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Balcón Social | ¿Virus de la gripa sinaloense?

¿Será que el virus de la gripa, que mantienen a la mandataria Sheinbaum Pardo convaleciente, habá sido sinaloense?

Dicen que una gripa puede comenzar con un estornudo y terminar en cama. En la política mexicana, algunas gripes tienen síntomas más complejos, aparecen en Sinaloa, viajan hasta Washington, hacen escala en Argentina y terminan en Palacio Nacional.

Rubén Rocha Moya volvió este viernes a la gubernatura de Sinaloa, después de más de tres meses de licencia. Regresó con una acusación estadunidense sobre la espalda y con la defensa de su inocencia como principal argumento.

La historia no comenzó en abril de 2026. En agosto de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada aseguró que acudió a una reunión en Sinaloa porque Joaquín Guzmán López le habló de un encuentro para resolver diferencias entre Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda. Rocha negó haber participado.

Aquella versión provocó una tormenta política. Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador y Claudia Sheinbaum, entonces presidente electa, también expresó su apoyo. El asunto parecía destinado a convertirse en otra batalla política entre acusaciones y desmentidos.

Pero llegó abril de 2026 y la historia cambió de dimensión. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Rocha y a otros funcionarios de Sinaloa de conspiración relacionada con narcotráfico y armas, además de presuntos vínculos con Los Chapitos.

Según la acusación estadunidense, Los Chapitos habrían ayudado a Rocha Moya en su campaña de 2021 y, a cambio, recibido protección política para sus actividades criminales. Es una imputación gravísima, no una sentencia. Rocha la rechaza.

Y aquí aparece el verdadero problema, no basta con creerle a Rocha, ni basta con creerle a Washington. Una acusación de esta magnitud exige pruebas, investigación independiente y resultados judiciales, que aún no se hacen presentes de manera pública.

Uno de los señalados ya enfrentó a la justicia estadunidense. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó y enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y armas. El expediente sostiene que recibió pagos de Los Chapitos.

El caso tampoco puede desligarse de la violencia que sacude Sinaloa desde la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa. Mucho menos del asesinato de Cuén y del secuestro de Zambada, asuntos que todavía arrastran preguntas incómodas.

Claudia Sheinbaum ha optado por una posición institucional, México requiere elementos de prueba antes de proceder contra un gobernador mexicano. Esa postura puede ser defendible desde el derecho, siempre que no se convierta en una excusa para no investigar.

La mandataria ha mantenido además un trato cuidadoso hacia Rocha Moya. No lo ha condenado públicamente ni ha convertido una acusación extranjera en sentencia. Esa prudencia merece atención, porque gobernar también significa resistir la presión para dictar culpabilidades antes que los tribunales.

Pero prudencia no significa inmovilidad. Si existen indicios, deben investigarse. Si no existen pruebas, debe quedar claro. Y si aparecen pruebas suficientes, nadie puede estar por encima de la justicia, tenga o no fuero.

La pregunta que queda para México es incómoda: ¿qué ocurre cuando un gobernador es acusado por Estados Unidos de colaborar con una organización criminal, niega los hechos, México dice no haber recibido pruebas suficientes y, aun así, el político vuelve a gobernar?

Tal vez la verdadera enfermedad no sea una «gripa sinaloense«. Tal vez sea la vieja fiebre mexicana de confundir lealtad política con certeza jurídica. Y esa fiebre sí puede contagiar a todo un país.

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Trump estrena un 747-8 donado por Catar y renovado por $400M como Air Force One temporal; luego irá a su biblioteca en Miami. Críticas por ética y seguridad. https://aidoo.news/noticia/rE3YmX

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El Reclusorio Oriente, un espejo incómodo de la SSC de Pablo Vázquez Camacho

Se intensifican los cuestionamientos sobre presuntas irregularidades de Amparo Elizabeth Santamaría Briseño en el Reclusorio Oriente.

La crisis del sistema penitenciario capitalino ya no puede esconderse detrás de discursos oficiales ni de estadísticas cuidadosamente seleccionadas. El caso de la subdirectora del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Amparo Elizabeth Santamaría Briseño, exhibe una realidad que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México parece incapaz de explicar, menos Clara Crugada, qiuen gobierna esta ciudad capital: la profunda distancia entre la narrativa institucional de combate a la corrupción y los hechos que hoy generan sospechas, indignación y exigencias de transparencia.

Mientras la SSC, encabezada por Pablo Vázquez Camacho, insiste en presentar una imagen de control y profesionalización del sistema penitenciario, los centros de reclusión continúan apareciendo en la conversación pública por motivos muy distintos. Los reportes sobre extorsiones, autogobierno, venta de drogas y redes ilícitas dentro de las cárceles no son nuevos. Han sido denunciados durante años por internos, familiares, organizaciones civiles y materiales documentales que han mostrado prácticas incompatibles con un sistema penitenciario funcional.

https://www.youtube.com/watch?v=fhCvVUA2gHg&t=1s

En ese contexto, resulta inevitable preguntarse cómo una funcionaria que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional dentro del Reclusorio Oriente puede organizar una celebración cuyo costo aparente supera ampliamente los ingresos que públicamente reporta en sus declaraciones patrimoniales. La pregunta no es personal ni privada. Es un asunto de interés público porque involucra a una servidora pública adscrita a una de las áreas más sensibles del gobierno capitalino.

Los datos conocidos generan más interrogantes que respuestas. Una fiesta de XV años con agrupaciones musicales de alto costo, –entre ellas «Los Cadetes de Linares» y  «Zona Rika«– un recinto exclusivo y actividades posteriores en Acapulco representan gastos que difícilmente pasan inadvertidos para cualquier ciudadano que compara esas cifras con los ingresos declarados oficialmente. Si todo tiene una explicación legal y transparente, corresponde a las autoridades presentarla de manera clara y verificable.

Lo preocupante es que este episodio no surge en un vacío institucional. Ocurre precisamente en una cárcel que durante años ha estado bajo señalamientos relacionados con actividades ilícitas. Cuando las sospechas sobre movimientos económicos de funcionarios coinciden con denuncias persistentes de corrupción penitenciaria, el problema deja de ser una anécdota social y se convierte en una cuestión de confianza pública.

https://www.instagram.com/p/DXizpq-jut2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

La administración de Pablo Vázquez Camacho enfrenta aquí una prueba fundamental. No basta con guardar silencio o esperar que el ciclo mediático avance hacia otro tema. La ciudadanía tiene derecho a conocer si existe una investigación interna, si se revisarán los movimientos patrimoniales de los funcionarios involucrados y si los mecanismos de control interno realmente funcionan.

Más grave aún es el mensaje que reciben miles de policías honestos y trabajadores públicos que viven exclusivamente de sus salarios. Cuando aparecen casos que exhiben estilos de vida aparentemente incompatibles con los ingresos reportados, la percepción de impunidad se fortalece. Y cuando la autoridad no responde con claridad, esa percepción termina convirtiéndose en desconfianza institucional.

La SSC tampoco puede ignorar el contexto estructural. Los señalamientos de autogobierno en centros penitenciarios no surgen por generación espontánea. Son consecuencia de años de tolerancia, supervisión deficiente y redes de poder que prosperan cuando la vigilancia institucional fracasa. Cada denuncia sobre extorsiones o actividades ilícitas dentro de una prisión representa un cuestionamiento directo a quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden y la legalidad.

El Reclusorio Oriente se ha convertido nuevamente en una ventana hacia problemas más profundos. La discusión ya no gira únicamente en torno a una celebración costosa. Lo verdaderamente relevante es saber qué ocurre detrás de los muros de una de las cárceles más importantes de la capital y por qué continúan apareciendo episodios que alimentan sospechas sobre la integridad de su administración.

Pablo Vázquez Camacho tiene la obligación política y administrativa de responder sobre los cuestionamientos contra Santamaría Briseño. No porque exista una sentencia o una resolución definitiva sobre este caso, sino porque la confianza pública exige explicaciones oportunas cuando surgen cuestionamientos legítimos sobre el comportamiento de funcionarios que ocupan cargos estratégicos dentro del sistema penitenciario.

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Balcón Social | El pato»Merlín» al Palacio Nacional

En política, las prioridades suelen revelarse no por los discursos, sino por los símbolos.

Durante los últimos días, un pato llamado «Merlín» se convirtió en una inesperada celebridad. Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, el animal llamó la atención de miles de personas en el Centro Histórico de la Ciudad de México y posteriormente captó el interés de medios internacionales en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La historia posee todos los ingredientes para triunfar en redes sociales: humildad, espontaneidad, futbol y un personaje entrañable capaz de generar simpatía inmediata entre públicos de distintas edades.

El fenómeno incluso atrajo la atención del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien invitó a los propietarios del ave a compartir su historia y les ofreció la posibilidad de asistir a un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

Hasta ahí, la anécdota encaja en la lógica del entretenimiento contemporáneo. Las redes sociales transforman episodios cotidianos en fenómenos virales y las figuras públicas suelen aprovechar esas tendencias para conectar con la audiencia.

https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2068100496238182512?s=20

El problema aparece cuando el espectáculo comienza a compartir espacio con asuntos que involucran dolor humano, derechos fundamentales y responsabilidades del Estado.

México atraviesa una de las crisis más profundas de desapariciones en su historia reciente. Los registros oficiales acumulan más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una tragedia que afecta a miles de familias distribuidas en prácticamente todo el territorio nacional.

Detrás de cada expediente existe una madre, un padre, un hermano o un hijo que busca respuestas. No se trata únicamente de estadísticas; se trata de vidas suspendidas en la incertidumbre.

Por ello, resultó inevitable que diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas compararan la atención institucional otorgada al fenómeno mediático de Merlín con las dificultades que enfrentan para conseguir una audiencia o una respuesta de las autoridades.

El reclamo no se dirige contra los propietarios del pato ni contra quienes encontraron en la historia un motivo de alegría. El cuestionamiento apunta a las señales que emite el poder cuando decide qué asuntos merecen visibilidad pública y cuáles permanecen en espera.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido reuniones con empresarios, deportistas, representantes de organismos internacionales y figuras públicas de distintos ámbitos. Esa dinámica forma parte de la actividad cotidiana de cualquier jefe de Estado.

https://twitter.com/washingtonpost/status/2067548103155057148?s=20

Sin embargo, para sectores afectados por la violencia y las desapariciones, la percepción es distinta. Muchos consideran que el acceso a las más altas esferas del poder continúa siendo más sencillo para quienes generan impacto mediático que para quienes buscan justicia.

La política moderna vive sometida al ritmo de la viralidad. Lo que genera clics, vistas y conversación digital suele imponerse sobre temas complejos que requieren tiempo, sensibilidad y respuestas institucionales de largo alcance.

https://twitter.com/GustavoHdezhdez/status/2068092670229066170?s=20

La verdadera discusión no gira alrededor de un pato convertido en celebridad. El debate de fondo consiste en determinar si las instituciones mexicanas mantienen la capacidad de colocar a las víctimas en el centro de la agenda pública.

Un país puede celebrar sus historias virales, disfrutar el futbol y compartir momentos de entretenimiento colectivo. Lo que no debería ocurrir es que esas narrativas ocupen el lugar que corresponde a las demandas de quienes buscan a sus seres queridos.

Porque cuando una sociedad comienza a normalizar que el espectáculo recibe más atención que el sufrimiento, el problema ya no es la popularidad de una mascota: es la distancia creciente entre el poder y el dolor de los ciudadanos.

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Inhabilitan a médico del ISSSTE por abuso sexual contra paciente en clínica de Tlatelolco

La dependencia federal indicó que el procedimiento se sustentó en evidencia documental y análisis jurídicos integrados durante la investigación administrativa.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                      

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción administrativa contra un médico especialista del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por realizar tocamientos indebidos a una paciente durante una consulta médica en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría de Tlatelolco.

La resolución derivó de las investigaciones realizadas por el Órgano Interno de Control del ISSSTE, instancia que acreditó una falta administrativa grave mediante pruebas integradas al expediente oficial. El procedimiento concluyó con la inhabilitación por un año del médico identificado como «Pedro C», quien se desempeñaba como especialista en la unidad médica ubicada en la zona norte de la capital del país.

La dependencia federal señaló que las investigaciones se desarrollaron conforme a derecho y con apego a los protocolos institucionales de atención a víctimas. Además, sostuvo que la resolución buscó garantizar la protección de los derechos de la persona afectada y fortalecer mecanismos de integridad dentro del servicio público.

Investigación y resolución

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante una consulta médica en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría de Tlatelolco. Tras la denuncia presentada por la paciente, el Órgano Interno de Control inició las diligencias administrativas correspondientes para determinar posibles responsabilidades.

La autoridad investigadora recopiló pruebas documentales y testimoniales que permitieron acreditar la infracción grave atribuida al especialista. Posteriormente, el caso fue turnado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de emitir la sanción definitiva.

La resolución estableció una inhabilitación temporal de un año para ejercer cargos o funciones dentro del servicio público. El ISSSTE precisó que el médico sancionado mantiene el derecho legal de impugnar la determinación conforme a los mecanismos previstos por la legislación administrativa vigente. –sn–

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Balcón Social | Cuando la confianza del Estado dejó de valer

La confianza institucional no se destruye de un día para otro. Se erosiona en silencio, entre favores, expedientes manipulados y redes de protección que convierten áreas estratégicas del Estado en oficinas privadas al servicio de unos cuantos. Eso es lo que hoy vuelve a colocarse bajo sospecha en los Centros de Control de Confianza federal.

Diversas denuncias apuntan hacia Julián Flores de Anda, señalado por operar una estructura interna que manipula evaluaciones de control y confianza, altera resultados y utiliza dichos procesos como moneda de cambio para beneficiar a funcionarios y grupos de interés. La gravedad del señalamiento no radica únicamente en un posible acto de corrupción administrativa. El problema alcanza dimensiones de seguridad nacional.

Las evaluaciones de control de confianza surgen como una respuesta institucional frente a la infiltración criminal en corporaciones de seguridad. Polígrafos, pruebas toxicológicas, evaluaciones psicológicas y análisis patrimoniales pretendían blindar al Estado mexicano de la corrupción. Si esos mecanismos hoy se encuentran comprometidos desde adentro, el país enfrenta una fractura mucho más profunda de la que las autoridades admiten.

La acusación también involucra el supuesto uso de personal gubernamental en actividades privadas relacionadas con empresas del mismo ramo, además de posibles irregularidades en licitaciones para la adquisición de polígrafos. Esta desviación se trata de una red que habría utilizado recursos públicos para negocios de índole particular.

Los diversos testimonios juadicializados, en poder de SOCIEDAD NOTICIAS, añaden otros elementos delicados: represalias contra quienes deciden apartarse de esas prácticas. Bloqueos laborales, difamación e investigaciones internas sin sustento forman parte de un patrón que, según la denuncia, busca aislar y castigar a quienes rompen el pacto de silencio.

Sólo por poner un ejemplo, el caso más reciente involucra a Germán Valencia, servidor público vinculado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien interviene ante personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para impedir el ingresos de ídole laboral. Los argumentos son, el «supuesto» extravío de un polígrafo durante servicios prestados en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), aunque, según se relata, no existe denuncia formal, ni notificación oficial alguna, por parte de las instituciones involucradas.

La pregunta resulta inevitable: ¿cómo obtuvo información de un asunto interno alguien ajeno a esa dependencia? La respuesta revela la existencia de redes informales de operación, intercambio de favores y tráfico de información entre áreas sensibles del gobierno federal.

El problema rebasa el ámbito laboral. La persona denunciante asegura que estas acciones afectan la estabilidad económica y emocional de sus hijas menores. Ahí aparece el rostro menos visible de la corrupción burocrática: familias enteras sometidas a presiones, vetos y amenazas silenciosas que rara vez llegan a los tribunales.

De esta forma, México arrastra una larga historia de instituciones contaminadas por intereses personales. Sin embargo, cuando las sospechas alcanzan a los mecanismos encargados de evaluar honestidad, confiabilidad y estabilidad psicológica de servidores públicos, el riesgo adquiere otra dimensión. Un sistema de control corrupto no sólo protege a funcionarios cuestionados; también expulsa perfiles honestos y premia la obediencia.

La presidente Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que su administración no tolerará prácticas heredadas del viejo régimen. Esa narrativa enfrenta ahora una prueba compleja. Ignorar denuncias de esta naturaleza dañaría la credibilidad de un proyecto político que llegó al poder bajo la promesa de limpiar las estructuras públicas y fortalecer la ética gubernamental.

México no debe aspirar a una estrategia sólida de seguridad mientras existan dudas sobre quienes certifican la confiabilidad de policías, custodios, mandos e investigadores. El deterioro institucional inicia cuando la verdad deja de importar dentro de las oficinas encargadas de proteger al Estado.

Y quizá ahí reside la reflexión más inquietante: un país no se derrumba únicamente por el crimen organizado, sino por la normalización de las pequeñas complicidades que terminan por vaciar de legitimidad a sus instituciones. Cuando el miedo sustituye a la denuncia y la corrupción reemplaza al mérito, las próximas décadas dejan de pertenecer a la justicia y comienzan a pertenecer a quienes aprendieron a manipular el sistema desde dentro.

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Balcón Social | La ética pública que emana del Cusaem, empaña a la administración de Delfina Gómez

La crisis de credibilidad en las instituciones mexicanas se ha construido durante décadas a partir de silencio oficial, nombramientos cuestionables y servidores públicos en la Cusaem llegan al poder bajo la sombra de señalamientos judiciales.

La reciente designación de Desiree Cataneo Dávila como coordinadora corporativa del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) abre un debate incómodo sobre los filtros éticos dentro del servicio público mexiquense. La funcionaria enfrenta, junto con su hermano Antonio Enrique Cataneo Dávila, una denuncia penal en Veracruz por presuntos delitos de falsificación de firma y fraude procesal, según la carpeta de investigación 865/2026.

El expediente deriva de un litigio civil iniciado en octubre de 2025 ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Veracruz, bajo el número 1402/2025. De acuerdo con la información disponible, la ahora funcionaria tenía conocimiento del conflicto desde diciembre de ese mismo año, cuando se solicitaron copias certificadas del documento presuntamente alterado para promover una denuncia penal.

El asunto trasciende el terreno privado. La dimensión pública aparece cuando una persona bajo investigación policial ocupa un cargo estratégico dentro de una corporación mexiquense señalada históricamente por opacidad administrativa y manejo discrecional de recursos.

El Cusaem, durante años, ha operado bajo un modelo híbrido que le permitió administrar contratos multimillonarios sin los niveles de fiscalización aplicados a otras corporaciones. Diversas auditorías y observaciones legislativas cuestionan ese esquema. Por ello, cualquier nombramiento dentro de su estructura exige escrutinio absoluto.

La pregunta es inevitable: ¿qué clase de mensaje recibe la ciudadanía cuando un alto mando institucional llega al cargo bajo la presión de una denuncia penal activa?

El problema tampoco radica en anticipar culpabilidades. La presunción de inocencia permanece intacta y debe respetarse. Sin embargo, la ética pública demanda algo más que legalidad mínima. Exige congruencia, transparencia y confianza social.

En política, las formas importan tanto como los expedientes. Más aún en un país donde la corrupción destruyó buena parte de la legitimidad gubernamental. La administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez construyó parte de su narrativa sobre la austeridad y el combate a las malas prácticas. Bajo ese contexto, cualquier omisión en la revisión de perfiles golpea directamente el discurso institucional.

Tampoco pasa inadvertido otro elemento, Desiree Cataneo Dávila cuenta con trayectoria dentro del ámbito judicial federal. Esa experiencia vuelve todavía más delicado el señalamiento, pues el conocimiento técnico del sistema jurídico obliga a niveles superiores de prudencia y responsabilidad.

La dimensión política del caso crecerá si las autoridades estatales optan por el silencio. La opacidad nunca reduce el daño; lo multiplica. En tiempos donde la información circula sin control, ocultar suele convertirse en la peor estrategia.

Por si fuera poco, México enfrenta un desgaste profundo de confianza pública. Cada designación cuestionada alimenta la percepción de que las élites políticas continúan protegidas por relaciones, recomendaciones y cercanía con el poder.

Además, el deterioro institucional no siempre inicia con grandes escándalos. A veces comienza cuando la sociedad deja de sorprenderse ante posibles conflictos éticos dentro del gobierno. Ese momento representa el verdadero peligro.

Porque las próximas décadas no pondrán a prueba únicamente la capacidad administrativa de los gobiernos, sino la resistencia moral de las instituciones frente a la tentación de normalizar las sombras. Y cuando un país deja de exigir integridad a quienes ejercen poder, termina por acostumbrarse a vivir entre ruinas éticas.

¿Qué mano veracruzana mese la cuna en la política de la entidad mexiquense?

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Piden a funcionarios mexiquense separarse del cargo si buscan competir en elecciones de 2027

El diputado local Octavio Martínez Vargas, señala riesgos de mezclar el manejo de recursos públicos con aspiraciones electorales rumbo a 2027

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

Cualquier servidor público que pretenda competir por un cargo de elección popular debe separarse de inmediato de sus funciones, para no comprometer la legalidad ni la equidad en la contienda, sostuvo el diputado local Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia.

La postura se da luego de que el secretario de Finanzas del estado de México, Óscar Flores Jiménez, participara recientemente en actividades y mediciones políticas en Tlaxcala, entidad donde su nombre ha comenzado a posicionarse rumbo a la sucesión gubernamental.

Frente a este escenario, el legislador advirtió que mantenerse al frente de una dependencia estratégica —responsable del manejo, planeación y ejecución del gasto público— mientras se construye un proyecto político, no solo genera un evidente conflicto de interés, sino que también coloca en entredicho la imparcialidad en el uso de los recursos públicos.

Subrayó que la definición sobre su permanencia en el cargo no puede postergarse, particularmente ante el inicio anticipado de movimientos políticos rumbo a 2027, donde distintas figuras comienzan a perfilarse dentro y fuera de sus entidades.

Asimismo, enfatizó que el ejercicio del poder público exige una separación clara entre responsabilidades institucionales y aspiraciones personales, en apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. –sn–

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Delfina Gómez resalta la justicia como eje del bienestar en entrega de Presea mexiquense

Reconoce a servidoras y servidores judiciales cuya labor fortalece la legalidad, los derechos y la paz social.

Por Mireya Estrada | Corresponsal                                                

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez afirmó que su administración coloca a la justicia como eje del bienestar en el estado de México, en el marco de la entrega de las Preseas 2026 del Poder Judicial mexiquense, donde reconoció la trayectoria de las personas que han dedicado su vida al servicio del derecho y la legalidad.

“En el estado de México, la fortaleza de los poderes públicos radica en la transformación de su actividad diaria con base en la ética, la honestidad y la responsabilidad social; afirmamos que la justicia es un pilar esencial para consolidar una sociedad más igualitaria y donde el acceso a esta sea un derecho efectivo para todos”, destacó.

Durante la sesión solemne conjunta, la mandataria mexiquense reconoció la trayectoria, ética y vocación de servicio de las y los galardonados, y señaló que su labor da sustento a la confianza ciudadana y a la estabilidad social en la entidad.

“Cada asesoría legal y demanda iniciada, acuerdo emitido, expediente atendido en tiempo y forma, audiencia realizada y sentencia pronunciada significan justicia cotidiana para la gente, por ello mi reconocimiento a las y los galardonados”, refirió. –sn–

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Conapro respalda llegada de Ernestina Godoy a la FGR

Conapro saluda la designación de Ernestina Godoy al frente de la FGR

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro) saludó la designación de Ernestina Godoy como nueva encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que su trayectoria, integridad y compromiso con la justicia representan “una oportunidad histórica para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia”.

Silvio Octavio García Rodríguez, presidente de la Conapro, expresó que el relevo institucional anunciado por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo consolida un ciclo de renovación basado en principios de honestidad, transparencia y servicio al pueblo de México. “El arribo de Ernestina Godoy a la FGR es una señal clara de que el país avanza hacia un modelo de procuración de justicia con mayor ética, rigor jurídico y enfoque humanista”, afirmó.

El ingeniero García Rodríguez destacó que la nueva fiscal cuenta con una trayectoria probada y con resultados visibles durante su trabajo en la ciudad de México, donde impulsó modelos de investigación más eficientes y procesos de atención centrados en las víctimas. “Su experiencia no sólo garantiza continuidad, sino una visión moderna y rigurosa para enfrentar los retos actuales. Era tiempo de colocar al frente de la FGR a una mujer con principios, fortaleza y claridad institucional”, añadió.

Estado amigo

El presidente nacional de la Conapro reconoció también la actitud responsable de Alejandro Gertz Manero al presentar su renuncia y asumir la representación de México como próximo embajador de México en un Estado amigo a México. “Los relevos institucionales deben asumirse con madurez democrática, y este proceso demuestra que las instituciones del país pueden transitar de manera ordenada y transparente”, subrayó.

Silvio Octavio García Rodríguez resaltó que la Conapro comparte el llamado de Godoy a ejercer la función pública con ética, firmeza y sentido de justicia, valores —dijo— indispensables para garantizar que la procuración de justicia esté al servicio del pueblo. “Su mensaje confirma que el compromiso con México sigue siendo el eje de su carrera y de su visión profesional”, indicó.

Asimismo, celebró el reconocimiento público que la mandataria Claudia Sheinbaum hizo sobre la capacidad, honestidad y convicciones de Ernestina Godoy, así como los buenos deseos expresados por Arturo Zaldívar. “La confianza depositada en su liderazgo debe interpretarse como una apuesta por una FGR más cercana, más transparente y más preparada para responder a los retos del país”, señaló.

García Rodríguez sostuvo que la Conapro reafirma su disposición a colaborar desde la sociedad organizada y el ámbito profesional para fortalecer la cultura jurídica, la confianza institucional y la participación ciudadana en los procesos que inciden en la justicia. “Los profesionistas, junto a la juventud de México, seguiremos atentos y comprometidos con la transformación pacífica y democrática del país”, concluyó. –sn–

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Mario Delgado mantiene a funcionario en la SEP acusado de corrupción y falsificación

La SEP, encabezada por Mario Delgado, enfrenta denuncias y exige rendición de cuentas. Cuestionamientos en la Secretaría de Educación Pública.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

La Secretaría de Educación Pública (SEP), dirigida por Mario Delgado Carrillo, fue señalada por mantener en funciones a Israel Jerónimo López, actual director de Autorización y Registro Profesional. Documentos oficiales mostraron presuntas irregularidades académicas y una denuncia por corrupción y nepotismo. La institución no emitió pronunciamiento público.

El funcionario fue acusado de usar indebidamente el título de “doctor” dos años antes de obtener su cédula profesional. Además, habría autorizado sus propios registros académicos desde el área que ahora encabeza. En su expediente se sumaron denuncias formales presentadas en 2022 ante diversas instancias del Estado de México.

Los informes remitidos al entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza detallaron un esquema de favoritismos durante la gestión de Jerónimo López como subsecretario de Educación Media Superior. Entre las beneficiadas figuró su colaboradora directa Diana Torres Velázquez, nombrada directora de Mejora Continua sin cumplir requisitos jerárquicos.

Red de nepotismo denunciada

De acuerdo con los testimonios, Torres Velázquez recibió ascensos, privilegios y contratos irregulares para familiares y allegados. Los denunciantes afirmaron que quienes se opusieron fueron amenazados con despido. La conducta habría violado principios de ética pública, transparencia e imparcialidad administrativa.

Las denuncias describieron la existencia de una red de asignaciones discrecionales dentro del sistema educativo estatal. En dicho esquema, el funcionario habría otorgado plazas y beneficios fuera de la normatividad. Los reportes calificaron las prácticas como “nepotismo cínico y corrupción sistemática”.

Pese a los antecedentes, Jerónimo López no enfrentó sanciones ni procesos administrativos. Por el contrario, fue promovido a nivel federal y asumió la dirección encargada de validar títulos y cédulas profesionales en todo el país. Su nombramiento fue autorizado por la propia SEP.

Autovalidación y silencio institucional

Desde esa posición, Israel Jerónimo López habría legalizado sus propios títulos, aprovechando el control del sistema oficial de registros. Los documentos revisados muestran inconsistencias en fechas de obtención de grados, entre ellos una maestría previa a su licenciatura y un doctorado emitido dos años después de su uso público.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, la SEP no aplicó medidas precautorias. El secretario Mario Delgado Carrillo y el titular de la Dirección General de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, no ordenaron suspensión ni revisión de los actos administrativos. Los denunciantes solicitaron una auditoría independiente.

El 19 de octubre, la dependencia publicó el Boletín 336 en el que Jerónimo López apareció como vocero del nuevo sistema de “Constancia de Situación Profesional”. El anuncio provocó críticas, ya que ese mismo documento contenía inconsistencias sobre sus estudios y cédulas.

Crisis de confianza en la SEP

Especialistas en gestión pública señalaron que el caso debilitó la credibilidad del sistema de certificación profesional. Los denunciantes advirtieron que mantener a un funcionario señalado de falsificación dañó la confianza en los mecanismos de control educativo. Exigieron rendición de cuentas inmediata.

El silencio institucional fue interpretado como un acto de encubrimiento. Los documentos filtrados mostraron que las advertencias sobre irregularidades databan de al menos tres años. Sin embargo, ninguna autoridad educativa aplicó sanciones o procedimientos administrativos.

El caso de Israel Jerónimo López se convirtió en un símbolo de impunidad dentro del sector educativo. Los denunciantes demandaron su destitución y la revisión de todos los registros emitidos durante su gestión. Solicitaron además que la SEP estableciera mecanismos externos de supervisión. –sn–

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Perfilan profesionalización de servidores público en la capital

La EAP Cdmx y la GAM acordaron capacitar a 500 servidores públicos. Convenio de fortalecimiento institucional.

Por Fausto Hernández | Reportero                                                       

La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAP Cdmx) y la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) firmaron un convenio marco de colaboración que beneficiará a más de 500 personas servidoras públicas de la demarcación. La ceremonia oficial se realizó en el salón Benito Juárez de la sede alcaldía.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, el presidente del Comité de Ética de la GAM, Fernando Martínez Álvarez, y el director de la EAP, Hegel Cortés Miranda. Este acto selló un compromiso conjunto por la profesionalización del servicio público en la Cdmx.

Con la firma, la EAP Cdmx formalizó que a partir del 10 de noviembre iniciará la capacitación de los participantes mediante el curso “Honestidad, Ética Pública y Responsabilidades Administrativas”, diseñado para fortalecer la cultura de integridad y el respeto a las normas.

Formación con visión humanista

El director Hegel Cortés Miranda explicó que el curso permitirá garantizar un servicio público basado en la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía. Señaló que el objetivo central es fomentar una administración eficiente, ética y con sensibilidad social.

Durante su intervención, Cortés recordó las directrices establecidas por la jefe de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien subrayó que la función pública debe orientarse a resultados, sin perder el sentido humanista que caracteriza la actual transformación del país.

El titular de la EAP resaltó que la profesionalización constante de los trabajadores públicos es un factor decisivo para asegurar la confianza ciudadana y la calidad en la atención gubernamental en todos los niveles.

Compromiso académico y gubernamental

Por su parte, el alcalde Janecarlo Lozano Reynoso reconoció la labor de la EAP Cdmx en su esfuerzo por fortalecer la ética y el conocimiento dentro del servicio público. Afirmó que esta colaboración constituye una alianza estratégica entre la academia y el gobierno local.

El mandatario local señaló que la capacitación es la base del servicio público y sostuvo que “un gobierno que se evalúa, que aprende y que mejora es el mejor gobierno”. Agregó que este convenio representa una herramienta para formar servidores públicos de excelencia.

El acuerdo busca consolidar un modelo de gestión pública más eficiente, transparente y centrado en las necesidades de la población, mediante la aplicación de principios de eficacia y empatía en la atención ciudadana. –sn–

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🚫En PACMA defendemos una política que no normalice la sombra. Como ocurre en los países donde la confianza pública se protege de verdad, creemos que quien está procesado debe apartarse hasta que la justicia resuelva.

👉La política sin ética no sirve a la ciudadanía.

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Sheinbaum evita opinar sobre Cuauhtémoc Blanco y el “pádel legislativo”

La mandataria nacional delega al Congreso la sanción del legislador.

Por Gabriela Díaz | Reportera                                                       

El diputado de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue captado jugando pádel durante una sesión remota de la Cámara de Diputados, lo que generó críticas de legisladores y reacciones en redes sociales. El hecho desató un debate sobre la responsabilidad y ética de los funcionarios públicos.

En el video, Blanco sostenía su teléfono mientras jugaba, supuestamente conectado a la sesión legislativa. Las imágenes circularon ampliamente y provocaron señalamientos de distracción y falta de compromiso con sus labores parlamentarias.

El incidente ocurrió en el contexto del uso de sesiones virtuales, mecanismo instaurado desde 2020 por la pandemia de Covid-19, que aún permite a legisladores participar a distancia en reuniones oficiales.

Sheinbaum marca distancia

Durante la conferencia de prensa de este martes, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la conducta del legislador, pero evitó emitir opinión directa. “Cada quien debe tomar su opinión”, respondió ante la insistencia de la prensa.

Agregó que su administración no intervendría en el caso y recordó que “se gobierna para todas y para todos, y por el bien de todos, primero los pobres”. La mandataria señaló que el asunto corresponde exclusivamente a la Cámara baja.

“La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio para determinar si procede una sanción o no. Es su reglamento interno el que debe aplicarse en este tipo de casos”, puntualizó.

Competencia de la Cámara de Diputados

Sheinbaum insistió en que no le correspondía juzgar ni calificar las acciones de los diputados. “Ellos deben decidir qué es factible y qué no lo es”, subrayó al ser cuestionada sobre posibles sanciones disciplinarias.

El reglamento del Congreso establece medidas para ausencias injustificadas o falta de participación, aunque no existe una disposición específica sobre actividades paralelas durante las sesiones remotas.

La Secretaría General de la Cámara informó que se analizará el caso conforme a las normas internas y se revisarán los lineamientos sobre la modalidad telemática.

Sesiones virtuales bajo debate

Al ser interrogada sobre el uso de plataformas digitales para sesiones oficiales, Sheinbaum explicó que las reuniones a distancia pueden resultar útiles en contextos específicos, como situaciones de emergencia o coordinación entre estados.

Citó el ejemplo de las reuniones nocturnas del comité de emergencia nacional, en las que participan funcionarios ubicados en distintas entidades. “Es un instrumento que a veces ayuda, pero no se debe abusar”, indicó.

Reiteró que en temas fundamentales para la República, la presencia directa sigue siendo preferible. “Cada institución debe regular cómo se aplica”, añadió.

El caso Blanco reabre discusión

El comportamiento del diputado Cuauhtémoc Blanco reavivó el debate sobre la efectividad del trabajo legislativo remoto. Diversos legisladores de oposición calificaron el hecho como un “insulto a la representación popular”.

https://sociedad-noticias.com/2025/10/21/conferencia-presidencial-de-claudia-sheinbaum-de-este-martes-21-de-octubre-2025/

Aunque Blanco no ha ofrecido declaraciones públicas amplias sobre el incidente, cercanos a su equipo afirmaron que se encontraba conectado “atendiendo” la sesión mientras realizaba actividad física.

Hasta el momento, la Cámara de Diputados no ha informado si iniciará un procedimiento formal o si solicitará una disculpa pública del legislador. –sn–

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Nashieli Ramírez será nueva titular de la Contraloría General

El Congreso de la Cdmx avaló a Nashieli Ramírez como nueva contralora por su ética y transparencia.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

El Congreso de la ciudad de México confirmó que Nashieli Ramírez Hernández, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos local, encabezará la Secretaría de la Contraloría General (SCG), tras obtener el puntaje más alto durante el proceso de evaluación legislativa.

El Grupo Parlamentario de Morena informó que Ramírez cumplió con los principios de la Cuarta Transformación, al demostrar capacidad técnica, ética y compromiso con la transparencia.

El anuncio se realizó luego de que las comisiones del Congreso capitalino aprobaron el dictamen correspondiente, con base en la valoración de conocimientos y trayectoria profesional.

Durante el proceso, la exombudsperson capitalina fue reconocida por su desempeño en temas de rendición de cuentas, fiscalización y combate a la corrupción.

Evaluación en el Congreso local

En conferencia de prensa denominada La Chilanguera, el diputado morenista Víctor Romo afirmó que la selección de Ramírez respondió al compromiso de su partido con la probidad y la ética pública.

“Morena tiene el compromiso de que la ciudad cuente con servidores públicos de talla y alta integridad, y en Nashieli Ramírez vemos reflejado ese compromiso”, indicó.

El legislador detalló que la comisión evaluadora analizó los perfiles con base en criterios técnicos de transparencia, control interno, fiscalización, contabilidad gubernamental y honestidad.

Ramírez obtuvo la calificación más alta y destacó por su propuesta para fortalecer la relación entre la Contraloría y la ciudadanía, a fin de promover una supervisión participativa del gasto público.

Visión social de la Contraloría

Víctor Romo señaló que la futura funcionaria propuso seis líneas de acción en materia de combate a la corrupción, con enfoque social y de atención directa al ciudadano.

“Quien vigilará el correcto uso de los recursos públicos será una persona avalada por todas las fuerzas políticas del Congreso”, puntualizó el legislador tras la aprobación del dictamen.

Ramírez propuso convertir a la Secretaría de la Contraloría General en un órgano con mayor cercanía a la población, garantizando mecanismos efectivos de vigilancia administrativa.

La terna final estuvo integrada además por Elena Ramo Arteaga, quien obtuvo el segundo lugar, y Misael Martínez Vielma, en tercera posición.

Reconocimiento a su trayectoria

El diputado Paulo García resaltó la trayectoria de la próxima contralora, a quien describió como una funcionaria comprometida con la defensa de los derechos humanos.

“Es una secretaría con un papel fundamental en garantizar los derechos de la gente. Todo el contacto del gobierno con el ciudadano pasa por ella, y Nashieli Ramírez representa ese carácter social y de servicio”, expresó.

El legislador agregó que su designación simboliza un avance en la profesionalización del servicio público en la Cdmx.

La votación final para su ratificación está prevista para el próximo martes en el Pleno del Congreso capitalino, donde se espera la aprobación unánime. –sn–

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🚫👨‍⚖️ En Querétaro se impulsa una iniciativa para que ningún deudor alimentario pueda ocupar cargos públicos.

La diputada María Leonor Mejía afirma: “Cumplir en casa es cumplir con Querétaro”.
Una propuesta que protege a niñas, niños y adolescentes. 💙👧👦 #Querétaro #Política #CongresoQro #DeudoresAlimentarios #Familia #DerechosDeLaNiñez #ÉticaPública

https://amanecerqro.com/proponen-en-queretaro-impedir-a-deudores-alimentarios-ocupar-cargos-publicos/

Sheinbaum pide ejercer el poder con humildad, ante viajes de funcionarios

Viajes de funcionarios provocan debate nacional. Funcionarios de Morena vacacionaron en el extranjero; Sheinbaum pidió ejercer el poder con humildad.

Por Paola Ramírez | Reportera                                                       

Tras difundirse imágenes del secretario de Organización de Morena, Andrés López Beltrán, en Tokio, la presidente Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la moderación. Las fotografías también mostraron al diputado federal Daniel Asaf en un hotel de cinco estrellas en la capital japonesa. Ambos aparecieron en instalaciones privadas durante un periodo de descanso.

Durante una conferencia, Sheinbaum reiteró que quienes tienen una función pública deben actuar con prudencia. “El poder se ejerce con humildad, con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser”, expresó. Añadió que todas las personas tienen derecho a viajar, pero los representantes públicos deben asumir sus responsabilidades.

Referencias a la ideología juarista

La presidente insistió en que su postura se basa en los principios de la Cuarta Transformación. Recordó que quienes integran ese movimiento tienen un compromiso político y moral con la población. Enfatizó que su pensamiento parte de la ideología juarista, cuya premisa rechaza los privilegios públicos. “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, sostuvo.

La alusión tuvo lugar ante medios de comunicación que solicitaron su postura por los recientes viajes. Las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales y portales de noticias. La opinión pública cuestionó la congruencia entre los principios del movimiento y los actos de sus integrantes.

Delgado responde por Portugal

En el mismo evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, respondió por su reciente estancia en Portugal. Aclaró que cubrió los gastos con recursos propios. “Salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades”, afirmó ante reporteros. Delgado estuvo acompañado de Sheinbaum, quien escuchó la explicación sin intervenir.

El funcionario indicó que su ausencia no interfirió con las funciones institucionales de la Secretaría de Educación. Argumentó que su viaje respetó los tiempos y procedimientos administrativos. La dependencia no ha emitido un posicionamiento adicional sobre las fechas, motivo o duración del viaje.

Reacciones en el contexto político

Los señalamientos generaron un debate sobre la congruencia de los principios del movimiento en el poder. Desde su creación, la Cuarta Transformación ha promovido una política de austeridad.

Las imágenes de los viajes contrastaron con los discursos de sobriedad en el uso de recursos y privilegios. No se ha confirmado si los viajes ocurrieron con cargo al erario.

Hasta el momento, ni Andrés López Beltrán ni Daniel Asaf emitieron declaraciones públicas sobre sus actividades. Tampoco aclararon el origen de los recursos utilizados. El partido Morena tampoco ha emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos en medios.

Llamado a mantener principios

Sheinbaum reiteró que los representantes públicos deben actuar conforme a los valores que enarbolan. Aseguró que no se deben perder los principios bajo ninguna circunstancia. El episodio generó cuestionamientos al interior del movimiento sobre la necesidad de establecer límites éticos. El discurso de la Cuarta Transformación promueve cercanía con el pueblo y moderación en el gasto.

Diversos actores políticos señalaron la necesidad de transparencia ante viajes y actividades no oficiales. La exigencia incluyó rendición de cuentas sobre el uso del tiempo y recursos públicos. El debate continúa en redes sociales, donde usuarios solicitaron mayor congruencia entre discurso y práctica. –sn–

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Entregan reconocimientos al Mérito Humanismo Mexicano

Funcionarios y escritores reciben la presea en acto conmemorativo en Cdmx Reconocen labor de servidores.

Por José Víctor Rodríguez | Reportero                                                        

La Gran Logia Valle de México entregó la presea al Mérito Humanismo Mexicano 2025 a funcionarios y figuras públicas. El acto se realizó con motivo del 163 aniversario de esta institución y el primer año de la revista Valle de México.

El reconocimiento fue otorgado por el Gran Maestro Ángel González Cruz y la Logia Simbólica Humanismo Mexicano No. 76. La ceremonia reunió a autoridades, miembros de logias y colaboradores editoriales.

Entre los galardonados figuró el escritor e investigador Paco Ignacio Taibo II, autor de obras históricas y actual director del Fondo de Cultura Económica. También fue reconocido el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, por su trabajo en la administración pública.

Celebran desarrollo intelectual

La ceremonia incluyó la entrega de una presea al doctor Jorge Gaviño Ambriz, ex Gran Maestro y actual secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los organizadores señalaron que el Humanismo Mexicano representa un modelo clave para el desarrollo del pensamiento nacional.

Durante el evento se reiteró la importancia de mantener vivas las ideas humanistas como base de la transformación social. Se mencionó que esta distinción busca exaltar el compromiso con los valores cívicos y la defensa del interés común.

Asisten más de 650 invitados

El acto conmemorativo se realizó ante la presencia de más de 650 personas, entre ellas miembros de diversas logias. Estuvieron presentes ex grandes maestros, invitados especiales y representantes de secciones de la revista Valle de México.

La publicación es dirigida por el maestro Raúl Israel Romero Díaz, quien también ocupa el cargo de gran orador adjunto de la Gran Logia Valle de México. Romero Díaz encabezó la ceremonia junto con otros miembros del consejo directivo de la orden masónica.

Conmemoran aniversario de revista

La revista Valle de México celebró su primer año como órgano de difusión cultural y humanista de la Logia.
Los responsables editoriales expusieron los logros alcanzados en este periodo, así como los planes de expansión y cobertura. Se resaltó el objetivo de promover contenidos que fomenten el pensamiento crítico y la educación cívica.
También se reconoció la labor de articulistas, investigadores y maestros que colaboran en la publicación mensual.

Promueven pensamiento humanista

Los organizadores indicaron que la presea al Mérito Humanismo Mexicano será entregada de forma anual.
Con esta distinción se pretende consolidar un espacio de reflexión sobre los desafíos sociales actuales.

El evento cerró con un mensaje sobre la importancia de rescatar los principios del humanismo en tiempos de polarización. La Gran Logia Valle de México reafirmó su compromiso con la formación ética de nuevos liderazgos nacionales. –sn–

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | ¿El declive del Grupo Tabasco?

Durante los últimos años, el Grupo Tabasco fue considerado la célula política más poderosa del país.

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

Desde la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador colocó a sus allegados en posiciones clave de la administración pública, bajo el supuesto de que la honestidad bastaba para transformar el gobierno. La experiencia se subordinó a la cercanía, y las consecuencias empiezan a aflorar.

El reciente anuncio de una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco de 2019 a 2024, abre una grieta en la narrativa de integridad que presumía el grupo. La acusación revela no sólo una gestión cuestionable, sino la fragilidad de un aparato construido sobre fidelidades personales y no sobre capacidades profesionales.

Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco y posteriormente secretario de Gobernación, hoy senador de la República, ha sido el rostro más visible del grupo. Su ascenso en la política nacional no puede explicarse sin su cercanía con el Presidente. La relación familiar e histórica entre ambos sirvió de palanca para abrir espacios a otros tabasqueños que, más allá de sus méritos, terminaron ocupando cargos clave.

El caso de Octavio Romero Oropeza, un ingeniero agrónomo al frente de Petróleos Mexicanos, generó críticas fundadas sobre su idoneidad para dirigir la empresa más endeudada del mundo. Hoy, el deterioro operativo de Pemex y su dependencia del presupuesto federal validan esas preocupaciones.

En el ámbito fiscal, Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto, fue colocada al frente de la Auditoría Fiscal Federal. Su vínculo con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reforzó la idea de que el Grupo Tabasco funcionó como una red de poder político, donde las relaciones personales sustituyeron los procesos institucionales.

La falta de perfil técnico no se limitó a las cúpulas. Javier May Rodríguez, con estudios sólo de preparatoria y experiencia en gestión de programas sociales, fue puesto a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, responsable de obras de alta especialización como el Tren Maya. Su nombramiento expuso el desdén del gobierno federal por la preparación técnica cuando se trata de premiar la lealtad.

El propio presidente justificó estas decisiones al decir que el 90 por ciento del valor de un servidor público es la honestidad. Esa visión desprecia el conocimiento, la experiencia y la capacidad de gestión, y ha convertido al aparato público en un sistema vulnerable, donde errores graves se pagan con dinero público y con vidas.

Lo ocurrido con Hernán Bermúdez no es una anomalía, sino una consecuencia lógica de ese sistema. Su posible responsabilidad penal, más allá de lo que decidan los tribunales, exhibe que la honestidad no se garantiza con declaraciones ni con cargos de confianza, sino con controles eficaces y perfiles profesionales.

El problema no se agota en la esfera federal. Los gobiernos estatales y municipales reproducen esa lógica. En Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto, se consolidó una estructura de intereses bajo el escudo de la 4T. Hoy, esa estructura comienza a resquebrajarse, en parte por la presión judicial, pero también por el desgaste de una narrativa que ya no convence ni a sus propios seguidores.

A nivel local, el caso de Bermúdez pone en entredicho los controles internos de la administración pública estatal. ¿Nadie detectó las irregularidades en tiempo real? ¿El gobernador interino fue informado? ¿Qué papel jugaron los órganos de fiscalización y los congresos estatales en la supervisión del gasto y el ejercicio del poder?

El debilitamiento del Grupo Tabasco ilustra el límite de la política basada en el “me cae bien”. En algún momento, ese grupo funcionó como columna vertebral del proyecto presidencial. Hoy, su protagonismo se reduce a los expedientes judiciales, los cargos polémicos y las decisiones cuestionables en áreas estratégicas.

Es cierto que otros gobiernos también operaron con redes de compadrazgo. Sin embargo, la 4T ofreció ser diferente. La traición a esa promesa no solo decepciona, sino que pone en riesgo los avances reales que pudo haber logrado.

Los nombramientos deben responder al interés público, no a la lealtad personal. Cuando el mérito se subordina al afecto, el Estado se debilita, y la sociedad termina pagando los costos de una administración basada en vínculos afectivos y no en resultados verificables.

México merece un gobierno que no sólo predique la ética, sino que la practique con reglas, vigilancia y sanciones efectivas. El caso Bermúdez Requena, debe marcar un antes y un después en la evaluación del Grupo Tabasco y del modelo de gobierno basado en el “te conozco desde hace años”.

De lo contrario, más casos similares seguirán apareciendo, y con ellos, la erosión de un proyecto político que alguna vez prometió cambiar la historia del país. Por lo pronto, será que Adán Augusto López Hernández tiene sus días contados como líder del partido Morena en el Senado de la República? o, incluso, su vida política habrá concluido? Ya lo veremos.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior:  ¿Simulación en Naucalpan, simulación mexiquense?

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Opinión | José Víctor Rodríguez -Sociedad | ¿Simulación en Naucalpan, simulación mexiquense?

Por José Víctor Rodríguez Nájera  

La ética pública no admite atajos. Cuando un gobierno se construye sobre promesas de honestidad, rendición de cuentas y derechos humanos, cualquier fisura representa no solo una contradicción, sino una traición a su propia base moral. El caso de Mitzi Nayelli Segura Matadamas, funcionaria del municipio de Naucalpan, revela un patrón de simulación institucional que debilita la credibilidad de Morena y de los gobiernos que actúan bajo su emblema.

Segura Matadamas aparece en la página oficial del gobierno municipal que dirige Isaac Martín Montoya Márquez como directora del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad.

En su currículum institucional, exhibido por el gobierno municipal de Naucalpan, se afirma que cuenta con una licenciatura en Comunicación por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, una revisión al Registro Nacional de Profesionistas revela que ese título no existe. No se trata de un error menor, sino de una falta que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales por usurpación de funciones y falsificación de documentos oficiales.

El municipio de Naucalpan, gobernado por Montoya Márquez, enfrenta así una crisis de integridad que alcanza al más alto nivel de su política de género. ¿Cómo puede una administración impulsar políticas públicas de protección a las mujeres cuando coloca al frente de esa tarea a una persona sin la formación, la certificación profesional ni la probidad necesarias?

El problema no se limita a una funcionaria ni a un gobierno local. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuya administración representa la instauración de los principios de Morena en el Estado de México, tiene la obligación moral y legal de sancionar este tipo de prácticas. Permitir que se mantenga a una persona con credenciales académicas falsas en un cargo de responsabilidad pública, además vinculado a los derechos de las mujeres, compromete toda la política de género de la entidad.

Morena prometió regeneración ética. No hay regeneración cuando la opacidad reemplaza la legalidad, ni cuando se otorgan cargos públicos por lealtades partidistas o favores políticos. La trayectoria de Segura Matadamas en administraciones pasadas, incluso bajo gobiernos del Partido Acción Nacional, refuerza la sospecha de una permanencia motivada por conveniencias más que por méritos.

La simulación institucional no solo vulnera el servicio público, también revictimiza a las mujeres que recurren a estas instancias en busca de apoyo. ¿Qué confianza puede tener una víctima de violencia cuando quien dirige el área carece de formación profesional y técnica, pero conserva su cargo por vínculos partidistas?

El delito en cuestión no es menor. Usurpar un título universitario para acceder a un cargo público constituye una falta grave que puede derivar en inhabilitación y responsabilidades penales. Sin embargo, la impunidad parece proteger estas conductas cuando el respaldo político pesa más que la verdad legal.

Naucalpan se convierte así en ejemplo de cómo una estructura de gobierno, en apariencia alineada con los valores progresistas, termina replicando las prácticas del viejo régimen. La ética partidista no puede ser de discurso. La integridad comienza por el cumplimiento riguroso de los requisitos básicos de un cargo público, incluso, al interior del partido Morena, que exige honestidad, transparencia y honradez intachables.

Es imperativo que el gobierno mexiquense intervenga. No se trata de una vendetta política ni de una cacería de errores administrativos. Es una obligación ante el derecho constitucional de los ciudadanos a ser gobernados por personas honestas, preparadas y legalmente habilitadas.

El respeto a los derechos humanos de las mujeres requiere políticas públicas construidas con rigor. No puede basarse en la improvisación, la mentira ni el clientelismo. La “directora” del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad es, hoy, el ejemplo más claro de cómo una causa justa puede corromperse desde su raíz.

Punto Cero

En medio del escándalo que involucra a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en por liderar el narcotráfico en Tabasco, buscado por la Interpol, el actual senador Adán Augusto López Hernández, gobernador tabasqueño durante la gestión de Bermúdez Requena, reapareció en redes sociales tras varios días sin actos públicos. En su mensaje, defendió su gestión como gobernador de Tabasco y afirmó estar a disposición de cualquier autoridad que lo requiera.

* Periodista mexicano | @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017

• Columna anterior:  El tunel oscuro del Metro

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🔍 ¡Polémica en Honduras! La ministra de Salud ha contratado a su hermana y cuñado para roles clave en la dependencia. ¿Conflicto de intereses o necesidad de confianza? La controversia crece mientras se investiga la legalidad de estas contrataciones. #Honduras #MinisterioDeSalud #ÉticaPública 🇭🇳💼
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