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📰 Llevan a diputada Hassler a Comisión de Ética por "hostigamiento" a ministra Marín
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PCV exige al Ministerio Público investigar caso de Alex Saab que involucra a Vielma Mora
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Javier Aguilar, exoperador de la empresa Vitol, recibe 4 años de sentencia en NY por sobornos en México
El exoperador de Vitol Javier Aguilar fue sentenciado en Nueva York a cuatro años de prisión por sobornos a funcionarios de México y Ecuador y deberá pagar 7.13 millones de dólares.
Por Vera Martín del Campo | Corresponsal
El exoperador de la firma energética Vitol, Javier Aguilar, fue sentenciado en Brooklyn, Nueva York, a 48 meses de prisión por participar en dos esquemas de sobornos a funcionarios de México y Ecuador.
Además de la pena de prisión, el ciudadano mexicano, residente en Houston, Texas, deberá pagar aproximadamente 7.13 millones de dólares por concepto de decomiso criminal y una multa de 100 mil dólares, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El caso involucró contratos por más de 500 millones de dólares y pagos ilícitos superiores a un millón de dólares para obtener negocios relacionados con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa estatal petrolera de Ecuador.
Sobornos para obtener contratos de Pemex
Entre 2015 y 2020, Aguilar trabajó como operador de petróleo y gas en la oficina de Vitol en Houston, desde donde participó en las operaciones investigadas por autoridades estadounidenses.
En el caso mexicano, el Departamento de Justicia señaló que pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), filial propiedad de Pemex.
Los pagos buscaban obtener contratos para que Vitol suministrara cientos de millones de dólares en gas etano a Petróleos Mexicanos, de acuerdo con documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el proceso.
Para ocultar los movimientos de dinero, Aguilar y sus cómplices recurrieron a contratos falsos, facturas simuladas y empresas fachada constituidas en distintas jurisdicciones.
Entre ellas figuraron entidades registradas en Curaçao, Panamá y las Islas Caimán, además de cuentas de correo electrónico utilizadas bajo identidades falsas para comunicarse con los participantes.
Una segunda trama en Ecuador
La investigación también acreditó pagos superiores a un millón de dólares a funcionarios de Petroecuador, la empresa petrolera estatal ecuatoriana, con el propósito de conseguir contratos para Vitol.
Uno de los acuerdos involucró un contrato por 300 millones de dólares para la adquisición de combustóleo, operación en la que los participantes utilizaron una entidad estatal de Medio Oriente para sortear restricciones impuestas por Petroecuador a empresas privadas.
Después de las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017, algunos funcionarios que habían recibido pagos fueron sustituidos, según las pruebas presentadas en el juicio.
Los participantes posteriormente acordaron entregar nuevos sobornos a funcionarios que ocuparon esos cargos, con la intención de mantener el contrato existente y obtener negocios adicionales.
El Departamento de Justicia indicó que las mismas estructuras utilizadas para ocultar los pagos en Ecuador sirvieron para canalizar los sobornos relacionados con funcionarios de PPI en México.
El esquema incluyó registros financieros, comunicaciones electrónicas, llamadas grabadas, reuniones, registros de viajes y movimientos bancarios utilizados como evidencia durante el juicio.
Condena y decomiso millonario
En febrero de 2024, un jurado federal de Brooklyn declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de esa legislación y conspiración para cometer lavado de dinero relacionada con el esquema ecuatoriano.
En agosto de ese mismo año, el exoperador se declaró culpable de cargos derivados del esquema de sobornos relacionado con funcionarios de PPI y aceptó el decomiso de 7 millones 129 mil 938 dólares.
La sentencia emitida el 18 de septiembre de 2026 fijó finalmente la pena en 48 meses de prisión y una multa de 100 mil dólares. La restitución económica será determinada posteriormente.
Al concluir su condena, Aguilar será deportado a México, de acuerdo con la resolución anunciada por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York.
El caso también alcanzó a otros siete participantes, incluidos tres funcionarios extranjeros, quienes se declararon culpables por su participación en las operaciones y acordaron entregar conjuntamente más de 63 millones de dólares obtenidos de los esquemas.
Vitol pagó 135 millones de dólares
El proceso contra Aguilar se relacionó con una investigación más amplia sobre Vitol, que en diciembre de 2020 admitió haber sobornado a funcionarios en Ecuador, México y Brasil para obtener negocios.
Como parte de un acuerdo con autoridades estadounidenses y brasileñas, la compañía aceptó pagar aproximadamente 135 millones de dólares en sanciones, en una resolución coordinada con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y autoridades de Brasil.
La investigación de Aguilar estuvo a cargo del FBI de Miami mediante su unidad especializada en corrupción internacional. –sn–
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Sentencian a hombres que lavaron dinero por secuestro de empresario estadounidense
Dos hombres fueron sentenciados a 12 años de cárcel cada uno por lavar el dinero que consiguieron por el secuestro de un empresario estadounidense; la pena fue establecida por el Tribunal Penal de Goicochea. Los sujetos de apellidos Morales y Molina fueron encontrados culpables de un proceso que empezó en diciembre de 2022 cuando se […]
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Sentencian a hombres que lavaron dinero por secuestro de empresario estadounidense
Dos hombres fueron sentenciados a 12 años de cárcel cada uno por lavar el dinero que consiguieron por el secuestro de un empresario estadounidense; la pena fue establecida por el Tribunal Penal de Goicochea. Los sujetos de apellidos Morales y Molina fueron encontrados culpables de un proceso que empezó en diciembre de 2022 cuando se […]
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Sentencian a hombres que lavaron dinero por secuestro de empresario estadounidense
Dos hombres fueron sentenciados a 12 años de cárcel cada uno por lavar el dinero que consiguieron por el secuestro de un empresario estadounidense; la pena fue establecida por el Tribunal Penal de Goicochea. Los sujetos de apellidos Morales y Molina fueron encontrados culpables de un proceso que empezó en diciembre de 2022 cuando se […]
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Sheinbaum responde a Trump, México no necesita ser juzgado desde el extranjero
Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de Donald Trump sobre funcionarios mexicanos vinculados con cárteles y pidió a Estados Unidos informar sobre sus resultados contra drogas, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas.
Por Paola Ramírez | Reportera
Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a México exponer, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos presuntamente vinculados con los cárteles, y sostuvo que el país no necesita ser juzgado desde el extranjero.
https://youtu.be/akeDPSBNz5M?t=223
Durante su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional, afirmó que su gobierno actúa contra servidores públicos cuando existen pruebas de su participación en actividades ilícitas, sin importar su filiación política. “Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”, sostuvo durante su conferencia de prensa de este jueves.La declaración ocurrió después de que Trump reconociera esfuerzos del gobierno mexicano en materia de seguridad, pero planteara que México debe ampliar las acciones contra organizaciones criminales y perseguir a funcionarios que, según el señalamiento estadounidense, hayan colaborado o encubierto a los cárteles.
Sheinbaum: investigaciones, sin importar el partido político
La mandataria señaló que las autoridades mexicanas actuarán cuando existan elementos que acrediten vínculos entre funcionarios y actividades ilícitas.
“Vamos a actuar nosotros en otros casos cuando haya pruebas de funcionarios que están vinculados, independientemente del partido político, con ilícitos”, afirmó.
Sheinbaum agregó que su administración está sometida al escrutinio público y que informa diariamente sobre sus acciones y resultados. La posición expresada por la presidente coloca la investigación de posibles actos de corrupción y vínculos criminales dentro de las instituciones mexicanas, sin aceptar que otro gobierno determine qué funcionarios deben ser procesados.
Pide a Estados Unidos explicar sus propios resultados
La presidente también cuestionó las acciones del gobierno estadounidense frente al consumo y distribución de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas hacia México.
“Me gustaría escuchar, poder ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, planteó.
Sheinbaum preguntó qué ocurre con los distribuidores de drogas y las operaciones de lavado de dinero en territorio estadounidense, además de cuestionar las medidas para contener el consumo de opioides y otras sustancias. Sus planteamientos coinciden con una discusión bilateral de larga duración sobre la responsabilidad compartida frente al tráfico de drogas, dinero y armas.
La mandataria también señaló el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México como uno de los factores que permiten explicar el poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas.
México rechaza una intervención extranjera
Sheinbaum reiteró además que México está dispuesto a mantener cooperación con otros países, pero estableció una diferencia entre colaboración internacional e intervención en las decisiones internas del país.
“Siempre podemos cooperar, podemos ayudar, podemos colaborar, pero las decisiones las toma el pueblo, las decisiones las toma el Gobierno, que es la representación del pueblo de México, no las puede tomar un país extranjero”, afirmó.
La presidente sostuvo que la defensa de la independencia y la soberanía forma parte de una posición histórica de México y rechazó que cualquier pretexto pueda utilizarse para justificar una intervención extranjera. –sn–
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📰 Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado tras acuerdo con EEUU
🔗 https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/eeuu/2026/09/15/alex-saab-presunto-testaferro-de-maduro-se-declara-culpable-de-lavado-tras-acuerdo-con-eeuu.shtml -
📰 “Testaferro” de Maduro se declara culpable por millonario lavado de dinero en Estados Unidos
El empresario colombiano arriesga una pena de hasta 20 años de cárcel tras confesar su participación en el desvío d...
🔗 https://www.adnradio.cl/2026/09/15/testaferro-de-maduro-se-declara-culpable-por-millonario-lavado-de-dinero-en-estados-unidos/ -
Cronología del caso Alex Saab: de ministro de Maduro a declararse culpable de lavado de dinero en EE UU
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Ley Antilavado eleva presión sobre empresas; Regcheq lanza PLD X para automatizar cumplimiento
Las nuevas reglas de la Ley Antilavado elevan las exigencias para Actividades Vulnerables. Regcheq lanzó PLD X para automatizar expedientes, monitoreo, avisos y trazabilidad.
Por Deyanira Vázquez | Reportera
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entra en una nueva etapa en México, con mayores exigencias para las empresas que realizan Actividades Vulnerables y una creciente necesidad de controles automatizados para identificar riesgos, conocer clientes y documentar operaciones.
El nuevo escenario alcanza a sectores como inmobiliarias, agencias automotrices, joyerías, casinos, notarías, servicios profesionales, empresas de activos virtuales y compañías dedicadas al crédito o préstamo mutuo. La regulación establece obligaciones relacionadas con evaluación de riesgos, conocimiento del cliente, identificación del beneficiario controlador, monitoreo y conservación de información.
En este contexto, Regcheq anunció el lanzamiento de Regcheq PLD X, una evolución de su plataforma tecnológica para gestionar obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT) en empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Nuevas reglas cambian el escenario para las empresas
La publicación de nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI en agosto de 2026 precisó mecanismos para aplicar las obligaciones incorporadas a la legislación antilavado.
El nuevo marco contempla un enfoque basado en riesgos, clasificación de clientes, manuales de políticas internas, capacitación, mecanismos automatizados de monitoreo y auditorías, con fechas de cumplimiento escalonadas.
Para las empresas, el cambio implica que la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita deja de depender únicamente de expedientes y avisos aislados y requiere procesos permanentes para identificar, evaluar y documentar riesgos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala en la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 que México contaba con 111,191 sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. De ese universo, 107,642 correspondían a personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables.
¿Qué empresas pueden estar obligadas?
Una empresa no necesita pertenecer al sistema financiero para quedar sujeta a obligaciones de la Ley Antilavado.
Entre las actividades consideradas vulnerables se encuentran determinadas operaciones relacionadas con inmuebles, vehículos, joyas y metales preciosos, servicios profesionales, operaciones de fe pública, activos virtuales y actividades de crédito, entre otras.
El riesgo puede aparecer también en empresas cuya actividad principal no parece vinculada directamente con el lavado de dinero, pero que participan en operaciones o mantienen relaciones comerciales con sujetos que sí desarrollan Actividades Vulnerables.
Por ello, la identificación correcta de clientes, usuarios y beneficiarios controladores adquiere una importancia creciente para las compañías sujetas al régimen. –sn–
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FGR revela estructura de red de huachicol fiscal que operaba en aduanas
La FGR informó avances en la investigación contra una presunta red de huachicol fiscal vinculada con aduanas, empresas y servidores públicos. El caso se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira.
Por Martín García | Reportero
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló nuevos avances en la investigación de una presunta red de huachicol fiscal que habría utilizado aduanas, empresas y servidores públicos para introducir, distribuir y dar apariencia legal a combustible ingresado ilegalmente al país.
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la investigación permitió identificar una estructura con presencia en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México. El expediente se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 y tomó mayor dimensión después del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en un buque en Altamira, Tamaulipas.
De acuerdo con la FGR, detrás de esa operación no habría actuado un contrabandista de manera aislada, sino una estructura con capacidad para coordinar la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.
Así operaba la presunta red de huachicol fiscal
Según la investigación presentada por Godoy Ramos, Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados por la autoridad como “Los Primos”, habrían intervenido junto con otros integrantes de la estructura en movimientos de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Marina (Semar).
La Fiscalía señaló que Manuel Roberto “N” habría gestionado directamente algunos nombramientos y promociones. Los datos de prueba, precisó la fiscal, se encuentran bajo valoración del Poder Judicial.
El esquema investigado comenzaba con buques que salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo. El producto era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal y facilitar su ingreso al país.
Una vez que las embarcaciones llegaban a puertos mexicanos, servidores públicos y agentes aduanales presuntamente vinculados con la estructura habrían recibido pagos para permitir el paso de los cargamentos.
La FGR también documentó presuntas irregularidades durante las inspecciones, entre ellas muestreos superficiales, manipulación de volúmenes y procedimientos que habrían permitido liberar el combustible sin una revisión efectiva.
La investigación apunta además a que la organización habría establecido horarios de arribo y descarga para facilitar la desactivación de sistemas de videovigilancia y evitar que determinadas operaciones quedaran registradas.
Empresas legales y triangulación financiera
Una vez que el combustible llegaba a tierra, la estructura utilizaba tres empresas constituidas legalmente para su distribución, de acuerdo con la información presentada por la FGR.
La autoridad también identificó una red de empresas fachada y operaciones financieras destinadas presuntamente a dar apariencia legítima a los ingresos derivados de la venta del hidrocarburo.
La combinación de importaciones, registros presuntamente manipulados, complicidades aduanales, revisiones simuladas y operaciones financieras habría permitido mantener el funcionamiento de la estructura durante un periodo prolongado.
Investigaciones previas de la FGR ya habían identificado empresas fachada, patios clandestinos y rutas de distribución relacionadas con los 10 millones de litros asegurados en Tamaulipas.
Cateo revela documentos sobre aduanas y personal naval
Como parte de las indagatorias, la FGR realizó un cateo en una bodega que, de acuerdo con la Fiscalía, era arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país.
En el inmueble fueron localizados objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la Semar, además de documentación de seguridad nacional clasificada como reservada o confidencial.
También se localizaron armas que, según la autoridad, no contaban con el registro correspondiente.
La Fiscalía utiliza estos elementos como parte de la investigación sobre la estructura de complicidades y las funciones que habrían desempeñado los integrantes identificados como “Los Primos”.
La investigación se extiende a cinco entidades
La FGR informó que el seguimiento de accionistas, apoderados legales y otros enlaces permitió identificar operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la ciudad de México.
El caso tiene como antecedente el aseguramiento del buque Challenge Procyon, ocurrido en marzo de 2025, cuando autoridades federales localizaron aproximadamente 10 millones de litros de diésel, además de vehículos, contenedores, armas y documentación.
La investigación posterior permitió ampliar el expediente hacia posibles participantes en las distintas etapas de la cadena de importación y distribución del combustible.
FGR advierte que las investigaciones continuarán
Godoy Ramos sostuvo que el contrabando de hidrocarburos representa un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a otros fines públicos.
La fiscal también subrayó que las posibles conductas ilícitas corresponden a responsabilidades individuales y rechazó que las actuaciones de algunos integrantes puedan atribuirse de manera general a una institución.
En ese sentido, señaló que el actual secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, ha dado seguimiento a las investigaciones. –sn–
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Proponen hasta 15 años de prisión contra empresas “factureras” y lavado de dinero
El diputado Alberto Martínez Urincho propuso adicionar el artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal para crear un delito específico contra las empresas “factureras” y sancionar la simulación de operaciones y el manejo de recursos ilícitos.
Por Gabriela Díaz | Reportera
El diputado Alberto Martínez Urincho, de Morena, propuso crear un delito específico contra las empresas “factureras” y el lavado de dinero, mediante la adición del artículo 400 Bis 2 al Código Penal Federal, con penas de cinco a 15 años de prisión y multas de hasta cinco mil días.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México y plantea sancionar a quienes constituyan, registren, adquieran, controlen, administren o utilicen personas jurídicas sin activos, personal, infraestructura operativa o capacidad material real, cuando tengan como finalidad simular operaciones fiscales o manejar recursos de procedencia ilícita.
La propuesta busca atender el uso de estructuras fiscales, financieras y corporativas para aparentar operaciones legales, evadir obligaciones fiscales o introducir recursos ilícitos al sistema financiero. Su eventual aprobación en el Congreso capitalino permitiría remitirla al Congreso de la Unión, debido a que plantea modificar un ordenamiento federal.
¿Qué propone la iniciativa contra las “factureras”?
El proyecto establece una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quien utilice una persona jurídica sin capacidad material real con alguno de dos propósitos: emitir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas, o recibir, transferir, ocultar, simular o dispersar recursos, bienes o derechos provenientes de una actividad ilícita.
La sanción podría incrementarse hasta en una mitad cuando se utilicen identidades falsas, información de personas fallecidas o personas físicas que simulen participar como socios, accionistas, directivos o representantes legales sin ejercer un control efectivo de la empresa.
Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sostuvo que las llamadas “factureras” constituyen un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a recursos y para defraudar al erario.
Facturas falsas y operaciones por 1.6 billones de pesos
Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que, con base en datos atribuidos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fueron identificadas ocho millones 827 mil 390 facturas falsas que amparaban operaciones por aproximadamente 1.6 billones de pesos.
Esas cifras corresponden a registros de años anteriores. Datos difundidos por el SAT en 2019 reportaron que entre 2014 y junio de ese año se habían identificado ocho mil 204 empresas que facturaban operaciones simuladas, conocidas como EFOS, y que las operaciones involucradas ascendían a alrededor de 1.6 billones de pesos.
El legislador también señaló que estimaciones de autoridades fiscales y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ubican entre ocho mil 204 y 12 mil las empresas fantasma vinculadas con estos esquemas. La cifra de ocho mil 204 EFOS corresponde a registros reportados por el SAT en 2019. –sn–
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Mexicano se declara culpable en EU de lavar 4 mdd del narcotráfico mediante criptomonedas
Carlos Erick Vázquez González se declaró culpable en Estados Unidos de participar en el lavado de unos 4 millones de dólares del narcotráfico mediante criptomonedas; enfrenta hasta 20 años de prisión.
Por Martín García | Reportero
Carlos Erick Vázquez González, mexicano de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos de participar en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico y transferir esos recursos a México mediante criptomonedas.
De acuerdo con documentos judiciales, Vázquez González recibía en una billetera de criptomonedas bajo su control los recursos obtenidos de actividades de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses. Después transfería rápidamente los activos digitales para ocultar su procedencia.
El dinero era convertido posteriormente en dólares estadounidenses en México y entregado en efectivo al intermediario encargado de coordinar la recolección de las ganancias del narcotráfico en Estados Unidos. Por su participación en el esquema, Vázquez González habría recibido una comisión de aproximadamente 40 mil dólares.
Enfrenta hasta 20 años de prisión
Vázquez González se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero. Su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026 ante un tribunal federal del Distrito Este de Kentucky.
El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos por la legislación.
El caso fue anunciado por A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos; Jason Parman, fiscal federal para el Distrito Este de Kentucky, y Jim Scott, agente especial a cargo de la División de Campo de Louisville de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Investigación involucró a agencias de EU y México
La investigación estuvo encabezada por la oficina de la DEA en Lexington, con apoyo de las divisiones de campo de Detroit y las Montañas Rocosas, además de oficinas de la agencia en distintas ciudades de Estados Unidos y México.
También participó la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), como parte de las pesquisas financieras relacionadas con el movimiento de los recursos.
El procesamiento está a cargo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Kentucky.
El caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una estructura interinstitucional estadounidense creada para investigar y procesar actividades relacionadas con cárteles, organizaciones criminales transnacionales, tráfico de personas y otras redes delictivas. –sn–
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México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna
México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por Martín García | Reportero
México solicitó a los Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
https://youtu.be/o1UdBG9ALiM?t=34
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que la solicitud fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y que las autoridades estadounidenses mantienen el requerimiento bajo estudio.
La petición se relaciona con una investigación mexicana sobre presuntos contratos irregulares vinculados con servicios para cárceles federales, cuyo esquema habría ocasionado un daño patrimonial superior a 5 mil 112 millones de pesos.
Investigación por contratos para cárceles federales
El caso forma parte de las investigaciones financieras emprendidas en México contra personas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública federal. La solicitud de detención busca que Pereyra Gálvez pueda enfrentar en México las acusaciones por los delitos que le atribuyen las autoridades.
La petición presentada ante Estados Unidos no significa que la extradición haya sido concedida. El procedimiento se encuentra en una etapa en la que las autoridades estadounidenses deben analizar la solicitud mexicana antes de determinar las acciones correspondientes.
La investigación sobre el patrimonio y las operaciones financieras relacionadas con García Luna y su entorno se mantiene activa. En agosto pasado, autoridades mexicanas informaron sobre la recuperación de recursos y propiedades vinculados con el esquema de corrupción atribuido al exfuncionario.
La solicitud permanece bajo revisión en EU
La situación jurídica de Linda Cristina Pereyra Gálvez dependerá ahora del procedimiento que sigan las autoridades de Estados Unidos. Hasta el momento, la información disponible establece que México pidió su detención provisional con fines de extradición, pero no existe confirmación de que haya sido detenida ni de que Estados Unidos haya autorizado su entrega.
Genaro García Luna cumple en Estados Unidos una condena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
La solicitud contra Pereyra Gálvez representa un nuevo paso en las acciones emprendidas por México para llevar ante la justicia a personas presuntamente vinculadas con el manejo irregular de recursos públicos durante la etapa en que García Luna ocupó cargos de seguridad federal. –sn–
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Ronald Johnson pide seguir el dinero de los cárteles
El embajador Ronald Johnson pidió reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos para rastrear las finanzas de los cárteles, con participación de autoridades de inteligencia financiera y bancos mexicanos.
Por Martín García | Reportero
Atacar las finanzas de los cárteles debe convertirse en un eje central de la cooperación entre México y Estados Unidos, afirmó el embajador estadounidense Ronald Johnson, quien llamó a las autoridades de inteligencia financiera y al sector bancario a seguir el rastro del dinero de las organizaciones criminales.
El planteamiento fue realizado durante la inauguración del Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, encuentro que reunió a representantes de alrededor de 40 instituciones bancarias mexicanas. Johnson sostuvo que identificar los recursos, las transacciones y las redes que permiten operar al crimen organizado puede afectar su capacidad para producir y transportar drogas, adquirir armas, pagar integrantes y financiar actos de corrupción.
La estrategia, explicó el diplomático, busca que México y Estados Unidos avancen en investigaciones financieras, sanciones, incautaciones e intercambio de información para identificar no sólo a los integrantes visibles de las organizaciones criminales, sino también a quienes facilitan y sostienen sus estructuras económicas.
Bancos, pieza clave para rastrear recursos
Ante representantes del sistema financiero mexicano, Johnson pidió fortalecer la colaboración para detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas. La lógica planteada durante el foro es que una transacción puede conducir a una cuenta, después a un activo y posteriormente a otros integrantes o facilitadores de una red criminal.
El funcionario estadounidense señaló que decomisar drogas o armas puede afectar temporalmente a los grupos criminales, pero cortar el acceso a los recursos financieros puede limitar su capacidad para reponer esos bienes y mantener sus operaciones.
Johnson sostuvo que debilitar a los cárteles y desmantelar las redes que permiten su funcionamiento constituye una prioridad compartida por el presidente estadounidense Donald Trump y la presidente Claudia Sheinbaum Pardo. –sn–
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Lotería Nacional conmemora 22 años de la UIF con billete del Sorteo Superior 2897
La Lotería Nacional dedicó el billete del Sorteo Superior 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera, que combate operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por Gabriela Díaz | Reportera
La Lotería Nacional dedicó el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2897 al 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de generar inteligencia para prevenir y detectar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
La develación se realizó en el Teatro de la Lotería Nacional con la participación de la directora general del organismo, Olivia Salomón; el jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Eddu Alejandro Vera Anaya, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares. El sorteo se efectuará el viernes 4 de septiembre a las 20:00 horas y tendrá un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series.
Sorteo Superior 2897La emisión coloca en circulación la imagen de la UIF a través de los billetes de la Lotería Nacional y busca difundir la función que cumple la inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero, la corrupción y otras actividades ilícitas que pueden afectar al sistema financiero mexicano.
UIF, 22 años de inteligencia financiera
Durante la ceremonia, Olivia Salomón señaló que la evolución de la UIF le ha permitido construir capacidades especializadas para atender los desafíos relacionados con los flujos financieros ilícitos.
La funcionaria sostuvo que la prevención del lavado de dinero y el combate a la corrupción también tienen efectos sobre la protección de la economía, los recursos públicos y las actividades realizadas dentro de la economía formal.
La propia Lotería Nacional señaló que los billetes conmemorativos llevarán la imagen de la UIF a distintas regiones del país, como parte de una estrategia de difusión sobre el papel de las instituciones encargadas de proteger la integridad financiera.
De acuerdo con la información oficial del billete, la UIF fue creada en 2004 y durante sus 22 años de operación desarrolló capacidades de análisis e inteligencia financiera, coordinación con autoridades nacionales e internacionales y herramientas tecnológicas para identificar operaciones y redes relacionadas con conductas ilícitas.
Lotería Nacional y UIF ya trabajan contra operaciones ilícitas
La conmemoración ocurre meses después de que Lotería Nacional y la SHCP, a través de la UIF, suscribieran un convenio de coordinación institucional para reforzar la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo, firmado el 17 de febrero de 2026 por Olivia Salomón y Omar Reyes Colmenares, contempla mesas de trabajo, intercambio de experiencias, fortalecimiento técnico, cursos, diplomados y actividades de capacitación.
El convenio también prevé mecanismos de coordinación y un grupo de trabajo integrado por enlaces de ambas instituciones para dar seguimiento a las acciones acordadas. Su vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2030. –sn–
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Rosa Icela Rodríguez advierte a casinos: si corrompen funcionarios, cerrará negocios y habrá cárcel
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos está prácticamente lista y advirtió a permisionarios contra actos de corrupción.
Por Paola Ramírez | Reportera
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió a los permisionarios de casinos y centros de apuestas que cualquier intento por corromper a funcionarios de la dependencia puede derivar en el cierre de negocios y en acciones penales contra servidores públicos que reciban dinero.
Durante la conferencia matutina presidencla este jueves, la funcionaria informó además que la propuesta para actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos se encuentra prácticamente terminada y será presentada al Gabinete de Seguridad antes de continuar con el proceso legislativo.
El ordenamiento vigente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947. La legislación establece que corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación (Segob), la regulación, autorización, control y vigilancia de los juegos en los que existan apuestas.
Advierten contra corrupción en casinos
Rodríguez explicó que, al inicio de la actual administración, sostuvo una reunión con permisionarios de las dos principales industrias relacionadas con el sector de juegos y apuestas.
En ese encuentro, relató, estableció como condición que los empresarios no entregaran dinero al personal de la Secretaría de Gobernación (Segob). Advirtió que, si se detectan esas prácticas, los establecimientos podrían ser cerrados y los servidores públicos involucrados enfrentarían consecuencias penales.
“Lo primero que quiero de ustedes es que, por favor, no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación”, dijo la funcionaria al recordar el mensaje que transmitió a los permisionarios.
La secretaria señaló que también se comprometió a trabajar en la regularización de asuntos pendientes relacionados con amparos y trámites del sector, pero precisó que no cuenta con representantes, intermediarios ni brokers para atender gestiones ante la dependencia.
Segob prepara nueva regulación
Rodríguez informó que la revisión de la legislación se realizó entre distintas dependencias federales que tienen atribuciones o alguna incidencia en casinos, centros de apuestas y establecimientos de entretenimiento.
La propuesta ya fue revisada con diferentes instancias y el siguiente paso será llevarla al Gabinete de Seguridad, antes de que pueda avanzar hacia el Congreso de la Unión.
La funcionaria también pidió a los permisionarios pagar sus impuestos y mantener en regla las obligaciones laborales de su personal. De igual forma, planteó que las inspecciones sean documentadas mediante grabaciones tanto por los establecimientos como por los inspectores.
La Dirección General de Juegos y Sorteos señala que la legislación vigente permite a Segob sancionar infracciones, revocar permisos y clausurar establecimientos cuando las faltas sean graves o frecuentes.
Casinos bajo revisión
La revisión del marco legal ocurre mientras las autoridades mantienen acciones de vigilancia sobre establecimientos del sector.
Rodríguez informó que se han realizado cierres y sanciones relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal, con participación de autoridades federales. La secretaria señaló públicamente que existe una cifra de establecimientos sancionados y otra estimación más amplia sobre casinos con algún tipo de problema, aunque esta última no fue precisada con exactitud.
La eventual reforma busca sustituir un marco jurídico con casi ocho décadas de vigencia y establecer nuevas reglas para una industria cuya operación actual incluye modalidades y mecanismos que no existían cuando fue expedida la ley de 1947.
La legislación vigente establece que ningún establecimiento donde se practiquen juegos con apuestas o sorteos puede funcionar sin permiso de la Secretaría de Gobernación. –sn–
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Detienen a esposa de Pecho de Rata en el Juan Santamaría
Jeydi Smith, esposa de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, fue detenida la tarde de este domingo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de aterrizar en un vuelo procedente de Suiza. La joven de 29 años salió la madrugada de este domingo de Zurich y aterrizó cerca de la 1 p.m., momento en […]
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Juzgado notifica importante cambio para audiencia contra familiares de Diablo
El Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada modificó la fecha de inicio de la audiencia preliminar del caso Colorado, relacionado con Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo. La diligencia en la que el juez deberá analizar la acusación y las pruebas para determinar cuáles de los imputados enfrentarán eventualmente un juicio. La audiencia estaba programada […]
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La DEA, cómo opera la agencia antidrogas de Estados Unidos en México y el mundo
La DEA nació en 1973 para combatir el tráfico de drogas en Estados Unidos. Con miles de empleados y presencia internacional, hoy investiga cárteles, controla sustancias, analiza inteligencia y mantiene una relación estratégica con México.
Por Martín García | Reportero
La Administración para el Control de Drogas (DEA) es la principal agencia federal de Estados Unidos dedicada a combatir el tráfico ilícito de drogas y hacer cumplir las leyes estadunidenses sobre sustancias controladas. Creada el 1 de julio de 1973, forma parte del Departamento de Justicia y actualmente emplea a aproximadamente 10 mil personas en funciones que incluyen investigación criminal, inteligencia, ciencias forenses, control de medicamentos y operaciones internacionales.
Su importancia para México va mucho más allá de la persecución de cargamentos de drogas. La agencia participa en investigaciones transnacionales contra organizaciones criminales, intercambio de inteligencia, operaciones coordinadas con autoridades mexicanas, identificación de redes financieras y persecución de dirigentes de organizaciones que trafican fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y otras sustancias hacia Estados Unidos.
La relación bilateral ha producido algunos de los casos más relevantes de la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico, pero también ha estado marcada por episodios de tensión, controversias y diferencias sobre los límites de la cooperación entre autoridades de ambos países.
¿Qué significa DEA y qué es exactamente?
DEA son las siglas en inglés de Drug Enforcement Administration, que en español se conoce como Administración para el Control de Drogas.
No es una corporación policial local ni una fuerza militar. Es una agencia federal especializada del Departamento de Justicia estadunidense. Su titular, el administrador, es designado por el presidente de Estados Unidos y debe ser confirmado por el Senado.
Su misión central consiste en hacer cumplir las leyes federales estadunidenses sobre sustancias controladas y llevar ante la justicia a organizaciones y personas involucradas en el cultivo, fabricación o distribución ilícita de drogas destinadas al mercado estadunidense o relacionadas con éste.
La propia DEA explica que su misión también incluye recomendar y apoyar programas no relacionados directamente con la aplicación de la ley que busquen reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas.
Por ello, la DEA no solamente arresta narcotraficantes. Su trabajo comprende inteligencia, investigación financiera, análisis químico, control de sustancias, investigación de medicamentos desviados del mercado legal, cooperación internacional y apoyo a fiscales y otras agencias de seguridad.
¿Por qué se creó la DEA?
La DEA surgió en un momento en que el gobierno estadunidense consideraba que la lucha contra las drogas estaba fragmentada entre varias dependencias.
Antes de 1973 existían distintas instituciones con responsabilidades relacionadas con los narcóticos y las drogas peligrosas. Entre ellas se encontraba la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), además de funciones desarrolladas por el Servicio de Aduanas y otras dependencias federales.
La administración del presidente Richard Nixon consideró que la división de responsabilidades provocaba problemas de coordinación, competencia entre agencias y deficiencias en la obtención y distribución de inteligencia.
En 1973, Nixon presentó ante el Congreso el Plan de Reorganización número 2 con la propuesta de concentrar las principales funciones federales contra las drogas en una sola agencia.
El 1 de julio de 1973 nació oficialmente la DEA. La nueva organización absorbió a la BNDD y a los agentes antidrogas del Servicio de Aduanas, con la intención de crear una estructura federal especializada y coordinada.
El planteamiento de fondo era sencillo: las organizaciones criminales no respetaban las fronteras entre agencias, mientras que la estructura gubernamental sí estaba dividida.
La nueva DEA recibió una misión nacional, pero desde su nacimiento tuvo una dimensión internacional debido a que buena parte de las drogas consumidas en Estados Unidos eran producidas o transportadas fuera de su territorio.
Los antecedentes: antes de 1973
La historia de la DEA no comenzó realmente en 1973.
El gobierno estadunidense había creado décadas antes distintas instituciones para combatir el tráfico de narcóticos. La experiencia acumulada por esas organizaciones permitió construir las capacidades de investigación, inteligencia y control de sustancias que posteriormente heredó la DEA.
Uno de los antecedentes más importantes fue el Federal Bureau of Narcotics, creado en 1930.
Posteriormente, el gobierno estadunidense reorganizó sus instituciones y creó la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, que funcionó desde 1968 hasta la creación de la DEA.
La agencia también heredó capacidades de inteligencia. Desde el mismo 1 de julio de 1973 comenzó a funcionar su programa de inteligencia, considerado esencial para identificar las estructuras, vulnerabilidades, rutas y métodos utilizados por las organizaciones de tráfico de drogas.
Una agencia que cambió con el narcotráfico
Durante sus primeros años, la DEA enfrentó principalmente redes dedicadas al tráfico de heroína, cocaína, marihuana y otras drogas.
Con el paso de las décadas, las organizaciones criminales se volvieron más sofisticadas y diversificaron sus actividades.
La DEA comenzó a investigar no solamente a quienes transportaban las drogas, sino también a productores, intermediarios, operadores financieros, empresas fachada, lavadores de dinero, proveedores de precursores químicos y estructuras encargadas de controlar rutas internacionales.
El desarrollo de las tecnologías digitales modificó nuevamente el trabajo de la agencia.
Actualmente las investigaciones pueden involucrar comunicaciones cifradas, operaciones financieras internacionales, criptomonedas, redes sociales, análisis de teléfonos y dispositivos electrónicos, además de métodos tradicionales de inteligencia humana.
¿Quiénes integran la DEA?
La DEA no está formada exclusivamente por agentes armados.
La propia agencia señala que su fuerza laboral está integrada por agentes especiales, investigadores de desvío, científicos forenses, especialistas de inteligencia y personal profesional y de apoyo.
La plantilla ronda actualmente las 10 mil personas en todo el mundo.
Agentes especiales
Son los investigadores encargados de desarrollar buena parte de las operaciones criminales.
Sus funciones incluyen reunir evidencia, investigar organizaciones de tráfico de drogas, realizar detenciones, ejecutar órdenes judiciales, decomisar bienes y coordinar investigaciones con otras autoridades.
También trabajan con autoridades extranjeras cuando una investigación rebasa las fronteras estadunidenses.
Investigadores de desvío
Una de las funciones menos conocidas de la DEA es vigilar que medicamentos y sustancias químicas de uso legal no terminen en manos de organizaciones criminales.
Estos investigadores trabajan con la industria farmacéutica, distribuidores, médicos, farmacias y empresas relacionadas con sustancias reguladas.
La División de Control de Desvío tiene la responsabilidad de prevenir, detectar e investigar el desvío de medicamentos controlados y sustancias químicas desde fuentes legales hacia mercados ilícitos, sin impedir el suministro legítimo para necesidades médicas, científicas y comerciales.
Especialistas en inteligencia
Analizan información procedente de investigaciones, operaciones, fuentes humanas, documentos, comunicaciones y otras bases de datos para identificar estructuras criminales.
La inteligencia permite conocer quién dirige una organización, cómo se financia, cuáles son sus rutas y qué personas funcionan como operadores, distribuidores o intermediarios.
Científicos forenses
Los laboratorios de la DEA analizan sustancias decomisadas y otras evidencias.
Los químicos forenses determinan la composición de las drogas, aportan evidencia para los procesos judiciales y producen información que ayuda a identificar tendencias del mercado ilícito.
Personal especializado
La agencia también requiere abogados, especialistas financieros, personal tecnológico, expertos en informática, administración, recursos humanos, comunicaciones y otras áreas.
En investigaciones modernas, incluso los análisis financieros y digitales pueden ser tan importantes como la incautación física de una droga.
¿Dónde opera la DEA?
La DEA comenzó como una agencia estadunidense, pero actualmente tiene una estructura internacional.
Documentos presupuestarios de la agencia han señalado más de 300 oficinas en todo el mundo, con decenas de oficinas fuera de Estados Unidos. La organización también opera mediante divisiones regionales y oficinas residentes.
En operaciones recientes, la DEA ha señalado la participación de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras, lo que muestra la dimensión internacional que alcanzó la agencia.
La presencia internacional no significa que los agentes de la DEA tengan facultades policiales ilimitadas en otros países.
Su actividad en territorio extranjero depende del marco jurídico, la cooperación y las autoridades del país anfitrión. En México, por ejemplo, las investigaciones requieren coordinación con instituciones mexicanas cuando las acciones corresponden a jurisdicción mexicana.
¿Quién dirige actualmente la DEA?
Desde el 23 de julio de 2025, el administrador de la DEA es Terrance C. “Terry” Cole, quien fue confirmado por el Senado de Estados Unidos antes de asumir el cargo.
Cole es un veterano de las fuerzas de seguridad estadunidenses con más de tres décadas de servicio público.
Como administrador, encabeza la estrategia nacional e internacional de la agencia y responde ante la estructura del Departamento de Justicia.
Durante 2025 y 2026, la dirección de Cole ha colocado en el centro de la estrategia a las organizaciones criminales transnacionales y, particularmente, a las redes relacionadas con el fentanilo.
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron nuevas acusaciones contra dirigentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ocho fugitivos señalados como dirigentes u operadores de alto nivel.
Las fechas simbólicas de la DEA
1 de julio de 1973: nacimiento de la DEA
Es la fecha fundamental de la agencia.
Ese día entró en vigor la reorganización federal que creó la Administración para el Control de Drogas.
7 de febrero de 1985: desaparición de Enrique Camarena
El agente especial Enrique “Kiki” Camarena, asignado a la oficina de la DEA en Guadalajara, fue secuestrado por integrantes de una organización criminal.
Camarena había ingresado a la DEA en 1974 y había sido trasladado a Guadalajara en 1981.
5 de marzo de 1985: hallazgo del cuerpo de Camarena
El cuerpo del agente fue localizado en marzo de 1985.
Su asesinato se convirtió en uno de los episodios más trascendentes de la historia de la DEA y dio paso a una de las investigaciones más importantes de la agencia.
3 de mayo de 1985: Operación Leyenda
La DEA creó la Operación Leyenda para investigar el secuestro y asesinato de Camarena y llevar ante la justicia a los responsables.
La investigación se prolongó durante años y se convirtió, según los archivos históricos de la DEA, en la mayor investigación de homicidio emprendida por la agencia hasta ese momento.
23 al 31 de octubre: Semana del Listón Rojo
El asesinato de Camarena también dio origen a una de las campañas de prevención de drogas más conocidas en Estados Unidos.
La Semana del Listón Rojo comenzó a nivel nacional en 1988 y se celebra cada año del 23 al 31 de octubre. La DEA señala que millones de jóvenes y adultos participan en actividades relacionadas con la prevención del consumo de drogas.
28 de abril de 1999: apertura de la Academia de la DEA
La Academia de Entrenamiento de la DEA abrió sus instalaciones en Quantico, Virginia, en 1999.
Ahí se preparan agentes especiales y otros especialistas de la organización.
La capacitación comprende investigación criminal, armas, tácticas, inteligencia, ciencias forenses, control de sustancias, laboratorios clandestinos y operaciones internacionales.
2023: 50 años
La DEA conmemoró medio siglo de existencia el 1 de julio de 2023.
La fecha permitió revisar cinco décadas de evolución de la agencia y de transformación del mercado internacional de drogas.
¿Qué obligaciones tiene la DEA?
La responsabilidad principal de la DEA consiste en aplicar las leyes estadunidenses relacionadas con sustancias controladas.
En términos prácticos, sus obligaciones incluyen:
- Investigar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
- Identificar y perseguir a sus principales integrantes.
- Investigar redes de producción y distribución.
- Combatir el lavado de dinero relacionado con narcotráfico.
- Decomisar drogas, dinero, armas y otros bienes vinculados con delitos.
- Investigar el desvío de medicamentos controlados.
- Analizar sustancias mediante laboratorios forenses.
- Generar inteligencia sobre organizaciones criminales.
- Cooperar con otras agencias estadunidenses.
- Cooperar con autoridades extranjeras.
- Apoyar investigaciones y procesos judiciales.
- Identificar nuevas amenazas relacionadas con drogas sintéticas.
- Participar en programas de prevención y reducción de disponibilidad de drogas ilícitas.
La DEA también participa en grupos operativos con autoridades estatales y locales. Estos mecanismos permiten combinar recursos federales con policías de otras jurisdicciones.
¿Qué no puede hacer la DEA?
Una confusión frecuente consiste en pensar que la DEA puede detener o investigar libremente a cualquier persona en cualquier país.
No funciona así.
La DEA es una agencia estadunidense y su autoridad deriva de la legislación de Estados Unidos.
Cuando una investigación se desarrolla en otro país, la agencia depende de mecanismos de cooperación internacional, acuerdos, autoridades del país anfitrión y procedimientos legales aplicables.
En México, las autoridades mexicanas mantienen la jurisdicción correspondiente sobre las acciones realizadas en territorio nacional.
Por ello, la cooperación DEA-México puede involucrar intercambio de información, investigaciones paralelas, coordinación operativa, capacitación y apoyo a procesos de extradición, pero no convierte a la DEA en una autoridad mexicana.
¿Para qué sirve la DEA?
La respuesta más sencilla es que la DEA busca desmantelar organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y reducir la disponibilidad de sustancias ilícitas en Estados Unidos.
Pero su estrategia actual es más amplia.
La agencia intenta atacar la cadena completa.
Eso incluye al productor, al proveedor de precursores químicos, al laboratorio clandestino, al transportista, al distribuidor, al lavador de dinero, al proveedor de armas y a los dirigentes de la organización.
En el caso de las drogas sintéticas, esta estrategia adquiere especial relevancia porque las organizaciones pueden producir grandes cantidades de sustancias utilizando relativamente poco volumen físico de precursores.
La DEA y México: una relación construida durante décadas
México ocupa un lugar central en la estrategia internacional de la DEA debido a la importancia de las organizaciones criminales mexicanas dentro de las investigaciones estadunidenses sobre tráfico de drogas.
La relación comenzó mucho antes de la crisis actual del fentanilo.
Durante décadas, la DEA y autoridades mexicanas han trabajado en investigaciones relacionadas con marihuana, heroína, cocaína, metanfetamina y posteriormente opioides sintéticos.
La cooperación ha involucrado a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones mexicanas.
Militares y avionDocumentos de la DEA registran operaciones desarrolladas conjuntamente con autoridades mexicanas y señalan que sus oficinas en México han participado en investigaciones contra organizaciones transnacionales.
La infraestructura de la DEA en México ha incluido una oficina de país en ciudad de México y oficinas residentes en distintas ciudades, entre ellas puntos fronterizos y regiones consideradas relevantes para las investigaciones contra organizaciones criminales.
Enrique Camarena: el caso que cambió la relación
La historia de la DEA en México no puede entenderse sin el caso de Enrique Camarena.
Camarena era agente de la DEA en Guadalajara cuando fue secuestrado el 7 de febrero de 1985.
La investigación estadunidense concluyó que había sido capturado por integrantes de organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.
Después de su asesinato, la DEA desarrolló la Operación Leyenda.
El caso fue especialmente delicado porque el crimen ocurrió en territorio mexicano y la investigación involucró a narcotraficantes y funcionarios mexicanos.
La propia documentación histórica de la DEA reconoce que esa circunstancia convirtió la investigación en una operación particularmente compleja.
El asesinato de Camarena dejó además una huella institucional. Desde entonces su nombre quedó asociado a la lucha contra las drogas dentro de la DEA y a las campañas de prevención estadunidenses.
El caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán
Otro episodio fundamental de la relación DEA-México fue la persecución de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.
La captura de Guzmán en Mazatlán en 2014 involucró cooperación entre autoridades mexicanas y estadunidenses.
Posteriormente fue recapturado y extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.
Documentación de la DEA señala que agentes estadunidenses participaron en la coordinación de investigaciones y operaciones con autoridades mexicanas.
Guzmán fue declarado culpable en Estados Unidos y recibió cadena perpetua más 30 años de prisión.
Ismael “El Mayo” Zambada
El 25 de julio de 2024 ocurrió otro de los episodios más importantes de la historia reciente.
Ismael “El Mayo” Zambada, identificado por autoridades estadunidenses como uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López.
La DEA había colocado a Zambada entre sus objetivos prioritarios durante años.
En declaraciones posteriores, la agencia consideró su detención un golpe importante contra la estructura del Cártel de Sinaloa.
El caso generó además una fuerte discusión sobre la forma en que ocurrió la llegada de ambos hombres a Estados Unidos y sobre el grado de participación de autoridades mexicanas.
Ovidio Guzmán y la extradición
Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, fue extraditado de México a Estados Unidos en 2023.
En julio de 2025 se declaró culpable en una corte federal de Chicago de cargos relacionados con conspiración para traficar drogas y participación en una empresa criminal continua.
El caso constituye otro ejemplo de cómo las investigaciones desarrolladas durante años por autoridades estadunidenses y mexicanas pueden terminar con un proceso judicial en Estados Unidos.
Los cárteles mexicanos en la estrategia actual
La DEA identifica actualmente al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como dos de las organizaciones mexicanas centrales en la crisis de drogas sintéticas que enfrenta Estados Unidos.
La agencia sostiene que ambas organizaciones participan en redes internacionales de producción, tráfico y distribución de fentanilo y otras drogas.
En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta clasificación cambió el marco político y jurídico bajo el cual Estados Unidos aborda a esos grupos y amplió las herramientas disponibles contra sus estructuras financieras y operativas.
El fentanilo cambió la prioridad de la DEA
Durante décadas, la cocaína, la heroína y la marihuana ocuparon lugares centrales en las investigaciones de la agencia.
El fentanilo modificó esa prioridad.
La DEA sostiene que las organizaciones criminales mexicanas se encuentran en el centro de las redes que producen y trasladan fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Datos de la agencia indican que durante 2025 incautó más de 47 millones de pastillas de fentanilo y casi 10 mil libras de fentanilo en polvo. La propia DEA calculó que esas incautaciones representaron cientos de millones de dosis potencialmente letales que fueron retiradas del mercado ilícito.
La agencia también ha advertido sobre la evolución de las organizaciones criminales hacia nuevas formas de producción y distribución.
El dinero: una segunda batalla
Una investigación contra narcotráfico ya no termina necesariamente cuando se decomisa una droga.
La DEA busca seguir el dinero.
Las organizaciones criminales necesitan convertir las ganancias del tráfico en recursos utilizables y transferibles.
Por ello, las investigaciones actuales incluyen empresas fachada, transferencias internacionales, operaciones en efectivo, criptomonedas, prestanombres y mecanismos para mover las ganancias entre países.
La propia DEA ha creado equipos especializados para analizar las estructuras financieras de las organizaciones criminales transnacionales. En investigaciones contra el Cártel de Sinaloa se han identificado redes que trasladan las ganancias del tráfico desde Estados Unidos hacia México.
Un ejemplo reciente de la cooperación México-Estados Unidos
En enero de 2026, Estados Unidos recibió de México a 37 fugitivos mexicanos reclamados por distintos delitos federales.
Entre los acusados había personas vinculadas, según las autoridades estadunidenses, con el Cártel de Sinaloa, el CJNG y otras organizaciones criminales.
Los cargos incluían narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas y otros delitos.
La DEA señaló que el traslado fue resultado de la cooperación con el gobierno mexicano.
El episodio mostró hasta qué punto la cooperación bilateral puede traducirse en procesos judiciales en Estados Unidos.
El CJNG, uno de los principales objetivos actuales
La estrategia de la DEA también se ha concentrado en el CJNG.
En septiembre de 2025, una operación coordinada en 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras produjo 670 detenciones, además del aseguramiento de más de 1.1 millones de pastillas falsificadas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína y otras sustancias, de acuerdo con la DEA.
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la DEA anunciaron nuevas acusaciones contra ocho fugitivos relacionados con el CJNG y recompensas superiores a 100 millones de dólares por información que permita capturarlos o condenarlos.
La DEA frente a las autoridades mexicanas
La relación entre la DEA y México no puede reducirse a una subordinación de una autoridad frente a otra.
Se trata de dos sistemas jurídicos diferentes.
México tiene sus propias instituciones de seguridad y procuración de justicia. Estados Unidos tiene sus agencias federales, entre ellas la DEA.
La cooperación ocurre cuando existen investigaciones de interés común.
En determinados casos, autoridades mexicanas pueden proporcionar información o ejecutar acciones dentro de México, mientras agentes estadunidenses trabajan el componente correspondiente en Estados Unidos.
Una investigación puede comenzar con una organización mexicana, identificar una red financiera en Estados Unidos, localizar distribuidores en varias ciudades estadunidenses y terminar con acusaciones federales.
El carácter transnacional del narcotráfico obliga a que las investigaciones también lo sean.
¿Por qué México es tan importante para la DEA?
La respuesta está en la geografía, la economía y la estructura de los mercados ilícitos.
México comparte una frontera de aproximadamente 3 mil 145 kilómetros con Estados Unidos y mantiene uno de los mayores intercambios comerciales del mundo con ese país.
Para las organizaciones criminales, la frontera representa acceso al mercado estadunidense.
Para la DEA, México constituye un punto estratégico para investigar organizaciones que producen, transportan, financian y distribuyen drogas hacia Estados Unidos.
La situación también es bidireccional.
Las organizaciones criminales mexicanas operan en territorio estadunidense y las armas utilizadas por grupos criminales en México tienen, en numerosos casos, origen estadunidense.
Por ello, el narcotráfico y el tráfico de armas forman parte de una misma discusión bilateral.
Una agencia que también enfrenta controles
La DEA no opera sin supervisión.
Forma parte del Departamento de Justicia y está sujeta a controles administrativos, judiciales, presupuestarios y legislativos.
Además, sus actuaciones pueden ser revisadas por organismos de supervisión.
En junio de 2026, el administrador Terrance Cole solicitó al inspector general del Departamento de Justicia una revisión independiente de las acciones de la DEA relacionadas con una investigación que había generado acusaciones públicas. Cole señaló que la revisión debía realizarse sobre la base de los hechos y no de especulaciones.
El episodio muestra una característica importante de cualquier agencia federal con amplias facultades: sus operaciones están sujetas a mecanismos de rendición de cuentas.
La DEA en perspectiva: 53 años de historia
Desde su creación el 1 de julio de 1973 hasta 2026, la DEA ha pasado de combatir redes relativamente convencionales de narcotráfico a enfrentar organizaciones criminales globalizadas.
Su transformación puede dividirse en varias etapas:
1973-1980: consolidación de la nueva agencia y construcción de su sistema de inteligencia.
Década de 1980: expansión de las investigaciones internacionales y confrontación con grandes organizaciones latinoamericanas de tráfico de drogas.
Década de 1990: fortalecimiento de las investigaciones financieras y persecución de grandes estructuras internacionales.
2000-2010: crecimiento de las redes transnacionales y aumento de las investigaciones conjuntas.
2010-2020: expansión de organizaciones mexicanas y colombianas, así como crecimiento del mercado de metanfetamina y opioides.
2020-2026: el fentanilo, las drogas sintéticas, los precursores químicos, las redes financieras y las tecnologías digitales se convierten en elementos centrales de las investigaciones.
La DEA que existe hoy
Más de cinco décadas después de su creación, la DEA conserva la misma misión básica: aplicar las leyes estadunidenses sobre sustancias controladas y combatir las organizaciones que alimentan el mercado ilícito.
Pero el enemigo cambió.
Ya no se trata solamente de localizar un cargamento.
Las investigaciones modernas intentan reconstruir organizaciones completas: quién produce, quién compra los precursores, quién fabrica, quién transporta, quién distribuye, quién cobra, quién lava el dinero y quién dirige la estructura.
En ese modelo, México ocupa una posición estratégica.
La DEA mantiene oficinas y personal especializado en el país, mientras sus investigaciones se cruzan con las operaciones de autoridades mexicanas y con procesos judiciales que pueden desarrollarse en ambos lados de la frontera.
Los casos de Camarena, Joaquín Guzmán Loera, Ovidio Guzmán López, Ismael “El Mayo” Zambada y las investigaciones actuales contra el Cártel de Sinaloa y el CJNG muestran la evolución de esa relación.
La historia de la DEA, por tanto, también es parte de la historia de la política antidrogas de Estados Unidos y de su relación con México: una relación marcada por cooperación, intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas, extradiciones y resultados judiciales, pero también por las diferencias que inevitablemente surgen cuando dos países enfrentan un fenómeno criminal que no reconoce fronteras. –sn–
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OIJ encontró giros por $1,4 millones en criptomonedas en billetera de hijos de alias “Gato”
Una billetera electrónica a nombre de Sebastián Álvarez Jiménez, hijo del extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, registró movimientos de criptomonedas por más de $1,4 millones entre octubre de 2021 y enero de 2026, según un análisis forense incorporado al expediente del caso Venus, en el que ambos figuran bajo investigación por legitimación […]
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Fiscalía permite a hijos de Profe enfrentar en libertad proceso por lavado
La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales permitió que dos de los hijos de Profe, vinculados esta semana con el caso Venus, enfrenten en libertad el proceso por presunta legitimación de capitales. Se trata de Daniela y Sebastián Álvarez Jiménez, hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Profe o Gato, a quien las […]
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“Chato”, el narco que le heredó grupo criminal a alias “Gato”
El extraditable Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, heredó la estructura criminal, que Estados Unidos lo acusa de manejar, de un reconocido narcotraficante de la Zona Sur que terminó extraditado a Estados Unidos en 2017. Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ubica a Álvarez desde 2008 como segundo al mando […]
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Suprema Corte atrae amparo de socio de Aguakan
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, vinculado con Aguakan, contra una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero. El caso será analizado por el máximo tribunal.
Por Martín García | Reportero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer un amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, empresario vinculado con Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), Aguakan, quien busca dejar sin efecto una orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta participación en un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión de ejercer la facultad de atracción fue propuesta por el ministro Irving Espinosa Betanzo y sometida a votación del Pleno este miércoles. Con ello, el máximo tribunal asumirá el conocimiento del asunto y posteriormente deberá analizar los planteamientos jurídicos relacionados con la orden de captura y la protección solicitada mediante el juicio de amparo.
La atracción no significa que Ballesteros Franco haya obtenido el amparo ni que la orden de aprehensión haya sido anulada. La decisión únicamente determina que la SCJN considera procedente conocer directamente del asunto por su relevancia jurídica.
¿Qué busca Ballesteros Franco con el amparo?
El empresario pretende obtener protección de la justicia federal frente a una orden de aprehensión que, según la información del caso, fue librada por una autoridad judicial dentro de una investigación por presunto lavado de dinero.
El juicio de amparo constituye un mecanismo para revisar si los actos de autoridad respetan los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los tratados internacionales.
Por ello, el análisis de la Corte no implica determinar directamente la responsabilidad penal del empresario. La cuestión central será establecer si la orden de aprehensión y los actos reclamados cumplen con los requisitos constitucionales y legales aplicables.
Mientras no exista una sentencia definitiva que determine lo contrario, Ballesteros Franco conserva su derecho a la presunción de inocencia.
¿Por qué la Corte decidió atraer el caso?
La facultad de atracción permite a la SCJN conocer directamente asuntos que originalmente corresponden a otros órganos jurisdiccionales cuando considera que tienen características especiales por su interés o trascendencia.
En este caso, la intervención del máximo tribunal permitirá que los ministros estudien los argumentos planteados en el juicio de amparo y establezcan, en su caso, criterios jurídicos sobre los alcances de la protección constitucional frente a una orden de aprehensión relacionada con una investigación por presunto lavado de dinero.
La determinación de atraer el expediente no equivale a una resolución sobre el fondo.
El siguiente paso será la integración y análisis del asunto por la Corte antes de que se presente un proyecto de sentencia para su eventual discusión.
El caso está relacionado con Aguakan
Ballesteros Franco ha tenido una relación empresarial de larga duración con Desarrollos Hidráulicos de Cancún, empresa concesionaria de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en municipios del norte de Quintana Roo.
Documentos corporativos muestran que durante años ocupó la presidencia del Consejo de Administración de DHC. Un prospecto presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señala que Ballesteros Franco ingresó a la compañía desde su constitución y ejerció la presidencia del consejo.
La estructura corporativa de DHC también ha experimentado cambios recientes. Un reporte de HR Ratings señala que en julio de 2025 fueron removidos del Consejo de Administración Jorge Eduardo Ballesteros Franco y Jorge Eduardo Ballesteros Zavala, entre otros integrantes.
Estos antecedentes son relevantes para entender la dimensión empresarial del litigio, aunque el amparo que ahora conocerá la Corte corresponde a un asunto penal y debe distinguirse del conflicto administrativo relacionado con la concesión de Aguakan.
Aguakan mantiene otro frente judicial
La empresa DHC, conocida comercialmente como Aguakan, enfrenta desde hace varios años una disputa con autoridades de Quintana Roo por la continuidad de su concesión para prestar servicios de agua potable, drenaje y saneamiento.
En diciembre de 2023, el Congreso de Quintana Roo aprobó el Decreto 195, relacionado con la revocación de la ampliación de la concesión. A partir de entonces se multiplicaron los litigios y recursos judiciales promovidos por la empresa y sus representantes.
Ese conflicto es independiente del procedimiento penal relacionado con Ballesteros Franco.
La distinción es importante porque la atracción del amparo por parte de la SCJN no significa que el máximo tribunal haya resuelto la controversia sobre la concesión de Aguakan.
Un litigio que ya había generado otros amparos
La disputa judicial alrededor de los directivos vinculados con Aguakan no comenzó con el actual procedimiento ante la SCJN.
En años recientes, otros representantes de la compañía también recurrieron al juicio de amparo para combatir actos relacionados con investigaciones y órdenes de aprehensión.
En particular, Paul Andrew Rangel Merkley, director general de Aguakan, promovió recursos de protección federal después de que autoridades intentaran ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Otros directivos también recurrieron a tribunales federales.
Estos antecedentes muestran que la estrategia jurídica de los directivos ha incluido el uso de mecanismos constitucionales para enfrentar actuaciones de autoridades ministeriales y judiciales.
El caso llegó desde tribunales federales de Quintana Roo
La información disponible sobre la atracción refiere que el asunto está relacionado con recursos derivados del amparo en revisión 194/2026 y del incidente en revisión 57/2026, correspondientes a órganos jurisdiccionales del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Quintana Roo.
El ministro Irving Espinosa Betanzo hizo suya la solicitud para que la Corte ejerciera la facultad de atracción.
Esto significa que el expediente llega al máximo tribunal después de haber pasado por las instancias federales competentes para conocer inicialmente el litigio.
¿Qué tendrá que revisar la Suprema Corte?
La Corte deberá estudiar los argumentos jurídicos planteados por Ballesteros Franco y las autoridades involucradas.
Entre los puntos relevantes estarán las condiciones bajo las cuales fue emitida la orden de aprehensión, los argumentos utilizados para combatirla y las resoluciones dictadas previamente dentro del juicio de amparo.
El análisis podría generar criterios sobre los estándares constitucionales aplicables a las órdenes de captura cuando éstas derivan de investigaciones relacionadas con delitos financieros.
Sin embargo, la atracción por sí misma no anticipa cuál será la decisión final.
Presunto lavado de dinero no equivale a responsabilidad penal
El delito atribuido en la investigación debe mantenerse en el terreno de la presunción mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Una orden de aprehensión constituye una determinación judicial para permitir la comparecencia de una persona ante la autoridad competente; no equivale a una sentencia condenatoria.
Por ello, cualquier referencia a Ballesteros Franco como responsable de lavado de dinero sería jurídicamente incorrecta mientras el proceso no concluya con una sentencia firme.
La intervención de la SCJN se concentrará en los aspectos constitucionales del amparo y no sustituye el proceso penal correspondiente.
¿Qué es la facultad de atracción?
La facultad de atracción es una herramienta constitucional que permite a la Suprema Corte conocer determinados asuntos que originalmente corresponden a tribunales inferiores.
Su utilización busca que el máximo tribunal establezca criterios sobre casos que, por su relevancia jurídica o trascendencia, ameriten una resolución directa de la Corte.
La decisión de atraer un expediente tampoco significa que los ministros compartan necesariamente los argumentos de quien promovió el recurso.
La Corte asume el conocimiento para estudiar el asunto y posteriormente resolverlo conforme a los argumentos de las partes, las constancias del expediente y el marco constitucional aplicable.
La resolución todavía está pendiente
La decisión adoptada este miércoles representa apenas el inicio de la intervención directa de la SCJN en el caso.
El máximo tribunal deberá recibir y analizar el expediente, determinar los puntos jurídicos que serán materia de estudio y, posteriormente, discutir el proyecto de resolución que corresponda.
Por ahora, la situación jurídica de Ballesteros Franco no puede darse por resuelta.
Tampoco puede afirmarse que la orden de aprehensión haya quedado cancelada por el simple hecho de que la Corte aceptó atraer el asunto.
Un expediente con impacto empresarial y penal
La relevancia del caso radica en que converge una disputa penal con una estructura empresarial vinculada durante décadas con la prestación de servicios de agua en Quintana Roo.
Ballesteros Franco fue durante años presidente del Consejo de Administración de DHC y también mantiene una trayectoria empresarial relacionada con Grupo Mexicano de Desarrollo. Una semblanza empresarial lo identifica como presidente de los consejos de administración de Grupo Mexicano de Desarrollo y DHC.
Al mismo tiempo, la concesión de Aguakan constituye uno de los litigios empresariales y administrativos más relevantes de Quintana Roo por la dimensión económica y social del servicio involucrado.
La atracción del amparo, sin embargo, debe analizarse exclusivamente desde el punto de vista jurídico: la Corte tendrá que determinar si la protección constitucional solicitada frente a la orden de aprehensión es procedente.
La Corte tendrá la última palabra en el amparo
Con la atracción, el litigio deja temporalmente el ámbito de los tribunales federales del circuito para ser analizado directamente por la Suprema Corte.
El siguiente capítulo será la revisión del expediente y la elaboración del proyecto de resolución.
Hasta entonces, permanecen abiertas tanto la controversia constitucional sobre la orden de aprehensión como la investigación penal que le dio origen.
La decisión final de los ministros permitirá establecer si el acto reclamado cumple con los requisitos constitucionales o si, por el contrario, debe concederse la protección federal solicitada por Ballesteros Franco. –sn–
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OIJ confirma detención de hija de “Profe” por narco internacional y lavado de dinero
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de Daniela Álvarez Jiménez, de 27 años e hija de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe o Gato, como parte de una ampliación del caso Venus por presunto narcotráfico internacional y legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales también capturaron a un hombre […]
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Cantante y su hermano se fueron del país mientras los investigaban por lavado
El cantante costarricense Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, y su hermano Sebastián Álvarez Jiménez salieron de Costa Rica antes de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intentaran detenerlos este jueves como sospechosos en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Ambos son hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido […]
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Cantante tico es investigado por lavado de dinero ligado a su padre, alias “Profe”
El cantante costarricense de música urbana Jonathan Álvarez Jiménez, conocido artísticamente como Elu, figura entre las personas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga en una ampliación del caso Venus por presunta legitimación de capitales. Álvarez Jiménez es hijo de Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como alias Gato o Profe, a quien Estados Unidos requirió […]
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OIJ allana casas de hijos del extraditable alias Profe
El OIJ allanó este jueves las propiedades de tres hijos de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato o Profe, en una nueva fase de la investigación del caso Venus por legitimación de capitales. Agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ ejecutaron los operativos desde las 5:00 a. m. Las diligencias se realizaron en […]
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Fiscalía de Nueva York: Macho Coca enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años
Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión en Estados Unidos por el cargo de conspiración para importar cocaína que le atribuye la justicia federal de Nueva York. Aunque la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que el delito contempla una pena máxima de […]
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Trasladan a Diablo a prisión con fuerte operativo de seguridad tras 8 horas en tribunales
Luego de permanecer cerca de ocho horas en los Tribunales de Justicia de San José este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, regresó al centro de Máxima Seguridad de La Reforma bajo un fuerte operativo policial. El traslado ocurrió a las 3:10 p. m. y estuvo encabezado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica […]
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Trasladan a Diablo a prisión con fuerte operativo de seguridad tras 8 horas en tribunales
Luego de permanecer cerca de ocho horas en los Tribunales de Justicia de San José este miércoles, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, regresó al centro de Máxima Seguridad de La Reforma bajo un fuerte operativo policial. El traslado ocurrió a las 3:10 p. m. y estuvo encabezado por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica […]
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Combatir la trata de personas exige enfrentar las redes de fraude digital: Mejía Berdeja
La trata de personas ha evolucionado y hoy está vinculada con el fraude cibernético. Hay que contribuir a rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar redes.
Por Gabriela Díaz | Reportera
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre las instituciones de seguridad, procuración de justicia y cooperación internacional para combatir las nuevas modalidades de explotación criminal que operan mediante plataformas digitales.
Al referirse al lema de este año, «Atrapados tras la estafa», establecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el legislador señaló que la trata de personas ha evolucionado y hoy se encuentra estrechamente vinculada con el fraude cibernético, las estafas financieras, el lavado de dinero y otras actividades del crimen organizado transnacional.
«Las organizaciones criminales, ahora recurren al engaño tecnológico para captar víctimas con falsas ofertas de empleo, trasladarlas a otros países y obligarlas a participar en complejas redes internacionales de fraude digital. Se trata de una expresión moderna de la esclavitud que debe enfrentarse con toda la fuerza del Estado», afirmó.
Anuncios fraudulentos
El legislador petista explicó que, de acuerdo con la UNODC, miles de personas son reclutadas mediante anuncios fraudulentos que prometen oportunidades laborales legítimas. Una vez fuera de su lugar de origen, son privadas de su libertad, sometidas a amenazas, violencia, servidumbre por deudas y jornadas extenuantes para operar estafas en línea dirigidas a víctimas de distintas partes del mundo.
«Estamos frente a un delito que vulnera la dignidad humana y que, además, financia estructuras del crimen organizado. Combatir la trata de personas implica también fortalecer nuestras capacidades para investigar delitos cibernéticos, rastrear operaciones financieras ilícitas y desmantelar las redes que obtienen ganancias millonarias mediante la explotación de seres humanos en tod el mundo», expresó.
Trata de personasRicardo “El Tigre” Mejía sostuvo que México debe mantener una estrecha colaboración con los mecanismos internacionales de combate a la delincuencia organizada, impulsar el intercambio de información entre autoridades y adecuar permanentemente su marco jurídico para responder a las nuevas formas de criminalidad facilitadas por la tecnología.
Atención integral
Asimismo, subrayó que la protección de las víctimas debe ocupar el centro de cualquier estrategia pública, garantizando su identificación oportuna, atención integral, acceso a la justicia, reparación del daño y condiciones que impidan su revictimización.
«No podemos permitir que el avance tecnológico sea aprovechado por organizaciones criminales para ampliar sus esquemas de explotación. La innovación también debe estar al servicio de la justicia, la prevención y la protección de los derechos humanos; y ese punto será impulsado desde el Congreso de la Unión», puntualizó.
El diputado federal petista reiteró que la lucha contra la trata de personas demanda la participación coordinada de autoridades, organismos internacionales, sector privado, plataformas digitales y sociedad civil para prevenir el reclutamiento mediante engaños, detectar operaciones ilícitas y cerrar espacios a las organizaciones criminales.
Ofertas laborales
Finalmente, el legislador federal llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a ofertas laborales engañosas difundidas en internet o redes sociales, verificar la autenticidad de las empresas contratantes y denunciar cualquier indicio de trata de personas ante las autoridades competentes.
«Cada víctima rescatada representa una vida recuperada. La mejor respuesta frente a este delito es una sociedad informada, instituciones fortalecidas y una acción firme contra quienes convierten a las personas en mercancía para obtener ganancias ilícitas», concluyó el diputado federal por Coahuila Ricardo “El Tigre” Mejía.
El Día Mundial contra la Trata de Personas es impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada 30 de julio, fue proclamado por la Asamblea General en su resolución A/RES/68/192. –sn–
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