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🐆 "La fiebre del #oro cerca el hogar del #tilcayo, el felino salvaje recién descubierto en #Bolivia" 🌎 La #minería amenaza los bosques de los Yungas, contamina y enturbia los ríos y pone en riesgo a muchas especies. También golpea a las comunidades locales, divididas entre la defensa de su territorio y la necesidad de conseguir ingresos. 🌿
Lee el artículo de El País: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2026-10-16/la-fiebre-del-oro-cerca-el-hogar-del-tilcayo-el-felino-salvaje-recien-descubierto-en-bolivia.html
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Saguaro Energía y AMIGO GNL siguen frenados por amparos y suspensiones en Sonora
Los proyectos Saguaro Energía y AMIGO GNL enfrentan procesos judiciales que impiden avanzar en sus autorizaciones ambientales y construcción en Sonora.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
Los megaproyectos de gas natural licuado (GNL) Saguaro Energía y AMIGO GNL, proyectados en Sonora, permanecen sujetos a procesos judiciales que impiden considerar firmes sus condiciones para avanzar, de acuerdo con Nuestro Futuro A.C., organización que dio a conocer el estatus de ambos proyectos durante un taller especializado para prensa sonorense.
El caso de AMIGO GNL es particularmente relevante porque una suspensión definitiva ordenó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de emitir la autorización de impacto ambiental mientras se resuelve un juicio de amparo promovido por Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19. La medida judicial está relacionada con señalamientos sobre acceso a la información ambiental y participación ciudadana.
Saguaro Energía, previsto en Puerto Libertad, enfrenta más de nueve juicios de amparo, según la información presentada durante el encuentro, además de una medida judicial que impide el ingreso de buques metaneros vinculados con el proyecto al Golfo de California mientras continúan los procedimientos legales.
AMIGO GNL no tiene autorización ambiental firme
Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C. y abogada en los litigios, explicó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de AMIGO GNL fue ingresada ante la ASEA en noviembre de 2025 y posteriormente quedó sujeta a un proceso de consulta pública.
Durante esa etapa se recibieron más de 4 mil 800 comentarios, de acuerdo con la organización, que cuestionó la suficiencia de la información disponible y señaló presuntas omisiones en la documentación necesaria para evaluar los impactos ambientales del proyecto.
La organización recordó que una MIA no constituye por sí misma una autorización ambiental. Primero debe concluir la evaluación correspondiente y, posteriormente, la autoridad debe emitir una resolución fundada y motivada.
En junio de 2026, un juzgado federal concedió una suspensión definitiva para impedir que la ASEA emitiera la autorización de impacto ambiental de AMIGO GNL hasta que se resolviera el juicio de amparo. Nuestro Futuro informó además que la propia ASEA manifestó ante la autoridad judicial que la autorización ambiental no había sido emitida.
Saguaro Energía enfrenta litigios y restricciones judiciales
El proyecto Saguaro Energía, ubicado en Puerto Libertad y desarrollado por Mexico Pacific, contempla una terminal para producir y exportar GNL hacia mercados internacionales. La empresa identifica el proyecto como una instalación con capacidad de hasta 15 millones de toneladas anuales.
La situación jurídica también ha generado medidas cautelares relacionadas con el tránsito marítimo. Nuestro Futuro informó que una jueza ordenó impedir el ingreso de buques metaneros vinculados con Saguaro al Golfo de California hasta que exista una sentencia definitiva.
El proyecto tiene además antecedentes regulatorios que se remontan a autorizaciones otorgadas para una planta de regasificación y posteriores modificaciones relacionadas con su transformación en una terminal de licuefacción y exportación, de acuerdo con la información expuesta durante el taller.
Riesgos ambientales se extienden a todo el Golfo de California
El debate jurídico se suma a las preocupaciones ambientales planteadas por especialistas durante el encuentro. Mariana Domínguez, bióloga y coordinadora de Comunicación de Nuestro Futuro A.C., señaló que el Golfo de California concentra una biodiversidad marina de relevancia internacional y alberga numerosas especies residentes, migratorias y protegidas.
La organización señala que la región concentra cerca de 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo y 80 por ciento de los registrados en México, además de cinco de las siete especies de tortugas marinas existentes en el planeta. El Golfo cuenta también con más de 15 Áreas Naturales Protegidas y forma parte del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO.
Entre los posibles efectos asociados con el incremento del tráfico de buques metaneros se encuentran el ruido submarino, colisiones con fauna marina, desplazamiento de especies y la introducción de organismos invasores mediante aguas de lastre y bioincrustación.
A estos factores se sumarían las alteraciones derivadas de dragados, modificación de sedimentos y corrientes, cambios en la calidad del agua y emisiones de gases de efecto invernadero. –sn–
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ONU advierte que contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del derrame de Grupo México
Informe de Naciones Unidas advierte que el Río Sonora mantiene contaminación y riesgos para las comunidades, además de pendientes en salud, reparación ambiental, transparencia y participación ciudadana.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La contaminación en los ríos Sonora y Bacanuchi persiste 12 años después del derrame ocurrido en 2014, mientras las comunidades afectadas continúan enfrentando riesgos para su salud y pendientes en materia de reparación ambiental, transparencia y participación, de acuerdo con el informe final elaborado por Marcos Orellana, entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos.
El documento A/HRC/63/27/Add.1, fechado el 3 de julio de 2026, recupera las conclusiones de la visita de Orellana a México y coloca nuevamente al Río Sonora entre los casos que requieren acciones de justicia ambiental. El relator visitó la región durante su misión realizada del 9 al 20 de marzo y recibió testimonios de comunidades afectadas.
Comunidades siguen expuestas a sustancias tóxicas
Durante su recorrido por Sonora, Orellana se reunió con integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora, acompañados por PODER, quienes expusieron la persistencia de la contaminación, la presencia de metales pesados, las afectaciones a la salud y las deficiencias que, desde su perspectiva, persisten en las acciones de reparación.
El informe identifica problemas relacionados con la atención sanitaria, la transparencia institucional, la coordinación entre autoridades y la participación efectiva de las comunidades en las decisiones relacionadas con la remediación.
La evaluación de Naciones Unidas también señala que la respuesta al desastre no puede limitarse a infraestructura o acciones aisladas, sino que debe garantizar una reparación integral y mecanismos efectivos para proteger los derechos de las personas afectadas.
Plan de Justicia para Cananea mantiene pendientes
Uno de los señalamientos del informe se refiere al Plan de Justicia para Cananea, cuyas acciones, según el documento, no habían materializado soluciones prácticas suficientes para las comunidades del Río Sonora.
Entre las preocupaciones documentadas aparece la atención médica de las personas expuestas a contaminantes y el abandono de infraestructura que había sido destinada a funcionar como clínica especializada en toxicología.
El informe también cuestiona la falta de información suficiente y la participación limitada de las comunidades y víctimas en la definición de las medidas para enfrentar las consecuencias del desastre ambiental.
Señalamientos sobre negociaciones con Grupo México
Otro de los puntos señalados por el informe corresponde a las negociaciones entre autoridades y Grupo México para atender las consecuencias del derrame.
De acuerdo con la información difundida sobre el documento, Naciones Unidas advierte que la negociación con la empresa debe realizarse con transparencia y sin desplazar la participación plena de las comunidades afectadas.
El caso tiene además antecedentes judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2020 que las comunidades afectadas no habían participado en el convenio administrativo mediante el cual se creó el fideicomiso constituido después del derrame y ordenó realizar consultas con ellas.
Una crisis que permanece 12 años después
El derrame de 2014, asociado a instalaciones de Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México, afectó la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi y se convirtió en uno de los casos más relevantes de contaminación ambiental y conflicto por reparación de daños en México.
La visita de Orellana en marzo de 2026 ya había advertido sobre la situación del Río Sonora. En su declaración de cierre de misión, Naciones Unidas señaló que México enfrentaba desafíos importantes relacionados con sustancias tóxicas, salud, agua, medio ambiente y derechos humanos, además de advertir sobre la proliferación de zonas de sacrificio.
El informe final retoma ahora el caso y plantea que la respuesta institucional debe avanzar hacia medidas concretas de prevención, reparación y protección de las comunidades.
Para los Comités de Cuenca Río Sonora, el documento confirma que la crisis permanece abierta después de más de una década de mesas de diálogo, planes y compromisos. –sn–
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Brasil. Condena penal sin precedentes en el caso de Mariana: el se rompe ciclo de impunidad de la industria minera
Leer: https://www.radiotemblor.org/brasil-condena-penal-sin-precedentes-en-el-caso-de-mariana-el-se-rompe-ciclo-de-impunidad-de-la-industria-minera/
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🌳Salva la Selva cumple ¡40 años! 🎉
Nuestra historia comienza en 1986, cuando no había redes sociales ni internet.📸 📕 Fotos y textos que reflejan momentos de todos estos años salvando selvas tropicales y ayudando a crear conciencia.
🌿 Seguir defendiendo las selvas es hoy más necesario que nunca.
Por al menos otros 40 años
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RT by @CAMegalopolis: ▶️ En la #MañaneraDelPueblo, de la presidenta @Claudiashein, la secretaria @aliciabarcena presentó la iniciativa de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La propuesta plantea una transformación de la política ambiental con una visión humanista, que articula desarrollo, bienestar y naturaleza, y pone en el centro la #JusticiaAmbiental, las comunidades, los pueblos indígenas y afromexicanos.
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Columna Sociedad | La ingeniería social de salud
La cultura del humanismo mexicano tiene sentido cuando se suman acciones que contribuyen al bienestar de las personas más vulnerables; donar, resuelve una urgencia…
Por José Víctor Rodríguez Nájera
(…) pero usar la riqueza económica para crear patrimonio e instituciones permanentes de salud, tiene una dimensión diferente.
Hace casi dos décadas, el Instituto Carso de la Salud intentó colocarse en ese segundo terreno. Un reporte publicado por el Boletín de la Organización Mundial de la Salud documentó que Carlos Slim Helú había destinado 500 millones de dólares para atender problemas prioritarios de salud en América Latina.
En ese entonces, el proyecto tenía una característica poco común para una institución filantrópica, no esperaba simplemente recibir solicitudes para repartir recursos. Julio Frenk Mora, entonces presidente ejecutivo, explicó que el instituto pretendía estudiar los problemas, definir una agenda, elegir socios y financiar proyectos capaces de producir soluciones.
La advertencia sanitaria en aquel 2007 ya era clara; el propio reporte del organismo de las Naciones Unidas señalaba que tres de cada cuatro muertes de adultos en América Latina estaban asociadas con enfermedades no transmisibles; advertía sobre el crecimiento de padecimientos como diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Casi 20 años después, las cifras oficiales que sustentan el programa “Salud Casa por Casa” señalan que 27.6% de los mexicanos de 60 años o más vive con diabetes y 40% con hipertensión. Además, 34% de ese grupo presenta tres o más condiciones crónicas simultáneas.
En este sentido, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha apostado por una lógica semejante desde el sector público. “Salud Casa por Casa” reportó en mayo pasado más de 18.4 millones de visitas a 11.5 millones de personas adultas mayores y con discapacidad. En esas visitas se realizaron más de 11 millones de pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos.
La coincidencia es muy interesante, el capital privado aporta innovación y recursos; mientras que el Estado posee la responsabilidad de garantizar derechos y cobertura universal de atención a la salud. El punto de encuentro bien podría ser la cooperación bajo reglas públicas; trabajo fino que recaería en los legisladores, desde el Congreso de la Unión.
El documento de la OMS ya colocaba esta evaluación en el centro del modelo; mientras que, el instituto planteaba acciones para investigar, innovar, implementar, fortalecer, invertir e informar, como una cadena para convertir recursos en soluciones.
Esa lógica debería interesar al gobierno de la mandataria Claudia Sheinbaum, no porque necesite mecenas, sino porque México requiere sumar capacidades, sin entregar a algún grupo privado la facultad de decidir sobre sus prioridades.
Una alianza seria entre Estado, universidades, organizaciones sociales y grandes patrimonios puede acelerar soluciones. Pero necesita transparencia, reglas de conflicto de interés y resultados verificables. Está claro que, la salud pública no debe depender de la generosidad de un empresario, del mismo modo que la iniciativa privada no debería cargar con obligaciones que corresponden al gobierno.
El gobierno federal ya impulsa un modelo de inversión mixta, lo hacemos en energía, transporte, conectividad, agua, medio ambiente, educación, parques industriales y manufactura. Después de todo, hay que recordar que la vida y la salud de los ciudadanos, son conceptos invocados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿El monopolio de la verdad?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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📰 Salmoneras, justicia y Escazú: el nudo ambiental de la ley miscelánea que llega al TC
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Exposición en Cdmx abordará la defensa del Golfo de California frente a megaproyectos energéticos
La organización Nuestro Futuro inaugurará la exposición Ecos del océano: el Golfo demanda en el Centro de Cultura Digital, una muestra que aborda la defensa del Golfo de California y el debate sobre los Derechos de la Naturaleza.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El conflicto ambiental en torno al futuro del Golfo de California llegará al espacio cultural con la inauguración de Ecos del océano: el Golfo demanda, una exposición que reúne obras artísticas inspiradas en la defensa de uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta y en el debate sobre los Derechos de la Naturaleza en México.
La muestra, organizada por la Nuestro Futuro, busca acercar al público a una de las discusiones ambientales más relevantes del país, en un contexto marcado por proyectos de infraestructura vinculados a la exportación de gas fósil y por acciones jurídicas que buscan proteger la biodiversidad del Golfo de California.
La exposición se inaugurará este martes 4 de agosto en la Sala Memorial del Centro de Cultura Digital, ubicada debajo de la Estela de Luz, en la ciudad de México.
Arte para reflexionar sobre la justicia ambiental
De acuerdo con los organizadores, la exposición acompaña, desde una perspectiva artística, el proceso mediante el cual se impulsa una demanda en favor de las ballenas y de otros ecosistemas marinos, bajo el argumento de que la naturaleza debe contar con mecanismos jurídicos que garanticen su protección.
Las piezas reunidas funcionan como expresiones artísticas que abordan temas relacionados con la conservación ambiental, la política energética, la biodiversidad y la defensa del patrimonio natural.
El Golfo de California, uno de los ecosistemas más diversos
Conocido internacionalmente como el «acuario del mundo», el Golfo de California alberga una amplia diversidad de especies marinas y es considerado una de las regiones de mayor riqueza biológica del planeta.
Diversas organizaciones ambientales han advertido que el desarrollo de proyectos energéticos e industriales en la región podría representar nuevos desafíos para la conservación de sus ecosistemas, por lo que han promovido acciones de incidencia pública y mecanismos legales orientados a fortalecer su protección.
Presentarán la exposición este martes
A la inauguración asistirán Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, así como los artistas participantes en la muestra, quienes compartirán el proceso creativo y el contexto que dio origen a las obras.
La exposición busca abrir un espacio de reflexión sobre la relación entre el desarrollo económico, la protección ambiental y el papel del arte como herramienta para visibilizar problemáticas socioambientales. –sn–
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Columna Sociedad | ¿El monopolio de la verdad?
La consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias abrió un debate sobre la libertad de expresión, el papel del Estado en la regulación de contenidos y límites constitucionales.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Las conferencias de prensa matutinas han sido un ejercicio cotidiano y exitoso de comunicación política. Desde que Andrés Manuel López Obrador instauró ese formato como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, a principios de este siglo, la llamada “mañanera” evolucionó hasta convertirse en el principal instrumento de conducción política del país. Con Claudia Sheinbaum Pardo, esa estrategia conserva el mismo propósito, fijar la agenda nacional desde Palacio Nacional.
No existe precedente en la historia contemporánea de México de un mecanismo gubernamental con semejante capacidad para orientar la conversación pública. Cada declaración presidencial define prioridades, condiciona debates e incluso modifica el comportamiento de instituciones y actores políticos, sin importar el partido que gobierne en las entidades federativas.
Esa capacidad de comunicación, por sí misma, no representa un problema. En una democracia, todo gobierno tiene derecho a exponer sus decisiones. La preocupación surge cuando el Estado pretende avanzar un paso más y asumir funciones que corresponden a una sociedad libre.
El anuncio realizado este martes sobre la consulta pública de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, presentado por Luisa María Alcalde Luján, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, abre un debate que trasciende la regulación de la radio y la televisión. La discusión se centra en, ¿quién debe decidir qué constituye información, opinión o propaganda.
La Constitución, en su artículo 6°, protege la libertad de expresión y el derecho a la información. A ello se suma el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa como principio general. Ambos ordenamientos parten de una premisa elemental, el poder público no debe erigirse en árbitro de la verdad.
Precisamente ahí aparecen las inquietudes. La organización Artículo 19, cuyo nombre proviene del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, advirtió que algunos apartados del proyecto podrían abrir espacio para que una autoridad administrativa califique contenidos periodísticos y determine la diferencia entre información, opinión o propaganda.
Marta Tudón, oficial del Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de esa organización, resumió a la periodista Verónica Méndez en W Radio, el riesgo con una expresión que merece atención, una eventual «policía de la verdad». La frase puede parecer severa, pero refleja una preocupación compartida por especialistas, académicos y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El problema no reside en los derechos de las audiencias. Esos derechos fortalecen la democracia cuando garantizan accesibilidad, inclusión, mecanismos de queja y códigos de ética. El conflicto aparece cuando bajo esa misma bandera se abre la posibilidad de que la autoridad intervenga en criterios editoriales que corresponden exclusivamente a los medios de comunicación.
El periodismo posee mecanismos propios de control. La verificación de los hechos, la responsabilidad editorial, el derecho de réplica previsto por la ley, la crítica pública y la competencia entre medios forman parte de un ecosistema que no requiere tutelaje gubernamental.
La experiencia reciente tampoco favorece la confianza. Durante los últimos años, México presenció la desaparición o transformación de diversos organismos autónomos y el debilitamiento de instituciones concebidas como contrapesos del poder. Ese contexto explica por qué cualquier intento de ampliar facultades regulatorias sobre la información despierta inquietud legítima.
Ningún gobierno, por popular que sea, puede asumir la facultad de certificar la verdad. La historia demuestra que los excesos contra la libertad de expresión casi siempre comenzaron con argumentos nobles, combatir la desinformación, proteger a la sociedad o defender el interés público.
La consulta anunciada por el gobierno representa una oportunidad para que periodistas, universidades, concesionarios, especialistas y organizaciones civiles presenten observaciones. Esa discusión debe enriquecer el proyecto, no convertirse en una simple formalidad administrativa; después de todo, el auditorio es quién decide qué información consumir..
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Educación militarizada?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | ¿Educación militarizada?
De dónde y cómo surgen las instituciones militarizadas en México, la historia se remonta al año de 1938, desde la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Hace casi 90 años, en julio de 1938, doce estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre ellos Jorge Jiménez Cantú y Luis Sáenz Arroyo, fundaron el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario (PDMU), impulsados por el entonces rector Gustavo Baz Prada. Su propósito consistía en formar jóvenes con disciplina, preparación física, civismo y vocación de servicio en un país que apenas salía de los conflictos posrevolucionarios.
México era otro. La educación superior prácticamente se concentraba en la UNAM y en el recién creado Instituto Politécnico Nacional (IPN), por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. Miles de estudiantes del interior del país viajaban a la capital sin recursos económicos suficientes. El Pentathlón respondió a esa realidad mediante internados, alimentación y acompañamiento para quienes buscaban concluir una licenciatura.
Con el paso de los años, Jorge Jiménez Cantú construyó una carrera política que lo llevó a ser gobernador del Estado de México y más tarde secretario de Salubridad y Asistencia (hoy, Secretaría de Salud). Paralelamente, el Pentathlón amplió su presencia nacional y consolidó una estructura inspirada en la disciplina militar, que dispersó a cientos de profesionistas a todas las entidades del país, impulsando al partido hegemónico, y claro, al político mexiquense.
De esta forma y por muchas décadas, el doctor Jorge Jiménez Cantú constituyó el antecedente más influyente de una cultura de formación con inspiración castrense que, décadas más tarde, fue retomada por numerosos colegios particulares; incluso, hoy se puede apreciar en la Guardia Nacional, un modelo tripartita entre el servicio académico, policial y militarizado.
Ceremonia del PentathlonEste modelo encontró terreno fértil durante la segunda mitad del siglo XX. Diversos planteles privados comenzaron a ofrecer educación básica y media superior bajo esquemas de disciplina militarizada, uniformes, marchas, cadenas de mando y entrenamiento físico. Lo hicieron sin pertenecer a las Fuerzas Armadas y bajo marcos regulatorios poco definidos.
Hoy el contexto es distinto. México cuenta con cientos de instituciones públicas y privadas de educación superior, modalidades abiertas y enseñanza a distancia. El escenario que justificó el nacimiento del Pentathlón en 1938 prácticamente ha desaparecido o, en el mejor de los casos, está en declive.
También cambió la percepción social. En los últimos tres años, al menos tres menores han perdido la vida en academias militarizadas del país, mientras exalumnos han denunciado castigos físicos, humillaciones y prácticas incompatibles con los derechos humanos; incluido el propio PDMU.
Bandera UNAMAsí, la muerte de Dafne Zapata, de 13 años de edad, durante un curso de verano en la Academia Militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo exhibe fallas en el plantel privado; obliga a revisar un modelo educativo cuya historia comenzó hace 88 años en la Facultad de Medicina de la UNAM. La Fiscalía de Tamaulipas investiga el caso como feminicidio y ya detuvo al director del plantel y a dos instructoras.
Esta tragedia motivó un hecho inédito; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, las academias militarizadas no constituyen una modalidad educativa reconocida por la ley mexicana, además, anunció una revisión nacional de estos establecimientos.
Punto cero
El impasse que hoy vive la UNAM en su proceso de ingreso a licenciaturas permite reflexionar sobre un hecho preocupante, la universidad más importante de América Latina parece no estar a la altura de la velocidad con la que evoluciona la tecnología. Será que el desarrollo tecnológico avanza a un ritmo tan acelerado que, incluso, ha rebasado la capacidad de adaptación de una institución con el prestigio y la infraestructura de la UNAM.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | El zumbido al moscardón
La violencia contra los representantes de la prensa es un indicador de la salud democrática de la sociedad.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Cuando un periodista es violentado, el victimario no se limita a lesionar a una persona, también lastima el derecho de la ciudadanía a conocer aquello que alguien pretendía ocultar.
El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar se suma a una cadena de agresiones que mantiene a México bajo observación internacional. Con este crimen, el país acumula, al menos, siete periodistas asesinados durante lo que va de este 2026, según el seguimiento de diversas organizaciones que defienden la libertad de prensa.
La organización Artículo 19 sostiene un registro permanente de comunicadores asesinados con relación a su labor informativa. Su base documental permite advertir que, el problema no pertenece a un solo gobierno, ni responde a una coyuntura específica; se trata de una violencia persistente que atraviesa administraciones federales, estatales y municipales; incluso en el ámbito privado.
Francisco Alejandro Leyva AguilarEl panorama tampoco mejora cuando se observa desde el exterior. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a México entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y uno de los más letales fuera de escenarios formales de guerra. El deterioro no solo responde a los asesinatos, también influyen las amenazas, acoso judicial, censura, vigilancia y captura del espacio público por organizaciones criminales y agentes del Estado.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional han coincidido en otro diagnóstico, “la impunidad constituye el principal incentivo para la repetición de estos crímenes. Cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje resulta devastador para cualquier reportero que investiga corrupción, crimen organizado o abuso de poder”.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha documentado durante años que cerca del 85% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes. Esa cifra explica por qué la violencia contra la prensa no solo representa un problema de seguridad pública, sino un desafío para el Estado de derecho y la democracia de cualquier país.
México comparte esa preocupación con naciones donde informar implica un riesgo cotidiano y sistemático. En los últimos años, nombres como Gaza, Ucrania, Sudán, Haití, Colombia o México aparecen con frecuencia en los informes internacionales sobre periodistas asesinados. La diferencia es que México no vive una guerra declarada y, aun así, figura de manera recurrente entre las naciones más peligrosas para informar.
Periodistas fotógrafos reporteros en protesta
| @SociedadN_En este sentido, el asesinato del colega Francisco Alejandro Leyva Aguilar también recuerda que el periodismo local enfrenta el mayor nivel de vulnerabilidad. Lejos de las grandes redacciones nacionales, cientos de comunicadores trabajan con recursos limitados, sin esquemas efectivos de protección y bajo la presión simultánea de grupos criminales y autoridades locales. En muchas regiones, informar dejó de ser únicamente una profesión para convertirse en un acto de resistencia.
Basta recordar que, en la víspera la Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó el desafuero del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al atribuirle presuntamente la autoría intelectual del secuestro y posterior asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La investigación ministerial sostiene que el caso involucró a policías municipales y coloca, una vez más, a un servidor público bajo sospecha de utilizar las instituciones para silenciar una voz crítica.
Gabriel García Márquez solía decir que “la ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón”. Javier Darío Restrepo convirtió esa idea en un manual para generaciones de periodistas. Francisco Alejandro Leyva eligió ese mismo nombre para su columna. La coincidencia hoy adquiere un significado muy doloroso, asesinar a periodistas no busca silenciar una voz, pretende intimidar a todas las demás.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?
Texto publicado de manera original en el diario digital SDP-Noticias
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Columna Sociedad | ¿Quién juzgará los peores crímenes del mundo?
Ante la propuesta del gobierno de los Estados Unidos, a través de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, de cerrar la Corte Penal Internacional (CPI), aquí una reflexión.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Cada 17 de julio el mundo conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional. La fecha pasa casi inadvertida fuera del círculo jurídico, aunque recuerda uno de los mayores acuerdos alcanzados por la humanidad después del siglo XX, la firma del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI).
La historia de ese documento comenzó mucho antes de 1998. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial demostraron que ningún sistema jurídico nacional podía responder por sí solo frente al genocidio, los crímenes de guerra y las violaciones masivas de los derechos humanos. Los juicios de Núremberg y Tokio marcaron el inicio de una nueva etapa, la justicia dejó de pertenecer únicamente a los vencedores para convertirse en una responsabilidad internacional.
Durante décadas surgieron tribunales especiales para juzgar las matanzas en la ex Yugoslavia y Ruanda. Sin embargo, cada conflicto obligaba a crear un nuevo mecanismo. El Estatuto de Roma resolvió ese vacío al establecer un tribunal permanente con competencia para perseguir el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y, posteriormente, el crimen de agresión.
Edificio sede de la ONU | @SociedadN_Así nació la Corte Penal Internacional, su función no consiste en sustituir a los tribunales nacionales, sino en intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar los delitos más graves que afectan a toda la humanidad. Ese principio, conocido como “complementariedad”, constituye el corazón del sistema.
Paradójicamente, los Estados Unidos impulsó buena parte de las negociaciones que hicieron posible la creación de la Corte, aunque nunca ratificó el Estatuto de Roma. Hoy, la presión ejercida desde Washington para debilitar a la institución revive un debate que parecía superado, si la justicia internacional debe depender de los intereses de las grandes potencias.
Desde 2002, la CPI ha abierto investigaciones en países como Uganda, Sudán, Libia, Kenia, Mali, Georgia, Afganistán, Ucrania, Palestina, Venezuela y Filipinas. También emitió órdenes de detención contra dirigentes como Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu, decisiones que colocaron al tribunal en el centro de la disputa geopolítica mundial.
Corte Penal InternacionalMéxico forma parte del Estatuto de Roma desde 2005. Esa adhesión representa mucho más que un compromiso diplomático, significa aceptar que, si las instituciones nacionales fracasan frente a los crímenes más graves, existe una instancia internacional capaz de actuar como último recurso para proteger a las víctimas.
Aunque ningún expediente mexicano ha llegado a la fase de investigación formal, la Fiscalía de la CPI ha recibido comunicaciones relacionadas con la estrategia de seguridad durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que impulsó Felipe Calderón, o el “caso Ayotzinapa”, en el sexenio de Enrique Peña; hasta ahora, la Corte ha considerado que corresponde a las autoridades mexicanas investigar esos hechos conforme al principio de complementariedad.
43 de AyotzinapaLa desaparición de la Corte representa el retroceso de una idea construida durante más de siete décadas, que ningún gobernante, ningún ejército y ningún grupo armado, debe quedar fuera del alcance de la justicia, por el simple peso de su poder.
El legado del Estatuto de Roma es el principio que convirtió en patrimonio universal, los crímenes que ofenden a toda la humanidad no deben quedar impunes, renunciar a esa convicción equivaldría a aceptar que, la fuerza se imponga sobre el derecho, exactamente la lección que el mundo prometió no olvidar después de la Segunda Guerra Mundial.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: La bomba que cayó en Sinaloa
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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¿Por qué Nueva York demanda a 3M, DuPont y Chemours por tóxicos PFAS? #PFAS #QuimicosEternos #NuevaYork #3M #DuPont #Chemours #Contaminacion #AguaPotable #SaludPublica #MedioAmbiente #JusticiaAmbiental #IndustriaQuimica #felizviernes #10dejulio
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Los vecinos de Slough denuncian un calor insoportable junto al mayor polo de centros de datos de Europa. La economía digital también tiene huella territorial: beneficios privados arriba, calor y presión ambiental en el barrio.
#Slough #CentrosDeDatos #IA #CrisisClimatica #JusticiaAmbiental 🔗 https://elsolidario.com/slough-centros-datos-calor-extremo/ -
🌱 #Yucatán | Defensa del territorio. Organizaciones civiles presentaron un Amicus Curiae ante el Tribunal Colegiado de Yucatán para alertar sobre los graves riesgos ambientales y de salud que amenazan a la comunidad de Peto. ⚖️🌾 #MedioAmbiente #JusticiaAmbiental #Peto #DerechosHumanos
https://zurl.co/RW8qS -
Sala IV ordena al Minae y Setena incluir el cambio climático en evaluaciones de impacto ambiental
Sala IV ordena al Minae y Setena incluir el cambio climático en evaluaciones de impacto ambiental
San José, 19 jun (elmundo.cr) – La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Poder Ejecutivo y la Secre [...]#CambioClimático #CostaRica #DerechosHumanos #EmergenciaClimática #ImpactoAmbiental #JusticiaAmbiental #MINAE #MedioAmbiente #SETENA #SalaIV
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Organizaciones cuestionan gasto mundialista y exigen atender derechos humanos
Piden priorizar derechos humanos y revisar inversiones para el Mundial.
Por Gabriela Díaz | Reportera
Más de un centenar de organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá manifestaron su inconformidad por la asignación de recursos públicos destinados a la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026. Los colectivos dirigieron una carta a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo para expresar sus preocupaciones. En el documento plantearon que esos recursos podrían orientarse a la atención de diversas problemáticas sociales y de derechos humanos.
Las agrupaciones firmantes pertenecieron al Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia, la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como a organizaciones internacionales. Entre ellas figuraron Global Exchange, Amnistía Internacional y Greenpeace México. Todas suscribieron el posicionamiento dirigido al Ejecutivo federal.
En la misiva señalaron que el gobierno federal anunció inversiones por hasta dos mil millones de pesos para obras de movilidad en las ciudades sede del torneo. También mencionaron el despliegue previsto de 100 mil elementos de seguridad pública para el desarrollo del evento. Las organizaciones sostuvieron que estas medidas avanzaron mientras persistieron diversas necesidades sociales urgentes.
Cuestionan prioridades públicas
Los firmantes indicaron que las inversiones relacionadas con la justa deportiva abarcaron a la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Añadieron que diversos gobiernos estatales también comprometieron recursos para infraestructura y logística. Según el documento, dichas acciones ocurrieron en paralelo a problemas estructurales que continúan sin solución.
Las organizaciones afirmaron que la crisis de desapariciones representó uno de los temas que requerían atención inmediata. Recordaron que el registro nacional superó las 133 mil personas desaparecidas. Asimismo, hicieron referencia a los riesgos que enfrentaron mujeres buscadoras en distintas regiones del país.
El pronunciamiento también abordó temas relacionados con movilidad humana y migración. Los colectivos solicitaron el cese de operativos que calificaron como redadas contra personas migrantes. Además, pidieron protección para mexicanos deportados y para ciudadanos de otras nacionalidades que fueron enviados a territorio mexicano. –sn–
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Panamá. Moradores y ecologistas salen a protestar en defensa del río Cobre en #Veraguas ante la.falta de consulta ciudadana por trabajo de maquinarias que está fuera de contexto legal.
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Fecon hace un llamado a la movilización contra “modelo autoritario” de Chaves
Fecon hace un llamado a la movilización contra “modelo autoritario” de Chaves
San José, 30 abr (elmundo.cr) – La Federación para la Conservación del Ambiente (Fecon) lanzó una dura advertencia sobre el panorama nacional de cara a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este 1 de mayo [...]#1DeMayo #CostaRica #CrisisClimática #FECON #JusticiaAmbiental #JusticiaSocial #MedioAmbiente
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Columna Sociedad | La bomba que cayó en Sinaloa
La acusación que nos sorprendió ayer desde los Estados Unidos sacude el escenario político mexicano, y ha colocado bajo una presión inédita al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su administración y, por extensión, al gobierno federal.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Es una historia que se fue construyendo desde el periodo electoral de 2021, entre versiones periodísticas, filtraciones y señalamientos que hoy encontraron forma en una acusación formal del gobierno de los Estados Unidos.
Lo que se puso sobre la mesa es un presunto acuerdo entre actores de Morena en Sinaloa —incluido el gobernador— y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, particularmente Iván Archivaldo Guzmán y Ovidio Guzmán, con el objetivo de incidir en el resultado electoral de aquel 2021. A cambio, según la acusación estadounidense, se habría permitido el acceso y control de áreas estratégicas como la Secretaría de Seguridad, corporaciones policiales y la Fiscalía estatal.
El caso cruzó una línea decisiva al ser validado por un “gran jurado” en los Estados Unidos, lo que implica que el Departamento de Justicia haya presentado “elementos suficientes” para sustentar la persecución penal. A partir de ello, se giró una orden de aprehensión y se activó una solicitud de detención provisional, ya confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Este punto es clave, porque bajo ese mecanismo no se requiere la presentación inmediata de pruebas, sino que se actúa bajo un criterio de urgencia ante posibles riesgos de fuga o peligrosidad.
En este sentido, el procedimiento judicial se rige por el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos. En ese marco, las autoridades estadounidenses cuentan con un plazo de 60 días para enviar las pruebas formales que sustenten la solicitud, mientras que México deberá evaluar si concede o no la extradición. Sin embargo, la dimensión política y legal se entrelaza desde ahora, porque las detenciones podrían ejecutarse de forma inmediata en el caso de quienes no cuentan con fuero constitucional.
Ahí aparece uno de los nudos más complejos del caso; el gobernador Rubén Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, están protegidos por fuero, lo que obliga a iniciar procesos para retirarlos. Estos procedimientos no son automáticos; responden a dinámicas políticas internas que pueden alargar, o incluso frenar, el curso judicial, a menos que los implicados decidan renunciar voluntariamente a su cargo para enfrentar las acusaciones.
En contraste, los otros ocho actores señalados —como autoridades municipales— no cuentan con esa protección, lo que abre la posibilidad de detenciones inmediatas, si el gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), así lo determina.
El caso, además, se desarrolla en medio de una fuerte carga política en ambos lados de la frontera; mientras en México se habla de prudencia y de esperar pruebas, en los Estados Unidos el proceso ya superó un filtro judicial relevante. La acusación incluye presuntos encuentros entre el gobernador y los hijos de “El Chapo” antes y después de la elección, así como evidencia documental como fotografías y registros que han sido descritos como “narconóminas”, según se desprende del expediente judicial.
Genaro García LunaDe esta manera, tenemos el antecedente de procesos como el de Genaro García Luna, donde testimonios y pruebas circunstanciales fueron suficientes para sostener una condena; bajo esa lógica, es un expediente que ya fue validado en términos judiciales.
Por si fuera poco, episodios como el “Culiacanazo”, la liberación de Ovidio Guzmán ordenada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y las reiteradas sospechas sobre vínculos entre autoridades y el crimen organizado, forman parte de una narrativa que hoy encuentra un nuevo capítulo. A ello se suma la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, quien incluso señaló al gobernador en una carta pública, lo que incrementó la presión mediática y política.
Estas acusaciones acumuladas, que durante años parecían dispersas o insuficientes, hoy convergen en el expediente judicial que obliga a replantear el alcance de la relación entre poder político y crimen organizado. En ese trayecto, también se han señalado irregularidades en investigaciones locales, incluyendo versiones oficiales que posteriormente fueron desmentidas por instancias federales, por ejemplo, el entorno donde murió Héctor Melesio Cuén Ojeda, evento donde también se registró el secuestro de Ismael «El Mayo» Zambada.
Así, la postura que adopte el gobierno federal este jueves desde el atril presidencial, impactará la relación bilateral con los Estados Unidos y la percepción interna sobre el combate a la corrupción y la impunidad. El respaldo previo al gobernador, tanto en el pasado como en el presente, se convierte ahora en un factor que condiciona la respuesta institucional.
En el fondo, más allá de nombres y cargos; este caso no solo define el futuro de un gobernador o de un grupo político, sino la capacidad del Estado mexicano para responder ante acusaciones de esta magnitud, bajo la mirada de un sistema judicial internacional que ya ha dado un primer paso. Sin duda, aún no tenemos claridad de los alcances de la bomba que cayó en Sinaloa.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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Justicia ambiental, biodiversidad y resistencia campesina: crítica al proyecto del embalse de Río Indio en Limón de Chagres
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🌱 ¡Conversación imprescindible! 🎧 Stasiek Czaplicki, economista ambiental, en #ElHuecoEnElMuro denuncia la colusión entre gobierno, #agroindustria y minería que saquean tierra, agua y futuro. 🔥 https://losmuros.org/8827/la-tecnologia-sustentando-la-genaracion-del-plus-valor-de-la-burguesia-agroindustrial-del-oriente-boliviano-conversamos-con-stasiek-czaplicki La salida es clara: derrotar a #agronegocio y #minería contaminante, desmontar sus subsidios y privilegios, recuperar territorios y apostar por #SoberaníaAlimentaria y modelos productivos comunitarios. 🤝 #Bolivia 🌎 #AbyaYala 🌱 #JusticiaAmbiental #Agroecología #NoALaLey1720
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En Portugal, los movimientos de justicia ambiental como O Movimiento TAMLA están asociando esta fecha a la lucha de la defensa ambiental:
#Portugal #25Abril #JusticiaAmbiental #LuchaClimática #Activismo #Activism
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🌎 Este miércoles 22 de abril, en el #DíaInternacionalDeLaMadreTierra, tras la wajta en #ElAlto participa en el encuentro de Pacha Saraya Yatiña en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore #MUSEF en #LaPaz. Exige defensa de la #Pachamama 🌱 y el fin del mercado de carbono: no más soluciones verdes que privatizan la vida. ⛔ ¡Organízate, resiste y recupera lo común ✊! #Bolivia #JusticiaAmbiental #SoberaníaTerritorial #DefensaDeLaTierra #BuenVivir
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🌎 "Una ley para comercializar la #tierra, no para producirla" 🔥 No se pierdan este programa de #RadioDeseo: María Galindo conversa con productoras de los Yungas, Hampaturi y el Altiplano sobre la nueva #Ley1720 (antes #Ley157) en #Bolivia – una ley que busca convertir la pequeña propiedad agraria en mediana, abriendo la puerta a la embarga, la reconcentración de tierras y el saqueo de la #SoberaníaAlimentaria: https://radiodeseo.com/una-ley-para-comercializar-la-tierra-no-para-producirla ✊ ¡Organicémonos contra el latifundio y el remate de nuestros suelos, #ResistenciaYa! #Agroecología 🌾 #JusticiaAmbiental #AbyaYala
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🌎 EE. UU. impulsa la entrega de #Bolivia para extraer #TierrasRaras. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz abre las puertas al #extractivismo y #capitalismo sin un plan ambiental ni consulta a pueblos #indígenas. 🔥 La transición energética no será excusa para el saqueo. ✊ #Solidaridad y acción con Guarayo, Chiquitano y Ayoreo: organizar, bloquear permisos, denunciar públicamente y exigir control comunitario y consulta libre, previa e informada. 👉 https://es.mongabay.com/2026/04/bolivia-trump-paz-minerales-criticos-tierras-raras-alerta-pueblos-indigenas #JusticiaAmbiental #Autodeterminación #Anticapitalismo #AbyaYala @mongabay
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¿Cómo se transformó el sur global en el basurero de los países ricos? • FRANCE 24 Español - YouTube
El vídeo expone cómo los países ricos desvían millones de toneladas de residuos hacia el sur global. Lo que se etiqueta como “reciclaje” suele ser basura imposible de procesar. El resultado: contaminación, enfermedades y un modelo que externaliza costes ambientales a las comunidades más vulnerables.
#residuos #surglobal #consumo #economíacircular #justiciaambiental
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Alertan sobre “zonas de sacrificio” y exigen justicia ambiental en México
“La justicia ambiental debe ser una prioridad nacional. No puede haber desarrollo legítimo si éste implica vulnerar derechos fundamentales”, dijo
Por Gabriela Díaz | ReporteraEl Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) “Lex-magister”, encabezado por su presidente Jesús Rey Fierro Hernández, advirtió que México enfrenta un desafío urgente para cerrar la brecha entre su liderazgo internacional en materia de sustancias tóxicas y derechos humanos, y la realidad que viven diversas comunidades afectadas en el territorio nacional.
El doctor en derecho y Premio Nacional de Derechos Humanos 2017 señaló que, si bien el país ha tenido un papel relevante en foros internacionales, persisten problemáticas estructurales que requieren atención inmediata desde el ámbito de las políticas públicas.
“México ha asumido compromisos importantes a nivel global en materia ambiental y de derechos humanos, pero es indispensable que ese liderazgo se refleje con claridad en acciones concretas dentro del país, particularmente en las regiones más vulnerables”, sostuvo.
El GIDH expresó su preocupación por la proliferación de las denominadas “zonas de sacrificio”, derivadas del crecimiento industrial sin controles suficientes, donde comunidades enteras enfrentan riesgos sanitarios y ambientales de largo plazo.
En este contexto, el organismo reconoció como un avance el establecimiento de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), pero subrayó que esta figura debe traducirse en políticas efectivas que garanticen justicia ambiental.
“El reconocimiento institucional del problema es un primer paso, pero no puede quedarse en el diagnóstico. Se requieren planes integrales que atiendan las afectaciones, reparen el daño y prevengan nuevas violaciones a derechos humanos”, indicó Fierro Hernández.
Asimismo, destacó la importancia de que los estudios científicos desarrollados en distintas regiones del país sean incorporados de manera vinculante en la toma de decisiones públicas.
“Las evidencias ya existen. Lo que falta es que se conviertan en políticas de Estado con enfoque de derechos humanos, basadas en los principios de prevención, precaución y responsabilidad integral”, enfatizó.
El organismo también alertó sobre el incremento en la importación de desechos y su utilización en procesos industriales bajo esquemas como el coprocesamiento, práctica que —señaló— puede generar impactos negativos en la salud de la población.
“Lo que se presenta como una solución económica para la industria puede convertirse en un costo social y sanitario elevado. La quema de residuos no es compatible con un modelo de desarrollo sostenible ni con una economía circular”, apuntó.
Finalmente, el Grupo Integral de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal a fortalecer la regulación, la vigilancia ambiental y la participación comunitaria, con el objetivo de garantizar que el desarrollo industrial no se realice a costa de la salud y la dignidad de las personas.
“La justicia ambiental debe ser una prioridad nacional. No puede haber desarrollo legítimo si éste implica vulnerar derechos fundamentales”, concluyó. –sn–
Jesús Rey Fierro Hernández¡Conéctate con Sociedad Noticias! Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones, o bien, síguenos en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
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Columna Sociedad | Soberanía y solidaridad
El mundo atraviesa una reconfiguración en su dinámica de convivencia. La tensión entre potencias, los conflictos regionales y las decisiones unilaterales han colocado a varias naciones en una encrucijada. México no es ajeno a ese proceso; forma parte activa de un tablero que cambia con rapidez.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Los recientes episodios bélicos entre los Estados Unidos e Irán, así como la persistente confrontación entre Ucrania y Rusia, evidencian un entorno internacional volátil.
La historia en América Latina también se reescribe. La presión sobre Venezuela y el endurecimiento de medidas hacia Cuba reflejan una estrategia que combina interés económico y control político. Por si fuera poco, la amenaza de sanciones genera efectos directos en la población civil.
El caso de la isla resulta muy emblemático. La falta de combustible y los cortes eléctricos trastocan la vida cotidiana. La escasez de estas energías incide en la salud, educación, estabilidad social y desconexión digital.
Paradójicamente, Cuba ha sido referente internacional en materia médica. La formación de especialistas y la exportación de servicios de salud constituyen una de sus principales aportaciones al mundo. Esa vocación se remonta a figuras como Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro Ruz, quienes impulsaron un modelo con fuerte énfasis social.
De esta forma, el llamado del impulsor del humanismo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la solidaridad internacional, responde a una tradición diplomática que privilegia la cooperación y el respeto entre las naciones. La invitación a realizar donaciones apela a la dimensión humana.
Andrés Manuel López ObradorPor su parte, el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha reconocido estos gestos. Sin embargo, la magnitud del problema rebasa los apoyos puntuales. La economía de la isla depende en gran medida del turismo, sector que también resiente los efectos de la crisis.
Para México, este tipo de decisiones implica costos y beneficios. La cercanía con Cuba puede generar tensiones con los Estados Unidos, pero también reafirma una postura soberana en política exterior. En este sentido, la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum ha manifestado precisión política al mantener el equilibrio entre cooperación regional y relación estratégica con Washington.
En el ámbito interno, la postura también envía señales. Refuerza la idea de un gobierno que prioriza la justicia social y la solidaridad internacional como ejes de acción. Vale recordar a Compay Segundo: “en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones”.
Punto Cero
Jorge Armando Rocha suena con mucha energía para convertirse en el candidato natural para recuperar Coyoacán por el movimiento de la Cuarta Transformación. El nombre del periodista y director del Canal del Congreso de la Ciudad de México sale a la luz entre varios políticos de izquierda, por ser un personaje joven, con experiencia en el acontecer político, que podría dejar atrás a figuras como Carlos Castillo, Gerardo Villanueva, Hannah de la Madrid, quienes han contenido por esta alcaldía capitalina.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: Terrorismo y soberanía nacional
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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🌱 Las energías renovables son clave, pero no bastan. El artículo señala que, sin cambiar un modelo económico basado en el crecimiento ilimitado, la transición seguirá generando desigualdades y presión sobre comunidades que extraen los recursos. La sostenibilidad real exige justicia social y un cambio profundo de sistema.
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Columna Sociedad | Terrorismo y soberanía nacional
Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.
Por José Víctor Rodríguez Nájera
Los hechos recientes de violencia que se presentaron alrededor de la detención –y posterior muerte– de Nemesio Oseguera Cervantes, sobre si fueron, o no, hechos de terrorismo, coloca al Estado mexicano ante un dilema jurídico y político de alto calibre.
Tras la captura y muerte del que fuera líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se registraron incendios de establecimientos, ataques a bancos y bloqueos carreteros en varias entidades federativas. Reportes de investigación preliminar dieron cuenta de más de 200 tiendas de conveniencia afectadas y decenas de vehículos incendiados.
En este contexto, el artículo 139 del Código Penal Federal establece penas de 15 a 40 años de prisión a quien, mediante explosivos, armas de fuego o actos violentos, genere alarma o terror en la población con el fin de presionar a la autoridad; este tipo penal descarta la exigencia de motivación ideológica; por otro lado, los integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron en 2003 que, el terrorismo no constituye delito político por su naturaleza jurídica.
Desde esa óptica técnica, los hechos encajan en la descripción del marco legal vigente en nuestro país. Hubo uso de armas, ataques a bienes públicos y privados, y un propósito evidente de intimidación social. Además, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que cuando tres o más personas se asocian para cometer delitos como terrorismo, la competencia es federal.
IncendiosPor su parte, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha impulsado la designación de cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Esa etiqueta activa mecanismos financieros y de seguridad internacional que rebasan la jurisdicción mexicana.
Si el gobierno federal asumiera, hipotéticamente, que existe terrorismo, podría abrir la puerta a revisiones financieras bajo convenios internacionales contra el financiamiento al terrorismo, entre ellas, las actividades “comerciales” ilícitas de éstas empresas criminales. También se podrían realizar análisis de inteligencia dentro de foros multilaterales y eventos de alto perfil, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde México será sede junto con los Estados Unidos y Canadá.
Reconocer jurídicamente el terrorismo podría fortalecer procesos penales, pero también expondría al país a presiones externas. Pero la realidad es que la mandataria mexicana ha optado por un trato firme y diplomático con Washington. Ha defendido la soberanía sin romper la cooperación. Esta prudencia busca evitar que la narrativa externa condicione la política interna.
De esta forma, el Ministerio Público, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy, tiene la facultad de tipificar conductas, sin embargo, las palabras que emanan del poder Ejecutivo pesan en la orientación institucional, es una fina línea entre la técnica jurídica y la conveniencia social, a pesar de la autonomía de la FGR.
Fiscalia General de la Republica (FGR)De este evento de gran magnitud, incluso de carácter internacional, se desprende que México enfrenta una disyuntiva muy compleja, aplicar el derecho penal con rigor pleno o contener una categoría que podría alterar su posición internacional.
No cabe duda que, la fortaleza institucional del gobierno mexicano, hoy se mide en la capacidad de nombrar la realidad, sin perder el control de sus consecuencias. Quién lo diría, la figura de “El Mencho” es hoy una estampa de calibre internacional sobre la efectiva estrategia mexicana de combate al narcotráfico, que pasó del terror a la soberanía nacional.
* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
- Columna anterior: Un mundo arrodillado al ego
Texto publicado de manera original en el diario ContraRéplica
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🌳 Nigeria ha prohibido la exportación de #madera, pero se sigue talando los #bosques y la madera sale del país mientras las autoridades miran hacia otro lado.
Comunidades y defensores de los bosques, como Odey Oyama y su organización RRDC, exigen que el gobierno haga cumplir de verdad la orden presidencial dictada recientemente y proteja los bosques y a quienes los defienden.
✍️ Firma la petición:
👉 https://www.salvalaselva.org/peticion/1318/nigeria-protejan-los-bosques-cumplan-la-prohibicion-de-exportar-madera?t=30206#Nigeria #Bosques #Deforestación #JusticiaAmbiental #DerechosHumanos
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📢 Vine a la 2a Trobada ecopacifista: Crisi ecològica i bel·licisme
🗣️ Amb Yayo Herrero, Beatriz Arnal, Pere Brunet, Teresa de Fortuny i més
👉 Parlem d’impactes ambientals, ocupació, extractivisme i resistències feministes
🗓️ 19 de febrer
🕕 18:15h
📍 @lleialtat
🔗 https://shorturl.at/FjuVR
Amb @ecologistesenacciocat @xrbarcelona
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🐒 En #Madagascar, la minería de tierras raras amenaza los bosques y a los lémures.
🎙️ En el pódcast #ÁfricaHoy (RTVE), hablan Mariana Walter del Atlas de Justicia Ambiental y Guadalupe Rodríguez de @salvalaselva.mastodon.social, sobre los impactos sociales y ecológicos de este proyecto.
🔊 Escúchalo aquí: https://www.rtve.es/play/audios/africa-hoy/madagascar/16871027/
✍️ Firma la petición 👉 https://www.salvalaselva.org/peticion/1310/sin-bosque-no-hay-lemures-detengan-la-mineria-de-tierras-raras-en-madagascar
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Saqueo histórico en nombre de la democracia gringa militar
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Argentina y la COP 30: una amenaza creciente para la vida de las generaciones presentes y futuras
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Argentina y la COP 30: una amenaza creciente para la vida de las generaciones presentes y futuras
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El término "racismo ambiental" nació en 1982, pero hoy es más real que nunca. 🌍 Desde la ubicación de vertederos hasta las islas de calor urbanas, la crisis climática amplifica las desigualdades históricas. Analizamos esta realidad global en profundidad.
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Resumen de la Marcha Global por la Justicia Climática
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Internacionalicemos la lucha
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Los lobistas de los combustibles fósiles inundan las negociaciones climáticas de la COP30 en Brasil
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Defensores ambientales bajo ataque: denuncian persecución judicial y mediática en Panamá
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Inicia la Cumbre de los Pueblos en Belém do Pará
Con la presencia de más de 10 mil representantes de organizaciones socioambientales, comunitarias y defensores de la vida del Mundo se inauguró la Cumbre de los Pueblos 2025 en Belém do Pará, Brasil.
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En la Casa de la COP do Povo tuvo lugar la conferencia de aliadas y aliados de la red Yes to Life No to Mining YLNM sobre la resistencia y lucha contra el extractivismo. Pero sobre todo poniendo el foco en un futuro libre de minería. Con la participación de la Red de Defensoras y Defensores Ambientales de Asia y el Pacífico y el Foro de Asia y el Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo. Escuchar historias de tragedias, resistencia, solidaridad y esperanza.
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Arte, rebeldía y vida...
Carolina Caycedo @lacaycedo aliada del @movimientodeafectados convocados en la #CumbreDeLosPueblos nos invita a un recorrido por sus proyectos artesvisuales sobre la #CrisisClimatica y los modelos de vida es decir una #TransicionEnergeticaJusta
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Culmina el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática. #BelemDoPara #Brasil
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Culmina el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y Crisis Climática. #BelemDoPara #Brasil
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El Foro Social Temático sobre Minería es un espacio global abierto de diálogo, debate y escucha que reúne a diversos actores sociales como comunidades rurales, organizaciones socioambientales, así como académicos desde hace 2018. Se posiciona como un espacio para denunciar los impactos negativos del extractivismo minero y fomentar alternativas para la vida, impulsando iniciativas de base, protección de derechos y una transición hacia energías limpias reales y formas de producción ambientalmente sostenibles que no dependen sobre el extractivismo minero. El pasado 10 de noviembre en Belém do Pará tuvo su encuentro con diversos representantes de comunidades afectadas por la minería y el cambio climático con la participación de personas que provienen de organizaciones socioambientales y comunidades afectadas por la minería de 17 países y 5 regiones del mundo. El primer encuentro del Foro Social Temático sobre Minería fue en 2018 en Johannesburgo, Sudáfrica seguido por su segundo encuentro en Semarang, Indonesia. Actividad que se da en el marco de la Cumbre de los Pueblos 2025.
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Cada minuto, cada hora, cada día nos aproximamos al gran reto por defender nuestra naturaleza, al cual somos partes como una célula en un inmenso organismo LA TIERRA.
La #CumbreDeLosPueblos nos convoca a una gran lucha global por el clima y la vida. #BelemDoPara #Brasil #Amazonia
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La red Sí a la Vida, NO a la minería (YLNM) en la Amazonia Brasileña [Podcast]
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La red Sí a la Vida, NO a la minería (YLNM) en la Amazonia Brasileña
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