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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Día Internacional de la Democracia

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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TEPJF llama a preservar independencia rumbo a elección de 2027

El presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz, llamó a fortalecer la independencia, rendición de cuentas y criterios constitucionales ante los retos de las elecciones de 2027.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, afirmó que la fortaleza del sistema electoral rumbo a 2027 dependerá de que las autoridades jurisdiccionales cumplan su función, preserven su independencia y respondan por sus decisiones.

Durante la inauguración del 4º Encuentro Regional de la III Circunscripción Plurinominal, realizada en Chiapa de Corzo, Chiapas, Bátiz García señaló que el proceso electoral de 2027 ya está en marcha y planteó la necesidad de atender las distintas condiciones en que se ejercen los derechos político-electorales en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El magistrado sostuvo que, aunque las normas constitucionales son comunes para las siete entidades, las controversias pueden presentar características diferentes según el territorio, las comunidades y las circunstancias en que se ejerzan los derechos. Por ello, planteó fortalecer la capacidad de las autoridades para conocer, comprender y resolver cada asunto con el mismo rigor constitucional.

Justicia electoral ante nuevos conflictos

Bátiz García explicó que asuntos relacionados con candidaturas indígenas, acciones afirmativas, violencia política y disputas digitales pueden llegar a los tribunales con pruebas y obstáculos distintos. En ese contexto, consideró que las decisiones del TEPJF deberán ser examinadas a partir de la consistencia de sus criterios, la independencia de sus integrantes, la oportunidad de sus resoluciones y las razones que las sustentan.

El magistrado señaló que la preparación para las elecciones de 2027 no implica anticipar sentencias, sino identificar problemas antes de que se conviertan en controversias, fortalecer capacidades institucionales, revisar precedentes y mejorar la valoración de las pruebas.

La posición expresada en Chiapas coincide con planteamientos recientes del presidente del TEPJF sobre la necesidad de preservar la independencia judicial y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. En agosto, Bátiz García sostuvo que la justicia electoral requiere independencia para decidir y transparencia para explicar sus determinaciones.

El TEPJF mantiene actualmente a Bátiz García como presidente de la Sala Superior. La integración vigente del máximo órgano jurisdiccional electoral incluye también a Claudia Valle Aguilasocho, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón.

Diversidad electoral en el sureste

La magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Roselia Bustillo Marín, señaló que los siete estados de la III Circunscripción comparten características territoriales y una amplia diversidad cultural, además de concentrar sistemas normativos indígenas con presencia relevante.

Bustillo Marín sostuvo que esa diversidad plantea retos para la construcción de una democracia que reconozca distintas formas de organización y participación política. Su intervención puso énfasis en la necesidad de considerar las particularidades de cada comunidad dentro de la justicia electoral.

En el encuentro también participó el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, quien reiteró el compromiso del organismo con la organización de las elecciones y la protección de los derechos político-electorales.

Montaño Ventura planteó que las autoridades administrativas, jurisdiccionales y encargadas de investigar y sancionar infracciones electorales cumplen funciones diferenciadas dentro del sistema electoral mexicano. –sn–

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