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Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

El diputado Alberto Martínez Urincho propuso adicionar el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal para crear un delito específico contra las empresas “factureras” y sancionar la simulación de operaciones y el manejo de recursos ilícitos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico contra las empresas “factureras” y el lavado de dinero, mediante la adición del artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal, con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea sancionar a quienes constituyan, registren, adquieran, controlen, administren o utilicen personas jurídicas sin activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real, cuando tengan como finalidad simular operaciones fiscales o manejar recursos de procedencia ilícita.

La propuesta busca atender el uso de estructuras fiscales, financieras y corporativas para aparentar operaciones legales, evadir obligaciones fiscales o introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Su eventual aprobación en el Congreso capitalino permitiría remitirla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificar un ordenamiento federal.

¿Qué propone la iniciativa contra las “factureras”?

El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien utilice una persona jurídica sin capacidad material real con alguno de dos propósitos: emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos provenientes de una actividad ilícita.

La sanción podría incrementarse hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o personas físicas que simulen participar como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la empresa.

Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que las llamadas “factureras” constituyen un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos y para defraudar al erario.

Facturas falsas y operaciones por 1.6 billones de pesos

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que, con base en datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron identificadas ocho millones 827 mil 390 facturas falsas que amparaban operaciones por aproximadamente 1.6 billones de pesos.

Esas cifras corresponden a registros de años anteriores. Datos difundidos por el SAT en 2019 reportaron que entre 2014 y junio de ese año se habían identificado ocho mil 204 empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas como EFOS, y que las operaciones involucradas ascendían a alrededor de 1.6 billones de pesos.

El legislador también señaló que estimaciones de autoridades fiscales y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ubican entre ocho mil 204 y 12 mil las empresas fantasma vinculadas con estos esquemas. La cifra de ocho mil 204 EFOS corresponde a registros reportados por el SAT en 2019. –sn–

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Mexicano se declara culpable en EU de lavar 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas

Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos de participar en el lavado de unos 4 millones de dólares del narcotráfico mediante criptomonedas; enfrenta hasta 20 años de prisión.

Por Martín García | Reportero                                      

Carlos Erick Vázquez González, mexicano de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico y transferir esos recursos a México mediante criptomonedas.

De acuerdo con documentos judiciales, Vázquez González recibía en una billetera de criptomonedas bajo su control los recursos obtenidos de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses. Después transfería rápidamente los activos digitales para ocultar su procedencia.

El dinero era convertido posteriormente en dólares estadounidenses en México y entregado en efectivo al intermediario encargado de coordinar la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Por su participación en el esquema, Vázquez González habría recibido una comisión de aproximadamente 40 mil dólares.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky.

El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la legislación.

El caso fue anunciado por A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Jason Parman, fiscal federal para el Distrito Este de Kentucky, y Jim Scott, agente especial a cargo de la División de Campo de Louisville de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Investigación involucró a agencias de EU y México

La investigación estuvo encabezada por la oficina de la DEA en Lexington, con apoyo de las divisiones de campo de Detroit y las Montañas Rocosas, además de oficinas de la agencia en distintas ciudades de Estados Unidos y México.

También participó la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como parte de las pesquisas financieras relacionadas con el movimiento de los recursos.

El procesamiento está a cargo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una estructura interinstitucional estadounidense creada para investigar y procesar actividades relacionadas con cárteles, organizaciones criminales transnacionales, tráfico de personas y otras redes delictivas. –sn–

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México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por Martín García | Reportero                                      

México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y que las autoridades estadounidenses mantienen el requerimiento bajo estudio.

https://twitter.com/politicomx/status/2095881534259556512?s=20

La petición se relaciona con una investigación mexicana sobre presuntos contratos irregulares vinculados con servicios para cárceles federales, cuyo esquema habría ocasionado un daño patrimonial superior a 5 mil 112 millones de pesos.

Investigación por contratos para cárceles federales

El caso forma parte de las investigaciones financieras emprendidas en México contra personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública federal. La solicitud de detención busca que Pereyra Gálvez pueda enfrentar en México las acusaciones por los delitos que le atribuyen las autoridades.

La petición presentada ante Estados Unidos no significa que la extradición haya sido concedida. El procedimiento se encuentra en una etapa en la que las autoridades estadounidenses deben analizar la solicitud mexicana antes de determinar las acciones correspondientes.

La investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras relacionadas con García Luna y su entorno se mantiene activa. En agosto pasado, autoridades mexicanas informaron sobre la recuperación de recursos y propiedades vinculados con el esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.

La solicitud permanece bajo revisión en EU

La situación jurídica de Linda Cristina Pereyra Gálvez dependerá ahora del procedimiento que sigan las autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, la información disponible establece que México pidió su detención provisional con fines de extradición, pero no existe confirmación de que haya sido detenida ni de que Estados Unidos haya autorizado su entrega.

Genaro García Luna cumple en Estados Unidos una condena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La solicitud contra Pereyra Gálvez representa un nuevo paso en las acciones emprendidas por México para llevar ante la justicia a personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de recursos públicos durante la etapa en que García Luna ocupó cargos de seguridad federal. –sn–

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México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por Martín García | Reportero                                      

México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

https://youtu.be/o1UdBG9ALiM?t=34

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y que las autoridades estadounidenses mantienen el requerimiento bajo estudio.

La petición se relaciona con una investigación mexicana sobre presuntos contratos irregulares vinculados con servicios para cárceles federales, cuyo esquema habría ocasionado un daño patrimonial superior a 5 mil 112 millones de pesos.

Investigación por contratos para cárceles federales

El caso forma parte de las investigaciones financieras emprendidas en México contra personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública federal. La solicitud de detención busca que Pereyra Gálvez pueda enfrentar en México las acusaciones por los delitos que le atribuyen las autoridades.

La petición presentada ante Estados Unidos no significa que la extradición haya sido concedida. El procedimiento se encuentra en una etapa en la que las autoridades estadounidenses deben analizar la solicitud mexicana antes de determinar las acciones correspondientes.

La investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras relacionadas con García Luna y su entorno se mantiene activa. En agosto pasado, autoridades mexicanas informaron sobre la recuperación de recursos y propiedades vinculados con el esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.

La solicitud permanece bajo revisión en EU

La situación jurídica de Linda Cristina Pereyra Gálvez dependerá ahora del procedimiento que sigan las autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, la información disponible establece que México pidió su detención provisional con fines de extradición, pero no existe confirmación de que haya sido detenida ni de que Estados Unidos haya autorizado su entrega.

Genaro García Luna cumple en Estados Unidos una condena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La solicitud contra Pereyra Gálvez representa un nuevo paso en las acciones emprendidas por México para llevar ante la justicia a personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de recursos públicos durante la etapa en que García Luna ocupó cargos de seguridad federal. –sn–

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Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles

El embajador Ronald Johnson pidió reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos para rastrear las finanzas de los cárteles, con participación de autoridades de inteligencia financiera y bancos mexicanos.

Por Martín García | Reportero                                      

Atacar las finanzas de los cárteles debe convertirse en un eje central de la cooperación entre México y Estados Unidos, afirmó el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien llamó a las autoridades de inteligencia financiera y al sector bancario a seguir el rastro del dinero de las organizaciones criminales.

El planteamiento fue realizado durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, encuentro que reunió a representantes de alrededor de 40 instituciones bancarias mexicanas. Johnson sostuvo que identificar los recursos, las transacciones y las redes que permiten operar al crimen organizado puede afectar su capacidad para producir y transportar drogas, adquirir armas, pagar integrantes y financiar actos de corrupción.

La estrategia, explicó el diplomático, busca que México y Estados Unidos avancen en investigaciones financieras, sanciones, incautaciones e intercambio de información para identificar no sólo a los integrantes visibles de las organizaciones criminales, sino también a quienes facilitan y sostienen sus estructuras económicas.

Bancos, pieza clave para rastrear recursos

Ante representantes del sistema financiero mexicano, Johnson pidió fortalecer la colaboración para detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas. La lógica planteada durante el foro es que una transacción puede conducir a una cuenta, después a un activo y posteriormente a otros integrantes o facilitadores de una red criminal.

El funcionario estadounidense señaló que decomisar drogas o armas puede afectar temporalmente a los grupos criminales, pero cortar el acceso a los recursos financieros puede limitar su capacidad para reponer esos bienes y mantener sus operaciones.

Johnson sostuvo que debilitar a los cárteles y desmantelar las redes que permiten su funcionamiento constituye una prioridad compartida por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. –sn–

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