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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

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Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Detienen a Mario Arturo Castillo y nueve policías de Coyuca de Benítez por caso de José Ángel López

Mario Arturo Castillo Ramos, secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez, y nueve policías municipales fueron detenidos tras la investigación por la desaparición y muerte de José Ángel López Girón.

Por Martín García | Reportero                                      

El secretario de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Mario Arturo Castillo Ramos, y nueve policías municipales fueron detenidos este jueves en Guerrero, en un operativo relacionado con la investigación por la desaparición y muerte de José Ángel López Girón, quien fue detenido por agentes municipales durante un retén el 11 de septiembre.

El caso tomó relevancia después de que López Girón fuera localizado sin vida el 13 de septiembre, a un costado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de El Papayo, en Coyuca de Benítez. Reportes periodísticos señalan que el cuerpo presentaba impactos de arma de fuego y huellas de tortura.

https://twitter.com/juanbaaq/status/2100693771864186993?s=20

La detención de Castillo Ramos y de los elementos municipales ocurre mientras las autoridades investigan la posible participación de policías de Coyuca de Benítez en los hechos. El operativo incluyó el aseguramiento de instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de al menos dos patrullas oficiales.

¿Qué ocurrió con José Ángel López Girón?

De acuerdo con testimonios de familiares, José Ángel López Girón, de 37 años, viajaba con integrantes de su familia cuando fue detenido alrededor de las 16:00 horas del 11 de septiembre en un punto de revisión instalado sobre el bulevar de Coyuca de Benítez.

Según la denuncia de sus familiares, los policías hicieron descender al hombre del vehículo y se lo llevaron, mientras sus acompañantes fueron liberadas. La familia posteriormente acudió a instalaciones de Seguridad Pública para conocer su situación, sin obtener información sobre su paradero.

Los familiares también acudieron ante autoridades ministeriales para reportar la desaparición y solicitar que se investigara la actuación de los policías municipales.

Localizan muerto al hombre detenido en el retén

Dos días después de la detención, el cuerpo de López Girón fue localizado en las inmediaciones de El Papayo, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

La familia señaló públicamente que el hombre había sido detenido por policías municipales antes de desaparecer. Incluso difundió un video en redes sociales en el que se observa un operativo de revisión a un vehículo durante el retén.

A partir de estos hechos se abrió una investigación relacionada con la desaparición de López Girón y su posterior muerte. Reportes recientes señalan que las autoridades judiciales ordenaron las detenciones de elementos de la corporación municipal.

Operativo en la Secretaría de Seguridad Pública

Durante el despliegue realizado este jueves, las autoridades aseguraron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez y dos patrullas municipales, mientras elementos federales y estatales mantuvieron presencia en la zona.

Entre las corporaciones que participaron en el operativo se reportó la presencia de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades ministeriales.

La situación jurídica de los detenidos deberá determinarse ante la autoridad judicial correspondiente. La investigación busca establecer las circunstancias en las que López Girón fue detenido, qué ocurrió después de su traslado y quiénes tuvieron participación en su desaparición y muerte. –sn–

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Por este motivo, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.

Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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La SCJN lamenta el asesinato de uno de sus investigadores en Guerrero

Activista afromexicano fue atacado tras participar en seminario académico.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El investigador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sael Silva Cisneros, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuajinicuilapa, en la región de la Costa Chica de Guerrero, tras un ataque armado registrado durante la noche del viernes. El hecho generó reacciones en instituciones académicas y judiciales vinculadas a la defensa de los derechos humanos. La agresión también dejó a una persona lesionada.

De acuerdo con los reportes oficiales, el homicidio ocurrió alrededor de las 21:00 horas del 5 de junio de 2026. Hombres armados atacaron un establecimiento ubicado sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

La víctima formaba parte del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la Corte. Horas antes del ataque había participado en la segunda sesión del seminario “Disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos”. El encuentro académico se desarrolló en el Centro de Cuajinicuilapa con la asistencia de especialistas y activistas.

Trayectoria académica

Sael Silva Cisneros desarrolló una labor enfocada en la promoción de los derechos humanos y la visibilización de sectores históricamente marginados. Su trabajo abordó temas relacionados con comunidades afromexicanas, pueblos indígenas y diversidad sexual. Diversos espacios académicos documentaron su participación en actividades de investigación y divulgación.

Dentro de la SCJN, colaboró en proyectos orientados al análisis constitucional y a la generación de espacios de reflexión jurídica. También participó en seminarios, encuentros especializados y actividades de difusión de derechos fundamentales. Su trayectoria lo vinculó con iniciativas enfocadas en igualdad e inclusión social. –sn–

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Violencia y operativos marcan jornada en Costa Chica

El reporte federal tampoco precisó si los vehículos decomisados estaban relacionados con alguna organización delictiva específica.

Por Ángel Verduzco | Corresponsal                                         

Autoriades seguridad reportaron el hallazgo de los cuerpos de dos hombres en una camioneta abandonada cerca de la comunidad de Las Cruces, en el municipio de San Marcos. El descubrimiento ocurrió alrededor de las 10 de la mañana del viernes. La unidad fue localizada en las inmediaciones de un basurero situado a un costado de la carretera que conecta Las Mesas con la cabecera municipal.

Las autoridades indicaron que en la batea de la camioneta se encontraban los restos de las víctimas, mientras que otras partes fueron colocadas sobre el vehículo. En el lugar también fueron localizadas cartulinas con mensajes cuyo contenido no fue revelado oficialmente. Personal de seguridad acordonó la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Hallazgo en San Marcos

Medios locales identificaron a las víctimas como Gregorio, de 34 años, y Heriberto, de 37 años. Ambos eran originarios de la comunidad de Las Mesas, perteneciente al municipio de San Marcos. Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

En otro hecho, familiares de Pedro Catalán Hilario, de 45 años y originario del municipio de Copalillo, solicitaron apoyo para localizarlo tras su desaparición en Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con la información difundida, fue visto por última vez el pasado 26 de mayo en la zona centro de esa ciudad. Hasta la tarde del viernes se desconocía su paradero.

La ficha de búsqueda emitida por la fiscalía de esa entidad indicó que Pedro presentaba amputaciones en los dedos pulgar y anular de la mano derecha. También señaló que vestía short beige, tenis negros y playera al momento de su desaparición. Sus familiares difundieron la información para ampliar los esfuerzos de localización.

Operativos antidroga

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó sobre el aseguramiento de 14.480 kilogramos de probable mariguana en el municipio de Tlacoachistlahuaca. El decomiso incluyó una camioneta y una motocicleta presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. La acción se realizó en la localidad de Las Minas.

El operativo contó con la participación de elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales. Las autoridades señalaron que el aseguramiento derivó de recorridos de prevención y vigilancia efectuados en la región. Los indicios quedaron a disposición de las instancias competentes para las investigaciones correspondientes. –sn–

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Misión exige seguridad en Montaña Baja de Guerrero

Los colectivos convocaron a organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades, sindicatos, iglesias, medios libres y periodistas a pronunciarse de forma urgente sobre el caso.

Por Martín García | Reportero                                      

Organizaciones denunciaron omisión del Estado mexicano ante los riesgos que enfrentó la Misión Civil de Observación durante su traslado hacia la región de la Montaña Baja de Guerrero. El pronunciamiento señala que integrantes de la misión se dirigieron a la comunidad de Alcozacán, donde comunidades indígenas padecieron ataques armados, desplazamiento forzado y violaciones a derechos humanos.

Las organizaciones indicaron que autoridades federales se comprometieron previamente a brindar acompañamiento y medidas de seguridad para garantizar el ingreso seguro de la misión. Sin embargo, el documento precisó que el 22 de mayo los participantes recibieron la notificación de que no existiría resguardo oficial cuando se encontraban a pocos minutos de arribar a Tlapa.

El pronunciamiento colectivo advirtió que la falta de protección colocó en peligro la integridad física, psicológica y política de quienes participaron en la observación civil. Las agrupaciones responsabilizaron al Estado mexicano y a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión, amenaza, intimidación o ataque armado contra los participantes.

Antecedentes violentos

Las organizaciones recordaron la agresión registrada contra la Caravana Humanitaria hacia San Juan Copala, donde murieron la defensora de derechos humanos Bety Cariño y el observador internacional Jyri Jaakkola. El comunicado afirmó que aquel hecho evidenció consecuencias derivadas de la falta de garantías de seguridad y de la omisión institucional frente a grupos armados. Los firmantes señalaron que esos antecedentes obligaron a emitir una alerta urgente por el contexto actual en Guerrero.

El documento sostuvo que actualmente persistió un patrón relacionado con promesas de protección incumplidas y comunidades indígenas abandonadas frente a grupos criminales. Las organizaciones afirmaron que las autoridades retiraron mecanismos de seguridad previamente comprometidos para el acompañamiento de la misión. También denunciaron que personas defensoras quedaron expuestas ante contextos de violencia regional.

Las agrupaciones indicaron que la memoria de Bety Cariño y Jyri Jaakkola mantuvo vigencia frente a situaciones donde se puso en riesgo a quienes acompañaron luchas comunitarias. El comunicado señaló que la omisión institucional también representó una forma de responsabilidad frente a posibles agresiones. Los colectivos consideraron indispensable documentar cada incumplimiento relacionado con la seguridad de la misión.

Exigen medidas inmediatas

Las organizaciones exigieron que el Estado mexicano garantizara de manera inmediata el acompañamiento seguro de la Misión Civil de Observación hasta Alcozacán. También solicitaron una ruta segura de ingreso, permanencia y salida para periodistas, observadores y defensores de derechos humanos presentes en la región. El pronunciamiento incluyó la demanda de protección urgente para comunidades desplazadas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.

El documento pidió investigar ataques armados, desplazamiento forzado y la actuación de grupos narco-paramilitares en la Montaña Baja de Guerrero. Las organizaciones solicitaron la intervención inmediata de organismos nacionales e internacionales especializados en derechos humanos. Asimismo, requirieron mecanismos públicos y verificables de seguridad para garantizar la integridad de los participantes de la misión.

Los colectivos convocaron a organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades, sindicatos, iglesias, medios libres y periodistas a pronunciarse de forma urgente sobre el caso. El llamado incluyó la emisión de comunicados, conferencias de prensa y acciones de vigilancia pública para monitorear la seguridad de la misión civil. Las agrupaciones insistieron en que la solidaridad nacional e internacional resultó necesaria para evitar nuevas agresiones contra comunidades indígenas.

Organizaciones firmantes

Entre las agrupaciones firmantes aparecieron Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA, Frente Popular Revolucionario (FPR) y Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ). También suscribieron el documento Radio indígena y Comunitaria Ecos de la sal, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano y el Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción (GLEFAS). Las organizaciones señalaron que el acompañamiento comunitario formó parte de acciones de observación y defensa de derechos humanos.

El posicionamiento también incluyó a Centro de Formación para la Autonomía Teocentli, Radio Comunitaria Zacatepec y el Colectivo Huitzil Urbano. Se sumaron organizaciones nacionales e internacionales como Betyren Lagunak del País Vasco y colectivos de Veracruz y Oaxaca vinculados a procesos de autonomía comunitaria. Los firmantes señalaron que mantendrían vigilancia pública sobre el desarrollo de la misión.

La lista de adhesiones integró además a Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) y el Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C.. El documento también reunió apoyos de redes académicas, radios comunitarias y agrupaciones campesinas de distintas regiones del país. Las organizaciones reiteraron la exigencia de garantías de seguridad para comunidades indígenas desplazadas en la Montaña Baja de Guerrero. –sn–

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Pobladores de Atlixtac denuncian ataques con drones explosivos

Los habitantes reiteraron el llamado urgente al gobierno federal y a las autoridades estatales para reforzar la seguridad en la Montaña Alta de Guerrero.

Por Martín García | Reportero                                      

La comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula Norte, en el municipio de Atlixtac, denunció una nueva ola de violencia en la región Montaña Alta de Guerrero, donde civiles armados realizaron ataques a balazos y con drones explosivos. Los habitantes solicitaron apoyo urgente del gobierno federal y acusaron abandono de las autoridades de seguridad desde finales de abril.

Los pobladores señalaron que las agresiones ocurrieron en condiciones similares a los hechos registrados en Chilapa durante los últimos días. La comunidad informó que las detonaciones y explosiones se intensificaron desde la noche del miércoles, cuando decenas de familias buscaron refugio ante el temor de nuevos ataques.

Al menos 80 mujeres, 17 niñas y 15 niños permanecieron resguardados en la comisaría municipal durante la madrugada. Habitantes de la zona relataron que los explosivos lanzados desde drones dañaron viviendas y provocaron pánico entre la población indígena, que no logró descansar por el riesgo constante.

Miedo en la montaña

Una mujer de la comunidad declaró que las bombas destruyeron casas y que en un solo día cayeron alrededor de 20 artefactos explosivos. Los testimonios difundidos desde la región indicaron que las detonaciones ocurrieron a unos 500 metros de la localidad, mientras familias enteras permanecieron encerradas por seguridad.

A través de un comunicado firmado por aproximadamente 600 habitantes, la población solicitó la intervención de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Los pobladores denunciaron que la violencia atribuida al grupo criminal Los Ardillos dejó personas fallecidas, familias desplazadas y un clima permanente de terror en la zona.

El documento difundido desde la comisaría municipal señaló que las autoridades abandonaron a la comunidad desde el 27 de abril. Los habitantes alertaron además sobre la presencia de civiles armados en localidades como Totolapa, Zoyaltepec, Huixtlatzala, Totoltemec, Mexcaltepec y Meyoltepec. –sn–

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Tres asesinatos en Acapulco desatan movilización de autoridades en zona suburbana esta madrugada

El reporte policiaco indica que civiles armados atacaron a balazos una casa y en el ataque un hombre fue asesinado.

Por Ángel Verduzco | Corresponsal                                         

Tres hombres fueron asesinados esta madrugada en diferentes hechos en la zona suburbana de Acapulco, de acuerdo con fuentes ministeriales.

En un primer caso, dos hombres fueron encontrados asesinados en la cajuela de un taxi colectivo, en la colonia Ciudad Renacimiento.

De acuerdo con el informe, minutos antes de la medianoche, una llamada de emergencia alertó de un taxi abandonado en la calle Juan R. Escudero.

Durante la revisión, las autoridades encontraron en la cajuela a dos hombres asesinados con torniquete en el cuello.

En otro caso, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Postal, ubicada en las inmediaciones de la Zapata.

El crimen fue reportado minutos antes de la medianoche, en la calle Quinta. –sn–

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Asesinan a coordinador del IMSS-Bienestar en Guerrero

Ejecutan a funcionario federal y violencia deja siete muertos en 24 horas.

Por Ángel Verduzco | Corresponsal                                         

Este lunes fue asesinado a balazos Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar, en la capital de Guerrero.

El reporte ministerial señala que el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 horas en la calle Prolongación Abasolo. El funcionario caminaba por la colonia Ruffo Figueroa cuando hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon. La agresión se registró en una zona céntrica de Chilpancingo.

La víctima intentó refugiarse en una juguería cercana tras recibir los disparos. Los agresores ingresaron al establecimiento y lo ultimaron en el lugar. En la escena fueron localizados casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Las autoridades hallaron cerca del sitio un par de chanclas atribuidas a la víctima. Personal ministerial realizó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Perfil del funcionario

El hombre fue identificado como Raymundo Cabrera Díaz, de 55 años, médico cirujano. Se desempeñó como coordinador de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 03 Centro de la Secretaría de Salud estatal. Desde 2024 ocupó uno de los cuatro cargos de coordinador médico regional del IMSS-Bienestar en la entidad.

El asesinato ocurrió un día después del Paseo del Pendón en Chilpancingo. Este evento marcó el inicio de la feria local anual. La jornada se realizó bajo un amplio operativo de seguridad.

En las últimas 24 horas se registraron siete homicidios en el estado. Entre las víctimas se encontró una agente de la Policía Investigadora Ministerial. Los hechos se distribuyeron en distintos municipios de Guerrero. –sn–

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Asesinan a subsecretario del Bienestar en Guerrero

Violencia en Guerrero cobra la vida del subsecretario Hossein Nabor Guillén.

Por Ángel Verduzco | Corresponsal                                         

La violencia en Guerrero alcanzó al subsecretario del Bienestar, Hossein Nabor Guillén, ejecutado en Tixtla. El crimen se registró la tarde del martes en la carretera Chilpancingo-Tixtla. La Fiscalía General del Estado de Guerrero inició una investigación por homicidio calificado.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue atacado por hombres armados sin que mediara diálogo. Los disparos lo alcanzaron cuando transitaba en un vehículo oficial rumbo a una actividad laboral. El ataque ocurrió en inmediaciones del acceso carretero hacia Tlapa.

El cuerpo de Hossein Nabor Guillén quedó tendido en la vía pública frente a una pozolería. Elementos policiacos acordonaron el área y resguardaron la escena en espera de peritos. La investigación inicial se centró en testimonios de testigos presenciales.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía de Guerrero confirmó que abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. Autoridades judiciales señalaron que se aplicarían protocolos de criminalística para esclarecer el asesinato. Al cierre de este martes no se reportó ninguna persona detenida.

El subsecretario del Bienestar estatal fue emboscado en un tramo considerado de alto riesgo. Informes policiales indicaron que al menos dos atacantes dispararon contra su vehículo en movimiento. Paramédicos confirmaron la muerte en el lugar de los hechos.

En la zona se localizaron varios casquillos percutidos que fueron asegurados como evidencia. El personal ministerial realizó el levantamiento del cuerpo en presencia de autoridades locales. Posteriormente se trasladó al Servicio Médico Forense de Chilpancingo.

La línea de investigación incluyó la posibilidad de crimen organizado debido al modus operandi. No obstante, la Fiscalía estatal aclaró que aún no existían hipótesis concluyentes sobre los responsables.

Reacciones oficiales

El gobierno estatal expresó sus condolencias por el asesinato del subsecretario de Bienestar. Funcionarios de los tres niveles de gobierno lamentaron el hecho en mensajes públicos. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instruyó reforzar la seguridad en la región.

El secretario de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, confirmó que se daría acompañamiento a la familia. La dependencia aseguró que no se descartaba ninguna línea de investigación sobre el crimen.

Diversos actores políticos locales se pronunciaron tras conocerse el homicidio de Hossein Nabor Guillén. Mensajes difundidos en redes sociales subrayaron la urgencia de recuperar la paz en Guerrero.

En Tixtla, habitantes colocaron veladoras en el lugar donde fue ejecutado el funcionario. Las acciones simbólicas se realizaron en silencio y con resguardo policial.

Contexto de violencia en Guerrero

El asesinato del subsecretario ocurrió en medio de una ola de violencia en la entidad. En las últimas semanas se registraron enfrentamientos entre grupos armados en varias regiones. Municipios como Chilpancingo y Acapulco concentraron ataques y bloqueos carreteros.

Autoridades federales enviaron refuerzos militares para contener la crisis en zonas conflictivas. Sin embargo, los homicidios dolosos continuaron en ascenso según cifras del Secretariado Ejecutivo. La situación de inseguridad fue señalada por organizaciones sociales de Guerrero.

El municipio de Tixtla, donde ocurrió el crimen, registró múltiples hechos violentos en meses recientes. Balaceras en la carretera y bloqueos prolongados afectaron a transportistas y a la población civil.

La ejecución de Hossein Nabor Guillén se sumó a una lista de funcionarios atacados en el estado. En años anteriores, directores municipales y regidores también fueron asesinados en circunstancias similares.

Llamado a la unidad

El gobierno federal informó que trabajaba de manera coordinada con el estado para esclarecer el caso. El mensaje oficial subrayó que no habría impunidad en torno al asesinato. La Secretaría de Seguridad federal envió unidades adicionales de apoyo.

En tanto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocó a la unidad de todos los sectores sociales. Resaltó que el crimen contra un funcionario público exigía respuestas firmes y coordinadas.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables. El asesinato del subsecretario generó indignación en la entidad y en la capital del país.

El cuerpo de Hossein Nabor Guillén fue velado en Tixtla en ceremonia privada. Familiares y colaboradores exigieron justicia inmediata y protección para funcionarios estatales. El caso continúa abierto. –sn–

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