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Episcopado Mexicano entrega al papa León XIV libro con testimonios de personas desaparecidas

El Episcopado Mexicano entrega al papa León XIV el libro “Un nombre, mil voces”, con testimonios de familias de personas desaparecidas en México y un llamado a mantener viva su memoria.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) entregó al papa León XIV el libro Un nombre, mil voces, una publicación de más de 200 páginas que reúne testimonios de familias de personas desaparecidas en México, con el propósito de preservar sus historias y visibilizar la crisis que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos.

La entrega estuvo a cargo de Ramón Castro Castro, presidente de la CEM, durante su estancia en el Vaticano. La obra recoge los rostros, nombres y relatos compartidos por familias y colectivos que mantienen la búsqueda de personas desaparecidas.

La Iglesia católica en México señaló que el libro representa un esfuerzo de memoria construido durante varios meses, a partir de las experiencias de quienes viven la ausencia de un familiar y continúan exigiendo respuestas sobre su paradero.

“En sus páginas, el Papa encontró los rostros de quienes siguen haciendo falta y la memoria de las familias que no dejan de buscar”, expresó el Episcopado al informar sobre la entrega.

La institución también agradeció a las familias y colectivos que compartieron sus testimonios para integrar la publicación, en la que la memoria de las víctimas ocupa un lugar central.

¿Cómo surgió el libro Un nombre, mil voces?

El proyecto se anunció en agosto de 2026, con la intención de entregar el documento al pontífice en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto.

La iniciativa surgió del Diálogo Nacional por la Paz, un esfuerzo impulsado por sectores de la Iglesia católica y organizaciones sociales para promover respuestas frente a la violencia en México.

Además de los testimonios sobre desapariciones, la propuesta contemplaba incorporar información sobre periodistas y sacerdotes asesinados en el país, de acuerdo con los anuncios realizados durante la preparación del documento.

La elaboración del libro coincidió con una serie de encuentros entre representantes de la Iglesia y especialistas que han documentado las consecuencias de la violencia, así como las necesidades de las familias que buscan a personas desaparecidas.

La crisis de desapariciones en México

La entrega de Un nombre, mil voces ocurre mientras México enfrenta una crisis de desapariciones que afecta a miles de familias y mantiene bajo presión a las instituciones responsables de la búsqueda, la investigación y la identificación de personas.

Un informe de agosto de 2026 del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó 5 mil 152 fosas clandestinas reportadas por fiscalías entre 2006 y 2024. En ese mismo periodo, registros de medios de comunicación identificaron 3 mil 516 fosas, cifras construidas con metodologías y fuentes distintas.

El análisis también expuso que el país supera las 135 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los datos citados en la presentación del estudio. Las cifras evidencian la dimensión del problema y los desafíos que persisten para esclarecer los casos.

La desaparición de personas no sólo afecta a quienes permanecen sin ser localizados: también transforma la vida de sus familias, que enfrentan incertidumbre, desgaste emocional y dificultades para obtener información oficial sobre las investigaciones.

La Iglesia mantiene su llamado por la paz

El pronunciamiento forma parte de una trayectoria de iniciativas de la Iglesia mexicana relacionadas con la violencia y la búsqueda de paz. En julio de 2022, el Episcopado y otras organizaciones religiosas convocaron a una Jornada de Oración por la Paz, tras una serie de asesinatos que conmocionaron al país.

La entrega del libro al papa León XIV coloca nuevamente las experiencias de las familias buscadoras en el ámbito de la Iglesia católica internacional. La publicación busca mantener presentes las historias de quienes faltan y de las personas que continúan buscándolos. –sn–

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México tiene datos para identificar cuerpos, pero no siempre los cruza

México cuenta con registros forenses, genéticos y de personas desaparecidas para identificar cuerpos y restos humanos, pero el reto sigue siendo integrar, cotejar y actualizar la información de manera permanente.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Encontrar un cuerpo sin identificar no significa necesariamente cerrar el caso de una persona desaparecida. En México, la identificación depende de que los datos obtenidos de los restos puedan ser cotejados con información de personas buscadas, registros administrativos y perfiles genéticos de familiares.

El problema no radica únicamente en la ausencia de información. En distintos registros existen datos que pueden ayudar a establecer una identidad, pero su utilidad depende de que estén completos, sean confiables, puedan consultarse y se confronten de manera sistemática.

La legislación mexicana establece mecanismos específicos para realizar esos cruces. El Banco Nacional de Datos Forenses debe concentrar información relevante para la búsqueda e identificación, incluidos registros genéticos, y mantener interconexiones con otras bases de datos.

El desafío está en cruzar la información

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) explica que la identificación humana requiere cotejar información ante mortem —recabada de personas desaparecidas— con datos post mortem obtenidos de cuerpos y restos humanos.

Ese procedimiento puede incorporar información médica, antropológica, odontológica, dactilar y genética. Cuando una identificación visual o mediante huellas no es posible, los perfiles genéticos de familiares pueden ser confrontados con muestras obtenidas de personas fallecidas sin identificar.

La búsqueda tampoco depende de una sola base. La normativa contempla la interconexión del Banco Nacional de Datos Forenses con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como con el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y otros sistemas que contengan información útil.

El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualizado en diciembre de 2025, establece que cuando se localizan cuerpos o restos deben realizarse los procesos forenses que permita su estado y cargar la información correspondiente en los registros nacionales.

Miles de registros muestran la dimensión del problema

La propia autoridad federal reconoció en marzo de 2026 que existían 130 mil 178 registros de personas que continuaban con estatus de desaparecidas. De ellos, 46 mil 742 no contaban con información completa; 40 mil 308 tenían datos suficientes pero presentaban registros de actividad posterior a la desaparición, y 43 mil 128 contaban con información completa sin coincidencias encontradas hasta entonces.

Estos datos muestran por qué una desaparición y un cuerpo sin identificar no pueden analizarse como fenómenos separados. Una persona buscada genera información antes de desaparecer; un cuerpo genera información después de ser localizado. La identificación ocurre cuando ambas partes pueden encontrarse mediante un cotejo confiable. –sn–

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Mejía Berdeja pide búsqueda forense en antiguo hotel de Saltillo, ante desaparición de personas y tortura de corporaciones policiales de Coahuila

Tratos degradantes y tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño. Hay testimonios de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                           

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja solicitó este fin de semana a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizar acciones de búsqueda de campo y prospección forense en los terrenos del antiguo hotel “La Torre”, en Saltillo, Coahuila, ante indicios y testimonios que relacionan el inmueble con posibles casos de detención arbitraria, tortura y desaparición de personas.

“El lugar fue creado funcionó como sitio de detención arbitraria y tortura de civiles; a grado tal que la población lo identifica como «el cuartel de la tortura»”, resaltó el legislador federal en la solicitud formal que presentó a la CNB, atribuyendo datos de investigaciones previas donde han sido reportados actos degradantes y de tortura, a 35 personas migrantes de origen hondureño.

En el marco del Día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el legislador federal coahuilense pidió que la intervención se lleve a cabo antes de cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción en el predio, debido al riesgo de que una modificación del terreno pueda destruir indicios relevantes para esclarecer hechos y localizar a personas desaparecidas.

Mejía Berdeja, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), señaló que, “no se debe permitir que un posible sitio de interés forense sea alterado antes de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva”, por lo que planteó preservar, resguardar y acordonar el inmueble mientras concluyen las diligencias correspondientes.

El diputado federal explicó que su solicitud tiene como antecedente información documentada desde 2013, cuando la Organización Mundial Contra la Tortura reportó 35 casos de personas migrantes hondureñas, entre ellas niñas y niños, que habrían sufrido violaciones a sus derechos humanos y actos de tortura.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el documento presentado por Mejía Berdeja, diversas personas sobrevivientes también han referido que las instalaciones del antiguo hotel habrían sido utilizadas como base operativa del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana (GROM/GROMS) de Saltillo, así como para la detención arbitraria y tortura de civiles.

“Estamos hablando de señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades competentes. Precisamente por eso estamos solicitando una intervención forense profesional, para que la verdad salga a flote. Lo que necesitamos es preservar cualquier evidencia que pueda contribuir a conocer la verdad y hacer justicia a las familias”, planteó.

El legislador federal señaló además que el 9 de noviembre de 2024, el titular del Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila manifestó públicamente que no había recibido una solicitud formal para intervenir el inmueble, circunstancia que, agregó, hace necesaria la intervención de la CNB, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ricardo “El Tigre” Mejía refirió que, información obtenida a través de una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se sabe que hay registro de 127 desapariciones ocurridas entre 2007 y 2025 en las que fueron señaladas corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno de esta entidad federativa.

De ese universo, 17 casos estarían relacionados con integrantes de los grupos GATES, GATEM y GROM, según datos emanados de las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC/170/2013/SALT/PPM, CDHEC/193/2013/SALT/PPM y CDHEC/220/2013/SALT/PPM); y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); y de un total de 642 personas desaparecidas en Saltillo, al corte de mayo de 2026, según versiones periodísticas.

“Estos datos no permiten sacar conclusiones por sí solos, pero sí justifican plenamente una investigación minuciosa. Cada desaparición representa a una persona, una familia y un derecho que el Estado tiene la obligación de atender”, expresó el diputado petista.

En este sentido, el legislador federal por Coahuila advirtió que existe información sobre un posible proyecto inmobiliario para utilizar el inmueble y sus terrenos, situación que incrementa la urgencia de realizar las diligencias de búsqueda.

“Si primero se demuele, excava o modifica el terreno y después queremos investigar, podemos perder para siempre indicios que quizá sean fundamentales. La prioridad debe ser la búsqueda y la verdad, no cualquier proyecto inmobiliario”, afirmó.

Por ello, solicitó que se preserve y resguarde el inmueble y que se suspenda cualquier obra de demolición, nivelación, excavación o construcción hasta que concluyan las diligencias forenses correspondientes.

Finalmente, Ricardo “El Tigre” Mejía pidió a las autoridades informar por escrito las acciones que determinen, el calendario previsto y los resultados obtenidos, al considerar que la transparencia y la participación de las familias son indispensables para recuperar la confianza y avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Tenemos que estar del lado de las familias buscadoras. Su lucha por encontrar a sus seres queridos merece toda la atención del Estado mexicano y todas las herramientas científicas disponibles”, concluyó. –sn–

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El Reclusorio Oriente, un espejo incómodo de la SSC de Pablo Vázquez Camacho

Se intensifican los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades de Amparo Elizabeth Santamaría Briseño en el Reclusorio Oriente.

La crisis del sistema penitenciario capitalino ya no puede esconderse detrás de discursos oficiales ni de estadísticas cuidadosamente seleccionadas. El caso de la subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Amparo Elizabeth Santamaría Briseño, exhibe una realidad que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México parece incapaz de explicar, menos Clara Crugada, qiuen gobierna esta ciudad capital: la profunda distancia entre la narrativa institucional de combate a la corrupción y los hechos que hoy generan sospechas, indignación y exigencias de transparencia.

Mientras la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, insiste en presentar una imagen de control y profesionalización del sistema penitenciario, los centros de reclusión continúan apareciendo en la conversación pública por motivos muy distintos. Los reportes sobre extorsiones, autogobierno, venta de drogas y redes ilícitas dentro de las cárceles no son nuevos. Han sido denunciados durante años por internos, familiares, organizaciones civiles y materiales documentales que han mostrado prácticas incompatibles con un sistema penitenciario funcional.

https://www.youtube.com/watch?v=fhCvVUA2gHg&t=1s

En ese contexto, resulta inevitable preguntarse cómo una funcionaria que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional dentro del Reclusorio Oriente puede organizar una celebración cuyo costo aparente supera ampliamente los ingresos que públicamente reporta en sus declaraciones patrimoniales. La pregunta no es personal ni privada. Es un asunto de interés público porque involucra a una servidora pública adscrita a una de las áreas más sensibles del gobierno capitalino.

Los datos conocidos generan más interrogantes que respuestas. Una fiesta de XV años con agrupaciones musicales de alto costo, –entre ellas «Los Cadetes de Linares» y  «Zona Rika«– un recinto exclusivo y actividades posteriores en Acapulco representan gastos que difícilmente pasan inadvertidos para cualquier ciudadano que compara esas cifras con los ingresos declarados oficialmente. Si todo tiene una explicación legal y transparente, corresponde a las autoridades presentarla de manera clara y verificable.

Lo preocupante es que este episodio no surge en un vacío institucional. Ocurre precisamente en una cárcel que durante años ha estado bajo señalamientos relacionados con actividades ilícitas. Cuando las sospechas sobre movimientos económicos de funcionarios coinciden con denuncias persistentes de corrupción penitenciaria, el problema deja de ser una anécdota social y se convierte en una cuestión de confianza pública.

https://www.instagram.com/p/DXizpq-jut2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

La administración de Pablo Vázquez Camacho enfrenta aquí una prueba fundamental. No basta con guardar silencio o esperar que el ciclo mediático avance hacia otro tema. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una investigación interna, si se revisarán los movimientos patrimoniales de los funcionarios involucrados y si los mecanismos de control interno realmente funcionan.

Más grave aún es el mensaje que reciben miles de policías honestos y trabajadores públicos que viven exclusivamente de sus salarios. Cuando aparecen casos que exhiben estilos de vida aparentemente incompatibles con los ingresos reportados, la percepción de impunidad se fortalece. Y cuando la autoridad no responde con claridad, esa percepción termina convirtiéndose en desconfianza institucional.

La SSC tampoco puede ignorar el contexto estructural. Los señalamientos de autogobierno en centros penitenciarios no surgen por generación espontánea. Son consecuencia de años de tolerancia, supervisión deficiente y redes de poder que prosperan cuando la vigilancia institucional fracasa. Cada denuncia sobre extorsiones o actividades ilícitas dentro de una prisión representa un cuestionamiento directo a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la legalidad.

El Reclusorio Oriente se ha convertido nuevamente en una ventana hacia problemas más profundos. La discusión ya no gira únicamente en torno a una celebración costosa. Lo verdaderamente relevante es saber qué ocurre detrás de los muros de una de las cárceles más importantes de la capital y por qué continúan apareciendo episodios que alimentan sospechas sobre la integridad de su administración.

Pablo Vázquez Camacho tiene la obligación política y administrativa de responder sobre los cuestionamientos contra Santamaría Briseño. No porque exista una sentencia o una resolución definitiva sobre este caso, sino porque la confianza pública exige explicaciones oportunas cuando surgen cuestionamientos legítimos sobre el comportamiento de funcionarios que ocupan cargos estratégicos dentro del sistema penitenciario.

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Balcón Social | El pato»Merlín» al Palacio Nacional

En política, las prioridades suelen revelarse no por los discursos, sino por los símbolos.

Durante los últimos días, un pato llamado «Merlín» se convirtió en una inesperada celebridad. Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, el animal llamó la atención de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente captó el interés de medios internacionales en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La historia posee todos los ingredientes para triunfar en redes sociales: humildad, espontaneidad, futbol y un personaje entrañable capaz de generar simpatía inmediata entre públicos de distintas edades.

El fenómeno incluso atrajo la atención del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien invitó a los propietarios del ave a compartir su historia y les ofreció la posibilidad de asistir a un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

Hasta ahí, la anécdota encaja en la lógica del entretenimiento contemporáneo. Las redes sociales transforman episodios cotidianos en fenómenos virales y las figuras públicas suelen aprovechar esas tendencias para conectar con la audiencia.

https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2068100496238182512?s=20

El problema aparece cuando el espectáculo comienza a compartir espacio con asuntos que involucran dolor humano, derechos fundamentales y responsabilidades del Estado.

México atraviesa una de las crisis más profundas de desapariciones en su historia reciente. Los registros oficiales acumulan más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una tragedia que afecta a miles de familias distribuidas en prácticamente todo el territorio nacional.

Detrás de cada expediente existe una madre, un padre, un hermano o un hijo que busca respuestas. No se trata únicamente de estadísticas; se trata de vidas suspendidas en la incertidumbre.

Por ello, resultó inevitable que diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas compararan la atención institucional otorgada al fenómeno mediático de Merlín con las dificultades que enfrentan para conseguir una audiencia o una respuesta de las autoridades.

El reclamo no se dirige contra los propietarios del pato ni contra quienes encontraron en la historia un motivo de alegría. El cuestionamiento apunta a las señales que emite el poder cuando decide qué asuntos merecen visibilidad pública y cuáles permanecen en espera.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido reuniones con empresarios, deportistas, representantes de organismos internacionales y figuras públicas de distintos ámbitos. Esa dinámica forma parte de la actividad cotidiana de cualquier jefe de Estado.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2067548103155057148?s=20

Sin embargo, para sectores afectados por la violencia y las desapariciones, la percepción es distinta. Muchos consideran que el acceso a las más altas esferas del poder continúa siendo más sencillo para quienes generan impacto mediático que para quienes buscan justicia.

La política moderna vive sometida al ritmo de la viralidad. Lo que genera clics, vistas y conversación digital suele imponerse sobre temas complejos que requieren tiempo, sensibilidad y respuestas institucionales de largo alcance.

https://twitter.com/GustavoHdezhdez/status/2068092670229066170?s=20

La verdadera discusión no gira alrededor de un pato convertido en celebridad. El debate de fondo consiste en determinar si las instituciones mexicanas mantienen la capacidad de colocar a las víctimas en el centro de la agenda pública.

Un país puede celebrar sus historias virales, disfrutar el futbol y compartir momentos de entretenimiento colectivo. Lo que no debería ocurrir es que esas narrativas ocupen el lugar que corresponde a las demandas de quienes buscan a sus seres queridos.

Porque cuando una sociedad comienza a normalizar que el espectáculo recibe más atención que el sufrimiento, el problema ya no es la popularidad de una mascota: es la distancia creciente entre el poder y el dolor de los ciudadanos.

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Padre buscador pide a la Selección mexicana de futbol visibilizar desapariciones

Concluyó que el deporte puede convertirse en un espacio para promover la memoria, la dignidad y la esperanza de quienes enfrentan la desaparición de un familiar.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Un padre buscador solicitó a la Selección Mexicana ayudar a visibilizar la crisis de desapariciones durante el Mundial 2026.

La petición fue realizada por Gustavo Hernández, pintor de profesión y padre de Abraham Zeidy, joven desaparecido desde 2024, quien entregó una carta en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

https://twitter.com/azucenau/status/2067044037089960227?s=20

El documento fue difundido posteriormente a través de redes sociales, donde se viralizó por el llamado dirigido a los integrantes del combinado nacional que participa en la Copa Mundial de Futbol 2026.

En la carta, Gustavo Hernández relató que desde la desaparición de su hijo ha dedicado gran parte de su vida a su búsqueda sin obtener resultados positivos.

Asimismo, recordó que la problemática afecta a miles de familias en México y señaló que existen más de 133 mil personas desaparecidas cuyos familiares continúan realizando labores de localización.

El padre buscador sostuvo que la ausencia de su hijo transformó por completo su vida y lo convirtió en un buscador de tiempo completo.

Llamado a los seleccionados

En su mensaje, expresó que además de buscar a su hijo mantiene el deseo de ver a la Selección Mexicana conquistar una Copa del Mundo.

Indicó que su mayor anhelo consiste en reencontrarse con Abraham Zeidy y compartir nuevamente momentos familiares interrumpidos por la desaparición.

También manifestó que los jugadores representan una fuente de esperanza para millones de mexicanos que siguen cada uno de sus partidos. n–sn–

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Rubén Moreira atribuye protestas magisteriales a promesas incumplidas de Morena

El legislador priista recordó que Obrador y la actual presidenta prometieron a los maestros de la CNTE regresar al esquema de pensiones anterior al 97.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que las actuales protestas magisteriales en la Ciudad de México tienen su origen en el incumplimiento de Morena a promesas electoreras relacionadas, principalmente, con el sistema de pensiones y mejoras salariales.

“Más allá de si uno está de acuerdo o no con las reformas pensionarias del 97 y del 2007, ellos hicieron una oferta electoral. Primero lo hizo Andrés Manuel López Obrador y después la presidenta de echar para atrás la reforma pensionaria y hoy no cuentan con los recursos necesarios para cumplir lo que ofrecieron”, enfatizó.

Moreira Valdez puntualizó que, además, hay otras demandas sociales que no han sido atendidas, ente ellas, los reclamos de las Madres y Familias Buscadoras quienes continúan buscando solas a sus seres queridos; los transportistas que demandan seguridad en las carreteras por asaltos y los campesinos que siguen solicitando precios de garantía más altos para sus cosechas.

El legislador del PRI también recordó que en el Senado de la República, la presidencia de la Mesa Directiva que corresponde a Morena, ha mantenido en el cajón la reforma al Artículo 123, ya aprobada por diputados federales, senadores y congresos locales, para que policías, guardias nacionales, médicos, enfermeras y maestros, perciban un salario mínimo profesional, que en estos momentos sería de alrededor de 19 mil pesos.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado de los especialistas Mario Di Costanzo y Francisco Lezama, el coordinador parlamentario explicó que al malestar por este incumplimiento se suman malas decisiones presupuestales de Morena que han llevado a México a una profunda crisis financiera, educativa y social.

El especialista Francisco Lezama expuso que los gobiernos de Morena han eliminado del presupuesto 38 programas en materia educativa que operaban entre 2015 y 2018, como son Escuelas de Tiempo Completo, Escuela Digna, apoyos directos a planteles educativos y mecanismos de compensación financiera para las entidades federativas aproximadamente 87 mil millones de pesos, lo que sin duda, consideró impacta en las manifestaciones de la CNTE. –sn–

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Cuestionan operativos del Mundial de futbol

“El Estado mexicano no puede usar como pretexto un evento como el Mundial para implementar un estado de excepción y cometer violaciones a derechos humanos”.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

Tras las movilizaciones registradas durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad de México, Verónica Ramírez, integrante del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió que los operativos desplegados en torno al evento enviaron una señal preocupante sobre la prioridad otorgada a la imagen pública frente al ejercicio de derechos fundamentales.

La especialista consideró que, si bien el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad durante eventos masivos, las acciones observadas alrededor de las manifestaciones de familias buscadoras evidenciaron una lógica de contención más que de protección.

“En contextos de alta visibilidad internacional están privilegiando la imagen pública al libre ejercicio de derechos”, afirmó.

Seguridad no debe convertirse en represión

Ramírez explicó que en las movilizaciones de familias buscadoras no se registraron detenciones arbitrarias de integrantes de estos colectivos; sin embargo, sí hubo acciones que resultan preocupantes desde una perspectiva de derechos humanos.

Entre ellas mencionó el encapsulamiento de contingentes y la imposibilidad de avanzar hacia determinados puntos, pese a que las autoridades habían señalado previamente que se respetaría el derecho a la protesta fuera de los perímetros de seguridad establecidos.

La especialista sostuvo que existe una diferencia clara entre implementar medidas de seguridad y restringir derechos fundamentales.

“Observamos que la intención no fue propiamente cuidar, sino contener y reprimir, porque hubo una marcada desproporción entre los elementos de seguridad desplegados frente a la cantidad de personas en la movilización, que además habían señalado su intención de manifestarse pacíficamente”, explicó.

Añadió que la criminalización de la protesta puede manifestarse de diversas formas, desde mecanismos menos visibles para dificultar la llegada de personas a una movilización, hasta prácticas más graves como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza o restricciones al acceso a la defensa jurídica.

Familias buscadoras exigen verdad y justicia

Ramírez destacó que resulta especialmente preocupante cuando las restricciones recaen sobre grupos como las familias buscadoras o los movimientos estudiantiles, debido al papel histórico que han desempeñado en la denuncia de violaciones a derechos humanos y en la exigencia de rendición de cuentas.

“Han sido grupos sociales que han sostenido la exigencia de verdad y justicia”, señaló.

En el caso de las familias buscadoras, recordó que muchas han asumido tareas que corresponden al propio Estado, como la búsqueda de personas desaparecidas, ante la insuficiencia de las respuestas institucionales.

Por ello, limitar su derecho a la protesta puede traducirse en nuevas formas de violencia y revictimización para quienes continúan exigiendo información sobre el paradero de sus seres queridos.

El Mundial no justifica excepciones a los derechos humanos

La especialista enfatizó que la organización de un evento de alcance global no exime al Estado mexicano de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Recordó que los estándares internacionales establecen que las autoridades no sólo deben permitir las manifestaciones públicas, sino también garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en ellas y de quienes realizan labores de documentación periodística.

“El Estado mexicano no puede usar como pretexto un evento como el Mundial para implementar un estado de excepción y cometer violaciones a derechos humanos”, concluyó. –sn–

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