lameiro Camacho dirige el Instituto de Administración Pública de Chiapas y conserva participación en The Woods Bar, empresa sancionada por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    Por Andrea Ruiz | Reportera – MCCI                                           

    La encargada de formar a los funcionarios públicos de Chiapas es socia de una empresa que Estados Unidos vincula con el Cártel de Sinaloa y sancionó a través de OFAC. Lysette Raquel Lameiro Camacho fue nombrada por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez al frente del Instituto de Administración Pública estatal, mientras dos de sus hermanos fueron socios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y de su entonces esposo Carlos Torres en otra empresa también sancionada por Estados Unidos.

    La institución encargada de capacitar y profesionalizar a servidores públicos de Chiapas está encabezada por una empresaria que es accionista en The Woods Bar, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

    El socio mayoritario de la compañía, Luis Alfonso Torres Torres (ex cuñado de la gobernadora de Baja California), quien controlaba 70% del capital, también fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).  El Departamento del Tesoro lo señala como responsable de recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California.

    Lysette Raquel Lameiro Camacho preside desde diciembre de 2024 el Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), una asociación civil que mantiene convenios con dependencias del gobierno estatal y ayuntamientos para capacitar y profesionalizar a sus funcionarios.

    Una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a documentos del Registro Público de Comercio muestra que Lameiro fue socia fundadora de The Woods Bar desde noviembre de 2020 y que continuaba como accionista cinco años después, cuando ya encabezaba el IAP.

    Al constituirse la empresa, Lameiro aportó el 13% del capital y su hermano Juan Manuel el 7%. Luis Alfonso Torres tenía entonces 40% y otros dos socios el resto de las acciones.

    El vínculo de Lameiro con The Woods Bar seguía vigente en diciembre de 2025. Una asamblea celebrada el día 9 de ese mes documenta que un socio decidió abandonar la sociedad y poner a la venta su participación, la cual fue adquirida por Torres.

    Tras la operación, Torres concentró 70% de The Woods Bar, mientras que los hermanos Lameiro conservaron el 20%.

    Para entonces Lysette Lameiro llevaba un año al frente del organismo encargado de formar y profesionalizar a servidores públicos chiapanecos.

    Designada por el actual gobernador chiapaneco

    Aunque el IAP es una asociación civil, mantiene una estrecha relación con el gobierno de Chiapas y los ayuntamientos. La propia institución establece entre sus tareas la profesionalización y capacitación continua de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

    De hecho, Lameiro llegó al IAP por designación de Eduardo Ramírez Aguilar. En 2024, cuando aún era gobernador electo, Ramírez anunció una treintena de nombramientos para su administración y presentó a Lameiro al frente del Instituto de Administración Pública.

    La relación con el mandatario ha continuado durante su gestión. El propio IAP informó en enero de 2025 que Lameiro sostuvo una reunión con el auditor superior del estado “por encomienda del gobernador” Eduardo Ramírez, para acordar acciones en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

    MCCI constató además una relación previa entre Lameiro y Ramírez, documentada mediante publicaciones y fotografías compartidas durante campañas y actos públicos.

    Un convenio firmado el 21 de enero de 2025, poco más de un mes después de que Lameiro asumiera la presidencia del IAP, muestra una relación formal con la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género del gobierno estatal. En el documento, Lameiro aparece como presidenta del Consejo Directivo y representante legal del instituto.

    El convenio general no fija una cantidad de recursos a entregar al IAP, pero contempla la celebración de convenios específicos en los que pueden establecerse, entre otros elementos, el destino y la fuente de los recursos. También dispone que los programas derivados se desarrollarán de acuerdo con la capacidad financiera o presupuestaria de las instituciones.

    El alcance del IAP va más allá de las dependencias estatales. Durante 2025 cerró 27 cursos del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), mediante los cuales reportó haber capacitado a 1,143 funcionarios municipales en materias que incluyeron procesos licitatorios, manejo responsable de recursos y eficiencia financiera.

    Entre las capacitaciones impartidas a los ayuntamientos se encuentran materias relacionadas con adquisiciones, contratación de bienes y servicios, transparencia y comprobación del gasto público.

    La institución ofrece cursos, programas de capacitación y certificaciones, además de diplomados, maestrías y doctorados para profesionalizar a los servidores públicos. El IAP también se compromete a diseñar e impartir talleres, seminarios y conferencias, así como a brindar asesoría.

    OFAC sancionó a la empresa y a su socio mayoritario

    The Woods Bar fue incluida por el Departamento del Tesoro entre las empresas mexicanas sancionadas por OFAC el 29 de septiembre de 2026, como parte de una acción contra redes que la autoridad estadounidense relaciona con el Cártel de Sinaloa.

    OFAC sancionó a The Woods Bar junto con otras cuatro compañías entre las empresas que, según la autoridad estadounidense, eran propiedad, estaban controladas o dirigidas por Luis Alfonso Torres, o habían actuado directa o indirectamente por cuenta de él.

    En el caso de Luis Alfonso Torres, el Departamento del Tesoro lo ubica junto con su hermano Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro de una red de corrupción que la autoridad estadounidense relaciona con el Cártel de Sinaloa.

    Según el Tesoro, Carlos Torres utilizaba su influencia política para facilitar actividades del cártel y protegerlas de la intervención de autoridades en Baja California. A Luis Alfonso Torres se le atribuye recibir sobornos y lavar recursos ilícitos mediante empresas y campañas.

    José Luis Portillo Reyes, funcionario municipal en Tijuana, también participa en The Woods Bar. Además de ser accionista, se le nombró en una asamblea celebrada el 1 de enero de 2025 como gerente administrativo, con facultades para abrir, manejar y cerrar cuentas bancarias, solicitar créditos, firmar pagarés y gravar bienes de la empresa.

    Lameiro y Torres coincidieron en más empresas

    La relación empresarial de Lysette Lameiro con Luis Alfonso Torres no se limitó a The Woods Bar.

    Cinco meses después de la constitución de The Woods Bar, Lameiro y Luis Alfonso Torres volvieron a coincidir en Desarrolladora Plaza Revolución, sociedad creada en Tijuana en abril de 2021 para realizar actividades turísticas e inmobiliarias, entre ellas operar hoteles, moteles, restaurantes y bares.

    En la empresa Torres aportó el equivalente al 20% del capital y Lysette Lameiro el 10%. También participaron otros integrantes de la familia Lameiro.

    En esa sociedad, Lameiro no era sólo inversionista. El acta constitutiva la nombró gerente de Desarrolladora Plaza Revolución.

    Otra coincidencia empresarial ocurrió en junio de 2024, meses antes de que Lameiro fuera designada al frente del IAP. En Desarrolladora El Sombrero, dedicada al sector inmobiliario, aparece como accionista mayoritaria y administradora única, mientras Jorge Alfredo Torres Torres, hermano de Luis Alfonso, figura también como socio.

    Los Lameiro y el entorno de la gobernadora de BC

    Las relaciones empresariales entre los Lameiro y los Torres se extienden a otros integrantes de ambas familias.

    En documentos del Registro Público de Comercio consta que Juan Manuel Lameiro Camacho compartió la sociedad Vida Orgánica Tijuana con Luis Alfonso Torres, Carlos Torres y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

    Vida Orgánica Tijuana figura también entre las cinco empresas sancionadas por OFAC en la acción del 29 de septiembre por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por Luis Torres, o actuar directa o indirectamente por cuenta de él.

    Juan Manuel Lameiro es el mismo empresario que comparte The Woods Bar con su hermana Lysette. –sn–

    Sociedad Noticias

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  2. FGR detiene a dos servidores públicos por robo y secuestro exprés en Tijuana

    La FGR cumplimentó órdenes de aprehensión contra José “N” y César “N” por su probable participación en robo agravado y secuestro exprés con fines de extorsión en Tijuana, Baja California.

    Por Martín García | Reportero                                      

    El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), obtuvo de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión por la probable participación de ambos servidores públicos en los delitos señalados. La investigación se relaciona con hechos denunciados en agosto de 2022.

    De acuerdo con la indagatoria, después de despojar a las víctimas de sus pertenencias, los señalados habrían mantenido a las personas privadas de la libertad mientras continuaban las agresiones. La autoridad no precisó en el comunicado la identidad completa de los investigados ni los cargos públicos que desempeñaban.

    FGR mantiene abierta la investigación

    La Fiscalía General de la República señaló que las personas investigadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

    El caso involucra presuntos delitos cometidos por servidores públicos, una circunstancia que coloca bajo escrutinio el posible uso indebido de sus funciones. La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de los señalados y esclarecer las circunstancias de los hechos.

    La FGR indicó que buscará sanciones contra los servidores públicos que incurran en conductas fuera de la ley. –sn–

    Sociedad Noticias

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