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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas
La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.
Así operaba la presunta red de huachicol fiscal
Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).
La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.
El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.
Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.
La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.
La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.
Empresas legales y triangulación financiera
Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.
La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.
La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.
Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.
Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval
Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.
En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.
También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.
La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.
La investigación se extiende a cinco entidades
La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.
El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.
La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.
FGR advierte que las investigaciones continuarán
Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.
La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.
En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–
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Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
El diputado Alberto Martínez Urincho propuso adicionar el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal para crear un delito específico contra las empresas “factureras” y sancionar la simulación de operaciones y el manejo de recursos ilícitos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico contra las empresas “factureras” y el lavado de dinero, mediante la adición del artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal, con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea sancionar a quienes constituyan, registren, adquieran, controlen, administren o utilicen personas jurídicas sin activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real, cuando tengan como finalidad simular operaciones fiscales o manejar recursos de procedencia ilícita.
La propuesta busca atender el uso de estructuras fiscales, financieras y corporativas para aparentar operaciones legales, evadir obligaciones fiscales o introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Su eventual aprobación en el Congreso capitalino permitiría remitirla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificar un ordenamiento federal.
¿Qué propone la iniciativa contra las “factureras”?
El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien utilice una persona jurídica sin capacidad material real con alguno de dos propósitos: emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos provenientes de una actividad ilícita.
La sanción podría incrementarse hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o personas físicas que simulen participar como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la empresa.
Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que las llamadas “factureras” constituyen un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos y para defraudar al erario.
Facturas falsas y operaciones por 1.6 billones de pesos
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que, con base en datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron identificadas ocho millones 827 mil 390 facturas falsas que amparaban operaciones por aproximadamente 1.6 billones de pesos.
Esas cifras corresponden a registros de años anteriores. Datos difundidos por el SAT en 2019 reportaron que entre 2014 y junio de ese año se habían identificado ocho mil 204 empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas como EFOS, y que las operaciones involucradas ascendían a alrededor de 1.6 billones de pesos.
El legislador también señaló que estimaciones de autoridades fiscales y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ubican entre ocho mil 204 y 12 mil las empresas fantasma vinculadas con estos esquemas. La cifra de ocho mil 204 EFOS corresponde a registros reportados por el SAT en 2019. –sn–
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“Operación Tokio”: 14 imputados quedaron en prisión preventiva, tres en arresto | vía #UChileRadio
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