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Columna Sociedad | Cinco cunas vacías

Cinco cunas quedaron vacías tras la muerte de recién nacidos en el IMSS Durango. La investigación deberá esclarecer qué ocurrió, determinar responsabilidades si las hubo y ofrecer respuestas claras a las familias.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Cinco recién nacidos murieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en Durango.

El IMSS abrió una investigación clínica y epidemiológica; detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual, pero precisó que su presencia no explica, por sí sola, las cinco muertes.

Diego Tovalín, padre de uno de los bebés, me narró falta de información y presuntas irregularidades. Su relato plantea dudas sobre higiene, información médica y circunstancias de la muerte de su hijo y los otros recién nacidos.

Sin duda alguna, este caso rebasa la controversia médica. En 2024 México registró 1 millón 672 mil 227 nacimientos. Cada uno representa una vida y una obligación pública.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) reportó más de 14 mil solicitudes de atención por inconformidades médicas en 2024. En el IMSS, de julio de 2024 a junio de 2025, se recibieron 2 mil 733 quejas médicas. Este dato no implica mala práctica, pero muestra la necesidad de investigar, reparar los daños y evitar repetir estas acciones.

Por si fuera poco, no existe dinero que restituya una vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la pérdida de la vida no puede tasarse como una mercancía; una compensación no equivale al valor de una persona, pero una indemnización es una forma de reparar el daño a familiares y dependientes.

Tampoco sería serio convertir a personal médico y de enfermería en culpables antes de una investigación. El propio IMSS ha documentado necesidades de mantenimiento, renovación de equipo y carencias de medicinas en hospitales. Deben revisarse plantillas, turnos, capacitación, insumos, higiene y supervisión.

En este contexto, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que el caso se investiga y que el titular del IMSS, Zoé Robledo, ya se encuentra en Durango para contribuir en las indagatorias y mantener contacto con las familias. Sin duda, la sociedad necesita saber qué pasó.

Si hubo una infección asociada a la atención, debe establecerse cómo ocurrió. Si hubo errores profesionales, deben determinarse responsabilidades. Si existieron fallas de infraestructura, insumos, capacitación o supervisión, deben corregirse. Si las muertes fueron inevitables por las condiciones clínicas de los bebés, las familias merecen la evidencia que lo demuestre.

A México le afecta que cinco familias puedan sentir que entregaron a sus hijos a una institución sin recibir una explicación clara. La confianza en el sistema de salud se erosiona cuando las respuestas llegan tarde o parecen proteger primero a la institución.

La mandataria federal ha planteado acompañamiento a las familias y una investigación puntual y profesional. Ese trato debe mantenerse con sensibilidad y transparencia. Cinco cunas vacías son vidas interrumpidas y familias marcadas para siempre. El Estado no puede devolverlas, pero sí puede evitar que la pregunta de los padres quede sepultada junto a sus hijos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: Día Internacional de la Democracia

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | Día Internacional de la Democracia

La democracia surge de una disputa ancestral contra el poder; desde la antigua Atenas hasta las democracias contemporáneas.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Por este motivo, el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, es una fecha que obliga a revisar si las instituciones permiten —o no— que los ciudadanos ejerzan sus derechos, cuestionen al gobierno y participen en las decisiones públicas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coloca a las personas en el centro de esa discusión. Su mensaje es sencillo, no existe democracia plena donde desaparecen la confianza, el diálogo y los espacios para la participación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 convirtió a la libertad de opinión y expresión en un derecho fundamental. Hannah Arendt advirtió sobre los peligros que aparecen cuando la verdad pública pierde valor. En este sentido, Norberto Bobbio explicó que la democracia necesita reglas, instituciones y transparencia para impedir que el poder se convierta en dominio.

Nelson Mandela aportó otra lección; una democracia no se construye para una mayoría determinada, sino para garantizar derechos, incluso, a quienes ayer fueron adversarios y mañana pueden serlo nuevamente.

Hoy el problema tiene una nueva dimensión; las redes sociales democratizan la palabra, pero también multiplican la desinformación. Así, una mentira puede recorrer el mundo antes de que una institución consiga explicar los hechos.

António Guterres ha advertido precisamente sobre ese escenario, polarización, desconfianza y reducción de los espacios cívicos, y subraya la importancia de que la sociedad pueda distinguir entre información, propaganda y manipulación.

Aquí aparece el periodismo. Una prensa libre no es enemiga de la democracia, por el contrario, es uno de los mecanismos de vigilancia. Preguntar, investigar, contrastar y publicar aquello que incomoda al poder forma parte de su responsabilidad.

Pero la democracia tampoco puede confundirse con la obligación del gobierno de permanecer callado ante la crítica. Gobernar implica responder, explicar y, cuando sea necesario, confrontar argumentos.

En México, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de la República mediante una elección constitucional y ha sostenido que existe libertad de expresión en el país. Su administración también ha convertido la conferencia presidencial -“la mañanera”- en un espacio cotidiano de exposición, explicación y respuesta ante los periodistas.

Este modelo, instaurado por Andrés Manuel López Obrador desde 2001, cuando fungía como jefe de gobierno capitalino, ha funcionado para fijar agenda informativa, confrontar directamente las políticas opositoras, pero sobre todo, para informar a la sociedad.

Así, el gobierno de Sheinbaum Pardo mantiene este modelo de comunicación política, con la plena oportunidad de ofrecer información sobre los resultados de la gobernanza, responder con argumentos, aceptar cuestionamientos y permitir que sus decisiones sean sometidas al escrutinio ciudadano.

Punto cero

La propuesta de reforma constitucional de la mandataria Claudia Sheinbaum, que impide a ciudadanos con doble nacionalidad gobernar un estado, comenzó a descarrilar proyectos políticos dentro de la coalición oficialista. La iniciativa, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la carta magna, será votada en el Congreso el próximo 22 de septiembre. Con el respaldo de Morena en ambas cámaras, así, la reforma cerrará el paso a distintos perfiles rumbo a los comicios locales y anticipa nuevas tensiones.

Uno de los primeros efectos políticos de esta legislación ya golpea directamente a Nayarit. La senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, vio desplomar su estrategia para convertirse en candidata de la alianza Morena-PVEM-PT a la gubernatura. Aunque la legisladora con licencia trabajaba activamente para consolidarse como una de las principales opciones del partido en la entidad, las nuevas reglas impulsadas desde el Ejecutivo Federal prácticamente sepultan sus aspiraciones electorales.

El impedimento para Bugarín se encuentra en sus documentos oficiales. De acuerdo con registros de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la legisladora nació en Estados Unidos, donde fue registrada con un solo apellido. Esta condición de doble nacionalidad entra en conflicto directo con la reforma promovida por Sheinbaum Pardo, que endurece los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a encabezar un gobierno estatal.

La coyuntura coloca ahora a la senadora del Partido Verde ante una disyuntiva política y de congruencia frente a la votación del 22 de septiembre. Aunque Bugarín solicitó licencia al Senado, su suplente, Angélica Montes, tendrá que definir si respalda la reforma de la mandataria —una decisión que implicaría cerrar legalmente el proyecto político de la propia Bugarín— o si asume una posición de resistencia ante una iniciativa que para sus aliados constituye una prioridad nacional.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La Montaña baja de Guerrero

Texto publicado de manera original en el diario digital SDP Noticias

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Columna Sociedad | La Montaña baja de Guerrero

Chilapa de Álvarez, Guerrero, vive episodios de violencia ante una disputa territorial que arrastra más de una década, una mezcla del crimen organizado, control económico, comunitario y poder local.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

Autoridades ubican al grupo de “Los Ardillos” entre los actores de la expansión territorial en la Montaña baja, y señalan choques con organizaciones de autodefensa indígena, ante la disputa del territorio, unos para cultivar y realizar operaciones con drogas y los últimos, comida.

El último episodio se dio el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán, Alcozacán y Coatzingo, según una comunicación oficial emitida por seis relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fechada el 8 de junio, de la que este reportero tiene copia, y, en la que se documentan ataques con armas de alto poder y drones con explosivos, además del desplazo forzado de cientos de personas, todas indígenas nahuas.

Cerca de mil familias habrían sido afectadas y alrededor de mil 300 personas fueron identificadas como desplazadas; este episodio comprometió alimentos, agua, atención médica, vivienda y vida comunitaria, según detallan las relatorías de la ONU. Familias ahuyentadas que dejaron a su paso tierra, animales, escuela, redes comunitarias y parte de su identidad.

Además de la ONU, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares en 2021 para los habitantes de Tula y Xicotlán. Es decir, la violencia no apareció de la nada, había señales previas.

Ante esta situación, la mandataria Claudia Sheinbaum ordenó la presencia institucional inmediata en la región; el 12 de mayo se reportó el desplazo de 690 elementos del Ejército, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activó un corredor seguro para distribuir alimentos, atención médica e insumos de primera necesidad; la respuesta combinó seguridad, diálogo y atención.

El 14 de mayo comenzó el retorno de 118 personas a Xicotlán, con alimentos, apoyo psicológico y vigilancia. Después llegaron servicios médicos, medicamentos, orientación jurídica y programas sociales.

En este sentido, la ONU pidió garantías para un retorno seguro y permanente, investigación de los hechos y protección efectiva. El reto, resaltó la institución internacional, es convertir la emergencia en política sostenida.

Así, frente a una región donde grupos criminales disputan territorio desde hace décadas, el gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum recuperó presencia institucional, abrió corredores, atendió a las víctimas y acompañó el retorno de las personas indígenas afectadas.

La crisis en esta zona de Chilapa, Guerrero, no fue creada en este régimen, es una herencia de años de violencia acumulada desde la década de los años sesenta, producto de una alta marginación social.

Recuperar la comunidad significa devolver seguridad, servicios, autoridad y confianza. La paz se construye cuando una familia puede volver a su casa y saber que el Estado estará ahí mañana.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: “Hotel La Torre” de Coahuila

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Columna Sociedad | “Hotel La Torre” de Coahuila

¿Qué ocurrió en La Torre cuando dejó de ser hotel y fue señalado como sitio de detención y tortura?, es una de tantas preguntas que las autoridades de Coahuila deberán de responder pronto a la sociedad.

Por José Víctor Rodríguez Nájera

La Torre nació como símbolo de modernidad. Construida entre 1975 y 1976, formó parte del crecimiento de Saltillo y alcanzó notoriedad internacional durante el Mundial de México 1986, cuando albergó a la selección de Portugal. Décadas después cerró sus puertas y quedó abandonada.

En 2013, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) difundió información proporcionada por la Casa del Migrante de Saltillo sobre 35 migrantes hondureños que denunciaron violaciones a sus derechos humanos. Varias víctimas identificaron el Hotel La Torre como uno de los sitios donde habrían sido detenidas y sometidas a tortura por agentes municipales y elementos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS).

Los testimonios incluyen señalamientos de tratos degradantes como asfixia, descargas eléctricas y violencia sexual. La OMCT también refirió que los migrantes habrían sido detenidos para obtener auto incriminaciones relacionadas con delitos contra la salud. Los testimonios recabados constituyen indicios documentales que merecen una investigación seria y profunda, hasta ahora negada.

Más aún. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado violaciones graves cometidas por corporaciones de seguridad de Coahuila. En 2024 emitió la Recomendación 169VG/2024 por desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tratos crueles contra 21 personas entre 2013 y 2014. En 2019, otra recomendación, la 25VG/2019, abordó la desaparición forzada de tres personas en Monclova y señaló violaciones al acceso a la justicia y a la verdad.

Hay otro elemento que obliga a mirar el inmueble con mayor atención. Un expediente de derechos humanos relacionado con una desaparición ocurrida en Saltillo en 2013 contiene el testimonio de familiares que buscaron información sobre la víctima en distintos lugares, incluido el Hotel La Torre.

Por este motivo, es relevante que el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja haya solicitado la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para realizar un análisis de campo y prospección forense en el predio. Además de plantear la preservación y acordonamiento del lugar antes de cualquier acción para demoler, excavar, nivelar o de construcción que pudiera destruir posibles indicios.

El legislador ha citado, además, información obtenida mediante transparencia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), según la cual existirían 127 desapariciones registradas entre 2007 y 2025 en las que habrían sido señaladas la intervención de agentes de corporaciones de seguridad o instituciones gubernamentales de Coahuila.

El gobierno de Manolo Jiménez Salinas tiene la oportunidad, incómoda, de demostrar que la administración de Coahuila cuenta con instituciones de seguridad, procuración de justicia y búsqueda, con capacidad de responder –con pruebas científicas– a las víctimas.

Lo que no resulta aceptable es que un inmueble relacionado con testimonios de víctimas termine convertido en escenario de entretenimiento, proyecto inmobiliario o una simple ruina, antes de que se ubiquen pruebas por la comisión de delitos de agentes del Estado mexicano, según se deriva de las acusaciones formales.

La posibilidad de que durante años hayan existido preguntas documentadas, que hoy existan herramientas para buscar respuestas y que, aun así, las instituciones, o más bien los políticos, prefieran dejar que el tiempo haga lo que ningún investigador debería permitir, borrar las huellas de la verdad.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior: La ingeniería social de salud

Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica

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Presenta Ricardo Mejía juicio político contra diputados del Congreso de Coahuila

El Congreso de Coahuila incumple resoluciones judiciales, se niega a legislar la revocación de mandato y recrimina la protesta social.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó este viernes una solicitud de juicio político contra integrantes del Congreso del Estado de Coahuila, a quienes acusa de incumplir resoluciones judiciales, negarse a legislar sobre la revocación de mandato y promover la criminalización de la protesta social. Además, informó que impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución emitida por el Tribunal Electoral local con el propósito de solicitar la anulación de la pasada elección local.

A través de un mensaje emitido desde la Cámara de Diputados en sus redes sociales, el legislador del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que las instituciones de Coahuila, a cargo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, carecen de independencia y aseguró que continuará promoviendo acciones legales en instancias federales al considerar que en la entidad existen violaciones al Estado de derecho.

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/videos/776557198850160/

Ricardo “El Tigre” Mejía explicó que el juicio político se sustenta en tres argumentos, el primero, el incumplimiento de una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que ordenó la restitución del diputado local Antonio Flores Guerra, quien, recordó, fue separado de su cargo de manera ilegal e inconstitucional. El legislador federal petista señaló que la mayoría parlamentaria del Congreso estatal ha rechazado acatar esa resolución judicial, situación que, afirmó, constituye una violación al orden constitucional.

“Se señala que nunca en la historia del parlamentarismo en México se había dado un caso donde una mayoría parlamentaria decidiera remover arbitrariamente a un legislador electo por el pueblo con el respaldo de 118,000 votos . Se acusa directamente al presidente del PRI y diputado local, Carlos Robles, de este despojo por órdenes de Manolo Jiménez. El dirigente del PRI es un ladrón que salió huyendo de Hermosillo por corrupto”, explicó.

El segundo argumento está relacionado con la negativa del Congreso local para incorporar en la legislación estatal la figura de la revocación de mandato para el gobernador, esta omisión representa un desacato a disposiciones constitucionales que contemplan este mecanismo de participación ciudadana.

El tercer motivo del juicio político, indicó “El Tigre” Mejía, está vinculado con la actuación de la Junta de Gobierno y de la Mesa Directiva del Congreso tras las manifestaciones registradas el pasado 30 de junio.

El diputado federal acusó que existe una intención de promover procesos penales contra ciudadanos que participaron en esas protestas, al considerar que ejercían derechos constitucionales como la libre manifestación y la libertad de expresión.

“Lo que la mayoría del PRI pretende es encarcelar a ciudadanos que se manifiestan basándose en su derecho constitucional de libre manifestación, libre tránsito y libre expresión  (…) se denuncia un estado fascista, criminal y policial de represión bajo el actual gobierno de Manolo Jiménez . Se exige libertad para los presos políticos, mencionando específicamente el caso de Tania Flores ”, expuso.

Además del juicio político, el legislador federal informó que los equipos jurídicos de la coalición Morena – PT presentarán una impugnación contra la resolución del Tribunal Electoral de Coahuila, la cual será revisada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Mejía Berdeja detalló que, el objetivo es que la autoridad federal analice el proceso electoral y determine, en su caso, la anulación de la elección. Además, durante su intervención aprovechó para expresar su respaldo a diversos personajes que enfrentan procesos judiciales por motivos políticos, entre ellos, a Tania Flores Guerra, Leocadio Hernández y trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA).

Ricardo “El Tigre” Mejía afirmó que continuará promoviendo recursos legales y denuncias en instancias nacionales para cuestionar las decisiones de las autoridades estatales de esta administración “fascista, criminal y policial de represión bajo el actual gobierno de Manolo Jiménez ”. –sn–

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Coahuila vive bajo un régimen de terror y de violencia contra las mujeres: Mejía Berdeja

La detención violó amparos y se ejecutó con violencia física y «carpetas fabricadas». Exigió la intervención urgente del gobierno federal ante la «degradación política» y el clima de terror.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Coahuila vive bajo un «régimen de terror» que promueve el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así lo afirmó el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, quien aseguró que la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, constituye un caso de persecución y violencia política de género y, en contra del movimiento de la Cuarta Transformación y cualquier voz opositora en Coahuila.

“En Coahuila no hay libertades, no hay Estado de derecho, no hay democracia, ni libertad de expresión; sólo hay un régimen de terror de compra de voto y medios manipulados comprados por mil millones de pesos para sembrar calumnias . Manolo Jiménez tiene un odio enfermizo, patológico y psicótico contra Tania Flores porque es una mujer que no se ha sometido ni se ha doblado ante este poder autócrata de ‘Mireyes’ ”, dijo.

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja (PT) relató que, en la víspera, Tania Flores Guerra fue privada de su libertad en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión “hechiza” librada por un juez penal de consigna de Coahuila.

Carpeta hechiza

“Armaron una carpeta hechiza con ministerios públicos que solo obedecen consignas y utilizaron a jueces locales que reciben órdenes de Miguel Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, para encarcelar a opositores al régimen ”, dijo en un video colocado en sus redes sociales.

Ricardo “El Tigre” Mejía, detalló que este proceso judicial en contra de Flores Guerra es operada por el fiscal Federico Fernández y avalada por jueces de consigna bajo las órdenes de Miguel Mery Ayup . En este sentido, Mejía Berdeja vinculó directamente esta acción con una denuncia previa que la exalcaldesa del movimiento de la Cuarta Transformación interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tortura, abuso sexual y violencia institucional contra el gobernador, el fiscal estatal y diversos mandos policiales.

La detención de la exalcaldesa de Múzquiz, es un acto de «violencia política de género» y da evidencia de la ausencia total de Estado de derecho en la entidad . El legislador federal aseguró que Flores Guerra es hoy una «presa política» del régimen encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas .

Uso excesivo de la fuerza

Durante el video-mensaje, Mejía Berdeja reveló que la captura de la exalcaldesa se realizó violando dos suspensiones de amparo vigentes que impedían su detención, tanto en Coahuila como en Nuevo León . Así, detalló, el operativo se llevó a cabo con un uso excesivo de la fuerza, donde se buscó «estigmatizar, sobajar y denigrar» la condición de mujer de la hoy detenida.

Además, el diputado petista denunció que durante una agresión previa de la policía estatal, en Muzquiz, un elemento de la policía estatal le abrió el ojo a la fuerza para aplicarle gas directamente, lo que provocó una lesión severa que requerirá un trasplante de córnea.

“Manolo Jiménez ya se enloqueció y solo le falta mandar asesinar gente . Pedimos la intervención de la Secretaría de Gobernación y de todos los niveles del gobierno federal, porque el gobernador va a México a besar pies y manos del gobierno federal, pero por atrás da la puñalada trapera golpeando a la 4T y al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la misma Presidenta Claudia Sheinbaum ”, dijo.

Panorama crítico

En este sentido, Mejía Berdeja pintó un panorama crítico para el estado, asegurando que Coahuila vive bajo un «régimen de terror» donde se persigue a la oposición, se manipulan medios de comunicación con presupuestos millonarios y se utilizan las instituciones para silenciar cualquier crítica. Además, señaló que la policía del estado está presuntamente involucrada en actividades ilícitas como el «huachicol» y el tráfico de sustancias como el «cristal».

Finalmente, Mejía Berdeja hizo un llamado a los defensores de derechos humanos, a los colectivos de mujeres y a la sociedad civil para abrazar la causa de libertad de Tania Flores, advirtiendo que, bajo el actual sistema de jueces locales «paleros» y fiscalías a modo del régimen priista, cualquier opositor en el estado corre el riesgo de ser perseguido , agredido, encarcelado y procesado, bajo en régimen de alarmante terror. –sn–

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En Coahuila se secuestra a opositores por órdenes del gobernador: Mejía Berdeja

Hay otras ocho personas retenidas en las mismas condiciones por parte de las autoridades del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; a dónde vamos a llegar con una policía represora y violentadora de los derechos humanos».

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja denunció una persecución política en Coahuila tras gestarse una privación ilegal de la libertad en contra del diputado local Antonio Flores Guerra y Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, en el contexto de la jornada electoral en la entidad.

“De manera arbitraria e ilegal fue detenido Tony Flores por elementos de la policía estatal en Múzquiz; se mantuvo incomunicado y detenido un buen tiempo y finalmente se le ubicó en las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en Sabinas”, dijo Mejía Berdeja en un video colocado en sus redes sociales.

https://www.facebook.com/RicardoMejiaMx/videos/1473969657377152

Ante estos hechos, Ricardo “El Tigre” Mejía responsabilizó al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al fiscal estatal, Federico Férnandez, por la integridad física de las personas retenidas y, denunció una fabricación de supuestos delitos, al tiempo de cuestionar la legalidad del procedimiento.

“Este es el Coahuila de Manolo Jiménez, un Coahuila que persigue, que criminaliza a la oposición; y detiene y priva de la libertad a diputados. En Coahuila cualquier ciudadano puede ser detenido impunemente, por órdenes del gobernador o del fiscal”, resaltó.

Aunque Flores Guerra fue liberado en la víspera, el legislador federal por el Partido del Trabajo, explicó que Antonio Flores contaba con fuero constitucional en el momento de su captura, además de mantenerlo incomunicado.

Por su parte, el PT detalló que la detención fue realizada por elementos de la policía estatal identificados en la unidad 5580 con placas CA651A6; donde ambos políticos de oposición fueron interceptados durante un operativo, cuando recababan evidencias sobre la coacción del voto en la jornada electoral de este domingo.

En este sentido, Mejía Berdeja sostuvo que los hechos representan una señal de persecución política en Coahuila y afirmó que las instituciones de seguridad y procuración de justicia no deben utilizarse con fines de intimidación, “estos son unos gangster con charola”.

Ricardo Mejía Berdeja solicitó la intervención del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y de la Guardia Nacional para garantizar el respeto al estado de derecho.

El diputado federal resaltó que, además, hay otras ocho personas retenidas en las mismas condiciones por parte de las autoridades del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez; a dónde vamos a llegar con una policía represora y violentadora de los derechos humanos, dijo el también abogado de profesión Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja. –sn–

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Exalcaldesa Flores Guerra acusa persecución desde el gobierno de Coahuila

Exalcaldesa denunció persecución política y proceso judicial contra su equipo.

Por Martín García | Reportero                                      

La ex presidente municipal de Múzquiz, Tania Vanessa Flores Guerra, afirmó que enfrentó una persecución institucional en su contra y de sus allegados. Señaló como responsable al gobernador Manolo Jiménez Salinas. Indicó que el conflicto se originó tras diferencias previas cuando él ocupó una secretaría estatal.

La ex funcionaria realizó una transmisión en vivo desde Monterrey. Informó que buscó asesoría legal para su defensa y la de su equipo. Horas antes había difundido mensajes en redes sociales sobre su regreso a Múzquiz.

Durante la transmisión sostuvo que no existieron delitos penales en su contra. Afirmó que las instituciones se usaron para iniciar procedimientos administrativos. Relacionó estas acciones con decisiones del Ejecutivo estatal.

Medidas cautelares

La denuncia pública surgió tras una resolución judicial contra su extesorero. Víctor Manuel “N” recibió la orden de portar un monitor electrónico. La medida se dictó dentro de un proceso de la Fiscalía Anticorrupción estatal.

Flores Guerra explicó que la audiencia se celebró en el Centro de Justicia de Sabinas. Precisó que no se notificaron cargos por desvío de recursos o peculado. Indicó que el señalamiento fue por ejercicio abusivo de funciones.

Pese a ello, el juzgado impuso la medida cautelar del dispositivo electrónico. El proceso continuó con el imputado en libertad. La exalcaldesa relacionó esta decisión con presión política.

Acusaciones públicas

La exfuncionaria afirmó que el caso se originó por un dictamen administrativo. Señaló que los recursos federales ya habían sido auditados. Indicó que el asunto correspondía a un tribunal administrativo.

Sostuvo que las actuaciones contra su equipo provinieron de órdenes directas del Ejecutivo estatal. Afirmó que el Poder Judicial participó en esas acciones. Señaló que dichas decisiones evidenciaron un abuso de poder.

También afirmó que las faltas señaladas no tuvieron observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Indicó que las autoridades estatales reabrieron los casos. Aseguró que el gobernador no acreditó delitos penales. –sn–

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No más impunidad en Coahuila, la tragedia en El Pinabete no quedará impune: Mejía Berdeja

No debe haber olvido, ni impunidad en una tragedia que enlutó a todo el país”.  La justicia local en Coahuila está inmóvil ante la responsabilidad penal de quienes operaban esta mina de manera irregular. Régulo Zapata Morales, uno de los responsables del siniestro en “El Pinabete”.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja exigió justicia plena para las víctimas y los familiares de la tragedia minera ocurrida el 3 de agosto del año 2022 en “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila, donde diez trabajadores perdieron la vida tras el colapso de un pozo de carbón.

“A más de tres años de los hechos, es inadmisible que la Fiscalía de Coahuila no haya judicializado la carpeta de investigación por homicidio. No debe haber olvido, ni impunidad en una tragedia que enlutó a todo el país”, sostuvo el legislador por el Partido del Trabajo (PT).

Mejía Berdeja, quien también preside la comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, recordó que el gobierno federal ha invertido más de 2 mil 200 millones de pesos para recuperar los cuerpos de los trabajadores atrapados, lo que representa —dijo— “una muestra clara del compromiso humanista del Estado mexicano a cargo de la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo”. Sin embargo, lamentó que la justicia local en Coahuila esté inmóvil ante la responsabilidad penal de quienes operaban esta mina de manera irregular.

Zapata Morales

En este sentido, Mejía Berdeja denunció que –al menos– once empresas beneficiadas con contratos de suministro de carbón otorgados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están vinculadas directa o indirectamente con Régulo Zapata Morales, uno de los presuntos responsables del siniestro en “El Pinabete”.

“Es indignante que se premie con contratos millonarios a los mismos personajes implicados en una tragedia que costó vidas humanas. Hay impunidad porque se protege a Régulo Zapata, al alcalde de Sabinas, al secretario del Ayuntamiento y a otros funcionarios locales”, señaló.

El legislador por Coahuila, Ricardo “El Tigre” Mejía, subrayó que esta red de complicidades ha impedido que la carpeta de investigación avance, pese a las evidencias que apuntan a negligencia y omisiones criminales de las autoridades de aquella entidad, que dirige el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Exigen justicia

“La carpeta está archivada. No se puede tolerar que se le otorguen contratos al homicida de El Pinabete. No vamos a dejar de señalar, ni de exigir justicia, hasta que este caso se limpie y los responsables enfrenten la ley”, enfatizó.

Mejía Berdeja afirmó que la tragedia de El Pinabete es un recordatorio doloroso de la corrupción, el abandono institucional y la falta de supervisión en la industria minera de Coahuila, donde por años se han permitido prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de cientos de trabajadores y sus familias.

“El carbón no puede seguir manchado de sangre. Las familias mineras de Coahuila merecen respeto, justicia y condiciones dignas de trabajo. No podemos permitir que la impunidad se normalice ni que las tragedias se olviden con el tiempo”, subrayó.

Espera de respuesta

Mejía Berdeja reiteró que desde el Congreso de la Unión impulsará acciones de fiscalización, auditorías y reformas que garanticen mayor transparencia en las licitaciones de carbón y la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.

“No es un tema político, es un tema de humanidad. Las familias no pueden seguir esperando justicia tres años después. Si no hay respuesta, promoveremos que la Fiscalía General de la República atraiga el caso para que no quede en la impunidad”, advirtió.

Asimismo, exhortó a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Coahuila a no ceder ante presiones políticas y a actuar con independencia, garantizando los derechos de las víctimas y el debido proceso legal.

Nueva etapa de justicia

Finalmente, Mejía Berdeja reafirmó su compromiso con las familias de los mineros y con la búsqueda de la verdad, destacando que la Cuarta Transformación ha abierto una nueva etapa de justicia social, donde los intereses económicos no deben estar por encima de la vida humana.

“El México del pasado, donde los poderosos eran intocables, ya no puede existir. No descansaremos hasta que los responsables de El Pinabete enfrenten la justicia y se garantice que nunca más una familia minera sufra esta tragedia”, concluyó Ricardo “El Tigre” Mejía. –sn–

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