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Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero

El diputado Alberto Martínez Urincho propuso adicionar el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal para crear un delito específico contra las empresas “factureras” y sancionar la simulación de operaciones y el manejo de recursos ilícitos.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico contra las empresas “factureras” y el lavado de dinero, mediante la adición del artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal, con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días.

La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea sancionar a quienes constituyan, registren, adquieran, controlen, administren o utilicen personas jurídicas sin activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real, cuando tengan como finalidad simular operaciones fiscales o manejar recursos de procedencia ilícita.

La propuesta busca atender el uso de estructuras fiscales, financieras y corporativas para aparentar operaciones legales, evadir obligaciones fiscales o introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Su eventual aprobación en el Congreso capitalino permitiría remitirla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificar un ordenamiento federal.

¿Qué propone la iniciativa contra las “factureras”?

El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien utilice una persona jurídica sin capacidad material real con alguno de dos propósitos: emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos provenientes de una actividad ilícita.

La sanción podría incrementarse hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o personas físicas que simulen participar como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la empresa.

Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que las llamadas “factureras” constituyen un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos y para defraudar al erario.

Facturas falsas y operaciones por 1.6 billones de pesos

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que, con base en datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron identificadas ocho millones 827 mil 390 facturas falsas que amparaban operaciones por aproximadamente 1.6 billones de pesos.

Esas cifras corresponden a registros de años anteriores. Datos difundidos por el SAT en 2019 reportaron que entre 2014 y junio de ese año se habían identificado ocho mil 204 empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas como EFOS, y que las operaciones involucradas ascendían a alrededor de 1.6 billones de pesos.

El legislador también señaló que estimaciones de autoridades fiscales y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ubican entre ocho mil 204 y 12 mil las empresas fantasma vinculadas con estos esquemas. La cifra de ocho mil 204 EFOS corresponde a registros reportados por el SAT en 2019. –sn–

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Mexicano se declara culpable en EU de lavar 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas

Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos de participar en el lavado de unos 4 millones de dólares del narcotráfico mediante criptomonedas; enfrenta hasta 20 años de prisión.

Por Martín García | Reportero                                      

Carlos Erick Vázquez González, mexicano de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico y transferir esos recursos a México mediante criptomonedas.

De acuerdo con documentos judiciales, Vázquez González recibía en una billetera de criptomonedas bajo su control los recursos obtenidos de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses. Después transfería rápidamente los activos digitales para ocultar su procedencia.

El dinero era convertido posteriormente en dólares estadounidenses en México y entregado en efectivo al intermediario encargado de coordinar la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Por su participación en el esquema, Vázquez González habría recibido una comisión de aproximadamente 40 mil dólares.

Enfrenta hasta 20 años de prisión

Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky.

El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la legislación.

El caso fue anunciado por A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Jason Parman, fiscal federal para el Distrito Este de Kentucky, y Jim Scott, agente especial a cargo de la División de Campo de Louisville de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Investigación involucró a agencias de EU y México

La investigación estuvo encabezada por la oficina de la DEA en Lexington, con apoyo de las divisiones de campo de Detroit y las Montañas Rocosas, además de oficinas de la agencia en distintas ciudades de Estados Unidos y México.

También participó la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como parte de las pesquisas financieras relacionadas con el movimiento de los recursos.

El procesamiento está a cargo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Kentucky.

El caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una estructura interinstitucional estadounidense creada para investigar y procesar actividades relacionadas con cárteles, organizaciones criminales transnacionales, tráfico de personas y otras redes delictivas. –sn–

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México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por Martín García | Reportero                                      

México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y que las autoridades estadounidenses mantienen el requerimiento bajo estudio.

https://twitter.com/politicomx/status/2095881534259556512?s=20

La petición se relaciona con una investigación mexicana sobre presuntos contratos irregulares vinculados con servicios para cárceles federales, cuyo esquema habría ocasionado un daño patrimonial superior a 5 mil 112 millones de pesos.

Investigación por contratos para cárceles federales

El caso forma parte de las investigaciones financieras emprendidas en México contra personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública federal. La solicitud de detención busca que Pereyra Gálvez pueda enfrentar en México las acusaciones por los delitos que le atribuyen las autoridades.

La petición presentada ante Estados Unidos no significa que la extradición haya sido concedida. El procedimiento se encuentra en una etapa en la que las autoridades estadounidenses deben analizar la solicitud mexicana antes de determinar las acciones correspondientes.

La investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras relacionadas con García Luna y su entorno se mantiene activa. En agosto pasado, autoridades mexicanas informaron sobre la recuperación de recursos y propiedades vinculados con el esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.

La solicitud permanece bajo revisión en EU

La situación jurídica de Linda Cristina Pereyra Gálvez dependerá ahora del procedimiento que sigan las autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, la información disponible establece que México pidió su detención provisional con fines de extradición, pero no existe confirmación de que haya sido detenida ni de que Estados Unidos haya autorizado su entrega.

Genaro García Luna cumple en Estados Unidos una condena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La solicitud contra Pereyra Gálvez representa un nuevo paso en las acciones emprendidas por México para llevar ante la justicia a personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de recursos públicos durante la etapa en que García Luna ocupó cargos de seguridad federal. –sn–

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México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna

México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por Martín García | Reportero                                      

México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

https://youtu.be/o1UdBG9ALiM?t=34

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y que las autoridades estadounidenses mantienen el requerimiento bajo estudio.

La petición se relaciona con una investigación mexicana sobre presuntos contratos irregulares vinculados con servicios para cárceles federales, cuyo esquema habría ocasionado un daño patrimonial superior a 5 mil 112 millones de pesos.

Investigación por contratos para cárceles federales

El caso forma parte de las investigaciones financieras emprendidas en México contra personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública federal. La solicitud de detención busca que Pereyra Gálvez pueda enfrentar en México las acusaciones por los delitos que le atribuyen las autoridades.

La petición presentada ante Estados Unidos no significa que la extradición haya sido concedida. El procedimiento se encuentra en una etapa en la que las autoridades estadounidenses deben analizar la solicitud mexicana antes de determinar las acciones correspondientes.

La investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras relacionadas con García Luna y su entorno se mantiene activa. En agosto pasado, autoridades mexicanas informaron sobre la recuperación de recursos y propiedades vinculados con el esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.

La solicitud permanece bajo revisión en EU

La situación jurídica de Linda Cristina Pereyra Gálvez dependerá ahora del procedimiento que sigan las autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, la información disponible establece que México pidió su detención provisional con fines de extradición, pero no existe confirmación de que haya sido detenida ni de que Estados Unidos haya autorizado su entrega.

Genaro García Luna cumple en Estados Unidos una condena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

La solicitud contra Pereyra Gálvez representa un nuevo paso en las acciones emprendidas por México para llevar ante la justicia a personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de recursos públicos durante la etapa en que García Luna ocupó cargos de seguridad federal. –sn–

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Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles

El embajador Ronald Johnson pidió reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos para rastrear las finanzas de los cárteles, con participación de autoridades de inteligencia financiera y bancos mexicanos.

Por Martín García | Reportero                                      

Atacar las finanzas de los cárteles debe convertirse en un eje central de la cooperación entre México y Estados Unidos, afirmó el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien llamó a las autoridades de inteligencia financiera y al sector bancario a seguir el rastro del dinero de las organizaciones criminales.

El planteamiento fue realizado durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, encuentro que reunió a representantes de alrededor de 40 instituciones bancarias mexicanas. Johnson sostuvo que identificar los recursos, las transacciones y las redes que permiten operar al crimen organizado puede afectar su capacidad para producir y transportar drogas, adquirir armas, pagar integrantes y financiar actos de corrupción.

La estrategia, explicó el diplomático, busca que México y Estados Unidos avancen en investigaciones financieras, sanciones, incautaciones e intercambio de información para identificar no sólo a los integrantes visibles de las organizaciones criminales, sino también a quienes facilitan y sostienen sus estructuras económicas.

Bancos, pieza clave para rastrear recursos

Ante representantes del sistema financiero mexicano, Johnson pidió fortalecer la colaboración para detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas. La lógica planteada durante el foro es que una transacción puede conducir a una cuenta, después a un activo y posteriormente a otros integrantes o facilitadores de una red criminal.

El funcionario estadounidense señaló que decomisar drogas o armas puede afectar temporalmente a los grupos criminales, pero cortar el acceso a los recursos financieros puede limitar su capacidad para reponer esos bienes y mantener sus operaciones.

Johnson sostuvo que debilitar a los cárteles y desmantelar las redes que permiten su funcionamiento constituye una prioridad compartida por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. –sn–

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Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897

La Lotería Nacional dedicó el billete del Sorteo Superior 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que combate operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                         

La Lotería Nacional dedicó el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de generar inteligencia para prevenir y detectar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

La develación se realizó en el Teatro de la Lotería Nacional con la participación de la directora general del organismo, Olivia Salomón; el jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Eddu Alejandro Vera Anaya, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. El sorteo se efectuará el viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas y tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series.

La emisión coloca en circulación la imagen de la UIF a través de los billetes de la Lotería Nacional y busca difundir la función que cumple la inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilícitas que pueden afectar al sistema financiero mexicano.

UIF, 22 años de inteligencia financiera

Durante la ceremonia, Olivia Salomón señaló que la evolución de la UIF le ha permitido construir capacidades especializadas para atender los desafíos relacionados con los flujos financieros ilícitos.

La funcionaria sostuvo que la prevención del lavado de dinero y el combate a la corrupción también tienen efectos sobre la protección de la economía, los recursos públicos y las actividades realizadas dentro de la economía formal.

La propia Lotería Nacional señaló que los billetes conmemorativos llevarán la imagen de la UIF a distintas regiones del país, como parte de una estrategia de difusión sobre el papel de las instituciones encargadas de proteger la integridad financiera.

De acuerdo con la información oficial del billete, la UIF fue creada en 2004 y durante sus 22 años de operación desarrolló capacidades de análisis e inteligencia financiera, coordinación con autoridades nacionales e internacionales y herramientas tecnológicas para identificar operaciones y redes relacionadas con conductas ilícitas.

Lotería Nacional y UIF ya trabajan contra operaciones ilícitas

La conmemoración ocurre meses después de que Lotería Nacional y la SHCP, a través de la UIF, suscribieran un convenio de coordinación institucional para reforzar la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El acuerdo, firmado el 17 de febrero de 2026 por Olivia Salomón y Omar Reyes Colmenares, contempla mesas de trabajo, intercambio de experiencias, fortalecimiento técnico, cursos, diplomados y actividades de capacitación.

El convenio también prevé mecanismos de coordinación y un grupo de trabajo integrado por enlaces de ambas instituciones para dar seguimiento a las acciones acordadas. Su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2030. –sn–

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Rosa Icela Rodríguez advierte a casinos: si corrompen funcionarios, cerrará negocios y habrá cárcel

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos está prácticamente lista y advirtió a permisionarios contra actos de corrupción.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió a los permisionarios de casinos y centros de apuestas que cualquier intento por corromper a funcionarios de la dependencia puede derivar en el cierre de negocios y en acciones penales contra servidores públicos que reciban dinero.

Durante la conferencia matutina presidencla este jueves, la funcionaria informó además que la propuesta para actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos se encuentra prácticamente terminada y será presentada al Gabinete de Seguridad antes de continuar con el proceso legislativo.

El ordenamiento vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947. La legislación establece que corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob), la regulación, autorización, control y vigilancia de los juegos en los que existan apuestas.

Advierten contra corrupción en casinos

Rodríguez explicó que, al inicio de la actual administración, sostuvo una reunión con permisionarios de las dos principales industrias relacionadas con el sector de juegos y apuestas.

En ese encuentro, relató, estableció como condición que los empresarios no entregaran dinero al personal de la Secretaría de Gobernación (Segob). Advirtió que, si se detectan esas prácticas, los establecimientos podrían ser cerrados y los servidores públicos involucrados enfrentarían consecuencias penales.

“Lo primero que quiero de ustedes es que, por favor, no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación”, dijo la funcionaria al recordar el mensaje que transmitió a los permisionarios.

La secretaria señaló que también se comprometió a trabajar en la regularización de asuntos pendientes relacionados con amparos y trámites del sector, pero precisó que no cuenta con representantes, intermediarios ni brokers para atender gestiones ante la dependencia.

Segob prepara nueva regulación

Rodríguez informó que la revisión de la legislación se realizó entre distintas dependencias federales que tienen atribuciones o alguna incidencia en casinos, centros de apuestas y establecimientos de entretenimiento.

La propuesta ya fue revisada con diferentes instancias y el siguiente paso será llevarla al Gabinete de Seguridad, antes de que pueda avanzar hacia el Congreso de la Unión.

La funcionaria también pidió a los permisionarios pagar sus impuestos y mantener en regla las obligaciones laborales de su personal. De igual forma, planteó que las inspecciones sean documentadas mediante grabaciones tanto por los establecimientos como por los inspectores.

La Dirección General de Juegos y Sorteos señala que la legislación vigente permite a Segob sancionar infracciones, revocar permisos y clausurar establecimientos cuando las faltas sean graves o frecuentes.

Casinos bajo revisión

La revisión del marco legal ocurre mientras las autoridades mantienen acciones de vigilancia sobre establecimientos del sector.

Rodríguez informó que se han realizado cierres y sanciones relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, con participación de autoridades federales. La secretaria señaló públicamente que existe una cifra de establecimientos sancionados y otra estimación más amplia sobre casinos con algún tipo de problema, aunque esta última no fue precisada con exactitud.

La eventual reforma busca sustituir un marco jurídico con casi ocho décadas de vigencia y establecer nuevas reglas para una industria cuya operación actual incluye modalidades y mecanismos que no existían cuando fue expedida la ley de 1947.

La legislación vigente establece que ningún establecimiento donde se practiquen juegos con apuestas o sorteos puede funcionar sin permiso de la Secretaría de Gobernación. –sn–

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Rosa Icela Rodríguez advierte a casinos: si corrompen funcionarios, cerrará negocios y habrá cárcel

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos está prácticamente lista y advirtió a permisionarios contra actos de corrupción.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió a los permisionarios de casinos y centros de apuestas que cualquier intento por corromper a funcionarios de la dependencia puede derivar en el cierre de negocios y en acciones penales contra servidores públicos que reciban dinero.

Durante la conferencia matutina presidencla este jueves, la funcionaria informó además que la propuesta para actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos se encuentra prácticamente terminada y será presentada al Gabinete de Seguridad antes de continuar con el proceso legislativo.

El ordenamiento vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947. La legislación establece que corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob), la regulación, autorización, control y vigilancia de los juegos en los que existan apuestas.

Advierten contra corrupción en casinos

Rodríguez explicó que, al inicio de la actual administración, sostuvo una reunión con permisionarios de las dos principales industrias relacionadas con el sector de juegos y apuestas.

En ese encuentro, relató, estableció como condición que los empresarios no entregaran dinero al personal de la Secretaría de Gobernación (Segob). Advirtió que, si se detectan esas prácticas, los establecimientos podrían ser cerrados y los servidores públicos involucrados enfrentarían consecuencias penales.

“Lo primero que quiero de ustedes es que, por favor, no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación”, dijo la funcionaria al recordar el mensaje que transmitió a los permisionarios.

La secretaria señaló que también se comprometió a trabajar en la regularización de asuntos pendientes relacionados con amparos y trámites del sector, pero precisó que no cuenta con representantes, intermediarios ni brokers para atender gestiones ante la dependencia.

Segob prepara nueva regulación

Rodríguez informó que la revisión de la legislación se realizó entre distintas dependencias federales que tienen atribuciones o alguna incidencia en casinos, centros de apuestas y establecimientos de entretenimiento.

La propuesta ya fue revisada con diferentes instancias y el siguiente paso será llevarla al Gabinete de Seguridad, antes de que pueda avanzar hacia el Congreso de la Unión.

La funcionaria también pidió a los permisionarios pagar sus impuestos y mantener en regla las obligaciones laborales de su personal. De igual forma, planteó que las inspecciones sean documentadas mediante grabaciones tanto por los establecimientos como por los inspectores.

La Dirección General de Juegos y Sorteos señala que la legislación vigente permite a Segob sancionar infracciones, revocar permisos y clausurar establecimientos cuando las faltas sean graves o frecuentes.

Casinos bajo revisión

La revisión del marco legal ocurre mientras las autoridades mantienen acciones de vigilancia sobre establecimientos del sector.

Rodríguez informó que se han realizado cierres y sanciones relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, con participación de autoridades federales. La secretaria señaló públicamente que existe una cifra de establecimientos sancionados y otra estimación más amplia sobre casinos con algún tipo de problema, aunque esta última no fue precisada con exactitud.

La eventual reforma busca sustituir un marco jurídico con casi ocho décadas de vigencia y establecer nuevas reglas para una industria cuya operación actual incluye modalidades y mecanismos que no existían cuando fue expedida la ley de 1947.

La legislación vigente establece que ningún establecimiento donde se practiquen juegos con apuestas o sorteos puede funcionar sin permiso de la Secretaría de Gobernación. –sn–

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Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja

La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.

Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.

«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.

Anuncios fraudulentos

El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.

«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.

Ricardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.

Atención integral

Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.

«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.

El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.

Ofertas laborales

Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.

«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.

El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–

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Pide EU sanciones globales contra terrorismo y el Cártel de Sinaloa

Las medidas anunciadas buscan ampliar la cooperación global contra redes vinculadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Por Martín García | Reportero | Agencias                                      

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, llamó a gobiernos aliados a reforzar acciones internacionales contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales vinculadas al narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa. El funcionario participó en la conferencia internacional “No al financiamiento del terrorismo” del Grupo de los Siete (G7), realizada en París, Francia, donde pidió mayor coordinación financiera y política entre naciones.

Durante su intervención, Bessent sostuvo que Estados Unidos enfrentó amenazas globales vinculadas a organizaciones terroristas y estructuras financieras clandestinas. El funcionario afirmó que las redes de financiamiento operaron mediante empresas fantasma instaladas en Europa, sistemas bancarios ilegales en Oriente Medio y organizaciones criminales activas en el hemisferio occidental.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que las sanciones económicas representaron instrumentos de presión internacional para modificar conductas y frenar operaciones ilegales. También indicó que las medidas financieras no buscaron aislar permanentemente a países o individuos, sino acelerar cambios de comportamiento mediante acciones específicas y focalizadas.

Presión financiera internacional

En la conferencia celebrada en París, Scott Bessent aseguró que la administración encabezada por Donald Trump revisó el esquema de sanciones internacionales para adaptarlo a los nuevos mecanismos financieros utilizados por organizaciones terroristas. Explicó que el Departamento del Tesoro revisó designaciones consideradas obsoletas con el objetivo de fortalecer la vigilancia sobre redes de evasión financiera y lavado de dinero.

El funcionario estadounidense manifestó que las sanciones prolongadas sin resultados tangibles provocaron efectos colaterales difíciles de prever. También indicó que las medidas más efectivas fueron aquellas aplicadas con objetivos concretos, duración limitada y capacidad de generar presión directa sobre actores específicos involucrados en financiamiento ilícito.

Bessent sostuvo que el combate al terrorismo exigió coordinación permanente entre gobiernos aliados y organismos financieros internacionales. Añadió que la cooperación internacional permitió detectar operaciones clandestinas relacionadas con grupos extremistas, empresas fachada y estructuras bancarias utilizadas para transferencias ilegales. –sn–

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