Morena quiere quitar patrimonio a milones de mexicanos con Ley de Aguas: Moreira
Ley de aguas genera conflicto nacional Nueva ley de aguas provoca despojo y alarma.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La nueva Ley General de Aguas impulsada por Morena provoca acusaciones de despojo y riesgos para productores, según afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien señaló que la propuesta separa la tierra de la dotación de agua y criminaliza prácticas tradicionales del campo.
El legislador federal priista explicó que la iniciativa transforma actividades históricas en posibles delitos sin consulta genuina a los afectados. También indicó que la medida afectó a campesinos, ganaderos, mineros y usuarios de varias regiones del país.
En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, Moreira Valdez aseguró que los supuestos foros regionales organizados por diputados de Morena se efectuaron en la ciudad de México sin escuchar testimonios directos del campo. Añadió que el PRI sí realizó encuentros en distintos estados para conocer preocupaciones reales de los sectores productivos. El diputado sostuvo que la exclusión de voces locales impidió la construcción de una propuesta equilibrada.
El coordinador de la bancada priista precisó que la ley no ayudó ni al jefe del Ejecutivo ni al campo mexicano porque quedó diseñada para controlar actividades de la población. Señaló que detrás de la iniciativa actuaron funcionarios que ejecutaron procesos deficientes o intencionalmente restrictivos. También afirmó que la propuesta fortaleció un modelo centralizado con mecanismos de presión institucional.
Control del agua
Moreira Valdez expuso que la ley permitió que autoridades fabricaran delitos contra campesinos mediante criterios discrecionales. Indicó que la normativa abrió la puerta al despojo de agua para beneficiar a empresarios afines o favorecer intercambios políticos. Explicó que estas acciones redujeron la competitividad y frenaron la inversión nacional.
En un foro efectuado en Aguascalientes, encabezado por el diputado Luis Gerardo Sánchez, el legislador priista adelantó que toda el agua del país quedaría bajo control del gobierno federal. Afirmó que incluso la lluvia estaría sujeta a permisos oficiales antes de ser retenida por productores o comunidades. También advirtió que norias caseras o bordos de abrevadero quedarían vigilados y obligados a pagar impuestos.
El diputado señaló que Morena aceleró el proceso legislativo porque sus comisiones cambiaron posturas de un día para otro con el fin de avanzar la aprobación. Recordó que el PT pidió votar la iniciativa sin modificaciones bajo el argumento de que no perjudicaba a la población. Añadió que este ritmo legislativo evidenció la intención de cerrar el dictamen en diciembre.
Impactos legales
El abogado Miguel Ángel Sulub explicó que la iniciativa presidencial permitiría negar concesiones o prórrogas a quienes presentaron adeudos fiscales porque mezcló exigencias tributarias con derechos hídricos. Precisó que los propietarios ya no podrían vender, heredar o alquilar parcelas con agua debido a que el líquido quedó desligado de la tierra. Añadió que cada uso del recurso necesitaría autorización y que incluso herederos podrían enfrentar negativas oficiales.
Sulub advirtió que un pequeño productor sería sancionado por usar más volumen del permitido según criterios administrativos estrictos. Señaló que las multas oscilaron entre 30 mil y 7 millones de pesos, cifra superior al valor de muchas parcelas. También detalló que la propuesta creó delitos hídricos con penas de 2 a 12 años de cárcel y multas de hasta 1.3 millones de pesos.
El ambientalista Ignacio Loera indicó que la reforma afectó prácticas agrícolas sustentables como la rotación de cultivos, técnica mesoamericana fundamental para la conservación de suelos. Explicó que dichas actividades quedaron sujetas a restricciones oficiales que limitaron la autonomía de productores. Agregó que la norma generó incertidumbre para comunidades rurales. –sn–
Ruben Moreira
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