A seis meses del atentado contra Erik Saracho, organizaciones denuncian falta de avances en la investigación en Nayarit
A seis meses del atentado contra Erik Saracho en San Pancho, Nayarit, organizaciones ambientales denuncian falta de avances públicos y exigen justicia, protección para el defensor y atención a la presión inmobiliaria en la región.
Por José Víctor Rodríguez | Reportero
Seis meses después del atentado contra el defensor ambiental Erik E. Saracho Aguilar, ocurrido el 11 de marzo en San Francisco, conocido como San Pancho, Nayarit, organizaciones ambientalistas denuncian que no existen avances públicos suficientes para identificar y sancionar a los responsables.
El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, de acuerdo con el posicionamiento difundido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que identifica la carpeta RH/01157/2026 y señala que hasta ahora no se ha informado públicamente sobre la detención de los responsables.
El atentado contra Saracho ocurrió cuando regresaba a su domicilio después de dejar a su hija en la escuela. El defensor recibió impactos de bala y fue trasladado para recibir atención médica. Organizaciones de derechos humanos documentaron que Saracho era usuario del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al momento de la agresión.
Erik Saracho y la defensa ambiental en San Pancho
Saracho dirige Alianza Jaguar AC, organización que trabaja desde 2008 en la conservación del jaguar y su hábitat, así como en iniciativas de educación, investigación, política ambiental y defensa del territorio. La propia organización señala que concentra parte de sus actividades en Nayarit y en el Área Natural Protegida de la Sierra de Vallejo-Río Ameca.
El defensor ha participado durante años en procesos relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial de la región de Bahía de Banderas. Documentos oficiales también lo identifican como presidente de Alianza Jaguar y representante de asociaciones ecologistas locales en procesos de ordenamiento ecológico.
Su trabajo se desarrolla en una zona sometida a una fuerte presión por el crecimiento turístico e inmobiliario. Investigaciones periodísticas publicadas después del atentado documentaron además una campaña digital de hostigamiento contra Saracho en las semanas previas a la agresión y señalaron el contexto de expansión de la construcción en Bahía de Banderas.
Piden atraer el caso a la FGR
Ante este escenario, organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos plantean que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, ante la posibilidad de que el ataque esté relacionado con intereses económicos y grupos con capacidad de ejercer presión en la región.
Las organizaciones también solicitan a la Secretaría de Gobernación (Segob) reforzar las medidas de protección para Saracho y otros defensores ambientales que permanecen en la zona.
Entre las peticiones se encuentra garantizar una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque, así como establecer medidas de protección que permitan al defensor continuar con su trabajo.
Presión inmobiliaria en la Riviera Nayarit
Otra de las demandas consiste en reforzar la inspección y vigilancia de obras y proyectos turísticos e inmobiliarios en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela, particularmente en San Francisco, para determinar que cumplan con la legislación ambiental y territorial.
El contexto resulta relevante porque Saracho y otros activistas han cuestionado proyectos inmobiliarios en la región. Días antes del atentado, el defensor había participado en reuniones relacionadas con cuestionamientos comunitarios a desarrollos turísticos en San Pancho.
La exigencia también incorpora la aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), particularmente las disposiciones relacionadas con la protección de las personas defensoras ambientales. –sn–
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